En deuda con Marx

Rodolfo Palma Rojo

Hace 200 años que nació, en la entonces Prusia (5 de mayo de 1818), uno de los pensadores más influyentes en la historia contemporánea. Su concepción de la realidad, sus tesis políticas, su análisis social, hoy, enfrentan una revalorización luego de que, tras la caída de la URSS, se pensaran superadas. Este trabajo entregado a Proceso es una relectura de las categorías marxistas, a través de un libro fundamental sobre el tema: La fábrica del hombre endeudado. Ensayo sobre la condición neoliberal, del filósofo italiano Maurizio Lazzarato. Rodolfo Palma, ensayista, narrador y dramaturgo mexicano, sintetiza: El poder de la economía no se halla en el comercio, ni siquiera en la producción, sino en las finanzas, y es un poder sobre todo político.

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Hoy un texto de juventud de Karl Marx, pasado por el tamiz de Nietzsche, ilumina la abrumadora condición neoliberal comprendida en el concepto de biopolítica de Michel Foucault. Finalmente es una actualización del marxismo la que hace Maurizio Lazzarato en su libro sobre la hechura del hombre-crédito (La fábrica del hombre endeudado es como lo tradujo la editorial hispana Amorrortu, sin omitir su elocuente subtítulo Ensayo sobre la condición neoliberal), donde el término explotación se homologa con los de sujeción y dominio, puesto que en todos los niveles de la sociedad permea la
relación acreedor-deudor.

El hombre común es un hombre endeudado, ya sea porque su país lo está o él, como sujeto, está a punto de agotar su crédito, como nervioso adolescente ante la maquinita de juegos. Y aquí hay que comenzar por llamar la atención sobre dos puntos: lo que el deudor adquiere con su crédito no es dinero, sino tiempo, y que aquél es impagable. Es más, los acreedores lo que menos quieren es que se les pague. Para ellos es doloroso que el esclavo compre su libertad, no porque acabe con el negocio, sino porque (ter)mina la relación de dominio. Ante todo se trata de política, sustentada en el poder económico de las finanzas y no de la producción o del comercio.

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Todo lo mencionado ya se encuentra en germen en El mercader de Venecia. Como es sabido, se trata de una deuda imposible de pagar sin atentar contra la vida del deudor, pues Shylock ha pedido como garantía del préstamo otorgado una libra de la carne de Antonio –que es el fiador–, y está más que dispuesto a cobrársela frente al tribunal precedido por el dux de Venecia, donde ocurren los hechos.

Varias veces se dice que lo que en realidad quiere el mercader es venganza más que su dinero (pues Antonio se la ha pasado insultándolo), lo que se comprueba cuando rechaza el pago por el triple de la deuda. Insiste en la libra de carne que, con seguridad una vez arrancada, provocará la muerte de Antonio. Pero lo más significativo, hasta momentos antes de que concluya la obra, es que Shylock ha probado ante la justicia la legalidad de sus actos. Incluso cuando irrumpe Porcia, disfrazada de sabio jurisconsulto, ésta lo reafirma: “Nadie puede alterar las leyes de Venecia. Sería una causa de ruina para el Estado”. Esa irrupción provoca dos giros en la situación. Primero, el literario: el contrato firmado entre el acreedor y el deudor dice literalmente ‘una libra de carne’, así que de irse con ella una gota de sangre una vez cortada implicaría un atentado contra Antonio. Bien por ello, pero sólo el público de 1596 puede esperar y aceptar un segundo giro, el de la justicia poética, el del castigo a la usura y al extranjero que ha pretendido dañar a un ciudadano veneciano y, como si realmente Shylock lo hubiera hecho, se le impone una pena que incluye la pérdida de la mitad de su inmensa fortuna. Aplausos (finales del siglo XVI) y unas cuantas carcajadas.

En el libro de Maurizio Lazzarato (2011 en francés, traducido al inglés al año siguiente y al español en 2013) no hay aplausos, menos risas, y los términos, aunque persisten (la deuda impagable, el gobierno que juzga, la relación acreedor-deudor), el resultado de su interacción se invierte. No utiliza el autor italiano la anécdota de Shakespeare, pero al final de su libro uno podría imaginarse que Shylock, exculpado y reivindicado con la libra de carne, abraza al jefe supremo del gobierno de Venecia y Génova. En El mercader, el gobierno protegió al deudor y castigó al acreedor, al que incluso tipifica como extranjero. En el Hombre endeudado, el gobierno no podrá hacer mucho por aquél si es que quiere protegerse a sí mismo, pues los gobiernos están endeudados y, como señala Lazzarato en su siguiente libro (Gobernar con deuda), “la deuda disciplina gobiernos”. Los acreedores imponen reformas y transforman los sistemas democráticos en autoritarios. Así, la intervención de Porcia puede actualizarse de la siguiente manera: ya no motivada por el amor, sino por la ambición, realiza un rescate financiero en su propio beneficio que, entre otras cosas, mantiene vivo a Antonio para que siga pagando la deuda, y para dar un sustento legal a sus actos hace firmar al dux una serie de decretos, tratados, acuerdos y reformas a las leyes para supeditar Venecia a sus requerimientos, al tiempo que se revela no su impostura como leguleyo, sino su origen extranjero, probablemente inglés.

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Lazzarato retoma los Comentarios a James Mill de Marx para fundamentar la relación entre deudor y acreedor. En este texto –que el italiano califica de muy nietzscheano– tal relación no se tipifica como la usual entre capitalistas, sino como una desigual en la que el pobre es juzgado moralmente por el prestamista. En términos actuales correspondería determinar si es o no “sujeto de crédito”. La expresión en sí misma contiene la relación que Marx prefigura –que después Nietzsche plantea y que Foucault conceptualiza en términos de biopolítica–, la que ubica al individuo en una cadena de dominio, de sujeción, cuyo extremo es la esclavitud, y en la que paradójicamente nunca se cuestiona su libertad (la de contraer deudas, por ejemplo). La relación acreedor-deudor “no pone en marcha las hostilidades físicas ni intelectuales como en el trabajo, sino la moral del deudor y su modo de existencia, su ethos”, señala Lazzarato.

Pareciera –según Marx– que en el sistema del crédito la autoenajenación ha desaparecido y que “el hombre tiene de nuevo una relación más humana con el hombre”. Aparentemente –ahora Lazzarato– “el crédito va contra las reglas del mercado y la relación capital-trabajo”, ya que se finca en una desconfianza. Sin embargo, concluye Marx que la relación es todavía “más infame y extrema porque su elemento ya no es una mercancía, el metal o el papel, sino la existencia moral, la existencia social, lo más profundo del corazón de hombre, y porque bajo la apariencia de la confianza del hombre en el hombre reside la más grande desconfianza y completa enajenación”. Y agrega Lazzarato: “con el crédito, Marx nos dice, la enajenación es completa ya que el trabajo ético es constitutivo de la persona y de la comunidad que son explotadas”. Como dice Marx, en el crédito es el hombre mismo que, en sustitución de cualquier “mecanismo”, se establece como “mediador en el intercambio, sin embargo, no como hombre, sino como un modo de existencia del capital y del interés”.

Este hombre convertido en mercancía, que debe transformarse en sujeto –en su doble acepción–, si es que pretende sobrevivir en la sociedad actual, es la creación del capitalismo más voraz y despiadado, a tal grado –enseña Lazzarato– que, aun desempleado o sin ser adulto, el hombre-crédito adquiere deudas con tal de transformarse a toda costa en ese sujeto. “El hombre mismo se convierte en dinero –dice Marx–, la individualidad, la moral del hombre mismo, se han convertido en objeto del comercio y de la materia por la cual el hombre existe”.

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El capital –en el tercer volumen del estudio que Marx le dedicó–, aunque es uno, “abarca tres diferentes formas: industrial, comercial y financiero”. El capital común de la clase es el financiero; el dinero “en los bancos es dinero en potencia, a diferencia del capital industrial, que es dinero” contante y sonante. Sin embargo, “los bancos y banqueros juegan un papel político de la mayor importancia, ya que proveen de “coherencia” y de estrategias a los capitalistas industriales” –declara Lazzarato, ahora apoyado en Lenin–. Pero esa coherencia se sustenta en hacer dinero del dinero, lo “que revela también su irracionalidad”. Esa irracionalidad –continúa el autor del Hombre endeudado– se “materializa en cada periodo ‘liberal’ y conduce casi automáticamente a las crisis más graves, cada vez dejando abierto el camino a las políticas autoritarias, como pasó en la Primera Guerra Mundial y el fascismo”.

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Lazzarato explica y pone al día a Marx: “la organización capitalista se vuelve subjetiva no por la intervención del capitalista industrial (quien ahora cumple una función meramente de director de producción), sino por la del capitalista financiero (un propietario cuyas posibilidades de tomar decisiones se han desterritorializado.“ El poder de la economía no se halla en el comercio, ni siquiera en la producción. Es en las finanzas, y es un poder sobre todo político.

Cuando Donald Trump se disgusta porque en la balanza comercial con México éste vende más de lo que le compra a Estados Unidos, al grado que apunta a situarse en segundo lugar entre los países vendedores con superávit detrás de China, no logra comprender que el quid del poder económico no está en el comercio, sino en las finanzas. Es decir, el rico puede muy bien gastar su dinero en productos que no puede adquirir en su país, tan exóticos como el mango o el aguacate, porque sus enormes fortunas provienen de otro sector, del mundo financiero, donde –hasta el momento, sus habitantes lo creen así– el dinero se reproduce en dinero. Por ello, viviendo en ese mundo, tanto comerciantes como industriales, por más que vendan o por más que produzcan, son esclavos del capital, a tal grado que la relación acreedor-deudor ha sustituido –aunque Marx más bien diría que es diferente y complementaria a– la del capital-trabajo, y convertido en empresario-de-sí-mismo a todo sujeto. Es decir, en un endeudado.

El empresario-de-sí-mismo asume muchas veces su papel tan a la perfección que libera al Estado de su obligación de protegerlo. Como éste también se ahoga en deudas –que incluyen la del empresario-de-sí-mismo– recibe un inesperado alivio: puede cancelar su atención social y que cada quien mate su propias pulgas. O, si sus ciudadanos no están lo suficientemente convencidos (u obligados) de querer ser empresarios-de-sí-mismos, el Estado podrá endeudarse aún más para, en nombre de esos renuentes, apagar sus quejas con paliativos económicos que llamará inversión para el desarrollo; al cabo de los años, se les exigirá su pago a los descendientes que, cuando se contrajo la deuda, no habían siquiera nacido.

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No basta extender el padecimiento del hombre-crédito al Estado para entender la gravedad de la situación de las naciones endeudadas, a menos que, retomando a Marx, digamos con alarma que se han convertido en mercancía, aunque eso implique borrar el rostro, la individualidad de millones de personas. Emmanuel Macron en su libro Revolución (Lince, 2017) lo hace de esta manera todavía humana: “Desde hace más de 30 años, la derecha y la izquierda han reemplazado el débil crecimiento por la deuda pública… hemos cometido el error más grave: romper la continuidad histórica dejándoles a nuestros hijos la carga de una deuda insostenible, por no haber tenido el valor de afrontar la realidad. Todos somos culpables de esa cobardía. Un país no puede vivir eternamente en la inercia y la mentira”.

