En el bienio 2017–2018, la violencia criminal llegó a niveles históricos los años con más “homicidios dolosos” en el país. Las elecciones federales de entonces registraron el mayor nivel de asesinatos de candidatos contabilizados. Por la violencia que aún padece México, podría parecer inacabado el tiempo del presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr la pacificación del país, como lo anunció o prometió al principio de su mandato, pues faltan ocho meses para su conclusión legal-constitucional. En sentido estricto, es complejo que tal objetivo pueda concretarse.
Hoy podemos valorar dicho proceso. En términos evaluativos, este planteamiento fue una de las grandes apuestas del actual gobierno de la 4T-4R –cuarta transformación para la cuarta República–. En ésta, se pusieron en juego distintos conceptos, principios, que podemos encontrar en discursos y alocuciones hacia la sociedad. Además de instrumentos que aterrizaron en programas y políticas públicas, los cuales arrojan ciertos resultados al día de hoy. Estos mismos nos proponemos valorar políticamente.
Al respecto, tenemos cuatro hipótesis centrales y una valoración conclusiva:
1.La pacificación no es un objetivo estratégico para el desarrollo de México en la clase política nacional, sólo en el Poder Ejecutivo federal y en los estados gobernados por el partido en el poder[Morena], aunque sus actividades son en general, limitadas, casi formales.
2.La pacificación no es aún un objetivo estratégico en las instituciones armadas. Esto, dado que sus intervenciones institucionales, políticas y sociales se han dilatado sin un correlato de compromiso a fondo con dicho objetivo: hacen lo necesario por mandato presidencial. Sin embargo, en procesos de justicia transicional gravita más en muchos integrantes su espíritu de cuerpo, su defensa, frente a cualquier revisión o ajuste con hechos del pasado, sin anteponer que es parte de la pacificación. No existe ésta sin ajuste con el pasado.
3.La pacificación es un proceso que obstruye las metas de lucha electoral entre fuerzas políticas, cuya visión e interés predominan sobre cualquier otra consideración. Son rehenes de la visión de corto plazo.
4.Se ha intentado implementar de manera incompleta y heterogénea, sin una concepción precisa de la misma y de sus procesos ajustados a las condiciones de México. Hay avances que, no por carecer de espectacularidad, debemos dejar de apreciar su valor. Significa que se puede avanzar mucho más.
Consecuencia de este postulado valorativo producto de las hipótesis que desarrollamos en este ensayo, el curso de la pacificación se encuentra en una etapa embrionaria con resultados de avance en algunos aspectos. En otros, mejores; sin embargo, insuficientes en algunos más. Además de retrocesos que no permiten sostener con datos duros que la pacificación avanza con paso firme y que puede entrar a un proceso de consolidación y expansión.
No ha superado la etapa embrionaria, de eclosión, pero camina. Cuenta con las determinantes socio-políticas e institucionales para dar un salto positivo en el futuro.
Un señalamiento que nos parece de importancia: las polémicas del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus ruedas de prensa sobre estos temas tienen un eje sustantivo: para él, la reducción y tendencias de descenso –ejemplificadas con datos duros, reales– durante su gobierno en los indicadores de incidencia delictiva prueban lo acertado de la concepción y la estrategia puesta en marcha.
Otros, reconocemos lo primero y los avances logrados, pero consideramos que con ajustes en la estrategia –no en la filosofía política general que la misma contiene– es posible acelerar los tiempos de la caída de los indicadores y obtener mayores éxitos. La severidad de los eventos –como lo ocurrido a fin de año– y la imperiosa necesidad de intensificar el desarrollo obligan a buscar dicha aceleración.
Hemos señalado en qué puede consistir dicho ajuste en la estrategia. No seré repetitivo. Nadie miente en esto. Algunos critican sin reconocer nada, sólo por deslegitimar el enfoque y la estrategia; no tienen propuesta. Otros apoyamos y reconocemos, pero valoramos distinto el poder actual de la estrategia hasta hoy seguida. Enero de 2019 no es enero de 2024.
Cualquier estrategia puede ser ajustada. No son rígidas e inamovibles en cuanto las circunstancias y el correr del tiempo. Los cambios son dictados por la necesidad. Hoy, las organizaciones trasnacionales del crimen se han transformado; no son las mismas que en 2019.
Estado de necesidad de un nuevo paradigma
En primer lugar, debemos considerar que el propósito y objetivo político –enunciado desde la campaña para la elección presidencial de 2018– no los consideramos propagandísticos, y menos demagógicos. Tampoco son utópicos –hay diferentes experiencias históricas de logros en tal sentido–, sino sinceros y dictados por el estado de necesidad en el país.
El crimen trasnacional organizado se había empoderado a lo largo y ancho de nuestro territorio. Conformaba una multi–amenaza para la seguridad nacional en su vertiente de seguridad interior. En cuanto a ello, todos lo entendía así –como de urgente necesidad–. Ante esto, se habían esbozado cinco propuestas generales distintas:
Intensificar y ampliar la praxis de la estrategia punitiva-represiva centrada en la ofensiva de los cuerpos armados del Estado –aún no sabíamos, aunque muchos sospechaban, las trapacerías criminales de Genaro García Luna y las colaboraciones del gobierno de Peña Nieto con él– al costo que fuera necesario.
Asimismo, ampliar las facilidades a organismos como la Administración de Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés), luego también nos enterarnos de distintas complicidades de dicho organismo, para derrotar por las armas a los ya poderosos cárteles mexicanos.
Por otro lado, la legalización de las drogas para modificar el ambiente socio-político, económico y de mercado respecto al tráfico internacional de estupefacientes ilícitos desde México.
Esta propuesta fue esgrimida por el grupo internacional de personalidades que encabezaba el exsecretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, en el cual participaba el expresidente Ernesto Zedillo.
Dentro de esta opción, como variante acotada de la misma, se planteaba “la regulación de algunas drogas como el cannabis” y su despenalización, como primer paso hacia el objetivo más amplio.
En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal –entonces–, se llegó a perfilar una normatividad legal para abordar en esos términos la problemática. La gradualidad era el eje conceptual. El entonces senador Joe Biden planteó la necesidad –como variante de la estrategia punitiva-represiva– de la integración de un ejército multinacional para la región de América. Se encargaría de perseguir y aniquilar a los líderes y sus organizaciones criminales.
La negociación directa, abierta o encubierta con las organizaciones del crimen trasnacional en México fue disimulada, por tanto, ilegal. Fue una opción que estaba sobre la mesa en distintos países.
