Thierry Meyssan señala la extrema importancia, no de la retirada estadounidense de Siria sino del derrumbe de los puntos de referencia actuales del mundo. Estima que estamos entrando en un corto periodo de transición en el cual los que hoy controlan los acontecimientos, que son los «capitalistas financieros» –aunque los actores que designa de esa manera no tienen nada que ver con el capitalismo original ni tampoco con la banca original– van a ser apartados en beneficio de las reglas de derecho que Rusia enunció… en 1899
5.11.19
Agredidos ni agraviados: Las relaciones civiles-militares en México
General Gallardo
A raíz de las declaraciones del divisionario Diplomado de Estado Mayor Carlos Gaytán Ochoa, López Obrador, descartó “intentos de conspiración” en relación a los resultados del operativo de octubre pasado en Culiacán.
En una conferencia mañanera, el mando supremo, respondió a las críticas del militar, lo cual da a entender que “existen discrepancias de parte de militares, por el actuar del Gobierno y su trato hacia las fuerzas armadas.
El entuerto provocó una preocupación de medios, analistas e intelectuales, cierto hay sinsabor no sólo en estos sectores y en la sociedad, sino entre los militares, pero las declaraciones del militar, no pasan de ser una baladronada, de un mando con turbio pasado que auspició la participación activa del Ejército en asuntos que prohíbe la Constitución general y la ley militar.
Queda prohibido a todo militar, desempeñar funciones de policía urbana o invadir las funciones de ésta… Los militares, de cualquier graduación, no intervendrán jamás en asuntos de la incumbencia de las autoridades civiles… Art. 28, 29 RGDM.
El militar no deberá elevar quejas infundadas, hacer públicas falsas imputaciones o cometer indiscreciones respecto de los actos del servicio… Todo militar que se exprese mal de sus superiores en cualquier forma, será severamente castigado… Cuando el militar eleve quejas infundadas, haga públicas falsas imputaciones contra sus superiores o cometa indiscreciones en asuntos del servicio, será castigado con arreglo al Código de Justicia Militar. Art. 12, 16 y 17 LDM.
A falta de valor civil para enfrentar una orden del Presidente, el discurso es convocado y apoyado por el mismo, General Secretario Luis Crescencio Sandoval.
Lo que lleva a concluir que México carece de una relación civil-militar democrática, donde el poder militar esté sometido al poder civil, la no deliberación de los militares en asuntos políticos. Art. 129 c
He seguido atento las “propuestas” relativas a la seguridad para lograr la paz, la estrategia que ella plantea, es equivocada, pues la seguridad pública no tiene que ver con militares, no tiene que ver con el Ejército, no tiene que ver con políticas represivas o cárceles, ni con ocurrencias e improvisaciones.
Hay que cambiar los parámetros sobre cómo se concibe la seguridad pública: de una visión de control social y de maniobras perversas en contra de la sociedad para sostener un régimen autoritario y depredador, continuado incluso por la 4t, a otro donde se piense la seguridad pública, como una función del Estado, como un bien público, como un derecho humano, que quien el único que lo debe prestar es el Estado.
Mas cuando en México históricamente la clase política nacional, les ha adjudicado a los militares, claro con su complacencia y cobros de factura, la seguridad pública, facultad y única responsabilidad constitucional atribuida a las autoridades civiles en el ordenamiento federal (Art. 21), aquí incluiría el sistema de seguridad y justicia de las comunidades indígenas o de los grupos de autodefensas surgidos en Michoacán, ahora con presencia en 11 entidades federativas. Cómo se puede ocultar la legitimidad de un movimiento social, a falta de Gobierno, de justica o por la interrupción de la observancia constitucional. (Informe CNDH/2013)
Quizá no tenga la facilidad para darme a entender, “No hay que confundir las cosas por muy parecidas que las creamos”. La situación de las relaciones entre civiles y militares ha carecido de estudios serios. La única teoría que tiene amplia aceptación derivada de las premisas del liberalismo americano, es la investigación que realizó sobre el tema Samuel P. Huntington en 1956. (El Soldado y el Estado: Teoría y Política de las relaciones civiles-militares)
Huntington sustenta en su análisis dos hipótesis: La primera, supone que las relaciones civiles-militares, en cualquier sociedad, deben ser estudiadas como un sistema de partes interdependientes. Define como principales componentes del sistema tres situaciones: A.- La posición formal, estructural, de las instituciones militares en el Gobierno; B.- El papel informal y la influencia de los grupos militares en la política y en la sociedad a la larga; y C.- La naturaleza de las ideologías de los conjuntos militares y no militares.
Como partes de un sistema total, ninguno de estos componentes puede cambiar sin provocar efectos en los demás conjuntos. Cualquier sistema de relaciones civiles-militares involucra así un difícil equilibrio de poder; de un lado, entre la autoridad, influencia e ideología de los militares; y del otro, entre la autoridad, influencia e ideología de los grupos civiles. En este contexto, el equilibrio puede ser conseguido de varias formas.
La segunda hipótesis señala que, partiendo de ciertas premisas concernientes a la naturaleza y al propósito de las instituciones militares, es posible definir en abstracto ese tipo particular de equilibrio -control civil objetivo- que maximiza la seguridad militar.
Utilizando este enfoque, es posible visualizar hasta qué punto el sistema de relaciones civiles-militares tiende a mejorar o a deteriorar la seguridad militar de una sociedad determinada. Es también posible sugerir los cambios necesarios en las partes componentes del sistema para aproximarlo al punto de equilibrio, es decir, al control civil objetivo.
Así las cosas, Huntington considera que las relaciones civiles-militares son un aspecto de la política de seguridad nacional. El objetivo de la política de seguridad nacional es mejorar la seguridad de las instituciones sociales, económicas y políticas contra amenazas que provienen de otros Estados independientes o de índole subversivo desde el orden interno.
La política de seguridad nacional puede manifestarse en tres formas: A.- La política de seguridad militar: Es un programa de actividades planeado para disminuir o neutralizar los esfuerzos destinados a debilitar o destruir a la nación, realizados por fuerzas armadas que operan fuera de sus límites territoriales; B.- La política de seguridad interna: Trata de la amenaza de subversión; es decir, el esfuerzo destinado a debilitar o destruir al Estado, impulsado por fuerzas que operan dentro de sus límites institucionales y territoriales; C.- La política de seguridad situacional: Concierne a la amenaza de erosión proveniente de cambios a largo plazo en las condiciones sociales, económicas, demográficas y políticas que tienden a reducir el poder relativo del Estado.
Esta visión de la política de seguridad nacional en cada una de sus manifestaciones, militar, interna y situacional, se desarrolla en dos planos, uno institucional y otro operativo. El plano operativo, implica los medios inmediatos a que se apela para afrontar las amenazas a la seguridad. El plano institucional trata la manera en que la política operativa es concebida, formulada y ejecutada. Las relaciones civiles-militares son el principal componente de la política de seguridad militar.
Los planteos o conclusiones operativas inmediatas de la política militar, involucran normalmente: los planteos o conclusiones cuantitativos de los recursos del Estado dedicados a las necesidades militares; los planteos o conclusiones cualitativos de la organización, composición, equipamiento y empleo de las fuerzas militares; y los resultados dinámicos de la utilización de las fuerzas militares de cuándo y bajo qué circunstancias serán puestas en acción.
La naturaleza de las resoluciones sobre estos asuntos es determinada por el esquema institucional a través del cual se toman esas decisiones. Los temas fundamentales de la política institucional están siempre presentes, son continuamente redefinidos, pero nunca resueltos. El ordenamiento de las relaciones civiles-militares, por consiguiente, es básico para determinar la política de seguridad de la nación. El objetivo de esta política en el plano institucional es desarrollar un sistema de relaciones civiles-militares, que realcen en grado máximo la seguridad militar con el menor sacrificio de otros valores sociales. El logro de este objetivo comprende un intrincado equilibrio de poder y de actitudes entre los grupos civiles y militares. Las naciones que logran un esquema balanceado en las relaciones entre civiles y militares, poseen una gran ventaja en su búsqueda de la seguridad. Por otra parte, las naciones que fracasan en desarrollar un sistema cívico-militar [civil-militar] bien balanceado, malgastan sus recursos y se exponen a riesgos incalculables.
Las instituciones militares de cualquier sociedad están conformadas por dos impulsos; por un lado, el imperativo funcional que surge de las amenazas a la seguridad de la sociedad, y por el otro, el imperativo social proveniente de las fuerzas sociales, ideologías e instituciones dominantes dentro de la sociedad.
Las instituciones militares que reflejan sólo los valores sociales pueden verse incapacitadas para ejercer sus funciones militares eficazmente. Por otra parte, puede ser imposible contener dentro de una sociedad instituciones militares formadas puramente por imperativos funcionales. La interacción de estos dos impulsos constituye la esencia del conflicto en las relaciones civiles-militares. El grado en que ambos impulsos o fuerzas entran en confrontación depende por una parte, de la intensidad de las necesidades de seguridad, y por la otra, de la naturaleza y fuerza del esquema de valores de la sociedad. El ajuste y equilibrio entre estos componentes de las relaciones civiles-militares no viene solo, algunas sociedades pueden ser inherentemente incapaces de proporcionar las bases adecuadas para su propia seguridad militar. Tales sociedades carecen de valores de supervivencia en una época de continuas amenazas.
Siendo plausible lo hasta aquí asentado, nos preguntamos: ¿Qué esquema de relaciones civiles-militares mantendrá mejor la seguridad de una nación?
Lo primero que tiene que considerarse en las relaciones civiles-militares es el trato que tiene el Estado con el cuadro de oficiales. En este espacio es donde llega al máximo el conflicto entre las presiones que surgen del imperativo funcional y las provenientes del imperativo social.
Por una parte, el cuadro de oficiales es el elemento dirigente activo de la estructura militar y es responsable de la seguridad de la comunidad. Por la otra, el Estado es el elemento dirigente activo de la sociedad, y es el responsable de la distribución de recursos entre los valores sociales, incluyendo la seguridad militar. En consecuencia, al analizar las relaciones civiles-militares, lo primero que hay que definir es la naturaleza del cuadro de oficiales. ¿Qué clase de corporación es el cuadro de oficiales? ¿Qué ralea de hombre es el oficial militar?
El moderno cuadro de oficiales es un organismo profesional y el actual oficial militar es un hombre profesional. Una profesión es un tipo peculiar de grupo funcional de características altamente especializadas. El profesionalismo es característico del oficial moderno en la misma forma que se caracteriza el médico o el abogado.
El profesionalismo distingue al oficial militar de hoy en día del guerrero de otras épocas. La existencia del cuadro de oficiales como cuerpo profesional da característica única al problema moderno de las relaciones civiles-militares.
La naturaleza de otras profesiones como profesiones, así como su historia, ha sido ampliamente discutida. Sin embargo, el carácter profesional del moderno cuadro de oficiales ha sido descuidado. En nuestra sociedad, el hombre de negocios puede manejar más dinero, el político más poder, pero el profesional puede manejar más respeto.
Cuando el término profesional ha sido empleado en relación con los militares, casi siempre lo ha sido en el sentido de profesional como opuesto al amateur, más que en el sentido de profesión en contraste con comercio u oficio. Las frases “ejército profesional” y “soldado profesional” han oscurecido la diferencia entre el “enganchado”, que es profesional en el sentido de uno que trabaja por ganancias monetarias, y el oficial de carrera, que es profesional en el sentido, muy diferente, del que persigue “un puesto más alto en el servicio de la sociedad”.
La seguridad pública, debe descansas en esta relación civil-militar, donde el poder militar esté sometido, subordinado absolutamente al poder civil del Estado. Cualquier Gobierno por más legítimo que llegue al poder, incluso con el cien por ciento de la votación, si no tiene este cimiento NO PODRÁ GOBERNAR, porque va en contra del orden constitucional, por tanto la gobernación será nula de pleno derecho.
Esta definición llevó a los Estados Unidos a convertirse en el país más poderoso del mundo. La prohibición del uso de las tropas militares en las tareas de seguridad se decretó desde 1854. “Las fuerzas armadas están diseñadas para pelear en la guerra, mientras que las fuerzas policiales están diseñadas para hacer cumplir la ley”.
En las condiciones de abdicación del poder civil, la 4t no está en condición de establecer una relación civil-militar, donde esté sometido el Ejército a los controles institucionales.
27.10.19
El nuevo mundo surge ante nosotros
Thierry Meyssan señala la extrema importancia, no de la retirada estadounidense de Siria sino del derrumbe de los puntos de referencia actuales del mundo. Estima que estamos entrando en un corto periodo de transición en el cual los que hoy controlan los acontecimientos, que son los «capitalistas financieros» –aunque los actores que designa de esa manera no tienen nada que ver con el capitalismo original ni tampoco con la banca original– van a ser apartados en beneficio de las reglas de derecho que Rusia enunció… en 1899
Estamos viviendo algo que sólo se ve una o
dos veces cada 100 años. Está surgiendo un nuevo orden mundial y todas
las referencias anteriores desaparecen. Los que antes fueron
increíblemente vilipendiados ahora triunfan mientras que los que solían
dictar su voluntad están en pleno descenso al infierno. Es cada vez
más evidente que las declaraciones oficiales y las interpretaciones que
los periodistas divulgan ya no corresponden a los hechos.
Los comentaristas tendrán que cambiar de discurso, rápida y
radicalmente, o van verse barridos por el remolino de la Historia.
En febrero de 1943, la victoria soviética ante la invasión nazi cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese hecho, lo que vino después ya era inevitable. Pero todavía hubo que esperar que tuvieran lugar el desembarco anglo-estadounidense en las playas de Normandía –en junio de 1944–, la conferencia de Yalta –en febrero de 1945– y la capitulación del Reich –el 8 de mayo de 1945– para finalmente ver el nacimiento del mundo nuevo.
En un solo año, el Reich nazi había perdido su lugar y se veía reemplazado por nuevas potencias: Estados Unidos y la Unión Soviética. En aquel mundo nuevo, el Reino Unido y Francia, que 12 años antes aún eran las dos primeras potencias mundiales, quedaban como espectadores del proceso de descolonización de sus respectivos imperios.
Hoy estamos viviendo un momento similar.
Cada periodo histórico tiene su propio sistema económico y construye una superestructura política destinada a proteger ese sistema. Al final de la guerra fría y con el derrumbe de la URSS, el presidente Bush padre desmovilizó un millón de militares estadounidenses y confió la búsqueda de la prosperidad a los dirigentes de las grandes transnacionales. Estos últimos se aliaron al dirigente chino Deng Xiaping y trasladaron grandes cantidades de empleos estadounidenses a China, país que se convirtió así en la gran fábrica del mundo.
Pero, lejos de ofrecer prosperidad a sus conciudadanos, los dirigentes de las transnacionales acapararon sus ganancias, provocando la lenta desaparición de las clases medias en las naciones de Occidente. En 2001, financiaron los atentados del 11 de septiembre para imponer al Pentágono la estrategia Rumsfeld/Cebrowski de destrucción de los Estados [1]. El presidente Bush hijo transformó entonces el «Medio Oriente ampliado», o «Gran Medio Oriente» en campo de batalla de una «guerra sin fin».
La liberación en una semana de una cuarta parte del territorio nacional sirio no es sólo la victoria de Bachar al-Assad, el presidente sirio que desde hace 8 años «tiene que irse». Es también el fracaso de la estrategia militar tendiente a instaurar la supremacía del capitalismo financiero. Ha sucedido lo que parecía inimaginable. El orden mundial se ha modificado y la subsiguiente secuencia de acontecimientos es inevitable.