Sobre el "Así no" del CMN / II

Carlos Fazio

Según Boaventura de Sousa Santos, las nuevas modalidades del colonialismo son más insidiosas porque se disfrazan de otras formas de dominación y se producen en el núcleo de relaciones sociales, económicas y políticas dominadas por las ideologías del antirracismo, de los derechos humanos universales, la igualdad de todos ante la ley y la no discriminación. El sociólogo portugués sostiene que el colonialismo insidioso es gaseoso y evanescente, tan invasivo como evasivo, en suma, astuto.

Lo anterior podría aplicarse al magnate Carlos Slim Helú en la defensa que hizo de sus intereses en las obras de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM). Los antecedentes del caso tienen que ver con la reactivación de la polémica en torno a la viabilidad y los riesgos de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y la eventual cancelación de la obra en caso de que el candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO) gane las elecciones a la Presidencia de la República el próximo primero de julio.

El pasado 22 de marzo, AMLO señaló que a 99 días de los comicios el gobierno de Enrique Peña Nieto estaba firmando numerosos convenios de miles de millones de pesos para obras a futuro en el NAICM y anunció que interpondría amparos para frenar esos arreglos. Dijo: “No aceptaré contratos leoninos, manchados de corrupción bajo ninguna amenaza… no soy títere de nadie”. Y agregó: están “comprometiendo el presupuesto del gobierno federal (por ejemplo para fibra óptica) para amarrarnos las manos… todo el sexenio nuestro va a ser para estar pagando deudas, es como un Fobaproa. No voy a aceptar eso”.

Un día después, en Guadalajara, Jalisco, en el foro del Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción, ante más de 300 constructores de todo el país, propuso la creación de una mesa técnica integrada por representantes del gobierno, el empresariado y su equipo, para revisar la pertinencia del proyecto aeroportuario. Allí repitió: No se trata de pre­servar los negocios de nadie, sino de preservar los intereses de la nación. Dijo que existen alternativas para evitar un derroche de presupuesto público en una obra faraónica, estimada en 250 mil millones de pesos. Ofreció terminar con los moches y las asignaciones directas en los procesos de adjudicación de obra pública, y remató: Quieren que yo, con los ojos cerrados, firme un cheque en blanco, y aunque se trate de contratos leoninos, como los de Odebrecht, los acepte.

Presente en el evento, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, respondió que sus agremiados también estaban en contra de la corrupción y aceptó la propuesta para una revisión técnica de la obra y de transparentar las asignaciones del megaproyecto transexenal.

El anuncio puso a temblar a todos los involucrados en la construcción del NAICM. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza –uno de los más desacreditados integrantes del gabinete de Peña Nieto, involucrado en prácticamente todas las obras públicas en las que se han detectado irregularidades, deficiencias o abiertas corruptelas, incluida la del sonado caso del Paso Exprés de Cuernavaca− declaró entonces que la suspensión de la obra sería un descrédito para el país; generaría desconfianza en México, habría una pérdida económica tremenda [y] prácticamente perdería la fe en nosotros [sic] la comunidad financiera internacional, quizá la empresarial.

Ese 23 de marzo, Ricardo Rangel Fernández McGregor, de CI Banco, la institución financiera que actuó como fiduciaria de la operación por la que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) obtuvo recursos por 30 mil millones de pesos, aseguró que ese instrumento financiero permitiría a los inversionistas participar de ganancias futuras. Reveló que 80 por ciento de la colocación del papel en bolsa fue tomado por las Afore (administradoras de fondos para el retiro) y que uno de los principales compradores de los títulos fue el Grupo Financiero Inbursa, controlado por Carlos Slim.

Una vez más, el dinero de los pobres beneficiaría los negocios de los ricos. Con el agregado de que la maniobra financiera podría resultar potencialmente nociva para millones de ahorradores, dado que dos semanas antes se había revela­do que en 2015, el fondo de pensiones de los trabajadores del Estado mexicano (Pensionissste) había adquirido más de 400 millones de pesos en acciones de la constructora ICA, de Bernardo Quintana, cuando ésta ya daba señales claras y públicamente conocidas de insolvencia, lo cual derivó en la pérdida de 99 por ciento del dinero invertido, ya que el ahorro de los burócratas se diluyó en la reestructura de la empresa en 2017; huelga decir que los millones de ahorradores de Pensionissste no fueron consultados o siquiera informados, y que la operación, si bien fue legal, se realizó con total opacidad y una discrecionalidad que da pie a sospechar de transacciones marcadas por el dolo y la corrupción.

El 2 de abril, entrevistado por La Jornada, AMLO dijo que el NAICM es un barril sin fondo, es tirar dinero al lago de Texcoco, pues se eligió el peor lugar posible, dado que se trata de un sitio donde hay más hundimientos que en el resto del valle de México. Reiteró que analizaría las vías jurídicas para evitar la continuación de la obra, pidió tranquilidad a los inversionistas, ya que de ganar garantizaría sus bonos y sus contratos, y se opuso a la firma de nuevos contratos que dejarían comprometido el presupuesto a la manera de una camisa de fuerza a su gobierno. No hay racionalidad, es el afán de obtener dinero mediante estos contratos del gobierno, remató.

Tras haber sido vapuleado por sus pares y el gobierno en los medios el dirigente del CCE, Juan Pablo Castañón, por haber aceptado la propuesta de AMLO de revisar técnicamente los acuerdos sobre el NAICM, el 16 de abril saltó a escena el hombre más rico del país y empresario consentido desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari: Carlos Slim.

Cisen y Banxico conocían vulnerabilidad cibernética

Nancy Flores

Ocurrió uno de los peores escenarios que los órganos de inteligencia civiles y militares previeron –y desde el inicio del gobierno de Enrique Peña– en materia de ciberseguridad: un hackeo al banco central.

Este ciberataque no se reduce a la vulneración del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) por simples motivos delincuenciales (el presunto robo de al menos 300 millones de pesos), ni mucho menos se restringe a tres bancos, una casa de bolsa y una caja de ahorro popular: cimbra todo el sistema financiero mexicano.

Y es que lo que se ha quebrantado es ni más ni menos que la seguridad cibernética del Banco de México (Banxico), es decir, de la autoridad monetaria del país, que ha gastado millones de pesos en un supuesto blindaje que evidentemente no sirvió de nada?.

Lo que destaca de esta situación es que el gobierno federal sabía perfectamente las falencias de la seguridad cibernética de todo el sistema financiero.

De hecho, México es uno de los países más vulnerables a los ataques cibernéticos, consta en la Agenda Nacional de Riesgos que elaboran, año con año, los órganos de inteligencia del país, y que coordina y resguarda con gran sigilo el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Los ciberataques figuran entre las 10 peores amenazas a la seguridad nacional, junto con la delincuencia organizada trasnacional y el terrorismo y armas de destrucción masiva en la Agenda Nacional de Riesgos 2017, la más reciente que existe.

Pero la amenaza ya había sido identificada desde tiempo atrás, por lo que desarrollar sistemas informáticos al interior del gobierno era una de las principales instrucciones del gobierno, que evidentemente no se acató.

La Agenda Nacional de Riesgos 2013, a la que Contralínea tuvo acceso, ya revelaba la alta vulnerabilidad en la que se encontraban no sólo el Banxico y el sistema financiero, sino también infraestructuras críticas e información sensible del gobierno.

Según el documento –altamente confidencial– México carece de capacidad de prevención y presenta casi nula de reacción ante incidentes cibernéticos con potencial para comprometer infraestructuras críticas del país e información sensible de las instituciones y las personas.

En su análisis, los órganos de inteligencia observaban que la vulnerabilidad cibernética se encuentra en un nivel de riesgo alto para la seguridad nacional; por lo que “los instrumentos jurídicos y técnicos para la medición, prevención, reacción y mitigación de impactos ante incidentes cibernéticos son ineficientes”.

Ataque al Banxico, por negligencia

Todas esas falencias quedaron demostradas ya en el ataque al Banxico, institución que “tiene el objetivo prioritario de preservar el valor de la moneda nacional a lo largo del tiempo”. Por ello este hackeo a sus sistemas informáticos no sólo es alarmante, sino sobre todo sumamente grave.

Aquí cabe preguntarse si sólo fue el SPEI o cuántas áreas más quedaron a merced de los autores materiales e intelectuales de este crimen cibernético, así como las repercusiones que acarrea para el resto del Banco, que encabeza Alejandro Díaz de León.

Y es que lo que menos ha habido es información certera por parte de la autoridad: cuando empezó a trascender el impacto del hackeo –porque los cuentahabientes no pudieron pagar con sus tarjetas de débito, retirar dinero en cajeros o transferir electrónicamente sus fondos–, se dijo que era un problema de los bancos afectados. Sólo hasta que la crisis tomó una dimensión mucho peor se aceptó que el ataque fue directamente contra el banco central.

Parece que la falta de transparencia en torno al tema busca no sólo minimizar lo que pasó, sino ocultar las responsabilidades: el hackeo inició el 26 de abril –y aún no se sabe cuándo concluirá–, pero las autoridades reaccionaron hasta los primeros días de mayo.

Así que éste no sólo es un tema de opacidad, sino también del pésimo manejo de la crisis en una de las instituciones más importantes en materia económica del país y, por tanto, de negligencia.

Por eso mismo llama la atención que, antes de que se deslindaran las responsabilidades al interior del Banco, se castigara a quienes participaron por acción u omisión y se transparentara la magnitud del ataque, haya renunciado Lorenza Martínez.

La ahora exdirectora general de Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos del Banxico tendría que haber sido llamada de inmediato por el Congreso para que explicara claramente la dimensión del caso. Pero no, en el Banxico se aseguraron de quitarla rápidamente del cargo para evitar la urgente rendición de cuentas.

La gravedad del ciberdelito no se puede ocultar y el propio Díaz de León lo empieza a reconocer, quizá porque en breve podríamos conocer la verdadera magnitud del ataque y sobre todo la situación que priva al interior del Banco.

En todo este embrollo, el menos sorprendido es Díaz de León, quien como subgobernador del Banco, habló de las vulnerabilidades el 23 de octubre de 2017, durante el foro “Fortaleciendo la ciberseguridad para la estabilidad del sistema financiero mexicano”.

En ese encuentro, en el que también participó el candidato priísta José Antonio Meade, entonces secretario de Hacienda, el gobernador del Banxico admitió que las nuevas tecnologías “conllevan riesgos intrínsecos y plantean retos para garantizar la seguridad de los usuarios, las instituciones y el sistema en general.

“Los riesgos cibernéticos son de naturaleza cambiante y su creciente sofisticación, frecuencia y persistencia puede perturbar considerablemente al sistema financiero tanto por su efecto directo en las instituciones, como por el alto grado de interconexión entre ellas.

“Así, los delitos cibernéticos y los ataques a las infraestructuras tecnológicas del sistema financiero no sólo generarían pérdidas de información o patrimoniales para clientes e instituciones, también podrían provocar afectaciones al sistema financiero en su conjunto.”

Por ello, urge que el Banxico aclare exactamente qué pasó, y qué se perdió en este ciberataque. Si ya fue hackeado el SPEI en el banco central, ¿qué sigue?