En Colombia, primero fue encubierta y luego abierta y legal con Pablo Escobar. Y, en Italia, encubierta con la organización criminal “la Camorra” Napolitana, por ejemplo.
En el tema del blanqueo de capitales, se establecieron los Acuerdos de Basilea III. Plantearon incrementar los candados en las operaciones bancarias y en las transacciones internacionales de dinero –normas de cumplimiento para los oficiales bancarios y los ROS (reportes sobre operaciones sospechosas, en español). Éstas son las prácticas de mayor identificación de los clientes-inversionistas en bancos y mercados de valores (dinero y documentos transables).
Así como la legislación en cada país –sobre extinción de dominio–, en cuanto a la utilización de distintos inmuebles para narcomenudeo y dinero de procedencia ilícita. Eran susceptibles de ser expropiados si esto se comprobaba –lo que fue un sonado fracaso, los juicios eran perdidos por la autoridad en distintos casos–. Además de rematar con más candados –normas severas– en las leyes de investigación de recursos de procedencia ilícita que ampliaban las posibilidades de este tipo de operaciones al sector joyero, al inmobiliario, turístico, de arte. Además, reducían el monto de las operaciones en efectivo y en dólares estadunidense.
Y ulteriormente, amplían la legislación nacional, a través de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) por conducto del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Incluían el sector bancario-financiero entre países.
Se reforzó dicha política, igual que con la cooperación de carácter judicial; es decir, la persecución en las fronteras, la ampliación de las causales de extradición, la interposición de rogatorias internacionales, etcétera.
Todo ha sido, si no inútil, insuficiente para neutralizar o erradicar las amenazas del blanqueo de capital a nivel mundial y nacional. Siempre hay resquicios legales, administrativos, o por corrupción en asociaciones criminales de distinto tipo –de cuello blanco– que lo permiten de manera masiva y continua.
En suma: parecía que nos encontrábamos en un “callejón sin salida”, con una estrategia de política criminal punitiva-represiva nacida de un paradigma lanzado desde el gobierno de Estados Unidos durante el mandato de Richard Nixon.
Tal como fue “la guerra contra las drogas”, paradigma fallido, agotado, cuestionado en México por los críticos y opositores políticos. Sin embargo, incluso en el gobierno de Peña Nieto, se intentaron algunas líneas de cambio en ese sentido.
Hacia el final del sexenio, en la ONU, Miguel Ángel Osorio Chong declaró que México estaba dispuesto a ir a una legalización parcial de drogas prohibidas, aunque Peña Nieto lo negó en la Casa Blanca, durante una reunión con el presidente Barack Obama.
Su carácter fallido también fue aceptado por el Senado de Estados Unidos en varias ocasiones e internacionalmente en América Latina, pero especialmente en Europa, en donde se adoptó el “paradigma preventivo”. Se puso a un lado el modelo represivo-punitivo.
Por tanto, los planteamientos en campaña de Andrés Manuel López Obrador durante 2017-18 de abordar esta inmensa problemática –cambiando los parámetros teórico-conceptuales y los instrumentos legales represivos-punitivos, como cuando anunció una ley de amnistía, imposible en el tema del crimen transnacional organizado– y entrar a un “proceso de pacificación” constituyeron un severo factor disruptivo.
La frase concreta era “vamos a serenar y pacificar a México”, dentro de lo cual, surgió la frase de “abrazos no balazos”, pésimamente entendida y también interpretada de muy mala fe.
Se ha hecho escarnio de una de las frases –pudo haber sido otra mejor acuñada–. Han pretendido resumir el más caro anhelo de cualquier sociedad nacional: vivir en paz, en armonía social, con instituciones sólidas, las cuales diriman los conflictos y choques de intereses –incluso los más complejos, como los originados por el crimen transnacional organizado–. En particular, después de lo que veníamos viviendo desde hacía 35 o 40 años.
En consecuencia, se trató de crear e implantar “una filosofía de la paz que sustituyera la filosofía de la guerra” –no eliminar la lucha desde las instituciones públicas–.
Luego se “dio por terminada la guerra contra el crimen organizado”. También, se plantearon los instrumentos de política pública al efecto: la política social, la lucha a fondo contra la corrupción y la creación de la Guardia Nacional –subsumiendo lo que fuera posible de la Policía Federal–.
Igualmente, se cambió el organismo de inteligencia civil llamado Cisen por el Centro Nacional de Inteligencia. Se pretende centralizar allí la inteligencia civil y policial esparcida en 11 o 13 organismos distintos–. Además de crear una Fiscalía General autónoma, reducir sueldos y salarios, establecer la “austeridad republicana” –para liberar recursos extraordinarios–, elevar los salarios mínimos, reforzar los programas sociales, etcétera.
Todo orientado a generar un ambiente nacional propicio al inicio de un proceso de pacificación gradual para México. Un auténtico cambio de filosofía política, de gobierno. Es decir, un cambio de paradigma difícil de comprender y poco explicitado desde el poder público. Pareció que no había ideólogos que se encargaran de ello. Reinó la confusión y la interpretación banal.
La pacificación, parte del nuevo paradigma
Abrir “un proceso de pacificación” es parte del nuevo paradigma para enfrentar la violencia criminal, la organización y operación del crimen trasnacional. De esta manera, consumar la derrota socio-política y cultural del mismo y reducir sus fortalezas financieras –que son poderosas–.
La pacificación es parte integral de la lucha contra la criminalidad transnacional desde los lineamientos e instrumentos, las políticas inherentes al nuevo paradigma.
Sin embargo, surge una duda fundamental: ¿la lucha contra la criminalidad bajo los términos mencionados es simultánea al proceso de pacificación o son procesos secuenciales?
Depende de cómo entendamos “la pacificación”: como la reconquista de la paz –“la estabilidad” del autoritarismo presidencialista anterior–, la instauración de la armonía social democrática bajo el orden constitucional renovado, o la caída progresiva de los indicadores de violencia social-criminal y los avances en contra de la criminalidad transnacional, susceptibles de medición, que procesan organismos internacionales de especialistas en el tema, mediante indicadores estadísticos diversos, los cuales atañen a la incidencia delictiva.
Salvo volver a la estabilidad del autoritarismo presidencial anterior en México, incapaz de contener la expansión criminal, las demás rutas no son antagónicas entre sí. La complejidad histórica las entremezcla.
Para responder mejor, tenemos que acudir a la teoría, a la experiencia de procesos históricos de pacificación consumados y al tratamiento técnico metodológico que hacen los organismos internacionales abocados a estudiar e informar sobre estos fenómenos y procesos, ante un estado de violencia criminal desbordado y agudizado.