La fastuosa acogida al presidente ruso Vladimir Putin en Arabia Saudita y en Emiratos Árabes Unidos es una muestra del espectacular cambio de posición de las potencia del Golfo Arábigo-Pérsico, que ahora se pasan al bando ruso.
La también espectacular redistribución de las cartas en Líbano es igualmente muestra del mismo fracaso político del capitalismo financiero. En un país dolarizado donde desde hace un mes ya no se encuentran dólares, donde los bancos cierran sus puertas y se limitan las extracciones de dinero que los clientes pueden realizar, las manifestaciones anticorrupción no podrán detener la caída del orden anterior.
Los estertores del orden agonizante se hacen sentir por todas partes. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno atribuye a su predecesor Rafael Correa –quien vive en Bélgica– y a un símbolo de la resistencia frente a la explotación financierista –el presidente venezolano Nicolás Maduro– la responsabilidad de haber organizado lo que en realidad es un levantamiento popular contra las medidas del capitalismo financiero.
El Reino Unido ya retiró de Siria sus fuerzas especiales y ahora está tratando de salir del Estado supranacional que es la Unión Europea. Después de haberse planteado la posibilidad de conservar el Mercado Común (el proyecto de Theresa May), el Reino Unido decide romper con toda la construcción europea, conforme al proyecto de Boris Johnson. Mientras tanto, después de los errores de los ex presidentes Nicolas Sarkozy y Francois Hollande, a los que se agregan ahora los errores del presidente Emmanuel Macron, Francia pierde súbitamente toda credibilidad e influencia.
Por su parte, los Estados Unidos del presidente Donald Trump dejan de ser la «nación indispensable», el «policía del mundo» al servicio del capitalismo financiero para tratar de convertirse nuevamente una gran potencia económica. Así que Estados Unidos retira su arsenal nuclear de Turquía y se dispone a cerrar el CentCom en Qatar mientras que todos reconocen a Rusia como la potencia «pacificadora» que hace prevaler el derecho internacional que ella misma había creado cuando convocó –en 1899– la «Conferencia Internacional por la Paz» de La Haya, cuyos principios los miembros de la OTAN han venido pisoteando.
La Segunda Guerra Mundial puso fin a la Sociedad de las Naciones para dar paso al nacimiento de la ONU. De la misma manera, este mundo nuevo creará probablemente una nueva organización internacional basada en los principios de la Conferencia de 1899, realizada en La Haya por iniciativa del zar Nicolás II y del premio Nobel de la Paz Leon Bourgeois. Para eso, primero habrá que disolver la OTAN, que tratará de sobrevivir extendiéndose al Pacífico, y también la Unión Europea, convertida en refugio del capitalismo financiero.
Tenemos que comprender bien lo que está sucediendo. Estamos entrando en un periodo de transición. Lenin decía, en 1916, que el imperialismo era la fase suprema de la forma de capitalismo que desapareció con las dos Guerras Mundiales y con la crisis bursátil de 1929. El mundo de hoy es el mundo del capitalismo financiero, que arruina una por una las economías nacionales favoreciendo únicamente a unos pocos súper ricos. Su fase suprema suponía dividir el mundo en dos partes, poniendo de un lado los países estables y globalizados y del otro lado vastas regiones del mundo sin Estados, reducidas a servir únicamente como “reservas” de materias primas.
Ese modelo, rechazado tanto por el presidente Trump en Estados Unidos, como por los «Chalecos Amarillos» en Europa occidental y por Siria en el Levante, es el modelo que hoy agoniza ante nosotros.
[1] «El proyecto militar de Estados Unidos para el mundo», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 22 de agosto de 2017.
24.10.19
¿“Nuevo régimen” con hegemonía oligárquica secular?
José Luis Ríos Vera
I. La fecha de nacimiento del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) no data de la insurrección “ciudadana” del 1 de julio de 2018, sino del período de la campaña electoral. La apariencia “anti-empresarial” de la 4T fue borrada en este período. De la mano de Carlos Urzúa y Alfonso Romo –portavoces del capital financiero, industrial, comercial– quienes subrayaban la postura de “centro-izquierda” del proyecto, el principal dirigente de la 4T (AMLO) autoproclamó en dicho periodo de campaña sus compromisos “a los inversionistas nacionales y extranjeros”, tales como: respeto a contratos y concesiones establecidas; aseguramiento del sistema financiero; independencia de Banco de México; disciplina fiscal; superávit primario; rechazo a la Reforma Hacendaria progresiva; respaldo al TLCAN.
II. Reconociendo las Deudas (corruptas, ilegítimas) del “viejo régimen”, el “nuevo régimen” de la 4T aceptó sin cuestionamientos prácticos la hegemonía de la oligarquía financiera, la principal expoliadora del país. ¿Es posible un “nuevo régimen” con viejos acreedores y añejas obligaciones? ¿Puede hablarse de un nuevo régimen con hegemonía secular?
III. Con cargo en la reproducción de rezagos sociales y del histórico atropello de las necesidades colectivas y populares (educación, salud, etc.), el “gobierno de la austeridad” consolida el poder del capital financiero (con inéditas transferencias de 1 billón de pesos anuales equivalentes a 50 mil millones de dólares). Tras la supuesta premisa de “extirpar la corrupción” anidada en las “alturas” del aparato estatal, en su desmesura, la “austeridad” se ha hecho “República”, y observamos la acentuación del adelgazamiento de la máquina estatal (una máxima neoliberal). Las principales repercusiones de ello se han orientado contra los derechos laborales de los trabajadores de la función pública (administrativos, médicos, enfermeras, doctores, profesores, etc.). A ello hay que añadir que, en el país de la precariedad y de la informalidad laboral, la disciplina fiscal y el régimen de austeridad defendidos con firmeza por el gobierno de la 4T, mantienen y agravan el atraso, el deterioro y el subdesarrollado estado de los servicios públicos del Estado.
IV. La 4T desperdició la oportunidad de derrumbar (¡en unos cuantos días!) los principales nudos del patrón de acumulación y reproducción del capitalismo mexicano dependiente de la economía estadounidense, esto es, el TLCAN y el yugo financierista. No realizó ningún desafío al sistema financiero internacional a través de un arrojado Presupuesto Público Federal que tuviera como prioridad las necesidades sociales (educación, salud, ciencia y tecnología, etc.). No ofreció ninguna respuesta contundente a la amenaza-extorsión de Trump respecto a los “aranceles” al comercio de mercancías y por la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes que impidiera la mayor crisis migratoria que día a día crece en el país.
V. Una forma política de régimen no se define por un carácter “honesto” o “corrupto”. En el remoto caso de que en el mundo del capital pudiera ocurrir un “gobierno honesto”, existe una gran distancia entre “eliminar” la corrupción mediante el ejercicio de un gobierno con este carácter y el establecimiento de una nueva forma política de régimen. En consecuencia, barrer a los “corruptos del pasado” –aun en el caso que así pueda serlo– no es suficiente para conformar un “nuevo régimen político”.
Un régimen político se explica a partir de las clases y fuerzas sociales que concentran y ejercen el poder político, así como las formas y medios por los que se construyen los procesos de acumulación, las relaciones de explotación y condiciones de dominación. En stricto sensu éstas fuerzas no se identifican inmediatamente con “los corruptos” (por ejemplo, los hasta ahora investigados o procesados en el país), sino sustancialmente con aquellas clases sociales o fracciones de éstas que detentan la capacidad de imponer sus intereses de clase y construyen la modalidad predominante –actualmente vigente– de acumulación y reproducción del capital (banqueros, financieros, exportadores, importadores, manufactureros, propietarios del sector de telecomunicaciones, del sector turismo, etc.).
La construcción de un nuevo régimen político implica –entre otros elementos– trastocar la capacidad política de las fuerzas de clase que detentan y ejercen el poder político (fuerzas hegemónicas). En consecuencia, significa poner en marcha la de-construcción de los intereses y políticas económicas que cimientan y conforman la modalidad de acumulación-reproducción del capital predominante impuesta por dichas fuerzas.
La noción acuñada de “mafia del poder” (AMLO) reduce el cuestionamiento del orden económico y político al funcionamiento corrupto y vertical del aparato estatal (y de sus actores) y sus vínculos con los agentes económicos, si bien es indicativa de la tradicional lumpenpolítica practicada en el seno del aparato estatal y grupos empresariales, en rigor resulta desorientadora. También deja de lado el papel del Estado y las relaciones de poder entre las clases sociales en el establecimiento e imposición de la forma dominante de acumulación del capital en el conjunto de la sociedad.
En el límite, la narrativa “anticorrupción” de la 4T lleva a la apología del orden del capital y su modalidad de acumulación. Por medio del genuino discurso y política de “combate a la corrupción” como bandera de justicia social, AMLO hace de la “corrupción” el “principal problema del país”. Sin embargo, con aquél combate otorga legitimidad a un orden que paradójicamente fetichiza las contradicciones históricas de la sociedad: el modo de acumulación-concentración del capital, las transferencias de riqueza al exterior, la subordinación y dependencia del régimen económico-político y los antagonismos sociales y de clase. Para la 4T, la “solución” a ello se presenta con la simple fórmula de un “gobierno honesto”, con lo que se perpetúan dichas contradicciones reales.
VI. Bajo el lema de “separar el poder político del poder económico”, se pretende neutralizar los privilegios y la capacidad política de la oligarquía predominante de imponer sus intereses, y reconstituir a la República sobre la forma de un “pluralismo” político-democrático sustentado en un “Estado de Derecho”. De este modo, se busca la ampliación de espacios para el conjunto de fuerzas u organismos económicos y sociales, así como el establecimiento de “nuevas” condiciones de competencia económica y política.
En este sentido, anteponer la “unidad nacional” y/o el “interés general” al estrecho círculo de una lumpenburguesía oligárquica corrupta (cuasi-monárquica y/o autárquica), supone elevar y aperturar al conjunto general de las clases propietarias a la dominación del capital sobre los explotados y/o desposeídos. Por tanto, la convocatoria a la “unidad nacional” de la 4T –que buena parte de la oligarquía rechaza con desprecio–, representaría una alianza entre “ricos y pobres”, “millonarios y hambrientos”, en condiciones estructurales e institucionales que favorecen permanentemente a los primeros, con lo que dicha “separación” –entre “poder político” y “poder económico”– termina por ser una apariencia, abiertamente manipulatoria.
No obstante, hasta ahora, la pretendida “unidad nacional” (pluriclasista, “sin privilegios”, “democrática”) ni por asomo se ha acercado a remover tanto las relaciones esenciales de la acumulación del capital como la composición de las relaciones de hegemonía en el seno de las fuerzas políticas (de clase) en México. Por lo que se recrea así una “reconciliación nacional” imaginaria, que se constituye bajo la permanente égida de las fuerzas hegemónicas (financieras, exportadoras, y fracciones de clase subordinadas al capital internacional predominantemente estadounidense).
VII. La “abolición” del neoliberalismo sólo ocurre en la fantasía de la nueva fracción política “reinante” en el aparato estatal, en la imaginación del gobierno y en sus desveladas frases. Sus acciones dicen lo contrario: transferencias de riqueza al capital financiero, defensa de la liberalización comercial, austeridad, recorte del Estado, ningún aumento en gasto educativo, salud, caída de inversión productiva, etcétera.
VIII. Las expresiones que sintetizan la apariencia “antineoliberal” de la 4T son el “desarrollo” y el “bienestar”. Orientadas a la construcción de un “nuevo pacto social”, y una de “política social” y de “bienestar”, son un evangelio incapaz de cuestionar al capital y sus relaciones de apropiación del patrimonio público, despojo (territorial y de la biodiversidad) y superexplotación del trabajo. Sin embargo, es fundamental resaltar que estas expresiones impactan en la conformación de un Estado despolitizador, el cual es impuesto sobre los explotados por el mundo del capital.
La “redistribución del ingreso” (según AMLO) o “crecimiento inclusivo” (de acuerdo con el FMI), sin ninguna mudanza estructural, apenas levantan el derecho a una “asistencia pública” frágil, acrítica y subordinada al orden clasista de opresión, injusticia social y desigualdad prevaleciente.
IX. Con la postración de un Estado austero, en el límite de la crisis fiscal, la 4T estimula y acrecienta el reino de la llamada Iniciativa Privada (el gran capital) en la mayor parte de espacios y circuitos económicos de la esfera social al que el propio Estado (“sin recursos”) ha renunciado. Es el caso, por ejemplo, del sector de la Petroquímica o del “Plan de Infraestructura”, que eleva la participación de la IP (con el magnate Carlos Slim al frente) en la infraestructura social y hace retroceder la inversión pública y de “desarrollo” –por cierto, digámoslo fuerte– diseñada y organizada por el empresario neoliberal Alfonso Romo.
La obstinada convocatoria y defensa del nuevo gobierno para recurrir a la inversión extranjera y nacional se explica por esta señalada retracción y renuncia de la participación del Estado como capitalista colectivo –aquí su límite desarrollista–. Lo anterior revela entonces la total ausencia de un programa de ruptura con el orden económico de la mundialización neoliberal y la construcción de una alternativa social real. Esto es así a pesar de las disputas y contradicciones existentes (política energética en Pemex, CFE, gasoductos, etc.) entre el gobierno de la 4T y las clases predominantes locales-extranjeras, quienes defienden sin tregua sus intereses de clase (certidumbre jurídica, el Estado de Derecho, la reforma laboral “competitiva, T-MEC, las instituciones supuestamente “autónomas”, los llamados farmouts, los amparos judiciales; la “flexibilidad” fiscal, etc.), y forman en la derecha una oposición posesiva y destructiva.
X. El llamado decálogo de la “nueva política industrial” en absoluto intenta construir una nueva capacidad de organización y estructura industrial que supere la subordinación del aparato productivo a los nodos de una economía exportadora. Por el contrario, mantiene el absoluto dominio trasnacional (división internacional del trabajo) y la estructura altamente importadora (en déficit estructural), de baja generación de valor en aquellos sectores de especialización productiva que lograron integrarse a las cadenas mundiales de valor –organizadas por las grandes corporaciones trasnacionales demandantes de las condiciones de superexplotación del trabajo de los países dependientes y periféricos—.
La dinámica de la política industrial y del mercado nacional reafirman y consolidan su supeditación a la demanda externa y al inestable (des) orden económico de la globalización neoliberal, muy próxima de una nueva recesión. Dicha supeditación es evidenciada con la enérgica persistencia de la brutal violencia que se vive bajo la no-correspondencia entre el salario y el costo de la vida y que se refleja en las disminuidas metas de la 4T de incrementar el salario mínimo “por lo menos dos puntos porcentuales” (AMLO) por encima de la inflación, y de lograr una recuperación del poder adquisitivo de “20 por ciento” en el periodo 2019-2024, además de su prácticamente nulo combate a la informalidad y precariedad del trabajo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.
XI. Por medio de un proceso de incorporación de la región del Sur-Sureste del país se pretende “superar” los graves problemas de concentración y desigualdad geográfica-territorial, económica y productiva, promovidos por la integración subordinada-segmentada a la economía estadounidense. Ello implica la construcción de nuevos polos productivos en la región (parques manufactureros-maquiladores, Zonas Económicas Especiales) orientados a proveer de bienes a la demanda de las cadenas globales de valor, mismas que contarán con una nueva plataforma de infraestructura (Corredor Transístmico) que daría un inmejorable impulso al mercantilismo capitalista global y a la dependencia exportadora de una economía de cuyas contradicciones le impiden conformar el crecimiento de un mercado interno de masas a razón de que ésta es sustentada en un mundo del trabajo centrado en relaciones de superexplotación.
