La lucha de clases no ha terminado: regresarán las rebeliones

Marcelo Colussi

La humanidad sigue debatiéndose entre explotados y explotadores. El capitalismo, sin aparente rival en el mundo, se ensaña con los seres humanos, los recursos naturales y el planeta mismo. La discusión se ha centrado en la pertinencia o no de la existencia del Estado, cuando debería centrarse en el hecho más trascendental e incontrovertible del devenir histórico-social del homo sapiens: la lucha de clases

“Defiendo la construcción del Estado como uno de los asuntos de mayor importancia para la comunidad mundial, dado que los Estados débiles o fracasados causan buena parte de los problemas más graves a los que se enfrenta el mundo: la pobreza, el sida, las drogas o el terrorismo”. Esta idea jamás podríamos asociarla al pensamiento neoliberal, que se caracteriza por una apología de la libre empresa y de la reducción del Estado.

Pero curiosamente es lo que dice Francis Fukuyama en su libro Construcción del Estado: gobierno y orden mundial en el siglo XXI, del 2004.

Funcionario del gobierno estadunidense, Fukuyama se hizo famoso cuando en 1992 (acompañando la desintegración de la Unión Soviética y la caída del campo socialista de Europa del Este) pronunció el grito triunfal en su libro El fin de la historia y el último hombre: “la historia ha terminado”.

Pero, en realidad, lo dicho por él ni es un pensamiento profundo ni encierra verdad alguna. La historia no había terminado. ¿A quién se le podría ocurrir tamaño dislate? Es más que obvio que se trata de una visceral manifestación ideológica, un grito de fanático atolondrado más que una serena reflexión de un acendrado académico.

A inicios de la década de 1990, caído el muro de Berlín y derrumbado el campo socialista europeo, el capitalismo se sintió exultante, triunfal. Todo parecía indicar que la economía planificada no llevaba a ningún lado, y que el mercado se imponía como modelo único e inevitable. Coadyuvaba a esta visión la idea de democracias parlamentarias más “civilizadas”, con más respuestas a los problemas sociales que las “dictaduras” del proletariado de partido único.

La misma población rumana, por ejemplo, se encargó de fusilar a un Ceaucescu con la misma saña que lo hicieran anteriormente los italianos con Mussolini. La derrota del experimento socialista, al menos la “presentada” por la prensa capitalista, parecía total.

Fue tan grande el golpe –y, en buena medida, el golpe mediático que el capital supo implementar al respecto– que el discurso dominante inundó toda la discusión. La izquierda misma quedó perpleja, sin argumentos. Parecía cierto que la historia nos dejaba sin respuesta. Pero la historia no había terminado. ¿Puede terminar acaso? ¿De dónde saldría esa monumental tontería?

El término “globalización” se adueñó de los espacios mediáticos y el ámbito académico, pasando a ser sinónimo de progreso, proceso irreversible, triunfo del capital sobre el “anticuado” comunismo que moría. Y nos lo hicieron creer. La siempre mal definida globalización pasó a ser el nuevo dios y, según se nos dijo –Fukuyama fue uno de sus principales difusores–, ésta traería desarrollo y prosperidad para todo el planeta. La historia había terminado (mejor dicho: el socialismo había terminado), y el término que lo expresaba con “elegancia” –por no decir con refinado sadismo– era globalización. No se podía estar contra ella.

Levantar los “viejos”, “anticuados”, “antediluvianos” planteos del socialismo, del “defenestrado” marxismo, condenaba al ostracismo. Eran sólo quimeras de nostálgicos trasnochados. Ése fue el discurso dominante que buena parte de la izquierda terminó aceptando.

A tal grado que, en muy buena medida, esa izquierda fue cooptada por la ideología del posibilismo, de la resignación. De ahí que, ante tanto golpe recibido, algunos años después la aparición de izquierdas  (encabezadas en muy buena medida por Hugo Chávez en Venezuela con la propuesta de un renovado socialismo del siglo XXI –nunca definido hasta hoy– encendieran tantas esperanzas.

Para la década de 1990 del pasado siglo, el optimismo triunfalista del neoliberalismo en boga campeaba sobre el mundo. Después de las “fracasadas” experiencias socialistas –habría que discutir más eso del “fracaso”– o, mejor dicho, después de la presentación mediática, que hacía al capitalismo victorioso de los acontecimientos que marcan estos años, no parecía quedar mayor espacio para las alternativas.

Con fuerza irrefrenable, las políticas neoliberales barrieron el planeta. Según nos aseguraban sus mentores, por fuerza traerían la paz y la felicidad. Se quitaban así del medio, de un plumazo, los inconmensurables logros derivados de todas esas experiencias socialistas, en cualquiera de sus expresiones: en la Rusia bolchevique, en la China con Mao Tse Tung, en la Cuba revolucionaria, en Vietnam, en la Nicaragua sandinista.

En todas esas experiencias, no hay que olvidarlo nunca, se terminó con el hambre, con la desnutrición crónica, con el analfabetismo, con la exclusión de los por siempre excluidos. En todas esas experiencias –no hay que olvidarlo jamás– el poder popular fue un hecho, las mujeres mejoraron sustancialmente su condición de eternas oprimidas, no hubo niños de la calle, el deporte y la cultura pasaron a ser política de Estado, y los logros científicos (Premios Nobel a granel) brillaron rutilantes.

Ningún país que fue intervenido con planes neoliberales (léase: capitalismo despiadado sin anestesia) logró algo de esto; por el contrario, en todos ellos (tanto en el opulento primer mundo como entre los pobres del Sur) creció alarmantemente la pobreza, aunque hubiera supermercados abarrotados de productos maquilados en el Tercer Mundo.

Pero hoy, 2 décadas y media después del grito de guerra proferido por Fukuyama y respaldado por el “No hay alternativas” de la dama de hierro, Margaret Tatcher, la realidad nos muestra una cara bastante distinta a la paz y felicidad planetarias. El capitalismo creció, sin duda, pero a condición de seguir generando más pobreza y devastando el planeta. La riqueza se reparte cada vez en forma más desigual, con lo que puede decirse que, si algo creció, es la injusticia. Y las guerras no sólo no han desaparecido sino que pasaron a ser un elemento vital en la economía global.

De hecho, en la dinámica de la principal potencia –Estados Unidos– son su verdadero motor: ocupan alrededor de un cuarto de todo su potencial y definen su estrategia política, tanto en el plano interno como internacional.

Peor aún: las estrategias bélicas siguen dominando el panorama político mundial, con la posibilidad de un enfrentamiento con armas nucleares como una circunstancia real, lo que suscitaría la peor tragedia para la humanidad.

Por tanto: la historia no había terminado. ¿Podemos quedar impasibles ante tamaña estupidez intelectual? ¿No debemos reaccionar ante la fanfarronería académica y levantar nuestra voz? La historia sigue, y aunque la escriban quienes la ganan, ahí está devorando seres humanos, cambiando, transformándose continuamente, haciéndonos ver que, junto a la “oficial”, hay otra historia: la verdadera.

Después de algunos primeros años de impactante conmoción, tanto el campo popular como el análisis objetivo de los hechos fue emergiendo del estado de shock, y se hizo evidente que el momento de euforia de los grandes capitales era un triunfo coyuntural, pero no más que eso: un triunfo puntual (una batalla) en una larga historia que sigue su curso. ¿Por qué iba a terminar la historia?

“Siéntate al lado del río a ver pasar el cadáver de tu enemigo”, señaló hace 2 mil 500 años el sabio chino Sun Tzu en el Arte de la Guerra. Al parecer, él entendió mejor el sentido de la historia que ese moderno oriental americanizado, Fukuyama. La historia no termina.

Tras los desastres que ocasionó el retiro del Estado en la dinámica económico-social de tantos países –siguiendo las recetas impuestas, por supuesto de los organismos financieros internacionales de Bretton Woods (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial)–, en esta ola neoliberal absoluta también hay gente pensante que reacciona. Este desastre –con éxodos imparables de inmigrantes desde el Sur hacia el Norte, niveles de violencia creciente y brotes desesperados de terrorismo– torna el mundo cada vez más problemático, más invivible. Y ahí aparece nuevamente Francis Fukuyama.

En realidad en el libro de 2004 citado inicialmente, Fukuyama no se desdice radicalmente de lo dicho años atrás, pero lo matiza, lo cual, en otros términos, no es sino expresión de una inconsistencia intelectual enorme. Un grito de guerra no es teoría. Y lo que años atrás se nos presentó como formulación seria y sesuda –que la historia había terminado– no pasa del nivel de pasquín barato de pueblito de provincia, mal redactado y peor pensado.

No hay en juego ningún concepto riguroso: sólo fanfarronería ideológica. Si luego Fukuyama debió apelar a esta revalorización del papel del Estado es lisa y llanamente porque la historia le demostró la inconsistencia del show propagandístico lanzado años atrás.

Además, pone el acento en el Estado, y no en las relaciones estructurales que en él se expresan. El problema no consiste en si el Estado debe ser fuerte o débil: el problema sigue siendo las luchas de clases, la estructura real de la sociedad, de la cual el Estado es expresión. ¿Acaso terminaron las luchas de clases? Si así fuera, ¿por qué los centros de poder siguen almacenando armas y denostando al marxismo como su peor enemigo?

La historia no ha terminado porque la matriz misma del ser humano es eso: la historia, el devenir, el fluir. Ser y tiempo (historia), dijo Heiddeger. “No podemos bañarnos dos veces en un mismo río”, sentenció Heráclito de Efeso hace 2 milenios y medio en la Grecia clásica. No se equivocaba: la historia pasa, fluye, no se detiene.

El capitalismo –exultante, victorioso, lleno de glamour y de gloria en la actualidad, pero que hace agua por doquier– es solo un momento de esa historia. Nada es eterno. Sí hay alternativas, habría que responder. En tanto haya injusticias, habrá quien levante la voz y se oponga a ellas, aunque hoy día se amarre la protesta, se criminalice y se intente reemplazarla por espejitos de colores. Esa lucha interminable es nuestra historia como especie.

Adquisición telúrica de Monsanto por Bayer

El ocaso de los campesinos de Estados Unidos y el mundo

Alfredo Jalife-Rahme

La industria agrícola global sufre un giro telúrico de alcances geopolíticos cuando se han escenificado varias megafusiones a los dos lados del Atlántico-Norte, sumadas a la repentina aparición de China.

 

La adquisicíón de Monsanto, reina de los polémicos transgénicos, por Bayer, consagrada a la industria farmacéutica, sacudió al mundo agrícola.

Si para Hugh Grant, mandamás de Monsanto, la adquisición por Bayer es un matrimonio celestial, para los ambientalistas Amigos de la Tierra condensa un “matrimonio hecho en el infierno (https://goo.gl/Fznu06)”.

Werner Baumann (WB), el mero mero de Bayer, exulta que la mega-fusión creará un líder global en agricultura, ya que constituye el género de abordaje revolucionario (sic) en el sector que será necesario para alimentar al mundo, cuando se espera un crecimiento de 3 mil millones de personas en 2050 que habrá que alimentar.

Para WB no se trata de un recorte de costos, sino de crecimiento e innovación de dos empresas que son muy complementarias en términos de cobertura regional y productos de portafolios.

Mas allá de que Europa se opone a los transgénicos –no se diga del choque de dos culturas empresariales y alimentarias–, la amalgama de Monsanto y Bayer, los dos principales vendedores de cultivo de algodón en EU, oligopolizará 70 por ciento de los acres de cultivo.

Con una inocencia que no le queda, la británica BBC cuestiona: “¿Cuál es exactamente (sic) el interés del gigante Bayer en Monsanto, el mayor productor de semillas del mundo (https://goo.gl/n9JTpk)?”

Bayer no vende sólo aspirinas; sus actividades van desde la producción e investigación de medicinas hasta semillas, pesticidas, abonos e ingeniería genética. Del negocio de la compañía alemana, 49 por ciento procede del sector médico. Del resto, 26 por ciento corresponde a su división especializada en materiales científicos (llamada Covestro), y 22 por ciento a lo que la empresa denomina ciencia de los cultivos, según BBC.

Su interés en el negocio agrícola y su captura de Monsanto –cuya marca tendrá que ser borrada de la faz de la tierra por el rechazo de ambientalistas y consumidores europeos por su laxa producción de transgénicos– radica en posicionarse como líder agrícola global, ya que “la mitad del volumen de negocio del nuevo conglomerado –que será el mayor suministrador agrícola del mundo– estará relacionado con la agricultura”, a juicio de la BBC.

¿Cuál es la razón del giro brutal de Bayer de su principal enfoque farmacéutico?

Según el portal ruso Sputnik, “la compra de Monsanto se da en una época de reorganización en el sector agrícola mundial (https://goo.gl/NpXqmP)”.

En 1996 existían 600 empresas independientes de cultivo, cuya mayoría ha sido adquirida por seis grandes jugadores, tres de Estados Unidos (Monsanto, Dow Chemical y DuPont), dos de Alemania (Bayer y BASF) y uno de Suiza (Syngenta), que ahora controlan 63 por ciento del mercado global.

Las tres recientes grandes adquisiciones o megafusiones –las estadunidenses Dow Chemical y DuPont (130 mil millones de dólares); ChemChina y Syngenta (44 mil millones), y ahora Bayer/Monsanto (66 mil millones) “reducirá de seis a cuatro el número de jugadores globales en el sector agribusiness (https://goo.gl/NgTZ1n)”.

Llama la atención la quietud de la alemana BASF, que opera en más de 80 países con ingresos por 78 mil millones de dólares en 2015.

Nada nuevo bajo el sol agrícola cuando una de las tendencias inherentes a la globalización financiera es su oligopolización, cuando no su monopolización, como expuse desde hace 16 años en mi libro El lado oscuro de la globalización: post globalización y balcanización (https://goo.gl/JylqXV)”.

Es notorio el malestar de los medios anglosajones, como The New York Times y Financial Times, que ahora se propulsan como defensores de los agricultores y consumidores en Estados Unidos, cuando sus homólogos en el México neoliberal itamita, Latinoamérica, África y Asia nunca les importaron un comino (http://nyti.ms/2cITuKR).

Según The New York Times, las cuatro principales adquisiciones del agribusiness en el lapso de un año han creado la posibilidad de mayores costos para los agricultores, mientras Roger Johnson, presidente de la Unión Nacional de Agricultores de Estados Unidos, invoca en el desierto la amenaza a la seguridad nacional.

The New York Times mueve el tapete del muerto en pleno periodo electoral para impedir la adquisición alemana de Bayer, que ha capturado la atención de los legisladores y reguladores en Washington, ahora preocupados por sus regulaciones antitrust, que aplican en forma selectiva.