Los abordaremos en argumentaciones breves. Por cierto, tales organismos no recopilan datos ni analizan lo que en la sociología política latinoamericana denominamos “violencia estructural” –derivada de los mecanismos de exclusión y marginalidad social, inducidos por modelos económicos desarrollistas y oligárquicos, los cuales poblaron América Latina y el Caribe–. Ameritarían otro ensayo.
La teoría: los procesos de pacificación no son ni pueden ser sólo la “ausencia de violencia criminal desbordada”.
Tienen que incluirla, pero antes que nada son una expresión del derecho humano a vivir en paz, un derecho inalienable e imprescriptible, el cual estánobligados a respetar y a luchar por su vigencia los gobiernos nacionales que se precien de entender y respetar la seguridad humana.
Mucho menos es “la paz de los muertos, de los cementerios”, ni el predominio de las complicidades criminales con y desde el poder público; es decir, un entorno de simulación socio-política e institucional impuesto por las “mafias de Estado”, en la conceptualización de Jürgen Roth.
Ahora bien: la Carta de las Naciones Unidas establece dos preceptos universales fundamentales. En el artículo 1, numeral 1, sustenta que es propósito fundamental de la Organización mantener la paz y la seguridad internacional mediante el arreglo o ajuste de controversias o situaciones susceptibles de llevar a quebrantamientos de la paz. Esto a través de medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional.
Además, dicho cuerpo legal desarrolla el contenido de este principio en el capítulo VI (artículos 33 a 36). En el artículo 33, párrafo 1, se hace la referencia a que los Estados miembros “tienen la obligación” de resolver sus controversias utilizando medios pacíficos.
De manera adicional, el mismo documento contempla la solución pacífica de controversias o de los conflictos. Es presentado como un derecho y un deber, ambos constituyen un principio unitario, indivisible.
A la vez, la solución pacífica de conflictos constituye la negación a la posibilidad de tratar los conflictos mediante el uso de la fuerza. La solución pacífica de controversias fue consagrada como un principio de las Naciones Unidas en el artículo 2, numeral 3.
Esta dualidad derecho-deber es propia de los ordenamientos supremos de carácter interno de los Estados nacionales; es decir, de los Estados constitucionales. Se tiene la obligación de solucionar pacíficamente los conflictos de toda naturaleza, pero también de proporcionar seguridad a la sociedad, a la nación, al Estado.
Hay adhesión en las constituciones a los principios internacionales consagrados en el derecho público internacional, y también apego y respeto absoluto al texto y la praxis política interior en la materia. No son solamente asuntos de política exterior.
El derecho a la paz es consustancial a la solución pacífica de los conflictos –sin lo segundo no puede haber lo primero–, los cuales, en su desbordamiento institucional, conducen a la violencia armada cualquiera que sea su naturaleza social, aún la tipo criminal trasnacional. Esto no significa que el Estado no pueda hacer uso jamás del “monopolio de la violencia legítima”.
No, sino que la orientación fundamental de las acciones públicas tiene, como contenidos, los instrumentos y medios pacíficos para contener y luego revertir el conflicto.
Así, darle una solución pacífica mediante acuerdos y justicia transicional avalados por la sociedad, por las mayorías sociales, por el Estado y por sus órganos constitucionales.
En consecuencia, el derecho a la paz significa en su sentido primero y último la potestad social de oponerse a todo tipo de actos de violencia, directa e indirecta, desde la propia sociedad o desde el gobierno, o desde ambos.
Por tanto, la implantación de mecanismos institucionalizados para la solución pacífica de conflictos, ameritan especial atención –en las Mesas de Pacificación, las legislaciones de justicia transicional para crear las Comisiones de la Verdad o comisiones especiales sobre hechos concretos como el crimen en Ayotzinapa.
Son los medios que facilitarán que la paz –en sus dimensiones tradicional o negativa, como ausencia de violencia, y positiva, como promoción de los derechos humanos, la paz acompañada de la justicia y la equidad– se haga realidad.
Es dable afirmar que las acciones tendientes a dar solución pacífica a los conflictos son expresión del ejercicio de un derecho inalienable: el derecho a la paz.
La experiencia histórica: hay una cuestión fundamental que debe entenderse con sus implicaciones y consecuencias: los procesos de pacificación que se conocen – los principales por lo menos– constituyen, un pacto, un arreglo, una reconciliación, un acuerdo, con el o los que consideramos “enemigos”, con quienes hemos visto como tales, a quienes se ha combatido de muy distintas formas, quienes nos han afectado.
No puede haber duda en esto. Es lo que se hace dentro de un proceso político-social y cultural e institucional, en paralelo a la marcha normal de las instituciones públicas, incluyendo al poder judicial; es decir, un proceso de mediano y largo plazo, de negociaciones que en su complejidad no parecen tener fin. Se pacta con el enemigo.
De aquellos procesos, hemos estudiado varios –Irlanda, Pueblos Vascos en España, Sudáfrica, Colombia. Centroamérica–. Son distintos entre sí, pero, no obstante, tienen con parámetros comunes que abordamos en donde lo fundamental.
Comprenden un principio axial: la búsqueda y logro de consensos, o bien el principio de quid pro quocomo en cualquier proceso de negociación, una concesión por otra. Entonces los factores fundamentales a todo proceso pacificador son:
Integrar una voluntad política unificada bajo el liderazgo del líder político principal –unidad de mando– que descienda desde el poder público hacia la sociedad. Luego, ascendería fortalecida y convertida en voluntad política mayoritaria. Así, ir al encuentro de un proceso de pacificación con todo lo que éste implica.
El uso de mecanismos de justicia transicional. Son entendidos como un espacio público legal distinto al ya instituido y de revisión de los hechos más violentos y sangrientos del pasado, con el fin de conocer la verdad sobre ellos y actuar en consecuencia, con justicia penal, compensación y/o y reparación de daños a las víctimas. Para ello, se crean los ordenamientos legales respectivos ad hoc.
Para decirlo con propiedad, el uso de los medios o procedimientos no jurisdiccionales se caracterizan porque la solución se logra con el acuerdo de las partes.
Los medios jurisdiccionales se caracterizan porque la decisión tiene carácter obligatorio. Es dictada por un tercero independiente quien tiene, o a quien se le otorga funciones jurisdiccionales temporales. Ello es indispensable en los procesos pacificadores.