La élite del poder, colusión de magnates y políticos

Arturo Rodríguez, Mathieu Tourliere y Areli Villalobos 
 
Es la élite de la iniciativa privada que domina los distintos sectores económicos del país y que durante décadas ha salvaguardado sus intereses financiando campañas presidenciales, recurriendo al chantaje e impulsando cercos publicitarios a medios de información. Se trata del Consejo Mexicano de Negocios, del que Proceso presenta un perfil e identifica a varios de sus miembros. Esta exclusiva cúpula empresarial, beneficiada (en parte) de las privatizaciones que han operado diversos presidentes, tiene su origen en 1962, cuando respondió al interés de frenar el desarrollo de la izquierda en México.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Como “cúpula de cúpulas” está regida por algunas reglas básicas que cimentan la confianza entre sus miembros: el ingreso de un nuevo integrante debe ser aceptado por unanimidad, la membresía se hereda, las reuniones y su contenido se llevan a cabo a puerta cerrada.

Y quizás la principal, aunque no haya una postura partidista, todos comparten el mismo objetivo: concretar el proyecto neoliberal en México mediante pactos con el presidente de la República.

Sus refrescos, panes, tortillas, latas, medicamentos, cervezas y licores surten todas las tiendas del país. Controlan los principales espacios de distribución (Soriana, Chedraui, La Comer y Oxxo, entre otros), tienen bancos y aseguradoras, manejan las telecomunicaciones y parte del contenido mediático, detentan las concesiones mineras más redituables, operan las principales empresas de transporte y producen la mayor parte del cemento, del acero y de la pintura.

Aunque sus integrantes se dejan ver cada vez más, aún no hay un registro público de su membresía. Mediante solicitudes de información a la Presidencia de la República y de búsquedas en terceras fuentes, Proceso identificó a por lo menos 52 miembros, entre ellos apenas tres mujeres.

A excepción de Blanca Treviño de Vega, la primera mujer en ingresar al entonces llamado Consejo Mexicano de Hombres de Negocios –su nombre perdió la palabra “hombres” tras la integración de la regiomontana–, todos heredaron sus grupos o se beneficiaron de las privatizaciones, que el propio organismo –ahora llamado Consejo Mexicano de Negocios (CMN)– promovió durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Entre ellos destacan siete mexicanos que Forbes incluyó en su lista de multimillonarios globales de 2018: Carlos Slim Helú, Alberto Bailleres González, Emilio Azcárraga Jean, Germán Larrea Mota Velasco, María Asunción Aramburuzabala Larreguí, Roberto Hernández Ramírez y Juan Beckmann Vidal.

También lo forman nueve integrantes del “Grupo de los Diez” de Nuevo León: Armando Garza Sada, Rogelio Zambrano Lozano, Tomás González Sada, Sergio Gutiérrez Muguerza, José Antonio Fernández Carbajal, Eduardo Garza, Enrique Zambrano Benítez, Adrián Sada González y Eugenio Garza Herrera.

Acostumbrado a la discreción, el CMN suele expresarse mediante un único canal de comunicación: su presidente en turno, puesto ocupado actualmente por Alejandro Ramírez Magaña, dueño de Cinépolis.

De manera poco habitual, el jueves 3, el CMN publicó en varios periódicos un desplegado titulado “Así no”, en el que calificó de “injuriosas y calumniosas” las expresiones que empleó Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, cuando se refirió a la élite empresarial como “minoría rapaz”.

Proyecto neoliberal

La creación del CMN como grupo informal, en 1962, respondió a un interés urgente: impedir el desarrollo de la izquierda en México, apenas tres años después del triunfo de la Revolución Cubana, a la que el PRI de Adolfo López Mateos enviaba señales de solidaridad.

Para garantizar sus intereses, el CMN se valió de todo: varios de sus miembros financiaron las campañas de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo o Vicente Fox –aunque otros, como Juan Sánchez Navarro, denunciaron estas prácticas–, recurrieron al chantaje, fomentaron el boicot publicitario contra el periódico Excélsior de Julio Scherer, aplaudieron la represión de 1968 y orquestaron campañas sucias contra los candidatos de izquierda, ya fuera Cuauhtémoc Cárdenas o López Obrador.

El CMN impulsó la privatización de las empresas paraestatales y la disminución del gasto público, logró reducir los derechos laborales y contener los salarios y obtuvo la apertura de la economía a la inversión extranjera, como lo mostró la politóloga Marcela Briz Garizurieta en su tesis de doctorado El Consejo Mexicano de Hombres de Negocios en la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo, presentada en mayo de 2006.

En los tiempos más decisivos para la élite del sector privado, el CMN colocó a uno de sus integrantes al frente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) –un órgano en el que el CMN tiene voz y voto, y del que Juan Sánchez Navarro, miembro del club, fue el primer presidente– y de la Asociación Mexicana de Banqueros, a las que utilizó para presionar al gobierno.

En 1986, por ejemplo, el empresario priista Claudio X. González, presidente del consejo de administración de Kimberly-Clark, utilizó su doble condición, como miembro del CMN y presidente del CCE, para presentar al entonces presidente Miguel de la Madrid una “propuesta” de política económica en diez puntos para contener la inflación.

Fue precisamente durante el sexenio de De la Madrid que el CMN tomó fuerza –que culminó en el sexenio de su sucesor, Carlos Salinas de Gortari–: a raíz de la expropiación bancaria de 1982 “el (CMN) figuró como intermediario clave para recomponer las relaciones entre la administración de Miguel de la Madrid y el sector privado”, sostuvo la académica.

El entonces presidente necesitaba contener la inflación, pero no quería negociar con el CCE, demasiado afín al PAN. Al frente de sus grupos, los miembros del CMN tenían el control sobre los precios de los productos y una mayor disposición a negociar, como refirió el exmandatario en sus memorias.

Empresarios y gobierno acordaron en 1987 el Pacto de Solidaridad Económica, en el que la élite del sector privado consiguió, a cambio de controlar sus precios, que el gobierno federal iniciara la privatización de las empresas paraestatales y abriera las puertas a los capitales extranjeros.

El CMN tenía entonces por interlocutor a Carlos Salinas de Gortari, el secretario de Programación y Presupuesto, afecto al proyecto neoliberal. Ya instalado en Los Pinos –con la ayuda financiera de varios integrantes del Consejo–, Salinas reprivatizó la banca y aceleró la venta de paraestatales.

Cada año desde 1996, el presidente en turno del CMN protagoniza un ritual público: tras realizar un breve análisis de la situación económica del país, anuncia el monto –en dólares– de las inversiones que los integrantes del exclusivo club realizarán el año siguiente. El presidente, en respuesta, agradece a los empresarios sus esfuerzos y presume el monto de la inversión como un logro de su administración. En diciembre pasado, por ejemplo, Enrique Peña Nieto dio las gracias a la cúpula por invertir “más de 150 mil millones de dólares” durante su sexenio.

Las reuniones que el CMN celebraba cada año con el titular del Ejecutivo solían llevarse a cabo a puerta cerrada, hasta que en enero de 2016 Peña decidió abrir en parte a la prensa una reunión en el exclusivo Club de Empresarios Bosques. Ello generó molestia en la cúpula empresarial y desde esa fecha las reuniones están marcadas por un protocolo rígido.

En cada esquina

La herencia de los negocios familiares, así como la adquisición de bancos y empresas durante el periodo de privatización, instalaron a los integrantes actuales del CMN al frente de grupos que dominan los distintos sectores económicos del país.

Slim es dueño de las telecomunicaciones, Azcárraga controla la televisión abierta, Bailleres y Larrea la minería –el segundo, con Grupo México, controla además el transporte ferroviario–, Ramírez Magaña posee la mayoría de las salas de cine y Zambrano produce más de la mitad del cemento que se utiliza en el sector de la construcción del país.

José Antonio Fernández Carbajal y Juan Gallardo, presidentes de los consejos de administración de FEMSA y de la organización Cultiba, respectivamente, dominan el mercado mexicano de refrescos.

Eduardo Tricio Haro –presidente de Grupo Lala y Aeroméxico–, junto con Aramburuzabala y Valentín Díez Morodo, lideran los mercados de la leche y de la cerveza, mientras que el sector alimenticio del CMN también cuenta con los gigantes Bimbo y Herdez –dirigidos por las familias Servitje y Hernández-Pons Torres, respectivamente–, así como con Bachoco, el principal productor de pollo del país.

En el comercio minorista están Ricardo Martín Bringas, Antonio Chedraui Obeso o Carlos González Zabalegui, presidentes de los consejos de administración de Grupo Soriana, Chedraui y La Comer, respectivamente. Esos consorcios operan las cadenas de tiendas de autoservicio Soriana, Chedraui, La Comer, City Market y Mega, entre otras.

Por parte del sector bancario destacan Roberto Hernández Ramírez, el presidente de Grupo Financiero Banamex, quien se enriqueció vertiginosamente cuando se privatizó de la banca, así como Antonio del Valle Ruiz, quien vendió su grupo Bital a HSBC en 2002 y dirige actualmente la química Mexichem.

Si bien el Grupo Financiero BBVA Bancomer no está presidido por un integrante del CMN, en su consejo de administración se mezclan los intereses de algunos grupos del exclusivo club de empresarios: en él se encuentran Bailleres y Ramírez Magaña, así como Carlos Vicente Salazar Lomelín, quien hasta diciembre de 2017 fue director general de FEMSA.

Aunque la mayor parte de los grupos no tienen negocios al amparo directo del poder, algunos de ellos destacaron entre los grandes beneficiarios de contratos gubernamentales durante la administración de Peña Nieto.

Grupo Carso, de Carlos Slim, obtuvo contratos por más de 123 mil millones de pesos durante el sexenio; encabezó el consorcio que obtuvo el principal del Nuevo Aeropuerto Internacional de México para la construcción del edificio de la terminal, por 84 mil millones de pesos.

Y no es el único: Aramburuzabala (Sixsigma Networks), Azcárraga (Televisa), Bailleres (Grupo Nacional Provincial), Agustín Franco Macías (Grupo Infra), Bernardo Quintana Isaac (ICA) y Luis Orvañanos Lascuráin (Corporación GEO), entre otros, también obtuvieron jugosos contratos durante la administración de Peña Nieto (Proceso 2160).

El operador

Con el paso de las décadas creció la membresía del CMN: de seis fundadores llegó a 37 empresarios en 1989 y ahora lo integran por lo menos 52 personas. Veinte de los miembros –o sus herederos– de 1989 permanecen en el grupo y 32 se incorporaron después, lo que diluyó la cohesión y diversificó sus posturas, observó Briz en su tesis doctoral.

En el Consejo de Administración de Banamex, por ejemplo, ocho de los 15 consejeros pertenecen al CMN; en Grupo México se encuentran seis de sus miembros; en el de Grupo Televisa son cinco y el mismo número se encuentra en el grupo regiomontano Alfa.

El financiero Valentín Díez Morodo, presidente el Consejo de Administración de Grupo Modelo –comprado en 2015 por el gigante transnacional de origen holandés AB Inbev– es socio consejero de Kimberly- Clark, Banamex, Grupo KUO, Grupo DINE, Mexichem, todas presididas por miembros del CMN.

Claudio X. González Laporte, presidente de Kimberly-Clark de México y miembro de mayor antigüedad en el CMN, junto con Antonio del Valle Ruiz y Alberto Bailleres, se encuentra en los consejos de administración de los grupos de Slim –Carso, Inbursa y Sanborns–, de Armando Garza Sada –Grupo Alfa—y de Germán Larrea –Grupo México.