Por lo pronto, la implacable calificadora Fitch amenazó con degradar a Bayer, lo cual denota el malestar anglosajón.

La consolidación global, que tiende a un oligopolio de cuatro empresas –donde ha aparecido China, cuya estatal (¡ojo!) ChemChina adquirió a la suiza Syngenta–, se escenifica cuando los precios de los cultivos se han desplomado –en particular la soya y el maíz–, lo cual presagia el ocaso de los campesinos en el mundo, de por sí al borde de la extinción en países como el México neoliberal itamita, totalmente (des)integrado al esquema agrícola estadunidense.

El aniquilamiento en el México neoliberal itamita de sus miserables campesinos –25 por ciento de la población (¡31 millones!), más de la mitad inactiva–, con un salario de muerte de 60 dólares al mes (https://goo.gl/FSSlST), antecedió la agonía similar de los agricultores de Estados Unidos, quienes han emitido su canto de cisne por la venta de Monsanto, sin contar la futura robotización agrícola con la participación de drones (aviones automatizados).

Y eso que Estados Unidos, superpotencia agrícola cabal, subsidia generosamente su sector agrícola con 956 mil millones de dólares (https://goo.gl/q9e8rq), casi el PIB nominal de México. ¿Cómo competir?

WB, mandamás de Bayer, comentó que necesitan el consentimiento de 30 jurisdicciones y la aprobación de los reguladores de EU, Canadá, Brasil y la Unión Europea. Es curioso que WB que no haya citado a México.

Se da por descontado que la disfuncional Comisión Federal de Competencia (sic) Económica del México neoliberal itamita, franquicia del proyecto irredentista de Estados Unidos, obedecerá lo que ordene Washington.

Las muy bien lubricadas comisiones en el México neoliberal itamita –nidos parasitarios de su kakistocracia– nunca son escudriñadas por el Congreso ni por los ciudadanos, operan con opacidad, como la fracasada Comisión Nacional (sic) de Hidrocarburos, que encabeza el itamita Zepeda Molina, acoplada al entreguista Fondo Mexicano (sic) del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, donde destaca Federico Reyes-Heroles, que ni ha de saber de qué color es el oro negro que remata; ya no se diga el inolvidable SAM, que ni fue Sistema ni Alimentario ni Mexicano (https://goo.gl/9CqVy0) y que provocó una hambruna artificial en México, hoy totalmente capturado por los esquemas estadunidenses y, peor aún, arrumbado en la irrelevancia ante el giro telúrico de la oligopolización agrícola global.

Traición a la patria

Gilberto López y Rivas

En la Ciudad de México, siendo el día 15 del mes de septiembre de 2016, el suscrito comparece nuevamente ante las autoridades que correspondan y ante el pueblo de México, para exponer e interponer, con fundamento en lo establecido en los artículos 8 y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2º. fracción I, 113, 116, 118 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales, una ratificación y ampliación de denuncia de hechos por la posible comisión del delito de traición a la patria, tipificado en el artículo 123 del Código Penal Federal, contra Enrique Peña Nieto, sus funcionarios y quienes resulten responsables de anteriores gobiernos, por acción u omisión en el ejercicio de sus funciones en los actos que a continuación se describen:

1.- Alentar, permitir y coadyuvar para que un porcentaje considerable del territorio nacional sea entregado a corporaciones extranjeras mineras, en 70 por ciento canadienses, que contaminan aguas, flora y fauna y atentan gravemente contra la salud de los habitantes de su entorno, despojando en los hechos a los legítimos dueños de las tierras de propiedad ejidal, comunal y privada, mediante concesiones otorgadas a esas empresas, sin tomar en consideración que las mismas se encuentran protegidas por el artículo 27 de la Constitución. Otras corporaciones, como la Coca-Cola y cerveceras, al igual que las mineras, se han adueñado de numerosas fuentes de agua, privatizando este líquido vital en perjuicio de millones de mexicanos. Igualmente, enormes extensiones de litorales y playas, han sido adjudicados a corporaciones extranjeras. Estas acciones violentan gravemente la independencia, soberanía e integridad de la nación mexicana, al enajenar y gravar territorio nacional y sus recursos, y contribuir con ello a su desmembración.

2.- Ratificar y continuar cumpliendo lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio (TLC), la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan), y la Iniciativa Mérida, que dañan gravemente la soberanía económica y política de la nación, en beneficio del gobierno y las corporaciones de Estados Unidos, particularmente, sin que estos tratados y mecanismos injerencistas hayan sido sancionados por el Congreso de la Unión ni hayan sido consultados a la ciudadanía. Por medio de Aspan y la Iniciativa Mérida, impuestas por los gobiernos anteriores, y aceptados por el titular del Poder Ejecutivo federal en funciones, agentes de corporaciones militares, policiacas y de inteligencia extranjeros actúan en territorio nacional, algunos de ellos presuntamente armados; estos agentes realizan tareas de seguridad e inteligencia e interfieren y monitorean nuestras comunicaciones desde la Oficina Binacional de Inteligencia, con sede en la Ciudad de México, donde actúan la Agencia de Inteligencia Militar (DIA), la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y la Agencia Nacional de Seguridad Nacional, dependientes del Departamento de la Defensa de Estados Unidos. Asimismo, están presentes agentes de la Agencia Federal Antinarcóticos (DEA), la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que responden al Departamento de Justicia de ese país, y, claro, la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Estos organismos mantienen enlaces que consiguen información requerida por los extranjeros en todas las dependencias militares, de seguridad e inteligencia mexicanas, en una clara violación a la soberanía y a la seguridad nacionales.

Ya en 2007 emplazamos al entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, a responder sobre el hecho de que el gobierno de Estados Unidos contrató a la empresa Verint Technology Inc para intervenir todos los sistemas de comunicación de nuestro país, según el contrato 5-INLEC-07-M-0002, por un monto de 2 millones 963 mil 438 dólares. El anuncio del contrato que ganó la licitación fue publicado el 23 de febrero de 2007, en el sitio web de la administración pública estadunidense. De lo que se desprende que dicha empresa, u otra similar, continúa trabajando en el escrutinio de las comunicaciones de los ciudadanos, afectando las garantías individuales y, nuevamente, la soberanía nacional, sin que el gobierno actual haya dado cuenta de esta denuncia pública. En ese entonces planteamos estas interrogantes, hoy vigentes: ¿Quiénes deciden qué particulares, organizaciones u organismos deben ser vigilados? ¿Qué marco legal permite o no estas interferencias? ¿Quién clasifica la información y bajo qué criterios? ¿Qué organismo local o extranjero interpreta los datos obtenidos? ¿Es legal que un gobierno extranjero contrate una compañía también foránea para intervenir comunicaciones nacionales? ¿Qué opinan al respecto la CNDH, los integrantes del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes sin duda también serán intervenidos en sus comunicaciones, en razón de la seguridad nacional y lucha contra el terrorismo?

3.- Otro hecho que configura el delito de traición a la patria es la reforma energética que modificó los artículos 27 y 28 constitucionales, que ha profundizado la privatización de Pemex en beneficio de corporaciones extranjeras y firmas privadas de los allegados de Peña Nieto. Esta reforma constituye en los hechos un acto de desnacionalización del petróleo y su entrega a las grandes corporaciones estadunidenses, como Exxon, Mobil y Chevron, acorde con los documentados artículos de mi colega y experto en el tema John Saxe-Fernández (La Jornada, 25 de julio y 22 de agosto de 2013). Con la entrega de Pemex se complementó el ciclo de la ocupación integral del país que ha venido denunciando el grupo Paz con Democracia (La Jornada, 16/11/ 07).

4.- Recibir al candidato republicano Donald Trump en la residencia oficial de Los Pinos, quien es un abierto y autodeclarado enemigo de México y los mexicanos, suceso también censurable de traición nacional. Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente pido se sirvan: Único.- Tener por interpuesta la presente denuncia, solicitando a las autoridades competentes de los poderes Judicial y Legislativo, en virtud de su interposición, procedan a efectuar todas las diligencias pertinentes para que se acredite de manera fehaciente la responsabilidad de los acusados en el delito que se les imputa.

Ante el derrumbe, ¿qué México?

Jorge Carrillo Olea

Mi respeto a Carmen Aristegui.

Este escrito parte de una premisa: nuestro México, el de las actuales generaciones, no da para más. Se agotaron sus magnificencias y se preservaron vicios. Eje de un deseable remedio es aceptar que nuestros grandes propósitos de patria, democracia y justicia fallaron en su conjunto. Se agotó el sistema en todo lo deseable. Su derrumbe incluyó a un sepulturero. Hay que crear un nuevo orden, no con los antiguos modelos, sino con otros visionarios, promotores del mejor futuro posible y rigurosamente realistas.

Los viejos propósitos siguen siendo los mismos, son principios inmutables, imperativos. Las que produjeron este desfase fueron las prácticas aplicadas. Resultaron claramente contrahechas, fallidas y costosísimas. Fueron décadas de simular, de protagonismos triunfalistas, nefastos. En tanto, el mundo ha sido arrebatado en un torbellino de cambios en lo geopolítico y en la vida interna de los países. ¿Las causas?, muchas. Muchas, algunas que México comparte; lo que no compartió fue el sentido visionario y la capacidad de ejecución de ciertos líderes de aquellos rumbos. En un examen corto, para nuestro terruño han sido más de 15 años de quehacer errante.

En 1980 se formuló una alerta, un libro que se llamó Última llamada. Sus argumentos eran totalmente válidos. La crítica oficialista lo trivializó burlona. El gobierno lo despreció y llevó a su autor a exiliarse en Falfurrias, Texas, lo que llevaba todo un mensaje de desprecio del exiliado a quien lo expulsó. Alertas como aquella se han multiplicado inútilmente. Las críticas que hoy se producen ya no operarían para el presente, es muy tarde. Hay que empezar a dibujar el mañana. No es sugerir futurismo político. Es pensar en lo que debemos dejar como legado. Es un acto de responsabilidad.

A dos años, ante el derrumbe, ¿qué México? es la gran cuestión. Debemos empezar por ahí, definir el México deseable. Deseable con prudencia, con serenidad e inteligencia. ¿Qué México? es la gran cuestión. Es una tarea antes que todo de patriotas, de ilustrados en la brega o en el aula, de experimentados y sobre todo es tarea de honestos. El México deseable, viable, no es de difícil definición, el problema es aceptar y enfrentar los graves problemas que hemos postergado. El país por todos anhelado es aquel donde haya justicia, probidad, salud, educación, empleo, cohesión social, compromiso con el ambiente y prestigio internacional. No son eufemismos, si no todos, a los más los hemos tenido ya en términos discretos.

El inmediatismo nos vuelve a empujar a analizar a los supuestos candidatos, inercia engañosa. No es ningún mérito señalar que primero habría que dilucidar qué México deseamos, compatible con lo posible, y sólo entonces deducir el quién ofrecería el mejor programa. Actuar al revés es sencillamente inconducente al fin deseado.

Se necesitan seres humanos que en el conjunto de sus decisiones y acciones ratifiquen poseer una idea de Estado. Que sus solitarias meditaciones los lleven a grandes conclusiones, que posean gran habilidad para leer las estrellas. Que sus actos no sean diseñados para salvar el momento, sino que acaben por inscribirlos en la historia de la grandeza. Que sepan pensar largo y actuar corto. Sí, pero el hombre vendrá después. Hoy urge dar respuesta a la interrogante que definirá el futuro: ¿Qué México?

Estamos ante la gran incógnita para el sistema político, que es si sabremos hacia dónde debemos ir. La tradicional pregunta: ¿quién será el bueno? no debe ser lo primero. Hoy, antes de personalismos, el reto histórico de anticipar el futuro nacional es enorme y demanda gran serenidad y perspicacia. Debemos ofrecer a la nación ideas, compromisos, firmeza, sobriedad y ser capaces de contestar a ¿qué México estamos buscando?

Como inspiración inicial sería bueno releer una suma de talentosos ensayos coordinados por Jesús Ramírez Cuevas en 2011, que es Nuevo proyecto de nación. En aquel tiempo no sufrió descalificación alguna y hoy, seis años después, lamentablemente sigue siendo actual, pues poco ha mejorado para la apreciación popular.

Es lamentable que en estos días sea subversivo alentar la revolución de las conciencias y el pensamiento crítico; hoy es subversivo promover la vuelta a una ética republicana y al combate a la corrupción. Para un cierto establishment es atentatorio plantear un retorno al estado de bienestar corrigiendo desviaciones, como inaceptable les resulta pensar que el derecho a la felicidad es la aspiración esencial del hombre. Por eso, con preocupación se plantea: a dos años, ¿qué México?

Zonas Económicas Especiales del gran capital

David Luna Hernández

El Sur-Sureste Mexicano sufre desde hace 16 años del proceso acelerador de los planes de “integración Económica” con el ya antagónico Plan Puebla Panamá, que por cuestiones estratégicas del Imperialismo Norteamericano fue cambiado su nombre a un esquema micro, según el Estado Mexicano “Planes de Desarrollo Regional”.

Este Desarrollo Regional tienen como objetivo lo macroeconómico de la “Integración Imperialista”, el Plan Puebla Panamá sigue vivo, pero llamado de diferente forma; ahora en su tercera etapa es llamado por el Estado Mexicano como Zonas Económicas Especiales y debemos observar su consistencia para defender lo que aún es nuestro.

El pasado 1 de junio fue publicado en el diario oficial de la federación la Ley Federal de Zonas Económicas Especialesⁱ donde Enrique Peña Nieto pretende generar el desarrollo para la Zona Sur-Sureste del país principalmente; con el fundamento de abatir la desigualdad y permitir cerrar la creciente brecha de desarrollo regional, a partir del crecimiento económico equilibrado entre regiones de mayor rezago social. Dicha Ley presentada por el Ejecutivo Federal y aprobada por el congreso de la Unión.ⁱⁱ

En el discurso el Estado Mexicano plantea impulsar “el crecimiento económico, reducir la pobreza, permitir la provisión de servicios básicos, y expandir las oportunidades para vidas saludables”. En realidad, el objetivo final, es otro.

La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (LFZEE) regulará toda acción que realice en la zona la iniciativa privada y social, pero no social de las organizaciones sociales sino de “Empresas Socialmente Responsables” como un ejemplo la Coca Cola, Shell, kellogg´s, Bimbo, McDonald´s etc.ⁱⁱⁱ. Para el gran capital estos tipos de empresas trasnacionales son de carácter social, por sus programas “supuestos” de responsabilidad social. En realidad su objetivo es el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales y humanos, sin traer un verdadero beneficio social. La iniciativa privada es representada por las grandes multinacionales Mineras y aquellas empresas que son financiadas por el BM, FMI, OCDE, BID.

