A dónde va México

Pablo González Casanova

Estas no son afirmaciones que se puedan calificar de centro, derecha o izquierda o con mescolanzas de esas posiciones. Las tesis que se sostienen son de un conocimiento riguroso. Su carácter científico, crítico del sistema en que vivimos, puede dar pie a descalificaciones que se basen en mitos, ideologías e intereses con que los aludidos se nieguen a conocer la verdad sobre lo que hacen y de que por su parte son responsables en tanto sometan la lógica de sus esperanzas a la lógica del sistema.

 Una de las formas de dominación del imperialismo neoliberal y neoconservador es la privatización del sector público de los estados metropolitanos y periféricos en procesos que al realizarse incrementan la corrupción y la criminalidad organizada, con ésta bajo la sombra de corporaciones y estados, o contratada, en caso necesario, para actos criminales contra pueblos, comunidades o personas, en acciones destinadas a despojarlos de sus propiedades, de su libertad o de su cuerpo.

Con el propio acto de privatización, el neoliberalismo ha hecho de los funcionarios públicos agentes de ventas de las propiedades nacionales y sociales o cómplices pasivos de la corrupción y la represión de que a menudo se sirven para incrementar su personal patrimonio y poder.

Neoliberalismo y corrupción están a la orden del día, tanto en la periferia económica del mundo, y en no pocos países del centro, en los que tienen como antecedente el famoso gangsterismo de Chicago y las mafias de Italia. En cuanto a los países de origen colonial o semicoloniales y periféricos, son actores de permanente uso los grupos de matones al servicio de sus amos y caciques o de las compañías trasnacionales, como la Compañía de Indias inglesa o la Mamita Yunai, estadunidense.

Esos integrantes del crimen organizado se articulan hoy en sistemas globales dominados por las corporaciones financieras y sirven o se asocian con funcionarios que se han vuelto también empresarios, que si ayer decían estar al servicio de la evangelización, de la civilización, del progreso o del desarrollo, hoy hacen de la función pública una actividad en que el funcionario se pone al servicio de la empresa privada, mediante la coima (mordida), motor del sistema y por la que los funcionarios se vuelven socios no pocas veces mayoritarios.

En las nuevas circunstancias, como los antiguos y nuevos ricos, el crimen organizado combina sus conocimientos políticos con los económicos, y todos con los criminales y tecnológicos. Participa así en la dominación de un mundo en que se exige la práctica de la normativa moral en los tratos interpares de accionistas y de grandes propietarios, en que al mismo tiempo se urden medidas de especulación y depredación, que estructuran en el propio siglo XXI nuevas formas de acumulación primitiva, despojo, así como, de esclavismo, de servidumbre, de tributación y de salarios o ingresos de hambre que en gran parte del mundo pesan sobre la inmensa mayoría de una población a la que habiendo despojado de sus tierras y territorios, dejan en plena miseria, sin asomo de trabajo y sin los más elementales recursos para vivir, para comer, beber, curarse o enterrar a su muertos. De tales hechos –difíciles de contar y de escuchar– proviene el éxodo más impresionante de la historia humana, un éxodo global en que muchos son los que mueren al atravesar selvas, desiertos y mares…

Entre las varias formas de descubrir a los verdaderos responsables de esos hechos y el dolor de que son beneficiarios, se encuentran los fabricantes de armas y los comerciantes en grande de narcóticos, quienes con las corporaciones y la gran banca actúan en un sistema cuyo atractor principal es la maximización de poder, riquezas y utilidades, en el que dominan con gobernantes y funcionarios, con legisladores y jueces que se asocian a sus proyectos entre mediaciones y represiones, que se apoyan en la cooptación o sometimiento de los propios líderes de los pueblos y se apoyan cada vez que es necesario en las fuerzas militares y paramilitares, con los que practican la supuesta persecución del crimen organizado en el que de vez en cuando sacrifican a algunos chivos expiatorios, y con el que empresarios, militares, policías y judiciales están profundamente articulados.

La comedia trágica llega al extremo de ajusticiar y desaparecer a los defensores de los pueblos en una política en que reinan la mentira y la confusión con la inmoralidad como práctica cosificadora. Un indicador de tal comportamiento del sistema es que hasta hace poco el comercio de armas ocupaba el primer lugar y que ahora lo suplanta el narcotráfico.

Es en ese mundo en el que vive hoy la República Mexicana, donde tras la victoria electoral más impresionante de la historia, de éste y muchos otros países, la ciudadanía ha puesto a la cabeza del Estado a un presidente que no sólo aparece en la escena política como famoso por su honradez, sino por su valentía y habilidad política, innegables.

A la euforia causada por semejante triunfo electoral se ha añadido otra, con el entusiasmo que ha despertado la firme tesis del elegido de que en su gobierno va a emprender la Cuarta Transformación de México, siendo que las tres primeras fueron la Independencia de México, encabezada por el cura Hidalgo; la Reforma, que con Juárez creó el Estado laico y republicano, y la Revolución Mexicana, que culminó con el gobierno agrarista, obrerista y popular que nacionalizó el Petróleo y repartió el mayor número de tierras entre los campesinos beneficiados como comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios.

En nuestros días, a tan democráticos, justicieros y revolucionarios hechos de la Tercera Transformación, se añadió un sabor de alivio al pensar que ya no iban a estar al frente del gobierno una serie de políticos que desde los dos principales partidos –PRI y PAN– habían hecho del gobierno una fuente de enriquecimiento personal de sus jefes, que llegó a alcanzar proporciones escandalosas con los sucesivos presidentes y gobiernos para los que se volvió norma inteligente de saber y gobierno aquella frase que salió del decadente Atlacomulco, de que un político pobre es un pobre político, y con la que el presidente saliente Peña Nieto revistió orgulloso su enriquecimiento y el de la inmensa mayoría de sus colaboradores.

El triunfo colosal de López Obrador con 53 por ciento de los votos, generó un entusiasmo nacional poco común, que se hizo extensivo a buena parte de la izquierda mexicana, incluso a la que proviene del extinto Partido Comunista. Y aunque no dejó de preocupar a buena parte de los ricos y poderosos, pronto varios de los más acaudalados y famosos se integraron a un nuevo Consejo Asesor Empresarial del Presidente.

La historia de las contradicciones que en el nuevo gobierno surgieron se hizo inevitable, y si en la izquierda gubernamental se arguyó con la lógica de que no se podía ir más lejos, en la banca y las corporaciones por su parte se acentuaron medidas de presión tanto con los valores financieros, como con la moneda, y con la gasolina y el petróleo, que parecieron retar al nuevo gobernante, a confirmar su firmeza, o a negociar lo no negociable.

La primera respuesta del Presidente pareció que los actos de gobierno confirmaban su firmeza al anular un proyecto de aeropuerto en Texcoco, lugar próximo a la Ciudad de México, que no sólo había sido considerado inviable por diferentes expertos, sino al que se habían opuesto, una y otra vez, los pueblos aledaños, con tenacidad y valentía impresionantes.

La crítica de la derecha a la liquidación de la obra no se hizo esperar, lo que le valió al Presidente todo tipo de ataques por cuanto medio pudieron lanzar los inversionistas afectados y sus cómplices, quienes tacharon de irresponsable al Presidente al no tomar en cuenta que ya se habían invertido cientos de millones de pesos que él tiraba por la borda como si todavía estuviera en la campaña electoral y no se diera cuenta de su responsabilidad de gobernar.

Fue así como empezó a darse abiertamente –en las palabras y las decisiones– la lucha por definir al nuevo gobierno. En ella pareció ir triunfando el verdadero poder de la derecha, no sin escollos oficiales que frente a crecientes presiones el Presidente luchó por vencer. La destreza con que enfrentó a ese y otros problemas planteados pareció advertirse en las concesiones que hizo a uno y otro embates, entre críticas y asentimientos con que fue respondiendo a los ricos y poderosos y a la izquierda que lo acompaña.

Del conjunto de sus actos derivaron nuevas críticas a los ex presidentes neoliberales del PRIAN y a la corrupción que los caracterizaba, y críticas no menos firmes a la izquierda que no lo apoyaba acusándola, en forma visceral, de hacerle el juego a los conservadores.

A semejantes luchas verbales, el Presidente añadió, por un lado, la decisión de seguir construyendo dos termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto. Aquéllas iban a operar en zonas de por sí carentes de agua y a las que las empresas les quitarían gran cantidad de aguas vivas para devolvérselas como aguas muertas imbebibles e inútiles para el riego de sus campos y el mantenimiento de su vida… En cuanto al gasoducto le confirmaron también lo que a las poblaciones y al propio gasoducto dañaría, pues el gasoducto había sido trazado para pasar por tierras volcánicas y estaría expuesto a violentas rupturas y explosiones de que haría víctimas también a sus vecinos.

Si contra el informe de los especialistas y contra el sentir de los pueblos, el Presidente optó por apoyar a los voraces empresarios, a esa lamentable decisión añadió una curiosa forma de pedir a la oposición que no fuera a politizar la muerte (así dijo) de quien había sido asesinado a balazos: el dirigente Samir Flores, respetadísimo líder de los pueblos que encabezaban la oposición al proyecto, y que no murió, como dijo el Presidente, sino al que a tiros mataron y de ese modo acallaron, buscando intimidar de paso a los sobrevivientes.

Tal vez esa decisión y esa forma de eludir la palabra exacta, marcan la posición que, en los hechos, iría tomando el nuevo Presidente. Juntos, actos y expresiones verbales irían definiéndolo más que los meros calificativos. La sola enunciación de los mismos reveló que el gobierno del nuevo Presidente estaba o está en las antípodas de una Cuarta Transformación liberadora.

Del poco esperado y verdadero caminar se darían en la campaña electoral varios ofrecimientos que no cumplió, como el Proyecto Integral Morelos ya señalado, y la falta de una verdadera reforma educativa que sustituya a la mal llamada reforma educativa del régimen anterior, que en realidad busca reformar la educación a modo de los empresarios y controlar a los profesores con exámenes que se les aplican con base en algoritmos de una educación y un profesorado al servicio de las empresas y corporaciones, y frente a la cual puso como secretario de educación a quien siendo secretario de Gobernación con el presidente Zedilllo, que entre otras medidas autoritarias y represivas se negó a firmar los acuerdos de San Andrés, ya aprobados y firmados por sus representantes, y por todos los partidos políticos institucionales, así como por los rebeldes del EZLN que luchaban en busca de que los derechos de los pueblos indios para que fueran parte de la Constitución real y formal de la República, y que siguen luchando por que se respeten sus derechos a organizarse como comunidades realmente autónomas que practiquen la distribución del poder y el genuino respeto de la libertad y la democracia de las comunidades y redes de comunidades.