Otro conjunto de megaproyectos (Tren maya, oleoductos, minería, carreteras, etc.) dominados por grandes capitales completarán esta nueva etapa de incorporación “tardía” de la región sur-sureste a las formas de acumulación de capital e integración subordinada al capital extranjero, para lo que se han venido activando políticas de contrainsurgencia, cooptación y desorganización de la lucha popular en las respectivas poblaciones y territorios. Sin embargo, todos estos proyectos en lugar de procurar romper la subordinación económica al mercado mundial, terminan por incrementarla.
XII. Contario a lo esperado, el gobierno de la Cuarta Transformación reactiva y continúa con las políticas de un Estado de excepción que ahora suponen promover la defensa de la “seguridad nacional” ante “amenazas potenciales” (“crimen organizado”, “sabotaje”, etc.). Despliega su mayor capacidad para coaccionar y desmovilizar la lucha social, e irónicamente, revela su impotencia y aguda incapacidad de poner fin a la violencia social y a la crisis de “seguridad pública”, argumento utilizado para imponer la militarización oficial del país. De este modo, la Guardia Nacional reedita la Ley de Seguridad Interior elaborada por el gobierno anterior como arma de criminalización y militarización de las luchas populares en defensa del medio ambiente, la biodiversidad, el territorio, y el conjunto de los derechos sociales y laborales que los intereses y Megaproyectos del gran capital nacional-internacional destruyen.
XIII. La experiencia “progresista” que elude la lucha de clases en aras de una sentimental “fraternidad” abstracta, es un anacronismo histórico categórico. Han sido demostrados los límites de las recientes experiencias de “Nuestra América”, erguidas en las bases de un Reformismo menor, por lo que la historia muestra la necesidad ineludible de dar el salto cuántico hacia una política de cuestionamiento y ruptura con el orden prevaleciente.
XIV. El significado de la “gobernabilidad” defendida por el Ejecutivo reside en el fortalecimiento del vacilante sistema de dominación caracterizado por las condiciones de la crisis de la democracia y de representación que en buena parte llevó al “tsunami” electoral de julio de 2018. Al no utilizar en su justa dimensión el llamado “bono democrático” del que hasta ahora dispone, la 4T abdica gratuitamente de la capacidad política para implementar reformas estructurales (económicas, políticas, culturales, mediáticas) en beneficio de los vilipendiados y desposeídos. El “nuevo régimen” reproduce el divorcio entre el poder ejecutivo, los centros de poder del aparato estatal y del sistema de decisiones de las clases trabajadoras y populares. Hoy más que nunca se vuelve mucho más efectiva aquella expresión que dice “todo lo que no es abolido, puede ser restaurado”.
XV. La actual política energética del Estado es el epicentro de la disputa entre la oligarquía dependiente y el capital extranjero (principalmente estadounidense) con la nueva clase reinante que controla el cuerpo institucional del aparato de Estado. Los más grandes capitales pugnan por la continuidad de la Reforma Energética, pues por medio de las “rondas petroleras”, licitaciones y contratos de exploración y explotación, liberalización del fracking, desmantelamiento de Pemex, etc., la renta petrolera era entregada a capitales locales y principalmente trasnacionales (bancos de inversión, bancos comerciales, petroleras trasnacionales, empresarios privados locales, etc.). De ahí el inflexible rechazo del gran capital al impulso de las refinerías del Estado, la defensa de la soberanía energética, el fortalecimiento de CFE, etc.
La transferencia de recursos desde la Secretaría de Hacienda hacia Petróleos Mexicanos y su capitalización, desdibuja la sonrisa de los acreedores internacionales del Estado, pues ven “en riesgo” las transferencias públicas de riqueza (por el Costo Financiero de la Deuda y Superávit primario) a sus bancos, al tiempo que limita la participación del gran capital en la exploración y extracción de hidrocarburos. El gran capital exige ¡disciplina financiera y apertura energética para los privados! El poder financiero y sus agencias calificadoras amenazan con el “terrorismo económico”. A todas luces incomparable a la llamada “delincuencia organizada”, la amenaza catastrofista de los grandes “cárteles” del poder financiero internacional y grandes capitales asociados son entre otros: degradación en la calificación de deuda (de Pemex, deuda soberana), fuga de capitales, devaluación, inflación, empobrecimiento generalizado.
XVI. El control del aparato de Estado es muy distinto de concentrar y ejercer el poder político del Estado. La 4T debe poner freno a su escalada de subordinación y rendición al orden de acumulación-reproducción del capital predominante, a riesgo de ser avasallada. Construyendo vínculos con los desposeídos bajo el marco del clientelismo electoral e implementando leves modificaciones a dicho orden, la 4T quedará muy lejos de una transformación histórica genuina, y mucho más próximo del periodo de una reforma menor, que administra el aparato estatal y desorganiza y posterga los intereses de los desposeídos y trabajadores.
I. La fecha de nacimiento del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) no data de la insurrección “ciudadana” del 1 de julio de 2018, sino del período de la campaña electoral. La apariencia “anti-empresarial” de la 4T fue borrada en este período. De la mano de Carlos Urzúa y Alfonso Romo –portavoces del capital financiero, industrial, comercial– quienes subrayaban la postura de “centro-izquierda” del proyecto, el principal dirigente de la 4T (AMLO) autoproclamó en dicho periodo de campaña sus compromisos “a los inversionistas nacionales y extranjeros”, tales como: respeto a contratos y concesiones establecidas; aseguramiento del sistema financiero; independencia de Banco de México; disciplina fiscal; superávit primario; rechazo a la Reforma Hacendaria progresiva; respaldo al TLCAN.
II. Reconociendo las Deudas (corruptas, ilegítimas) del “viejo régimen”, el “nuevo régimen” de la 4T aceptó sin cuestionamientos prácticos la hegemonía de la oligarquía financiera, la principal expoliadora del país. ¿Es posible un “nuevo régimen” con viejos acreedores y añejas obligaciones? ¿Puede hablarse de un nuevo régimen con hegemonía secular?
III. Con cargo en la reproducción de rezagos sociales y del histórico atropello de las necesidades colectivas y populares (educación, salud, etc.), el “gobierno de la austeridad” consolida el poder del capital financiero (con inéditas transferencias de 1 billón de pesos anuales equivalentes a 50 mil millones de dólares). Tras la supuesta premisa de “extirpar la corrupción” anidada en las “alturas” del aparato estatal, en su desmesura, la “austeridad” se ha hecho “República”, y observamos la acentuación del adelgazamiento de la máquina estatal (una máxima neoliberal). Las principales repercusiones de ello se han orientado contra los derechos laborales de los trabajadores de la función pública (administrativos, médicos, enfermeras, doctores, profesores, etc.). A ello hay que añadir que, en el país de la precariedad y de la informalidad laboral, la disciplina fiscal y el régimen de austeridad defendidos con firmeza por el gobierno de la 4T, mantienen y agravan el atraso, el deterioro y el subdesarrollado estado de los servicios públicos del Estado.
IV. La 4T desperdició la oportunidad de derrumbar (¡en unos cuantos días!) los principales nudos del patrón de acumulación y reproducción del capitalismo mexicano dependiente de la economía estadounidense, esto es, el TLCAN y el yugo financierista. No realizó ningún desafío al sistema financiero internacional a través de un arrojado Presupuesto Público Federal que tuviera como prioridad las necesidades sociales (educación, salud, ciencia y tecnología, etc.). No ofreció ninguna respuesta contundente a la amenaza-extorsión de Trump respecto a los “aranceles” al comercio de mercancías y por la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes que impidiera la mayor crisis migratoria que día a día crece en el país.
V. Una forma política de régimen no se define por un carácter “honesto” o “corrupto”. En el remoto caso de que en el mundo del capital pudiera ocurrir un “gobierno honesto”, existe una gran distancia entre “eliminar” la corrupción mediante el ejercicio de un gobierno con este carácter y el establecimiento de una nueva forma política de régimen. En consecuencia, barrer a los “corruptos del pasado” –aun en el caso que así pueda serlo– no es suficiente para conformar un “nuevo régimen político”.
Un régimen político se explica a partir de las clases y fuerzas sociales que concentran y ejercen el poder político, así como las formas y medios por los que se construyen los procesos de acumulación, las relaciones de explotación y condiciones de dominación. En stricto sensu éstas fuerzas no se identifican inmediatamente con “los corruptos” (por ejemplo, los hasta ahora investigados o procesados en el país), sino sustancialmente con aquellas clases sociales o fracciones de éstas que detentan la capacidad de imponer sus intereses de clase y construyen la modalidad predominante –actualmente vigente– de acumulación y reproducción del capital (banqueros, financieros, exportadores, importadores, manufactureros, propietarios del sector de telecomunicaciones, del sector turismo, etc.).
La construcción de un nuevo régimen político implica –entre otros elementos– trastocar la capacidad política de las fuerzas de clase que detentan y ejercen el poder político (fuerzas hegemónicas). En consecuencia, significa poner en marcha la de-construcción de los intereses y políticas económicas que cimientan y conforman la modalidad de acumulación-reproducción del capital predominante impuesta por dichas fuerzas.
La noción acuñada de “mafia del poder” (AMLO) reduce el cuestionamiento del orden económico y político al funcionamiento corrupto y vertical del aparato estatal (y de sus actores) y sus vínculos con los agentes económicos, si bien es indicativa de la tradicional lumpenpolítica practicada en el seno del aparato estatal y grupos empresariales, en rigor resulta desorientadora. También deja de lado el papel del Estado y las relaciones de poder entre las clases sociales en el establecimiento e imposición de la forma dominante de acumulación del capital en el conjunto de la sociedad.
En el límite, la narrativa “anticorrupción” de la 4T lleva a la apología del orden del capital y su modalidad de acumulación. Por medio del genuino discurso y política de “combate a la corrupción” como bandera de justicia social, AMLO hace de la “corrupción” el “principal problema del país”. Sin embargo, con aquél combate otorga legitimidad a un orden que paradójicamente fetichiza las contradicciones históricas de la sociedad: el modo de acumulación-concentración del capital, las transferencias de riqueza al exterior, la subordinación y dependencia del régimen económico-político y los antagonismos sociales y de clase. Para la 4T, la “solución” a ello se presenta con la simple fórmula de un “gobierno honesto”, con lo que se perpetúan dichas contradicciones reales.
VI. Bajo el lema de “separar el poder político del poder económico”, se pretende neutralizar los privilegios y la capacidad política de la oligarquía predominante de imponer sus intereses, y reconstituir a la República sobre la forma de un “pluralismo” político-democrático sustentado en un “Estado de Derecho”. De este modo, se busca la ampliación de espacios para el conjunto de fuerzas u organismos económicos y sociales, así como el establecimiento de “nuevas” condiciones de competencia económica y política.
En este sentido, anteponer la “unidad nacional” y/o el “interés general” al estrecho círculo de una lumpenburguesía oligárquica corrupta (cuasi-monárquica y/o autárquica), supone elevar y aperturar al conjunto general de las clases propietarias a la dominación del capital sobre los explotados y/o desposeídos. Por tanto, la convocatoria a la “unidad nacional” de la 4T –que buena parte de la oligarquía rechaza con desprecio–, representaría una alianza entre “ricos y pobres”, “millonarios y hambrientos”, en condiciones estructurales e institucionales que favorecen permanentemente a los primeros, con lo que dicha “separación” –entre “poder político” y “poder económico”– termina por ser una apariencia, abiertamente manipulatoria.
No obstante, hasta ahora, la pretendida “unidad nacional” (pluriclasista, “sin privilegios”, “democrática”) ni por asomo se ha acercado a remover tanto las relaciones esenciales de la acumulación del capital como la composición de las relaciones de hegemonía en el seno de las fuerzas políticas (de clase) en México. Por lo que se recrea así una “reconciliación nacional” imaginaria, que se constituye bajo la permanente égida de las fuerzas hegemónicas (financieras, exportadoras, y fracciones de clase subordinadas al capital internacional predominantemente estadounidense).
VII. La “abolición” del neoliberalismo sólo ocurre en la fantasía de la nueva fracción política “reinante” en el aparato estatal, en la imaginación del gobierno y en sus desveladas frases. Sus acciones dicen lo contrario: transferencias de riqueza al capital financiero, defensa de la liberalización comercial, austeridad, recorte del Estado, ningún aumento en gasto educativo, salud, caída de inversión productiva, etcétera.
VIII. Las expresiones que sintetizan la apariencia “antineoliberal” de la 4T son el “desarrollo” y el “bienestar”. Orientadas a la construcción de un “nuevo pacto social”, y una de “política social” y de “bienestar”, son un evangelio incapaz de cuestionar al capital y sus relaciones de apropiación del patrimonio público, despojo (territorial y de la biodiversidad) y superexplotación del trabajo. Sin embargo, es fundamental resaltar que estas expresiones impactan en la conformación de un Estado despolitizador, el cual es impuesto sobre los explotados por el mundo del capital.
La “redistribución del ingreso” (según AMLO) o “crecimiento inclusivo” (de acuerdo con el FMI), sin ninguna mudanza estructural, apenas levantan el derecho a una “asistencia pública” frágil, acrítica y subordinada al orden clasista de opresión, injusticia social y desigualdad prevaleciente.
IX. Con la postración de un Estado austero, en el límite de la crisis fiscal, la 4T estimula y acrecienta el reino de la llamada Iniciativa Privada (el gran capital) en la mayor parte de espacios y circuitos económicos de la esfera social al que el propio Estado (“sin recursos”) ha renunciado. Es el caso, por ejemplo, del sector de la Petroquímica o del “Plan de Infraestructura”, que eleva la participación de la IP (con el magnate Carlos Slim al frente) en la infraestructura social y hace retroceder la inversión pública y de “desarrollo” –por cierto, digámoslo fuerte– diseñada y organizada por el empresario neoliberal Alfonso Romo.
La obstinada convocatoria y defensa del nuevo gobierno para recurrir a la inversión extranjera y nacional se explica por esta señalada retracción y renuncia de la participación del Estado como capitalista colectivo –aquí su límite desarrollista–. Lo anterior revela entonces la total ausencia de un programa de ruptura con el orden económico de la mundialización neoliberal y la construcción de una alternativa social real. Esto es así a pesar de las disputas y contradicciones existentes (política energética en Pemex, CFE, gasoductos, etc.) entre el gobierno de la 4T y las clases predominantes locales-extranjeras, quienes defienden sin tregua sus intereses de clase (certidumbre jurídica, el Estado de Derecho, la reforma laboral “competitiva, T-MEC, las instituciones supuestamente “autónomas”, los llamados farmouts, los amparos judiciales; la “flexibilidad” fiscal, etc.), y forman en la derecha una oposición posesiva y destructiva.
X. El llamado decálogo de la “nueva política industrial” en absoluto intenta construir una nueva capacidad de organización y estructura industrial que supere la subordinación del aparato productivo a los nodos de una economía exportadora. Por el contrario, mantiene el absoluto dominio trasnacional (división internacional del trabajo) y la estructura altamente importadora (en déficit estructural), de baja generación de valor en aquellos sectores de especialización productiva que lograron integrarse a las cadenas mundiales de valor –organizadas por las grandes corporaciones trasnacionales demandantes de las condiciones de superexplotación del trabajo de los países dependientes y periféricos—.