Desde su ingreso al club, en 1978, su estrategia no cambió: presente en los consejos de administración de los principales grupos, en las organizaciones empresariales –presidió el CMN y el CCE en tres ocasiones– y en las más altas esferas de la política, asumió el papel más protagónico en la defensa de los intereses de la élite.

En noviembre de 1997 el empresario regiomontano Juan Sánchez Navarro dijo a este semanario: “Claudio era del gobierno, asesor (de Salinas en materia de inversión extranjera). Su situación era equívoca. Es excelente empresario, pero como tal no podía pertenecer al Estado. Era casi una simbiosis que no es aceptable”.

En abril de 2002, al terminar su presidencia al frente del CCE, Claudio X. González denunció los “retrocesos en materia fiscal” de Vicente Fox y sostuvo que “siguen pendientes cambios que permitan la inversión privada en generación de electricidad y gas e, incluso, en la petroquímica”.

Con la doble batuta CMN-CCE, el empresario chantajeó al entonces presidente Fox, al advertirle que el sector empresarial no firmaría el acuerdo político sin el compromiso del gobierno federal de reformar el marco jurídico para abrir parte del sector energético a la inversión privada, a ablandar la ley laboral para eliminar las “excesivas prestaciones” o desregular la educación privada.

Se convirtió en una de las voces más críticas contra López Obrador en las últimas dos décadas: en 2005 resultó el más firme promotor del desafuero al candidato y en octubre pasado apoyó abiertamente a José Antonio Meade Kuribreña, el candidato presidencial de la coalición encabezada por el PRI.

El dominio trasnacional del Istmo de Tehuantepec

Agustín Ávila Romero*

El Istmo de Tehuantepec abarca los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz en la república mexicana y ocupa una posición geoestratégica privilegiada pues en su punto más angosto, sólo 303 kilómetros separan el Océano Pacífico del Golfo de México (Océano Atlántico).

En ambos extremos del istmo se encuentran los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, lo que convierte a esta ruta en una vía alternativa al Canal de Panamá pues implica una menor distancia entre la costa este de Estados Unidos y los países asiáticos –entiéndanse fundamentalmente China-.

Además la región del Istmo cuenta con abundancia de bienes naturales como el agua, la vida animal y silvestre, el subsuelo mineral e hidrocarburos, la posibilidad de aprovechamiento y producción de energía eólica y solar, entre varias características que constituyen a este espacio geográfico como estratégico en la lógica capitalista actual.

Así en este nuevo espacio capitalista trasnacional se constituyen nuevas explotaciones mineras impulsadas por empresas canadienses, se impulsa la ampliación de la refinería de PEMEX Ing. Dovalí con participación de empresas españolas y estadounidenses junto con la construcción de ductos y gasoductos . Así mismo se modernizan y amplían tanto la carretera transistmica de Salina Cruz a Coatzacoalcos como las vías férreas.

En este istmo esta el clúster petroquímico más importante de Latinoamérica.

El puerto de Coatzacoalcos está constituido por dos recintos: el de Coatzacoalcos, orientado a la carga general, y el Recinto Portuario Pajaritos, para el manejo de petróleo y derivados, fluidos y gráneles minerales.

El principal activo de este puerto es la industria petroquímica y de refinación, ya que en la región Coatzacoalcos-Minatitlán se ubican cuatro complejos petroquímicos de gran importancia: Pajaritos, Cosoleacaque, Morelos y Cangrejera, además de empresas químicas tan relevantes como Celanese, Innophos Fosfatados y Etileno XXI, esta última la inversión privada industrial más cuantiosa de México en los últimos 15 años. A todo ello hay que añadir la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas en Minatitlán.

Con la presencia de capital trasnacional en el sector energético y la construcción de ductos y gasoductos en el Istmo de Tehuantepec, ya la Comisión Nacional de Hidrocarburos del gobierno mexicano, impulsa la comercialización de petróleo y gas desde el Golfo de México rumbo a China o Japón, señalando que en comparación al Canal de Panamá donde tomaría 25 días ese traslado por el istmo serían solamente 17 días.

Del otro extremo del istmo se encuentra Salina Cruz , un puerto multimodal situado en el sur del Pacífico mexicano que cuenta con infraestructura y equipamiento portuarios para el manejo de carga contenerizada, granel agrícola, granel mineral, carga general y petróleo y derivados.

Su activo más destacable es el Astillero de Marina No. 20, en el que se lleva a cabo la construcción, reparación y mantenimiento de unidades de la Armada de México, así como reparaciones de buques de terceros.

En el movimiento de este puerto destaca también la importación de torres eólicas y sus partes debido los proyectos de generación de energía eólica que se han puesto en marcha en la región de La Ventosa y que han tenido resistencia de comunidades indígenas. Tan sólo desde 2004 diversas empresas trasnacionales han llegado al Istmo para instalar parque eólicos dividiendo a las comunidades. Entre 2007 y 2013 la comunidad de San Dionisio del Mar y la de Álvaro Obregón alcanzaron detener uno de estos proyectos: el parque eólico de la empresa Mareña Renovables., que buscaba instalarse en la barra Santa Teresa, al interior del sistema lagunar de la costa del Istmo de Tehuantepec. Otros procesos de resistencia se han organizado en los municipios de Unión Hidalgo, Ciudad Ixtepec, La Venta, La Ventosa, Santo Domingo Ingenio.

Una gran amenaza se da con varios proyectos de explotación minera tanto en Chiapas como en Oaxaca que buscarían el puerto de Salina Cruz para mover su carga mineral. Tan sólo en el istmo de Tehuantepec son más de 47 mil hectáreas las que se han concesionadas a mineras como la canadiense Minaurum Gold Inc.

En este Istmo el capital impulsa el desarrollo del Proyecto Cinturón Transoceánico, que prevé la instalación de dos ductos subterráneos: uno de gas LP con origen en Pajaritos y otro de gas natural desde Chinameca, Morelos, corriendo en ambos casos hasta Salina Cruz, Oaxaca. Este proyecto permitiría abastecer de gas natural a la refinería y las empresas de la zona, pero sobre todo, procesarlo y exportarlo a mercados de Asia y Oceanía, fortaleciendo así el saqueo de los recursos naturales de la zona.

Dentro de este proceso de territorialización del capital, las concesiones mineras y la construcción de parques eólicos impactan en la vida campesina e indígena y en la producción agropecuaria disminuyendo la producción de cultivos básicos y también comerciales como el mango.

Con base en estas dinámicas del capital se inscribe también el proceso de instrumentación de las Zonas Económicas Especiales de Coatzacoalcos y Salina Cruz.

Estas Zonas Económicas Especiales son un proceso de despojo impresionante que plantea básicamente grandes procesos que ya se visualizan en el Istmo: 1) La reconversión productiva hacia el dominio agroenérgetico del campo con la construcción de fincas de energías eólicas o solares; 2) la privatización de recursos energéticos y del agua ya que se construyen presas hidroelectricas y acueductos; 3) el impulso al turismo convencional en detrimento de los bienes naturales y la vida sociocultural; y 4) el diseño de megaproyectos para obras de infraestructura como son las carreteras, vías férreas, aeropuertos, etc.

Estas nuevas Zonas Económicas Especiales traerán consigo un conjunto de transformaciones socioterritoriales con la consiguiente construcción de infraestructura que impactará de manera creciente en la dinámica extractivista de las entidades. Lo cual, probablemente generará empleo precario pero a costa de la pérdida de un modo de vida, de una forma de ser de los pueblos indígenas y los campesinos de esta zona y sobre todo de un deterioro innegable de la naturaleza.

Entre algunas empresas que llegarán con fuerza a las nuevas ZEE se encuentra el grupo brasileño Braskem que se une a IDESA México, con ellos esta también Hules Olmeca como complejo agroindustrial e impulso a la producción de hule en México y Southwestern Energy dedicada a la producción de gas y la explotación petrolera.

Braskem–IDESA

Plantea instalarse en la Zona Económica Especial de Coatzacoalcos gracias a las facilidades fiscales que implementa el gobierno mexicano. Su historia es particular, en 2010 se unen los corporativos Braskem de Brasil e Idesa de México y crean el mayor productor de resinas termoplásticas de toda América, todo ello con base el proyecto “Etileno XXI” que construyo el complejo petroquímico de polietileno en Nanchital de Lazaro Cárdenas en Veracruz. La inversión fue de 5 mil 200 millones de dólares y tan sólo en 2016 se tuvo una producción anual de 1 millon 50 mil toneladas de polietileno de alta y baja densidad. La asociación Braskem Idesa es controlada por Braskem con el 75% de la participación, mientras que Idesa tiene el otro 25%. Braskem Idesa tiene desde 2009 un contrato para que Pemex le suministre 66,000 barriles diarios de etanol durante 20 años para su producción, (Braskem, 2016) según la Auditoria Superior de la Federación esto le ha significado a Pemex pérdidas por 1 900 millones de pesos, al proporcionarle dicho producto por debajo del precio de mercado. Lo cierto es que dicha empresa esta envuelta en casos de corrupción que involucran a Odebrecht, Pemex y a los presidente de México: Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Por ello. Braskem acordó pagar unas multas en Brasil y Estados Unidos para zanjar los cargos que apuntaban a que planificó con uno de sus principales accionistas, Odebrecht SA, sobornar a políticos y ejecutivos en Brasil. Lo relevante es que diversos medios de comunicación (MCC, 2017) dan cuenta de como Braskem, la filial de petroquímica de Odebrecht, acompañó “de tiempo completo” la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, de acuerdo con Carlos Fadigas, quien en aquellos días era el director de la compañía y que confeso en la operación Lava Jato. Braskem intervino durante los días de la campaña presidencial con tres transferencias por 1.5 millones de dólares a la empresa Latin America Asia Capital, afincada en Islas Vírgenes, que ha sido vinculada por delatores o testigos protegidos en Brasil con Emilio Lozoya Austin, quien se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional del candidato del PRI y el resto es historia conocida. BRASKEM-IDESA tuvo ganancias superiores a los 600 millones de dólares el primer trimestre de 2017.

Hules Olmeca

También en la Zona Económica Especial de Coatzacoalcos se instalará esta empresa la cual es relevante porque forma parte de un proyecto agroindustrial que busca la fabricación de hule de alta calidad. Es un desarrollo italo-mexicano donde se da la unión de COPESA (Mx) con Process Engineering (It).

COPESA es muy fuerte en la zona de Coatzacoalcos ya que es operadora de un holding donde participan empresas china, hindúes y canadienses. Empresas como Petrojet, ZTE o Wabag tienen a COPESA como su operadora en la región.

En este caso llama la atención la instalación de esta empresa para el impulso del cultivo de hule en la región, ya que dentro de su plan se señala la intención de tener 3 mil hectáreas de hule disponibles para el procesamiento.

SouthWestern Energy

Por su parte en Salina Cruz va a instalarse la empresa Southwestern Energy de Estados Unidos con una inversión de 460 millones de dólares con la cual pretende construir un parque tecnológico y una planta de parafinas y lubricantes sintéticos. SWE es una empresa dedicada al gas natural, la explotación y producción petrolera, su sede se encuentra en Spring, Texas. Sus ingresos fueron de 2 mil 436 millones de dólares en el año 2016. Las principales actividades de la empresa se localizan en Arkansas y en New Brunswick, Canadá.