Cuando el conflicto es armado, se busca lograr un acuerdo de “reducción de la violencia” letal, un alto al fuego pactado, un alto al fuego unilateral, restricción de las acciones de combate voluntarias, un cambio de las posiciones de los combatientes en el terreno del conflicto –retirada de ciertas zonas geográficas, o establecimiento de un territorio neutral u otros–, una legislación especial iniciada por el Poder Ejecutivo o una Comisión Especial plural del Congreso, u otras variantes, para autorizar e iniciar las conversaciones sobre la ley de paz y justicia, acompañada de otra ley de reconciliación nacional; o una sola que incluya ambas.
Apertura de una mesa de conversaciones para crear un espacio de conocimiento entre los encargados del proceso, confianza mutua y buena voluntad, de expresión política del deseo de pacificación entre contendientes.
Aplicación de una legislación judicial especialmente considerada con los responsables de actos criminales con reducción de condenas o la extinción de expedientes criminales, otorgando la posibilidad de una reinserción social posterior en sus comunidades originarias, u opciones de capacitación adiestramiento o trabajo, los cuales modifiquen los términos posteriores esperados de su comportamiento social, pero siempre cumpliendo una condena dictada por una fiscalía especial, creada ex profeso y que conoce de estos casos y dicta sentencia.
La provisión de recursos financieros públicos en partidas especiales, con el objetivo de financiar el conjunto de medidas de reparación a víctimas que van surgiendo como obligación pública durante los años que resulten necesarios.
La intervención de organismos internacionales con los buenos oficios y la mediación y la investigación internacional de hechos de alto impacto. Pueden incluir organismos internacionales con cierta jurisdicción reconocida; la cooperación judicial internacional o el arreglo judicial internacional; una rogatoria internacional; acuerdos entre las partes en conflicto con garantía internacional, o algunos otros medios e instrumentos de esta naturaleza.
Por todo lo anterior, debe entenderse con absoluta claridad que la construcción de la paz supone la transformación del sistema jurídico, el cual regía la convivencia social, en cuyo seno se generó y expandió el conflicto. Por múltiples razones, no fue capaz de contener y solucionar.
El sistema jurídico será expresión de los cambios que se acordaron en los procesos de pacificación. Por ello, los acuerdos de pacificación logrados son la pauta y la clave para entender los alcances de cada proceso y las nuevas realidades.
Nunca han existido procesos lineales. Siempre son accidentados, plagados de desacuerdos, denuncias ynuevos enfrentamientos armados, para luego volver al diálogo y a los acuerdos.
Pasan por distintos momentos y pueden llegar a la victoria o al fracaso. Nada está asegurado de antemano. Por ello, un proceso de pacificación es a menudo frágil, incierto, sumamente complicado y conflictivo, irregular, pero a la vez, esperanzador.
Lo anterior, puede ser útil cuando se producen consensos diversos al respecto de su uso y ejecución. Esto conforme a los alcances, la dimensión y características que tenga un acuerdo de pacificación y finalmente la firma de un acta de paz o de conciliación nacional y reparación del daño avíctimas. Deben incluir la restitución de bienes privados perdidos, derechos anulados, reparación por vidas segadas, etcétera.
Es decir, todo lo que se denomina “restitución a víctimas y familiares y reparación de daños”. Estos acuerdos son vinculantes para quienes los suscriben.
Los organismos internacionales recopilan datos y emiten valoraciones. Hay varios y de diverso origen, algunos privados, otros públicos. Algunos son más como organizaciones sin fines de lucro. En su mayoría, construyen indicadores integrados por distintas variables.
Las más representativas –a las cuales les asignan un valor ponderado conforme a la realidad de la violencia armada, asesinatos atentados, etcétera, en cada país– no logran aprehender la complejidad de las realidades de extrema violencia de un grave conflicto interno o de las guerras entre Estados –en su caso– por amplios que puedan, o no puedan ser.
Por lo tanto, debemos considerar sus indicadores o índices como “valores representativos y aproximados”. En alguna proporción, expresan lo que ocurre en determinado país respecto de sus conflictos armados de diverso tipo, conforme a la metodología de procesamiento de los datos, en lo cuantitativo y cualitativo. Son muy concretos.
En suma: no pasan revista al conjunto amplio de variables que van influyendo en los procesos iniciales, avanzados o de construcción de la paz.
Por lo tanto, tales variables no tienen expresión en los indicadores construidos. Sin indicadores ponderados, se miden los hechos más relevantes a su parecer. Debemos tener esto presente al leer los informes que emiten –regularmente cada año– y formarnos una idea del proceso mismo, de su estado de situación.
De acuerdo con lo antes establecido y analizado, tenemos claro que se requieren un conjunto de prerrequisitos para iniciar y desarrollar después, un proceso de pacificación. ¿Están presentes y en desarrollo en nuestro país?
Valoración de la pacificación en México
El nuevo gobierno 2019-2024 postuló la pacificación como objetivo primordial para ser lograda a lo largo de su sexenio. Su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana –doctor Alfonso Durazo– dijo que en dos años se verían resultados tangibles del nuevo enfoque e instrumentos aplicables en la Seguridad. Se mencionó la entrada en funcionamiento de un nuevo paradigma que consideramos ha tenido tres ejes centrales:
Primero, las políticas de bienestar social transversales en los programas de gobierno y sus políticas públicas. Segundo, una lucha a fondo contra la corrupción de Estado. Dentro de ésta, ha sido central la autonomía de la nueva FGR y los cambios constitucionales asociados al fuero constitucional de los altos servidores públicos.
Y tercero, la creación y expansión de la Guardia Nacional. De inicio, tiene una concepción de colaboración y mando militar para combatir la delincuencia organizada y la criminalidad del fuero común. Es seguridad interior y seguridad pública desde un sólo cuerpo armado. Esto expresa una heterodoxia muy grande en los marcos teórico-conceptuales e institucionales.
De esta ecuación resulta, sale una concepción de la seguridad –principalmente entendida como Seguridad Pública– y lucha contra la criminalidad, asociada al bienestar y a la lucha contra la corrupción –incluyendo la de “cuello blanco”–.
En particular, aquella asociada a las organizaciones transnacionales, así como la innovación política e institucional en los cuerpos armados del Estado (GN). Esto, con una nueva visión que incluye el respeto efectivo a los derechos humanos.
Las acciones y operaciones de pacificación son medidas destinadas a poner fin a una crisis o un conflicto armado, instaurando una vía institucional de solución pacífica y definitiva para las causas que lo originaron.
La Estrategia Nacional de Seguridad considera como eje de la misma la coordinación del Gabinete de Seguridad con las Mesas de Construcción de Paz estatales y regionales, así como el funcionamiento de la Guardia Nacional y la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Mandata la capacitación y certificación de policías estatales y municipales, además del respeto a los derechos humanos; la atención especial a los casos de violencia contra las mujeres, y el combate de delitos transfronterizos.