Con esta ley se adecuan las facilidades para las inversiones del gran capital, recibiendo aún más beneficios fiscales, aduanales y financieros, así como facilidades administrativas e infraestructura competitiva. Es claro que el gran capital podrá adquirir hectáreas de tierras, caudales de ríos, mares y pozos de yacimientos de agua, gas, petróleo, y de explotación de minerales a cambio de generar “fuentes de empleos” en los lugares donde se establezcan aprovechando al máximo los recursos de vital importancia.

Recordemos que en esta zona el desarrollo en vías de comunicación en estos últimos tres sexenios ha sido acelerado con mega autopistas para el mayor y rápido desplazo de las mercancías de un lugar a otro, destruyendo a su paso las reservas nacionales en biodiversidad y el tejido social. Otro caso son los parques eólicos que se encuentran en la zona de istmo de Tehuantepec y Puebla sin traer algún beneficio. Refieren autoridades municipales que han estado realizando encuentros con otros municipios que se ven afectados por estos parques eólicos puesto que son un engaño, porque se les habían prometido pagar impuestos y realizar obras sociales en sus municipios.^iv Ninguno de los beneficios llegó.

Con la LFZEE, las administraciones privadas de estas zonas estarán coordinadas permanentemente con los tres niveles de gobierno y sin consensar a los ciudadanos. Se realizaran reordenamientos territoriales así como ejecutar acciones de seguridad pública, esto para tener control Y buen funcionamiento de las “Zonas Económicas”. No se podrá evaluar el funcionamiento a corto, mediano y largo plazo, sino será hasta cada 5 años que se evalué y realicen los ajustes necesarios para incrementar la productividad de las zonas. Con esto las empresas aprovecharan al máximo los mantos acuíferos, el aire, la tierra, el petróleo, el gas, los minerales, la fuerza de trabajo hasta saciar su sed de explotación e irse a otra zona estratégica o permanecer en ella.

Como nos damos cuenta esta Ley otorga todas las facilidades a las trasnacionales y al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para generar obras de infraestructuras de transporte, de comunicaciones, de logística, energética, hidráulica, ambiental entre otras que requieran ejecutar en el exterior de la zona para operación de la misma.

El PPP en su Primera Etapa con Vicente Fox Quezada fue la apropiación de la biodiversidad y de las tierras originarias a costos bajos como consecuencia de políticas públicas que generaron pobreza e hizo que millones de mexicanos del sur sureste vendieran sus tierras a trasnacionales o al CCE y emigraran a Estados Unidos de Norteamérica con la esperanza del sueño americano; La Segunda Etapa con Felipe Calderón Hinojosa fue el rompimiento del tejido social de los pueblos con la supuesta lucha contra en narcotráfico, el acelerado desarrollo de las vías de comunicación, la creación de parques eólicos y la acelerada explotación minera, por consecuente desapariciones forzadas, familias divididas, sin tierras, sin agua, sin trabajo digno.

Y la tercera etapa, con Enrique Peña Nieto La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales plantea que estas zonas industriales atenderán los principios de sostenibilidad, progresividad y respeto de los derechos humanos de las personas y pueblos de las áreas de influencia. Recordemos y no es difícil para el lector que estos han sido siempre los principios del Estado Mexicano, por lo cual, nunca de estos principios se cumplirán en la realidad, puesto que la explotación de los recursos naturales y humanos son los que siempre salen perdiendo; para esto es de suma importancia mencionar que en este sexenio se agudiza la superexplotación del trabajo, recomiendo le puedan echar un vistazo a un reporte de investigación del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM^v donde se analiza la pérdida del poder adquisitivo del trabajador en el Neoliberalismo y el abaratamiento de la ganancia de la fuerza del trabajo en nuestro país. Sin duda nos dice este reporte que a pesar de que existan programas donde se inviertan fuertes cantidades millonarias de pesos, la pobreza de nuestro país crece. En 42 años, creció 58% la pobreza^vi y en la actual administración federal no hay mejoras. Hoy el déficit de empleo asciende a 34 millones de plazas, por ello 26 millones de mexicanos de la Población Económica Activa PEA se ven obligados a emplearse en la economía “informal” y 8 millones de personas buscan trabajo que nunca encuentran.^vii

Es un claro ejemplo que la pobreza está asociada a la Política Económica Neoliberal que durante los últimos cinco sexenios se han implementado, beneficiando por encima de la población al gran capital. Empobreciendo con los planes de desarrollo a cerca de 102 millones de mexicanos.

Con esta Tercera Etapa del PPP, la ley plantea generar fuentes de empleo; no se dice que tipo de empleos, lo más seguro es de outsourcing,^viii donde se tiene salarios bajos, condiciones de trabajo deplorables y sin prestación de ley alguna; lo más preocupante es que no se tiene certeza el tiempo que pueda durar una persona trabajando en esas zonas industriales, quedando al vil desamparo. Por otro lado la ley especifica que los permisos que se podrán otorgar a las sociedades mercantiles serán hasta por 40 años. Se desarrollará el flujo del capital trasnacional otorgando permisos a empresas como Wal-Mart, Aurrera, soriana para que los trabajadores compren sus productos y en esa circulación del capital el trabajador sea el que más pierda. (Su fuerza de trabajo-su salario-sus recursos naturales-su vida) las trasnacionales se apropian de la vida y fuente de la riqueza de los mexicanos.

El Estado Mexicano con esta ley garantiza para las trasnacionales la paz social y privada de las zonas industriales, prestando la vigilancia de la Policía estatal, gendarmería, fuerzas armadas, etc. Si pensábamos que ya lo habíamos visto todo, creo que nos equivocamos, los inversionistas ahora tendrán a su favor los fundamentos legales para construir edificaciones, instalar maquinarias y equipos para realizar actividades económicas productivas, obtener autorizaciones, licencias y permisos, obtener financiamiento tanto nacional como del extranjero para continuar con sus actividades de explotación.

Es sin duda analizar desde la geografía correspondiente, todo aquel intento; es cierto que el Sistema Político Mexicano está desgastado, podrido en la corrupción y no sirve, pero es ahí donde se está ejecutando todas las leyes que permiten este saqueo; sin embargo debemos de ser muy audaces en presionar con la lucha social y organizativa a los Cabildos Municipales, Congresos Locales y al Congreso de la Unión para rechazar estos planes Geopolíticos Económicos que benefician al Gran Capital. Debemos de exigir la derogación de esta ley y su rechazo nacional conjuntamente o nos estaremos lamentando. Necesitamos profundizar más prospectiva social para estar listos en esta colisión, los escenarios son muchos, pero hay una única necesidad; transformar esta realidad a través de la acción directa y organizada contra el poder político y económico del sistema.

“Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”^ix

Notas:
i http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5439557&fecha=01/06/2016
ii El 14 de diciembre de 2015 la H. Cámara de Diputados aprobó el Dictamen relativo a la Iniciativa de la Ley de Zonas Económicas Especiales con 366 votos en pro, 1 en contra y 54 abstenciones; El 14 de abril del 2016 la H. Cámara de Senadores aprobó dicho dictamen con 89 votos en pro, 8 en contra y 0 abstenciones. El 19 de abril del 2016 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta con Proyecto de Decreto por lo que se expide esta Ley de Zonas Económicas Especiales.
iii http://www.cemefi.org/esr/pdf/2015/Lista%20empresas%20ESR%202015%20OK%202110.pdf
iv http://www.jornada.unam.mx/2016/07/19/estados/026n1est
v http://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-122
vi Ídem
vii http://cam.economia.unam.mx/mexico-fabrica-de-pobres
viii http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/07/13/el-outsourcing-sucio-negocio-del-gobierno/
ix Palabras del último discurso de Salvador Allende ante golpe de estado en chile, 11 de septiembre 1973.

Tanhuato: la barbarie y la impunidad

Carlos Fazio

El pasado 18 de agosto, a casi un año y tres meses de ocurridos los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer sus conclusiones sobre el caso Tanhuato. El organismo confirmó que agentes de la Policía Federal (PF) ejecutaron de manera arbitraria a 22 de los 42 civiles muertos en el Rancho del Sol –localizado en el municipio de Tanhuato, Michoacán–, y que al menos 13 de los abatidos presentaban tiros en la espalda (presumiblemente se les aplicó la ley fuga); cinco fueron muertos por disparos desde un helicóptero artillado; uno fue herido de bala y expuesto a fuego directo estando aún con vida; tres fueron victimados, a pesar de que ya estaban sometidos; otro presentó lesiones similares a un atropellamiento. Dos cadáveres fueron quemados arbitrariamente y uno más estaba carbonizado. En 15 casos más la CNDH no pudo establecer técnicamente las circunstancias en que fueron privados de la vida, pues los policías y la Comisión Nacional de Seguridad dieron datos falsos sobre lo ocurrido.

La recomendación 4VG/2016 señala que la Policía Federal mintió al señalar que hubo un enfrentamiento previo en la carretera aledaña al inmueble, ya que los agentes entraron al rancho de manera sigilosa; no actuaron en flagrancia ni fueron recibidos a tiros, y la institución resguardó por más de cuatro horas el inmueble –impidiendo el ingreso de peritos y autoridades ministeriales–, lapso en que manipuló y alteró elementos y evidencias en la escena de los crímenes; modificó la posición inicial de varios cadáveres; colocó (sembró) armas de fuego y cartuchos junto a otros cuerpos, y torturó e infligió tratos crueles, inhumanos y degradantes a tres personas que se habrían salvado porque, por error, uno de los mandos policiales reportó a sus superiores que los habían detenido vivos. Diecinueve cuerpos estaban descalzos, algunos con el torso descubierto y otro sólo vestía trusa, lo que permite establecer que dichas personas se encontraban dormidas cuando se inició el operativo.

Durante el ataque, en el que habría perdido la vida un policía, intervinieron 100 agentes, incluidos los cinco que viajaban en el helicóptero artillado. La CNDH determinó que la Policía Federal hizo un uso desproporcionado de la fuerza y, como ejemplo de una demostración innecesaria de capacidad letal, señaló que el artillero del helicóptero que intervino en la acción disparó 4 mil proyectiles, tras recibir la orden del capitán de la aeronave, quien, a su vez, obedeció al comisario que estaba al mando desde tierra.

El mismo 18 de agosto, acompañado por el jefe de la Policía Federal, Enrique Galindo, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, calificó de radical el informe de la CNDH y negó que los agentes hubieran cometido ejecuciones extrajudiciales, bajo el argumento de que en México no existe ese tipo legal. Según el comisionado, la PF actuó en legítima defensa, de manera racional y proporcional en un escenario hostil.

A pesar del proverbial negacionismo oficial, la matanza de Tanhuato exhibe la persistencia de un patrón regular de graves violaciones a los derechos humanos por fuerzas militares y policiales mexicanas. Remite al uso de una violencia desbocada; a una bestialidad y una saña ejemplares como fines en sí mismos. Desnuda la forma en que la necropolítica hace hoy del asesinato del enemigo (del Estado) su objetivo primero y absoluto, con el pretexto de la lucha contra la criminalidad. Tanhuato muestra que el régimen de Enrique Peña Nieto –como el de su antecesor, Felipe Calderón– funda su soberanía en el derecho de matar a quienes les venga en gana; de exterminar seres humanos considerados desechables y matables (Agamben), como parte de una dinámica de burocratización, rutinización y naturalización de la muerte.

Privatizado lo público y prácticamente extinguida la política, el capitalismo criminal y militarizado de nuestros días se rige por el necropoder. Un necropoder en cuyo seno las fuerzas federales actuaron, en Tanhuato, como una máquina de guerra con derecho de matar igual que en la Alemania nazi o Estados Unidos en Vietnam, Afganistán e Irak. No se trata de un exceso, sino de un engranaje más de una tecnología represiva asesina adoptada de manera racional y centralizada. En Tanhuato, como antes en Ojinaga, Tlatlaya, Apatzingán y un largo etcétera –incluido Nochixtlán, donde el 19 de junio de 2016 las tropas de asalto de Enrique Galindo asesinaron a un mínimo de ocho lugareños– los federales no mataron personas, sino presuntos delincuentes, esos otros, considerados enemigos, peligrosos, amenazantes.

Según la Constitución, en México no existe la pena de muerte y, además, todo mexicano tiene derecho a un juicio justo, lo que incluye el derecho humano a la presunción de inocencia. Sin embargo, el mensaje de Tanhuato es nítido: el soberano puede matar a su antojo, en cualquier momento, de todas las maneras inimaginables posibles. Pero Tanhuato no es un hecho aislado: responde a una modalidad represiva del Estado. Es otro caso emblemático de un necropoder bestializado, deshumanizado y normalizado, que ha convertido el estado de excepción –con suspensión fáctica de garantías– en regla permanente contra enemigos identificados como presuntos delincuentes. En el fondo, el objetivo del necropoder y el terror estatal es el sometimiento social, la sumisión del Otro. Quien se resiste es desechable, exterminable. De tiempo atrás asistimos a una tonton-macutización del régimen como parte de una dinámica depredadora organizada, de desposesión y reterritorialización con fines de dominación económica al que sirve un gobierno privado indirecto, difuso y sin escrúpulos, la misma elite corporativa que incita hoy a una represión generalizada contra la disidencia magisterial que se opone a la contrarreforma administrativa y laboral de Peña Nieto y Aurelio Nuño.

EPN, la UP y el plagio en 10 puntos

El mundo al revés por Ernesto Villanueva

El reportaje del equipo de investigación de Aristegui Noticias sobre la tesis de licenciatura mayormente plagiada del presidente Enrique Peña Nieto (EPN), a su paso por la Universidad Panamericana, ha generado varias reacciones. Desde aquellas que señalan lo indebido y grave del caso (en el que me encuentro) hasta quienes, los menos, ven el tema como un asunto menor. Desde mi punto de vista el reportaje de referencia ofrece varias lecturas. Veamos.

1.- De entrada, es, por supuesto, un asunto de interés público por quién se trata (se supone el representante de todos los mexicanos) y el hecho cometido (El uso de medios no sólo desafortunados, sino eventualmente ilícitos y al margen de la ética pública). Cabe reiterar:  aunque no haya un uso indebido de recursos públicos ahora (al menos se presume que no hay) el hecho tiene un impacto significativo en la formación de la opinión pública sobre EPN, había cuenta que permite formar una imagen sobre él en una faceta que no había sido advertida que, para su desgracia y la de su equipo, no le es favorable.

2.- La respuesta del vocero presidencial sobre el caso es de lamentarse. Dice el vocero: “”El licenciado Peña Nieto presentó esa tesis hace 25 años. Cumplió con los requisitos establecidos por la Universidad Panamericana para titularse como abogado”. Se supone que eso sabíamos todos, de ahí que el interés público del reportaje de referencia reside en informar a la opinión pública de un hecho superviniente, que no debió haber existido, el plagio, mucho o poco que para el caso es lo mismo, de la citada tesis.