Es en Canadá donde esta empresa se enfrento mediáticamente y legalmente contra los residentes de localidades como Fredericton, Sussex, Hampton, Norton y Rexton de New Brunswick que se opusieron firmemente a la fractura hidráulica. En el años 2015 el gobierno provincial de New Brunswick impuso una moratoria a la fracturación hidráulica.

Con esos antecedentes ambientales ahora llega a esta región del Istmo rica en vida natural y cultural. De seguro enfrentará muchas resistencias.

*Agustín Ávila Romero. Economista de la UNAM, Profesor Visitante en IESA-Brasil

Sobre el "Así no" del CMN

Carlos Fazio

México vive en la coyuntura de una aguda lucha de clases. Una violenta lucha de clases promovida por los que mandan: los barones del dinero. Se trata de una violencia impulsada por una minúscula clase capitalista trasnacional (CCT), que ha integrado a México al nuevo sistema globalizado de producción, finanzas y servicios. La CCT está formada por los propietarios y gerentes del capital trasnacional, que operan como agentes del capitalismo global. Sus intereses radican en promover circuitos de acumulación de capitales globales; no nacionales. Pero como dice William I. Robinson, a pesar de la retórica del fundamentalismo del mercado total, el sistema capitalista no puede sostenerse únicamente mediante las relaciones de mercado. Para funcionar, el capitalismo requiere del Estado. Por eso, con mayor profusión desde los años 90 del siglo XX, de la mano de la dictadura del pensamiento único neoliberal, al igual que en los centros de poder hegemónico, la clase capitalista trasnacional mexicana viene impulsando una insurgencia plutocrática (Robert Bunker) para subordinar al Estado.

Al amparo del presidencialismo autoritario y ejerciendo un poder de facto (de hecho), que no de jure (legal), la cúpula empresarial y financiera y los personeros del capital trasnacional desmantelaron el viejo Estado social (o benefactor) y lo sustituyeron por un Estado niñera a su servicio (Chomsky dixit). A partir del dominio de recursos vitales y/o estratégicos que le dan el control de la ideología, la sociedad y la economía, obtenido la más de las veces mediante el tráfico de influencias −una práctica ilegal (ya que se basa en la corrupción, el cohecho, el soborno y el lobby) o al menos éticamente objetable−, la CCT privatizó y secuestró el poder del Estado mexicano y lo utiliza en función de sus intereses; para obtener favores o un tratamiento preferencial.

Así, luego de destruir y/o reducir todo lo referente al contrato social que los trabajadores y los pobres habían conseguido tras un siglo y medio de grandes luchas, la clase dominante generó un nuevo y poderoso Estado nana que les proporciona los recursos públicos, los subvenciona y los protege. Ello no fue fruto de la voluntad popular, sino, básicamente, de una corporativización del poder a través de la unción fraudulenta o inducida de sucesivos presidentes neoliberales, que han venido actuando como gerentes o administradores de los intereses del gran capital, con apoyo de una partidocracia que abdicó del interés público; lo que dio como resultado una forma de tiranía privada depredadora (Chomsky) que se ha dedicado a asaltar y saquear los presupuestos públicos (Robinson).

La clase capitalista trasnacional mexicana tiene rostro: está integrada por un puñado de megamillonarios entre los que figuran Carlos Slim Helú (Grupo Carso), Germán Larrea (Grupo México), Carlos Hank Rhon (Grupo Banorte), Alberto Baillères (Industrias Peñoles), Ricardo Salinas Pliego (Tv Azteca) y Emilio Azcárraga Jean (Televisa). Son 16 hombres y mujeres que aparecieron en el listado 2017 de la revista Forbes, algunos de los cuales integran el multicitado Consejo Mexicano de Negocios (CMN), integrado por unas 40 familias propietarias de grupos como Kimberly-Clark de México, Posadas, Mexichem, Femsa, Bachoco, Modelo, Vitro, Banamex-Accival, Bimbo y Soriana, que suscribieron el Así no contra Andrés Manuel López Obrador.

El aumento del poder privado trajo la eliminación de los derechos de los trabajadores, de los derechos políticos, del derecho al sustento básico e incluso de lo que solía llamarse el derecho a la vida. La polarización sin precedente de la riqueza entre los pocos que tienen mucho y las mayorías que no poseen casi nada, agravó las contradicciones internas y viene generando conflictos sociales y crisis de legitimidad estatales. Esa división de la sociedad entre ricos y masas pauperizadas ha creado un nuevo apartheid de la pobreza.

Para ganar legitimidad, en tiempos electorales las élites opresoras (la burguesía organizada, diría Marx) se disfrazan de liberales y suelen presentar su propio proyecto (de dominación encubierto) como representante de toda la sociedad, y a través de los medios de difusión masiva bajo control monopólico privado, califican de populistas a quienes impulsan un proyecto alternativo de nación. Asimismo, en tales circunstancias, los poderes fácticos se presentan como la encarnación (en realidad usurpación) de la sociedad civil, término que surgió como propuesta contraria a la concentración del poder y negación del corporativismo.

Junto a la reconfiguración de una nueva estructura de relaciones sociales de dominio y explotación de los trabajadores por los propietarios de los bienes de producción y sus colaboradores (ciudad-campo, clases sociales), la plutocracia mexicana y sus socios de la CCT han venido impulsando el co­lonialismo interno. Es decir, la explotación de unas regiones por otras con la zanahoria del progreso, el desarrollo y la modernidad. Verbigracia, la ciudad Slim del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM), proyectada por el dueño del Grupo Carso en asociación con el Grupo Atlacomulco y el clan Salinas de Gortari, y las zonas económicas especiales (ZEE) que administra Gerardo Gutiérrez Candiani.

Lo anterior tiene que ver con la ocupación de los espacios territoriales y sociales; con la ocupación, apropiación, redemarcación y restructuración del espacio (Lefebvre), por redes de poderosas empresas oligopólicas y sus milicias paramilitares (para el control represivo) con apoyo gubernamental, vía expropiaciones y/o el despojo de territorios y la creación de una economía de enclave (maquila), que asfixia a la producción local, elimina a buena parte de los medianos y pequeños empresarios, y se ensaña con los artesanos y las comunidades. En todo caso, la alternativa de sumisión con expoliación o desempleo con exclusión se plantea como la opción racional a los pobladores y trabajadores y sus familias (González Casanova).

El Tribunal Electoral valida el fraude

Jesús Cantú 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las autoridades electorales son las responsables de inyectarles certidumbre a los procesos electorales. Sin embargo, en la presente elección federal son éstas las que están generando la incertidumbre porque, en lugar de prevenir, impedir y sancionar las irregularidades que se presenten, están pavimentando el camino para que el gobierno y su coalición Todos por México implementen todas las acciones fraudulentas a su alcance en su afán de no perder la Presidencia de la República.

Las evidencias prueban que el gobierno y la coalición encabezada por el PRI pretenden replicar, casi en los mismos términos, los operativos que les permitieron mantener en su poder las gubernaturas del Estado de México y Coahuila el año pasado.

Lo que ya está en marcha son campañas de desprestigio en contra de los candidatos opositores, básicamente utilizando como ariete a la Procuraduría General de la República, como ya sucedió en el caso del Partido del Trabajo y los Cendis y, muy especialmente, en el caso en contra del candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya; la pulverización del voto de los opositores, para lo cual impulsaron el registro de las candidaturas independientes; manipulación de las encuestas para crear la sensación de que su candidato tiene más preferencias de las que en realidad consigue; uso de programas sociales federales y estatales para condicionar el voto, y levantamiento de padrones acompañado de reparto de tarjetas entre ciudadanos para comprar el voto con la promesa de que, si ganan, aquellos recibirán dinero en efectivo para satisfacer sus necesidades (Proceso 2162).

Varios de estos operativos sólo pueden implementarse si la autoridad electoral decide no sancionarlos o, al menos, ignorarlos. En el caso de las elecciones estatales, las autoridades decidieron soslayarlos a lo largo del proceso electoral, y cuando quisieron sancionar, además de que ya era demasiado tarde y poco se podía remediar, mostraron claramente las diferencias entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En las elecciones del año pasado, la única que intentó hacer algo que hubiese inhibido la comisión de los delitos de compra y coacción del voto fue la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), cuyos esfuerzos fueron inútiles pues no logró integrar las averiguaciones previas oportunamente, y cuando su titular se disponía a consignarlas fue destituido.

Sin embargo, hay que señalar que el reparto de responsabilidades es muy dispar, ya que el Consejo General del INE impulsó (aunque fuese por mayoría de votos en algunos casos) diversas resoluciones que sancionaban las irregularidades que se detectaron en las elecciones del Estado de México y Coahuila en 2017, así como varios acuerdos que buscaban prevenir que estas prácticas se repitiesen en el caso de las elecciones presidenciales, y todas las revocó el tribunal. En el caso de la FEPADE, que sí pretendía perseguir los delitos electorales, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó destituir al anterior titular para colocar a uno más controlable.

Entre las acciones que implementó el INE para combatir estas prácticas fraudulentas destacan las sanciones al reparto de las tarjetas rosas, aunque únicamente pudieron aprobar la resolución en el caso de Coahuila; el acuerdo de cancha pareja, que pretendía normar la operación y difusión de los programas sociales durante los procesos electorales, y la prohibición del reparto de los monederos electrónicos, que fueron pieza central tanto en la elección presidencial de 2012 como en las estatales de 2017.

Al revocar las sanciones y los acuerdos, el TEPJF no sólo evitó sancionar una práctica claramente ilegal (Proceso 2162), sino que en realidad legalizó su utilización en el actual proceso electoral.

Y por si eso fuese poco, ahí está la resolución del TEPJF de la madrugada del martes 10 mediante la cual se le otorgó el registro como candidato presidencial a Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, aun cuando no cumplió con el requisito del número de firmas ni de dispersión de un mínimo de 1% de éstas en al menos 17 estados. El argumento: violación al debido proceso. Con ello se permite que otra de las estrategias de manipulación de la voluntad popular entre en acción.

En mi colaboración en el número 2160, al analizar el proceso de revisión de las firmas de los candidatos independientes, y ante la posibilidad de que el tribunal revocara la decisión, concluía: “En vísperas del inicio de las campañas electorales las autoridades electorales están a prueba: la ratificación de las decisiones del INE fortalecería a las autoridades del ramo, pero la revocación de las mismas, fuese por detectar errores graves en el procedimiento del INE o por otra decisión formalista del tribunal, las dejaría en una debilidad extrema”. Lamentablemente sucedió lo segundo.

La Sala Superior recurrió a una formalidad: según sus miembros el INE violentó el debido proceso de Rodríguez Calderón porque no le concedió el derecho de audiencia para revisar la totalidad de las firmas que le invalidaron. Aunque el INE argumenta que ese proceso de audiencia para la primera etapa de la revisión estuvo abierto a lo largo de todo el proceso de recolección de firmas y que los representantes del candidato acudieron en 12 ocasiones a revisarlo, le negó la solicitud de darle una oportunidad adicional después de los cinco días que le habían otorgado para pronunciarse sobre la segunda revisión.

