El 30 de diciembre de 2013, en vísperas de que se cumplieran 20
años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
el entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE,
el sindicato de la plutocracia), Gerardo Gutiérrez Candiani,
demandó un TLCAN plus en el espacio geopolítico que
abarca a Canadá, Estados Unidos (EU) y México. El régimen de
Enrique Peña Nieto y los legisladores del Pacto por México (PRI,
Verde, PAN, PRD) habían aprobado varias iniciativas del paquete
de contrarreformas neoliberales de cuarta generación, y como
vocero de la clase capitalista trasnacional, Gutiérrez Candiani
dijo que dada la revolución energética que vivían EU y
Canadá, México debía entrar en sinergia con sus dos
socios (abismalmente asimétricos), y para ello había que mejorar
la interconexión eléctrica y de ductos; avanzar en el
reconocimiento de normas técnicas, ventanas especiales y trato
preferencial recíproco entre agencias de comercio de los tres
países; invertir en infraestructura y agilizar el transporte
terrestre, marítimo y aéreo.
En la coyuntura, cuando amparadas en cláusulas de
confidencialidad y bajo el signo de la opacidad se llevan a cabo
las negociaciones para la modernización del tratado, un
tema neurálgico ocultado a la opinión pública es la apertura de
un nuevo capítulo de lo que llaman la seguridad energética e
independencia de Norteamérica. El TLCAN plus, pues, como
integración vertical espacial-geográfica de México a EU.
Trascendió que en las primeras dos rondas celebradas en
Washington y Ciudad de México no se incluyó el tema de la
energía (petróleo, gas natural, minería, agua, electricidad),
porque los representantes de las corporaciones trasnacionales
del sector, que cabildean en el llamado cuarto de junto
los contenidos que aprobarán los negociadores oficiales
de los tres países, no han encontrado la forma de asegurar
−ante un probable cambio de gobierno en México tras los comicios
de julio de 2018− que se protejan las inversiones de
firmas como Exxon Mobil, Chevron Texaco, British Petroleum,
Sempra Energy (y su subsidiaria mexicana Ienova, de Carlos Ruiz
Sacristán), Halliburton, Shell, Total, Repsol, el grupo aurífero
canadiense Goldcorp, Sierra&Gas (ligada a Carlos Salinas de
Gortari), Grupo Carso Oil&Gas y Minería Frisco (Carlos
Slim), Grupo México (Germán Larrea), Petrobal y Grupo Peñoles
(Alberto Baillères), Evercore (Pedro Aspe), Monterra Energy/KKR
(Luis Téllez), las españolas Gas Natural, Fenosa e Iberdrola y
las financieras First Reserve y Black Rock (el fondo de capital
privado más grande del mundo), y que no se modifique la
contrarreforma energética alcanzada por Peña Nieto y el Pacto
por México en 2015.
Esos objetivos, que profundizarán la ruta de la sumisión y la
entrega iniciada por el colaboracionista Carlos Salinas de
Gortari en 1992, con la contrarreforma al artículo 27
constitucional (en materia de minería y el régimen de tenencia
de la tierra), integran el plan A de los
quintacolumnistas locales Ildefonso Guajardo (Economía), Luis
Videgaray (cancillería), Juan Carlos Baker (comercio exterior),
Kenneth Smith (jefe de negociación técnica), Salvador Behar
(jefe negociador adjunto), Juan Pablo Castañón (CCE), Valentín
Diez Morodo (Comce), Moisés Kalach (coordinador general de
rondas de negociación) y Eugenio Salinas (coordinador del
secretariado técnico del cuarto de junto).
Vinculado con lo anterior −y como aspecto fundamental de los
mecanismos inductores de la última fase de la desnacionalización
integral de México, ahora en su versión TLCAN 2.0−, desde su
toma de posesión Enrique Peña Nieto había echado a andar el
proyecto de las zonas económicas especiales (ZEE), contenido en su
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Desde entonces, la multiplicación de megaproyectos que enlazan a
los sectores de los hidrocarburos, minero/extractivista y de la
electricidad con maquiladoras y ensambladoras a gran escala,
agroindustrias de monocultivos, laboratorios y empresas para la
manufactura y transformación de todo tipo de materias primas en clústers
o parques industriales en el corredor industrial interoceánico del
Istmo de Tehuantepec, ha venido avanzando en su parte formal/legal
(la constitucionalización de los intereses corporativos
trasnacionales), lo que profundizará el modelo de México como
país maquilador dependiente y subordinado a Estados Unidos.
En realidad, bajo la máxima de los neoliberales domésticos de privatizar
para desnacionalizar y recolonizar, la infraestructura para
la desposesión y el despojo de tierras y recursos geoestratégicos
fue diseñada desde el sexenio de Ernesto Zedillo. De la mano de un
equipo de neoporfiristas dirigido por el secretario de
Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán (el mismo que
vía el sistema de la puerta giratoria representa hoy los
intereses de Sempra Energy, por conducto de su subsidiaria
Ienova), Zedillo, el privatizador de los ferrocarriles y de las
redes de comunicación terrestres y aeroportuarias, lanzó el
Megaproyecto Integral del Istmo de Tehuantepec, que, retomado
ahora por Peña Nieto, busca comunicar y/o articular dos masas de
agua (los océanos Atlántico y Pacífico), a través de los nodos
conformados por los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, en un
polígono (espacio físico interno) que abarca los estados de
Veracruz y Oaxaca, con el objetivo principal de conectar a la
parte este de Estados Unidos con el mercado del Asia/ Pacífico
(Japón, China, Malasia, Vietnam, Corea del Sur), centro del
comercio mundial.
Otros dos puntos clave, definidos como ZEE en función de su
posición geopolítica y al servicio de una economía de enclave en
el contexto de la territorialización de la contrarreforma
energética, son los puertos de Lázaro Cárdenas, con proyección a
los municipios colindantes de la Tierra Caliente y la Costa Grande
de Michoacán y Guerrero, y Puerto Chiapas, en el municipio de
Tapachula, como punto intermedio de un área geográfica que
enlazará Salina Cruz con Guatemala.
Este 14 de septiembre se cumplirán
170 años de un hecho tan oprobioso como desconocido en la historia de
nuestra patria, cuando un destacamento de avanzada de soldados
estadunidenses, a las órdenes del general John Quitman, se posesiona de
Palacio Nacional, en las primeras horas de la mañana, y enarbola en su
astil central la bandera de las barras y estrellas, después de que,
según Guillermo Prieto, un disparo solitario había segado la vida del
primer soldado enemigo que había intentado izar el pabellón extranjero. (Memorias de mis tiempos,
Editorial Patria, México, 1948, T.II, p. 173) Alrededor de las nueve de
la mañana del mismo día, las tropas enemigas en su conjunto hacen su
entrada al centro de la ciudad. A la vista de la soldadesca, de los
considerados ya en 1824 por el general mexicano José María Tornel, como barbaros del norte,
el pueblo comienza a reunirse en grupos y a organizarse
espontáneamente: de balcones, azoteas, bocacalles y plazuelas, parten
los primeros disparos contra la vanguardia del general William J. Worth,
iniciándose una resistencia desesperada de los patriotas mexicanos que
debía durar hasta la noche del día siguiente.
La mayoría de las
fuentes bibliográficas estadunidenses, repitiendo lo sostenido por el
general en jefe Winfield Scott en su informe al secretario de Guerra de
su país del 18 de septiembre de 1847, afirma que la resistencia popular
que se inició el 14 de septiembre, fue obra de los leperos y de convictos excarcelados por las autoridades mexicanas, mientras numerosos testimonios de autores mexicanos refutan semejante infundio. José María Roa Bárcenas, en su libro Recuerdos de la invasión norteamericana
(1846-1848), por un joven de entonces, afirma que: “posible y probable,
en momentos de confusión y desorden, se evadieron algunos criminales,
creíble es que hayan tratado de ponerse en salvo antes que pelear con el
extranjero. Lo cierto es que las nuevas hostilidades provinieron de la
parte resuelta y belicosa del vecindario…” (Edición de 1887, tomo III,
p. 141). El relato de un testigo y participante activo de los hechos de
estos dos días, contradice también la versión de Scott: Vi corriendo
en tropel por la calle, con dirección a la esquina de la Amargura, un
pelotón de hombres armados y a cuya cabeza iba un fraile, montado en un
brioso caballo, con sus hábitos arremangados y sosteniendo en sus manos
nuestro pabellón de las Tres Garantías. El fraile influía aliento e
inspiraba entusiasmo a los gritos de ¡Viva México y mueran los yanquis!