3.- El vocero presidencial agregó en su respuesta: “Por lo visto errores de estilo como citas sin entrecomillar o falta de referencia a autores que incluyó en la bibliografía son, dos décadas y media después, materia de interés periodístico. Bienvenida la crítica y el debate”. Craso error del señor vocero en virtud de que: a) No se trató de “error de estilo”, sino de un acto contrario a la ética universitaria, potencialmente ilícito que es muy distinto. Para mayor abundamiento cabe citar lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento General de la Universidad Panamericana, que a la letra dice: “La Tesis es un trabajo escrito sobre temas y propuestas en su área de conocimiento, o bien acerca de la ampliación y perfeccionamiento del estado del arte en un área; en sus técnicas de investigación deberá desarrollarse con el rigor de la metodología científica aplicable al área correspondiente”. Asimismo, el artículo 114, apartado B inciso XIV del Reglamento indicado dispone que “estará prohibido..,violentar derechos de autor o realizar cualquier otro comportamiento deshonesto o contrario a la ética profesional o académica. Esta conducta será considerada grave” ¿Le parece al vocero presidencial que el comportamiento de EPN es honesto y se ajusta a la ética profesional y académica?

4.- Y sí, si es de interés público lo que pasó hace 25 años porque permite generar un estudio del entorno social de EPN a lo largo del tiempo, datos que sirven para formar una opinión mucho más precisa del sujeto analizado en este caso el presidente de la República. De no haberse hecho este reportaje la sociedad no sabría un hecho que le es de utilidad para valorar al presidente por lo que hace hoy como presidente y lo que hizo en el pasado lo que, en principio, parece haber un hilo conductor de la deshonestidad como fórmula de vida y modo de ejercer la política. Bien se ha dicho, “si no puedes ser casto, hay que ser cauto”. Aquí ni casto ni cauto.

5.- La credibilidad de Carmen y su equipo reposa en la veracidad de sus datos. En lo personal me consta que hay un estricto control de calidad en lo que difunde o se publica. Esa credibilidad ha sido un ingrediente esencial para que ese reportaje sea difundido ampliamente por la prensa extranjera que, se intuye, tiene una postura más reposada sobre lo que pasa en México. Si no hubiera sido noticia simple y sencillamente ese reportaje se hubiera agotado rápidamente. No ha sido el caso.

6.- Ayer en la noche al hablar con una importante corresponsal extranjera me decía que este tema sería junto al de la Casa Blanca los que marcarían la administración de EPN. ¿Y lo del departamento en Miami? Le inquirí. El problema es que ese asunto que es de gran interés público se queda un poco lejos del mexicano promedio, pero este caso si lo entiende muy bien y ha generado una molestia generalizada entre amplios sectores de la sociedad que están sensibles por los yerros acumulados de EPN, de suerte que cualquier dato adicional en esa dirección prende rápidamente la indignación colectiva.

7.- “Se perdieron las comillas en la impresión” ha salido a decir su asesor o director de tesis. Por favor, que sea un poco más imaginativo. Eso en lugar de aclarar genera un efecto contrario al tratar de ofender la inteligencia de la comunidad. No hay que ser tan burdo.

8.- Es importante aclarar también que este lamentable asunto no es de la competencia de la Secretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de Educación Pública o del Congreso, sino de la Universidad Panamericana que debe abocarse o no a investigar y, en su caso, formular las responsabilidades a que hubiese lugar. Ya la UP afirmó que se va a investigar. Ya me he referido al proceso que debe observarse en la UP conforme a su propia normatividad (http://www.sdpnoticias.com/nacional/2016/08/22/la-up-epn-y-el-plagio) destaco sólo que es loable que el Reglamento aplicable prevea un proceso bastante rápido, de sólo 6 días hábiles y de tres más si hay una solicitud de reconsideración del o los sancionados.

9.- Asimismo, quiero señalar que expresamente el Reglamento de la UP indica como una sanción complementaria la “pérdida de derechos adquiridos”; eso significa la revocación del título y, por ende, el retiro de la cédula profesional. Pero incluso aunque sólo aplicara la sanción más leve (que no debería ser por considerar el probable acto como “falta grave”) consistente en “amonestación oral testificada”, sería el tiro de gracia al presidente de la República, generando un precedente no sólo en el país, sino hasta donde sé en la experiencia comparada.

10.- La UP se encuentra entre la espada y la pared. Si valida la actuación del presidente de la República se tiraría un disparo en el pie porque esa universidad tiene una de las carreras de derecho con mayor prestigio en el país, razón por la cual está impelida a hacer todo lo que esté a su alcance para no minar su amplio reconocimiento. Por el contrario, si emite una resolución así sea la más leve ampliaría su prestigio no sólo como una institución de excelencia académica, sino con capacidad de resolver temas dentro de su ámbito de atribuciones con independencia de criterio al margen de consideraciones políticas. Esta última postura, sin embargo, le habrá de atraer costos por paradójicamente hacer lo que enseña, observar su propia normatividad. Esto no lo diferencia el equipo gobernante que vería esta hipotética decisión como una inquina personal. Veremos qué pasa.

Cómo "leer" el Modelo educativo

Miguel Ángel Pérez Reynoso*

Lo primero que salta a la vista cuando se lee el Modelo educativo 2016 son tres cuestiones básicas:

La primera tiene que ver con el modelo. Un modelo, dice el diccionario, es un estándar o patrón que sirve como base para ser imitado, reproducido o copiado, y que sirve de base para nuevas elaboraciones. Desde su nombre, el Modelo 2016 tiene una aspiración hegemonista, no se llama Lineamientos o líneas de discusión para conformar un modelo, no, es el Modelo, lo demás que se diga girará en torno a él, estará en favor o en contra, pero este es el (verdadero) modelo; no hay otro.

Este primer componente va ligado a un segundo aspecto: el Modelo 2016 tiene una pretensión abarcativa de cubrir a toda costa a todo el sistema nacional, pero descuida las variables culturales, asimetrías sociales y territoriales y las regiones pobres del país. Su contenido sesga hacia una visión urbana de la educación, para escuelas de organización completa (recuérdese que 43 por ciento de la escuelas primarias de México son de carácter multigrado). Esta visión hegemónica y unificadora no es gratuita, tiene el sesgo de invisibilizar a las diversidades. Desde la lógica del modelo se afirma a esto a lo que se aspira o aquí está el deseo de lo que pretendemos.

El tercer componente introductorio tiene que ver con que el modelo descontextualiza la realidad educativa del país. Todas las escuelas de prescolar, primaria y secundaria urbanas, rurales o indígenas están en un contexto específico y dicho contexto va determinando el estilo de práctica de los y las educadores y la tradición educativa de cada lugar y en cada región. El Modelo 2016, sus afirmaciones sin contexto, se tornan en abstracciones de un sistema educacional que termina siendo ajeno al nuestro.

Junto a lo anterior y ya en el contenido, dicho documento ignora gran parte de la historia para incluir pequeñas fichas de la historia que conviene contar. Se trata de que el inconsciente coloque en el mismo nivel a Vasconcelos y Torres Bodet con Nuño Mayer, válgame qué afrenta, y por razones políticamente obvias se dejan de lado a otros personajes que también han ocupado la SEP, como Manuel Bartlett, Josefina Vázquez, Víctor Bravo Ahuja, Agustín Yáñez, Fernando Solana Morales, Miguel Limón, etcétera. En el fondo se demuestra que la figura de titular de la SEP se ha devaluado a tal grado que cualquiera llega a tan importante cargo; los dos nombres má recientes son claro ejemplo de ello.

El Modelo educativo 2016 rescata algunas ideas valiosas, sin dar crédito a sus autores de origen, como las propuestas de Michael Fullan y Andy Hargreaves en La escuela que queremos, y en general todo el aporte de la escuela canadiense que ha contribuido al cambio en educación y a la escuela como centro del cambio, y de Inés Aguerrondo. Sin embargo, no cita adecuadamente las referencias ni las ideas que han tomado, aunque sea de sentido. ¿Será acaso que también se quieren sumar a algo que está de moda que es la incultura del plagio académico?

El Modelo 2016 carece de una fundamentación o un sustento que le dé soporte y solidez teórica y le permita aspirar a la legitimidad pedagógica. Su elaboración consiste en una serie de ideas sueltas a partir de una especie de eclecticismo vulgar, ya que se rescatan aportes (casi todos fragmentados) de las recientes avances en pedagogía, pero no se hace referencia a las aportaciones universales de autores clásicos, como Paulo Freire, J. Dewey, Montessori, Rousseau, Makárenko, Piaget, Freinet, Vygotsky, etcétera. ¿Desde la nueva SEP ya son caducos estos personajes, ya han sido superados completamente sus aportaciones? Se habla sin mencionarlo correctamente por su nombre de teorías y meta-teorías que ponen el énfasis en el aprender, en la sociedad informacional, en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en el manejo del inglés, etcétera.

El Modelo 2016 no da claridad acerca del curso de acción de sus aspiraciones, no tiende puentes entre las sugerencias y las acciones y prácticas que realizan los docentes en las escuelas. Pareciera que más bien se pretende distraer la atención para no ocuparse de las cosas importantes, como las implicaciones políticas del Servicio Profesional Docente y de la movilización magisterial.

Por último, la parte más pobre que debería ser la más importante es lo referente a los docentes, educadores y profesores frente a grupo. Es a ellos y ellas a quien va dirigido dicho documento. Se trata de que los maestros y maestras lean el Modelo 2016 y lo conviertan en una herramienta para su trabajo. Sin embargo, cuando se habla de los maestros o las referencias que se incluyan acerca de los docentes mexicanos, se refiere a una figura distante que no existe en nuestro país, ni tampoco en muestra realidad educativa. Al decir esto me acuerdo de mis primeros años de trabajo en educación primaria, en comunidades como Tlachichilco o Cuitzeo, en el municipio de Poncitlán o en el poblado de Toluquilla. En zonas rurales o semiurbanas, los docentes, cada maestro o maestra que vive su concreción mediada por la protesta, la movilización y la rebeldía gremial, como respuesta natural ante la ofensiva de evaluación punitiva, ¿qué tipo de lectura se espera que hagan del multicitado Modelo 2016?

El Modelo 2016 no deja claro si aspira a formar al mexicano del siglo XXI, o al ciudadano global que se incorporará a las maquiladoras de las grandes empresas trasnacionales o que será formado como lo dictan los organismos internacionales. El documento se queda a la mitad, no aclara el carácter nacional de la educación ni los fines y objetivos de la formación de ciudadanos para el siglo XXI.

El Modelo 2016 se olvidará muy pronto por su intrascendencia o por la ausencia de relevancia en el plano educativo, pedagógico y cultural, debido a que no es una referencia que permita vincularse con los maestros de escuela ni tampoco con su realidad educacional.

* Profesor-investigador de la unidad 141 de la Universidad Pedagógica Nacional, campus Guadalajara

Hillary, Gutiérrez Candiani y las ZEE

Carlos Fazio

Cuando el 30 de diciembre de 2013, en vísperas de que se cumplieran 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, demandó un TLCAN plus en el espacio geopolítico que abarca a Canadá, Estados Unidos y México, habló en nombre de la plutocracia internacional.

Aprobadas ya varias iniciativas del paquete de contrarreformas neoliberales de cuarta generación por el régimen de Enrique Peña Nieto y los legisladores del Pacto por México (PRI, Verde, PAN, PRD, etcétera), el vocero del sindicato empresarial afirmó que dada la revolución energética que vivían Estados Unidos y Canadá, México debía entrar en sinergia con sus dos socios asimétricos, y para ello había que mejorar la interconexión eléctrica y de ductos, avanzar en el reconocimiento de normas técnicas, ventanas especiales y trato preferencial recíproco entre agencias de comercio de los tres países, invertir en infraestructura y agilizar el transporte terrestre, marítimo y aéreo.

Eran los días en que Peña Nieto estaba salvando a México –según la multicitada portada de la revista Time– y las grandes corporaciones se frotaban las manos para la nueva etapa de despojo de tierras y saqueo de recursos implícita en las contrarreformas en curso.

En realidad, la cuarta fase del TLCAN –complementado primero con el Plan Puebla Panamá (2001), luego rebautizado Iniciativa Mesoamericana, y en 2005 con la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN o TLC militarizado), articulada en 2007 con la Iniciativa Mérida (también denominada Plan México, símil del Plan Colombia), como instrumento para la contrainsurgencia al servicio de la economía de rapiña– estaba planificada desde inicios del sexenio de Peña Nieto, cuando en su Plan Nacional de Desarrollo 2013/2018 incluyó la iniciativa para crear Zonas Económicas Especiales (ZEE) en el sur-sureste de México.

Jugador en las grandes ligas al servicio de la cleptocracia trasnacional, Gutiérrez Candiani debió participar en el diseño final de las ZEE en los días en que la ex secretaria de Estado Hillary Clinton impulsaba a través del entonces embajador de EU en México, Carlos Pascual, la entrega de los hidrocarburos a las depredadoras corporaciones del sector Exxon Mobil, Chevron Texaco (ambas ligadas a la banca JP Morgan) y British Petroleum (BP, vinculada con Goldman Sachs), según revelaron correos electrónicos desclasificados por el propio Departamento de Estado el 31 de julio de 2015.

Los emails desclasificados de Clinton exhiben el papel jugado por David Goldwyn, primer coordinador internacional de Energía del gobierno de Barack Obama, en la operación para romper el monopolio de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Goldwyn, nombrado por la secretaria Clinton en 2009, dirige hoy una consultoría privada sobre hidrocarburos (Goldwyn Estrategias Globales) y funge de abogado de industrias en el bufete Sutherland, Asbill y Brennan. A su vez, Carlos Pascual, embajador en México entre agosto de 2009 y marzo de 2011, sucedió a Goldwyn como coordinador de Energía y es ahora un agente clave del Centro de Política Energética Global de la Universidad Columbia y vicepresidente de la consultoría IHS CERA (Cambridge Energy Research Associates, empresa que cuenta con una unidad de evaluación de las opciones futuras en México), en proyectos relacionados con refinación y transporte de hidrocarburos (petróleo, gas líquido y shale), exploración en aguas profundas y electricidad. El presidente de IHS CERA es Daniel Yergin, cerebro de la seguridad energética de EU.

El 23 de julio de 2015, ante el subcomité del Continente Americano de la Cámara de Representantes de EU, Carlos Pascual sostuvo que la importancia estratégica y comercial de la reforma de Peña Nieto de julio de 2014 era que México podría suministrar energéticos (hidrocarburos y electricidad) a Centroamérica y el Caribe, labor que ahora realiza parcialmente Petrocaribe, mecanismo auspiciado por el gobierno de Venezuela.