A la definición del actual gobierno con decisiones contrarias a los ofrecimientos de campaña al sentir, pensar y actuar de los pueblos y los trabajadores intelectuales con éstos que son los maestros urbanos y rurales atacados por la derecha desde los cristeros, se añadieron proyectos en que no fueron atendidas las experiencias históricas, ni los informes de los expertos, ni quienes ven en ellos amenazas para los pueblos comprobadas en la historia de México, de América Latina, e incluso de Estados Unidos.

Para la aprobación de varios de esos y otros proyectos que son objeto de diferencias se realizó una consulta legalmente obligatoria, pero simulada con encuestas de individuos que no representan el sentir ni la voluntad de las comunidades, ni su costumbre de tomar acuerdo. Los símiles de consultas en realidad se llevan a cabo con muestras aleatorias de individuos, seleccionados en formas que carecen de todo rigor técnico y científico, y que en términos de los especialistas en la materia no son ni confiables ni válidas.

Se trata de proyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico que corresponden a una larga historia de nuestro continente, particularmente dolorosa. El proyecto del Tren Maya nos hace recordar que –como es bien conocido– el desarrollo de los ferrocarriles en Estados Unidos está estrechamente vinculado a la geografía de la desaparición de los pueblos indios….

En cuanto al Corredor Interoceánico, sin duda antecedente de un canal acuático que dados los costos mucho menores de transporte, es perfectamente previsible en un futuro inmediato. El proyecto, nos recuerda que su predecesor –el Canal de Panamá– fue causa determinante para arrebatar un inmenso territorio a la República de Colombia con la que se fundó la República de Panamá. Las políticas de balcanización han sido preferentes en la política expansionista estadunidense, con Vietnam del Sur y del Norte, Corea del Sur y del Norte, o con los países centroamericanos que se desprendieron de la antigua capitanía de Guatemala, o la destrucción de Yugoslavia y su transformación en un conjunto de republiquetas. A semejantes desastres se añade el de los two Méxicos que el historiador y antropólogo Lesley Byrd Simpson distinguió hace mucho tiempo en su libro titulado Many Mexicos... Su previsión ha sido confirmada recientemente por la titular de la Secretaría de Gobernación, que en su plática en Miami con la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, le hizo ver, que ahora Estados Unidos va a contar con dos fronteras para la contención de las bandas de tráfico de seres humanos desplazados de los países centroamericanos y el Caribe…

A semejantes proyectos de pérdida de la soberanía, en México se añade el de un incremento de las zonas económicas especiales, cuya geografía, hasta ahora, es la que conviene al comercio internacional de puerto a puerto entre el Pacífico y el Golfo, y que puede crecer y articularse en forma de nodos que dominen algo más que la industria y el comercio y desde luego un mercado hasta hoy nacional en el que van a instalar redes fabriles y comerciales de corporaciones de Estados Unidos a los que la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, publicada el 1º de junio de 2016, otorga derechos y privilegios de que gozarán los sectores privado y público y en que sus delegados ejercerán su autoridad soberana.

Hechos y medidas no menos importantes son los que se presentan a la ciudadanía como muestra del valor físico y cívico del presidente López Obrador y su decisión de no quedarse en el poder aunque muchos lo censuren. Es el caso, por un lado, de dar término al Estado Mayor Presidencial con el mensaje de que él es un Presidente que se cuida solo o a quien lo cuida el pueblo y, por otro, de que propone una reforma legislativa que dé el derecho a la ciudadanía para la remoción del mandato y el mandatario cuando así lo juzgue el pueblo, medidas admirablemente democráticas, pero que dejan mucho que desear en términos de la estabilidad del país y de una facilidad creciente con que podrá derrocarse al jefe de Estado. A esas medidas y otras con que parece legitimarse el presidente López Obrador, y que en lo concreto afectan la estabilidad del Estado mexicano, se añaden otras, como la creación de una Guardia Nacional, cuyo proyecto original del Ejecutivo era del todo militarista y que sólo dejó en parte de serlo por una inmensa corriente en contrario de la opinión pública.

El Estado Mexicano era un Estado antigolpe, y si desde Guadalupe Victoria el Presidente disponía de una Guardia Presidencial, que más tarde se convirtió en Estado Mayor Presidencial bajo las órdenes directas del Presidente, en tiempos del general Ávila Camacho, el Estado Mayor Presidencial llegó a tener la misma capacidad de fuego que el Ejército nacional. La estabilidad del gobierno no sólo dependía de la lealtad de las fuerzas armadas sino, también, de la estructuración para el control de sus fuerzas. Ahora y en el futuro sólo dependerá de la lealtad de los militares, como en todos los estados de América del Sur, lo que por la experiencia histórica hasta hoy da a la política del imperio mucho mayor posibilidad de intervención abierta o encubierta.

Es el caso que, para sorpresa de muchos, la restructuración del poder como su ejercicio, cuando se les analiza en su conjunto y en sus partes, tienen más que ver con el neoliberalismo populista en sus explicaciones y en sus reformas o proyectos de reforma institucional, y que no es exagerado afirmar que estas reformas son neoliberales tanto cuando dan más importancia a la corrupción que al capitalismo como causa de la inmensa desigualdad, criminalidad y amenazas de ecocidio con sus proyectos de muerte tanto aislados como sumados que se atribuyen a la corrupción y no al modo de dominación y acumulación movido por la maximización de poder y riquezas del capitalismo, y en la inmensa mayoría de las medidas que el Ejecutivo toma para un desarrollo con políticas de muerte que de lo micro a lo macro que están llevando al término de la vida en la Tierra.

Por pequeña que parezca hoy, tarde o temprano, el EZLN, el Congreso Nacional Indígena y la Red de Redes Nacional de Pueblos y Comunidades serán quienes logren la Cuarta Transformación, con la democracia basada en el poder distribuido entre pueblos y trabajadores formales e informales, quienes como quiso la izquierda de la Revolución Francesa asuman la soberanía para el logro concreto de la independencia, la libertad y el socialismo que en México quisieron y quieren los antiguos y nuevos descendientes de Zapata.

Vela Dib y la obediente Consar de la 4T

Gustavo Leal F.

Abraham Vela Dib arribó desde Budapest, poco antes de tomar posesión como décimo presidente de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar) a invitación directa del subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera. Desde entonces encabeza el órgano con que el Estado mexicano regula a las Afore. Antes laboró para el FMI, el Banco de Pagos Internacionales y el Banco Central húngaro. Casi de inmediato ofreció una serie de temerarias declaraciones que confirman los grandes riesgos que conlleva expresarse precipitadamente sobre un delicado tema que demanda profundo conocimiento, toda atención y el mayor de los cuidados: las pensiones.

Siguiendo obedientemente a la OCDE (Gurría), BID (David Kaplan), CEEY (Enrique Cárdenas), CIEP (Alejandra Macías y Héctor Villarreal) y Valuaciones Actuariales (Francisco Aguirre), Vela observó que durante el nuevo gobierno habrá una reforma profunda al SAR aumentando aportaciones obligatorias y edad de retiro. Es inevitable elevar las aportaciones de 6.5 por ciento a niveles de entre 10.5 y 14 por ciento y la edad de 65 a 68 años. En su opinión: es una imperante necesidad que se tendrá lista hacia la segunda mitad de la administración con el objetivo de que los trabajadores aspiren a mayores pensiones. Será una de las más importantes reformas del sexenio y el Presidente nos dirá cuáles son los tiempos apropiados. Vela confía en que ella saldrá sin obstáculos de los diferentes actores políticos porque es una necesidad, además de que enfrentaría muy poca oposición. Como reforma integral de largo alcance, agregó, se considerarán todos los ámbitos: las reformas pensionarias de los estados, municipios, universidades y empresas del Estado como CFE y Pemex, con la idea de que migren los sistemas de beneficio definido a contribuciones definidas de cuentas individuales. Eso es lo que le conviene a México ( El Economista, 19/1/19).

Poco después sostuvo que encontraba una Consar con menor presupuesto y personal, pero que su compromiso era contribuir a dejar un sistema de Afore más sólido y confiable. Es un reto hacer más con menos ( El Economista, 23/1/19). Independientemente de que, con menos, sólo se hace menos, como sus antecesores tecnócratas, el obediente Vela Dib no reparó en que esas Afore administran el ahorro para el retiro. Y él sólo visualizó el ahorro, más no su principal objetivo: el retiro de los dueños de esos ahorros. Ese ha sido el gran fracaso del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR): un enriquecido sistema de ahorro forzoso que paga pensiones miserables. Pero Vela parece no haberse enterado: su compromiso es con las Afore, no con las pensiones.

De inmediato, comprando la agenda de la Amafore –propalada por su entonces presidente: Carlos Noriega Curtis, hoy en abierto conflicto de interés, responsable de la Unidad de Pensiones, Seguros y Seguridad Social de la SHCP de la 4T– y dando franca continuidad a las propuestas pensionarias previas de Peña Nieto ( Gaceta Parlamentaria, núm. 3857-I, 8/9/13), el obediente Vela presentó y arropó la Iniciativa AMLO para reformar la Ley SAR ( Gaceta Parlamentaria, 23/1/19) que sólo evita entrar al fondo del asunto, deja intacto aquello que determina bajas pensiones y preserva el riesgo estructural para jóvenes, trabajadores activos y todos los que pasarán pronto a retiro: el sistema de capitalización individual sin garantía alguna de ofrecer rendimientos seguros.

Vela cree que su iniciativa, al ampliar el abanico de instrumentos con los que pueden operar las Afore, les otorgará rendimientos más atractivos. Claro que falta ver si estos se traducen en mejores pensiones, según su creencia. De igual forma, pasando por alto que la Ley del SAR (1996) establece que las Afore –en cumplimiento de sus funciones– atenderán exclusivamente al interés de los trabajadores y asegurarán que todas las operaciones que efectúen para la inversión de los recursos de dichos trabajadores se realicen con este objetivo (artículo 18), Vela también cree que, si una Afore cobra una comisión de 0.96 por ciento y el rendimiento que da es el más alto del mercado a lo mejor podría cobrar una comisión adicional por rendimiento de 0.965 o 0.025 por ciento: una especie de premio. A pesar de lo preciso que es ese artículo 18 de la Ley del SAR. Y, claro, según Vela quedando los detalles en una regulación secundaria.