Así es que los hombres que en el zaguán había, abandonaron éste para
unirse al grupo de patriotas, y yo con ellos. (Citado por Guillermo Vigil y Robles. La invasión de México por los Estados Unidos en los años 1846-1847-1848. México, 1923, p. 78) El mismo testigo sigue narrando: Un
cuerpo de la división Worth que se había posesionado del edificio de
Minería fue hostilizado desde las azoteas del hospital y torres del
templo de San Andrés. Los proyectiles de los mexicanos se cruzaban sin
cesar con los de los invasores, y cuando estos avanzaban hasta ponerse
bajo los muros de los edificios recibían una lluvia de piedras, macetas y
cuantos objetos hallaban a mano los defensores, quienes eran individuos
del cuerpo de Guardia Nacional Hidalgo, algunos practicantes que,
andando el tiempo, fueron médicos distinguidos. (Ibíd., p.
79) Naturalmente, para el jefe de un ejército extranjero que lleva
adelante una guerra de agresión y conquista, es necesario denigrar la
resistencia popular que encuentra a su paso. Scott no fue una excepción,
como no lo fue su conducta brutal en la represión de este movimiento de
pobladores de la Ciudad de México. La desigual contienda se prolonga
por horas, cayendo numerosas víctimas por parte del pueblo; se combate
con entusiasmo aunque sin plan, sin orden, sin auxilio, sin ningún
elemento que prometiera un buen resultado; pero lucha sin embargo,
terrible y digna de memoria. El ejército de Estados Unidos responde a esta postrer
resistencia popular con métodos que casi un siglo después serían de uso
familiar para las tropas nazis que suprimieron las insurrecciones
populares de muchas ciudades de Europa: se ordena derribar con
artillería la casa de donde se dispare un tiro y dar muerte a todos sus
habitantes, se fusila a los patriotas en el terreno de lucha, se irrumpe
en las casa derribando puertas y se asesina a familias enteras. En la
mañana del día 15 de septiembre, cuando toda resistencia parecía haber
terminado, se reinician los combates por toda la ciudad y se realizan
nuevos actos de represión, jurando Scott, esta vez, con volar la manzana
desde la cual fuera disparado un tiro contra sus tropas. Al caer la
tarde, agotadas las municiones, con cientos de bajas y heridos, sin
esperanza de auxilio por parte del ejército regular mexicano, que había
abandonado a su suerte a los habitantes de la ciudad en la noche del 13
de septiembre, la espontánea insurrección popular termina, ante la
superioridad de la respuesta enemiga, lo insostenible de la situación y
el desmoralizador espectáculo de la colaboración abierta con los
invasores del ayuntamiento de la ciudad y los sectores acomodados que se
habían opuesto activamente a la insurrección. Como ocurrió a lo largo
de esta guerra de conquista, la clase dominante mexicana traicionó el
denodado aliento supremo del pueblo por dejar constancia ante las
generaciones que vendrían, de que la capital de un país débil y dividido
había caído frente a la agresión extranjera, sólo a costa de quienes
habían sacrificado sus vidas por defenderla.
¿Cuál puede ser el
interés en recordar este episodio de resistencia popular,
intencionalmente olvidado por la historiografía oficial? El tema es
trascendente no sólo porque es necesario fortalecer nuestra conciencia
nacional a partir del estudio de nuestra historia, sin distorsiones de
clase, particularmente, el análisis de lo que para los mexicanos ha
significado y significa el imperialismo estadunidense, ya que las
condiciones del conflicto histórico entre México y Estados Unidos siguen
vigentes. También, porque, hoy como ayer, la clase dominante traiciona
el interés nacional frente a Estados Unidos. Los colaboracionistas de
ayer se dan la mano con los colaboracionistas de hoy.
¿No será
que la bandera de las barras y estrellas ondea nuevamente en Palacio
Nacional, y el fantasma encarnado de Antonio López de Santa Anna recorre
sus oficinas, salones y balcones?
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el inicio del periodo más delicado
de la sucesión presidencial, los escenarios para el 2018 se le
descomponen al primer mandatario. Todo parece indicar que al
primer y último presidente del Grupo Atlacomulco le interesa más
definir quién le garantizará la protección transexenal y no quién
podrá mantener al PRI en la presidencia de la República.
Para lograrlo, está dispuesto lo mismo a sacrificar a su propio
partido que a establecer una alianza con su antecesor Felipe
Calderón o con quien le garantice lo mismo que él hizo con Arturo
Montiel: la impunidad real.
La crisis derivada por la designación de un Fiscal General de la
República transexenal sólo revela lo profundo de las divisiones y
fracturas al interior del bloque peñista, de sus exaliados
(incluyendo a los empresarios y organizaciones que siguen a
Claudio X. González), de los panistas que habían apoyado a Peña
Nieto en el Pacto por México y de los perredistas que enfrentan
con poca dignidad el desfondamiento de su partido ante la
imparable “cargada” hacia Morena y hacia Andrés Manuel López
Obrador, como se demostró este domingo 3 de septiembre.
El nombre de la crisis no es Raúl Cervantes Andrade. El actual
procurador general de la República ya era una pieza intercambiable
como fiscal general transexenal desde que el escándalo Odebrecht
demostró lo profundo de la corrupción entre los gobiernos de
Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, ambos involucrados en
esta red trasnacional de sobornos, así como otros expedientes que
entrelazan a ambos mandatarios.
El nombre de la crisis es el “pase automático” hacia la
construcción de un Fiscal General controlado por el peñismo. Ni
los organismos empresariales, ni las organizaciones civiles
firmantes del desplegado #PorUnaFiscalíaQueSirva, ni la corriente
articulada en torno al lópezobradorismo aceptarán ningún pase
automático. En otras palabras, están vetando una propuesta que
surja de Los Pinos sin el consenso de otras fuerzas.
El último golpe mediático contra Raúl Cervantes se lo dio
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. La revelación del
domicilio falso para documentar la propiedad de un Ferrari
demostró las mañas y las manías propias de un abogado que debiera
ser un auténtico cazador de corruptelas grandes y pequeñas y no
parte de las sospechas. Cervantes forma parte, además, de un
triángulo de poder familiar que no cuenta con el respaldo de los
otros grupos priistas: el formado por sus primos Humberto
Castillejos Cervantes, exconsejero jurídico de Los Pinos, y por
Alfredo Castillo Cervantes.
Lo difícil en estos momentos de fracturas parlamentarias es
lograr la mayoría calificada (dos terceras partes) para realizar
la última reforma constitucional necesaria del sexenio: eliminar
el transitorio décimo sexto del artículo 102 constitucional (el
“pase automático”), así como redactar la ley de la fiscalía
general que deberá aterrizar sus funciones y los alcances de sus
dos fiscalías: la de delitos electorales (FEPADE) y la de
Anticorrupción.
Paradójicamente, Peña Nieto quiso lograr lo que Javier Duarte
consiguió antes de salir prófugo del país: nombrar un fiscal a
modo que le cubra las espaldas, y las consecuencias en ambos están
a la vista.
La paranoia peñista ha generado una profunda crisis coyuntural.
El dirigente panista Ricardo Anaya capitalizó la incertidumbre y
decidió encarecer su apoyo al gobierno federal, después de las
crisis poselectorales del Estado de México y de Coahuila, para
relanzar su candidatura.
El PRI y Peña Nieto decidieron endurecerse y las consecuencias se
vivieron en estos últimos días: se fracturó el PAN en el Senado y
la elección de Ernesto Cordero como presidente de la Mesa
Directiva ha degenerado en una crisis constitucional en la Cámara
de Diputados que no han podido instalar su Mesa Directiva.
La alianza de facto que el peñismo ha decidido
emprender con el calderonismo provocará una peligrosa polarización
no sólo en el PAN sino en el propio PRI. Si el nombre del
“protector” transexenal es José Antonio Meade –apoyado por Roberto
Gil Zuarth y Ernesto Cordero, los mismos calderonistas que crearon
la fractura en el Senado- las consecuencias serán muy graves en el
partido gobernante.
Al no tener claro quién será el candidato del PRI en el 2018, la
incertidumbre se ha trasladado a los dos partidos que acompañaron
al peñismo en el Pacto por México: el PRD y el PAN. Esta situación
ha beneficiado más al único personaje que tiene hasta ahora el
veto político de Peña Nieto para ser su sucesor en el 2018: el
exjefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador.
Este martes 5 de septiembre, en conferencia realizada en
Washington, el dirigente y candidato presidencial Andrés Manuel
López Obrador dejó muy claro que sí Peña Nieto impone al actual
procurador general como fiscal transexenal, él pedirá al Congreso
cambiar la ley para removerlo.