En México, la pacificación pretende avanzar, a través de las Mesas de Pacificación y Seguridad y las acciones y operativos de la GN apoyados por la Marina y el Ejército.
Han integrado los gobiernos de los Estados, mediante una composición plural de funcionarios con distintas áreas de responsabilidad, en las cuales se planifican las actividades a desarrollar en los ámbitos de cada Estado. En total, hay 32 Mesas Estatales; 266 son regionales de construcción de paz y seguridad, más el Gabinete de Seguridad.
Hacia finales del año de 2022, desde dicha instancia de coordinación federal, se establecieron los resultados: reducción de los delitos del fuero federal en 27.3 por ciento de octubre de 2018 a octubre de 2022 y una caída en 92.2 por ciento del robo de combustible, que representa un ahorro de 236 mil millones de pesos entre 2020-2022.
Además, se evitó la toma de casetas en caminos federales. Esto canceló posibles pérdidas por 39 mil 820 millones de pesos. Se disminuyó en 18 por ciento el robo en sus distintas modalidades entre diciembre de 2018 y octubre de 2022. En el mismo periodo de tiempo, cayó en 40.1 por ciento el robo de vehículos; en 2.8 por ciento, los feminicidios, y 68.1 por ciento, el secuestro (https://seguridad.sspc.gob.mx/contenido/).
Observemos cómo dentro del reporte se ofrecen resultados para distintos tipos de incidencias delictivas: propias del crimen organizado, delitos de género y del fuero ordinario. Se engloban en el mismo rubro: “avances de pacificación”. Aquí tenemos un problema conceptual y metodológico. Sin embargo, no es el momento.
Y luego en tareas de prevención, se incluyen cuatro conceptos: Desarme Voluntario, Programa de Prevención de Adicciones y Violencia, Tianguis de Bienestar y Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera (Boletín No. 233).
Nuevamente, un concepto y una clasificación conceptual discutible dentro de la problemática que estamos tratando. Parece que su forzada inclusión se hace con la idea de reforzar el indicador de los resultados. O hay una desviación conceptual.
Sinceramente, como apuntamos, nos parece que hay mucha imprecisión, una falta de una correcta conceptualización transmitida a la sociedad, además de un programa claro y puntual del proceso que se ha emprendido.
Bajo esas condiciones, la evaluación desde el gobierno es compleja de procesar porque se incurre en confusiones. Para el público, se entremezclan las temáticas y los conceptos.
Por ejemplo, sobre lo que sería la tarea cotidiana en seguridad pública de la autoridad, como es el combate al robo –a transeúntes, a casas habitación, en transporte público, o la introducción ilegal de un automóvil desde el extranjero–, con los parámetros propios de un proceso pacificador respecto de un adversario interno, como el crimen trasnacional organizado –robo de combustible, narcomenudeo, etcétera–, a partir de una conflictiva agudizada llevada al terreno de la lucha armada entre aquél y las fuerzas coercitivas del Estado no son equiparables.
Esta problemática tiene dos factores de origen conforme a nuestro análisis: el estatuto legal – funciones– aprobado por el Senado de la República para la Guardia Nacional, en el cual la responsabilizan de las tareas de combate al crimen transnacional organizado, y del combate al crimen ordinario –como explicamos arriba–, apoyadas por las Fuerzas Armadas –validado por la SCJN– cuando la Constitución de la República separa las tareas de la seguridad interior y la seguridad pública, los marcos jurídicos de cada una y los cuerpos armados usados para el combate y preservación: la policía preventiva y las fuerzas federales; unas con mando civil, y otras, con mando militar.
A la Guardia Nacional, se le asignó un rol organizativo, funcional y jurídico híbrido: un cuerpo intermedio militarizado, con mando civil y operación militar. Una gravísima contradicción. Por ello, a la GN la llevan de una secretaría a otra. Primero, la subsumieron en la institución militar, y luego la SCJN la regresó a la SSPC.
Además, el ejército tiene un mandato finito para continuar coadyuvando en tareas de seguridad pública. ¿Se prorrogará indefinidamente? Veremos que dice la SCJN. Se debe solucionar la antinomia, no prolongarla indefinidamente.
El segundo factor originario es una clasificación o tipología penal confusa, en cuanto a cuáles delitos entender y combatir como propios de la criminalidad transnacional organizada, y cuáles son propios de la delincuencia ordinaria, aun cuando ambos tipos son ejecutados por la misma organización criminal: trasiego de drogas ilícitas, robo de combustible, robo simple o extorsión.
Hoy, no importa, quién sea el delincuente, sino cuál es el delito. Entonces, el resultado es que más del 90 por ciento de la incidencia delictiva está comprendida dentro de la Seguridad Pública.
Las estructuras delictivas transnacionales operan las fronteras en 52 países, con más de 20 mil integrantes en el extranjero. A pesar de ello, nuestra problemática fundamental se concibe como “tema de la Seguridad Pública” (sic). La distorsión es mayúscula.
Por ello, nadie ha vuelto a hablar del gran vacío que significa la ausencia de una Ley de Seguridad Interior. Después de su derogación, hemos caminado en la confusión completa con la anuencia de los responsables, dentro y fuera del gobierno –me refiero a los otros poderes–. Saben de este vacío y de que es una importante ausencia. Nadie plantea nada para subsanarla.
Recordemos que la ley propuesta y aprobada para este efecto en el congreso mexicano por el expresidente Enrique Peña Nieto y los mandos de las Fuerzas Armadas –con quién él consensuó la propuesta–, la derogó la SCJN.
Bien hecho por las tropelías constitucionales que los especialistas y organismos internacionales asentaron que tenía. Sin embargo, el vacío se llenó con una normatividad sustitutiva confusa, como la vinculada a la Guardia Nacional, la supletoriedad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y la controversia sobre la adscripción de la propia GN.
Este galimatías poco tardará en hacer crisis severa. Ese momento puede llegar si la SCJN no acepta una prórroga en su rol especial del ejército y la marina de México.
¿Con este aparato teórico conceptual, jurídico constitucional y reglamentario es posible evaluar objetiva y adecuadamente el anunciado proceso de pacificación en México? Consideramos que no con la suficiente precisión, porque ya vimos cómo ello se expresa en los informes y evaluaciones para la sociedad.
Que detengan a los asaltantes no puedo aceptar que sea un avance en la pacificación. Hay otros casos mencionables. La confusión es clara: la pacificación se entiende como anulación de un acto de violencia criminal, como paz negativa. Tiene que ver con la seguridad interior, variante de la seguridad nacional, no con la seguridad pública.