Asume, además, que la primera generación Afore se registrará hasta 2025 y no en 2021. Con ello cree que puede sortear la gran explosión del SAR derivada de las fallidas reformas neoliberales IMSS-Issste-IMSS/Patrón/RJP-banca de desarrollo-CFE-Pemex, algunos estados y ciertas universidades públicas. La continuista Consar del obediente Vela y la 4T desconoce, aún, el fin del ciclo neoliberal decretado por AMLO el 18 de marzo. Los costos de esa obediencia serán muy altos.

Jaque al rey

Luis Barjau  

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Luis Barjau,­ etnólogo,­ investigador de la Dirección de Estudios­ Históricos­ del INAH, y autor de La conquista de La Malinche­ (Planeta/Conaculta, 2009), se pregunta si destruir una civilización milenaria no merece al menos “una protocolaria disculpa”.

Ya circula una carta en las vehementes redes, no firmada, que divulga el “grupo Reforma,” pero que sólo dice que el presidente de México pidió al rey de España “el reconocimiento de los agravios causados y [que]redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común”, etcétera, a propósito del recuerdo, que no conmemoración, de 500 años del arribo de Cortés a Cozumel y del próximo 2021, en que se cumplen también los 500 de la caída de México-Tenochtitlan.

Tema realmente delicado, por las pasiones que puede desatar. Pero no parece pretexto para que el majadero escritor Arturo Pérez Reverte o el “lambón” de su colega Mario Vargas Llosa se pronuncien con tanto desenfado.

El anti-gachupinismo mexicano­ duró bastante después de la Independencia de 1810. Fue una especie de constante idiosincrásica de ciertos sectores mexicanos, pero que lentamente se disolvió. Ahora lo reviven los propios españoles y algunos colados.

Destruir una civilización milenaria sí es causa de un remordimiento que al menos merece una protocolaria disculpa. Independientemente de cuáles hayan sido las argucias y peripecias y coyunturas en que ocurrió tal catástrofe. Independientemente de que aquello haya ocurrido hace cinco siglos y de que la historia sea irreversible. E independientemente de que el tesoro descubierto por los españoles no haya quedado precisamente en sus manos.

Ahora es simple lo que se trata: los mexicanos no queremos conmemorar aquellos hechos que solo recordamos; los españoles, desde luego, no tienen derecho a festejar nada y lo que les conviene es el olvido. No del “descubrimiento” de América: sólo de las matanzas perpetradas.

Es cierto que la Conquista no la hizo la monarquía española, sino los mil 500 hombres de Hernán (contando más o menos a los mil de Pánfilo de Narváez, que al ver vencido a su jefe por Cortés, se unieron a él), ¡y más los 100 mil guerreros que se le unieron para derribar a su tirano: el mexica! Una coyuntura prodigiosa. Un tema que las ciencias sociales han visto con cierta indiferencia.

No obstante esta verdad, se difundió con presuntuosa insistencia: “Un puñado de 500 españoles venció a un imperio”. ¿Cómo se creó esa frase?

De la misma manera en que se difundió por el mundo que los indios americanos le sacaban el corazón diariamente a millares de víctimas; comían carne humana; eran sométicos y malos; cobardes; de poca fe e inconstantes, idólatras y poseídos durante siglos por Satanás.

Hay verdades y no todas las mentiras son perversas. Cortés logró alianza indígena con la promesa de romper el régimen tributario que oprimía, por parte de la Triple Alianza (México, Tacuba y Texcoco), a tantos pueblos indígenas. Esta fue una verdad a medias. Hernán Cortés no sólo no cumplió, sino que se montó en la estructura de tal sistema para que, esta vez, él fuera el depositario del tributo. Es cierto que entonces no exigió ni productos regionales ni excesivos servicios personales: pedía solamente oro, que para los indígenas tan sólo era un adorno.

El 18 de octubre de 1519 Hernán Cortés invitó a todos los principales de Cholula a un gran patio del palacio que los alojaba, con objeto de despedirse porque continuaría su ruta hacia Tenochtitlan. El local tenía sólo cuatro accesos por pequeñas puertas y en cada uno puso guardia a caballo, con soldados con armaduras, espadas, lanzas y arcabuces. Una vez que todos estuvieron concentrados en el patio, tras la señal de un disparo desató una matanza contra los cholultecas desarmados, que duró una hora y dejó alrededor de –dicen los propios cronistas españoles– 5 mil muertos. ¿Tienen importancia las causas y los propósitos de tal operación? Probablemente sí, para las pesquisas del historiador que quiere explicar estrategias y oscuros propósitos de la Conquista.

Hacia el 15 de mayo de ese mismo año, Pedro de Alvarado (al cual tanto admira Pérez-Reverte) hizo lo mismo en el Templo Mayor de Tenochtitlan. Cortés había regresado a Cempoala para combatir a Pánfilo de Narváez, que era enviado del gobernador de Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar, para meter en cintura al desobediente Cortés. Por solicitud de Alvarado a Moctezuma, se reunió en la fiesta de Tóxcatl, celebrada cada año en el Templo Mayor, a la totalidad de principales y grandes jefes guerreros para que intervinieran en la gran danza que se ofrecía a Tezcatli­poca. López de Gómara, Bernal, Vázquez de Tapia, El Códice Ramírez, Diego Durán, Sahagún, Alva Ixtlilxóchitl y otros cronistas escribieron que la matanza hecha por Alvarado, a una señal, dejó tendidos a unos 600 señores. Los que intentaron escapar escalando los muros fueron bajados a tiros. “La nobleza mexicana allí falleció casi toda” se escribió en la Relación del origen de los indios que habitan esta Nueva España según sus historias.

Es del todo dudoso que Alvarado tomara por su cuenta tal decisión de una matanza, que fue idéntica a la ordenada por Cortés en Cholula. Y es creíble que, habiendo quedado por alcalde a la partida de Cortés a la costa, éste haya dejado instrucciones precisas.

Porque después Cortés en sus Cartas de Relación, sobre aquel drama, ni siquiera menciona a Alvarado por su nombre. Cuando regresó Cortés y “se enteró” de los sucesos, no emitió ningún reclamo al asesino, al cual ya había humillado y castigado por un delito menor cometido en Cozumel, cuando, adelantándose a la flota procedente de Cuba y arribando primero que nadie a la isla, robó objetos de oro y de barro en el templo del lugar.

El 14 de noviembre los estresados españoles rodeados en el palacio de Axayácatl y que mantenían con grilletes a Moctezuma, lo obligaron a pronunciar desde una terraza un discurso que buscara apaciguar a las masas indígenas enardecidas.

Unas fuentes dicen que surgió una pedrada de la multitud, que acertó en la sien derecha del monarca; otras, que algún soldado español hundió un espadín por “las partes bajas” del tlatoani. Esta última versión es poco creíble, puesto que Moctezuma, aún prisionero, era un escudo de mucho peso para los españoles acorralados. Como quiera que fuera, su muerte fue causada por los españoles.

Por último, vino la batalla de Tenoch­titlan, que a juicio de Bernal Díaz del Castillo, combatiente y cronista del momento, duró 93 días con sus noches. Tres meses. Hasta el 13 de agosto de 1521.

Al final de la horrenda destrucción apareció por las calles, yendo a la Plaza Mayor, la fila del pueblo desgraciado que se había escondido: mujeres, ancianos y niños transidos de hambre, esqueléticos de haber comido sólo tierra y raíces. Fue mentira entonces, también, que los mexicas comían carne humana a la menor provocación. En una ciudad surcada de cadáveres, los aterrados y escondidos pudieron haberse mantenido tres meses en copiosos banquetes.

“En los caminos yacen dardos rotos/los cabellos están esparcidos/ y en las paredes están salpicados los sesos”, lloró el gran poema de los Cantares Mexicanos.

Cuauhtémoc, derrotado, frente a un Hernán Cortés bajo un hermoso palio indígena en una terraza de la Calzada de Tacuba, ya legendario desde su silla savonarola, escuchaba las últimas palabras del héroe: “toma el puñal sobre tu cintura y mátame con él, que ya no pude defender más a mi pueblo y estoy vencido”.

De la ciudad no quedó piedra sobre piedra. ¿Por qué?

Tal vez el emisario de la cultura de Occidente se percatara, bajo el polvo de la batalla, que esta ciudad estaba intrínsecamente edificada con los hondos postulados de su religiosidad y que había que desmontarla para hacer surgir un nuevo mundo.

La población del reino azteca, que culminó una historia milenaria, sufrió una merma de 80% o más. Por la peste que se creó con el contacto biológico; por el genocidio de las batallas; por el desánimo espiritual de los indígenas sobrevivientes en un nuevo régimen y en un mundo inimaginable.

Si Cortés actuó por su cuenta, sin la aprobación de la Corona española, que delegaba sus instrucciones al virrey de Santo Domingo y al gobernador de Cuba opositores de los actos de su tercer enviado, pero que una vez que vio lo que había conquistado el gran conquistador, rápidamente preparó a sus virreyes para el control de la Nueva España, entonces, bien podría pedir disculpas a los indios de México. A nombre de Cortés.

Pero mejor que eso, en convenio con el gobierno de México, el Reino de España podría invertir (ya que es el segundo inversionista en México) en inteligentes proyectos para acelerar la economía de los grupos marginados del país. Y el gobierno de México bien podría matizar esa gran inversión en los mismos rubros de inversión económica española, consiguiendo el aporte de otros países que cuenten con una menor dosis de historia colonial, como los escandinavos u otros, por ejemplo.

Es cierto que conquista es conquista. Y que no se anda con lindezas. Aunque es bueno apuntar que en las conquistas hay antecedentes de rivalidad comercial y de conflictos de guerra, cosa que no ocurrió aquí.

Es cierto que no se debe (ni se puede) vivir en las pútridas aguas del rencor. Pero no tiene nada de malo pedir a quienes borraron del mapa a toda una civilización milenaria como la mesoamericana, paradigma único e insustituible sobre la realidad del mundo y del ser, que hagan una reflexión cabal sobre los hechos del pasado.

Y es cierto también que los gobiernos de México están en deuda con los descen­dientes de los pueblos originarios: millones de indígenas que pueblan su territorio.

Mexico and the Sustainable Development Goals

Laura Dowley*

The capture of the State by the corporate elite largely explains the SDGs’ slow progress - particularly in Mexico.

Agreed upon by UN member States and designed “to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity”, the Sustainable Development Goals (SDGs) for 2030 are commendable objectives indeed. But three years after they came into effect, progress has been sluggish, particularly in Mexico. What is going wrong?