La dinámica de la política industrial y del mercado nacional reafirman y consolidan su supeditación a la demanda externa y al inestable (des) orden económico de la globalización neoliberal, muy próxima de una nueva recesión. Dicha supeditación es evidenciada con la enérgica persistencia de la brutal violencia que se vive bajo la no-correspondencia entre el salario y el costo de la vida y que se refleja en las disminuidas metas de la 4T de incrementar el salario mínimo “por lo menos dos puntos porcentuales” (AMLO) por encima de la inflación, y de lograr una recuperación del poder adquisitivo de “20 por ciento” en el periodo 2019-2024, además de su prácticamente nulo combate a la informalidad y precariedad del trabajo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.
XI. Por medio de un proceso de incorporación de la región del Sur-Sureste del país se pretende “superar” los graves problemas de concentración y desigualdad geográfica-territorial, económica y productiva, promovidos por la integración subordinada-segmentada a la economía estadounidense. Ello implica la construcción de nuevos polos productivos en la región (parques manufactureros-maquiladores, Zonas Económicas Especiales) orientados a proveer de bienes a la demanda de las cadenas globales de valor, mismas que contarán con una nueva plataforma de infraestructura (Corredor Transístmico) que daría un inmejorable impulso al mercantilismo capitalista global y a la dependencia exportadora de una economía de cuyas contradicciones le impiden conformar el crecimiento de un mercado interno de masas a razón de que ésta es sustentada en un mundo del trabajo centrado en relaciones de superexplotación.
Otro conjunto de megaproyectos (Tren maya, oleoductos, minería, carreteras, etc.) dominados por grandes capitales completarán esta nueva etapa de incorporación “tardía” de la región sur-sureste a las formas de acumulación de capital e integración subordinada al capital extranjero, para lo que se han venido activando políticas de contrainsurgencia, cooptación y desorganización de la lucha popular en las respectivas poblaciones y territorios. Sin embargo, todos estos proyectos en lugar de procurar romper la subordinación económica al mercado mundial, terminan por incrementarla.
XII. Contario a lo esperado, el gobierno de la Cuarta Transformación reactiva y continúa con las políticas de un Estado de excepción que ahora suponen promover la defensa de la “seguridad nacional” ante “amenazas potenciales” (“crimen organizado”, “sabotaje”, etc.). Despliega su mayor capacidad para coaccionar y desmovilizar la lucha social, e irónicamente, revela su impotencia y aguda incapacidad de poner fin a la violencia social y a la crisis de “seguridad pública”, argumento utilizado para imponer la militarización oficial del país. De este modo, la Guardia Nacional reedita la Ley de Seguridad Interior elaborada por el gobierno anterior como arma de criminalización y militarización de las luchas populares en defensa del medio ambiente, la biodiversidad, el territorio, y el conjunto de los derechos sociales y laborales que los intereses y Megaproyectos del gran capital nacional-internacional destruyen.
XIII. La experiencia “progresista” que elude la lucha de clases en aras de una sentimental “fraternidad” abstracta, es un anacronismo histórico categórico. Han sido demostrados los límites de las recientes experiencias de “Nuestra América”, erguidas en las bases de un Reformismo menor, por lo que la historia muestra la necesidad ineludible de dar el salto cuántico hacia una política de cuestionamiento y ruptura con el orden prevaleciente.
XIV. El significado de la “gobernabilidad” defendida por el Ejecutivo reside en el fortalecimiento del vacilante sistema de dominación caracterizado por las condiciones de la crisis de la democracia y de representación que en buena parte llevó al “tsunami” electoral de julio de 2018. Al no utilizar en su justa dimensión el llamado “bono democrático” del que hasta ahora dispone, la 4T abdica gratuitamente de la capacidad política para implementar reformas estructurales (económicas, políticas, culturales, mediáticas) en beneficio de los vilipendiados y desposeídos. El “nuevo régimen” reproduce el divorcio entre el poder ejecutivo, los centros de poder del aparato estatal y del sistema de decisiones de las clases trabajadoras y populares. Hoy más que nunca se vuelve mucho más efectiva aquella expresión que dice “todo lo que no es abolido, puede ser restaurado”.
XV. La actual política energética del Estado es el epicentro de la disputa entre la oligarquía dependiente y el capital extranjero (principalmente estadounidense) con la nueva clase reinante que controla el cuerpo institucional del aparato de Estado. Los más grandes capitales pugnan por la continuidad de la Reforma Energética, pues por medio de las “rondas petroleras”, licitaciones y contratos de exploración y explotación, liberalización del fracking, desmantelamiento de Pemex, etc., la renta petrolera era entregada a capitales locales y principalmente trasnacionales (bancos de inversión, bancos comerciales, petroleras trasnacionales, empresarios privados locales, etc.). De ahí el inflexible rechazo del gran capital al impulso de las refinerías del Estado, la defensa de la soberanía energética, el fortalecimiento de CFE, etc.
La transferencia de recursos desde la Secretaría de Hacienda hacia Petróleos Mexicanos y su capitalización, desdibuja la sonrisa de los acreedores internacionales del Estado, pues ven “en riesgo” las transferencias públicas de riqueza (por el Costo Financiero de la Deuda y Superávit primario) a sus bancos, al tiempo que limita la participación del gran capital en la exploración y extracción de hidrocarburos. El gran capital exige ¡disciplina financiera y apertura energética para los privados! El poder financiero y sus agencias calificadoras amenazan con el “terrorismo económico”. A todas luces incomparable a la llamada “delincuencia organizada”, la amenaza catastrofista de los grandes “cárteles” del poder financiero internacional y grandes capitales asociados son entre otros: degradación en la calificación de deuda (de Pemex, deuda soberana), fuga de capitales, devaluación, inflación, empobrecimiento generalizado.
XVI. El control del aparato de Estado es muy distinto de concentrar y ejercer el poder político del Estado. La 4T debe poner freno a su escalada de subordinación y rendición al orden de acumulación-reproducción del capital predominante, a riesgo de ser avasallada. Construyendo vínculos con los desposeídos bajo el marco del clientelismo electoral e implementando leves modificaciones a dicho orden, la 4T quedará muy lejos de una transformación histórica genuina, y mucho más próximo del periodo de una reforma menor, que administra el aparato estatal y desorganiza y posterga los intereses de los desposeídos y trabajadores.
20.10.19
Los ejércitos del Cártel de Sinaloa
Sitiaron
y tomaron Culiacán, la capital de Sinaloa, este 17 de octubre.
Liberaron a uno de sus líderes (y a decenas de reos más) y replegaron a
las Fuerzas Armadas Mexicanas. Militarmente –más allá de las razones
sociales y políticas que sustentaron la orden oficial de la retirada–
propinaron una derrota al Ejército Mexicano en su propio suelo.
Y es que no solamente fue Culiacán. El
sitio se tendió también sobre Los Mochis y El Fuerte, ciudades
sinaloenses donde de igual forma ocurrieron enfrentamientos y se
cobraron vidas (aunque toda la atención mediática se haya concentrado en
la capital del estado).
Son los ejércitos del Cártel de Sinaloa,
conformados luego del inicio de la guerra simulada contra el
narcotráfico que inició Felipe Calderón en 2006, los más poderosos de
todas las fuerzas irregulares que hacen del país un polvorín. Los que
sitiaron Culiacán bajaron de la Sierra de Badiraguato y fueron
reforzados por los de la sierra de Choix y aún por los del vecino
Sonora.
Al parecer, el gabinete de seguridad del
gobierno federal sólo esperaba reacción en Badiraguato y evaluó que
contaba con la capacidad de contener a los criminales. Se llevó una
sorpresa. La decisión de emprender la retirada y dejarle la plaza
al Cártel de Sinaloa fue cuando advirtió que Los Mochis ya estaba
tomada y desde ahí se preparaba una ofensiva con cientos de elementos
del cártel dispuestos a masacrar o ser masacrados.
Estas tropas irregulares rafaguearon
la cárcel de El Fuerte e impusieron a la población un toque de queda.
Ahí se concentraron provenientes de tres puntos: de Choix y de El
Carrizo, Sinaloa, y de Álamos, Sonora. Estos últimos, de la presa Miguel
Hidalgo, de la sierra de Sonora, por el rumbo de San Bernardo Quiriego.
Pertrechados con fusiles de asalto
(AK47, R15), fusiles Barret, morteros, lanzagranadas, y perfectamente
coordinados con alta tecnología de comunicaciones, convergieron en El
Fuerte para reforzar Los Mochis. Apenas encontraron resistencia en San
Miguel Zapotitlán, la primera caseta ya en territorio de Sinaloa, entre
Navojoa y Los Mochis. Además de automóviles incendiados, a su paso
dejaron, al menos, cinco muertos.
Sólo en Choix operan tres facciones de
Gente Nueva, como se hace nombrar el brazo armado del Cártel de Sinaloa
en Chihuahua, Sonora y Sinaloa (tiene otras denominaciones en otros
estados de la República). Dichas facciones son: Los Salazares –de los
cuales ya hemos dado cuenta de algunas de sus matanzas en este espacio–
con sede por los rumbos de El Rodeo; los de Agua Caliente, por el rumbo
del río con el mismo nombre, y otros llamados Los Norteños, con origen
en Bacayopa y Yecorato. Estos últimos son los “dueños” de la plaza de la cabecera de Choix y los que encabezaron el operativo de sitio a Culiacán.
Gente Nueva fue integrada inicialmente
en 2007 por el Cártel de Sinaloa con efectivos de elite del Ejército
Mexicano. La supuesta guerra de Felipe Calderón y la profesionalización y
militarización de los rivales de la organización encabezada entonces
por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, generó la “necesidad” de contratar a militares de fuerzas especiales con entrenamiento kaibil.
El Cártel de Juárez había formado ya su
brazo armado, La Línea. Mientras, el Cártel del Golfo ya tenía a Los
Zetas. El más poderoso de los cárteles no podía rezagarse y los entonces
tres principales líderes de Sinaloa, Juan José Esparrogoza Moreno, el Azul; Ismael Zambada, el Mayo, y el Chapo,
acordaron la integración de Gente Nueva. Un estimado de la entonces
Procuraduría General de la República hecho público en 2011, estas tropas
irregulares podrían estar integradas con 5 mil efectivos en los tres
estados.
La liberación de Ovidio Guzmán (hijo del Chapo)
este jueves 17 es probablemente el triunfo más importante de toda la
historia de Gente Nueva. Ha participado en muchas masacres contra
cárteles rivales y ha derrotado en otras ocasiones a comandos de fuerzas
federales. Pero en esta ocasión ocuparon militarmente la capital de un
estado de la Republica, obligaron al Estado mexicano a devolverles a uno
de sus patrones y consiguieron la retirada del Ejército Mexicano.
Se trata de la primera decepción para
muchos de los simpatizantes de la “cuarta transformación”. Es un fracaso
redondo porque la inteligencia falló. No pudo prever la capacidad de
respuesta del narco. Pero es importante decir que estos
cárteles que pueden retar al Estado mexicano se formaron y alcanzaron
tal poderío en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con
probable apoyo de funcionarios de estas administraciones. Tal poder no
se construyó en estos meses.
Si estas fuerzas del narcotráfico
replegaron a las Fuerzas Armadas Mexicanas, cómo se les puede pedir a
las comunidades indígenas que no se armen cuando tienen enfrente a los
cárteles. Las policías comunitarias, guardias comunales, rondas
comunitarias y autodefensas indígenas ya enfrentan desde hace12 años y
con sus propios medios a los criminales. Ahora una ciudad vivió un
embate como los que desafortunadamente son cotidianos en los territorios
de muchos pueblos indígenas.
8.10.19
Felipe Calderón, máximo saqueador de Pemex y México en los últimos 42 años
En el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2007-2012), la producción petrolera sexenal ocupó el cuarto lugar en los últimos 42 años. La venta del llamado oro negro fue impresionantemente elevada, con ingresos totales de 545 mil 496 millones de dólares por la comercialización de 5 mil 891.10 millones de barriles en 6 años, a un precio altísimo de 92.56 dólares por barril, el más alto en el periodo.
Con esos astronómicos ingresos, Calderón pudo haber pagado la deuda total de Petróleos Mexicanos (Pemex) con un sobrante de más de 300 mil millones de dólares. Por eso, hasta hoy, este pésimo y corrupto gobernante le debe una explicación al pueblo de México
respecto al destino de estos impresionantes ingresos. Con estos datos,
posiblemente el expresidente y expanista sea el máximo saqueador de
Pemex y del país en los últimos 42 años.
Las estadísticas oficiales
de la productividad petrolera anual y sexenal revelan que los ingresos
por esta actividad sí permitían pagar la deuda de Pemex en las pasadas
administraciones federales panistas de Vicente Fox Quesada y Calderón Hinojosa, y del priísta Enrique Peña Nieto.
Con el análisis de las cifras diarias, anuales y sexenales desde José López Portillo
(1977-1982) hasta Peña Nieto –es decir, 7 sexenios (42 años)– se
demuestra por ejemplo que el sexenio de López Portillo tuvo la menor
producción petrolera promedio, con 3 mil 898.2 millones de barriles durante todo su sexenio, lo que significa un 84 por ciento menos que la producción del sexenio de Vicente Fox, con una producción exorbitante de 7 mil 161.30 millones de barriles. El problema es que Fox exprimió al máximo posible los yacimientos petroleros llegando a extraer 4 millones de barriles diarios en 2004.
En el caso de López Portillo y a pesar de que en su sexenio se empezó a explotar Cantarell, su producción diaria promedio sexenal fue de solamente 1.78 millones de barriles diarios, la más baja en los últimos 42 años.
Con Miguel de la Madrid
se elevó la producción diaria a 2.57 millones de barriles, aunque su
venta sexenal fue más baja que la de su antecesor, por la caída de los
precios internacionales del barril de petróleo crudo con un costo
promedio sexenal de 47.43 dólares por barril.
En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1989-1994)
la producción diaria de barriles fue la segunda más alta en 42 años,
con 3.07 millones de barriles diarios, pero la venta fue la segunda más
baja, ya que la caída de los precios del barril llegó a 28.39 dólares.
Con Ernesto Zedillo Ponce de León
(1995-2000) la producción diaria ocupó el tercer lugar en 42 años, con
2.91 millones de barriles diarios vendidos al precio más bajo de 26.43
dólares por barril.
Ya en el sexenio de Fox
(2001-2006), la producción sexenal promedio fue de 7 mil 161.30
millones de barriles, la más alta en 42 años con una elevadísima
producción diaria de 3.27 millones de barriles diarios (su producción
fue desmedida e irresponsable, tratando de agotar rápidamente los
yacimientos de la Sonda de Campeche). Sus ventas fueron las segundas más
elevadas en el periodo analizado, a pesar de que el precio promedio por
barril fue de 48.50 dólares.
Pero, sin duda, el de Calderón Hinojosa (analizado al inicio) fue el más rentable. En el caso de su sucesor, Peña Nieto
(2013-2018), la producción diaria promedio sexenal fue de 2.33 millones
de barriles diarios, la quinta en 42 años, con ingresos por venta
promedio de 331 mil 997 millones de barriles, con el tercer precio más
alto –de 65.80 dólares– en el periodo. Este presidente tan corrupto como
Fox y Calderón también tuvo los ingresos suficientes para pagar la
deuda total de Pemex y posiblemente también la deuda del gobierno
federal.