Merced a las presiones neocolonialistas de Hillary Clinton, Goldwyn y Pascual, la red de infraestructura e interconexión eléctrica y de ductos para convertir a México en el surtidor de energéticos hacia el mercado mundial, quedó contenida en las ZEE vía el corredor industrial interoceánico Coatzacoalcos-Salinas Cruz y el corredor petrolero Coatzacoalcos-Ciudad del Carmen, Campeche, que pasará por Tabasco.

Las leyes secundarias de la contrarreforma energética debilitan la certidumbre sobre la tenencia de la tierra y abren margen al despojo de comunidades, ejidos y poblaciones por consorcios petroleros, gaseros y eléctricos nacionales o internacionales. En la ley desapareció el término expropiación, pero se le sustituyó por ocupación temporal de predios, y en otros artículos se mantiene la disposición, por lo que habrá expropiaciones. Las nuevas leyes permitirán a las corporaciones disponer de tierras, bosques y aguas, las que podrán comprar o rentar. También se estableció la obligación de ejidatarios, comuneros y propietarios privados de entregar sus tierras y bosques a trasnacionales a través de la figura denominada servidumbre legal.

La designación de Gutiérrez Candiani como titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), el pasado 8 de julio, confirma la pretensión de privatizar buena parte del sur-sureste de México. El funcionario contará con autonomía técnica, operativa y de gestión, y desde allí tendrá oportunidad de servir a los nuevos zares energéticos mexicanos, que compartirán los negocios con las megapetroleras mundiales. Entre ellos destacan Carlos Slim (Grupo Carso Oil&Gas), Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailleres (Petrobal), Bernardo Quintana (Grupo ICA), Armando Garza Sada (Grupo Monterrey, Alfa), Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas, Typhoon), Pedro Aspe (Evercore) y Luis Téllez (Monterra Energy/KKR).

Proyecto educativo, organización popular

Lev Moujahid Velázquez Barriga

La ausencia de la SEP y del INEE en el foro Hacia la construcción del proyecto de educación democrática, organizado por la CNTE, en el que se habían comprometido a debatir y construir las bases mínimas para una Evaluación educativa integral, dejó ver que su propuesta punitiva es indefendible de manera abierta, pública y transparente.

Los altos funcionarios del Estado mexicano, acostumbrados a falsas consultas predeterminadas por los mandatos empresariales, al vasallaje político del SNTE y además hechas a puerta cerrada, no quisieron arriesgar la obediencia siempre selectiva de sus foros, para enfrentar la inteligencia colectiva de los maestros, los investigadores y ciudadanos informados.

Sin embargo, mientras el gobierno federal se negaba a dialogar, un día después Aurelio Nuño se encaminaba a Coalcomán, Michoacán, para entregar una escuela pública a un organismo tan cuestionado por sus constantes violaciones a los derechos humanos, como es el Ejército, y no a la comunidad o a los maestros, quienes deberían ser realmente los guardas y promotores de la cultura nacional.

Por su parte, la SCJN también contribuyó a cancelar cualquier posibilidad de una propuesta evaluativa integral, respetuosa del derecho humano al trabajo. Su reciente fallo contra los docentes no hace más que confirmar lo que sistemáticamente ha negado la autoridad educativa: que la evaluación sí es la antesala para despedir y sí es retroactiva en perjuicio de los maestros en activo.

La triada SEP-INEE-SCJN deja de manifiesto que no hay espíritu republicano en sus malas decisiones, no existe en ellos la mínima integridad, equilibrio, independencia ni autonomía política para representar los intereses mayoritarios de los ciudadanos y separarlos del interés privado de las corporaciones económicas, que hoy demandan, con rabiosa insistencia, el uso de la violencia física, laboral y administrativa contra el magisterio.

En medio de esta falta de credibilidad, legitimidad y representatividad de las instituciones públicas del Estado mexicano, el foro nacional Hacia la construcción del proyecto de educación democrática adquiere dimensiones y posibilidades de amplio espectro, que apuntan a nuevos desafíos para la coordinadora.

La CNTE no sólo fue capaz de convocar ampliamente a un espacio de diálogo incluyente y plural, en el que se desnudó ante la diversidad de representaciones para mostrar las fortalezas y debilidades de su proyecto educativo, imperfecto, pero abierto a transformarse y fortalecerse con las múltiples voces del pueblo mexicano desde hace 20 años.

Además, generó una importante expectativa, según expresaron los asistentes, para posicionarse como ente articulador de las luchas sociales, de la disputa por la educación pública en el terreno físico e ideológico de las escuelas, pero también por la conducción de la nación que hoy está en manos de una élite neocolonial, cuyas reformas neoliberales implican el desarme de la soberanía política y cultural de los pueblos indígenas, mestizos y desposeídos de México.

La coordinadora está obligada a construir, sí, la otra escuela pública, la que forma en la conciencia crítica, la del currículo para la insurgencia ciudadana, que se evalúa integral y horizontalmente, pero no debe soslayar esta coyuntura política de debilidad orgánica para el Estado y de fortaleza para el movimiento social, en la cual es posible que de forma paralela se vayan sentando la bases para una nueva institucionalidad de carácter popular.

La ruta de nuevos foros abre horizontes a favor para concluir una primera etapa organizativa que instituya al Congreso Nacional de Educación como el órgano de poder popular responsable de diseñar y orientar la política educativa, cultural y para el buen vivir, desde la soberanía y la legítima autonomía del pueblo mexicano, para autoproclamar un nuevo sentido histórico cuya raíz ha crecido de manera opuesta al proceso destructivo del capitalismo y su modernidad patriarcal, racista, ecocida y epistemicida.

Se trata de un camino que se recorre también desde abajo, al que los maestros de la CNTE deben contribuir, para que la autonomía como poder horizontal y comunitario se viva y se construya también desde la escuela. La verticalidad, el burocratismo y el control educativo que se ejerce a través de los consejos técnicos escolares y los consejos de participación social, son motivo suficiente para generar ahí procesos ocupacionales de la escuela con nuevos actores que habían sido excluidos, nuevas pedagogías emancipadoras, así como proyectos culturales, tecnológicos, económicos, formativos y organizativos que transciendan los cercos perimetrales, abran los centros escolares a las necesidades comunitarias y su desarrollo endógeno.

No estoy inventando nada. Los Congresos Populares de Educación ya se han impulsado en este sentido en varias secciones del magisterio democrático, las experiencias comunitarias existen de forma embrionaria, unas veces a iniciativa de la CNTE en comunidades no indígenas y barrios urbano populares de zonas marginales; otras acompañando a los pueblos originarios, pero que en esta etapa de la lucha magisterial se pueden potenciar y ampliar, toda vez que 120 mil campesinos del país dieron su respaldo a la coordinadora para detener la reforma educativa en sus poblaciones de origen e infinidad de movimientos sociales y sindicales también están a la espera del siguiente paso organizativo.

La politización empresarial de la reforma

Hugo Aboites

Grupos empresarios han decidido incursionar directamente en el conflicto en torno a la llamada reforma educativa y hacen su propia contribución a una crisis nacional. Con su rechazo a pagar impuestos y a invertir recursos en el suroeste del país toman revancha, pero su protesta no es contra el gobierno ni contra los bloqueos y los maestros movilizados; en realidad es contra el diálogo. Sobre todo cuando éste parece ofrecer una respuesta a más de un millón de maestros, cuyos derechos constitucionales claves (artículo 123) fueron cancelados. En efecto, los airados pronunciamientos de estos grupos arrancaron cuando el diálogo comenzó y se creó un ambiente de distensión y hubo acuerdos parciales. Incluso, el amparo promovido por Mexicanos Primero confirma esto al enfocarse en acuerdos con los maestros que son oscuros y concesiones indebidas producto de la debilidad lastimosa de la Segob (La Jornada, 4/8/16, pág. 3).

Es muy significativo que sea Mexicanos Primero el que asume la posición más radical contra el diálogo. Primero, porque representa la voz oficial del gran empresariado en la educación y, ahora, además, añade los medios para llevarla a cabo: sin diálogo, sin acuerdos, sin contemplaciones. Pero también es significativo porque no está sola: comparte postura con una SEP que durante casi un año se mantuvo firme contra un diálogo que no fuera acompañado de la aceptación del marco legal. De hecho, todavía hoy de fondo mantiene la misma postura. Si ya desde 2012-2013 había una estrecha cercanía SEP-Mexicanos Primero respecto de la modificación de normas constitucionales y legales para los maestros (ver la agenda-documento Ahora es cuando, de esa organización), la cercanía actual muestra la clara y firme voluntad de ambos de que no se llegue a la debilidad de acuerdo alguno. Una hipótesis que explicaría esta postura es que, desde su punto de vista, cualquier acuerdo real mostraría que el marco no es inamovible, que en el futuro tendrían ellos que seguir cediendo, y que esto pondría en peligro, de fondo, la visión misma que de la educación necesaria tengan los empresarios. Esta hipótesis explicaría por qué la consulta sobre el modelo educativo se presenta en términos tan perentorios: desde arriba, fragmentada, rápida y procesada unilateralmente. Sugerencias sí, acuerdos no.

Dado el momento actual, otra hipótesis sería la electoral. El factor 2018 tendría ya una poderosa influencia en el ámbito del conflicto y por tanto, en esta vena, un sector empresarial alarmado por la duración y fuerza de las protestas estaría cerrando filas en torno a una postura y a un candidato duro capaz de poner orden en el país en el sexenio venidero. Una tercera hipótesis, por supuesto, sería que, en realidad, los movimientos que hoy presenciamos son meras coincidencias en el tiempo, en los actores, en los temas y en la actitud, nada más.

En cualquiera de las tres hipótesis, lo cierto es que hoy la politización del tema educativo es tal que la consulta a que convoca la SEP difícilmente será significativa y, tampoco, realmente válida. Desde hace casi cuatro años, cuando se optó por despojar de derechos constitucionales básicos a los maestros, sus mismos promotores anticipaban que habría problemas (aunque calcularon mal la amplitud, duración y profundidad de la resistencia), y ahora la víctima son el país, los niños, jóvenes y maestros y padres de familia que se enfrentan a un horizonte educativo lleno de tensiones y contradicciones sin que puedan discutir tranquilamente qué educación es la que se necesita en México. Hoy que las cúpulas empresariales intervienen directamente contra el diálogo y los acuerdos que acerquen a una solución, ellos mismos prolongan y profundizan el conflicto.

Para dejar atrás esta ruta hasta suicida, de aumento creciente en la confrontación, hoy la única salida es precisamente un diálogo efectivo. Y eso requiere reducir la crispación ahí donde ésta primero se inició. Es decir, buscar una forma de abrogación, suspensión o reinterpretación del marco laboral-administrativo para que la discusión no se sitúe allí, sino en el terreno de la transformación de la educación. Y desde ahí repensar entonces qué tipo de marco laboral-administrativo, qué perfiles de los maestros, procesos de formación y actualización, tipo de condiciones de trabajo se requieren. Mientras este replanteamiento no ocurra, los maestros no tienen otro remedio que continuar manifestándose contra la exclusión laboral y al mismo tiempo y con la energía que da el propio movimiento, iniciar con sus aliados un proceso propio, amplio y representativo, una ruta que construya el gran proyecto educativo, abierto, incluyente, ese sí, desde abajo y desde las necesidades de conocimiento de los mexicanos. Y comenzará entonces una etapa a mediano y largo plazos, de una profunda disputa entre proyectos de educación, la de los empresarios por un lado, y, por otro, la de los maestros, estudiantes, padres de familia, comunidades y organizaciones sociales representativas de las grandes mayorías del país. En una circunstancia así, también los universitarios podemos, debemos pronunciarnos.

¿Qué tipo de protestas tendríamos hoy si a los empresarios, precisamente por serlo y sólo a ellos se les cancelaran derechos constitucionales básicos?

Un Estado autoritario sólo puede educar para obedecer

Lev Moujahid Velázquez Barriga*


Las  razones  oficiales  de  la  reforma educativa  chocan  con  la  realidad. ¿Cómo  decir  que  se  buscan  alumnos participativos  capaces  de  resolver conflictos  privilegiando  “el  diálogo,  la razón  y  la  negociación”,  cuando  el Estado  busca  imponer  esa  norma  por medio de la fuerza y la represión? Por ningún  lado  se  asoman  los  valores humanistas  que  dice  enarbolar  y  sólo dominan  los  del  empresariado neoliberal

Un  Estado  no  puede  ser  ajeno  a  los  principios  educativos  en  su  vida orgánica,  formas  de  gobernar,  legislar e  impartir justicia;  tampoco  lo puede  ser  quien  lo  representa  públicamente;  por  el  contrario,  los principios  educativos  deberían  estar  presentes  en  su  constante interacción con la sociedad, en el  ámbito  político  que  lo  dinamiza, en el  proyecto  nacional  que  lo  orienta,  en  su  desarrollo  económico  y cultural.


Cuando  estos  principios  están  ausentes,  no  podemos  hablar  de  un Estado  educador,  sino  de  otro  corrompido,  en  descomposición, porque  en él  imperan los  intereses  de  grupo  sobre  el  bien común. En estas condiciones, de  un Estado  corrompido  y no  educador, cualquier propuesta que  se  presente  como  opción de  transformación educativa emanada desde  el  seno  de  su descomposición orgánica, no  puede  ser sino  parte  de  sus  mecanismos  de  imposición,  sometimiento  y  de reproducción de intereses de grupo.


En  ocasiones,  estos  mecanismos  de  dominación  son  explícitos  y también tangibles, como  lo  es  el  Servicio  Profesional  Docente, que no deja  duda  de  su  carácter  punitivo  en  la  letra  y  en  los  hechos;  otras veces  no  son  tan  explícitos,  sino  que  dejan  un  cierto  margen  de libertades e  interpretaciones  para legitimarse, pero  de  facto  se  llevan a  cabo  con  la  misma  verticalidad  de  siempre,  como  lo   pretenden hacer  Aurelio  Nuño  y  sus  aliados  empresariales  y  sindicales,  con  el nuevo modelo educativo 2016.


Partimos de la premisa de que en México  no hay un Estado educador. Todo lo contrario, el que nos rige está sumergido en una condición tan crítica, que carece de principios éticos y valores cívicos que se puedan ampliar  al  conjunto  de  la  sociedad  desde  una  propuesta  pedagógica que  nutra  la  vida  democrática  por  las  venas  de  nuestro  sistema nacional de educación.