“Si se impone, esto va a ser motivo para llamar a que se tenga
mayoría en el Congreso, modificar la ley y remover al fiscal”,
afirmó López Obrador. Y “destapó” a Tatiana Clouthier, exdiputada
federal del PAN e hija del excandidato presidencial blanquiazul de
1988, como su propuesta para fiscal general porque “es honesta,
íntegra e independiente”.
Una vez más, López Obrador podría marcar la agenda en este tema,
mientras el PRI en el Senado no toma una posición clara respecto
al tema del fiscal, los cinco senadores panistas también se
desmarcan del “Fiscal carnal” y Peña Nieto aún pretende deshojar
una margarita para definir quién será su sucesor.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante décadas, la familia de los Claudios
fue indisoluble con el poder político. El padre, Claudio X. González
Laporte ha sido pilar en la consolidación del modelo de liberalización
económica acelerado por Carlos Salinas, de quien fue asesor para asuntos
empresariales.
Su influencia como presidente de lo que fue el Consejo Mexicano de
Hombres de Negocios, la élite de la élite empresarial ahora llamado
Consejo Mexicano de Negocios, lo ha convertido a pulso en un ideólogo de
los empresarios.
Ha sido un entusiasta promotor de la alternancia entre el PRI y el
PAN en la Presidencia de la República, y del grupo de altos funcionarios
que lo mismo han servido a los gobiernos de un partido que del otro.
Hasta ahí nada nuevo en la relación entre el gran empresariado y el
poder político. Desde el régimen autoritario del PRI del siglo pasado,
los empresarios se amoldaron al viejo sistema y su economía cerrada aun
cuando tuvieran enfrentamientos con Los Pinos, como en la época de Luis
Echeverría y José López Portillo, en los años setenta y principios de
los ochenta.
Pero nada como la confrontación de fondo que ahora tiene la familia
del presidente de Kimberly Clark en México, exconsejero de Televisa y
asesor de múltiples empresas e iniciativas con la presidencia de Enrique
Peña Nieto.
Esta vez, la batalla es más que coyuntural. Claudio X. González
Guajardo, quien durante dos décadas se ha dedicado a promover agendas
específicas a través de fundaciones, que han gozado de beneficios
fiscales, ha logrado dar el salto de la élite económica heredada de su
padre al terreno de la sociedad civil.
Su graduación como activista social se la otorgó hace unos días el diario The New York Times, cuando publicó una alegada persecución a la que estaría sujeto por parte del presidente Enrique Peña Nieto.
Después de impulsar desde los gobiernos del PAN la reforma educativa,
desde el año pasado González Guajardo encabeza un sólido proyecto de
agenda pública que va más allá del gobierno de Peña, cuya marca de por
sí ha sido la de la corrupción.
A través de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad, el empresario ha logrado establecer la agenda pública ante
las demandas de transparencia y rendición de cuentas, sin las cuales es
imposible la existencia de un Estado democrático moderno.
Auténticas, tales exigencias parecen ser ahora un ariete de un
proyecto empresarial que le ha causado graves daños a la imagen del
gobierno y sus colaboradores, incluida la excandidata presidencial del
PAN y al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota.
De ahí los escándalos que ha documentado sobre la corrupción,
principalmente del gobierno federal. El más reciente, el Ferrari hasta
ahora desconocido del aspirante a fiscal general de la República, Raúl
Cervantes.
Todo lo que abone a la transparencia y a un esperado castigo de la
cleptocracia en México es bienvenido periodística y socialmente. Pero
una pregunta válida es hasta dónde quiere llegar la familia de Claudio
X. González con la gran cantidad de información que posee sobre las
élites políticas y económicas del país.
Las conclusiones de las calificadoras de riesgo-país poco tienen que
ver con criterios económicos. Han demostrado que sus calificaciones no
se basan en criterios científicos. Generalmente, tienen un fin político y
especulan para obtener ganancias injustificadas
Alarma en los mercados financieros: Standard and Poor’s (S&P)
rebaja calificación de riesgo para Chile por primera vez en 25 años.
¿Dónde vamos a parar? ¿Es grave, doctor? ¿Tiene cura? Remedio, digo,
visto que la calidad de clérigo es terminal… Eso depende. ¿De qué? De la
idea que se haga de las agencias de calificación de riesgo y su ciencia
infusa. Para comenzar, ¿sabe qué es una agencia de calificación de
riesgo? ¿No? Ya le diremos.
Allá por el siglo XIII las técnicas de la incipiente “comunidad
financiera” habían adquirido un pronunciado color a tinta china. La
Iglesia Católica fue, al menos parcialmente, responsable de la opacidad
que cubrió la actividad de los bancos: la Iglesia condenaba el préstamo
con intereses; o sea, el crédito especulativo. El Concilio de Letrán
(1179) reforzó las sanciones canónicas contra los usureros laicos. El
Concilio de Viena (1311) declaró herético a todo aquel que negase que la
usura es un pecado. En esos años, un “herético” era un tipo que
difícilmente llegaba a la tercera edad.
La Inquisición sólo tenía que elegir el método de tortura y el modo
de cocción, visto que al herético podían asarlo a la parrilla, freírlo
en aceite o hervirlo en agua clara. Esta última práctica conoció una
divertida variante: o bien te echaban al agua fría que, con la hoguera
abajo, se calentaba gradualmente hasta hervir, o bien te zambullían en
la marmita con el agua ya hirviendo.
Para los cristianos del siglo XIII hervir al prójimo estaba lejos de
ser una novedad. Si bien mis fuentes no precisan si se tomaban la sopa,
señalan sin embargo que Constantino, emperador romano convertido al
cristianismo (siglo IV), hizo hervir a Fausta Flavia Máxima, su señora
esposa (327), por haberle mentido con relación a una supuesta agresión
sexual de parte de su hijo Crispus. El emperador, quien sólo apreciaba
los cuernos que adornaban los cascos de los guerreros galos, hizo matar a
su propio hijo, antes de descubrir el engaño de Fausta y transformarla
en un sustancioso consomé.
Junto con fundar el césaro-papismo y convocar el célebre Concilio de
Nicea (325), Constantino emitió una moneda destinada a inaugurar las
profecías autocumplidas que les gustan a los economistas: la llamó el solidus…
Además de crear una ciudad que llevó su nombre –Constantinopla–, y que
hoy conocemos como Estambul, capital de Turquía, sus reformas
facilitaron el desarrollo del cristianismo a tal punto que fue
canonizado por la Iglesia ortodoxa. En esa época el cristianismo era
singularmente comprensivo ante el filicidio y el uxoricidio.
En fin, sólo quería contarle que la usura mixtifori era castigada por
la justicia laica como un delito, y por la autoridad eclesiástica como
un pecado. Hubo tiempos felices un milenio después de la expulsión del
paraíso. Aunque no lo crea, la proscripción de los préstamos con
intereses fue levantada solo en 1830, y declarada lícita apenas en el
año 1917.
Para cobrar intereses y evitar convertirse en caldo, los banqueros
medievales los disimularon en la complejidad de las operaciones de
cambio, utilizando hábiles fórmulas contables y una amplia serie de
artificios: ventas virtuales, testaferros, palos blancos, costos de
bienes hipotecados y la clásica “caballería”, que no es sino una
“bicicleta” en la que nuevos créditos sirven para pagar créditos
anteriores.
No obstante, el truco más utilizado consistía en inscribir en las
cuentas una suma a rembolsar, ya inflada con los correspondientes
intereses, equivalente al monto supuestamente prestado. ¿Las tasas? En
el año 1311 Philippe le Bel intentó limitarlas a un denario por libra,
lo que equivale a un 20 por ciento anual, pero su incompetencia
monetaria hizo que en el año 1360 los intereses llegasen a 4 denarios, o
sea una tasa anual del 80 por ciento. Ya ve, nada nuevo bajo el sol.
La amenaza de la Inquisición incitó los mercados financieros a una
sana opacidad que para despistar llamaron “transparencia”. De ahí en
adelante, y hasta el día de hoy, saber dónde y cuándo invertir, en qué y
cuánto, se transformó en tarea de “expertos”. Las Agencias de
Calificación de Riesgo nacieron para iluminar sus decisiones financieras
a cambio de una modesta remuneración.