Albeit not the only cause, the capture of the State by corporate elites goes a long way towards explaining the problem. Undue corporate influence on State institutions and policy decision-makers undermines the State’s ability to promote economic growth, reduce poverty and inequality, and protect the environment.

The capture of the State is both the cause and the effect of the stark disparities of wealth which beset Mexico and which the 2030 Sustainable Development Agenda acknowledges as one of the “huge challenges” facing sustainable development. While the Mexican economy is now the world’s 15th largest, Mexico ranks 17 in the most unequal country index in terms of distribution of wealth.

Since economic power translates into social and political power, what we end up with is a system in which the economic elite are able to ensure that the country is governed in line with their own interests. This, in turn, tends to intensify inequality.

All around the world, extreme concentration of wealth has reduced the amount of public resources available for development.

All around the world, extreme concentration of wealth has reduced the amount of public resources available for development. As countries become richer, government s paradoxically become poorer, mostly due to high levels of tax evasion and avoidance, illicit financial flows and the hiding of private profits in tax havens. A 2018 World Bank report on development found that multinational corporations are transferring up to 40% of their profits to tax havens, and that Mexico is one of the economies most affected by this phenomenon. In 2015, the Mexican State lost 197.1 billion pesos (14.2 billion dollars at the average exchange rate for that year) through tax evasion by private companies.

The establishment of a strong tax base in Mexico would undoubtedly result in a huge increase in funds available for sustainable development. Sadly, for so long as the Mexican State continues to consent to corporate interests, this is unlikely to happen.

The current human rights crisis in Mexico is symptomatic of a system that allows economic interests to shape State laws, regulations and public policies for their own benefit. Considering the high degree of convergence between human rights and the SDGs, Mexico must find a way to properly implement international human rights standards if it is even remotely serious about these goals.

Violence against journalists and human rights defenders has spiralled out of control in recent years: 120 journalists were murdered between January 2000 and October 2018 and, in 2017, Mexico was the third most dangerous country in Latin America and the fourth most dangerous in the world for land defenders and environmental activists. Today, only three months into the new administration, 14 journalists and human rights defenders have already been killed.

The capture of the State has meant that, time and time again, the Mexican State has failed to implement laws that seek to prevent human rights violations by private businesses.

The majority of the attacks against human rights activists happen in the context of business activities - not surprisingly, given the obvious discrepancy between sustainable community-led development and private-sector profit-driven interests. Mining, infrastructure construction, energy and logging are all industrial activities frequently related with targeted attacks against those who oppose them.

The capture of the State has meant that, time and time again, the Mexican State has failed to implement laws that seek to prevent human rights violations by private businesses. More often than not, large businesses act with almost complete impunity, the effect of which is to increase violence further.

The 2014 spill of toxic waste from a Grupo México copper mine into rivers in the state of Sonora, in northern Mexico – the worst environmental disaster in the history of the mining sector in Mexico – is emblematic of the Mexican State’s failure to implement laws for the protection of local communities.

At the time of the spill, the environmental regulator had actually allowed a Grupo México subsidiary to operate without the environmental permits required for handling hazardous waste, in breach of its international obligation to prevent violations of the local communities’ right to a healthy environment.

Not only are laws not properly implemented; in some cases, national legislation is unduly lenient with the private sector regarding its obligation to contribute to sustainable development.

The mining lobby, for example, has managed to ensure regulations which favour its interests over those of the affected communities. Under the guise of encouraging development, the Mining Act considers mining to be in the public interest and preferential to any other use of the land – which means that the land of indigenous and farming communities is in practice readily available to extractive companies.

The Act violates the principle of international law establishing the communities’ right to self-determination. Moreover, considering that 50% of the population in the gold and silver producing areas are living in conditions of extreme poverty, the Mexican government must ask itself if mining has actually been the catalyst for local development it had promised.

Can things change under the administration of new president Andrés Manuel López Obrador (AMLO)? His promise to fight corruption and inequality is clearly a step in the right direction.

But the road ahead will be a tough one. Both phenomena have come to be deeply entrenched under the rule of the Institutional Revolutionary Party (PRI) – the party that held power from 1929 to 2000. The conservative National Action Party (PAN) took over the presidency from 2000 until 2012, and then the PRI returned to power for a six year term marked by corruption scandals in the Federal Government.

The cancellation of the new Mexico City airport – a project mired in corruption and human rights abuses – following a nation-wide public consultation in October 2018 looked like a promising move by AMLO, who was then president elect.

But the process was criticised by experts for being non-binding and failing to meet international standards for public participation - the decision should have been made by the communities whose land was affected by the project, not by the nation as a whole.

Only a few weeks later, the new administration conducted a second consultation regarding another major development project. The results of this consultation did not go the way the 82 potentially affected indigenous communities had hoped.

The construction of the Mayan Train will go ahead despite obvious violations of the international law principle that indigenous peoples must give their free, prior and informed consent to projects which may affect them and their territories.

The construction of the Mayan Train – a train line in the south-east of the country – will go ahead despite obvious violations of the international law principle that indigenous peoples must give their free, prior and informed consent to projects which may affect them and their territories.

Presented by the government as a boost to social and economic development, with due respect for local indigenous cultures, the train also happens to cross five states that are home to major energy projects. The government itself admits that one of the project’s objectives is to allow the energy industry to flourish.

One wonders who will actually benefit from this kind of development. It looks increasingly as if local communities will be sidelined, yet again, by development policies designed to produce massive financial gains for the business and political elite.

*openDemocracy

Recesión en 2020 sería obstáculo para la relección de Trump

Alfredo Jalife-Rahme

Trump dejó atrás el alucinante engaño del Rusiagate –que en México intentó imitar en forma ridícula la trama rusa y la grotesca Operación Berlín (https://bit.ly/2UrdBVm), y cuyos palafreneros a los dos lados de la transfrontera exhiben sus fuertes vínculos con el megaespeculador George Soros–, donde jugó un papel decisivo su acercamiento con los Bush (https://bit.ly/2VdDFAx).

Trump tiene el camino libre para su relección, –gracias a errores estratégicos del maximalismo del Partido Demócrata que buscaba el impeachment al precio que fuere–, si logra sortear dos obstáculos mayúsculos: 1. La Espada de Damocles de una recesión en 2020; y 2. Su guerra comercial contra China, que resultó contraproducente (https://bit.ly/2EYvjFO), cuando Pekín puede prolongar las negociaciones para dañar a Trump o acelerarlas para beneficiarlo.

Aún le quedan líos legales a Trump por su conducta sicalíptica y sus tratativas mafiosas con su organización inmobiliaria, pero no son determinantes como un impeachment, salvo en su catarsis cacofónica y afónica.

La popularidad con la opinión pública (que favorece el esquema del Partido Demócrata) es inoperante en el sistema decimonónico del Colegio Electoral de Estados Unidos (de votos fijos por Estado, que favorece al Partido Republicano), lo cual suele ser confundido por la mercenaria industria de las encuestas y los ratings falsificados.

Se detecta cierta angustia del margen de maniobra de Trump frente a la recesión, que hoy se vislumbra como una acelerada ralentización de la economía, por lo que ha recurrido a su carta existencial y electorera de corte supremacista fundamentalista blanco (https://bit.ly/2JFEXmC): la amenaza de cerrar la frontera con México para detener la enésima ola migratoria de Centroamérica.

Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, exigió el recorte inmediato (sic) de las tasas de interés de 0.5 por ciento por la Reserva Federal a quien, a su juicio, se le ha pasado la mano restrictiva, al no existir inflación, lo cual puede empujar a EU a una intolerable recesión antes del 3 de noviembre de 2020 (https://nyti.ms/2OEUXE8).

La tensión de Trump con Jay Powell, gobernador de la Reserva Federal, ha llegado al enfrentamiento público. Trump ha insinuado nominar a Stephen Moore al Consejo de Gobernadores de la Reserva Federal.

Stephen Moore, acérrimo enemigo de Jay Powell de quien ha exigido su expulsión, aboga por un recorte sustancial de la tasa de interés, cuando la inflación ha sido menor a la esperada.

The Financial Times (29/03/19) –vinculado, con The Economist, al grupo británico Pearson, donde predomina la banca Rothschild, aliada de George Soros y archienemigos ambos de Trump– alega que los signos ominosos contra la relección de Trump vienen del lado del mercado de los bonos cuyo rendimiento a 10 años cayó a su más bajo nivel desde 2017 (la curva invertida del rendimiento negativo de los Bonos del Tesoro) que presagian que la Reserva Federal será obligada a recortar las tasas de interés para apuntalar la economía.

Según FT, Trump ancla firmemente sus prospectos de relección con la Bolsa de Valores y la expansión económica que ha roto su récord de longevidad.

Gregory Daco, economista en jefe en EU de Oxford Economics, asienta que el mercado de los bonos refleja el temor creciente de que el próximo estadio de este ciclo es una recesión.

No es ningún secreto aseverar que existe una fuerte correlación entre la situación económica y la relección de un presidente en EU, como le sucedió adversamente a Daddy Bush.

Trump puede negociar in extremis un acuerdo favorable con China, pero donde se le dificulta su margen de maniobrabilidad es en posponer la recesión, más de carácter estructural, después del primer martes de noviembre de 2020.

Recesión habrá, porque así son los estructurales ciclos económicos. Solamente faltará saber si ocurre antes o después del 3 de noviembre. Trump hará lo imposible para que sea después, con el fin de relegirse.

Dejo de lado que la recesión afectará inexorablemente a México y al mundo.

La Conquista de México 1519-1521

Enrique Dussel

En 1992 se debatió la problemática de la "invasión del Amerindia" (denominada eurocéntricamente el "descubrimiento de América") a 500 años de 1492. Sería bueno que en estos dos años (2019-2021) rememoremos la problemática todavía actual por sus efectos de la sangrienta conquista de las grandes culturas de Mesoamérica (la azteca, maya, zapoteca, otomí, etcétera) que fue un genocidio de significación mundial, porque aquí se produjo el choque y la dominación violenta del extremo occidente de Eurasia (España) sobre las culturas del extremo oriente del Asia (ya que nuestros pueblo originarios posiblemente llegaron procedentes del Asia oriental por el estrecho de Bering).

Ciertamente España (por su ocupación militar) y Roma (por la organización de la Cristiandad de las Indias occidentales) son autoras y cómplices de un genocidio.

