Privatizan la guerra contra el narco

Milenio Semanal
30 de noviembre de 2009
Privatizan la guerra contra el narco

En entrevista exclusiva con M Semanal, Sascha Forst, vocero de JDW aseguró que si bien “en este momento no podemos confirmar o negar ninguna comunicación con el gobierno mexicano, sí le aseguramos que estamos preparados para desplegar nuestras tropas”.

La superficialidad con la que se ha tratado la existencia de grupos militares privados en México resulta preocupante. No son grupos o individuos, son empresas multinacionales quienes han visto en la privatización de la guerra contra el narcotráfico un gran negocio: de la mano del Pentágono y a través del Plan Mérida se encuentra en operaciones en México uno de los ejércitos privados más poderosos del mundo, Blackwater, empresa que cambió su nombre a Xe Services luego de verse involucrada en un tiroteo en Irak donde fallecieron 16 civiles. Y aunque junto con otras empresas del ramo se hacen llamar Peace Operation Companies (Empresas para Operaciones de Paz), lo cierto es que organizaciones internacionales como la Cruz Roja y la ONU consideran mercenarias a las Compañías Militares Privadas (PMC por sus siglas en inglés).

A pesar de las decenas de recomendaciones que existen sobre la utilización de mercenarios como medio para violar los Derechos Humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos, emitidas por la libre determinación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno de Federal parece estar dispuesto a abrirle las puertas a los mercaderes de la guerra. Tal fue la propuesta realizada en mayo pasado por el presidente Felipe Calderón a un grupo de empresarios de Monterrey y Ciudad Juárez, quienes aquejados por la inseguridad le demandaban mayores acciones. El mandatario les sugirió que contrataran servicios de seguridad formados por ex militares, de preferencia extranjeros, y que el Estado se encargaría de darles los permisos necesarios para la portación de armas y demás equipo militar.

ANIQUILAR A LOS ZETAS

El 12 de octubre pasado la PMC Jax Desmond Worldwide emitió un boletín de prensa donde ofrecía sus servicios al gobierno mexicano para acabar en 120 días con la banda criminal y de sicarios con mayor poder de fuego y entrenamiento del país, Los Zetas. En entrevista exclusiva con M Semanal, Sascha Forst, vocero de JDW aseguró que si bien “en este momento no podemos confirmar o negar ninguna comunicación con el gobierno mexicano, sí le aseguramos que estamos preparados para desplegar nuestras tropas y estamos en comunicación con un número de autoridades que consideran oportuna esta operación”.

Desde la óptica de esta empresa, “es evidente que México no puede ganar la guerra contra las drogas sin asistencia”, por ello JDW asegura que se ha vuelto una necesidad para el presidente Calderón aceptar su oferta. “Creemos que podemos dominar el campo de juego y extinguir la presencia de Los Zetas a lo largo del país”. Para cumplir su objetivo la empresa asegura tener personal de inteligencia capacitado, es decir contratistas en nuestro país que proporcionan la información necesaria para combatir a los ex Gafes (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales), además de que sus estrategias están supervisadas por personal de inteligencia de EU e Israel, así como por ex funcionarios del Pentágono y la Casa Blanca.

Sascha Forst se muestra enérgico y contundente: “Jax Desmond Worldwide no es una empresa de mercenarios ni un grupo paramilitar, es una firma de manejo de riesgo que provee soporte directo antiterrorista y contrainsurgente a gobiernos que son aliados de Estados Unidos”, lo cual resulta cierto dado que las PMC estadunidenses no pueden actuar o brindar entrenamiento a terceros países sin la anuencia del Pentágono. “Nosotros —explica Forst— proveemos una línea de servicios de seguridad dirigida a clientes civiles; éste en particular —combatir a Los Zetas— no es uno de ellos. Nosotros no seríamos mejores que Los Zetas si operáramos en México bajo un contrato con civiles. Eso nos convertiría en mercenarios, asesinos, en mafiosos y es algo en lo que ni siquiera nos atreveríamos a pensar”.

En cambio, aconseja a las empresas y ciudadanos mexicanos que si en verdad quieren su ayuda “le pidan a su gobierno que acepte nuestra oferta. Entonces nosotros iremos a ayudarlos. Para lograrlo necesitamos la cooperación del Estado mexicano”.