Con los precedentes de los dictámenes de fiscalización de los gastos de campaña de la elección de gobernador de Coahuila, el Consejo General del INE sabía que tenía que ser sumamente riguroso en los procedimientos, so pena de ver revocadas sus decisiones. Lo fue a lo largo de todo el proceso y, en estricto sentido, sí le concedió el derecho de audiencia al candidato; sin embargo, el tribunal nuevamente escudriñó todo el procedimiento y se aferró al único pretexto que pudo encontrar, aunque sólo fuese parcialmente cierto.

Y aun cuando los consejeros del INE afirman que la FEPADE continuará con la integración de las averiguaciones previas de los presuntos delitos cometidos por Rodríguez Calderón en la recolección de las firmas, es un hecho que las mismas nunca serán consignadas ante un juez, por lo menos no antes de las elecciones del próximo 1 de julio.

La mayoría de los magistrados de la Sala Superior del tribunal, colocados allí por los legisladores priistas, están cumpliendo cabalmente su encomienda de preservar los triunfos del PRI, así tengan que recurrir a legalizar lo ilegal; pero, sobre todo, están validando por anticipado las irregularidades y delitos en los que incurra la coalición Todos por México.

Hasta el momento, la Sala Superior del Tribunal y la FEPADE han blindado los operativos de defraudación electoral de esa coalición y su candidato, José Antonio Meade, como lo confirma la resolución del pasado martes 10.

Ola de repudio a “El Bronco” y al fallo del Tribunal Electoral por el fraude a la ley

Jenaro Villamil 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Apenas se supo que cuatro de los siete magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) votaron a favor de incluir a Jaime Rodríguez, El Bronco, para que su nombre se sumara a la lista de candidatos presidenciales, el repudio en las redes sociales se viralizó de manera intensa desde la madrugada de este martes 10 de abril.

Los cuatro magistrados que apoyaron el litigio del gobernador con licencia de Nuevo León dieron un golpe mortal a la credibilidad del propio TEPJF al ignorar la larga lista de anomalías cometidas por El Bronco en su recolección de firmas para llegar a las poco más de 860 mil necesarias para obtener el registro del INE.

Entre esas anomalías, el periódico Reforma enunció las siguientes:

1. 58% de sus firmas recolectadas fueron apócrifas, es decir, más de la mitad.

2.- 810 mil 995 firmas no fueron encontradas en la lista nominal de electores, es decir, eran fantasmas.
3.- 158 mil 532 fueron simulaciones de firmas.
4.- 205 mil 721 fueron fotocopias de firmas.
5.- 23 mil 644 documentos presentados no eran válidos.
6.- 17 millones 300 mil pesos fueron provenientes de financiamiento sospechoso.
7.- Al menos 680 mil pesos fueron triangulados por empresas sospechosas.
8.- 1.6 millones de pesos de gastos no fueron reportados.
9.- 1.1 millones de pesos en gastos a la plataforma de Facebook no fueron reportados.
10.- Utilizó a funcionarios del gobierno de Nuevo León en días y horas hábiles, así como captura de firmas en un mismo domicilio en la madrugada.

A pesar de estas anomalías, y otras muchas señaladas por el propio INE, el magistrado Felipe Fuentes Barrera, responsable de la sentencia, argumentó que el INE violó el “derecho de audiencia” de Jaime Rodríguez y con ello afectó “el debido proceso”. En otras palabras, comparó a El Bronco con un caso similar al de Florence Cassez o al de cientos de víctimas de la falta del debido proceso.

El magistrado ponente argumentó que Rodríguez Calderón se quedó a sólo 16 mil 656 firmas para completar “la meta”, ignorando que más de 58% de sus firmas recabadas fueron fraudulentas y sin respaldar de dónde sacó tal número.

De esta manera, el magistrado avaló el método del “haiga sido como haiga sido”: los candidatos independientes pueden inventar, comprar, fotocopiar y repetir cuantas firmas sean necesarias siempre y cuando cumplan con el mínimo necesario.

Este argumento fue respaldado por los magistrados Indalfer Infante González, Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdez. Estos tres magistrados, junto con el ponente Felipe Fuentes Barrera, apoyaron así el evidente fraude a la ley, e ignoraron que la propia Fiscalía Especializada para la Atención a los Delitos Electorales (FEPADE) está realizando una investigación por la ilegalidad cometida por El Bronco.

Los cuatro magistrados del TEPJF prácticamente anularon el criterio y la importancia de los delitos electorales. Éstos no cuentan, siempre y cuando aritméticamente se cumpla con el requisito.

Los otros tres magistrados que votaron en contra –Janine Otálora, presidenta del Tribunal, Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón– consideraron que Jaime Rodríguez sí tuvo garantía de audiencia y acusaron al magistrado ponente de un “falso garantismo”. De hecho, Rodríguez Mondragón afirmó que era una “falacia” inferir que El Bronco estuvo a sólo 16 mil votos de lograr la meta, ya que no le corresponde al Tribunal determinar esto sino al propio INE.

La sentencia inapelable del TEPJF es un balde de agua fría para la credibilidad de todo el proceso electoral del 2018. Fueron ellos quienes “mandaron así al diablo a las propias instituciones”. Antes habían despertado una ola de críticas por autorizar la promoción de los programas sociales en plenas campañas, pero ahora provocaron una indignación generalizada en redes sociales.

En menos de una hora, el hashtag #ElBronco tuvo más de 120 mil réplicas, la mayoría negativas, repudiando la decisión de incluirlo en la boleta. Los hashtags #TRIFE y #TEPJF se sumaron a la ola de repudio, junto con una creciente demanda surgida entre los usuarios de Twitter: #MarichuyALaBoleta, al considerar que la candidata indígena tuvo más de 94% de firmas reales y no fraudulentas, como las de El Bronco o las de la expanista Margarita Zavala.

El primero en reaccionar de manera airada fue el aspirante independiente Pedro Ferriz de Con, quien consideró que la decisión del TEPJF “ofende la inteligencia y a la democracia mexicana”. Al mediodía de este 10 de abril, el periodista advirtió que las elecciones de este año constituyen “el proceso más sucio”. “Sí, El Bronco hizo trampa, ¿pero a quién le importa? Al parecer así piensa el Trife. Tristemente la política en nuestro país sigue siendo un fraude. Fraude electoral a eso redujeron las candidaturas independientes”.

El mismo Ferriz de Con afirmó que la candidatura de El Bronco constituye “un pacto con el gobierno de EPN” para golpear la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, mientras que Margarita Zavala divide el voto en el PAN. “¿Y todo para sumar a la pobre candidatura de José Antonio Meade?”.

El exjefe de Gobierno capitalino, Alejandro Encinas, afirmó en su cuenta de Twitter:

“Marichuy recolectó firmas honestamente y no obtuvo la candidatura. Bronco hizo trampas para recolectarlas y el TEPJF se las va a validar. La moraleja es funesta: violen la ley, que es más rentable que cumplirla”.

La analista política Denise Dresser afirmó, en su cuenta de la misma red social, generando más de 2 mil 600 réplicas:

“Con la decisión de incluir al Bronco en la boleta, el TEPJF se dispara en el pie, manda al diablo a las instituciones, avala las transas y demuestra su subyugación al PRI. Cree que todo contribuye a dispersar el voto opositor cuando lo único que logra es acabar con su credibilidad”.

En un tono similar, el sociólogo Raúl Trejo Delarbre sentenció en Twitter:

“Varios indignados tuiteros me dicen que la decisión del Tribunal Electoral manda al diablo a las instituciones. No tengo argumentos para desmentirlos”.

En la hora del repudio al Tribunal, a no pocos usuarios de las redes sociales les pareció más que una “casualidad” que el Broncazo coincidió con el cónclave en la casa del expresidente Carlos Salinas de Gortari, con el pretexto de celebrar sus 70 años. Los analistas de la situación en Nuevo León son muy claros: Jaime Rodríguez fue el “último producto” del salinismo para despertar confusión en los votantes.

La SCJN coarta libertades y pavimenta naufragios

Mauro González Luna
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En las cumbres del pensamiento hay centinelas del espíritu que divisan desde lo alto el porvenir de la historia, del derecho, de los destinos humanos. Los mortales comunes lo ven, por regla, desde sus cortas narices, con excepción de aquella célebre de Góngora por su dilatado tamaño, tan celebrada por el ingenio de Francisco de Quevedo y Villegas.

Karl Jaspers fue uno de esos centinelas como filósofo y psiquiatra. Profesor de filosofía y directivo de la legendaria Universidad de Heidelberg antes del triunfo del terror hitleriano, enemigo declarado del nazismo, influyó grandemente en las ideas de Gadamer y Paul Recoeur, entre otros. Fue uno de los restauradores de la conciencia democrática en la Alemania humeante de la postguerra.

Alerta Jaspers a los países y a sus pueblos en varias de sus obras clarividentes del peligro siempre latente, aun en las democracias consolidadas, del resurgimiento de la mueca política de rasgos totalitarios. Recomienda él que, al menor indicio de esa mueca aterradora, deben los pueblos ponerse en guardia de inmediato, so pena de que después sea demasiado tarde para la defensa del derecho. Dice él que cuando el sentido de la libertad mengua y la persona abandona sus más altas responsabilidades, entonces, en aras de su seguridad, sobreviene la crisis de la capitulación vergonzosa de las personas y su decoro.

También Ortega y Gasset, con su mirada poderosa de larguísimo alcance, advirtió sobre la posibilidad del “reinado de la cobardía” en la época contemporánea: es cuando el hombre amilanado, incapaz de enfrentarse al destino con valor, con el propio pecho, busca con “tierna mirada de can al amo”, al capataz que le brinde seguridad en medio del naufragio y del miedo. Ello equivale a la derrota de la libertad, es decir, a la humillación de lo más esencial del ser humano.

Naufraga entonces lo de verdad humano y surge la “paz segura” del establo. Es cuando casi todos los cuellos se inclinan ante el poder, es cuando se olvida que la felicidad está en la libertad, en el exigirse mucho a sí mismo, en la práctica de la virtud tan antigua y tan nueva de nuestros maestros griegos y cristianos, exaltada en el panteón del Cerámico por el orador sin par, y por los heraldos de siempre del Nazareno de 33 años.

Hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJNC) validó “constitucionalmente”, a la mexicana, la facultad de las policías de llevar a cabo inspecciones en personas y vehículos sin orden judicial o ministerial, en los casos de lo que ambiguamente llaman “sospecha razonada”, en adición a los supuestos de flagrancia y en ataque al núcleo sagrado de la intimidad personal, de la privacidad tan cara a las almas nobles. Esta validación equivale a un vaciamiento del genuino derecho penal que sanciona hechos, conductas punibles en salvaguarda de valores estimados como superiores por la sociedad, y no al sujeto al que se prejuzga de sospechoso por motivos de índole meramente subjetivos: económicos, raciales, políticos, religiosos y un amenazante etcétera.

De nuevo se transita del camino de la civilidad constitucional que parte de la persona y su intangible dignidad –fundante del principio de la presunción de inocencia, eje del proceso penal democrático– al laberíntico callejón del “derecho” penal del enemigo, de la venganza preventiva que ve en todo ser humano, sobre todo del humilde, del indefenso, del crítico, un enemigo potencial del poderoso en turno, un culpable presunto que no es considerado persona con derechos, sino enemigo del sistema, objeto desechable de intimidación siempre latente.