En efecto, no bien conocidas las "Islas del Mar Océano" al occidente del recién descubierto Océano Atlántico, el Papa concede a los reyes de España por la bula Inter caetera del 3 de mayo de 1493 las tierras recién descubiertas con la obligación de evangelizar a sus habitantes. Aquí se encuentra ya el primer motivo que justifica "pedir perdón a los pueblos originarios" por parte del Papa. El mismo Bartolomé de las Casas se preguntaba qué: ¿con qué derecho el Papado otorgaba o donaba al rey de España tierras y pueblos sobre los que no tenía ningún conocimiento, posesión o dominio? Bartolomé le negaba al Papa este derecho, que además lo hacía cómplice del crimen injusto y genocida de la conquista, con sus matanzas y por la horrible servidumbre a la que habían reducido a los pueblos originarios del continente.

Y, con respecto a España y Portugal, y muy especialmente sus reyes y al Consejo de Indias, fueron responsables de la ferocidad, violencia, sangrientos enfrentamientos con armas desconocidas para los indígenas (tales como los cañones, ballestas, caballos, etcétera), y todo tipo de vejámenes que se cumplieron.

Valgan unas citas de cartas que tuve en mis manos en el Archivo de Indias de Sevilla, enviadas al rey mostrando la situación: "Mucha de la plata que de acá se saca y va a esos Reynos, se beneficia con la sangre de os indios y va envuelta en sus cueros"(Carta del obispo mechoacano Don Juan de Medina y Rincón del 13 de octubre de 1583; AGI, México 374).

Y otro: "Avra quatro años que, para acabarse de perder esta tierra, se descubrió un aboca del infierno por la qual entra cada año gran cantidad de gente, que la cobdicia de los españoles sacrifica a su dios, y es una mina de plata que se llama Potosí" (Carta del obispo Domingo de Santo Tomás, del 1 de julio de 1550; AGI, Charcas 313) .

Quien ignore la violencia e injusticia de la conquista de Latinoamérica, y muy especialmente de México, lo mínimo que puede decirse que es un ignorante, y que al no tener mala conciencia de un verdadero crimen se hace hoy culpable de ese mismo crimen, aunque sea, y en mayor medida, el rey de España. He leído miles de Reales Cédulas en las que los reyes españoles estampaban un gran firma y que decía: YO EL REY, sin mayor indicación (había que averiguar por la fecha del documento el nombre del personaje).

Los conocidos historiadores demógrafos, Cook-Borah y Simpson dan para México una población de 11 millones de habitantes en 1519, que decreció en 1607 a los 2 millones de indígenas. Claro es que hubo enfermedades contra las cuales la población indígenas no estaba protegida, pero las matanzas en las guerras narradas por el Chalan Balam, el mal trato en la mita, la encomienda y las haciendas e ingenios, y el trabajo doméstico de las mujeres indígenas en las casas de los blancos (que se quedan amancebadas obligándolas a dejar a sus maridos para ser vejadas por los españoles y criollos), el cambio de territorio agrícola de los más fecundos a los desiertos estériles (lo que produjo hambrunas mortales como entre los tarahumaras) significará una crisis demográfica gigantesca.

Todo esto nos sugiere que es muy conveniente en México comenzar a tener presente, día a día, el 500 aniversario de la horrenda Conquista de México. Hay fechas emblemáticas: el 18 de febrero hace 500 años Hernán Cortés salía de La Habana con 600 hombres, 16 caballos, 10 cañones, 32 ballestas. El próximo 22 de abril hace 500 años que desembarcó en Veracruz; estando ya asentado en México Tenochtitlán vence el 30 de junio a Pánfilo Narváez. El próximo año, el 30 de junio se cumplirán los 500 años de los comienzos del asedio de México con el auxilio de los tlaxcaltecas y otros pueblos dominados por los aztecas. El 13 de agosto de 1521 tomarán y destruirán Tenochtitlán hace 500 años. Deben ser fechas recordadas y estudiadas día a día para tomar conciencia de que fuimos colonia, y después no hemos dejado de ser neocolonias del que no se tiene autoconciencia por el eurocentrismo cultural de nuestros criollos (los mexicanos blanco americanos hijos de españoles que quedan después en el poder hasta el presente).

La plena descolonización política, económica y cultural es necesaria en el futuro después de 500 años de la Conquista. Debe ser un propósito de la Cuarta Transformación.

¡Es tiempo ya que el rey de España y el Papa romano pidan perdón, no sólo por medio de palabras sino por actos objetivos, a los pueblos originarios por el crimen de la Conquista! ¡Pero también que pidamos perdón los criollos mexicanos, los blancos y principalmente los racistas a los pueblos originarios cumpliendo con los acuerdos de San Andrés y dando plena autonomía a los nobles y cultos herederos de las altas culturas milenarias mesoamericanas!

Enrique Dussel

Rusia y China respaldan a Venezuela y cambian el juego

Álvaro Verzi Rangel

Rusia y China dejaron claro esta semana que hay que tomarlos en cuenta y son básicos para la solución de la crisis de Venezuela. La línea de fuego la corrió Rusia, que hoy está en frente del patio trasero de EEUU y el fantasma de la Crisis de los Misiles de octubre de1962 atemoriza al mundo entero.
Los analistas y los diplomáticos se mantienen alertas: EEUU perdió a Venezuela ya que Rusia corrió la línea de fuego a Suramérica y el Caribe y la llevó al propio territorio de los aliadosde Washington, tras obligar a salir a los estadounidenses de Siria.

 Desviando la atención de Venezuela, EEUU rompió con décadas de consenso mundial y se convierte en el primer país en reconocer la soberanía de Israel sobre una área siria que ocupa desde 1967. El presidente Donald Trump, firmó un decreto por el que reconoce oficialmente la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, medida que justificó por lo que calificó como las agresivas acciones de Irán y de grupos terroristas contra Israel.

“Esto es algo que debería haberse hecho hace muchas décadas”, dijo Trump al rubricar la proclamación presidencial, junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca. La ONU advirtió, sin embargo, que la decisión estadounidense no cambia en absoluto el estatus internacional de esta zona arrebatada a Siria en 1967.

Volviendo a la crisis latinoamericano-caribeña, el gobierno chino replicó al consejero de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton: "América Latina no es propiedad de ningún país ni tampoco es el patio trasero de ningún Estado", dijo el portavoz de la cancillería chinal Geng Shuang. Bolton había declarado que "EEUU no tolerará la injerencia de potencias militares extranjeras hostiles en los objetivos compartidos del hemisferio occidental" en alusión a dos aviones de Rusia que llegaran a Venezuela.

Washington insiste en que Latinoamérica y el Caribe es su patio trasero y necesita a la región porque va perdiendo la competición contra China y Rusia. Desconoce que los países son soberanos e independientes y pueden decidir por ellos mismos con qué naciones cooperar.

El gobierno estadounidense mantiene desde 2017 un bloqueo financiero contra Venezuela que prohíbe las transacciones con el gobierno de ese país y la petrolera estatal PDVSA (le congeló siete mil millones de dólars yh bloqueó todas los pagos de empresas estadounidenses por el petróleo venezolano) y en noviembre de 2018, la Casa Blanca prohibió a sus compañías realizar transacciones con el oro venezolano.

Sin dudas, la crisis en Venezuela responde a intereses económicos y geopolíticos de EEUU, que usa al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó para llevar adelante sus apetencias, recurriendo incluso a sanciones secundarias a países que no están en conflicto con el gobierno constitucional de Caracas.

Estados Unidos trató de dividir el mundo en una reunión en Roma entre su asesor, el genocida Elliott Abrams y el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia Serguéi Riabkov, en busca de una “solución para Venezuela”, que pasó a ser protagonista en esta lucha por la hegemonía mundial. Pero no hubo acuerdo alguno.

Riabkov, tras señalar la "inadmisibilidad" de una intervención militar en Venezuela, dijo que “la conversación fue difícil, pero franca” y agregó que “por nuestra parte tenemos una mejor comprensión de la postura de EEUU al respecto”. Rusia ya ha manifestado que no aceptaría una intervención militar en Venezuela: esa misma semana arribaron a Venezuela dos aviones rusos que transportaban personal y equipo técnico militar.

EEUU comprendió que deberá sentarse con Putin a negociar y en ese diálogo Venezuela estará en el medio. La ONU volvió a reconocer a Maduro como el legítimo presidente y Washington debió llamar al jefe de las fuerzas militares venezolanas para pedirle permiso para retirar a los últimos funcionarios de lo que era su embajada y pidió ser escoltados hacia el aeropuerto .

Los analistas señalan recientes hechos mundiales relacionados con Venezuela que dejan claro que el país es hoy protagonista de un resurgimiento de la llamada Guerra Fría entre las potencias, solo que esta vez no son dos bloques, sino tres: Estados Unidos, Rusia y China., con una tensión creciente alimentada por las políticas agresivas del gobierno de Donald Trump.

En la reunión de la Organización de Países Productores de Petróleo en Bakú, Arzebaijian, el ministro de Petróleo declaraba que Venezuela dejaba de vender crudo a India concentrándose únicamente en la venta de petróleo a China y Rusia. Lo cierto es que India recibió un ataque desde Paquistán, orquestado por la CIA estadounidenses, para “convencerlos” de no comerciar con Venezuela.

Paralelamente, el gobierno chino negó la visa a Ricardo Hausmann, representante de Venezuela designado por Guaido ante el Banco Interamericano de Desarrollo, para participar en la asamblea del organismo en China. Más allá del desconocimiento a Guidó, la reunión fue suspendida.

Hay que recordar que los principales socios en el Banco Interamericano de Desarrollo, dirigido por el neoliberal colombiano Moreno Ocampo, son EEUU con 30%, Argentina y Brasil con 11 cada uno, la Unión Europea con 10% : todos ellos habían manifestado el apoyo incondicional a Guaidó y Hausmann, un exministro de Carlos Andrés Pérez (depuesto por corrupción) y funcionario de organismo internacionales..

En este ajedrez geopolítico mundial, no se puede olvidar que en EEUU existe una gran polémica interna por la supuesta intervención de Rusia en las elecciones del 2016 –las investigaciones del fiscal no hayan encontrado pruebas de la presunta conspiración- y que luego del fracaso de las reuniones con Corea del Norte y el tema del muro fronterizo con México, Trump arriesga mucho en un acuerdo comercial con China.

Venezuela firmó con Rusia un contrato de casi 300 mil millones de dólares para el suministro de petróleo pagado por adelantado y otro por 40 mil millones de dólares con los chinos por el petróleo.