Y es que los números no mienten: en 1999, la deuda de la petrolera era de 12 mil 500 millones de dólares; en 2006, de 51 mil 160 millones de dólares; en 2012, de 58 mil 646 millones de dólares; y en 2018, de 103 mil 761 millones de dólares. En el gobierno de Calderón –el de más ingresos petroleros–, Pemex solicitó créditos por 13 mil 800 millones de dólares.
El descarado robo a Pemex
La ruina, la gran tragedia de Pemex y de México, han sido los grandes yacimientos
petroleros descubiertos desde hace más de 120 años, aunque nuestros
antepasados mesoamericanos ya utilizaban el crudo para decorar y pintar
su cerámica de barro. De muy poco ha servido esa gran riqueza natural,
pues quizá sólo un 20 por ciento de esa descomunal riqueza ha llegado a
cuenta-gotas al pueblo mexicano.
Es importante recordar que en estos datos estadísticos oficiales no están considerados los robos históricos
que desde 1938 han hecho todos los gobernantes, políticos, líderes
sindicales, amigos y parientes de presidentes y gobernadores a la
principal industria del país: Pemex.
Desde hace más de 50 años, buquetanques
propiedad de directores de la petrolera y prestanombres de servidores
públicos han robado permanentemente combustible de las plataformas marinas, de cientos de tanques de almacenamiento y de las agencias de ventas a la luz de día con lujo de descaro. El huachicoleo siempre ha existido solapado y en complicidad con la mayoría de los presidentes del país.
Los mexicanos nunca sabremos con certeza
la verdadera producción diaria nacional. Difícilmente los mejores
técnicos de Pemex podrán conocer la verdadera producción petrolera, por
la complejidad de miles de tomas y salidas clandestinas del combustible
crudo. Algunos técnicos y perforadores de la empresa del Estado que
ahora están jubilados o fallecidos calculaban que las “fugas” representaban entre un 20 y 25 por ciento
de su producción diaria, pero por supuesto que de estos datos no
existen estadísticas oficiales y es probable que el porcentaje sea mucho
mayor en cada sexenio.
Desde hace 42 años, Pemex ha tenido
ingresos diarios promedio por la venta de petróleo crudo por 140.43
millones de dólares diarios, que significan 2 mil 808.6 millones de
pesos diarios. Con estos recursos se puede pagar en aproximadamente 57
días el costo de la refinería de Dos Bocas, Tabasco,
que ascenderá a 8 mil millones de dólares, lo que evitaría el
financiamiento de los contribuyentes a esta innecesaria obra sexenal.
Con tanta riqueza petrolera, desde hace
42 años México pudo haber estado entre las primeras 15 potencias
económicas del mundo, pero desafortunadamente nuestros gobernantes se
robaron el patrimonio y el bienestar de muchas generaciones y sólo nos
queda el desprestigio y la vergüenza de tener la empresa petrolera más corrupta e ineficiente del mundo y un pueblo, en su mayoría, devastado por la pobreza e inseguridad.
17.9.19
La emboscada
Dolia Estévez
Washington, D.C.— Una noche antes de la reunión para evaluar los 90 días del acuerdo migratorio en la Casa Blanca, a los mexicanos les preocupaba que los estadounidenses fueran a conducirse con la misa insolencia del Comisionado del Servicio de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP) que acababa de regañar a México por no hacer más. Martha Bárcena se quejó con Kevin McAleena, Secretario de Seguridad Interna, por el tono “inapropiado” de Mark Morgan. Parecía más comentarista de Fox News que funcionario. Marcelo Ebrard rechazó vía Twitter las “presiones” del funcionario para convertir a México en tercer país seguro.
Presidida por Ebrard, con el apoyo de Bárcena, la delegación había sido citada a las 2:30 de la tarde en la Casa Blanca. Ingresaron por el pórtico del West Wing en dos grupos: Francisco Garduño, Comisionado del INM; Alejandro Celorio, Consultor Jurídico de la SRE; Roberto Velasco, Vocero de la SRE; Euclides del Moral (recién nombrado cónsul en Oxnard) y Francisco Anza, funcionarios de la Embajada; seguidos por Ebrard y Bárcena.
Fueron guiados al Salón Roosevelt, muy cerca de la Oficina Oval. Tomaron asiento frente al Vicepresidente Mike Pence, el Secretario de Estado Mike Pompeo, el yerno Jared Kushner, el consejero jurídico Pat Cipollone, y el Embajador en México, Chris Landau. Los retratos de Teddy Roosevelt cabalgando (“Habla suavemente y lleva un gran garrote”), y de FDR en su escritorio, testigos mudos de la tensa escena.
Los mexicanos iban decididos a pintar la raya. Sacar chispas de ser necesario. No iban a tolerar que les tronaran la voz o les dieran ordenes como si fueran súbditos. En el plan original, el altanero de Morgan también estaba en la mesa, pero en ajustes de última hora pusieron a Kushner en su lugar. La queja de Bárcena surtió efecto.
De acuerdo con fuentes mexicanas y estadounidenses que pidieron no ser identificadas, Pence inició la sesión agradeciendo al Presidente López Obrador la cooperación “sin precedente” en reducir los flujos migratorios. Desde su perspectiva, la relación pasa por su mejor momento. No obstante, falta mucho por hacer. El matiz cordial y respetuoso del segundo en la jerarquía de poder empezó a tranquilizarlos.
Procedieron a rendir su informe sobre los 90 días. Tras la introducción de Ebrard, con gráficas, mapas y estadísticas mostraron que las medidas mexicanas están dando resultados y se comprometieron a hacer permanente el despliegue de 25 mil efectivos de la Guardia Nacional en tareas de control migratorio. Pence le preguntó a McAleenan si los números eran correctos. McAleenan dijo que sí, pero insistió en negociar un acuerdo de tercer país seguro que obligue a los centroamericanos a pedir asilo en territorio mexicano. Ebrard respondió que tanto AMLO como el Senado mexicano rechazan el tercer país seguro y que no hay motivo pues la estrategia mexicana está funcionando. Celorio lo secundó recordándoles que el entendido es que sólo se firmaría si no daban resultados las medidas pactadas en junio. McAleenan los vio con mirada escéptica.
Ebrard se quejó de que mientras México cumple, Estados Unidos no. No han agilizado, como prometieron, los procesos de asilo. Respondieron que iban a abrir instalaciones en Laredo y Brownsville, con la capacidad de sostener 64 audiencias simultáneamente, algunas por video, para lo que iban a trasladar jueces de otras partes del país. Garduño, a través de una interprete pues no habla inglés, explicó que por razones de seguridad estaban llevando gente de Tamaulipas a Monterrey. La tensión empezó a aminorar. Kushner y Landau, los más blandos. McAleenan, el más duro. Pence y Pompeo, los árbitros.
Ebrard y Bárcena pidieron combatir el flujo ilícito de armas de fuego a México. Así como migración es prioridad para ustedes, el tráfico de armas es para nosotros. La petición no tuvo tracción. Quizá porque Ebrard no la condicionó a migración o porque los estadounidenses la interpretaron como un intento de nivelar el terreno. Equilibrar un poco la balanza.
Kushner, quien se había ausentado, entró y entregó un papelito a Pence. El Vicepresidente dio por terminada la sesión. Duró 45 minutos. Le dijo a Ebrard que junto con Pompeo, iban a pasar a ver a Trump en la Oficina Oval. Bárcena no recibió señal de Ebrard para que lo acompañara. Se quedó en el salón con el resto. Segundos después vinieron por McAleenan y Cipollone, pero no por Landau. Si no entraba Landau, por protocolo, no podía entrar Bárcena… a menos que Ebrard intercediera. No lo hizo. Al resto de la delegación se le vio salir por la misma puerta por la que entró, checando los celulares que les habían confiscado.
Flanqueado por Pence, Pompeo, McAleenan, Kushner y Cipollone, Ebrard entró a ver a Trump. Seis contra uno. Los diez minutos que duró el “saludo de cortesía” bastaron para emboscarlo; presionarlo entre todos por el tercer país. Trump pidió a McAleenan explicara por qué es esencial para su Gobierno.
Los mexicanos no la vieron venir. Los tomaron desprevenidos. Nadie les avisó. No tuvieron oportunidad de prepararse. El “saludo” vuelto emboscada fue acordado en el almuerzo de Pence con Trump ese mismo día. Querían tener sólo a Ebrard para arrancarle el sí, como ocurrió con el papelito del acuerdo de los 90 días que Trump sacó de su solapa.
A las 5:06 de la tarde, Ebrard soltó vía Twitter: “Tuve oportunidad de saludar al presidente Trump”. La prensa había sido convocada a las 5. Ebrard nos dijo que rechazó el tercer país y que Trump había sido “bastante amable y positivo”. Minimizó las presiones. No informó que Trump pidió hablar con AMLO al día siguiente. Fue una “buena conversación”, tuiteó AMLO.
La jornada que empezó con los mexicanos comiéndose las uñas de nervios, terminó con una copa de vino en la residencia de Bárcena, y de su esposo, el Embajador Agustín Gutiérrez Canet. Superada la etapa de tensión, vino la relajación. Ni victoria ni derrota. Un día más en la era Trump.
Washington, D.C.— Una noche antes de la reunión para evaluar los 90 días del acuerdo migratorio en la Casa Blanca, a los mexicanos les preocupaba que los estadounidenses fueran a conducirse con la misa insolencia del Comisionado del Servicio de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP) que acababa de regañar a México por no hacer más. Martha Bárcena se quejó con Kevin McAleena, Secretario de Seguridad Interna, por el tono “inapropiado” de Mark Morgan. Parecía más comentarista de Fox News que funcionario. Marcelo Ebrard rechazó vía Twitter las “presiones” del funcionario para convertir a México en tercer país seguro.
Presidida por Ebrard, con el apoyo de Bárcena, la delegación había sido citada a las 2:30 de la tarde en la Casa Blanca. Ingresaron por el pórtico del West Wing en dos grupos: Francisco Garduño, Comisionado del INM; Alejandro Celorio, Consultor Jurídico de la SRE; Roberto Velasco, Vocero de la SRE; Euclides del Moral (recién nombrado cónsul en Oxnard) y Francisco Anza, funcionarios de la Embajada; seguidos por Ebrard y Bárcena.
Fueron guiados al Salón Roosevelt, muy cerca de la Oficina Oval. Tomaron asiento frente al Vicepresidente Mike Pence, el Secretario de Estado Mike Pompeo, el yerno Jared Kushner, el consejero jurídico Pat Cipollone, y el Embajador en México, Chris Landau. Los retratos de Teddy Roosevelt cabalgando (“Habla suavemente y lleva un gran garrote”), y de FDR en su escritorio, testigos mudos de la tensa escena.
Los mexicanos iban decididos a pintar la raya. Sacar chispas de ser necesario. No iban a tolerar que les tronaran la voz o les dieran ordenes como si fueran súbditos. En el plan original, el altanero de Morgan también estaba en la mesa, pero en ajustes de última hora pusieron a Kushner en su lugar. La queja de Bárcena surtió efecto.
De acuerdo con fuentes mexicanas y estadounidenses que pidieron no ser identificadas, Pence inició la sesión agradeciendo al Presidente López Obrador la cooperación “sin precedente” en reducir los flujos migratorios. Desde su perspectiva, la relación pasa por su mejor momento. No obstante, falta mucho por hacer. El matiz cordial y respetuoso del segundo en la jerarquía de poder empezó a tranquilizarlos.
Procedieron a rendir su informe sobre los 90 días. Tras la introducción de Ebrard, con gráficas, mapas y estadísticas mostraron que las medidas mexicanas están dando resultados y se comprometieron a hacer permanente el despliegue de 25 mil efectivos de la Guardia Nacional en tareas de control migratorio. Pence le preguntó a McAleenan si los números eran correctos. McAleenan dijo que sí, pero insistió en negociar un acuerdo de tercer país seguro que obligue a los centroamericanos a pedir asilo en territorio mexicano. Ebrard respondió que tanto AMLO como el Senado mexicano rechazan el tercer país seguro y que no hay motivo pues la estrategia mexicana está funcionando. Celorio lo secundó recordándoles que el entendido es que sólo se firmaría si no daban resultados las medidas pactadas en junio. McAleenan los vio con mirada escéptica.
Ebrard se quejó de que mientras México cumple, Estados Unidos no. No han agilizado, como prometieron, los procesos de asilo. Respondieron que iban a abrir instalaciones en Laredo y Brownsville, con la capacidad de sostener 64 audiencias simultáneamente, algunas por video, para lo que iban a trasladar jueces de otras partes del país. Garduño, a través de una interprete pues no habla inglés, explicó que por razones de seguridad estaban llevando gente de Tamaulipas a Monterrey. La tensión empezó a aminorar. Kushner y Landau, los más blandos. McAleenan, el más duro. Pence y Pompeo, los árbitros.
Ebrard y Bárcena pidieron combatir el flujo ilícito de armas de fuego a México. Así como migración es prioridad para ustedes, el tráfico de armas es para nosotros. La petición no tuvo tracción. Quizá porque Ebrard no la condicionó a migración o porque los estadounidenses la interpretaron como un intento de nivelar el terreno. Equilibrar un poco la balanza.
Kushner, quien se había ausentado, entró y entregó un papelito a Pence. El Vicepresidente dio por terminada la sesión. Duró 45 minutos. Le dijo a Ebrard que junto con Pompeo, iban a pasar a ver a Trump en la Oficina Oval. Bárcena no recibió señal de Ebrard para que lo acompañara. Se quedó en el salón con el resto. Segundos después vinieron por McAleenan y Cipollone, pero no por Landau. Si no entraba Landau, por protocolo, no podía entrar Bárcena… a menos que Ebrard intercediera. No lo hizo. Al resto de la delegación se le vio salir por la misma puerta por la que entró, checando los celulares que les habían confiscado.
Flanqueado por Pence, Pompeo, McAleenan, Kushner y Cipollone, Ebrard entró a ver a Trump. Seis contra uno. Los diez minutos que duró el “saludo de cortesía” bastaron para emboscarlo; presionarlo entre todos por el tercer país. Trump pidió a McAleenan explicara por qué es esencial para su Gobierno.
Los mexicanos no la vieron venir. Los tomaron desprevenidos. Nadie les avisó. No tuvieron oportunidad de prepararse. El “saludo” vuelto emboscada fue acordado en el almuerzo de Pence con Trump ese mismo día. Querían tener sólo a Ebrard para arrancarle el sí, como ocurrió con el papelito del acuerdo de los 90 días que Trump sacó de su solapa.
A las 5:06 de la tarde, Ebrard soltó vía Twitter: “Tuve oportunidad de saludar al presidente Trump”. La prensa había sido convocada a las 5. Ebrard nos dijo que rechazó el tercer país y que Trump había sido “bastante amable y positivo”. Minimizó las presiones. No informó que Trump pidió hablar con AMLO al día siguiente. Fue una “buena conversación”, tuiteó AMLO.
La jornada que empezó con los mexicanos comiéndose las uñas de nervios, terminó con una copa de vino en la residencia de Bárcena, y de su esposo, el Embajador Agustín Gutiérrez Canet. Superada la etapa de tensión, vino la relajación. Ni victoria ni derrota. Un día más en la era Trump.
7.9.19
IMSS-Robledo: ¿"viabilidad financiera" como con el neoliberalismo?
Gustavo Leal F.
Hace unos días el
director general del IMSS, Zoé Robledo, declaró que durante el primer
año de la 4T se reducirá la acumulación de reservas y con
disciplina administrativala
viabilidad financierainstitucional
podráextenderse más allá de 2030:
creemos que podemos subirle dos años teniendo finanzas sanashasta 2032 ( La Jornada, 2/9/19). Esta visión es la de su antecesor peñista José Antonio González Anaya, autor del fantástico
salvamentodel IMSS al servicio del PRI. ¿Dónde quedó el cambio 2018 de López Obrador?