El derecho penal del enemigo es un arma del neoliberalismo. Las raíces de aquél calan en Hobbes, defensor del despotismo; Hegel, Carl Schmitt, jurista del nacionalsocialismo, y actualmente en Wünther Jakobs, ideólogo de tal pseudo doctrina penal, enemiga del derecho penal, como juristas honorables lo han señalado. Su falsa base está en Hegel, en que lo real es racional, es decir, en que si algo funciona es legítimo al margen de su rectitud, de su verdad; ejemplos de tal eficacia: la esclavitud, la tortura, la privación de derechos fundamentales para asegurar la tranquilidad del establo, etc.

La Corte, con tal decisión contraria a la razón que se funda en la esencia y finalidad intrínseca de las cosas y no en lo fáctico-descriptivo de las mismas, trastocó la naturaleza del derecho penal al convertirlo, con fines de eficacia desnuda de justicia, en secuela del derecho penal del enemigo. Éste, como bien dice el jurista L. Ferrajoli, campeón del garantismo constitucional, es todo menos derecho penal, al perturbadoramente transformarse en instrumento de propósitos políticos. La “explicación” a posteriori que dio la Corte sobre el alcance de tal resolución ante las críticas inmediatas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no salva el grave problema de violación de derechos humanos, ya que la inspección en todo caso se basará en la “sospecha razonada”, que equivale a prejuzgar al sujeto de forma subjetiva.

“Explica” la Corte que solamente procede la revisión en caso de que haya una denuncia formal, entonces lo lógico en tal supuesto sería solicitar la orden judicial para llevar a cabo la inspección y así evitar la subjetividad del criterio injusto de la sospecha razonada; pero además dice que aun procede la inspección con base en la sospecha tratándose de ¡denuncias informales! Con la libertad no se juega señores.

Dicha resolución es presagio de lo que pronto vendrá muy probablemente: la legitimación por parte de tal tribunal de la Ley de Seguridad Interior, cuyo fin es mantener la hegemonía del sistema. Ley que al aplicarse echaría los cimientos de lo que llama Ferrajoli el “imperio del miedo”, a menos que lo impidan las fuerzas del espíritu.

México debe despertar de su letargo ante las amenazas a su libertad, de su inconciencia constitucional. Muy entretenido en el circo en que está convertida la contienda electoral, carente de grandeza en general, insubstancial y tantas veces frívola, en un momento crítico, de suma gravedad. En este trance de libertad o barbarie, es alentador que las páginas de Proceso vayan a la vanguardia en la empresa de sacudir letargos y conciencias.

En lugar de atacarse mutuamente los candidatos de la oposición real, facilitando el trabajo a los oficialistas que agreden mediáticamente a ambos –aunque al del Frente con especial saña por ahora–, el momento de crisis les demanda: elevar la mira, armarse de sensatez, olvidar agravios reales o imaginados que pasan a ser secundarios dada la emergencia nacional y conciliar esfuerzos contra el conocido maniobrar electoral, con el fin de evitarlo a toda costa con las herramientas del juego limpio. De otra manera todos perderán. Aún es el tiempo de la osada y eficaz generosidad.

La lucha contra las Zonas Económicas Especiales apenas comienza

Alberto Colin Huizar

De vestimenta impecable, reloj de lujo, traje de importación y corbata azul finamente planchada, Gerardo Gutiérrez Candiani, empresario oaxaqueño titular de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), se dispuso a conversar en televisión (canal once) con Ezra Shabot [1] sobre su vida empresarial, las reformas y el futuro del capital privado en México. No es la primera vez que lo hace. Acostumbrado a emitir mensajes en video, se propuso mostrar la potencia de los empresarios a la hora de construir políticas. Como si fuera parte del 1% del arriba que lo domina todo, planteó su gran proyecto de ZEE como el “ejemplo del desarrollo”. En su imagen idílica del país como tablero de apuestas y jugando a ser dios, intenta imponer su idea de que los campesinos e indígenas son como sujetos del videojuego de estrategia Age of Empires y se les puede dar la orden de trabajar o morir en el momento que se requiera. Este es el ideal de los empresarios, los cuales ven en las ZEE la mayor apuesta del sexenio.

En un texto anterior [2], señalé algunas ideas clave para entender qué son y cómo están operando los procesos de despojo territorial a partir de la implementación de las ZEE en el sur de México. Ahora me propongo examinar algunos artículos fundamentales contenidos en la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y mostrar el avance de la maquinaria extractiva bajo el ensamble capital-Estado que sobrepone la movilidad de los negocios aprovechando el desastre social provocado por los fenómenos naturales (en el caso de Oaxaca) y la violencia totalitaria (en el caso de Veracruz).

Legislar para el despojo

Considero que al menos cuatro artículos de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales son fundamentales para entender la estrategia de despojo de la tierra y el territorio. El artículo 3ro explica cada procedimiento y etapa del proceso de implementación de las ZEE, desde las tareas del administrador integral hasta la definición de la zona. De manera ambigua, expone un plan de desarrollo con carácter ilimitado, lo cual permite la proliferación de megaproyectos que acompañen la creación de la ZEE aprovechando la infraestructura para movilizar recursos energéticos, como el agua o la electricidad para la operación de proyectos mineros o de hidrocarburos. Además, no se señala una delimitación geográfica para la zona, por lo que los polígonos territoriales que componen las ZEE, pueden modificarse de su plan inicial y tener afectaciones sobre otros pueblos más alejados de la zona de influencia, con lo que peligra el territorio de otros pueblos que no se hayan considerado afectados por la implementación de las ZEE y los cuales también corren el riesgo de perder su autonomía y modos de organización y distribución de la tierra, factor principal que está en juego.

El artículo 30 menciona que el establecimiento, mantenimiento y desarrollo de una ZEE, se considerará causa de utilidad pública, lo cual permitiría la aplicación de medidas previstas en la Ley de Expropiación para proveer de bienes y servicios utilizados para las actividades económicas relacionadas con las ZEE. Esto quiere decir que bajo el eufemismo de utilidad pública, se planea la obtención de tierras bajo la expropiación, ya que la mayoría de los terrenos donde se planea posicionar las ZEE son municipios establecidos bajo criterios de propiedad privada, por lo que el Estado tiene que adquirir esos terrenos de alguna forma (comprando o expropiando). Por esta razón, las leyes instruyen una planeación que permita obtener las dimensiones de territorio que necesita para la implementación sin que le cueste dinero, con lo que cierran jurídicamente las posibilidades de los pueblos para ampararse ante políticas de aprovechamiento de la tierra tan intensas como las del proyecto de ZEE.

En concordancia con lo anterior, el articulo 32 plantea que las tierras o inmuebles requeridos por las ZEE se pagarán de acuerdo a lo que dictaminen las “instituciones de crédito del país que se encuentren autorizadas, corredores públicos o especialistas en materia de evaluación con cédula profesional expedida por autoridad competente”. Esto quiere decir que el mismo aparato estatal en contubernio con los empresarios del sector privado, definirán el precio de las tierras a partir de criterios propios, elaborados por estudios financieros encargados a modo. Esto permite poner precios muy bajos a las tierras, en casos donde no pueda aplicarse la expropiación. Sin duda, los inversionistas recurrirán a este método institucional para despojar a los campesinos de numerosas hectáreas de tierra pagando una miseria por grandes extensiones de tierra utilizadas para el ramo de la agroindustria.

Y para aumentar nuestra preocupación, el artículo 33, en su inciso once, habla literalmente sobre el control y reordenamiento territorial, que a la letra dice: “operar los servicios de vigilancia y control de accesos y tránsito de personas y bienes en la Zona, de conformidad con lo previsto en las reglas de operación de la misma, sin perjuicio de las disposiciones jurídicas aplicables y las atribuciones de las autoridades competentes”. Este apartado es de los más peligrosos, porque pone al descubierto el control policiaco-militar alrededor de las ZEE, lo que permitiría a los cuerpos de vigilancia (que pueden ser empresas privadas de un tipo similar al Cuerpo de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México –Cusaem-) controlar el territorio, evitar la entrada de ciertas personas (violando derechos elementales), reprimir a los que intenten protestar o hacer bloqueos y sobre todo, militarizar las zonas de conflicto donde el Estado ha podido mapear movimientos de resistencia a los proyectos de muerte (como les llaman los pueblos agrupados en el Congreso Nacional Indígena). Este apartado de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales se articula con la iniciativa militar conocida como Ley de Seguridad Interior, actualmente en discusión ante las cámaras de diputados y senadores, luego de pasar 3 meses en la congeladora legislativa debido a las numerosas críticas.

Oaxaca ante el asedio empresarial

En el estado de Oaxaca las cosas no van a mejorar para los pueblos luego del sismo. En el contexto del pos-terremoto, el empresario Candiani, en compañía de toda una camada de cleptobarones, como les llamo Carlos Fazio [3], declaró que urgía “acelerar el paso de las ZEE en Oaxaca y Chiapas” para “hacer algo extraordinario para el sur sureste de México” [4]. En Oaxaca por ejemplo, el terremoto “afectó a 120 mil personas en 41 municipios, así como 60 mil 600 viviendas- de las cuales 20 mil 664 tuvieron daño total y 39 mil 956 daño parcial. Su infraestructura, redes de agua potable, de drenaje están dañadas. La economía local está golpeada” [5]. Aprovechando la destrucción de la infraestructura básica de miles de familias, los cleptobarones se pusieron el saco de la solidaridad y la humildad, escondiendo sus reales intenciones de hacer negocio con la desgracia de los pueblos.

En este contexto, la autoridad federal aseguró que “no hay nada que detenga la instalación de las Zonas Económicas Especiales en Salina Cruz”, y agrego que “antes de que concluya el año” se emitirá el decreto de instalación del megaproyecto [6] acompañada de la plaza comercial más grande la región: “plaza metropolitana”, con una inversión de 420 millones de pesos en una área de 15 mil metros. Los empresarios calcularon que a finales de diciembre quedará establecida la ZEE en Oaxaca y explicaron que el retraso tuvo su origen en la “donación” de la tierra, ya que la realizada en un primer momento “no contaba con la vocación” de uso industrial ni era lo suficientemente amplia. Por esta razón, las comunidades afectadas que necesitan reorganizar su vida de manera autónoma tras el sismo, quedaron en segundo plano. Mejor dicho, se convirtieron en el pretexto para renegociar la tierra y, aprovechando el caos, los empresarios gestionaron la “donación” de terrenos para proyectos del ramo energético, como sucede en el Istmo de Tehuantepec, una de las zonas más dañadas por el terremoto.

La buena noticia es que el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios está bien consciente de lo que representa este avance voraz del capital, por lo que están dispuestos a defender la vida tejidos a la Madre Tierra [7]. Por su parte, las mujeres zapotecas organizadas en el municipio de Ixtepec, también son conscientes de los ataques que vienen, pues su lucha “no es por una hectárea, ni diez y tampoco cien, son 8 mil 150 hectáreas que el gobierno federal de Felipe Calderón concesionó a las empresas mineras Plata Real -filial de la estadounidense Sunshine Mining and Refining-; y a la japonesa Dowa, como parte del corredor minero de las Zonas Económicas Especiales (ZEE)” [8]. Dicho corredor también afectaría a los municipios de Lachiguiri, Laollaga, Tapanatepec, Zanatepec y San Miguel Chimalapa. La resistencia se va construyendo poco a poco en frentes comunes por la dignidad y la vida.