Pongamos que Alsacia, concesionario del Transantiago, necesita
capitales. Para obtenerlos se dirige al mercado de capitales de New
York, y le paga a una Agencia para que ésta califique el riesgo que
representa poner a su disposición los capitales que necesita. Moody’s
–en este caso se trata de Moody’s–, les cuenta a los inversionistas que
la buena nota adjudicada a Alsacia reposa “en el bien desarrollado y ya
maduro esquema de concesiones en Chile, y en la fortaleza del garante,
que es el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) del
Gobierno de Chile” (Moody’s, 7 de febrero de 2011). A Rodrigo Valdés le
encantará enterarse…
Gracias a eso, Alsacia levantó 464 millones de dólares en menos
tiempo del que tardo en contarlo. Si Moody’s hubiese otorgado una
calificación mala o mediocre, Alsacia sólo tenía que atravesar la calle
para ver a S&P o a Fitch que, a cambio de la remuneración exigida,
le hubiesen dado la buena calificación necesaria: en ese momento Alsacia
no tenía ni uno y existía (y existe) sólo gracias a su concesión en el
Transantiago.
Luego de algunos problemillas menores, el 3 de marzo del 2014,
Moody’s emitió una nueva evaluación de riesgo de Alsacia, modificando su
nota a “estable”. ¿Las razones? “La confirmación de la nota refleja a)
el pago integral y puntual de la cuota del mes de febrero; b) su
reciente estabilización y la esperada mejora de sus resultados
financieros gracias a las modificaciones a su contrato de concesión; c)
menores riesgos de default (morosidad) de acuerdo a nuestro escenario
para los 6 a 12 meses a venir” (Moody’s, 3 de marzo de 2014).
El 18 de agosto de 2014 –5 meses después–, Alsacia hizo pública su
incapacidad para servir las cuotas del crédito obtenido: “… cumplo con
informar a usted que Alsacia ha decidido, con esta fecha, no efectuar el
pago de la cuota del bono con vencimiento al día de hoy”. En otras
palabras, se declaró en default. Este bello ejemplo muestra la
seriedad de las calificaciones de riesgo emitidas por las agencias que
viven de eso. No es el único.
El viernes 12 de julio de 2013, la Agencia Fitch le retiró a Francia
la calificación AAA, también llamada triple A, y la rebajó a AA+. ¿Por
qué? En razón de “su elevado nivel de deuda pública” que alcanzaría,
según Fitch, el 96 por ciento del producto interno bruto (PIB) a fines
del año siguiente (2014). Lo curioso es que después de esta “dura”
sanción, Francia siguió obteniendo dinero en los mercados financieros a
tasas… ¡negativas! O sea que a Francia le pagaban por prestarle plata.
Pedía 100 y rembolsaba 99. ¿De qué sirvió la degradación de la
calificación de Fitch? You tell me…
De modo que cuando Standard & Poor’s rebaja el rating soberano de
Chile (país cuya deuda pública es prácticamente nula) de A+ a AA- puede
prescindir de cortarse las venas, tomar veneno o, en estricto rigor,
comerse una paila marina [1]. No puedo decir lo mismo de las
instituciones financieras que S&P cubrió con el vergonzoso baldón de
su reprobación. Con los bancos y la comunidad financiera nunca se sabe.
Banco Estado, Banco Chile, Banco Santander-Chile, BCI, Itaú
CorpBanca, BICE, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile y filiales, Banco
Security, Cooperativa del Personal de la Universidad de Chile Ltda
(Coopeuch Ltda); Tanner Servicios Financieros; Larraín Vial SA
Corredores de Bolsa; y LQ Inversiones Financieras SA, sufrieron una
degradación de la calidad de su riesgo, y/o quedaron con la cerviz
aplastada bajo un credit Watch con perspectivas negativas, o sea bajo un humillante y sospechoso escrutinio.
Lo que no quiere decir absolutamente nada, como cuando el gobierno de
Chile “mantiene su monitoreo” sobre tal o cual catástrofe en cierne. El
miércoles 7 de junio pasado, el Banco Popular de España fue vendido al
Banco Santander por un euro simbólico para evitar su quiebra y las
consiguientes consecuencias. Más de 300 mil accionistas, entre ellos el
muy avezado empresario chileno Andrónico Luksic, perdieron hasta la
camisa. Puede que no lo sepa, pero el Banco Popular había pasado con
éxito todos los stress tests [2] al que fue sometido por el Banco Central Europeo.
Los ratings de las Agencias de Calificación de Riesgo no podían ser
mejores. Si no fuese el caso, ¿cómo explicar que un lince como Luksic
perdiese 100 millones de dólares en un abrir y cerrar de ojos? Días
antes de hundirse, el Banco Popular publicaba, en su sitio web, lo que
sigue:
“Las calificaciones crediticias otorgadas a Banco Popular Español por
las grandes agencias de rating (Moody’s, Fitch, S&P, DBRS) reflejan
la solidez de los fundamentales de Popular, soportados por la fortaleza
de su franquicia minorista, su elevada rentabilidad y liderazgo
internacional en términos de solvencia, apalancamiento y eficiencia, así
como por sus buenos indicadores de liquidez. Los ratings asignados a Popular igualmente ponen de manifiesto su elevada importancia sistémica dentro del Sistema Financiero Español.”
Pobre Luksic: todavía cree en Papá Noel, la virginidad de María y el
libre mercado… No es el único: los “expertos” del Banco Central de
España ni siquiera vieron venir la quiebra y aseguraban a quién quisiera
oírles que estaban dispuestos a seguir procurándole liquidez a un Banco
que ya no valía ni la pena.
De modo que ya verá usted cómo toma la degradación del riesgo país chilensis,
o las sospechas que recaen sobre los bancos del campo de flores
bordado. Este servidor, que de esas cosas entiende poco, es
extremadamente renuente a los consejos de las agencias de calificación
de riesgo. Mayormente porque entiende que el peor riesgo es el que
representan las agencias de calificación.
Notas
[1] Pruebas de resistencia de la banca ante un posible deterioro fuerte de la economía.
[2] Caldo chileno preparado con todo tipo de mariscos
*Ingeniero por el Centre d’Etudes Supérieures Industrielles (CESI-París), profesor e informático chileno
Para Noam Chomsky, la tarea de los corporativos
mediáticos consiste en crear un público pasivo y obediente, no
un participante activo en la toma de decisiones. Se busca crear
una comunidad atomizada y aislada, de forma que no pueda
organizarse y ejercer sus potencialidades para convertirse en
una fuerza poderosa e independiente que pueda hacer saltar por
los aires todo el tinglado de la concentración del poder. (Un
ejemplo de cómo ejercer la fuerza organizada en una democracia
participativa y protagónica, son los 8 millones 89 mil 320
votantes que el 30 de julio, a despecho de las amenazas
militaristas de D. Trump y la ofensiva terrorista paramilitar,
decidieron empoderar a las/os nuevos constituyentes
venezolanos).
Para que el mecanismo que genera un público sumiso y obsecuente
funcione, es necesario, también, el adoctrinamiento de los
medios. Su domesticación; generar una mentalidad de manada.
Hacer que los periodistas y la comentocracia huyan de todo
imperativo ético y caigan en las redes de la propaganda o el
doble pensar. Es decir, que se crean su propio cuento y lo
justifiquen por autocomplacencia, pragmatismo puro,
individualismo exacerbado o regodeo nihilista. Y que,
disciplinados, escudados en la razón de Estado, asuman
la ideología del patrioterismo reaccionario.
En definitiva, el miedo a manifestar el desacuerdo termina
trastocando la prudencia en asimilación, sometimiento y
cobardía. A su vez, el pensamiento reaccionario se refuerza bajo
un discurso de desprecio y odio xenófobo, racista y clasista:
siete jóvenes fueron quemados en Venezuela por parecer chavistas.
No se vale, pues, discrepar con el consenso. Sólo se debe
pensar en la dirección presentada por el sistema de dominación
capitalista. Y si para garantizar el consentimiento es necesario
aplicar las herramientas de la guerra sicológica para el control
de masas (azuzar el miedo y generar un terror paralizantes), los
vigilantes del Gran Hermano entran en operación bajo el paraguas
de lo políticamente correcto, amparados por todo un sistema de
dádivas y premios que brindan migajas de confort y poder
acomodaticio.
Aduladores de los poderes fácticos que actúan en zonas de
penumbra, los social-conformistas de los medios practican el
lenguaje operacional del orden sistémico, reproduciendo de forma
expansiva la lógica de la dominación de clase. Cada día en
Ciudad de México, Madrid, Bogotá o Buenos Aires, el pensamiento
reaccionario apuntala la contrarrevolución en Venezuela. Y ello
es así porque el poder real ha creado un ejército de paraperiodistas
dedicados a mantener y reproducir la ideología neoliberal y
desarticular el pensamiento crítico; a frenar el cambio social y
democrático de los de abajo mediante la mentira del silencio
(Sader). Es decir, negando la existencia de lo que no se quiere
que se conozca: por ejemplo, silenciando la formidable victoria
del chavismo bravío el 30/J.