Como hemos visto con cierto detalle, el marco teórico-conceptual, jurídico e histórico nacional e internacional se subsume en otras categorías analíticas, normas jurídicas y variables para denotar un proceso de pacificación, a partir de un enemigo interno identificado.
Esto ha sumido en la violencia extrema criminal a la sociedad y las instituciones del Estado. Debería existir un “Índice compuesto”, un Índice de Paz y quizás también un “Índice de Prevención” dentro de México –no sólo las estadísticas con tendencias– que pudieran contrastarse con los de organismos internacionales, con plena claridad en la metodología empleada, encargado a un organismo independiente. Ganaríamos mucho en precisión y objetividad.
Las cifras aisladas no tienen contextualización: por ejemplo, ¿qué sucedió entre los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón para que los índices de incidencia delictiva fueran disparados? Los datos sueltos no ofrecen una percepción precisa de lo que se muestra. Dice el presidente López Obrador que “no hay texto sin contexto”, tampoco existen “datos sin contexto”.
Sus indicadores comparan dos o más fechas distintas, entre periodos sexenales, por ejemplo, pero falta la contextualización. Pueden aportarlos especialistas del gobierno, o también periodistas de investigación y académicos.
Aún con ello, veamos lo que dicen los organismos internacionales. Hacen abstracción de esta puntualidad contextual y abordan el tema con base en las variables de alto impacto. Recordemos que los índices que usan son “índices compuestos”. Uno de los más serios es el siguiente:
El Institute for Economics & Peace (IEP), un tanque de pensamiento independiente y apartidista sin fines de lucro, ofrece un estudio interesante. Vincula las variables criminológicas con las económicas para determinar interrelaciones y resultados.
Estableció el Índice de Paz México (IPM) que es parte del “Índice de Paz Global”. El IPM está compuesto por cinco indicadores, digamos, cinco variables.
Se cuantifican e interrelacionan, a través de los indicadores de cada uno. Determinan el comportamiento general del índice principal, el IPM. Éstos son: homicidios dolosos; delitos con armas de fuego; cárcel sin sentencia; delito con violencia, y crímenes de la delincuencia organizada.
Dentro de cada categoría analítica hay “subindicadores” –por eso se le llama “índice compuesto”–, por ejemplo, de la última mencionada, narcomenudeo, tráfico de drogas, lavado de dinero y otros.
De su valoración cruzada surge el indicador de cada categoría. Integrados resultan en IPM. No es esta metodología ni las técnicas estadísticas lo que nos ofrece en sus datos el gobierno.
Desde 2019, el IEP proporciona informes a través del IPM con ejes sustantivos: i) “una medición integral de los niveles de paz en México. El IPM se basa en la metodología del Índice de Paz Global, la más reconocida medición de la paz en el mundo, que ha sido elaborado por el IEP cada año desde 2007”; ii) “también realiza una estimación del impacto económico de la violencia sobre la economía mexicana, y hace hincapié en la necesidad de aumentar la capacidad y la inversión en el sistema de justicia penal” y, “aporta evidencia cuantitativa para ayudar al desarrollo de políticas públicas orientadas a crear una sociedad más pacífica”. Es muy claro.
Los datos “en 2018, la paz en México tuvo un retroceso de 4.9 por ciento; el nivel de paz mejoró en 10 estados, y en 22 se deterioró. La razón principal de ese deterioro fue el recrudecimiento de la tasa de homicidios, que se elevó 14 por ciento. En 2018, esta tasa alcanzó en México niveles históricamente altos: 27 muertes por cada 100 mil habitantes, o más de 34 mil víctimas. Este grado de violencia supera el punto álgido que hubo en 2011. El incremento en la tasa de homicidios en 2018 se acompañó de un aumento considerable en la tasa de violencia con armas de fuego, que creció 16 por ciento y provocó que 24 de los 32 estados reportaran crecientes tasas de delitos cometidos con ese tipo de armas”.
La recomendación de invertir más en el sistema judicial es importante. El informe consigna que “ante la escalada de violencia, el gobierno ha invertido en el sistema judicial menos de lo que se requiere”.
Aunque es difícil derivar de allí como hace el informe que el resultado es “la impunidad de 97 por ciento”, que hay en la impartición de justicia, sin tomar en cuenta la corrupción estructural.
Por ello, resulta muy importante este punto. No se trata sólo de estigmatizar los sueldos de privilegio del sistema judicial, sino también, hacerse cargo de las necesidades.
Una reforma tendrá que contemplar todo. Requiere un acuerdo con alto espíritu republicano, no un “juego de vencidas” como quisieran algunos insensatos en la derecha y la izquierda del país.
“Baja California se ubicó como el estado menos pacífico de México por primera vez en 2018, seguido de Guerrero, Colima, Quintana Roo y Chihuahua. Los cinco estados menos pacíficos. […] La mayor mejora correspondió a Baja California Sur, que subió siete lugares en la clasificación, de la posición 32 en 2017 a la 25 en 2018. Este estado ha reducido su tasa de homicidios en 76 por ciento, de 105 a 26 por cada 100 mil habitantes. […] Baja California Sur fue el único estado del país en lograr ser más pacífico en todos los indicadores. […] Los tres estados con mayores mejoras en el IPM 2019 —Baja California Sur, Sinaloa y Sonora—, los gobiernos pusieron en marcha programas específicamente creados para atender los retos locales. Todos esos programas incorporaron a organismos intergubernamentales, con la participación de empresas y sociedad civil”. Es decir, la seguridad es un problema de todos, no del gobierno. Sin embargo, es éste el que debe concertar voluntades y directivas.
El valor económico de la inseguridad: “El impacto económico de la violencia en México ascendió a 5.16 billones de pesos (268 mil millones de dólares) en 2018. Esta cifra equivale al 24 por ciento del PIB [Producto Interno Bruto] del país y representa un aumento de 10 por ciento en relación con 2017. El indicador que más contribuyó al impacto económico de la violencia fue el de homicidio, con 51 por ciento del total o 2.63 billones de pesos en 2018, es decir un aumento de 15 por ciento en comparación con 2017. México gasta 0.81 por ciento de su PIB en seguridad interna y en su sistema judicial”.
Cuándo nos preguntemos por la necesidad de una tasa mayor de crecimiento del PIB, no podemos olvidar estos datos o subestimarlos. Es fundamental controlar el fenómeno delictivo para crecer más y distribuir mejor, sobre todo en los Estados más pobres: Guerrero, Oaxaca, Chiapas. De otra manera, no habrá políticas de bienestar, cuyos recursos alcancen para compensarlo. Esto debe quedar claro para no incurrir en sobreestimaciones.