En Veracruz continúa el terror

Para el caso de Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz, es innegable el rol que está jugando la violencia a partir del terror infundido por grupos delincuenciales al servicio del Estado que legitiman políticas de militarización. Actualmente la región petroquímica padece una economía a la baja, con una tasa de desempleo del 40% y sumergida en “un problema de inseguridad muy grande”, como aceptó el alcalde Joaquín Caballero [9]. En ese contexto, a finales de septiembre, el presidente Peña Nieto decretó la ZEE de Coatzacoalcos con una extensión de más ocho mil hectáreas. Luego de este evento, el gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes, se reunió en la Ciudad de México con Gutiérrez Candiani, mandos policiaco-militares y representantes de las 50 empresas globales con más inversión en México. Ahí les invitó a invertir en materia de seguridad como un punto principal. Inversiones en seguridad que radican en la compra de equipamiento para los cuerpos policiacos (patrullas, armas, chalecos), tecnología de espionaje, cámaras de video-vigilancia y reforzamiento del C-4 en Veracruz-Boca del río [10].

La ZEE de Coatzacoalcos se compone de un polígono de producción enfocado a las actividades petroquímicas, petroleras, procesamiento de plásticos y agroindustrias. Son estas áreas las que han atraído a los inversionistas chinos, quienes acudieron en octubre pasado para firmar convenios para la creación de una empresa productora de juguetes de plástico que ofrecería alrededor de 5 mil empleos. También los empresarios mexicanos integrados en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) se vieron interesados en invertir en la zona costera, con un plan de producción en base a maquilas y una serie de empresas enfocadas en la proveeduría para la distribución de múltiples mercancías en el traslado global [11].

A pesar de tan sonadas promesas de seguridad y empleo, la población de esta sureña región, se mantiene con muchas reservas en cuanto a los beneficios del proyecto de ZEE. Las ejecuciones, los secuestros y los feminicidios no dejan de resonar en los periódicos locales, quienes se enfocan en tomar nota de los muertos de los que nadie más se ocupa. Autoridades locales, pequeños empresarios, trabajadores, amas de casa, estudiantes, nadie se salva. Los Zetas, grupo criminal que opera en la zona, ha impuesto toques de queda implícitos ante el amparo de las instituciones locales. La presión de los sicarios es tan fuerte que no hay señales de acción colectiva por parte de los vecinos. Esta condición de opresión le sirve al ensamble capital-Estado.

En otros municipios de la entidad se han organizado algunas acciones de protesta para exigir el cese a la violencia, como por ejemplo en el puerto de Veracruz, donde en octubre pasado fue torturado y ejecutado el neurocirujano David Casanova, crimen que causó la indignación a nivel estatal, provocando que los médicos y vecinos realizarán una movilización por las calles del puerto hasta el zócalo municipal con la exigencia de justicia [12]. Sin embargo, en Coatzacoalcos la violencia no ha detonado grandes acciones colectivas. En este escenario podemos observar que la violencia del narco desbarata las relaciones interpersonales, fragmenta la colectividad y sitúa en la desconfianza a los sujetos. En ese complejo terreno es fundamental restablecer el tejido social, vernos los rostros, platicar nuestras preocupaciones y encontrar rutas probables para la defensa colectiva.

Combatir un proyecto global

Las ZEE, también llamadas zonas francas o zonas libres no son procesos económicos aislados. Desde hace tiempo se vienen replicando como proyectos del capital global instalados en países concretos con el apoyo del imperialismo estadounidense y el Banco Mundial. La experiencia de varios países como Mauritania en el continente Africano, Honduras en Centroamérica, Blangladesh en Asia e Irlanda en el norte de Europa, demuestran la potencia del proyecto para posicionarse en todo el planeta de manera estratégica [13]. Aunque la información al respecto es escasa, en el caso de Honduras la experiencia fue desastrosa, militarizando pueblos y llevando a la gente a una explotación sin precedentes. En esta experiencia, los ganadores en inversión fueron Canadá (ocupando el 28% de la inversión total) y Estados Unidos (con el 48%).

La resaca de las ZEE en Centroamérica dejó un desgaste económico referente a la mano de obra de los hondureños, generando una masiva fuga de capital, lo que provocó sueldos muy pobres que no significaron una opción de vida para los habitantes de la zona de influencia. De ahí que se profundizará el éxodo de migración hacia los Estados Unidos. Además, se aceleraron distintos megaproyectos que atentaban contra bosques y ríos, los cuales eran usados como fuentes de producción para el sector energético, lo que desató una serie de conflictos socioambientales teniendo como principales actores de oposición a las organizaciones indígenas. En este caso, la articulación de los megaproyectos se acompañó de una fuerte militarización y proliferación de grupos paramilitares en los territorios, lo que impulsó la criminalización contra los movimientos opositores al “progreso”, convirtiendo a Honduras en el país más peligroso del mundo para lxs defensores ambientales, según el informe del observatorio internacional Global Witness [14].

Resistir frente al despojo

Derivado de este escenario, hace varios años que Pablo González Casanova ha venido afirmando en textos y discursos públicos, que hoy vivimos una recolonización de los pueblos mediante los megaproyectos extractivos que operan ”a través de la ocupación integral  de nuestros países, estructurada en el ámbito nacional mediante reformas constitucionales y legales, y a través de disposiciones de hecho, realizadas todas ellas sin consultar a la sociedad” [15], las cuales están generando nuevos procesos de dominación global. En el fondo de estos procesos, el plan es imponer “una guerra sin precedentes que renueve el crecimiento y simultáneamente elimine los excedentes de capital y trabajo mientras se apropia de recursos y territorios escasos. Producción, consumo y exterminio simultáneos” [16], como bien señala el activista colombiano Manuel Rozental.

La salida a estos proyectos extractivos no la podemos encontrar en el cambio de gobierno del próximo 2018, ni aunque se disfrace de gatopardismo. Los empresarios han aprendido que para que sus negocios surtan efecto, tienen que pensar transexenalmente, legislar con alevosía y ventaja y construir el andamiaje institucional que les permita imponer sus proyectos de muerte. Desde este análisis, es posible entender por qué una iniciativa de ley, como la Ley de Seguridad Interior se encuentre en vías de aprobación en los espacios de poder político. Los mandos militares, al servicio de intereses globales, están dispuestos a iniciar un Estado de excepción permanente (con el respaldo de la Iniciativa Mérida), donde el ejército ocupe las calles y realice labores de seguridad pública con la misión concreta de abatir a todo aquel grupo social que atente contra la “seguridad interior”, en una clara violación a los derechos elementales como seres humanos. Para ser claros, no es coincidencia que las ZEE se acompañen de leyes en materia de seguridad. El despojo encuentra en la violencia y el sometimiento físico su mejor método para doblegar al enemigo.

Necesitamos ser muy astutos desde abajo, para poder entender que planean los de arriba. El primer paso es aceptar que vivimos en guerra, estudiar las estrategias de los poderosos y desde ahí pensar/actuar para construir nuestras acciones colectivas con las cuales podamos enfrentarnos a la hidra. Como suele decir Marichuy, la vocera del Concejo Indígena de Gobierno: hay que organizarnos para enfrentar la guerra todxs juntxs.

Referencias:
[1] Línea directa. Entrevista de Ezra Shabot con Gerardo Gutiérrez Candiani. Disponible en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=siDFjLjIYhk
[2]Véase mi artículo previo, “El extractivismo de las Zonas Económicas Especiales”, en Regeneración Radio. Disponible en: http://regeneracionradio.org/index.php/represion/despojo/item/4822-extractivismo-zonas-economicas-especiales
[3] Fazio, Carlos (2017), “El reality show para jodidos y los cleptobarones depredadores I”, en La Jornada. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2017/10/09/opinion/023a1pol
[4] “Tras sismo urge acelerar el paso de las ZEE en Oaxaca y Chiapas: Gutiérrez”, en NVI noticias. Disponible en: http://www.nvinoticias.com/nota/70504/tras-sismo-urge-acelerar-el-paso-en-las-zee-en-oaxaca-y-chiapas-gutierrez
[5] “Se aplica doctrina del shock tras terremoto en Oaxaca”, en Avispa Midia. Disponible en: http://avispa.org/mexico-se-aplica-doctrina-del-shock-tras-terremoto-en-oaxaca/
[6] “Salina Cruz será ZEE antes de que concluya el año: Gutiérrez Candiani”, en NVI noticias. Disponible en: http://www.nvinoticias.com/nota/74732/salina-cruz-sera-zee-antes-de-que-termine-el-ano-gutierrez-candiani
[7] Véase el comunicado completo en: http://avispa.org/19412/
[8] “Por el derecho a la vida, mujeres zapotecas resisten frente a las Zonas Económicas Especiales”, en Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL). Disponible en: https://www.ocmal.org/por-el-derecho-a-la-vida-mujeres-zapotecas-resisten-frente-a-las-zonas-economicas-especiales/
[9] “Roba Peña Nieto reflectores a Yunes; decreto de ZEE se hará en Chiapas”, en La Jornada Veracruz. Disponible en: http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=170928_073540_763
[10] “Interesa a empresarios invertir en Zona Económica Especial de Veracruz”, en Am de Querétaro. Disponible en: http://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2017/09/27/interesa-a-empresarios-invertir-en-zona-economica-especial-de-veracruz
[11] “Empresarios visitan la región sur por interés en ZEE; habría 5 mil empleos”, en La Jornada Veracruz. Disponible en: http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=171030_085016_630
[12] “Asesinato de neurocirujano causa indignación en Veracruz; médicos exigen justicia”, en Revista Proceso. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/509160/asesinato-neurocirujano-causa-indignacion-en-veracruz-medicos-exigen-justicia
[13] “Zonas Económicas Especiales en México” (2016), Documento de trabajo Núm. 224, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), Cámara de diputados. Disponible en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Estudios-e-Investigaciones/Documentos-de-Trabajo/Num.-224-Zonas-Economicas-Especiales-en-Mexico
[14] “Honduras: el lugar más peligroso para defender el planeta” (2017), en Informe Global Witness. Disponible en: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/honduras-el-pa%C3%ADs-m%C3%A1s-peligroso-del-mundo-para-el-activismo-ambiental/
[15] López y Rivas, Gilberto (2013), “La recolonización de los territorios en la globalización neoliberal”, en el Volcán Insurgente. Corriente crítica de los trabajadores de la cultura. Disponible en: http://www.enelvolcan.com/jun2013/262-la-recolonizacion-de-los-territorios-en-la-globalizacion-neoliberal
[16] Rozental, Manuel (2017), “Prefacio. ¿Cómo dejamos de hacer su historia con nuestras rebeldías? El desafío que nos reitera Vilma Almendra”, en Almendra, Vilma, Entre la emancipación y la captura. Memorias y caminos desde la lucha Nasa en Colombia, México, Pueblos en Camino, Grietas Editores, Pensaré Cartoneras, En cortito que´s pa´largo. Disponible en: http://pueblosencamino.org/?p=4495