Los saberes políticamente correctos forman parte del modelo de
dominación y marcan el ritmo de la pulsión del poder: quienes
levanten la voz y se aparten de la manada serán denigrados,
hostigados y/o castigados. El poder reclama una única
racionalidad. Por eso, como la división de un ejército vasallo
en el frente externo −y dado que toda intervención militar es
precedida por una campaña de intoxicación mediática con eje en
la guerra sicológica−, los paraperiodistas tienen la misión de
vigilar, hostigar y presionar a quienes, como Luis Hernández y
la línea editorial de La Jornada, se apartan del
consenso de la elite reaccionaria.
Los hornos crematorios del nazismo funcionaron a plena luz del
día; el genocidio de Hitler fue un acto consentido por el pueblo
alemán. Con distintas modalidades y ante un mundo pasivo, el
horror y la solución final de Auschwitz, Dachau y
Treblinka se replican hoy en Afganistán, Irak, Libia, Siria,
Colombia y el México de la necropolítica y las fosas clandestinas.
En pleno siglo XXI, las víctimas mortales de las aventuras
coloniales del Pentágono y la OTAN en Afganistán, Pakistán e Irak
ascienden a cuatro millones. Los escombros de Damasco y Palmira,
en Siria, exhiben los horrores de la guerra. La seguridad
democrática de Álvaro Uribe generó 6.5 millones de
desplazados internos. La prensa libre de Occidente ha
apoyado, distorsionado o justificado esas atrocidades. Es fácil
predecir qué ocurrirá en caso de estallar una intervención humanitaria
en Venezuela auspiciada por Estados Unidos.
El uso de la mentira, el fanatismo y la histeria de guerra, y los
ataques difamatorios con fines de explotación política son de
vieja data. En 1950, el informe de la Comisión Tydings sobre el
macartismo y el senador Joseph McCarthy, señaló: “Hemos visto
utilizar por primera vez en nuestra historia la técnica de ‘la
gran mentira’. Hemos visto cómo, mediante la insistencia y la
mezcla de falsedades (simples habladurías, tergiversaciones,
murmuraciones y mentiras deliberadas), es posible engañar a un
gran número de gente”. Los periodistas, editores y directores de
la prensa estadunidense sabían que McCarthy mentía y divulgaron
sus dichos, dejando que el lector, que no tenía ningún medio de
averiguarlo, intentara deducir la verdad. El senador republicano
John Bricker le dijo a McCarthy: Joe, usted es realmente un
hijo de puta. Pero a veces es conveniente tener hijos de puta a
nuestro alrededor para que se encarguen de los trabajos sucios.
El propósito del macartismo fue destruir las instituciones de
Estados Unidos, minar la Declaración de Derechos y revertir el
pacto social keynesiano (el Estado benefactor) que redistribuía
parte de las ganancias del capital hacia abajo. La revolución
conservadora de Ronald Reagan profundizó el proyecto neoliberal,
con epicentro en la liquidación de los bienes del Estado y la
esfera pública y la mercantilización y privatización radical de
todo. El macartismo hizo escuela y el trabajo sucio lo practican
hoy legiones de paraperiodistas en el caso Venezuela… pero sus
madres no tienen culpa.
En 1993, cuando se firmó el TLCAN, se prometía para México un
generoso crecimiento económico con una fuerte creación de empleos,
salarios mejor remunerados. Mayor bienestar social, en suma. Pero en más
de 23 años esos objetivos no se cumplieron. Y ahora que los
representantes de los tres países firmantes se reúnen en Washington para
actualizar, mejorar o modernizar ese espíritu original, llama la
atención que los negociadores mexicanos no lleven en sus documentos y
estrategias una propuesta para lograrlo.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En 1990 México, Estados Unidos y Canadá
anunciaron su decisión de iniciar pláticas formales, al año siguiente,
para establecer un tratado de libre comercio, que a la postre sería una
renovación y complemento del acuerdo que desde hacía años tenían los dos
segundos.
México, encabezado por un reformador e hiperactivo presidente Carlos
Salinas de Gortari –que devendría, por muchas razones, en uno de los
mandatarios más denostados en la historia del país–, no se quería quedar
fuera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que
se convertiría en una poderosa región comercial, económica y financiera.
Con el TLCAN, aseguraba el gobierno, México no sólo será “potencia
exportadora, en el marco de la globalización económica” sino, por fin,
un país moderno, integrante del mayor bloque comercial del mundo, con
suficiente empleo, una industria dinámica y eficiente usufructuaria de
la tecnología de punta, con un crecimiento explosivo de las
exportaciones, mejores niveles de ingreso, una economía altamente
competitiva, sin fugas de mano de obra ni de capitales, el mejor de los
tratos con los colosos del norte.
Fueron tres años de arduas y complicadas negociaciones. Finalmente,
el TLCAN se firmó a finales de 1993 y entró en vigor el 1 de enero de
1994.
De ser una economía cerrada y poco competitiva a finales de los
ochenta, México es hoy una de las economías más abiertas al mundo.
Algunos aranceles se cancelaron al momento de entrada en vigor del
tratado, otros fueron sujetos a periodos de transición desde cinco y
hasta 15 años (el maíz, por ejemplo). Hoy en día no hay producto, al
menos de los que están incluidos en el tratado, que no esté libre de
aranceles.
Las pláticas entre los tres países que iniciaron en Washington el
pasado miércoles 16 para “renegociar” el TLCAN, “modernizarlo”,
“actualizarlo”, “mejorarlo”, se realizan bajo los peores augurios.
Pero los malos augurios vienen porque los negociadores estadunidenses
tienen la encomienda casi única de cumplir el capricho de su
presidente, Donald Trump, de reducir el déficit comercial que tiene
Estados Unidos con México, de más de 63 mil millones de dólares.
Déficit que –según su miopía y poco entendimiento de la economía y el
comercio internacional– le parece “injusto”, “abusivo”, de parte de
México, que le “roba” empleos a Estados Unidos y que sólo podrá reducir
obligando a México a comprarle más bienes a Estados Unidos o
imponiéndole aranceles a las exportaciones mexicanas que van a Estados
Unidos… aun a costa de que los consumidores estadunidenses compren
productos más caros.
Pero como fue una promesa de campaña y no quiere que se le caiga como
muchas otras y siga haciendo el ridículo ante su electorado –como el
impuesto de ajuste fronterizo, el tambaleante muro en la frontera o el
fracaso con el Obamacare y otros–, los negociadores pondrán toda la
carne en el asador para bajar el déficit comercial con México… y hacerle
ganar a Trump algunos puntos en su vapuleado nivel de aprobación
pública.
Las expectativas
Si bien las actuales negociaciones apenas se inician, no se sabe
realmente cuándo terminen ni en qué términos. La delegación mexicana,
independientemente de que lleva la consigna de levantarse de la mesa si
Estados Unidos insiste en imponer aranceles o cualquier tipo de
impuestos o trabas a las exportaciones mexicanas –medidas
proteccionistas, pues–, tienen el tiempo encima y saben que todo esto
debe terminar antes del proceso sucesorio de la Presidencia.
Lo que llama la atención de estas nuevas pláticas es que si bien son
muchos los temas por incluir, actualizar, mejorar o modernizar, los
negociadores mexicanos no llevan en sus carpetas, en sus estrategias, en
sus escenarios y mucho menos en sus mentes ni en sus propósitos un
TLCAN renovado que recupere el espíritu del tratado original, que
prometía para México un generoso crecimiento económico, con una fuerte
creación de empleos, salarios mejor remunerados y, en suma, mayor
bienestar social. Y que no se cumplieron.
Sí, el TLCAN le cambió el rostro al país, le dio una nueva imagen,
una nueva presencia… pero el alma se la dejó intacta. Con el tratado
México se volvió una potencia exportadora. Si antes lo fue de petróleo,
ahora es de manufacturas, principalmente en el sector automotriz. En
1993, el año previo a la entrada en vigor del TLCAN, México no aparecía
ni siquiera entre los primeros 30 países con el mayor comercio exterior.
Según el informe 2016 de la Organización Mundial de Comercio (OMC),
en 2015 México era el país número uno en exportaciones e importaciones
en América Latina; estaba en la posición 13 de los grandes exportadores
del mundo y en el 12 entre los importadores.