La impartición de justicia: “México tiene 3.2 jueces por cada 100 mil habitantes, en comparación con la media mundial de 16.2. Este déficit limita la capacidad del sistema judicial. El gasto gubernamental federal en contención de la violencia aumentó 3 por ciento en 2018, un aumento mucho menor que el incremento de 12 por ciento del gasto presupuestario general. El impacto económico de la violencia fue 10 veces mayor que la inversión pública en salud y ocho veces mayor que la inversión en educación en 2018”. Ratificamos que no habrá recursos federales que alcancen. Esto pasa por un ajuste en la estrategia de seguridad, no en la concepción.
En costo para el nivel de vida, “un descenso de 1 por ciento en el impacto económico de la violencia equivale a la inversión total del gobierno federal en actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación en 2018. En términos per cápita, el impacto económico de la violencia fue de 41 mil 181 pesos, más de cinco veces el salario mensual promedio de un trabajador mexicano. El costo económico per cápita varía mucho de un estado a otro, de 10 mil 808 pesos en Yucatán a 83 mil 167 pesos en Colima. Si la violencia y su respectivo impacto económico se redujeron al nivel registrado en los cinco estados más pacíficos de México, el dividendo de paz resultante ascendería a 10 billones de pesos durante un periodo de cuatro años”. Impresionantes reflexiones de especialistas.
Ahora bien, así estábamos al inicio del actual gobierno: ¿Cómo estamos hacia el final de 2023 –con los datos de 2022– a reserva de esperar los subsiguientes informes del IEP? Veamos lo que reporta la misma importante organización.
En su Informe 2023 –el último publicado–, recopiló y procesó los datos de 2022. Tenemos lo siguiente: nos indica la marcha del proceso a pesar de sus fallas. En sí, el enunciado del mismo ya resulta alentador: “México registra una mejora en paz por tercer año consecutivo impulsado por una reducción en homicidios” (IPM). Sin embargo, encontramos líneas más bajo una precisión sustantiva:
“A pesar de las mejoras en los últimos tres años, México fue sustancialmente menos pacífico en 2022 que en 2015. Durante ese periodo, la paz en México se ha deteriorado un 14.8 por ciento, con muchos indicadores de delincuencia significativamente más altos que ocho años antes. La tasa de homicidios, por ejemplo, fue 62.6 por ciento más alta en 2022 que en 2015, mientras que la tasa de delitos cometidos con armas de fuego fue 68.3 por ciento más alta. El desglose del informe resulta interesante: entre 2021-2022, la paz mejoró en 1.1 por ciento para el bienio”.
Parece poco, pero no lo menospreciemos porque económicamente equivale la inversión en ciencia, tecnología e innovación (CTI) del gobierno nacional, tal como indican los especialistas de IEPen el informe del año anterior; es decir, 0.22 del PIB, una cifra cercana a 5 millones de pesos –Argentina en el mimo año tiene casi el doble–, según Fundar.
Otros datos son: “la paz en México mejoró un 0.9 por ciento en 2022. Este fue el tercer año consecutivo de mejora después de cuatro años consecutivos de deterioro. Diecisiete estados mejoraron, mientras que 15 se deterioraron. El año pasado estuvo marcado por cambios continuos en el panorama de la delincuencia organizada en México. El mercado de la marihuana ilícita en Estados Unidos siguió cayendo, lo que llevó a una dependencia cada vez mayor de otras formas de delincuencia organizada, como la extorsión, el narcomenudeo, y la fabricación y el tráfico del opioide sintético fentanilo. En este contexto, ha habido una mayor competencia en los últimos años entre los grupos de la delincuencia organizada. Este es especialmente el caso de los dos cárteles más poderosos del país”.
Tan sólo el conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa provocó 4 mil 890 muertes en 2021, según Uppsala Conflict Data Program, citado en este informe. Hubo aproximadamente 35 mil asesinatos en total ese año, según Inegi.
“En 2022, tres de los cinco indicadores del IPMmejoraron. Lo más notable es que los homicidios experimentaron su mayor mejora en los últimos ocho años, con una caída en la tasa del 7.9 por ciento. […] La tasa de homicidios cayó a 24.5 muertes por cada 100 mil habitantes en 2022, su nivel más bajo desde 2017. Esta caída marca el tercer año consecutivo de mejora para los homicidios tras fuertes aumentos entre 2015 y 2019. A pesar de ello, los homicidios siguen estando generalizados en México, con más de 30 mil víctimas cada año desde 2018. […] Los indicadores de delitos cometidos con armas de fuego y cárcel sin sentencia mejoraron. La tasa de delitos cometidos con armas de fuego ha estado disminuyendo anualmente desde que alcanzó su punto máximo en 2019. En 2022, la tasa disminuyó un 5.5 por ciento […] la calificación de cárcel sin sentencia mejoró ligeramente, en un 2.8 por ciento. En 2022, hubo alrededor de 78 mil detenidos sin sentencia, en comparación con aproximadamente 79 mil en 2021”.
Los otros dos indicadores del IPM, “delitos con violencia” y “delitos del crimen organizado”: “En 2022, la tasa de delincuencia organizada alcanzó su nivel más alto registrado, con 167 delitos por cada 100 mil habitantes. Los deterioros fueron impulsados por aumentos en las tasas de extorsión y delitos de narcomenudeo, que aumentaron 14.9 y 4.1 por ciento, respectivamente. La tasa de secuestro y trata de personas también registró un ligero aumento del 2.2 por ciento en 2022, después de haberse reducido a menos de la mitad entre 2015 y 2021. En contraste, la tasa de delitos mayores de la delincuencia organizada, que incluyen violaciones federales de tráfico de drogas, se redujo en un 15.3 por ciento”.
Este último dato es significativo porque constituye un avance en la seguridad interior.
“En 2022, los estados con las tasas de homicidios más altas fueron Colima, Zacatecas, Baja California, Guanajuato, Morelos y Sonora. En Colima, el epicentro de la violencia se desplazó de la ciudad portuaria de Manzanillo a la capital, la ciudad de Colima. El recrudecimiento de la violencia en la capital se produjo tras la disolución de una alianza entre dos grupos criminales”.
En los índices de criminalidad por Estados, hay dos cambios importantes: Sonora deteriora sus indicadores de paz y parece dentro de los cinco Estados peor evaluados en este desempeño. Mientras que Baja California y Colima confirman su estatus dentro de los peores Estados en criminalidad.