Obviamente, a Washington poco le interesa el pueblo venezolano. De lo intenta es el asalto de los más de 300.000 millones de barriles de la reserva petrolera prioritaria del mundo. Pero la historia reciente muestra que EEUU no han podido ganar una intervención solos (lo han hecho con aliados y al momento de repartir el botín el fracaso fue nefasto, ejemplo en Irak y Libia).

Estados Unidos perdió la vía diplomática que desechó desde el principio y, siguiendo la lógica geopolítica, sólo le resta la guerra. No tiene margen de maniobra mayor de Naciones Unidas, y donde Rusia y China cuentan con poder de veto y también suma en contra a los países que han sufrido impacto por intervenciones de la OTAN.

Colombia (socia de la OTAN), que hasta intentó coparticipar en una invasión a Venezuela, es la más preocupada hoy. El poder militar venezolano, superior al colombiano, se ve ahora reforzado por el apoyo ruso, y Bogotá teme que el conflicto se desplace de la frontera norte a la retaguardia colombiana, explotando eventualmente en alguna base propia o estadounidense.

Estados Unidos es consciente que Venezuela con el apoyo ruso y chino, no es Panamá, Granada, Irak o Libia.
 
Álvaro Verzi Rangel: Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

La Guardia Nacional y el lenguaje de la pacificación

Oswaldo Zavala*

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El intenso debate en torno a la creación de la Guardia Nacional, aprobada el 28 de febrero por el Congreso de la Unión con un consenso generalizado también entre la opinión pública, se redujo a dos puntos esenciales que, por lo menos al nivel político, ya fueron resueltos. Primero, el Ejército, que aún conduce tareas de seguridad en numerosas ciudades y regiones del país, volverá a sus cuarteles en un plazo de cinco años. Y segundo, la Guardia Nacional –adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana– obedecerá a un mando civil y sin fuero castrense para los 35 mil elementos de la Policía Militar y los 8 mil de la Policía Naval, quienes junto con agentes de la Policía Federal y nuevos reclutas integrarán un cuerpo de 80 mil oficiales a finales de 2019.

Aunque estos puntos son cruciales para garantizar el proceso de desmilitarización de la seguridad pública del país, es necesario examinar otro aspecto clave en la creación de la Guardia Nacional: la cancelación del discurso oficial que durante 12 años de supuesta “guerra contra el narco” movilizó a las Fuerzas Armadas por todo el territorio nacional justificando incluso crímenes de lesa humanidad.

En una forma de reiterada narrativa que criminalizó a los sectores más vulnerables del país, ese discurso de guerra legitimó el terrible saldo de más 272 mil asesinatos y más de 40 mil desapariciones forzadas en México.

Ahora que sabemos con mayor certeza que la violencia atribuida a los “narcos” es resultado directo de la estrategia de militarización para supuestamente combatirlos, tenemos el reto de exigir un lenguaje de pacificación que impida a este y a cualquier otro gobierno la creación de nuevos enemigos domésticos; que imposibilite, en suma, una nueva declaración de guerra en contra de la sociedad.

Independientemente de afiliaciones políticas, los críticos de las primeras propuestas para la creación de la Guardia Nacional externaron en su momento, no sin razón, el temor de revivir la profunda herida social de la siniestra “guerra contra el narco”. Sus objeciones marcaron con claridad los peligros que conlleva dejar en manos de soldados tareas de seguridad pública que siempre debieron estar bajo una autoridad civil.

“Desmilitarizar militarizando no parecía la mejor receta porque remite a una medicina que no funcionó: la política criminal de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto –valorada por el crecimiento de las muertes violentas, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas– implicó un trágico desastre”, observó el académico y periodista Ricardo Raphael.

Pero aun con un mando civil y con el Ejército emplazado para regresar a los cuarteles, es válido señalar, con el analista de seguridad Jaime López Aranda, que el esquema de la Guardia Nacional recién aprobado “operativamente no cambia nada”, pues se trata de una corporación híbrida compuesta por soldados y policías que, según él, será “la misma gente que va a hacer exactamente lo mismo”.

Aunque merecen ser considerados con seriedad, todos estos reparos permanecen, en mi opinión, en la superficie del problema real: el discurso de guerra que ha fundado el estado de excepción en México. Como explica Giorgio Agamben, el estado de excepción es la función constitutiva de todo Estado moderno, la condición que permite el desborde entre lo inscrito en el derecho y el evento que no puede ser anticipado por la ley.

Ese es el punto ciego de mucha de la crítica, pues sin detenerse en el realismo político del estado de excepción y su discurso de guerra, limita su reclamo a la constitucionalidad de la Guardia Nacional y a la impunidad de los militares suplementando la función de las policías civiles; es decir, al borde mismo del estado de excepción, pero sin adentrarse en él.

Agamben muestra que el estado de excepción –a la vez dentro y fuera de lo establecido por una Constitución– es “aquello que funda el nexo entre violencia y derecho y, a la vez, en el punto en el cual se vuelve ‘efectivo’ aquello que rompe este nexo”. En otras palabras, la pregunta de fondo no se reduce al hecho de mantener o no al Ejército a cargo de la seguridad pública del país. El problema de raíz tampoco se localiza en la constitucionalidad de un mando militar o civil, temporal o permanente.

La militarización, si hemos comprendido bien las lecciones históricas de nuestra política de seguridad nacional, ha sido la forma más reciente del estado de excepción, pero no su contenido. Este último no reside en los mandos militares sino en el Poder Ejecutivo, en la razón de guerra que se dicta a los soldados y en la construcción simbólica del enemigo que se dice combatir.

La “guerra contra el narco” produjo ríos de sangre no por haber sido ejecutada por militares, sino porque los militares fueron instrumentalizados por el Poder Ejecutivo para ocupar el territorio nacional en contra de un enemigo cuidadosamente confeccionado para ser exterminado sin consideración legal, ética o política alguna. Dicho de otro modo: la estrategia de militarización se basó en la invención de la guerra que, como advirtió el propio Felipe Calderón desde el primer día de su gobierno, sería larga, costosa, destructiva, implacable.

Un estudio mostró que los índices de letalidad de las Fuerzas Armadas mexicanas entre 2008 y 2011 rebasaban los de la Policía Militar en Brasil aun en sus más brutales operativos de exterminio en las favelas de Río de Janeiro. Quedó evidenciado así el recurrente uso del asesinato extrajudicial como método normalizado entre los soldados mexicanos.

Pero la letalidad de las Fuerzas Armadas en México fue apenas el efecto, no la causa. “Un discurso de ‘guerra’ en contra de la delincuencia que en el caso mexicano fue impulsado desde el propio Ejecutivo federal y apoyado por buena parte de los actores políticos, económicos y sociales del país” fue la razón fundamental de la oleada de violencia. “Este discurso ha adoptado características del derecho penal del enemigo”.

Así lo comprobaron los periodistas Daniela Rea, Mónica González y Pablo Ferri en su extraordinaria investigación sobre la “cadena de mando” establecida entre militares. Un soldado entrevistado resume el terrible contenido de ese discurso durante los años de la “guerra contra el narco”:

Tu enemigo es el sicario, es el narco. Te enseñan lenguaje corporal para saber identificarlos, te dicen algunas señas. Al principio (los narcos) traían camionetas o carros con potencia de arranque, de ocho cilindros. Después todo eso cambió para despistarnos, ya andaban en motos, en coches de cuatro cilindros. Después nos la cambiaron, andaban una pareja con un niño, ya era bien difícil identificar a la maña. Antes ocupaban al típico pelón, tatuado, rapado, después nos la cambiaron con playeritas polo, bien cortaditos del pelo, los que eran sicarios de élite.

Hasta donde podemos constatar, ese lenguaje está siendo transformado tanto en materia legal como política. Los integrantes de la Guardia Nacional, según se explicita en el dictamen aprobado por el Congreso de la Unión, “se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior y en lo conducente a la perspectiva de género”.

Por otra parte, y aunque no del todo exenta de ambigüedad e imprecisión, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha articulado también un cambio de paradigma en su plataforma de seguridad que podría neutralizar el violento espacio de guerra construido por la militarización de los gobiernos anteriores.

El Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado por el equipo de transición de AMLO anunció el rechazo al prohibicionismo estadunidense como problema de “seguridad nacional” para, en cambio, promover un proceso de pacificación general de la sociedad considerando el tráfico de drogas como un mero problema de salud pública.

“La única acción realista para reducir los niveles de consumo de drogas reside en reorientar de manera negociada y bilateral los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas –masivos, pero personalizados– de reinserción y desintoxicación.”

Luego, desde agosto de 2018, la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, propuso despenalizar la mariguana y la amapola para la producción y consumo de drogas con fines medicinales. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, refrendó a su vez la propuesta ante gobernadores del país convocados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública –el órgano superior del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encargado de establecer políticas de seguridad– el 25 de enero de 2019.

“Más allá del narcotráfico y el crimen organizado, la vida del ciudadano está impactada por los delitos del orden común”, dijo Durazo Montaño. “Proponemos pasar de un concepto militar de combate a la violencia a uno de carácter consistente en construir la paz a partir de garantizar empleo, salud, bienestar y educación, especialmente en las comunidades donde los criminales se han convertido en la autoridad”.

Esta transformación del discurso de “seguridad nacional”, que no debe subestimarse como algo meramente simbólico, llegó a su punto más relevante con una rueda de prensa mañanera del 31 de enero de 2019, cuando AMLO anunció el fin de la política antidrogas de los gobiernos anteriores: “Ya no hay guerra (contra el narcotráfico), oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz y vamos a conseguirla”.

(La aparente contradicción de AMLO al pronunciarse a favor de un mando militar para la Guardia Nacional podría explicarse, como lo hace Jorge Volpi, suponiendo que los congresistas de Morena votaron por un mando civil con el consentimiento implícito del presidente y como parte de “un meticuloso plan para arrebatarles (a los militares) la seguridad pública sin perder su apoyo”).

De este modo, sin la construcción simbólica de ese ubicuo “narco” que se extrapolaba a casi cualquier ciudadano del país, la violencia podría disminuir aún con el Ejército patrullando en las calles porque carecería precisamente de un escenario de guerra y de un enemigo doméstico a combatir. Esto dependerá, desde luego, de que este nuevo lenguaje funcione verdaderamente como el principio rector del entrenamiento y las estrategias de operatividad de la Guardia Nacional.

En tanto, quienes insisten en que el problema esencial es la militarización por si sola, pueden remitirse a los sistémicos abusos policiales que cotidianamente martirizan la vida de la población negra e hispana minoritaria en Estados Unidos. Sin militares de por medio, el alarmante número de asesinatos de ciudadanos desarmados se debe en buena medida a una codificación simbólica del negro y del hispano precarizados como enemigos del orden social.