En  este  sentido,  los  documentos Modelo  Educativo  2016.  El replanteamiento  pedagógico  de  la  Reforma  Educativa; Los  fines  de  la educación  en  el  siglo  XXI  y  la Propuesta  curricular  para  la  educación obligatoria  2016,  son  parte  de  esta  condición  crítica;  más  que alternativas para dar contenido  a las ausencias pedagógicas y superar los  conflictos  magisteriales,  son  un  deslinde  que  intenta  alargar  la ruta de discusiones hasta el 2018, cuando el presente gobierno se haya ido y con él, toda responsabilidad sobre el caos que generó.


Se  trata  de  una  propuesta  de  nueva  cuenta  unilateral,  llena  de inconsistencias  e  incongruencias,  unas  producto  de  las  mismas  tesis fracasadas de la actual reforma y otras que auguran su inaplicabilidad porque  son  contrarias  a  su ADN político  fascista,  pero  que  aparecen como  elemento  de  distensión  del  descontento  magisterial,  popular  y académico.


Resulta  de  lo  más  dudoso  que  los  mismos  operadores  y  autores intelectuales  de  la  reforma  educativa,  cuyas  consecuencias  son decenas  de  muertos,  encarcelados  y  miles  de  despedidos,  hoy  digan que  “el  propósito  de  la  educación  básica  y  media  superior  es contribuir  a  formar  ciudadanos  libres,  participativos,  responsables  e informados,  capaces  de  defender  y  ejercer  sus  derechos,  que participen  activamente  en  la  vida  social,  económica  y  política  de México”.


¿Y  para qué  iban a querer eso?  Valdría la pena preguntárnoslo,  si  no existen en este  país  garantías  para el  ejercicio  de  la libre  ciudadanía, para  exigir  dignidad  laboral  sin  que  seas  hostigado  o  víctima  de  la represión  administrativa,  sin  ser  despedido  o  perder  tu  libertad  y hasta  la  vida.  Así  nos  lo  ha  enseñado  la  Secretaría  de  Educación Pública  (SEP) en  los  hechos,  pero  más  crudamente  durante  este gobierno en turno.


Me  parece que, desde  las  esferas de la burocracia estatal, no  se  puede recomendar  sin  atisbos  de  hipocresía  que  el  sistema  educativo  deba formar  personas  capaces  de  resolver  conflictos,  privilegiando  “el diálogo,  la  razón  y  la  negociación”  cuando  se  ha  priorizado  la  vía judicial, la criminalización de la protesta, así como la intervención de los órganos represivos para dirimir diferencias de orden pedagógico y laboral.


Por otra parte,  la supuesta “nueva cultura” organizativa que  pone  “la escuela al  centro” y sienta las “bases  para construir centros  escolares que  fomenten  el  trabajo  colaborativo  y  colegiado”,  no  se  puede edificar sobre  los  cimientos  de  un sistema vertical  y centralizado,  en cuyos  órganos  horizontales  de  participación  social  y  los  que  a partir de su autonomía diseñan las evaluaciones para generar propuestas de política  educativa,  están  los Empresarios  Primero  y  las  necesidades educativas después.


Hablar  de  autonomía  de gestión  para  la  rendición de  cuentas  es  una  de  las mayores  inconsistencias que  podemos  encontrar, si  la  corrupción  ha penetrado  hasta  las  altas esferas del poder político, incluso  en  la  presidencia de  la  república;  si  los niveles  de endeudamiento  han  sido tan irresponsables que hoy se podrían financiar el 95 por ciento de los programas  culturales,  educativos  y deportivos  de  la SEP tan sólo  con lo  que  el  Estado  paga  de  intereses  anuales  por  concepto  de  deuda pública. Sin embargo, el  Modelo  Educativo  2016 sigue  proponiendo  la colocación de certificados de endeudamiento  en la bolsa de valores, a través  de  Escuelas  al  CIEN (Certificados  de  Infraestructura  Educativa Nacional),  como  si  fuese  un mecanismo  exitoso  y los  datos  no  fueran desalentadores.


En  su  caso,  los  Consejos  Técnicos  Escolares  y  la  Ruta  de  Mejora Continua que  se  presentan como  los instrumentos  para la planeación contextualizada  de  la  escuela,  poco  han  contribuido  al  diseño  de alternativas  pedagógicas,  no  por  falta  de  capacidad  de  los  docentes claro está, en realidad su objetivo no ha sido la autogestión curricular, sino  la  aplicación  de  una  reforma  educativa  que  viene  desde  arriba con  todo  su  peso  administrativo,  burocrático,  antilaboral  y privatizador hasta los centros escolares.


En  cuanto  a  las  evaluaciones  internas,  según  las  condiciones específicas,  como  parte  de  la  autorregulación  de  los  aprendizajes,  la formación intrínseca de  los  docentes y las orientaciones autogestivas de  los  procesos  pedagógicos  escolares,  podríamos  decir  que  carecen de  pertinencia y significatividad para los  actores  educativos,  toda vez que  el  ej e  rector  para  los  informes  oficiales,  la  mediatización comunicativa  de  los  resultados  del  sistema  educativo,  la  opinión pública,  las  decisiones  políticas  y  los  impactos  laborales  de  los profesores, son las evaluaciones externas y además estandarizadas.


A  decir  del  modelo  curricular  que  aparece  como  continuidad  del marco  constitucional  inspirado  en las  recomendaciones  derivadas  de los  acuerdos de  cooperación con la Organización para la Cooperación y  el  Desarrollo  Económicos  (OCDE),  para  la  integración  del  mercado mundial,  y  no  en  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura  (UNESCO),  es  decir,  para  el desarrollo cultural de la humanidad, no se puede nombrar a sí mismo como  humanista.  No  hay  humanismo  posible  ni  centralidad  de  lo pedagógico  para  quien  ha  esclavizado  el  destino  de  las  nuevas generaciones a la globalización económica.


Pretender “encontrar un equilibrio  entre las exigencias propias de un proyecto  humanista,  fundamentado  en  la  educación  integral,  y  un proyecto  que persigue la eficacia y la vinculación de la educación con las necesidades de desarrollo del  país”, se vuelve búsqueda paradójica en la medida en que la “calidad” y no las cualidades humanísticas son el  objetivo  superior  de  la  educación,  como  estigma  que  ha  dejado heridas  en  la  Constitución  mexicana,  sacrificada  en  favor  de  los intereses empresariales.


No  hay coherencia lógica cuando  se  propone, por un lado, incorporar “los  avances  que  se  han  producido  en  el  campo  del  desarrollo cognitivo, la inteligencia y el aprendizaje” y, por otro, supeditar toda la teoría  pedagógica avanzada que  apunta a la  diversidad humana  y de sus formas de aprendizaje, al  modelo único por competencias, el  cual no  concibe  a la persona en su complejidad (homo complexus),  sino  en la  simplicidad  de  su  unidimensionalidad  económica  (homo economicus).


En  suma,  un  Estado  totalitario,  como  el  nuestro,  no  educa  para  la autonomía, sino  que  refuerza la obediencia y la sumisión, transgrede la  diversidad  cultural  y  cosifica  la  integralidad  humana,  ahí  está  la esencia  del  modelo  educativo  que  presenta  la  SEP,  revuelta  entre marañas conceptuales que se contradicen con su tradición neoliberal.


Una  verdadera  propuesta  educativa  sólo  podrá  venir  de  las oposiciones  críticas  al  proyecto  empresarial,  de  las  diferencias políticas  a  la  dictadura  pro  fascista,  de  la  cultura  democrática  y popular  que  se  reconstruye  en  la  renovación  constante  de  los movimientos  sociales,  de  las  autonomías  indígenas  y  su  proyecto decolonial,  del  diálogo  de  saberes  entre  la  raíz  pedagógica latinoamericana  y  las  epistemologías  para  atender  la  diversidad cognitiva.

*Doctor  en  pedagogía  crítica  y  educación  popular;  integrante  de  la Coordinadora  Nacional  de  Trabajadores  de  la  Educación  en Michoacán

La geopolítica de Washington, las Zonas Económicas Especiales y la insurgencia magisterial

Carlos Fazio

Introducción.- Desde finales de los años 80 del siglo pasado, ante las amenazas a su hegemonía por competidores inter-imperialistas, Estados Unidos ha venido desplegando una renovada estrategia de apropiación neocolonial de territorios y refuncionalización del espacio a escala mundial. El llamado Hemisferio Occidental no escapó a esa lógica de restauración  imperial. Mediante un proceso de reingeniería militar post-Panamá, América Latina y el Caribe en general, y Colombia y México en particular, fueron convertidos en una auténtica plataforma de guerra, así sea guerra comercial, frente a la competencia extracontinental por los mercados y los recursos geoestratégicos.

Como las dos caras de un mismo proyecto hegemónico, el reposicionamiento militar estadunidense en el área llegó acompañado de una serie de planes geoestratégicos y megaproyectos como los contenidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés), el Plan Colombia, el Plan Puebla Panamá (PPP), el Tratado de Libre Comercio de Centro América y República Dominicana (CAFTA-RD), la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), el por ahora abortado proyecto de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), la Iniciativa Mérida, y a últimas fechas el Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) y la Alianza del Pacífico, que combinan intereses de seguridad y económicos relacionados con el acceso a zonas privilegiadas por sus materias primas y recursos estratégicos, con una acción de control directo sobre poblaciones y puntos geográficos determinantes, para los que han sido diseñados megaproyectos de infraestructura (redes multimodales de carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, canales, cables de fibra óptica, etcétera). 

En el marco del renovado expansionismo imperial, México no sería la excepción. Al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, 1994), que vinculó al país de manera asimétrica y subordinada a Estados Unidos, siguieron el Plan Puebla Panamá (2001); la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN o TLCAN militarizado, 2005), que contiene una redefinición de facto de la frontera entre ambos países de acuerdo con los objetivos de seguridad de Washington y en detrimento de la soberanía mexicana, y la Iniciativa Mérida (o Plan México, símil del Plan Colombia, 2007), que implicó una acelerada readecuación de las Fuerzas Armadas y las distintas fuerzas policiales mexicanas por asesores e instructores de operación e inteligencia estadunidenses, combinada con una reanudación de las actividades paramilitares y el aterrizaje en el territorio mexicano de compañías privadas de seguridad subcontratadas por el Pentágono y el Departamento de Estado.

La necropolítica y la dominación de espectro completo

En rigor, desde finales de los años 70 del siglo pasado asistimos a una nueva fase de acumulación capitalista. Una fase que remite a la acumulación primitiva u originaria descrita por Carlos Marx en el capítulo 24 de El Capital (basada en el saqueo, la depredación, el robo, el fraude y la violencia), y que a comienzos de esta nueva centuria el geógrafo teórico marxista David Harvey ha denominado “acumulación por desposesión” o despojo,(1) lo que junto con la financiarización y reprimarización de la economía (con eje en el extractivismo), implica una mercantilización y privatización de territorios, incluida la tierra como mercancía y otros recursos geoestratégicos de ámbitos hasta entonces cerrados al mercado, así como la expulsión del campesinado de sus tierras comunales o bajo propiedad ejidal en beneficio de grandes corporaciones transnacionales, y su utilización como una mercancía más susceptible de ser desechada (matable, diría Agamben) o como fuerza de trabajo excedente, en algunos casos bajo regímenes de semiesclavitud.

Del nuevo “arreglo espacial” −según el concepto marco que ha desarrollado Harvey−, se deriva que la acumulación de capital construye una geografía a la medida de sus necesidades, y que en momentos de crisis sistémica como al que asistimos en el segundo decenio de este siglo, el capital desplaza sus contradicciones mediante un proceso de construcción violenta del espacio.

El 11/S agudizó esa política ya en curso (piénsese en la ex Yugoslavia, re-balcanizada por las potencias occidentales en los años 90 tras la muerte del mariscal Tito), y generó un nuevo “discurso civilizatorio” sobre la guerra, el enemigo y el terror diseñado por la administración de George W. Bush para justificar ocupaciones e intervenciones neocoloniales como en Afganistán e Irak. Lo que puso en juego nuevas valoraciones y debates académicos sobre los modos de entrelazamiento de nociones tales como violencia y derecho, por un lado, y soberanía y excepción, por otro, que a su vez remiten a ideas sobre la normalización del horror y al hecho avizorado de manera temprana por Walter Benjamin,(2) de que el Estado de emergencia no era la excepción sino la regla para los oprimidos.(3)

Con base en la normalización de la excepción, Achille Mbembe propuso una nueva categoría, la necropolítica, que exhibe la lógica de la política capitalista de nuestros días como “administración y trabajo de muerte”.(4) Recuperando la noción de la biopolítica de Michael Foucault, la aportación del filósofo camerunés nos introduce en fenómenos contemporáneos como la instrumentalización generalizada de la existencia humana y la destrucción material de cuerpos y poblaciones humanas juzgados como desechables y superfluos.(5) Así, según Mbembe, poblaciones enteras, cuerpos y enemigos son ubicados espacialmente en neocolonias cuya administración se da bajo una lógica de guerra que legitima la expropiación del territorio y la distribución y explotación de sus habitantes, en un mundo que se acaba con el límite de la muerte. Para Mbembe, la colonia representa el lugar donde la soberanía consiste fundamentalmente en el ejercicio de un poder al margen de la ley y donde la paz suele tener el rostro de una guerra sin fin.(6)

Y si bien el modelo de colonia contemporánea que plantea ese autor es el del nuevo apartheid instrumentado por Israel sobre la población palestina en los territorios árabes ocupados, vemos que éste se replica en amplios espacios territoriales de Colombia y México, merced a políticas institucionales de depredación, terror y muerte aplicadas por los gobiernos neoliberales de Álvaro Uribe y Felipe Calderón, continuadas por sus sucesores.

A través del Plan Colombia y el Plan Puebla Panamá, impulsados por la administración de William Clinton a comienzos del siglo XXI, Estados Unidos desplegó una nueva forma de guerra encubierta y de ocupación neocolonial, que como resumió en 2007 el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, buscaba “transformar el territorio; adecuarlo a las nuevas mercancías, a las nuevas tecnologías y los nuevos negocios. Cuadricularlo, ordenarlo, hacerlo funcional y… productivo”.(7)

Como parte de una guerra de ocupación integral, la intervención estadunidense de comienzos del siglo XXI responde a nuevas concepciones del Pentágono sobre la definición de enemigos (guerras contra no-Estados o contra enemigos asimétricos, no convencionales o irregulares, verbigracia, el terrorista, el populista radical, el traficante de drogas), que podrían actuar en Estados fallidos o ser patrocinados por Estados delincuentes. Lo que ha derivado en los conflictos asimétricos y las llamadas guerras de cuarta generación de nuestros días, que no se circunscriben a las reglas establecidas en los códigos internacionales y evaden las restricciones fronterizas de los Estados como parte de un sistema tanático; un sistema de muerte donde el enemigo es la sociedad toda y uno de los objetivos centrales es la destrucción de la cultura.(8)

La ocupación integral encubierta de países como Colombia y México forma parte de la “dominación de espectro completo”, noción diseñada por el Pentágono antes del 11 de septiembre de 2001,(9) que abarca una política combinada donde lo militar, lo económico, lo mediático y lo cultural tienen objetivos comunes. Dado que el espectro es geográfico, espacial, social y cultural, para imponer la dominación se necesita manufacturar el consentimiento. Esto es, colocar en la sociedad sentidos “comunes”, que de tanto repetirse se incorporan al imaginario colectivo e introducen, como única, la visión del mundo del poder hegemónico.