Ese mismo año, la OMC registró un valor total de las exportaciones
mexicanas por 381 mil millones de dólares, equivalentes a 2.3% del total
de exportaciones de todo el mundo, apenas abajo de 2.5% de Canadá, y
muy por debajo de Estados Unidos, que hizo exportaciones por 1 billón
505 mil millones de dólares (9.1% del total mundial) y muy lejos de los 2
billones 275 mil millones de dólares que exportó China en 2015 y que la
llevaron al primer lugar en exportaciones en el mundo, con 13.8% de las
exportaciones totales.
Arriba de México, entre los 12 que lo superaban por el monto de sus
exportaciones, estaban, en ese orden, China, Estados Unidos, Alemania,
Japón, Holanda, Hong Kong, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá y
Bélgica. Pero debajo de México había, en la lista de la OMC en su
reporte de 2016, 37 países con menor capacidad exportadora, entre ellos
potencias como Rusia, Suiza, España, India, Emiratos Árabes Unidos,
Polonia, Brasil, entre otros.
En particular, las exportaciones manufactureras dieron un salto
espectacular. En el primer año del TLCAN se exportaron productos
manufacturados por 49 mil 84.2 millones de dólares. Casi 50 mil
millones. En 2016, ese monto ascendió a 336 mil 81 millones de dólares.
Un brinco, “nada más”, de casi 585%.
Y dentro de la industria manufacturera, que es el gran motor de la
economía mexicana, la joya de la corona es la industria automotriz, que
sin duda será uno de los temas de discusión más fuertes en las recién
iniciadas pláticas para la renegociación del TLCAN.
Una vez que ganó las elecciones presidenciales, Trump empezó a
presionar a las grandes armadoras automotrices para que abandonaran
México y regresaran a Estados Unidos.
Trump y sus negociadores tienen la mira puesta en la industria
automotriz mexicana que, gracias al tratado ha descollado. En 1994 dicha
industria representaba 1.9% del PIB nacional; hoy supera el 3%.
También, en el primer año del TLCAN, significaba 10.9% del PIB
manufacturero y ahora está más cerca de 20%.
Lo que no le gusta a Trump
Datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)
señalan que en 1994 México produjo poco más de 1 millón de vehículos,
sobre todo ligeros, y para 2015 la producción superó los 3 millones y
medio. Un brinco espectacular que permitió al país convertirse en el
séptimo productor mundial de vehículos y primero en América Latina
durante 2015, que son los datos consolidados más recientes.
Por delante de México están China, Estados Unidos, Japón, Alemania, Corea e India; y atrás, España, Brasil y Canadá.
También, dice la AMIA, de cada 100 vehículos producidos en el mundo,
en 2015, casi cuatro fueron ensamblados en México, y 80% de la
producción de vehículos está destinado a los mercados del exterior.
Es más, dice el organismo empresarial, la industria automotriz es el
principal generador de divisas netas para el país. En 2015 la balanza
comercial automotriz generó un superávit de 52 mil 503 millones de
dólares; el saldo de esa balanza duplica los ingresos por remesas y
contribuye con más de una cuarta parte del valor de las exportaciones
manufactureras.
Una industria automotriz mexicana, pues, cada vez más competitiva,
que no le gusta a Trump, a la que le quiere cambiar las reglas del
juego, para que las armadoras se instalen en su país y se lleven los
empleos que México le ha “robado”.
En el campo la historia no es muy diferente. Resulta que el TLCAN,
pese a los gritos y pataleos –justos en muchos casos– de las
organizaciones campesinas, ha significado una transformación que poco se
conoce.
Información de la compañía Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que
dirige el experto Juan Carlos Anaya Castellanos –asesor de organismos
empresariales, de empresas agropecuarias, dependencias federales y
gobiernos de los tres niveles–, señala que México es el décimo productor
agroalimentario en el mundo, después de Estados Unidos, China, la Unión
Europea, India, Brasil y otros.
Advierte que entre 1994 y 2017 han cambiado mucho las cosas. No tanto
la superficie cosechada, pues en el primer año del TLC había 18
millones 370 mil hectáreas cosechadas y en este 2017 son 20 millones 710
mil. No es mucha la diferencia. Pero sí la productividad: en 1994 hubo
154.5 millones de toneladas de productos agroalimentarios y este año van
273 millones. En 1994 el valor de la producción fue de 28 mil 177
millones de dólares y ahora es de 52 mil 212, un aumento nominal de
85.3% en el valor de la producción.
Entre enero y mayo de este año, el sector agroalimentario ocupó el
tercer lugar en las exportaciones totales del país; el primer lugar lo
ocupa el sector manufacturero, con 94 mil 237 millones de dólares; el
segundo, el sector automotriz, con 39 mil 10 millones de dólares; el
tercero, el sector agroalimentario, con 14 mil 346 millones de dólares, y
en cuarto lugar el sector petrolero, con 8 mil 326 millones de dólares.
Es decir, el sector agroalimentario exportó, entre enero y mayo de
2017, 72% más que el sector petrolero.
Además, según la información del Grupo Consultor en Mercados
Agrícolas, mientras que en los primeros 20 años del TLC la balanza
comercial agropecuaria siempre fue deficitaria, desde 2016 es
superavitaria. Entre enero y mayo de este año el comercio exterior
agroalimentario arrojó un saldo superavitario de 3 mil 979 millones de
dólares, producto de exportaciones por 14 mil 346 millones de dólares e
importaciones por 10 mil 367 millones.
Los desajustes
Lo que no se ve en el discurso del gobierno mexicano ni en las
estrategias del equipo negociador es cómo hacer para que el TLCAN y su
cauda de deslumbrantes éxitos lleguen al común de la gente. Porque de
poco ha servido que el comercio exterior, particularmente las
exportaciones, hayan crecido, en la era del tratado, a un ritmo promedio
anual de entre 10% y 12%, mientras que la economía apenas lo hizo en
2.5%, que lo único que dejó en claro es que la orientación exportadora
del modelo económico no creó los necesarios lazos y encadenamientos
productivos con el resto de la economía nacional.
Y eso quiere decir que no tenemos una industria nacional fuerte. Sí
una industria manufacturera exportadora potente pero muy concentrada.
Son pocas las que realizan la mayor parte de las exportaciones. Es una
industria exportadora excluyente, que prefiere tener en México a
proveedores extranjeros antes que mexicanos.
Y los indicadores socioeconómicos de hoy no son diferentes de los que
había antes del TLCAN. Por ejemplo, los salarios. De acuerdo con la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, dependiente de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, el salario mínimo real a mayo de 2017
(en pesos de la segunda quincena de diciembre de 2010) era de 63 pesos
con 69 centavos (63.69), mientras en enero de 1994, mes de entrada en
vigor del TLC, el salario mínimo real era de 81 pesos con 26 centavos
(81.26).
Es decir, con todo y que el salario mínimo nominal es 80.04 pesos, en
términos reales es de (en mayo pasado) 63.69 pesos, o 17.57 pesos menos
que en enero de 1994. O lo que es lo mismo, el salario mínimo real de
mayo de 2017 vale 22% menos que el de enero de 1994. O también, con un
salario de mayo de 2017 se podía comprar un 22% menos que con un salario
de 1994.
De los empleos ni qué decir. Apenas la semana pasada el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los indicadores
estratégicos de ocupación y empleo en el segundo trimestre de 2017. Sólo
por mencionar algunos datos dramáticos: 70% de quienes tienen un empleo
perciben entre cero pesos y tres salarios mínimos (240.12 pesos al
día).
De las 52.2 millones de personas ocupadas 19.6 millones (38%) tienen
acceso a instituciones de salud, pero la mayoría –32.4 millones (62%)–
no.
En materia de pobreza, muy a pesar del 25 aniversario de la Sedesol y
de los sexenales programas para abatirla, seguimos tablas. En 1992, en
plenas negociaciones del TLCAN original, había 46 millones de mexicanos
en condiciones de pobreza. En 2012 se llegó al extremo de 53.3 millones
de pobres, de los cuales 11.5 millones estaban en pobreza extrema. Y en
2014, según el último dato consolidado del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, había 46.2 millones de
pobres, de los cuales 35.6 millones vivían en pobreza moderada y 9.8 en
pobreza extrema.
En suma, el espectacular desempeño del sector exportador parece haber
pasado de largo para el grueso de la población… y de la propia
economía, que no se vio impactada positivamente en más de 23 años de
TLCAN.