—¿Qué tan grande es el poder de fuego de JDW como para poder vencer a Los Zetas, ex militares de fuerzas especiales que conocen el terreno y quizá cuenten con el arsenal más poderoso del país?

—Entenderás que no podemos dar esas especificaciones por razones de seguridad, lo que sí te puedo decir es que nuestra capacidad es inalcanzable para Los Zetas. Nosotros tenemos acceso a la más moderna maquinaria de guerra disponible en el mercado y estamos dispuestos a utilizarla toda. Es posible que Los Zetas tengan el arsenal más poderoso en México, pero ten por seguro que nosotros tenemos el arsenal más poderoso del mundo.

AGUA SUCIA EN EL PLAN MÉRIDA

En 2007 el Departamento de Defensa de Estados Unidos (también conocido como el Pentágono) invitó a cinco empresas contratistas —nombre que se les da a las PMC por brindar sus servicios por contrato— a trabajar con el CNTPO (Counter Narco Terrorism Program Office), la oficina del Ejército estadunidense que opera dentro del Plan Mérida. De acuerdo con una nota del Times Army publicada en el ISR Journal por Paul Richfield, estas cinco empresas se dividirían un presupuesto de 15 mil millones de dólares a pagarse en cinco años. Entre este grupo selecto se confirmó en aquel entonces la participación de dos: ARINC, “un proveedor de sistemas de comunicación aéreos” (aviones y helicópteros entre otros) y la PMC Blackwater USA (actualmente Xe Services), denominada por su dueño, Erik Prince, la quinta columna del Ejército estadunidense.

Blackwater intentó ese mismo año montar una base de entrenamiento en California, en las cercanías de la frontera con México, para capacitar elementos policiales y militares, una versión en el desierto de la mítica Moyock asentada en los pantanos de Carolina del Norte (de ahí el nombre original de la empresa, en español: agua negra o sucia) y cuna de uno de los ejércitos privados más poderosos del mundo, el cual cuenta con una base de datos de 20 mil elementos —todos ex militares con experiencia en combate— dispuestos a entrar en acción en el momento que se les llame. De acuerdo con el contrato la empresa de Prince se haría cargo de construir instalaciones de entrenamiento y adiestrar unidades aéreas antinarcóticos, así como capacitarlas en materia de seguridad, proveer información geográfica y “apoyo de campo”. Un año después de obtenido el contrato, en 2008, la PMC emitió un boletín donde lamentaba la oposición de California a la construcción del campo de entrenamiento, pero en la actualidad las ofertas públicas —y las no tan públicas— de trabajo de Xe Services continúan solicitando personal para operar sistemas de cómputo, analizar información y pilotear aeronaves para el CNTPO. Incluso en ese 2007 pidió permiso para adquirir un par de helicópteros Súper Tucano que son los empleados en Afganistán y Colombia para operaciones antinarcóticos.

Lo anterior indica que Xe Services ocupará dentro del Plan Mérida el lugar que DynCorp y Northtrop Grumman tienen dentro del Plan Colombia, relaciones que salieron a la luz cuando un helicóptero militar tipo Huey II de la primera empresa fue derribado por los terroristas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en 2001. Allí viajaban cuatro contratistas estadunidenses: uno falleció y los otros tres fueron rescatados por efectivos de los EU luego de un intenso tiroteo en la selva, digno de una de las miles de películas sobre Vietnam. Dos años después de este incidente, en febrero de 2003, otra aeronave, esta vez un avión de “fumigación” —algunas fuentes aseguran que realizaba acciones de espionaje— fue derribado con tres contratistas estadunidenses de Northtrop Grumman: Thomas Howes, Marc Gonsalves y Keith Stansell fueron capturados por las FARC y su historia culminó seis años después al ser liberados por el Ejército colombiano en la llamada “Operación Jaque”, donde también se rescató a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.

Al igual que el contrato firmado por Xe Services para México, los convenios de cooperación con Colombia son de entrenamiento y asesoría técnica. Sin embargo, podrían actuar sin son atacados o en un operativo de rescate de sus tropas.

Jax Desmond:“En cuatro meses acabaríamos con Los Zetas”
La empresa JDW presentó al presidente Calderón un plan para acabar con los cárteles mexicanos y sus grupos de sicarios; sus enviados trabajarían sin aceptar la colaboración de autoridades mexicanas.
Sin titubeos, Jax Desmond responde de inmediato a la pregunta que se le hace desde la Ciudad de México a sus oficinas en Nueva York:

—¿En cuánto tiempo acabarían ustedes con Los Zetas?