La fabricación de imaginarios colectivos busca, además, facilitar la intervención-ocupación de Washington con base en el socorrido discurso propagandístico de la “seguridad nacional” estadunidense y/o la “seguridad hemisférica”. Con tal fin se introducen e imponen conceptos como el llamado “perímetro de seguridad” en el espacio geográfico que contiene a Canadá, Estados Unidos y México, que como parte de un plan de reordenamiento territorial de facto, fue introduciendo de manera furtiva a México en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN, 2005).

La ASPAN incluye una integración energética transfronteriza subordinada a Washington y megaproyectos del capital transnacional que subsumen los criterios económicos a los de seguridad −justificando así acciones que de otro modo no podrían ser admitidas por ser violatorias de la soberanía nacional− y una normativa supranacional que hace a un lado el control legislativo, mientras se imponen leyes contrainsurgentes que criminalizan la protesta y la pobreza y globalizan el disciplinamiento social.(10)

En ese contexto, cabe resaltar que la guerra y el terror son instrumentos clave al servicio de una forma de acumulación violenta, que ocurre al interior de para-estados donde operan formas de poder paralelas pero articuladas al marco institucional (para-institucionalidad), en cuyo seno fracciones “pragmáticas” del bloque de poder hegemónico han delegado parte de la regulación y el control territorial de zonas de importancia económica y geopolítica (espacialidad), a aparatos represivos extralegales (paramilitarismo), que pueden llegar a constituir auténticos brazos armados complementarios y/o que actúan en cohabitación o franca complicidad con las distintas corporaciones de las fuerzas militares del Estado (fuerzas armadas y distintas formas de policías militarizadas), al servicio de la nueva fase de acumulación capitalista.(11)

La irrupción de las nuevas formas de acumulación legales que muchas veces derivan de actividades ilegales (el lavado de dinero es la legalización de recursos negros a cambio de una cuota o porcentaje), ha propiciado una nueva geografía del capital generada a base de una violencia criminal que es utilizada para la ocupación de nuevos territorios, así como para la desocupación o reocupación de otros. Ello explica, también –al igual que en Colombia−, la imbricación de las fuerzas militares y policiales mexicanas con agrupaciones de civiles armados (paramilitares, autodefensas, grupos de la economía criminal), y de éstos con empresas e instituciones  bancarias y financieras transnacionales, para darle un cauce “legal” e “institucional” al actual proceso de acumulación por despojo.

En el caso mexicano, la guerra asimétrica de Felipe Calderón tuvo por objetivo destruir mediante la violencia y el terror el tejido social comunitario y generar desplazamientos forzosos de población en amplias zonas del país consideradas económicamente estratégicas por el gran capital, como paso previo a una reconstrucción y un reordenamiento territorial y poblacional que, con base en la aprobación de la cuarta generación de medidas neoliberales durante el mandato de Enrique Peña Nieto −en particular la contrarreforma energética−, diera paso a una posterior enloquecida carrera transnacional para el despojo.

Michoacán y la  geopolítica del Pacífico

El 4 de noviembre de 2013, el gobierno federal anunció que los policías municipales de Lázaro Cárdenas, en Michoacán,  habían sido desarmados por elementos de la Secretaría de Marina y la administración del puerto del mismo nombre había quedado en manos de las Fuerzas Armadas. La “toma” y militarización de ese puerto industrial fue la noticia principal de los medios de difusión masiva.

Según el diario Milenio, el puerto era  la verdadera “mina de oro” del grupo delincuencial Los Caballeros Templarios. De acuerdo con información de inteligencia  filtrada al diario capitalino, entre las actividades diversificadas del grupo criminal figuraban el control de las operaciones portuarias de contenedores; las operaciones de las empresas navieras transportistas de contenedores; los transportes terrestres portuarios, y el cobro de “cuotas” (venta de protección) a empresas que participaban en licitaciones en el puerto y todo el municipio, a razón de 10 por ciento por cada contrato adjudicado,(12) de acuerdo con un padrón de empresas beneficiarias en poder del grupo criminal.  El “negocio” incluía a grandes corporaciones como ICA, ganadora de obras gigantescas y multimillonarias.(13) Otro importante rubro de ingresos era la exportación de minerales hacia China desde el puerto de Lázaro Cárdenas. Paralelamente, cobraban un dólar por tonelada exportada a cinco empresas mineras que utilizaban dos muelles del puerto.

Los datos eran una radiografía aproximada de la realidad michoacana y fiel reflejo de lo que ocurría en otros estados de la República. Sin embargo, exhibían una visión unidireccional del problema, ya que se enfocaban exclusivamente en las operaciones legales e ilegales atribuidas por las autoridades a Los Caballeros Templarios y no incluía, como parte activa de las redes de complicidad y corrupción ligadas a la economía criminal, a miembros de la clase empresarial, banqueros, políticos y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno (federal, estatal, municipal), entre ellos, a los  responsables del fisco, autoridades aduanales, portuarias y judiciales, e integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado encargados de brindar “protección” (Ejército, Marina, Policía Federal y las distintas agencias policiales y ministeriales).

Lo que más llamaba la atención, por inverosímil, era que según la versión oficial difundida, Los Caballeros Templarios controlaban “todas” las operaciones del estratégico puerto de Lázaro Cárdenas, que por razones de soberanía y seguridad nacional estaban −o deberían estar− bajo control constitucional de las Fuerzas Armadas (en particular de la Marina) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Ubicado en una de las nuevas zonas de influencia geopolítica en disputa entre  Estados Unidos, Canadá y China –con eje en la pelea por materias primas y las rutas comerciales marítimas−, Lázaro Cárdenas es el segundo puerto industrial y comercial del continente americano sobre el Océano Pacífico, después del de Long Beach, en Los Ángeles, California (EU).

Asiento de uno de los puntos principales de la industria siderúrgica nacional, la ciudad de Lázaro Cárdenas se conecta través de una red multimodal de transporte a 13 estados del centro-norte de la República mexicana que generan 60 por ciento del producto interno bruto nacional.(14) En sus muelles se descargan las materias primas y manufacturas chinas que abastecen el mercado nacional, y los componentes que demandan las plantas maquiladoras instaladas en la región del Bajío, principalmente empresas ensambladoras de automóviles y del rubro aeroespacial. Y a través de una red ferroviaria controlada desde las privatizaciones del presidente Ernesto Zedillo (1995) por la empresa estadunidense Kansas City Southern de México (KCSM, de la que ese ex mandatario es accionista y empleado), se enlaza a través de dos ramales (cuyo destinos son Nuevo Laredo y Matamoros) con la frontera norte, pero en particular con la costa este de la Unión Americana y Asia, gracias a una conexión transfronteriza con el mundialmente conocido corredor Singapur-Kansas City.

Diseñado junto con el Plan Puebla Panamá a mediados del año 2000, el eje Lázaro Cárdenas-Nuevo Laredo para el traslado de contenedores por ferrocarril es vital para descongestionar el movimiento interoceánico de mercancías desde y hacia Estados Unidos, debido a la saturación del Canal de Panamá, lo que permite además bajar los costos de transporte (fletes) entre la costa atlántica (donde está concentrada casi el 80 por ciento de la producción estadunidense) y el Océano Pacífico.

Cabe destacar que durante el sexenio de Felipe Calderón −es decir, en los años de expansión y consolidación del dominio territorial de La Familia y Los Caballeros Templarios−, el puerto de Lázaro Cárdenas fue remozado y ampliado, debido a que en las alturas del poder −entre quienes deciden los megaproyectos económicos y los planes geopolíticos de la ASPAN− había sido concebido para servir de enlace con 44 países con los que México tiene tratados de libre comercio, y además como bisagra entre el Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés)(15) y el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP).(16)

Por otra parte, Michoacán aporta 25 por ciento del mineral de hierro del país, y las mayores productoras del recurso en el estado son las transnacionales ArcelorMittal, que en 2006 se quedó con la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas (Sicartsa); Ternium, el consorcio ítalo-argentino que compró Hylsa; la canadiense Endeauvour Silver Corp; Pacific Coast Minerals, de Estados Unidos, y la Minera del Norte (subsidiaria del Grupo Acerero del Norte, propiedad de Alonso Ancira), que tienen concesionado poco más de 15 por ciento del territorio del estado.

¿Qué estaba pasando en realidad en Michoacán? Desde una lectura geopolítica, el violento conflicto entre Los Templarios y las autodefensas de Tierra Caliente podría responder a un choque de intereses entre expresiones armadas de grupos políticos, económicos y delictivos en pugna por el control del tránsito de mercancías por el puerto de Lázaro Cárdenas hacia el extranjero, y de las redes de interconexión multimodal de esa ciudad por territorios y rutas que conducían a estados del centro y norte de México, y a las costas del oeste estadunidense y Asia, como parte de una guerra de penetración y ocupación integral encubierta del país por capitales transnacionales y multinacionales, en el marco de la visión geopolítica estratégica de Estados Unidos, cuya hegemonía comenzaba a ser desafiada por China y Rusia.(17)

Peña Nieto y las Zonas Económicas Especiales

En realidad, el puerto de Lázaro Cárdenas era una pieza clave en la dinámica desordenar/destruir/reconstruir/reordenar iniciada por Calderón, que tuvo continuidad en el Plan de Desarrollo 2013-2018 de Peña Nieto, y fue reconfirmada en sus diez medidas de acción en materia de legalidad y justicia anunciadas por el jefe del Ejecutivo en noviembre de 2014, donde se establecía que el Gabinete de Seguridad implementaría un “operativo especial” en la zona de Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero, y una estrategia de “desarrollo integral” en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, consistente en crear tres Zonas Económicas Especiales (ZEE).

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2016, la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales responde al capitalismo criminal y militarizado de nuestros días y a la nueva fase de acumulación por desposesión o despojo neocolonial. Sus escenarios principales serán el puerto de Lázaro Cárdenas, abarcando los municipios colindantes de la tierra caliente y la costa grande de Michoacán y Guerrero; Puerto Chiapas (antes Puerto Madero), en el municipio chiapaneco de Tapachula; el corredor industrial interoceánico Coatzacoalcos-Salinas Cruz en el istmo de Tehuantepec, que unirá el estado de Veracruz sobre el golfo de México con el Pacífico oaxaqueño, y el corredor petrolero que irá desde Coatzacoalcos hasta Ciudad del Carmen, Campeche, pasando por Tabasco.

Promovidas por el Banco Mundial (BM) y bendecidas por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Universidad de Harvard, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el sector público y privado, los territorios incluidos en las Zonas Económicas Especiales serán tomados por el gran capital y funcionarán como enclaves productivos de exportación al gusto del capital transnacional, con eje en empresas maquiladoras. 

Según el secretario de Hacienda Luis Videgaray, en las áreas abarcadas por las ZEE las empresas multinacionales gozarán de un tratamiento fiscal distinto, incentivos fiscales importantes a largo plazo (una tasa reducida del impuesto sobre la renta, ventajas para el comercio exterior y también infraestructura, conectividad y acceso a la banda ancha),(18) y −aunque Videgaray no lo dijo−, para ser “competitivas” a nivel del comercio mundial, las maquiladoras contarán con mano de obra barata.

Las inversiones incluirán importantes autopistas (como la que conecta Michoacán con Puerto Chiapas), la modernización de Tuxtla Gutiérrez, obras de infraestructura, gasoductos y la rehabilitación del Ferrocarril del Istmo. Para apoyar la conectividad también se impulsará la Carretera Transístmica.

En junio de 2014 Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que había comenzado la operación del poliducto del Corredor Transístmico o Cinturón Transoceánico, que a lo largo de 381 kilómetros enlazará por un lado la terminal logística de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz,(19) con la refinería Antonio Dovalí Jaime en el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, lo que permitirá trasladar gas LP hacia el litoral del Pacífico y otro gasoducto de Chinameca, Veracruz, a Salina Cruz, para el traslado de gas natural.  Ambos gasoductos, que atravesarán 14 municipios veracruzanos y 13 oaxaqueños, fueron  proyectados hacia la costa oeste de Estados Unidos y el mercado del sureste asiático y permitirán trasladar hidrocarburos en sólo siete días, en comparación con los más de 16 que se requiere un buque para cruzar por el canal de Panamá.(20)

Cabe consignar que en febrero de 2015, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contra la Secretaría de Energía y la empresa PMI Cinturón Transoceánico, filial de Pemex, por la violación al derecho de consulta y consentimiento previo, libre e informado (según estipula el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo) para la construcción de esos dos  gasoductos.

Con respecto a Chiapas, la Zona Económica Especial contempla la creación de un agroparque en el Soconusco conectado con Puerto Chiapas. También está proyectado un gasoducto que enlazará Salina Cruz con Puerto Chiapas y Guatemala, cuyo objetivo es transportar gas natural desde la terminal oaxaqueña de Salina Cruz a Guatemala a lo largo de 600 kilómetros. El proyecto forma parte de una estrategia  de encadenamiento regional que involucra a México con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, con asesoría y apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo y del Departamento de Estado estadunidense a través del Buró de Recursos Energéticos.(21)

Huelga decir que las Zonas Económicas Especiales incluyen estados que como Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Tabasco son ricos en biodiversidad y recursos forestales, regiones que también albergan riquezas arqueológicas y etnológicas que han sido permanentemente amenazadas por el gran capital, por lo que dichos proyectos podrán detonar conflictos por la tenencia de la tierra y la conservación de los ecosistemas y las culturas locales.

Al respecto, cabe enfatizar que el proyecto en curso supone también la maquilización de la tierra en el Istmo de Tehuantepec y los otros ejes contemplados.  Es decir, el despojo de tierras será una condición intrínseca de las Zonas Económicas Especiales. En un principio, la iniciativa de ley presidencial enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados el 29 de septiembre de 2015, mencionaba que las ZEE son territorios de interés público y las regiones donde se consideren apropiadas para ser instaladas, serán expropiadas. Cito: “La presente iniciativa de Ley califica a la construcción, mantenimiento, ampliación y desarrollo de la Zona, como causas de utilidad pública, lo cual tiene efectos para la eventual aplicación de las medidas previstas en la Ley de Expropiación, cuando así se requiere para promover bienes o servicios para tales actividades”.(22)

El Ejecutivo declara qué territorio puede ser considerado como zona de utilidad pública y es quién expide el decreto de expropiación, por lo que a los propietarios de las tierras afectadas sólo les queda aceptar la indemnización o resistir.