Hoy, cuando la canalla mediática está desatada
en el mundo occidental, no está de más recordar que como otros términos
del discurso político, la palabra “democracia” tiene un significado
técnico orwelliano cuando se usa en exaltaciones retóricas o en el
“periodismo” habitual, para referirse a los esfuerzos de Estados Unidos y
de sus aliados para imponer la democracia liberal representativa a
Estados considerados “forajidos” como la Venezuela actual.
En ese
contexto, se ha convertido en un lugar común que cuando más democracia y
libertades se dice reconocer y defender, más se reprime la facultad de
pensar; sobre todo, la actividad de pensar a contracorriente. Con la
novedad de que en la persecución del pensamiento crítico ya no hay
fronteras. Pero sucede, además, que en el nuevo panóptico planetario y
en el marco de la guerra de espectro completo en curso, quienes
cuestionan el orden hegemónico o no se ajustan al marco del dogma
establecido por los amos del universo, pueden convertirse en un objetivo
político-militar.
Pensar entraña riesgos y trae consecuencias.
Ello ocurre en las ciencias sociales y las humanidades, pero también en
el periodismo. En la actual coyuntura, bien lo saben, entre otros,
Atilio Borón (Página 12, Rebelión.org,) y Luis Hernández (coordinador de Opinión de La Jornada),
quienes por practicar el ejercicio crítico de pensar con cabeza propia,
son objeto de mofa, presiones y campañas de estigmatización y
criminalización por un puñado de diletantes vigilantes del pensamiento
único neoliberal que responden a un mismo y nauseabundo guión de
Washington.
“Nicolás Maduro dictador” emite la voz del amo
desde las usinas del poder mundial, y el eco es amplificado urbi et orbi
por una cohorte de amanuenses subvencionados y tarifados. El esquema es
simple: para el periodismo mercenario, el “Maduro dictador” sustituye
hoy a “las armas de destrucción masivas” de Sadam Hussein, en 2003. El
saldo de la mentira del Pentágono como arma de guerra costó más de un
millón de muertos; pero eran iraquíes.
El modelo
“comunicacional” está bien engrasado. Permite debates, críticas y
discrepancias, en tanto se permanezca fielmente dentro del sistema de
presupuestos y principios que constituyen el consenso de la elite. Es un
sistema tan poderoso que puede ser interiorizado en su mayor parte, sin
tener conciencia de ello. En general, quien tiene ideas equivocadas o
intenta romper el molde es apartado o ignorado; pero en ocasiones puede
ser satanizado por los llamados intelectuales públicos, los pensadores
políticamente correctos, la gente que escribe editoriales y cosas así, y
es colocado frente al paredón de la “prensa libre”.
Recuerda
Marcos Roitman que los ideólogos del actual sistema de dominación han
reinterpretado los saberes y el conocimiento bajo una única
racionalidad: la del capital. El capital niega su carácter totalitario.
En su dimensión política, el capitalismo socializa la violencia y
deslastra la historia que le resulta incómoda. Bajo los criterios de la
“colonialidad del saber”, es capaz de eliminar al nazismo y al fascismo
−también al franquismo, al somocismo, al duvalierismo y el pinochetismo−
como fenómenos inherentes a su racionalidad.
W. Lippmann y la ingeniería del consenso
Hace más de un cuarto de siglo, en Los guardianes de la libertad
(Grijalbo Mondadori, 1990), Noam Chomsky y Edward S. Herman develaron
el uso operacional de los mecanismos de todo un modelo de propaganda al
servicio del “interés nacional” (de EU) y la dominación imperial. Nos
enseñaron a examinar la estructura de los medios (la riqueza del
propietario) y cómo se relacionan con otros sistemas de poder y de
autoridad. Por ejemplo, el gobierno (que les da publicidad, fuente
principal de ingresos), las corporaciones empresariales, las
universidades.
Asimismo, diseccionaron a los medios de elite (The New York Times, The Washington Post,
CBS y otros) que marcan “la agenda” de los gestores políticos,
empresariales y doctrinarios (profesores universitarios), pero también
la de otros periodistas, analistas y “expertos” de los medios de
difusión masiva que se ocupan de organizar el modo en que la gente debe
pensar y ver las cosas.
Demostraron, en síntesis, cómo mediante
la violencia psicológica o simbólica e indignantes campañas de
intoxicación lingüística (des)informativas y supresiones (“las peores
mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se
conozca”, nos alerta a su vez Emir Sader); manipulaciones, normas
doble-estándares y duplicidades; sesgos sistemáticos, matizaciones,
énfasis y tonos, y de la selección del contexto, las premisas y el orden
del día general, se lleva a cabo el control elitista de la sociedad
mediante lo que Walter Lippmann denominó “la ingeniería del consenso”.
Ese modelo de propaganda −por lo general dicotómico o maniqueo:
verbigracia “Maduro dictador vs. la oposición democrática de la MUD”;
las hordas chavistas vs. los luchadores de la libertad de D. Trump− deja
entrever que el “propósito social” de los medios es inculcar y defender
el orden del día económico, social y político de los grupos
privilegiados. Para ello, la fórmula es sencilla: los dueños de la
sociedad utilizan a una “clase especializada” −conformada por “hombres
responsables” y “expertos” que tienen acceso a la información y a la
comprensión, en particular, académicos, intelectuales y periodistas−
para que regule las formas de organización del rebaño desconcertado;
para manufacturar el consentimiento y mantener a la chusma a raya.
Todo el sistema de ideas políticas del imperialismo tiende a argumentar
su derecho a la dominación, a la supeditación del Estado a los
monopolios en todas las esferas de la vida; a la manipulación de las
masas y la desinformación de la “opinión pública. Según Lippmann, la
labor del público es limitada. El público no razona, no investiga, no
convence, no negocia o establece. Por ese motivo, “hay que poner al
público en su lugar”. La multitud aturdida, que da golpes con los pies y
ruge, “tiene su función: ser el espectador interesado de la acción”. No
el participante.
Medios domesticados: la mentira del silencio
Para
Chomsky, la tarea de los medios privados que responden a los intereses
de sus propietarios, consiste en crear un público pasivo y obediente, no
un participante en la toma de decisiones. Se trata de crear una
comunidad atomizada y aislada, de forma que no pueda organizarse y
ejercer sus potencialidades para convertirse en una fuerza poderosa e
independiente que pueda hacer saltar por los aires todo el tinglado de
la concentración del poder. ¿Ejemplo? Los 8.089.320 votantes que a
despecho de las amenazas imperiales y la ofensiva terrorista paramilitar
decidieron empoderar a los/as nuevos constituyentes.
Sólo que
para que el mecanismo funcione, es necesaria, también, la domesticación
de los medios; su adoctrinamiento. Es decir, generar una mentalidad de
manada. Hacer que los periodistas y columnistas huyan de todo imperativo
ético y caigan en las redes de la propaganda o el doble pensar. Es
decir, que se crean su propio cuento y lo justifiquen por
autocomplacencia, pragmatismo puro, individualismo exacerbado o regodeo
nihilista. Y que, disciplinados, escudados en la “razón de Estado” o el
“deber patriótico”, asuman –por intereses de clase o por conservar su
estabilidad laboral− la ideología del patrioterismo reaccionario. En
definitiva, el miedo a manifestar el desacuerdo termina trastocando la
prudencia en asimilación, sumisión y cobardía.
Moraleja: no se
vale discrepar con el consenso. Solo se debe pensar en una sola
dirección, la presentada por el sistema de dominación capitalista. Y si
para garantizar el consentimiento es necesario aplicar las herramientas
de la guerra psicológica para el control de las masas (como azuzar el
miedo, fomentar la sumisión y generar un pánico y terror paralizantes),
los comisarios del gran hermano entran en operación bajo el paraguas de
lo políticamente correcto, amparados por todo un sistema de dádivas y
premios que brindan un poco de confort y poder acomodaticio.
La no noticia y el Consenso de Lima
Ya
encarrerado, el pensamiento reaccionario se refuerza bajo un discurso
de desprecio y odio clasista, xenófobo y racista. Siete jóvenes han sido
quemados por parecer “chavistas” por los “demócratas” que defienden los
12 presidentes latinoamericanos del “Consenso de Lima”.
En
consecuencia, aduladores de los poderes fácticos que actúan en las zonas
de penumbra, los social-conformistas de los grandes medios –con el
periódico El País de Madrid como buque insignia de la prensa en
español− practican a diario el lenguaje operacional del orden sistémico,
reproduciendo la lógica de la dominación de manera expansiva.