Ante Peña, en 2015, González Anaya dijo:
señor presidente, con orgullo colectivo le informo que la viabilidad financiera del instituto, está garantizada durante su administración, mientras, lo alcanzaban por minuto las denuncias sobre la calidad de los servicios.
Para Robledo: el
secretoes evitar gastar más de lo que ingresa. Y para que los servicios IMSS-4T no prosigan la ruta de profundo deterioro –consolidada por el Prian– Robledo sólo puede establecer una meta
menoracumulando reservas que suman 215 mil millones de pesos. Él quiere algo
menos excesivo: en 2019 se acumularán sólo 29 mil millones de pesos, no 34 mil. La diferencia brindará
margenpara invertir en infraestructura y erguir hospitales de tiempo completo.
Este absurdo esquema neoliberal de constituir forzosamente reservas fue impuesto, con Fox, por el tecnócrata Santiago Levy (2001) y luego fue calcado, con Calderón (2007), al Issste. Con ellas se ataban ambas instituciones a la
estabilidadmacroeconómica: de ser un efecto, los neoliberales convirtieron a las instituciones en una causa
macrode esa
estabilidad. Ciertamente, aunque la seguridad social expresa el marco económico, no lo genera. Contribuye a él.
Pero Robledo –como el director del Issste, Ramírez Pineda– no entran a este debate de fondo, como debería ser el caso de la 4T. Simplemente le dan la vuelta. Y apremiados por la necesidad de recursos
disminuyenla meta de constitución de reservas, porque como dice Robledo
de nada sirvetener grandes reservas si, al mismo tiempo, no apostamos por
mejorarlos servicios médicos.
Robledo y Ramírez Pineda preservan la operación neoliberal para garantizar la
viabilidad financiera, pero simultáneamente quieren usar las reservas para
mejorarservicios. Nunca ordenan el gran tema pendiente: el que toda institución de seguridad social requiere una caja dorada para garantizar las prestaciones de todos los que han contribuido a los institutos. No distinguen entre constituir reservas tecnocráticas sacrificando servicios y poner los cimientos de la seguridad social de la 4T; cimientos que exigen definir y defender esa caja dorada que garantizan las prestaciones amparadas en sus respectivas leyes. No desmontan definitivamente –como corresponde a la 4T– la aberración de seguir constituyendo reservas para que IMSS-Issste sigan pretendidamente contribuyendo a la
estabilidadmacro-económica.
En la 4T, Robledo debería establecer que en el IMSS no cabe un concepto como
viabilidad financiera, propio al lenguaje neoliberal. El IMSS jamás podrá dejar de tenerla. Por la naturaleza de los compromisos que adquiere con cada retención salarial y aportes patronales, cuenta de facto con el respaldo del Estado para que así cumpla la ley: que sus asegurados reciban justo esas prestaciones de ley. Además, ofrecer mejores servicios no excluye ni contradice establecer reglas claras y transparentes para la caja dorada de reservas que los hace posible.
Sobre el programa de mejora, Robledo refiere consultas y operaciones en fines de semana (ya iniciadas por González Anaya) y alude a los hospitales de tiempo completo ¿los hay de tiempo parcial?
En el fondo del asunto se localiza el impacto de la reforma Zedillo-IMSS-1995 sobre finanzas institucionales y en la nunca cumplida oferta del efímero ex director Germán Martínez para levantar una
gran auditoría, rápida y oportunaque
deberá estar lista en enero de 2019con el fin de
evitarsimulación sindical, vía contratos de protección, o en la entrega de las cuotas obrero-patronales ( La Jornada, 7/12/18). Esa indispensable auditoría debería conducir a Robledo, ya como 4T, a un pronunciamiento sobre los verdaderos determinantes de la situación financiera e, incluso, a cambiar el nombre y diseño del neoliberal Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS impuesto por Santiago Levy.
La operación cosmética fabricada por González Anaya –como la de los panistas– sobre la situación financiera institucional fue una quimera: eludió ajustar el deliberadamente equivocado diagnóstico panista de Fox-Calderón y elaboró otro principio fabulado, tan inverosímil como el previo. Pero ignoró lo principal: el impacto de la reforma Zedillo. El masivo voto de 2018 mandató otro futuro, no priísta, para la seguridad social de la 4T.
6.9.19
Además del tren, proyecto Transístmico incluye parques industriales y un gasoducto
El Corredor Transístmico contempla en su modelo de negocio la instalación de 10 parques industriales, un tren, un gasoducto y el acompañamiento de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad a los empresarios. En entrevista, el director del proyecto, Rafael Marín Mollinedo, asegura que ya se realizó la consulta indígena para estos propósitos
El modelo de negocio del llamado
Corredor Transístmico contempla no sólo la construcción de un tren, sino
también la instalación de 10 parques industriales, un gasoducto y el
acompañamiento de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad a los
empresarios, de acuerdo con el titular del proyecto federal, Rafael
Marín Mollinedo. La inversión sexenal será del orden de 250 mil millones
de pesos.
Considerado como uno de los principales
proyectos de infraestructura del gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, éste presenta discursos contradictorios al interior del
gabinete: por un lado, Mollinedo –director del Corredor Interoceánico
del Istmo de Tehuantepec de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP)– asegura que la consulta indígena ya está hecha; por el otro,
Hugo Aguilar Ortiz, encargado de la Coordinación de Derechos Indígenas
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), dice que se
trata “no de una consulta, sino de un proceso de consulta” (edición
653).
En entrevista con Contralínea,
el funcionario de Hacienda y empresario quintanarroense, expone que este
proyecto pretende ser el “motor de desarrollo” del Sureste mexicano;
también, una cortina de contención para que los migrantes
centroamericanos tengan empleo.
Él es uno de los militantes de
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que hicieron un trabajo arduo
en Quintana Roo para que el presidente López Obrador obtuviera el
triunfo en 2018, ahora encargado de ejecutar uno de los cuatro
principales proyectos de infraestructura del sexenio: el Corredor
Transístmico, que va de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz.
Opositores a este megaproyecto han
denunciado que aún no se hace una consulta indígena, como lo marca el
artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de manera
previa, libre e informada. Ante ello, el funcionario de la SHCP asegura
que ya se llevó a cabo: “La gente, los indígenas ya nos aprobaron el
proyecto”.
De acuerdo con el Plan Nacional de
Desarrollo 2019, el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec
tiene como objetivo impulsar el crecimiento de la economía regional
“con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo
oaxaqueño y veracruzano”.
El documento, publicado en el 12 de julio en Diario Oficial de la Federación
expone que este proyecto aprovechará la posición del Istmo para
“competir” en los mercados mundiales de movilización de mercancías. Y
que está avalado a través de una consulta realizada durante el 30 y 31
de marzo de este año, mediante asambleas regionales, “se obtuvo la
autorización del proyecto por parte de los pueblos de la región binnizá o
zapoteco, ayuuk o mixe, zoque, ikoots o huave, chontal, chinanteco,
mazateco, mixteco, popoluca, náhuatl y afromexicano, de acuerdo con los
artículos constitucionales 1 y 133, el artículo 6 del Convenio de la
Organización Internacional del Trabajo y los artículos 19 y 32 de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas”.
El modelo de negocio
Entrevistado en sus oficinas de Palacio
Nacional, Marín Mollinedo expone que el Corredor Transístmico pretende
ser la “palanca del desarrollo” en el Sureste para “irradiar” esta
región, la más atrasada en este momento.
A esta zona del país, arguye el
empresario dedicado a comercialización de frutas y verduras a través de
la compañía Tabana Banana, no se le ha invertido en infraestructura
desde hace muchos años, se ha priorizado al centro y al Norte del país;
entonces, “para tratar de equilibrar estos niveles de desarrollo, el
presidente tiene cuatro proyectos estratégicos, principalmente: el Tren
Maya, la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, y los programas de caminos
de manos de obra, que son 300 caminos que se van a construir en las
zonas más marginadas como Guerrero, Oaxaca y Chiapas; y el cuarto es el
corredor del Istmo de Tehuantepec”.
Este ha sido uno de los proyectos que
han trascendido la historia, sin concluir, pues desde antes del
porfiriato, la parte más estrecha entre Salina Cruz, Oaxaca, y
Coatzacoalcos, Veracruz, ha sido codiciada y los pueblos originarios han
resistido.
Mollinedo expone que el proyecto va a
descansar, principalmente, en modernizar la infraestructura que ya se
tiene, los dos puertos: el de Salina Cruz y Coatzacoalcos, y unirlos a
través de una vía férrea existente: “lo que pasa es que éste es un
proyecto ya muy viejo, tiene más de 100 años, lo creó Porfirio Díaz pero
ha estado abandonado, y lo que vamos a hacer nosotros es modernizarlo
para poder hacer el cruce de mercancías entre un océano y otro”.
Con ello, el gobierno federal acompañado
de la aprobación de los gobiernos estatales, pretende abrir una nueva
ruta de transporte marítimo, que cruce por el Istmo de Tehuantepec (que
es la zona más estrecha de la República), “tenemos algunas ventajas
comparativas con el canal de Panamá, en virtud de que estamos más cerca
de Asia y de la Costa Este de Estados Unidos”, añade.
“Queremos generar esta nueva ruta y que
las empresas vean que van a tener el acceso a cualquier mercado del
mundo y que vengan a invertir en 10 parques industriales que vamos a
instalar a lo largo de toda la vía del tren”, dice.
Entre los propósitos, indica, está la
instalación de empresas para generar empleos y para transformar materias
primas; agregar valor a las materias primas nacionales y, que pudieran
venir materias primas del extranjero para que se terminen de transformar
aquí y seguir su curso al mercado estadunidense, el más demandante.
Rafel Marín Mollinedo expone que el
proyecto que se le ha encomendado tiene proyectada una inversión sexenal
de 250 mil millones de pesos, aproximadamente, de los cuales el
gobierno federal va a aportar alrededor de 100 mil millones y el resto
será de la inversión privada.
En esta ruta también se pretende
instalar una red de fibra óptica, que va a venir a un lado de la vía del
tren, en el derecho de vía del tren, para darle internet a toda la
zona, “vamos a detonar porque las empresas necesitan internet y gas, que
ese es otro proyecto: un gasoducto”.
Marín Mollinedo enfatiza que la
intención es que donde se establezcan los parques industriales y se
tenga que arrendar o afectar la tierra los propietarios originales sean
socios. “Que queden como socios en estos desarrollos. Si vamos a hacer
un gasoducto, que los dueños de la tierra se pudieran considerar como
socios para que los beneficios que dejen esos desarrollos, los
propietarios los tengan permanentemente”.
Para la creación de los parques
industriales, la administración de López Obrador todavía está en la
definición de los polígonos, mismos que podrían ubicarse en terrenos
particulares y gubernamentales.
Las nuevas ZEE y las consultas
Durante la administración de Enrique
Peña Nieto se promovieron las llamadas Zonas Económicas Especiales
(ZEE), que también pretendían “impulsar” la economía del Sureste
mexicano. Esta estrategia fue cancelada por el presidente Andrés Manuel
López Obrador, al considerar que no funcionaron.
La diferencia entre las ZEE y estos
proyectos, comenta Rafael Marín Mollinedo, es que los anteriores se
quedaron en “buenas intenciones, tan fácil como eso; y esto es un
proyecto que se va a concretar porque ya estamos trabajando,
invirtiendo. Es uno de los proyectos prioritarios y el presidente es una
gente de palabra, si dijo que va, ¡va!”
Respecto de la consulta a los pueblos
originarios refiere: “Estamos colaborando muy estrechamente con el INPI.
Nosotros ya llevamos a cabo la consulta indígena. La gente, los
indígenas ya nos aprobaron en proyecto. Es parte del proceso que se
tiene que llevar a cabo para hacer otro tipo de obras de
infraestructura, por mandato de la OIT”.
De las afectaciones que documentó Contralínea
en Salina Cruz, por contaminación de Petróleos Mexicanos en la playa y
la salinera, el funcionario dice: “Yo he estado ahí en la salinera y no
ha habido comentarios al respecto. Nunca he visto un derrame de petróleo
ni nada que me digan que les ha afectado. Hay problemas con Pemex, les
deben dinero a algunos ejidatarios por los derechos de vía. Nosotros
vamos a gestionar para que se resuelvan, es parte del compromiso”.
Otra de las problemáticas que se le
plantea a Marín Mollinedo es el rechazo a los parques eólicos en
Juchitán. Sobre el tema, el funcionario de la SHCP reconoce que el
proyecto que encabeza también tiene contemplada la instalación de este
tipo de infraestructura, por lo que están en arreglos con la Comisión
Federal de Electricidad, que es la que tiene los proyectos. Pero “donde
establezcamos estos parques vamos a ver el mecanismo de que los
propietarios originales participen como socios en este proyecto, que no
les des una renta sino que de las utilidades generadas, ellos tengan
participación”.
El despliegue de la Guardia Nacional
El documento Situación de la Guardia Nacional,
presentado en la conferencia de prensa del presidente López Obrador el
13 de agosto, indica que la Guardia Nacional contará con un importante
despliegue de sus efectivos, el cual asciende a 10 mil 445.
Al respecto, el encargado de desarrollar
el Corredor Transístmico dice que este corresponde, en parte, a la
demanda de los empresarios: “Cuando hemos hablado con ellos para
invitarlos a participar y a invertir en la zona, la demanda es de
seguridad”.
“Tenemos una mesa de trabajo con la
Secretaría de Seguridad Pública y ellos nos van a ayudar a diseñar un
proyecto de seguridad para la zona. No es tan grave el problema de la
seguridad, al menos en Oaxaca; lo duro está en Coatzacoalcos, Minatitlán
(Veracruz). La zona del Norte está muy grave, pero en el Sur el
problema está más tranquilo.”
El mismo documento indica que Veracruz
contará con 13 mil 702 elementos desplegados por todo el estado. “Vamos a
diseñar junto con ellos un programa de seguridad porque es lo que piden
las empresas, tener seguridad pública para también invertir, sino no
hay inversión”, enfatiza el servidor público.
1.9.19
La ignorancia económica
Hay algunas cuestiones económicas que son importantes considerar:
-
Una de las primeras situaciones fue en su toma de posesión cuando expresó que recibía un país quebrado. Técnica y económicamente no era así, ya que se cumplía con todos los compromisos de deuda (principal y su costo) y no se había dejado de pagar. En el artículo que escribí en esta prestigiada revista (“Un país saqueado no es lo mismo que un país en quiebra”), señalé que la quiebra implicaba la insolvencia y la cesación de pagos de las obligaciones. Esto no podía pasar porque sería equivalente a declarar una moratoria de pagos, cuestión que no era saludable ni deseable. Para ese entonces el país contaba con un poco más de 175 mil millones de pesos en reservas internacionales, lo cual soportaba los compromisos adquiridos. Ciertamente la duda pública es de un poco más del 50 por ciento del producto interno bruto (PIB) y ello provoca que una parte importante del gasto público se destine para cubrir, ya no el principal de la deuda sino su costo, lo cual limita el crecimiento y desarrollo económico.