Lo anterior está íntimamente ligado con la aprobación de la ominosa contrarreforma energética, en julio de 2014, cuyas leyes secundarias debilitan en forma significativa la certidumbre de la tenencia de la tierra, abren un margen al despojo de comunidades, ejidos y poblaciones por consorcios petroleros, gaseros y eléctricos nacionales o transnacionales y son, en esa medida, augurio de conflictos y confrontaciones. En la ley, si bien desapareció el término “expropiación” se le sustituyó por “ocupación temporal” de predios, pero en otros artículos se mantiene la disposición, por lo que habrá expropiaciones, incluso para establecer una gasolinera. Asimismo, las disposiciones de las leyes de hidrocarburos y de la industria eléctrica permitirán a las corporaciones nacionales y extranjeras disponer de tierras, bosques y aguas, las que podrán comprar o rentar. Se estableció, también la obligación de ejidatarios, comuneros y propietarios privados de entregar sus tierras y bosques a transnacionales a través de la figura denominada “servidumbre legal”. Además, las leyes secundarias contienen disposiciones que avanzan hacia la privatización del agua.

Encomienda y servidumbre, pues, definen la legislación energética, por lo que se legalizó el despojo del patrimonio de miles de familias y comunidades mexicanas por los dueños del dinero y a favor de los negocios corporativos privados. Una vez más queda claro que el derecho a la propiedad privada que consagra la Constitución sólo se aplica a los ricos, porque a los pobres se les despoja de lo poco que tienen.

Mientras las principales megapetroleras globales ExxonMobil (de EU, ligada a la banca JP Morgan), Chevron Texaco (EU y también vinculada a la banca Morgan), Conoco Phillips (EU, con lazos con el Citigroup), la British Petroleum (BP, vinculada con Goldman Sachs) y la angloholandesa Royal Dutch/Shell (con nexos con el HSBC Holding) se frotan las manos para entrar a saco a depredar a México, la consigna del gobierno de Peña Nieto para los propietarios de tierra rurales, ejidales y comunitarias parece ser “vendes o vendes, porque si no te expropio”.

Diseñada para la extranjerización del sector, la contrarreforma energética legaliza el despojo  o expropiación de tierras en nombre de  la “utilidad pública”, el “interés nacional” o el “bien común”, lo que podrá traer consecuencias sociales incalculables como el desarraigo de pobladores, la ruptura del tejido social, la aparición de grupos armados privados al servicio de las compañías privadas transnacionales y los cacicazgos locales, mayor injusticia y una exacerbación del resentimiento social. Los mexicanos podrán convertirse en peones y servidumbre en su propia tierra. Según el legislador Luis Sánchez, la ley afectará al menos a 5 mil 866 ejidos, a 37 mil 877 localidades en 266 municipios y 12 estados con previsiones de gas o petróleo.

El Consejo Coordinador Empresarial toma el control

La designación presidencial de Gerardo Gutiérrez Candiani como titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), el pasado 8 de julio, confirmó la pretensión de privatizar buena parte del sur-sureste de México. Candidato frustrado a la gubernatura de Oaxaca, el nuevo titular de la AFDZEE, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Luis Videgaray, ha sido presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE, el sindicato de los grandes empresarios de México) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En su nuevo cargo, Gutiérrez Candiani contará con autonomía técnica, operativa y de gestión. Y desde allí tendrá oportunidad de servir a los nuevos zares energéticos mexicanos, que compartirán los negocios con las megapetroleras mundiales. Entre ellos destacan Carlos Slim (Grupo Carso Oil&Gas), Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailleres (Petrobal), Bernardo Quintana (Grupo ICA), Armando Garza Sada (Grupo Monterrey, Alfa), Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas, Typhoon) y Pedro Aspe (Evercore).

En su artículo segundo la ley prevé que las personas físicas o morales que operen en las Zonas Económicas Especiales como administradores integrales o inversionistas, podrán recibir beneficios fiscales, aduanales y financieros, así como facilidades administrativas e infraestructura competitiva, entre otras condiciones especiales. El “administrador integral”, entendido éste como “la persona moral o entidad paraestatal que, con base en un permiso o asignación, funge como desarrollador-operador de la zona” (recuérdese que una persona moral puede ser una sociedad mercantil, es decir, empresarios), “tendrá entre sus facultades, según la fracción XII del artículo 33: Operar los servicios de vigilancia y control de accesos y tránsito de personas y bienes en la zona, de conformidad con lo previsto en las reglas de operación de la misma, sin perjuicio de las disposiciones jurídicas aplicables y las atribuciones de las autoridades competentes. Dichas funciones podrán prestarse con un cuerpo encargado de verificar que la seguridad y vigilancia en las mismas se lleve a cabo conforme a las disposiciones establecidas”.(23) Es decir, en los nuevos enclaves los empresarios podrán contar con guardias privados.

Según la exposición de motivos de la iniciativa publicada en la gaceta parlamentaria el 8 de marzo de 2015, el ejemplo de referencia de las ZEE de México son las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, también conocido como “ciudades Modelo”, aprobadas en Honduras en 2011. El modelo hondureño no se restringe al sector de las manufacturas, sino que puede incluir centros financieros y logísticos internacionales; ciudades autónomas; distritos especiales de inversión;  distritos de energéticos renovables; zonas agroindustriales especiales; zonas turísticas especiales; zonas mineras sociales; zonas forestales sociales o cualquier otro régimen especial no especificado que incluya una combinación de varios de esos regímenes; pero además incluye zonas sujetas a un sistema jurídico especial, que podrán recurrir a cortes comerciales internacionales.

En definitiva, en el caso hondureño se trata de zonas fiscales y aduaneras extraterritoriales, distintas a las del territorio nacional. En el caso mexicano el proyecto es muy parecido, ya que como se puede apreciar en los términos de la ley, se pretende formar zonas exclusivas para el capital, con excepcionalidad arancelaria, libres de impuestos, con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva sobre las mismas, que podrán adoptar sistemas o jurisprudencia conforme a “las mejores prácticas internacionales”. Contarán además con reglas laborales propias y los incrementos salariales de los trabajadores se determinarán por productividad y desarrollo de conocimientos.

A manera de conclusión

Junto con las interconexiones energéticas en la frontera norte –de electricidad y ductos para el transporte de hidrocarburos para garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos−, las Zonas Económicas Especiales, con sus red de gasoductos y los puertos de Lázaro Cárdenas, Salina Cruz y Chiapas sobre el Océano Pacífico, son un componente básico del Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), diseñado para contener a China, y la Alianza del Pacífico, conformada por México, Colombia, Perú y Chile, instrumento político y económico mediante el cual Washington pretende modificar el mapa sociopolítico subregional acabando con los gobiernos de los países del ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y socavar desde dentro proyectos que suscitan el visceral rechazo de la Casa Blanca como la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y, en menor medida, el Mercosur (Mercado Común del Sur).

Negociado en secreto, el TPP es peor que el TLCAN y amenaza con profundizar la destrucción de la agricultura campesina, la agroecología, la biodiversidad, la salud pública y ambiental, lo que resta de la industria mexicana, afectará también nuestros derechos digitales y aumentará la dependencia neocolonial de la economía y la política a los intereses de las multinacionales con casa matriz en Estados Unidos, profundizando el despojo y la catástrofe humanitaria que vivimos, así como el destino de México como país maquilador.

En perspectiva, México desaparecerá como país petrolero mundial, ya que en virtud de los acuerdos transfronterizos de hidrocarburos con Estados Unidos, Washington controlará toda la infraestructura energética –oleo/gasoductos de petróleo, gas y redes de transmisión eléctrica− en la “meta-región” geoeconómica de Norteamérica, como espacio geopolítico bajo el paraguas militar del Pentágono controlado económicamente por corporaciones multinacionales con casa matriz en la Unión Americana.

Las implicaciones geopolíticas son enormes: con el control de los recursos petroleros y gasíferos de Canadá y México mediante la llamada “seguridad energética de Norteamérica”, Estados Unidos dominará una de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, que lo hará menos dependiente de los países exportadores de la OPEP, y de Arabia Saudita en particular. La extracción de hidrocarburos de la parte mexicana (México es hoy el tercer abastecedor de Estados Unidos, con 12 por ciento) pronto desplazará a Arabia Saudita del segundo lugar (17%). Canadá es el primero, con 23 por ciento.

La pertenencia de Canadá y México al Acuerdo Transpacífico de 12 miembros y a la Asociación Transatlántica de Inversiones y Comercio (TTIP, por sus siglas en inglés) facilitará las actividades de la poderosa flota naval de Estados Unidos en los dos océanos, y a través de sus socios “latinos” de la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile) Washington se dará el lujo de proyectarse hacia Sudamérica.

Bajo la férula del Comando Norte (NorthCom/Norad) y el control del CiberComando (CiberCom) del Pentágono, y gracias al paquete de contrarreformas neoliberales de cuarta generación de Peña-Aspe-Videgaray, al servicio de la plutocracia internacional, un día los mexicanos nos enteraremos que Norteamérica (EU/Canadá/México) le declaró la guerra a China.

Cabe mencionar que salvo Puebla, las Zonas Económicas Especiales incluyen a los otros ocho estados del Plan Puebla Panamá original (2000). Publicitado como un “plan innovador de desarrollo”, las ZEE son el instrumento de la nueva fase de desposesión o despojo en curso y como ya si dijo tiene como blanco prioritario territorios ricos en recursos naturales y materias primas y donde están asentados pueblos originarios y existen proyectos de resistencia autonómicos  y contra-hegemónicos.

En esos estados del sur-sureste mexicano donde predomina la propiedad colectiva de la tierra, y que han sido destinados a sufrir profundas reconfiguraciones territoriales, económicas y poblacionales vía el despojo neocolonial, el papel de las maestras y los maestros disidentes −como formadores de una identidad nacional e impulsores de una pedagogía comunitaria, autonómica, autogestionaria, solidaria y emancipadora−, se ha convertido en un obstáculo; de allí la guerra contrainsurgente y mediática de Peña Nieto, Aurelio Nuño y los grandes empresarios a través de Mexicanos Primero (ligado a Televisa) contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), incluida la criminalización de la protesta y la detención y persecución de sus dirigentes.

Con grandes movilizaciones en varios estados de la República Mexicana, la insurgencia magisterial ha logrado sentar a las autoridades a negociar modificaciones de fondo a la contrarreforma educativa, que en realidad es administrativa y laboral. De la solución del conflicto dependerá, en buena medida, el curso que tomen a corto y mediano plazo los acontecimientos en México.

Notas

(1) David Harvey, El nuevo imperialismo. Ediciones Akal, Madrid, 2004.

(2) Ver Walter Benjamin, Tesis sobre el concepto de historia.

(3) Ver Alain Joxe, El imperio del caos; Michael Hardt y Antonio Negri, Imperio, y Giorgio Agamben, Estado de excepción.

(4) Achille Mbembe, Necropolítica, Melusina, 2011.

(5)  Achille Mbembe, “Necropolítica, una revisión crítica”, en Estética y Violencia: necropolítica, militarización y vidas lloradas, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, UNAM, México, 2012.

(6) Ver Helena Chávez Mac Gregor, “Necropolítica. La política como trabajo de muerte”. Revista Ábaco número 78, 2013.

(7) Ana Esther Ceceña, Paula Aguilar y Carlos Motto, Territorialidad de la dominación. Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Buenos Aires, 2007.

(8) Ver Ana Esther Ceceña, Rodrigo Yedra y David Barrios, Un continente bajo amenaza. Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, Quito, Ecuador, 2009.

(9) Ibíd.

(10) En marzo de 2005, en Waco, Texas, el presidente Vicente Fox adhirió a un acuerdo ejecutivo con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush y el primer ministro de Canadá, Paul Martin, denominado Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Los puntos nodales de la ASPAN (o TLC militarizado), fueron seguridad y energía, y la construcción de Norteamérica como un nuevo espacio político y económico para la competencia interimperialista de Estados Unidos con la Europa comunitaria y la región Asia-Pacífico. Desde su concreción, la ASPAN ha venido funcionando con un “gobierno sombra” de las elites empresariales y militares de Estados Unidos y sus socios menores en Canadá y México. Además, dicho acuerdo −que en México elude el control del Senado de la República, encargado por la Constitución de vigilar los acuerdos internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo−, tuvo como objetivo establecer un “perímetro de seguridad” en el espacio geográfico inmediato a los Estados Unidos, bajo el mando de un nuevo comando militar del Pentágono creado en 2002: el Comando Norte.

(11) Ver Jairo Estrada Álvarez y Sergio Moreno Rubio, “Configuraciones (criminales) del capitalismo actual. Tendencias de análisis y elementos de interpretación”, en Capitalismo criminal. Ensayos críticos. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2008.

(12) Tal pareciera que el 10 por ciento es la tasa internacional base: desde Raúl Salinas de Gortari, “Mr. 10 per cent”, a Chuck Blazer de la FIFA, pasando por el esposo de Benazir Bhutto, ministro de inversión y después presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, “Mr. ten per cent”.

(13) Ibíd.

(14) Ver Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Internet.

(15) El Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), entró en vigor en enero de 2006 para Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Otros ocho países se sumaron luego y están negociando su incorporación: Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam.

(16) Magdiel Sánchez Quiroz e Iván Martínez Zazueta, “Elementos geopolíticos sobre la situación de Michoacán”. Revista Trabajadores Nro. 101, Universidad Obrera de México, marzo-abril de 2014.

(17) Magdiel Sánchez Quiroz e Iván Martínez Zazueta, “Elementos geopolíticos sobre la situación de Michoacán”, ya citado.

(18) África Semprún, “Se invertirán mil 200 mdd en infraestructura al sur”. El Universal, 10 de junio de 2016.

(19) En la terminal de Pajaritos también operan la estación de bombeo Nuevo Teapa y la refinería General Lázaro Cárdenas del Río.

(20) “Pemex comenzó la operación del poliducto del Corredor Transístmico”. La Jornada, 8 de junio de 2014.

(21) Mateo Crossa, “México en el giro de tuerca mundial: Zonas Económicas Especiales”. ALAI, 17 de noviembre de 2015.

(22) Ibíd.

(23) Ver Julio Hernández López, Astillero, “Privatizar el sur. Cesiones a empresarios. Hasta Policías privadas”. La Jornada, 11 de julio de 2016.