En ese contexto, el mando civil tiene escasa relevancia entre corporaciones policiacas con altos grados de impunidad, con deliberadas políticas de ocultamiento de información sobre los asesinatos de civiles y con una continua militarización de sus agentes por medio de entrenamiento y equipo proveniente de las zonas de guerra controladas por el ejército estadunidense.   

Intercambiar militares por policías con un mando civil o militar en nuestro país, igualmente acostumbrado a la impunidad policiaca y militar como expresión normalizada del aparato judicial, no hará mella en la ola de violencia si primero no cambia nuestra percepción de aquellos a quienes nos hemos acostumbrado a imaginar como enemigos de la sociedad (“narcos”, migrantes indocumentados, “huachicoleros”, pandilleros, etcétera) negándoles el derecho a la ciudadanía que nos apresuramos a defender para nosotros mismos.  

El filósofo francés Étienne Balibar concibe los procesos de emancipación no como el desarrollo depurado de un mejor gobierno estructurado en nobles políticas de bienestar social. De hecho, explica, “la historia entera de la emancipación no está tanto en la historia de los reclamos de derechos desconocidos sino en la verdadera lucha por gozar de los derechos que ya se han declarado. Y agrega: “la batalla en contra de la negación de la ciudadanía es de hecho el corazón vital de las políticas de emancipación”.

Sin un discurso de guerra, ya no habrá un enemigo doméstico supuestamente acechándonos en las orillas de la sociedad civil. Completemos el proceso de pacificación impidiendo que el Estado declare otra vez su violencia en contra de quienes no podrán defenderse, de quienes de hecho no pudieron defenderse en los últimos 12 años: los pobres, los desplazados, los que no recibieron una educación, los faltos de recursos, y luego, trágicamente, de futuro. Obliguemos a la Guardia Nacional a reconocer para todos, sin excepción, las garantías de una misma ciudadanía en tiempos de paz.
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* Oswaldo Zavala es periodista y profesor investigador en la City University of New York (CUNY). Parte de esta reflexión proviene de su más reciente libro Los cárteles no existen. Narcotráfico y cultura en México (Malpaso 2018). Twitter: @oswaldo_zavala. 
Publicado en la edición 2211 de Proceso

1  “Guardia Nacional contará con 80 mil oficiales para fin de año, prevé Durazo”, Notimex (28 de febrero, 2019).
2  Isaí Lara Bermúdez, “150 mil 992 ejecutados: la herencia de Peña”, Zeta (3 de diciembre, 2018).
3  Véase, entre otros estudios: Valeria Espinosa y Donald B. Rubin, “Did the Military Interventions in the Mexican Drug War Increase the Violence?”, The American Statistician, 69.1 (2015): 17-27.
 4 Ricardo Raphael, “Guardia Nacional: ¿desmilitarizar militarizando?”, Proceso (15 de enero, 2019).
5  Kirk Semple y Paulina Villegas, “México aprueba una Guardia Nacional de sesenta mil elementos que, según sus críticos, es más de lo mismo”, The New York Times (1 de marzo, 2019).
6 Giorgio Agamben, Estado de excepción. Homo sacer II, I (Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2005, p. 15).
7  “Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero e incluso, por desgracia, vidas humanas. Pero ténganlo por seguro: ésta es una batalla en la que yo estaré al frente, es una batalla que debemos librar y que unidos los mexicanos vamos a ganar a la delincuencia”. “Presidente Calderón: discurso completo en el auditorio”, El Universal (1 de diciembre, 2006).
8 Carlos Silva Forné, Catalina Pérez Correa y Rodrigo Gutiérrez Rivas, “Índice de letalidad 2008-2014: menos enfrentamientos, misma letalidad, más opacidad”, Perfiles Latinoamericanos (25.50. Flacso México, pp. 331-359, p. 334).
9 Daniela Rea, Mónica González y Pablo Ferri, Cadena de mando (cadenademando.org.).
10 “El Senado aprueba por unanimidad la creación de la Guardia Nacional con mando civil”, Animal Político (21 de febrero, 2019).
11 Andrés Manuel López Obrador, “Plan nacional de paz y seguridad. 2018-2024”, Transición.mx, 2018.
12  Idem, pp. 8-9.
13  “El próximo gobierno planteará a la ONU despenalizar drogas: Sánchez Cordero”, Proceso (22 de agosto, 2018).
14 Dennis A. García y Fabiola Martínez, “Cesará persecución a consumidores de droga: Durazo Montaño”, La Jornada (25 de enero, 2019).
15 Rubén Mosso y Jannet López, “Ya no hay guerra: AMLO”, Milenio (31 de enero, 2019).
16 Jorge Volpi, “Civil”, Reforma (23 de febrero, 2019).
17  Germán López, “American police shoot and kill far more people than their peers in other countries”, Vox (14 de noviembre, 2018).
18 Étienne Balibar, Politics and the Other Scene (New Yok: Verso, 2002, p. 6).

AMLO y la leyenda del Rey Canuto

Dolia Estévez

Washington, D.C.— Andrés Manuel López Obrador me hace recordar al Rey Canuto, el Príncipe de los Mares, quien según la leyenda promulgó una ley para regular el movimiento de las mareas y tratar luego de detenerlas alzando su mano sobre las olas. “…Ordeno al mar que no toque el borde de mi túnica”, dijo, y con firmeza plantó el trono en la orilla del mar, y se sentó. Una ola llegó y mojó su túnica. “El mar no me obedece. El mar obedece sólo a Dios, como lo hace el sol, la luna y las estrellas,” exclamó. 
López Obrador no puede alzar su mano sobre las olas del neoliberalismo y hacer que la marea arrase los cimientos sobre los que está sólidamente cimentada la economía mexicana. Por lo tanto, su edicto de abolición del modelo neoliberal–que dio a conocer en un acto protocolario en Palacio Nacional el domingo–debe entenderse más como un intento por ganar la narrativa evocando un epíteto que enarboló la izquierda para descalificar a sus adversarios políticos en los noventa y menos como una declaración vinculante. Si fuera algo más que retórica, hubiera validado el anuncio con un plan para nacionalizar la banca nacional en manos de extranjeros. Cuando México liberalizó los servicios financieros en 1993 en preparación a la entrada en vigencia del TLCAN salinista, la propiedad extranjera de los bancos aumentó en 85 por ciento en 10 años, pero los prestamos a las empresas mexicanas cayeron 10 por ciento del PIB. Actualmente, los capitales extranjeros son dueños de casi todos los bancos. Al vendérselos a Wall Street, México perdió la capacidad de decidir sus finanzas y su balanza de pago. Renunció a su derecho soberano a decidir el modelo económico a seguir.

Si fuera algo más que retórica, AMLO también hubiera anunciado el retiro de México del recién renegociado TMEC que encarna el neoliberalismo económico y el capitalismo de libre mercado que paradójicamente pretende rescindir. Una de las metas prioritarias del Gobierno es lograr la ratificación en el Senado de Estados Unidos de dicho proyecto neoliberal. Si, como dicen los críticos, el libre comercio devastó el campo mexicano y amplió la brecha entre ricos y pobres, entonces su incondicional respaldo al TMEC es incompatible con sus políticas de bienestar para los trabajadores y mayor equidad en el ingreso.

“Me parece que está haciendo una declaración política—enviando un mensaje a sus simpatizantes más fervientes”, me dijo Michael Schifter, Presidente del Diálogo Interamericano, “no basta con decirlo para que suceda. El neoliberalismo se ha vuelto el grito de guerra y una palabra en código para describir todos los males del capitalismo. A estas alturas no tiene mucho significado”.

En términos similares se expresó Tony Payan, Director del Centro México del Instituto para Políticas Públicas James A. Baker III de la Universidad de Rice. “Ningún ‘-ismo’ se declara vivo o muerto. Es una estrategia meramente retórica y no ayuda a nada. Los verdaderos cambios, o son revolucionarios–algo que no veo aquí–o son evolucionarios. Es decir, se dan con el tiempo y paulatinamente, conforme se integran políticas públicas que tienen proponentes y detractores”. Payan advierte que cambiar un sistema económico significa “trastocar muchos intereses y las alternativas son: o se negocia con los detractores o se les reprime. Aquí hay tentaciones que van más allá de la retórica.”

Payan ve otra riesgo en el mensaje de López Obrador contra el neoliberalismo: pensar que sólo el Gobierno puede producir crecimiento y que la iniciativa privada—donde están los personajes centrales del neoliberalismo–no puede contribuir al crecimiento. “La experiencia histórica, sin embargo, nos enseña que el mejor modelo de crecimiento, y el más justo, es uno en donde la iniciativa privada hace su trabajo, es decir, invierte en la economía y crea empleos, y el Gobierno hace el suyo, es decir, regula el mercado, desmantela los monopolios y los oligopolios, provee los bienes que la iniciativa privada no puede o no quiere, e implementa políticas fiscales que redundan en una redistribución de la riqueza nacional. Reconvertir al Estado en inversor, productor, distribuidor, consumidor, patrón y empleador es algo que ya sucedió en el Siglo XX y que no ha funcionado”. Payan reconoce que el neoliberalismo falló. Sin embargo, matiza “el neoliberalismo es el ejercicio excesivo de la libertad económica, sobre todas las otras libertadas y sobre la justicia misma. Pero pretender contraponer al Estado, o una economía dirigista, como alternativa al liberalismo equilibrado, me parece que es un retroceso”.

En diciembre, durante su discurso inaugural, AMLO culpó a las “políticas neoliberales” por los males de México y acusó a los gobiernos del “periodo neoliberal” de cumplir las “recetas que enviaban desde el extranjero”, presuntamente Wall Street y el FMI donde, denunció, “se definía la agenda nacional y se imponían las políticas públicas…”. Creer que todo se nos impone desde fuera puede ser un espejismo. Carlos Salinas de Gortari, el padre del neoliberalismo criollo, fue quien despachó a José Córdoba Montoya a Washington a suplicarle a George Bush padre negociar el TLCAN. “Fueron políticas impulsadas por los mexicanos, no al revés”, me dijo Shannon O’Neil, especialista sobre México en el Consejo de Relaciones Exteriores.

La Guardia Nacional, un grave retroceso

Elisur Arteaga Nava


CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Se ha presentado ante el Congreso de la Unión una iniciativa para reformar algunos artículos de la Constitución Política relacionados con la Guardia Nacional. Es la primera. Se anuncia otra con el fin de cambiar el artículo 19.