-
Otro malestar que tuvo el presidente fue la calificación otorgada a la economía y, en concreto, a Petróleos Mexicanos (Pemex) por las calificadoras. Eso lo hizo explotar. Dijo que las mediciones de estas calificadoras obedecían a sus intereses propios. Es cierto que las calificadoras de inversión, en cierto sentido, se manejan por cuestiones políticas, pero también es cierto que a nivel mundial son una referencia para los mercados financieros internacionales y hay que tomar en cuenta las calificaciones que emiten.
-
Cuando el Banco de México redujo el pronóstico de crecimiento del PIB, lo descalificó y comentó que sus cifras indicaban que se crecería más del 2 por ciento. La primera medición del PIB, en el primer trimestre, hubo un descenso del 2 por ciento en la actividad económica y en el segundo trimestre logró su mejor nivel del 0 por ciento. El dato inicial que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del 0.1 por ciento fue celebrado por el presidente como si hubiéramos crecido al 2 por ciento pronosticado para 2019. En principio, tener un crecimiento negativo en el primer trimestre no se recupera fácilmente, ya que si se bajó cierto porcentaje no basta con crecer al mismo porcentaje para recuperar lo perdido debido que la medición no es lineal sino exponencial.
-
En los últimos días el presidente ha señalado que la economía está muy bien y que no importa el crecimiento económico, sino el desarrollo. El sostiene que con sus acciones (no programas) para ayudar a los más necesitados se genera bienestar económico. Creo que no es así. Puede dar recursos económicos para que las personas con escasos o nulos ingresos puedan elevar su consumo, pero no elevan su calidad de vida. Hay un indicador que se denomina Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual mide tres componentes: nivel de ingresos, nivel de salud y grado de escolaridad. Aún existen más de 20 millones de mexicanos en pobreza extrema, los cuales no tiene una buena calidad de vida. Esa es una tarea muy importante que tiene que cumplir.
-
Para que exista desarrollo económico debe de haber crecimiento económico. Sin no lo hay, sólo se tratará de paliativos que mitigan, pero no reducen la pobreza. Para que se pueda aspirar a tener un desarrollo económico, el crecimiento del PIB debe de estar por encima del nivel de crecimiento de la población. Por ejemplo, si la población creciera al 2 por ciento anual, el PIB lo debería de hacer por lo menos tres veces más. Señor presidente, hay metodologías económicas para hacerlo. Vea usted, China es el país en el mundo que mayor crecimiento económico ha tenido en los últimos 20 años y aún con su poderío comercial y económico, sigue siendo un país subdesarrollado.
-
Señor presidente, otro beneplácito que tuvo fue cuando el Banco de México anunció una reducción de la tasa de interés de referencia de .25 puntos base para quedar en 8 por ciento y comentó que eso era bueno porque a las personas les aumentaba los ingresos para elevar el consumo. Creo que no es así, porque no necesariamente esta reducción no beneficiará a los usuarios de servicios financieros. Hay una metodología que utilizan los bancos para determinar las tasas activas de interés. La base de la determinación de la tasa de interés que cobran los bancos es la Tasa de Interés Interna de Equilibrio (TIIE), a ésta se suman 28 puntos que son la base de los Certificados de la Tesorería (Cetes) y también se suma la Tasa o Premio de Riesgo que los bancos determinan para cada uno de sus instrumentos. La TIIE es un promedio de los intereses de los tres bancos más grandes del país. En este contexto, el beneficio será en algunos instrumentos, pero en otros no. Finalmente, cada banco lo decide. Obviamente los que no tiene actividad con los bancos, los más pobres, seguirán igual de fregados.
-
No le gusta a usted la palabra recesión. La recesión es parte del ciclo económico que cada economía, tarde que temprano, sufre. Incluso cuando una economía permanece mucho tiempo en auge, los economistas plantean que se está sobrecalentando y hay que enfriarla, por lo que es necesario una recesión calculada y bien manejada para no caer en crisis económica que traiga consecuencias funestas para la población. Otra cuestión es que, quiera o no quiera, la dependencia que tiene México con los Estados Unidos de entre 70 y 80 por ciento en el comercio, lo hace vulnerable a una recesión internacional. Ojo, hay visos en la economía mundial que puede presentarse una recesión, quizá no en este y el próximo año, pero sí en 2 años.
Señor presidente, en lo particular lo conmino a que haga caso de las señales económicas y no caer en la ignorancia de la economía. Usted mencionó en su conferencia mañanera que la recuperación económica es una tarea que no se ha cumplido. Ciertamente, así como hay economistas malos también los hay brillantes y hay que hacerles caso. También en los presidentes de la República también hay muchos malos y quizá alguno bueno. Hay que buscarlo en un pajar como una aguja.
Óscar Enrique Díaz Santos*
*Doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en gasto público y presupuesto
19.8.19
Los empresarios se organizan para la toma del poder
Xicoténcatl
En la mañanera de ese mismo 15 de agosto Andrés Manuel López Obrador, AMLO, respondió a un reportero sobre el tema en cuestión: “ ¡Toco madera! Nosotros estamos bien y de buenas; la política, decía Maquiavelo es virtud y fortuna, y nosotros hemos tenido fortuna y suerte, y la suerte cuenta y yo estoy seguro que nos irá bien y se van a alejar todos esos riesgos. Hay que tener confianza y actuar con optimismo”.
Es decir, seguimos con la “línea política” de amor y paz en medio de un escenario mundial de guerras comerciales, agresiones imperialistas en forma de bloqueos a países como Venezuela y Cuba, la migración y el tráfico de drogas utilizados para fines político-electorales. El empeño de impulsar megaproyectos que benefician a unos pocos y destruyen comunidades y territorios y la estructura del terror y el crimen políticamente organizado, en ininterrumpida actividad desde que allá por el 2006 y hasta la fecha, se declarará la guerra a los mexicanos con la máscara de lucha contra el narco.
Con una línea y una propuesta más coherente y alejados de tendencias buena onda, el círculo empresarial organizado en la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, ya está decidido a tomar el poder. Para ello se está coordinando con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM, y organizaciones sociales como Mexicanos contra la Corrupción (Claudio X. González), Causa en Común, México Unido contra la Delincuencia, Comisión Mexicana de Derechos Humanos y el Colegio de la Abogacía.
En un documento de 39 páginas al que tuvo acceso el periodista de la revista PROCESO, Álvaro Delgado, la denominada “Alternativa por México” impulsará la candidatura a la presidencia de Gustavo de Hoyos, actual presidente de la COPARMEX. Se organizarán 22 foros en otras tantas ciudades para reclutar a 6 mil seiscientos ciudadanos, de los que surjan mil 320 líderes potenciales; de estos 1,320 se seleccionarán 440 líderes en formación y de aquí 220 líderes en acompañamiento para terminar en 110 Agentes Ciudadanos de Cambio, ACC. En 2021, los líderes estarán preparados para el siguiente nivel: la toma del poder político. El primer foro ya tuvo lugar el 15 de agosto en Saltillo, Coahuila. Le seguirán Zacatecas, Culiacán (Sinaloa), Tuxtla (Chiapas) y Acapulco, (Guerrero). Gustavo de Hoyos tiene en su círculo más inmediato al director del Tec de Monterrey, Alejandro Poiré Romero, que fue Secretario de Gobernación durante la guerra de Calderón y hasta el 2011 estuvo al frente de los Servicios de Inteligencia, CISEN. Como responsable del formato y las dinámicas de los 22 foros, el diseño de la metodología y soporte para el proceso de vertebración está Celina Fernández, egresada de la Universidad de Monterrey y que desde octubre pasado trabaja para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
- Rutilio Escandón se reúne con la delegación de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero, OPIC-.
El martes 13 de agosto el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, se reunió con representantes de esta agencia del régimen estadunidense.
Fundada en 1971, la OPIC es una agencia de desarrollo del gobierno de Estados Unidos. El financiamiento y los seguros de OPIC ayudan a empresas estadounidenses a invertir en el extranjero y fomentan el desarrollo económico en más de 150 paises en desarrollo y mercados emergentes. Apoya proyectos que refuerzan y se alinean con la actual política exterior de los Estados Unidos. Proyectos que fomentan la estabilidad política y los ideales de libre mercado. La OPIC también ofrece seguros contra riesgos políticos para empresas e inversionistas como protección contra riesgos de expropiación, violencia política y otros riesgos del país. (Página de OPIC)
La reunión con el gobernador de Chiapas tiene su antecedente en julio de este año, cuando una delegación del régimen norteamericano se reunió con funcionarios mexicanos encabezados por el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. Se anunciaron entonces apoyos por más de 80 millones de dólares en beneficio de micro, pequeñas y medianas empresas en el sur sureste de México. OPIC firmó también una carta de intención para apoyar una planta de gas natural licuado con valor de 400 millones de dólares y una planta de energía eólica con valor de 320 millones de dólares. El anuncio de estas inversiones llegó después de la declaratoria hecha por Estados Unidos y por México en diciembre de 2018, en la cual se comprometieron a fortalecer y expandir la cooperación bilateral en apoyo a la inversión del sector privado de Estados Unidos, así como a impulsar el desarrollo del sur de México. (Página de la Embajada de Estados Unidos en México).
No nos vamos a detener en la intención mediática de Rutilio, de dar atole con el dedo a la delegación norteamericana cuando les dijo que Chiapas es de los lugares más seguros para vivir y visitar en México y que Chiapas cuenta con grandes recursos para invertir en cultivos tropicales y turismo, ignorando o pretendiendo ignorar, que cualquier agencia estadounidense para el desarrollo está perfectamente informada de los diarios asaltos y bloqueos carreteros en el estado de Chiapas. Del reciente conflicto en Rio Florido con el Frente de Lucha por el Socialismo FNLS, de los feminicidios, del secuestro del alcalde de Huixtán, de los paramilitares de Chenalhó y los desplazados de Chalchihuitán y Aldama, de los altos niveles de pobreza, analfabetismo y migración, y de que el sistema lagunario que forman Metzabok y Nahá, en la selva Lacandona, se ha secado. Nos vamos a detener en la persona que encabezó la delegación de OPIC: Kristie Pellechia, asesora principal para el Hemisferio Occidental.
Utilizando los más sofisticados medios de navegación nos topamos con Pellechia y la página www.concordia.net/kristie-pell
C O N C O R D I A.- Construyendo alianzas para impacto social. En el verano del 2011 los amigos y socios Nick Logothetis y Mathew Swift convocaron a líderes intelectuales en el décimo aniversario del autoatentado de las Torres Gemelas de Nueva York para discutir la importancia de las alianzas en la lucha contra el extremismo. Se formó el Consejo Directivo de CONCORDIA con 42 personas (14 mujeres y 38 hombres). Entre los nombres más populares que podrían estar entre los más buscados, para alguna organización popular que, no es el caso, llegara a tomar el poder, figuran:
Alvaro Uribe Vélez: ex presidente de Colombia y partidario de la eliminación física de los guerrilleros colombianos. Se opuso a los tratados de Paz y desarme entre gobierno y FARC.
Felipe Calderón Hinojosa: ex presidente de México, dio inicio a su mandato vestido con uniforme militar y desatando la masacre más devastadora de las últimas décadas en América Latina.
José María Aznar López: ex presidente de España (1996-2004) Apoyó activamente al régimen estadounidense en la guerra contra el terrorismo en Irak y Afganistán. Cuando a tres días de las elecciones de 2004 hubo un brutal atentado yihadista en Madrid, inmediatamente acusó a la organización armada vasca ETA, preocupado por la pérdida de votos que implicaría reconocer la verdad. La burda mentira le hizo pasar a mejor vida política.
Muhtar Kent: Presidente y director ejecutivo de Coca Cola.
Carolyn Miles: Presidenta y CEO de Save the children.
John D. Negroponte: Oficial a cargo del Consejo de Seguridad Nacional, estuvo a las órdenes de Henry Kissinger durante la guerra del Viet Nam. Embajador de Estados Unidos en Honduras (1981-1985) responsable de la política estadounidense de violaciones a derechos humanos. Supervisó la creación de la base aérea El Aguacate, donde el régimen Imperial entrenaba a la contra nicaragüense para atacar a los sandinistas. La base fue utilizada como centro clandestino de detención y torturas. Fue embajador de Estados Unidos en Irak en 2004 . Primer Director de Inteligencia Nacional en 2005, estuvo al frente de todos los organismos de espionaje de Estados Unidos. Fue nombrado por George W. Bush como embajador ante la ONU. (fuentes: El Pais y La Haine.org).
Cuando Rutilio Escandón Cadenas estaba sentado al lado de Kristie Pellechia, para impulsar el desarrollo del sureste mexicano, ¿sabía que esta mujer es la directora general para Latinoamerica de CONCORDIA? ¿En tan filosa pista baila López Obrador que con tal de mostrar resultados macroeconómicos positivos, da luz verde para colaborar con personajes maquiavélicos y dantescos, incluido Felipe Calderón que tan activo y empeñado está en tumbar la denominada Cuarta Transformación?.
En oposición al amor y paz lopezobradorista y la confianza en la buena suerte para las cuestiones económicas de México podemos repasar las declaraciones del conocido líder judío en MATEO 10:35: “No penséis que vine a traer paz a la tierra; no vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra; y los enemigos del hombre serán los de su misma casa”. Salud.
Este es el vínculo para conocer el reportaje de PROCESO publicado el 4 de agosto:
https://www.youtube.com/watch?
Negras tormentas financieras agitan los aires
redes sociales nos impiden ver…
Inicio
con este actualizado himno libertario porque a escasos 13 meses de
que López Obrador tomara posesión de la silla presidencial con el
respaldo de más de 30 millones de votantes, los nubarrones de una
severa recesión económica mundial se concentran amenazantes y
constatables en la continua desaceleración de economías como las de
Alemania y China y el pánico de las Bolsas de Valores a nivel mundial
que llevó a la venta masiva de acciones en Wall Street (Ver La Jornada
15 de agosto). La contundente derrota electoral del macrismo en
Argentina, el domingo 11 de agosto, arrastró en caída frente al dólar,
a casi todas las monedas del continente, peso mexicano incluido.
En la mañanera de ese mismo 15 de agosto Andrés Manuel López Obrador, AMLO, respondió a un reportero sobre el tema en cuestión: “ ¡Toco madera! Nosotros estamos bien y de buenas; la política, decía Maquiavelo es virtud y fortuna, y nosotros hemos tenido fortuna y suerte, y la suerte cuenta y yo estoy seguro que nos irá bien y se van a alejar todos esos riesgos. Hay que tener confianza y actuar con optimismo”.
Es decir, seguimos con la “línea política” de amor y paz en medio de un escenario mundial de guerras comerciales, agresiones imperialistas en forma de bloqueos a países como Venezuela y Cuba, la migración y el tráfico de drogas utilizados para fines político-electorales. El empeño de impulsar megaproyectos que benefician a unos pocos y destruyen comunidades y territorios y la estructura del terror y el crimen políticamente organizado, en ininterrumpida actividad desde que allá por el 2006 y hasta la fecha, se declarará la guerra a los mexicanos con la máscara de lucha contra el narco.
Con una línea y una propuesta más coherente y alejados de tendencias buena onda, el círculo empresarial organizado en la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, ya está decidido a tomar el poder. Para ello se está coordinando con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM, y organizaciones sociales como Mexicanos contra la Corrupción (Claudio X. González), Causa en Común, México Unido contra la Delincuencia, Comisión Mexicana de Derechos Humanos y el Colegio de la Abogacía.