—Podemos hacerlo en cuatro meses. Mi gente es mejor que ellos, está mucho mejor entrenada, tiene mejores armas y sobre todo tiene la experiencia en combate, en guerras en Medio Oriente contra grupos terroristas como Hamas o Hezbollah. Ciento veinte días es el tiempo que necesitamos y en el que nos comprometemos a ayudarle al gobierno de México a “resolver” el problema en que se convirtieron Los Zetas —explica Desmond, director y fundador de la compañía de seguridad que lleva su nombre y que se especializa en ofrecer servicios de intervención para combatir secuestros y grupos terroristas en todo el mundo.

Acabar con Los Zetas implica también capturar vivos a sus líderes, se le comenta a Desmond, quien responde afirmativamente y agrega que sus muchachos están entrenados para lograrlo y que si el gobierno mexicano acepta las condiciones de trabajo plasmadas en el proyecto que hace dos meses le hicieron llegar al presidente Calderón, buscarán y detendrán a “los 10 jefes de Los Zetas”. La lista la encabezan los cuatro personajes más conocidos del cártel dentro y fuera de México: Heriberto Lazcano (Lazca o Z-3), Miguel Ángel Treviño Morales (L-40), Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén (Tony Tormenta) y Jorge Eduardo Costilla Sánchez (El Coss). Ellos son los principales objetivos de la Operación Duvdevan (cereza), diseñada por la compañía Jax Desmond Worldwide para terminar con ellos, señala.

Duvdevan es el nombre clave de uno de los grupos especiales de contraterrorismo y espionaje del Ejército de Israel. Es una unidad de élite cuyos elementos están adiestrados para ejecutar complicadas operaciones de infiltración en las líneas enemigas, empleando equipo sofisticado, vehículos modificados y sobre todo penetrando y mezclándose sin despertar sospechas con los blancos a capturar o eliminar. Sus agentes se han concentrado en operaciones de infiltración en la franja oeste de Gaza, para eliminar o detener a personajes vinculados con potenciales actos terroristas o ligados al tráfico de armas y explosivos hacia Jerusalén. Desmond añade que acerca de Los Zetas existe amplia información en los archivos de la compañía, que él y su gente los estudiaron durante meses antes de proponerle al gobierno mexicano su plan de operaciones. “Vamos con todo por ellos”, dice. “Tenemos helicópteros Apache, vehículos artillados, sistemas de vigilancia y seguimiento, y sistemas y equipos de inteligencia para dar con ellos y detenerlos”, detalla.

El conseguirlo pasa por la aceptación del gobierno del presidente Felipe Calderón para que sus mercenarios entren al país con equipo militar, equipo de inteligencia y, sobre todo, con el equivalente a una auténtica patente de corso para actuar sin obstáculos en contra de Los Zetas.

LA EXPERIENCIA NECESARIA
JDW es una empresa especializada en servicios de protección, vigilancia, seguridad, respuesta a situaciones de riesgo, asistencia antisecuestros y transportación especial, cuya planta laboral operativa está integrada por ex combatientes israelíes y estadunidenses pertenecientes a los más importantes grupos de élite en sus fuerzas armadas. Ex oficiales de grupos especiales como el Duvdevan, el Sayeret Matkal y el Mossad componen el grueso de las fuerzas de operación de JDW. A ellos se suman ex integrantes de la Delta Force, del US Navy Seals, del Cuerpo de Marines, de los Rangers y de los Boinas Verdes del Ejército de Estados Unidos.

Desde el pasado 12 de octubre, cuando ofrecieron sus servicios, están a la espera de la respuesta positiva del gobierno mexicano y de un sector del Senado de Estados Unidos para iniciar la primera fase del despliegue paramilitar que buscará acabar con Los Zetas, “el cártel más adelantado, sofisticado y peligroso que opera en México”. En un comunicado difundido ese día, la compañía señalaba que era “evidente que México está sobrepasado y, si las autoridades requieren nuestra ayuda, estaremos felices de enviar a nuestros mejores equipos de policías y militares expertos”. Esta no es la primera vez que JDW busca que el gobierno mexicano o alguno de los gobiernos estatales del país contraten sus servicios. En agosto de este año la firma, con sede en Nueva York y oficinas en Londres, manejó el mismo discurso, ofreciendo a través de su vocero, Sascha Forst, su diagnóstico sobre la violencia en México.