Aparecen en esta lista Zacatecas y Morelos. Hay cambios geográficos relevantes, desplazamientos que tienen que ver con luchas internas criminales, luchas por rutas de tráfico de drogas y emergencia de nuevos grupos criminales asociados con los más grandes en centros urbanos.
Los Estados más pacíficos fueron Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Tamaulipas y Nayarit. Estamos hablando de 2022. Durante 2023, la situación estatal no cambió: Zacatecas, “Colima y Baja California, Morelos y Chihuahua son los que más violencia criminal acusan respecto de 2022”.
Los casos de detenidos sin sentencia en el país en 2022 sumaron 77 mil 500. Descendieron respecto de los 79 mil casos en 2021.
“A pesar de que el número de detenidos disminuyó sólo ligeramente en 2022, la calificación de cárcel sin sentencia, que representa la proporción de detenidos sin condena con relación a los niveles de homicidio y delitos con violencia en el país, mejoró en un 2.8 por ciento. Por lo tanto, el aumento de delitos con violencia en 2022 contribuyó a una mayor mejora general en la calificación de cárcel sin sentencia que la disminución de los detenidos sin sentencia por sí sola”. En este rubro, los avances son relativos.
Valor económico: “El impacto económico de la violencia en México fue de 4.6 billones de pesos (230 mil millones de dólares) en 2022, lo que equivale al 18.3 por ciento del PIB nacional. Por tercer año consecutivo, el impacto económico de la violencia mejoró, disminuyendo en un 5.5 por ciento o 271 mil millones de pesos respecto al año anterior”.
Tenemos aquí ya un hallazgo interesante: el impacto económico disminuyó, lo que es un dato magnífico. Representa -5.2 por ciento, sin embargo, aún es insuficiente para las necesidades de la sociedad y el gobierno.
Además, “en 2022, los homicidios representaron el 44.7 por ciento del impacto económico de la violencia. Esto fue equivalente a dos billones de pesos (103 mil millones de dólares). […] El gasto en contención de la violencia en México representa aproximadamente el 11 por ciento del gasto total del gobierno, casi tanto como el 13 por ciento gastado en salud o el 14 por ciento gastado en educación”.
Valor económico por habitante: el impacto económico de la violencia fue de 35 mil 705 pesos por persona en 2022, más del doble del salario mensual promedio en México y cinco veces el salario mínimo actual en el centro del país. El impacto económico varió entre los Estados, desde 11 mil 377 pesos en Yucatán –el más pacífico– hasta 102 mil 659 pesos en Colima –el más violento–.
Esperaremos los datos del año 2023. Sería importante observar si hubo cambios relevantes respecto de los anteriores en el informe del IEP. Al momento nos quedan claro cinco cuestiones fundamentales.
Existe una relación estructural, orgánica entre el desarrollo del fenómeno criminal y una tendencia de costos sociales y económicos que crecen y reducen los recursos disponibles para el desarrollo nacional. Es un fabuloso gravamen.
La criminalidad exacerbada deteriora el nivel de vida de la población al imponer costos, también elevados, que pudieran negar a los individuos y familias de menores recursos como oportunidades de salud, educación y vivienda, o para su canasta básica.
La severa desigualdad entre los indicadores de criminalidad en cada uno de los estados de la República impacta en aquellos con menos capacidad de impulsar políticas de paz o de tener éxito cuando se las proponen.
Por ello, las sociedades estatales acusan distintos niveles de vida. Colima y Yucatán son los dos grandes extremos, sin embargo, en medio de ambos polos existe una docena de Estados con menores lánguidos avances en pacificación, aunque mantienen cierta capacidad local para mayores logros con apoyos determinados de la federación.
Es evidente que el tema de la procuración de justicia no puede sólo enfocarse desde la perspectiva de los privilegios y la corrupción de los encargados de impartirla. Existen obstáculos formidables al establecimiento y desarrollo de un sistema de justicia moderno y eficiente, con una doctrina republicana fortalecida.
Es necesario hacerse cargo de las importantes necesidades de aumentar la infraestructura de la justicia, los recursos humanos especializados, el aumento de jueces y tribunales por número de habitantes, junto con la práctica de auditorías sobre el uso de recursos.
En suma: se necesitan un ministerio público federal y un poder judicial que luchen a fondo contra la corrupción de Estado; la criminalidad trasnacional ligada al tráfico de drogas ilegales en el mundo; las oligarquías corruptas de cuello blanco, y las mafias de Estado. Hará una gran contribución a una nueva era de pacificación de México.
Lo anterior es fundamental si queremos expandir las bases del nuevo paradigma sobre seguridad, cuyos ejes sean las políticas de bienestar y la lucha a fondo contra la corrupción de Estado.
La exacerbada criminalidad en sus altos costos sociales y financieros actúa en contra del desarrollo del país, el nivel de vida, el bienestar social, y la efectiva liberación de recursos para distintos rubros pendientes, los cuales requieren ingentes cantidades de financiamiento, no sólo mediante ahorros públicos contra los privilegios.
La paz es un tema estratégico y de seguridad nacional para nuestro desarrollo. El binomio seguridad-paz se articula con otro: desarrollo-bienestar social. El eje fundamental de la seguridad nacional, entendida como la ausencia de amenazas externa ligadas a ataques desde el exterior o de un tipo similar, está en la construcción de la paz. Consideramos los términos aproximados que hemos comentado a lo largo de este trabajo.
En donde no hay justicia, no hay paz; tiene razón el presidente. Sin embargo, tampoco hay un estado de bienestar y democracia avanzados. Las capacidades nacionales para resguardar la soberanía y la Auto determinación pueden quedar comprometidas en una etapa de la historia mundial, en donde los poderes con capacidad hegemónica luchan por establecer pautas nacionales en el tránsito hacia un nuevo orden global pluricéntrico.
Nuestra tarea estratégica es la pacificación. De ella, dependen y se condensan las variables fundamentales para nuestra historia. Los planes y programas de la próxima administración sexenal serán determinantes.
A pesar de que no ha terminado la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, los datos consultados son hasta 2022, sólo año y medio después de la pandemia global.
Podemos hacer un corte al tiempo con los datos que el Inegi aporta y que ofrece el gobierno, además de las cifras de un organismo internacional serio. De igual manera, expone otros datos construidos mediante un procesamiento muy especializado, y llega a conclusiones aceptables, plausibles como las expuestas.
Hay mucho por hacer, pero la expectativa puede ser positiva si damos, como sociedad y gobierno, los pasos necesarios.
Jorge Retana Yarto*
*Exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional; licenciado en economía con especialidad en inteligencia para la seguridad nacional; maestro en administración pública; doctor en gerencia pública y política social.