En un documento de 39 páginas al que tuvo acceso el periodista de la revista PROCESO, Álvaro Delgado, la denominada “Alternativa por México” impulsará la candidatura a la presidencia de Gustavo de Hoyos, actual presidente de la COPARMEX. Se organizarán 22 foros en otras tantas ciudades para reclutar a 6 mil seiscientos ciudadanos, de los que surjan mil 320 líderes potenciales; de estos 1,320 se seleccionarán 440 líderes en formación y de aquí 220 líderes en acompañamiento para terminar en 110 Agentes Ciudadanos de Cambio, ACC. En 2021, los líderes estarán preparados para el siguiente nivel: la toma del poder político. El primer foro ya tuvo lugar el 15 de agosto en Saltillo, Coahuila. Le seguirán Zacatecas, Culiacán (Sinaloa), Tuxtla (Chiapas) y Acapulco, (Guerrero). Gustavo de Hoyos tiene en su círculo más inmediato al director del Tec de Monterrey, Alejandro Poiré Romero, que fue Secretario de Gobernación durante la guerra de Calderón y hasta el 2011 estuvo al frente de los Servicios de Inteligencia, CISEN. Como responsable del formato y las dinámicas de los 22 foros, el diseño de la metodología y soporte para el proceso de vertebración está Celina Fernández, egresada de la Universidad de Monterrey y que desde octubre pasado trabaja para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
- Rutilio Escandón se reúne con la delegación de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero, OPIC-.
El martes 13 de agosto el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, se reunió con representantes de esta agencia del régimen estadunidense.
Fundada en 1971, la OPIC es una agencia de desarrollo del gobierno de Estados Unidos. El financiamiento y los seguros de OPIC ayudan a empresas estadounidenses a invertir en el extranjero y fomentan el desarrollo económico en más de 150 paises en desarrollo y mercados emergentes. Apoya proyectos que refuerzan y se alinean con la actual política exterior de los Estados Unidos. Proyectos que fomentan la estabilidad política y los ideales de libre mercado. La OPIC también ofrece seguros contra riesgos políticos para empresas e inversionistas como protección contra riesgos de expropiación, violencia política y otros riesgos del país. (Página de OPIC)
La reunión con el gobernador de Chiapas tiene su antecedente en julio de este año, cuando una delegación del régimen norteamericano se reunió con funcionarios mexicanos encabezados por el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. Se anunciaron entonces apoyos por más de 80 millones de dólares en beneficio de micro, pequeñas y medianas empresas en el sur sureste de México. OPIC firmó también una carta de intención para apoyar una planta de gas natural licuado con valor de 400 millones de dólares y una planta de energía eólica con valor de 320 millones de dólares. El anuncio de estas inversiones llegó después de la declaratoria hecha por Estados Unidos y por México en diciembre de 2018, en la cual se comprometieron a fortalecer y expandir la cooperación bilateral en apoyo a la inversión del sector privado de Estados Unidos, así como a impulsar el desarrollo del sur de México. (Página de la Embajada de Estados Unidos en México).
No nos vamos a detener en la intención mediática de Rutilio, de dar atole con el dedo a la delegación norteamericana cuando les dijo que Chiapas es de los lugares más seguros para vivir y visitar en México y que Chiapas cuenta con grandes recursos para invertir en cultivos tropicales y turismo, ignorando o pretendiendo ignorar, que cualquier agencia estadounidense para el desarrollo está perfectamente informada de los diarios asaltos y bloqueos carreteros en el estado de Chiapas. Del reciente conflicto en Rio Florido con el Frente de Lucha por el Socialismo FNLS, de los feminicidios, del secuestro del alcalde de Huixtán, de los paramilitares de Chenalhó y los desplazados de Chalchihuitán y Aldama, de los altos niveles de pobreza, analfabetismo y migración, y de que el sistema lagunario que forman Metzabok y Nahá, en la selva Lacandona, se ha secado. Nos vamos a detener en la persona que encabezó la delegación de OPIC: Kristie Pellechia, asesora principal para el Hemisferio Occidental.
Utilizando los más sofisticados medios de navegación nos topamos con Pellechia y la página www.concordia.net/kristie-pell
C O N C O R D I A.- Construyendo alianzas para impacto social. En el verano del 2011 los amigos y socios Nick Logothetis y Mathew Swift convocaron a líderes intelectuales en el décimo aniversario del autoatentado de las Torres Gemelas de Nueva York para discutir la importancia de las alianzas en la lucha contra el extremismo. Se formó el Consejo Directivo de CONCORDIA con 42 personas (14 mujeres y 38 hombres). Entre los nombres más populares que podrían estar entre los más buscados, para alguna organización popular que, no es el caso, llegara a tomar el poder, figuran:
Alvaro Uribe Vélez: ex presidente de Colombia y partidario de la eliminación física de los guerrilleros colombianos. Se opuso a los tratados de Paz y desarme entre gobierno y FARC.
Felipe Calderón Hinojosa: ex presidente de México, dio inicio a su mandato vestido con uniforme militar y desatando la masacre más devastadora de las últimas décadas en América Latina.
José María Aznar López: ex presidente de España (1996-2004) Apoyó activamente al régimen estadounidense en la guerra contra el terrorismo en Irak y Afganistán. Cuando a tres días de las elecciones de 2004 hubo un brutal atentado yihadista en Madrid, inmediatamente acusó a la organización armada vasca ETA, preocupado por la pérdida de votos que implicaría reconocer la verdad. La burda mentira le hizo pasar a mejor vida política.
Muhtar Kent: Presidente y director ejecutivo de Coca Cola.
Carolyn Miles: Presidenta y CEO de Save the children.
John D. Negroponte: Oficial a cargo del Consejo de Seguridad Nacional, estuvo a las órdenes de Henry Kissinger durante la guerra del Viet Nam. Embajador de Estados Unidos en Honduras (1981-1985) responsable de la política estadounidense de violaciones a derechos humanos. Supervisó la creación de la base aérea El Aguacate, donde el régimen Imperial entrenaba a la contra nicaragüense para atacar a los sandinistas. La base fue utilizada como centro clandestino de detención y torturas. Fue embajador de Estados Unidos en Irak en 2004 . Primer Director de Inteligencia Nacional en 2005, estuvo al frente de todos los organismos de espionaje de Estados Unidos. Fue nombrado por George W. Bush como embajador ante la ONU. (fuentes: El Pais y La Haine.org).
Cuando Rutilio Escandón Cadenas estaba sentado al lado de Kristie Pellechia, para impulsar el desarrollo del sureste mexicano, ¿sabía que esta mujer es la directora general para Latinoamerica de CONCORDIA? ¿En tan filosa pista baila López Obrador que con tal de mostrar resultados macroeconómicos positivos, da luz verde para colaborar con personajes maquiavélicos y dantescos, incluido Felipe Calderón que tan activo y empeñado está en tumbar la denominada Cuarta Transformación?.
En oposición al amor y paz lopezobradorista y la confianza en la buena suerte para las cuestiones económicas de México podemos repasar las declaraciones del conocido líder judío en MATEO 10:35: “No penséis que vine a traer paz a la tierra; no vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra; y los enemigos del hombre serán los de su misma casa”. Salud.
Este es el vínculo para conocer el reportaje de PROCESO publicado el 4 de agosto:
https://www.youtube.com/watch?
18.8.19
Christopher Landau: la ley del imperio
Alberto Betancourt Posada*
El pasado 15 de abril, en Dallas, Texas, el diplomático egresado de la academia militar de West Point y la Universidad Harvard aseveró que lo diplomático y lo militar se entrelazan y se complementan:
En medio de ese ovillo diplomático-militar, el pasado 21 de mayo el abogado Christopher Landau se presentó ante el poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadunidense, a solicitar su ratificación como embajador de Estados Unidos en México. Durante su breve discurso, quizá por carecer de una mínima experiencia diplomática, evocó la carrera de su padre, el embajador George Landau, como muestra de las actividades realizadas por su familia para promover las buenas relaciones entre su país y América Latina. Sin embargo, cuando uno revisa la carrera en el servicio exterior de George Landau aparecen algunos episodios escabrosos. Por ejemplo, de acuerdo con el libro de Stella Calloni, Operación Cóndor. Pacto criminal (Caracas, El Perro y la Rana, 2016) en 1976 George Landau, quien en ese entonces era embajador de Estados Unidos en Paraguay, respondiendo a una petición de la CIA, otorgó las visas de ingreso a la Unión Americana a Michael Townley y Armando Fernández Lario, agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia de Chile. Fernández había participado personalmente en el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende y combatió en el ataque al Palacio de la Moneda, en el que perdió la vida el mandatario. Ambos militares viajaron a Washington con pasaportes paraguayos regalados por el dictador Stroessner. El 21 de septiembre de 1976 los agentes asesinaron a Orlando Letelier, ex canciller de Salvador Allende, mediante una bomba que instalaron en su coche y que fue detonada alrededor de las 9 de la mañana en la céntrica avenida Massachusetts de la capital estadunidense.
El primero de agosto el Senado estadunidense ratificó a Christopher Landau como embajador en nuestro país. El nuevo titular ha dedicado su vida a defender empresas trasnacionales y poderosas contra clientes débiles o instituciones ambientalistas. Se graduó como doctor en derecho por la Universidad de Harvard y recibió la distinción magna cum laude. Ha sido abogado de los poderosos despachos internacionales Kirkland & Ellis y Quinn Emanuel, litigantes globales de los derechos empresariales. Ocupa lugares prominentes en el ranking de los mejores abogados de apelaciones. Representó y defendió a jueces que exigían el pago de un bono, que había sido suspendido por el Congreso. Como abogado se especializa en echar abajo sentencias que obligan a grandes empresas a pagar indemnizaciones por daños ambientales, laborales o por incumplimiento de obligaciones con sus clientes. Entre sus casos más notables consiguió demoler un dictamen de daño biológico emitido por el Servicio Nacional de Pesca y Marina que exigía a la empresa Dow Agroscience respetar ciertos límites en el uso de pesticidas. En el juicio de Leonard contra Nationwide Mut. Ins. salvó a la aseguradora de pagar a sus clientes daños provocados por el huracán Katrina.
En noviembre de 2010 defendió a las empresas Dow Chemical Corporation y Rockwell International Corporation, acusadas de causar daños ambientales e hipotecarios ocasionados por la contaminación radiactiva generada por la planta de armas nucleares de Rocky Flats, cercana a Denver, Colorado. Defendió a la empresa Con Agra Food ante una demanda presentada por tres trabajadores lastimados durante una explosión en uno de sus almacenes en Chester, Illinois. Ha tenido como clientes a varias empresas mexicanas, entre las cuales se encuentran Conmebol, Rimsa, Televisa, Grupo Salinas, Grupo Empresarial Ángeles y la compañía Oro Negro, a la que representó en un juicio contra Pemex. Es plausible inferir que fue enviado a México para imponer la ley del imperio y acotar al gobierno mexicano.
*Historiador y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
El pasado 18 de marzo, Donald Trump postuló al
doctor en derecho Christopher Landau como embajador de Estados Unidos
en México. La designación ocurrió en el contexto de una creciente
hibridación de lo militar y lo diplomático. Mike Pompeo, quien ha sido
sucesivamente comandante de un batallón de tanques (que patrullaba la
Cortina de Hierro), empresario de equipos para la industria petrolera,
integrante del comité de inteligencia del Congreso estadunidense,
director de la CIA y actual secretario del Departamento de Estado, ha
sido el impulsor del apelmazamiento entre misiones diplomáticas y
operaciones especiales.
El pasado 15 de abril, en Dallas, Texas, el diplomático egresado de la academia militar de West Point y la Universidad Harvard aseveró que lo diplomático y lo militar se entrelazan y se complementan:
Yo sé que la diplomacia no suena tan emocionante como disparar armas antitanque, volar un F16 o arrastrarse por el barro, no hay series de televisión sobre diplomáticos... pero los soldados y los diplomáticos dependemos unos de otros. Pompeo recordó una escena de la posguerra, durante un viaje en tren, Harry S. Truman mostró a Winston Churchill un nuevo diseño del emblema presidencial, en el cual el águila volteaba a la derecha hacia un olivo, símbolo de la diplomacia, en vez de mirar a la izquierda, hacia la flecha que funge como alegoría de lo militar; según Pompeo, Churchill replicó: el águila debería voltear permanentemente hacia ambos lados.
En medio de ese ovillo diplomático-militar, el pasado 21 de mayo el abogado Christopher Landau se presentó ante el poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadunidense, a solicitar su ratificación como embajador de Estados Unidos en México. Durante su breve discurso, quizá por carecer de una mínima experiencia diplomática, evocó la carrera de su padre, el embajador George Landau, como muestra de las actividades realizadas por su familia para promover las buenas relaciones entre su país y América Latina. Sin embargo, cuando uno revisa la carrera en el servicio exterior de George Landau aparecen algunos episodios escabrosos. Por ejemplo, de acuerdo con el libro de Stella Calloni, Operación Cóndor. Pacto criminal (Caracas, El Perro y la Rana, 2016) en 1976 George Landau, quien en ese entonces era embajador de Estados Unidos en Paraguay, respondiendo a una petición de la CIA, otorgó las visas de ingreso a la Unión Americana a Michael Townley y Armando Fernández Lario, agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia de Chile. Fernández había participado personalmente en el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende y combatió en el ataque al Palacio de la Moneda, en el que perdió la vida el mandatario. Ambos militares viajaron a Washington con pasaportes paraguayos regalados por el dictador Stroessner. El 21 de septiembre de 1976 los agentes asesinaron a Orlando Letelier, ex canciller de Salvador Allende, mediante una bomba que instalaron en su coche y que fue detonada alrededor de las 9 de la mañana en la céntrica avenida Massachusetts de la capital estadunidense.
El primero de agosto el Senado estadunidense ratificó a Christopher Landau como embajador en nuestro país. El nuevo titular ha dedicado su vida a defender empresas trasnacionales y poderosas contra clientes débiles o instituciones ambientalistas. Se graduó como doctor en derecho por la Universidad de Harvard y recibió la distinción magna cum laude. Ha sido abogado de los poderosos despachos internacionales Kirkland & Ellis y Quinn Emanuel, litigantes globales de los derechos empresariales. Ocupa lugares prominentes en el ranking de los mejores abogados de apelaciones. Representó y defendió a jueces que exigían el pago de un bono, que había sido suspendido por el Congreso. Como abogado se especializa en echar abajo sentencias que obligan a grandes empresas a pagar indemnizaciones por daños ambientales, laborales o por incumplimiento de obligaciones con sus clientes. Entre sus casos más notables consiguió demoler un dictamen de daño biológico emitido por el Servicio Nacional de Pesca y Marina que exigía a la empresa Dow Agroscience respetar ciertos límites en el uso de pesticidas. En el juicio de Leonard contra Nationwide Mut. Ins. salvó a la aseguradora de pagar a sus clientes daños provocados por el huracán Katrina.
En noviembre de 2010 defendió a las empresas Dow Chemical Corporation y Rockwell International Corporation, acusadas de causar daños ambientales e hipotecarios ocasionados por la contaminación radiactiva generada por la planta de armas nucleares de Rocky Flats, cercana a Denver, Colorado. Defendió a la empresa Con Agra Food ante una demanda presentada por tres trabajadores lastimados durante una explosión en uno de sus almacenes en Chester, Illinois. Ha tenido como clientes a varias empresas mexicanas, entre las cuales se encuentran Conmebol, Rimsa, Televisa, Grupo Salinas, Grupo Empresarial Ángeles y la compañía Oro Negro, a la que representó en un juicio contra Pemex. Es plausible inferir que fue enviado a México para imponer la ley del imperio y acotar al gobierno mexicano.
*Historiador y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
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