El precio por los servicios prestados es otro tema por definir. Quienes han seguido los pasos de la firma Jax Desmond Worldwide (JDW) dicen que por una operación así la compañía cobra entre 90 y 100 millones de dólares, pero Desmond confirma que una parte fundamental de la propuesta enviada al presidente Calderón se refiere precisamente al costo que tendría la Operación Duvdevan y que “acordamos no revelar”. Pero el verdadero precio de la intervención de los mercenarios de JDW en México para acabar con Los Zetas es mucho más elevado y se resume en dos palabras: derrota y soberanía. Con ellas vendría una cadena de consecuencias inimaginables.

SOMOS MEJORES
Preciso y amplio en sus respuestas, Desmond afirma tener a los mejores hombres para este trabajo. “Mi gente pertenece a los mejores grupos de fuerzas especiales del planeta; son en su mayoría ex combatientes del Ejército de Israel y de sus unidades de élite, y contamos también con oficiales de élite del Cuerpo de Marines, de los Rangers y de la Fuerza Delta, que han formado parte del Ejército de EU”.

JDW desplegaría en México una parte de los poco más de 500 ex militares de operaciones especiales con que cuenta y que están distribuidos en al menos 12 países de Medio Oriente, Europa del Este y África. “Seríamos ingenuos si no viéramos a Los Zetas como un verdadero riesgo para la seguridad. Aquí lo importante es ver que Los Zetas son un grupo de mercenarios altamente capacitados, bastante bien entrenados por oficiales de fuerzas especiales, por oficiales de policía, en fin, por autoridades federales civiles y militares. La única cosa que nos separa de ellos es que mi gente, los miembros de mi equipo están mejor entrenados, han tenido un adiestramiento más costoso y están respaldados por mejor armamento”.

El proyecto amplio y detallado para que los paramilitares de JDW comiencen sus operaciones en suelo mexicano, prácticamente sin restricciones, está desde hace más de dos mes en las oficinas de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación. El Senado estadunidense tiene copia del documento y mantiene comunicación constante con JDW, explica Jax Desmond. La empresa, que cuenta con una experiencia de 23 años en áreas de seguridad, sólo espera el visto bueno de la Presidencia de la República y de las autoridades de Estados Unidos para poner en marcha la primera etapa del proyecto. “Si el presidente Calderón me dijera hoy mismo que está interesado en el proyecto que le presentamos, necesitaría un mes para preparar la llegada a México de los primeros equipos especiales; un mes para ubicar las bases operativas, las bases de apoyo, la logística y varios encuentros con funcionarios del gobierno mexicano para acordar los últimos aspectos de la operación”, añade Desmond.

Pero hay otro detalle importante que atender: los muchachos de Desmond trabajan siempre solos, por su cuenta, sin el apoyo de ninguna fuerza local. De ninguna.

INMUNIDAD O IMPUNIDAD
Para la compañía JDW la visión en torno al tema de Los Zetas, a su expansión y a la manera de acabar con ellos, sobrepasa temas como el de la soberanía o la cooperación para ubicarse en el terreno de la urgencia ante “una amenaza real en la frontera sur de Estados Unidos”, dice Desmond. Pero las prioridades para llevar a cabo la misión tienen qué ver más con las condiciones de operación y las garantías jurídicas que el gobierno mexicano debe darle a JDW, que con cuestiones de soberanía o coordinación militar. Desmond lo explica a partir de la extendida corrupción policiaca en México. Su tamaño es tal, dice, que si durante las operaciones para capturar a Los Zetas “un militar, un policía o un agente federal mexicano se acercara a nosotros, lo detendríamos porque no confiamos en nadie, no sabemos con quién estamos tratando”. Y agrega: “Nosotros no trabajamos ni hacemos equipo con ninguna fuerza del país o del lugar donde actuamos”.

—¿No trabajarían en coordinación con el Ejército mexicano? ¿Con la Marina o la Policía Federal?

—No. Nosotros no trabajamos con nadie. Si por algún motivo especial requiriéramos de ayuda se la pediríamos al Ejército de Estados Unidos. A nadie más.

—Entonces hablamos de una situación legal, jurídica, muy especial.

—Eso está en las condiciones que planteamos para poder trabajar. Necesitamos que las autoridades cumplan con todos esos requisitos o de lo contrario no podremos ir.