El nuevo gobierno, a pesar de haber estado unos 40 días en el poder, ya incurrió en los vicios de los anteriores. Tres de ellos son graves: uno, el de reformar la Constitución una y otra vez; el otro, utilizar a las Fuerzas Armadas para “combatir” a la delincuencia, y el último, proponer la desaparición de la Guardia Nacional como una institución ciudadana y convertirla en un apéndice del Ejército y de la Armada de México.

Se pretende pacificar el país, restablecer el orden y el respeto a la ley, a base de reiterar fórmulas que no dieron resultado en el pasado y que, en cambio, derivaron en agravios de la sociedad, en demérito del estado de derecho y sacrificio de la sociedad civil.

El militarismo que prevaleció en buena parte del siglo XIX y en los inicios del XX llevó a los constituyentes de 1917 a someter las Fuerzas Armadas a la autoridad civil, a excluirlas de la política activa y a salvaguardar de la acción de los militares a los particulares.

A ninguna otra institución le han sido impuestas más limitantes que a las Fuerzas Armadas. Lo hicieron tanto los constituyentes de 1857 como el de 1917. El primer jefe Carranza fue el más acérrimo adversario de los militares; a pesar de ser jefe del Ejército Constitucionalista, nunca aceptó ostentar un grado militar. Tenía sobradas razones para desconfiar de ellos: Victoriano Huerta y otros generales habían acabado con Madero, Pino Suárez y muchos más. Los casos de Veracruz en 1879, y posteriormente los de Huitzilac, Tlatelolco, Tlatlaya y otros son ejemplos que pondrían sobre aviso a cualquiera.

La Constitución Política prevé la existencia y el funcionamiento de la Guardia Nacional; dispone que debe existir en forma paralela al ejército regular, estar conformada por civiles armados y disciplinados. También dispone que son los miembros de ella los que deben elegir a sus jefes y oficiales en forma democrática; los gobernadores de las entidades son los responsables de instruirla y, llegado el caso, de disponer de ella para hacer frente a los problemas de violencia que superen a la policía preventiva, al Ministerio Público y a la policía ministerial.

En el fondo, la existencia de la Guardia Nacional se previó con el fin de neutralizar al ejército regular. En el pasado gente ignorante de la historia, para hacer frente a un problema de delincuencia, en forma irresponsable sacó al ejército de sus cuarteles. Lo hizo en contra de lo dispuesto por el texto constitucional. La actual administración quiere ir más allá: para hacer frente a un problema transitorio, se propone suprimir de manera permanente el marco constitucional civilista, someter la Guardia Nacional a las autoridades militares y dar base jurídica para que éstos asuman de manera permanente la función de perseguir a los delincuentes.

Es torpe destruir instituciones, aunque sean teóricas, para ver qué pasa. Es impolítico, sin existir necesidad, ponerse en manos de alguien que pudiera salir de control. No es aconsejable encender un cerillo para ver cuánta gasolina tiene un depósito.

La Constitución cuenta con los instrumentos para hacer frente a fenómenos políticos para los cuales las instituciones regulares se muestran incapaces. El presidente Juárez, en su momento, no dudó en recurrir al artículo 29 para suspender los derechos y garantías y asumir el ejercicio de facultades extraordinarias. Mediante ellas salvó la República y la independencia nacional.

México está urgido de un nuevo Juárez, de contar con un dirigente que con altura de miras y valor lo salve de la delincuencia generalizada, la anarquía y la corrupción. No necesita un Victoriano Huerta.

En un Estado gobernado por civiles es peligroso sacar al ejército y los tanques a la calle; la experiencia ha demostrado, en México y América Latina, que una vez que salen de sus cuarteles, por estar obligados a mirar siempre al frente, olvidan el camino de regreso; desconocen su sumisión a sus jefes civiles y pasan por alto el respeto a las leyes.

Victoriano Huerta esperó la oportunidad para traicionar a las autoridades civiles; con la reforma que se propone, sus promotores están dando a los militares la oportunidad de volver a hacerlo.

Respecto de la iniciativa de reformas a la Constitución se presentan varias opciones:

La primera, que se acepte la propuesta en sus términos, lo que implicará la desaparición permanente de la institución civilista llamada Guardia Nacional y que, bajo el mismo nombre, se dé origen a un apéndice de las Fuerzas Armadas para realizar funciones que no tienen exacta conexión con la disciplina militar, en violación del sentido del actual artículo 129 constitucional.

De aprobarse en sus términos, con la reforma se eliminarían algunos aciertos que existen en los textos vigentes; también se quedaría corta porque no eliminaría los vicios que se observan en esos mismos textos; entre otros los siguientes:

De conformidad con la fracción III del artículo 31 constitucional, la Guardia Nacional tiene por objeto “asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden interior”.

Por virtud de la reforma desaparecerían del texto constitucional los fines, por demás encomiables, que por ese mandamiento debe tener la Guardia Nacional.
Por otra parte, se propone reformar la fracción XV del artículo 73 constitucional, pero existe incongruencia entre el texto de la reforma y la exposición de motivos. En la propuesta se propone facultar al Congreso de la Unión “para expedir leyes que reglamenten la organización…”.

En cambio, en la exposición de motivos se alude a que “dispone como facultad del Congreso la de expedir la ley relativa al ámbito de actuación y el diseño organizativo de la Guardia Nacional. Dicha ley establecerá además …”.

En este caso lo correcto y adecuado sería aludir a una sola ley, tal como se hace en la fracción XXIX H del propio artículo 73: “Para expedir la ley que instituya el Tribunal…”.

La fracción XV pudiera quedar de la siguiente manera:

“XV. Para expedir la ley que regule la existencia, organización, funcionamiento, atribuciones, disciplina, profesionalización y uso de la Guardia Nacional”.
En la iniciativa se propone modificar la fracción VII del artículo 89; esta parte del proyecto atenta contra la autonomía de las entidades federativas y rompe con el sistema de distribución de facultades previsto en la Constitución. Es el más defectuoso de la iniciativa.

De conformidad con los artículos 21 y 124 constitucionales, la seguridad interior de las entidades federativas es una función que se han reservado ellas y la ejercen como una característica de su autonomía.

Por virtud de los principios que regulan el Pacto Federal (artículos 39, 40 y 41 constitucionales) y de lo dispuesto por el artículo 121 de la Carta Magna, los poderes y autoridades de las entidades federativas únicamente pueden actuar dentro de sus límites territoriales. Ciertamente, en ejercicio de la atribución de perseguir a delincuentes sorprendidos in fraganti, pueden rebasar los límites de su entidad, pero esto es excepcional.

Del texto del proyecto parece desprenderse que, por una orden de la dependencia correspondiente, la policía auxiliar de una entidad podrá operar fuera de los límites territoriales de cada entidad. Lo anterior atenta contra lo dispuesto por el Pacto Federal y los artículos 119 y 121 constitucionales.

También sería contrario a los principios que regulan el Pacto Federal el confiar a una “dependencia” la facultad de ordenar, disponer y reglamentar a la policía auxiliar. Organizar esta policía es una facultad que corresponde a las legislaturas de las entidades, que lo hacen a través de una ley. Los reglamentos locales son los que determinan la disciplina y mandos de esos cuerpos de policía.

Las facultades de ordenar y reglamentar han sido confiadas, por regla general, al presidente de la República (artículos 89, fracción I y 92). Cuando se trata de coordinar una actividad entre la Federación y las entidades, ello siempre se hace a través de una ley que da el Congreso de la Unión.

En la iniciativa, en forma por demás defectuosa, se prevé la posibilidad de que lo haga “la dependencia correspondiente”.

En el caso la exposición de motivos, a base de repetir el texto del proyecto, más que aclarar la intención de la reforma la hace confusa.

De insistirse en que se apruebe la reforma pese a sus múltiples vicios y defectos, habría que afinar la iniciativa y, en lo posible, eliminar los defectos técnicos y de redacción. El proyecto, en general, es defectuoso. El manejo del español y de la gramática no es el fuerte de sus autores. Sólo ellos fueron capaces de redactar lo siguiente:

Artículo 16 constitucional: “Los detenidos deberán ser puestos a disposición, sin demora, exclusivamente ante autoridades de carácter civil. En todos los casos, existirá un registro inmediato de la detención.”

Tan fácil hubiera sido disponer, por ejemplo:

“Sin demora los detenidos deben ser puestos a disposición de las autoridades civiles competentes. En todos los casos se llevará un registro de la detención.”
Artículo 21 del proyecto: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, las policías y la Guardia Nacional, las cuales actuarán bajo la conducción jurídica del primero en el ejercicio de esta función.”

El precepto podría quedar más claro, por ejemplo, con la siguiente fórmula:

“La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional; éstas, en el ejercicio de sus funciones, actuarán bajo la conducción jurídica del Ministerio Público.”

El vínculo que une a un individuo con las Fuerzas Armadas es indisoluble; sólo termina con la muerte. Alguien que ha sido dado de baja siempre puede ser llamado a filas. Por ello, disponer que para ser jefe de la Guardia Nacional sea requisito no pertenecer a las Fuerzas Armadas al momento de la designación, no es ninguna garantía. Se correrá el riesgo de actuar en fraude a la ley al acordar la baja de un militar en activo únicamente con el propósito de eludir una supuesta limitante. Habrá que evitarlo. La solución apunta en el sentido de que en la fracción XIV del artículo 73, que pretende reformarse, se incluya una cláusula en los siguientes términos:

“Art. 73, frac. XV: Para ser jefe de la Guardia Nacional se requiere ser mexicano por nacimiento, en pleno uso de sus derechos, con una edad mínima de treinta y cinco años y no haber pertenecido al Ejército, Marina o Fuerza Aérea.”

Existe una diferencia entre lo que es un estado de derecho auténtico y otro que no lo es: en el primero existe, como virtud, el buscar cumplir la ley y como vicio el eludirla; en la segunda clase, es un vicio cumplir la ley y una virtud el buscar cómo no cumplirla. No convirtamos en vicio lo que debe ser virtud.

En materias tan delicadas no es aconsejable precipitarse. Lo ideal sería que la reforma no pasara. Si se insiste en que siga adelante habrá que cambiar la iniciativa en el fondo y la forma. Sería deseable que los legisladores de oposición frenen el intento de militarizar el país o se esfuercen en corregir la iniciativa. Pero no hay muchas esperanzas: los partidos a los que representan, en los hechos militarizaron anteriormente el país.
 
* Profesor de derecho constitucional por más de 50 años y autor de un tratado en la materia en cuatro tomos