El plan operativo de JDW comprende un análisis situacional de la violencia fronteriza generada por los cárteles de la droga mexicanos, un estudio de las capacidades, presencia, puntos débiles y expansión de Los Zetas, así como una estrategia integral para lograr su captura y el paulatino descenso de las acciones del cártel y de los grupos que se les han unido. Senadores estadunidenses están al tanto de la propuesta de JDW y del clima de violencia que golpea la frontera común con México y que en este sexenio ha cobrado la vida de más de 16 mil personas vinculadas en su gran mayoría al fenómeno del narcotráfico. “No es un texto pequeño —explica Desmond—; son cientos de hojas las que les enviamos para que conocieran a detalle la propuesta”.

DE CUIDADO
La oleada de ejecuciones, secuestros, ataques y amenazas ligadas al narcotráfico y la guerra desatada entre cárteles y entre éstos y el gobierno federal elevan a más de 16 mil las muertes de mexicanos, especialmente en la frontera con Estados Unidos. El sur de Estados Unidos ha comenzado a sentir los efectos de la violencia generada por el narco mexicano en complicidad con policías y cuerpos de seguridad estadunidenses. Diversas autoridades han reconocido en este año que Los Zetas penetraron la línea fronteriza y operan con bandas locales en estados como California, Arizona, Texas, Nuevo México, y en una veintena de ciudades fronterizas en las que su paso ha dejado huella.

Los secuestros en Arizona han aumentado al igual que las extorsiones y amenazas en comunidades hispanas y anglosajonas. Los datos disponibles en la DEA, en el Departamento de Estado, en la Patrulla Fronteriza y en las oficinas de las policías locales indican que Los Zetas se están afianzando en sur de Estados Unidos. El más reciente informe de la General Accounting Office (GAO), organismo encargado de revisar la eficacia y el trabajo de todas las instancias gubernamentales en Estados Unidos, señalaba en junio de este año —basado en datos del FBI, la DEA y el Departamento de Aduanas— que los cárteles mexicanos tienen presencia real y comprobada en al menos 230 ciudades de el país vecino.

De ellos, dos llamaban poderosamente la atención: el cártel de Sinaloa, por su capacidad operativa para mover grandes cargamentos de cocaína hacia territorio estadunidense, y Los Zetas, por su violencia, por su rápida expansión y sobre todo por su poder y control sobre las rutas de tráfico y las zonas de venta de droga que comienza a arrebatarle a otros competidores. En este contexto, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) han reconocido que Los Zetas son el cártel que más armas de alto poder y destrucción adquieren (ametralladoras Barret calibre 50 milímetros, pistolas FN Herstal calibre 5.7 x 28 milímetros, conocidas como matapolicías, y ametralladoras P-90 de munición subsónica), ya sea en el mercado negro o de manera legal, en las ferias de armamento que cada 15 días se llevan a cabo en el sur de Estados Unidos. El analista Hal Brands, doctor en Historia por la Universidad de Yale y especialista en temas de contrainsurgencia, publicó en la revista Air & Space Journal correspondiente al tercer trimestre de 2009, el artículo “Los Zetas: Dentro de la Pandilla de Drogas más Peligrosa de México” (http://www.au.af.mil/au/cadre/aspj/apjinternational/apj-s/2009/3tri09/br...), donde advierte que este grupo posee “un aparato organizativo refinado, que le ha dado poder y una capacidad de expansión no vista antes en otras organizaciones criminales de México”. Brands señala que “sus orígenes, la evolución subsiguiente y su modus operandi… son lo que les ha permitido tener un éxito tan devastador sobre la seguridad interna de México y sus países vecinos”. No obstante, reconoce que los datos precisos sobre este grupo siguen siendo escasos. “En realidad se sabe muy poco de ellos”, dice. Aun así, el especialista advierte que “Los Zetas tienen ahora de mil a tres mil hombres y mujeres, la mayoría veinteañeros. Se cree que este grupo básico está complementado por docenas de Kaibiles, o especialistas guatemaltecos en contrainsurgencia quienes, como Los Zetas originales, desertaron del ejército en busca de una mejor paga”, y añade: “Los Zetas explotan despiadadamente los fracasos del estado mexicano, haciendo uso de la violencia y los sobornos para socavar las instituciones del gobierno destruyéndolas desde dentro”.

Jorge Alejandro Medellín