Así, casi cada día durante los últimos cuatro meses, en Ciudad de
México, Madrid, Bogotá o Buenos Aires, el pensamiento reaccionario
apuntala la contrarrevolución en Venezuela. Y ello es así porque el
poder real ha creado un ejército de hombres y mujeres dedicados a
mantener y reproducir la ideología dominante y desarticular el
pensamiento crítico; dedicados a frenar el cambio social y democrático
de los de abajo mediante “la mentira del silencio” (Sader). Es decir,
negando la existencia de lo que no se quiere que se conozca, por
ejemplo, en la coyuntura, la formidable victoria del chavismo bravío y
los nuevos constituyentes antisistémicos (anticapitalistas y
antimperialistas). O, como señala Ángeles Díez, sustituyendo la
información principal por la “no noticia”: un atentado de los violentos
de la MUD se atribuyó mágicamente a la “represión” de Maduro (aderezado
con titulares que reforzaban una matriz de opinión con eje en el
autogolpe de Estado, la violencia, el caos y la emergencia humanitaria),
para difuminar la verdadera noticia: que el 30/J ocho millones
respaldaron la Constituyente.
El poder reclama una única
racionalidad, un solo orden, una sola intransigencia verdadera. Es por
eso, también, que a la manera de divisiones y/o francotiradores de un
ejército vasallo en el frente externo −y dado que toda intervención
militar es precedida por una campaña de intoxicación mediática con eje
en la guerra psicológica−, los paraperiodistas tienen la misión de
vigilar, hostigar y presionar a quienes, como Atilio Borón y Luis
Hernández, se apartan del consenso de la elite reaccionaria.
A
la biopolítica del cuerpo se suma hoy la psicopolítica de la mente
(Roitman). Y así, los saberes políticamente correctos forman parte del
modelo de dominación y marcan el ritmo de la pulsión del poder: quienes
levanten la voz y se aparten de la manada serán denigrados, hostigados
y/o castigados. En sentido contrario, y en el marco de la guerra no
convencional y asimétrica que libran el Pentágono y la Agencia Central
de Inteligencia (CIA) contra el gobierno constitucional y legítimo de
Nicolás Maduro y el pueblo de Venezuela, una agenda con la atención
constante hacia las víctimas de la represión de la “dictadura”
venezolana, ayuda a convencer al público de la maldad del enemigo y
prepara el terreno para justificar la subversión de la MUD y una
eventual intervención “humanitaria” del Pentágono.
Auschwitz, el trabajo sucio y los neomaccarthistas
El
genocidio de Hitler y la Alemania nazi fue un acto consentido por el
pueblo alemán; los hornos crematorios funcionaron a plena luz del día.
Con distintas modalidades, el horror de Auschwitz y Treblinka se replica
hoy en Afganistán, Irak, Libia, Siria, Colombia y en el México de las
fosas comunes. Las víctimas mortales de las guerras coloniales del
Pentágono y la OTAN en Afganistán, Pakistán e Irak ascienden a cuatro
millones. En general, la “buena prensa” de Occidente ha apoyado o
justificado todas esas atrocidades. Es fácil predecir qué ocurriría en
caso de estallar una intervención “humanitaria” o una guerra civil
auspiciada por Estados Unidos en Venezuela.
El uso de la
mentira con fines políticos es de vieja data. En 1950, el informe de la
Comisión Tydings sobre el senador Joseph McCarthy y el maccarthismo,
señaló: “Hemos visto utilizar aquí por primera vez en nuestra historia
la técnica de ‘la gran mentira’. Hemos visto cómo, mediante la
insistencia y la mezcla de falsedades (simples habladurías,
tergiversaciones, murmuraciones y mentiras deliberadas), es posible
engañar a un gran número de gente”.
Los periodistas, editores y
directores de la gran prensa estadunidense, que con frecuencia sabían
que McCarthy estaba mintiendo, escribían y divulgaron lo que él decía y
dejaban que el lector, que no tenía ningún medio de averiguarlo,
intentara deducir la verdad. Un día, el senador republicano John
Bricker, le dijo a McCarthy: “Joe, usted es realmente un hijo de puta.
Pero a veces es conveniente tener hijos de puta a nuestro alrededor para
que se encarguen de los trabajos sucios”.
El propósito del
maccarthismo fue revertir el pacto social keynesiano (el Estado
benefactor) que redistribuía parte de las ganancias del capital hacia
abajo. Ronald Reagan profundizó el proyecto conocido hoy como
neoliberalismo, con epicentro en la liquidación de los bienes y la
esfera pública y la mercantilización y privatización radical de todo. El
macartismo hizo escuela y lo practican ahora muchos periodistas en el
caso Venezuela (¡estúpidos, es el petróleo!), pero las madres no tienen
la culpa…
El siglo XXI fue el escenario de una nueva oleada de
reformas curriculares neoliberales que secundaron a las de los
años 90, cuyo eje articulador continuó siendo el modelo
estandarizado basado en competencias; no obstante, éstas
hicieron un primer intento de quitarse el estigma empresarial.
Fue así que las competencias holísticas y para atender la
complejidad entraron en escena con un discurso renovador, para
sustentar la invasión mercantilista de la pedagogía; sin
embargo, uno a uno de los planteamientos (propiciar el diálogo
entre materias, aprendizajes que permitirían seguir obteniendo
otros aprendizajes, aprender por proyectos y la movilización
amplia de saberes, emociones, valores, aptitudes y no sólo
capacidades para el trabajo) fueron sepultados con la perversa
reducción del currículo a los contenidos de las pruebas
estandarizadas.
Un segundo intento viene con el nuevo modelo educativo del
actual sexenio, cuyos planes y programas de estudio tienen
ligeros cambios, pero sin modificar la orientación empresarial.
De la misma forma engañosa que el proceso anterior, aparenta
tener una concepción integradora del alumno, que consiste en
incorporar el desarrollo de su dimensión socioemocional; en
realidad, mantiene la misma matriz economicista que se propone
formar capital humano o, en otras palabras, que la escuela
pública siga siendo el espacio gratuito de la iniciativa privada
para la capacitación de fuerza física, intelectual y emocional
para el trabajo.
El nuevo modelo educativo es el producto de un set renovado de
competencias laborales que demandan los procesos reorganizativos
de las empresas del capitalismo del siglo XXI, las nuevas formas
de consumo personal y online, pero también de control
y dominación que han adquirido otras dimensiones relacionadas
con los avances científicos y tecnológicos. Por ejemplo, las
neurociencias han abierto un nuevo campo de colonización que
hasta hoy había sido impenetrable para el sistema de dominación:
el cerebro humano, pues han descubierto que es posible la
manipulación de sus funciones para hacer más eficientes las
dinámicas de producción y consumo de mercancías.
Hace varios años, antes incluso que en el ámbito educativo, el
mundo empresarial experimenta la estrecha relación que existe
entre el desarrollo emocional de sus empleados y el crecimiento
de las ganancias, entre la invención de identidades familiares
de los trabajadores con la empresa y el cumplimiento de altas
metas de productividad que arrastran hasta niveles inusitados de
superexplotación. Un manejo adecuado del estrés en
circunstancias de excesiva flexibilidad laboral ha sido esencial
para contener disfuncionalidades en estos procesos de
precarización del trabajo y esclavización emocional.
Lo que hay detrás de la reforma y su propuesta educativa es el
modelo coaching, desarrollado para la esfera de la
empresa, pero trasladado al ámbito escolar; en él juega un papel
muy importante la ilusión de ser un emprendedor, que tiene como
base la programación neurolingüística con el sí se puede.
El reforzamiento de la autoestima cotidiana y la actitud de
liderazgo autorregulan la condición opresiva en el trabajador
explotado, le crean la falsa expectativa de ser ejecutivo o de
llegar a serlo; las capacitaciones mediadas por la emocionalidad
le impiden reconocer con claridad la sutileza de estos
mecanismos de sometimiento, en los que las relaciones de
seguridad social y laboral son obviadas tras estas
interconexiones emocionales que le hacen sentirse un socio libre
y no trabajador explotado.
La inteligencia emocional, como la denomina Daniel Goleman en su
best seller del mismo nombre, ha sido también adoptada
con éxito por la mercadotecnia. Los estudios de las neurociencias
aplicadas a los patrones de consumo estiman que 70 por ciento de
las razones que motivan una compra están asociadas a cuestiones
emocionales y en menor porcentaje porque la gente realmente
necesita lo que adquiere, de suerte que la contaminación
propagandística empieza a utilizar de manera excesiva la
posibilidad de recrear la vivencia socioemocional mediante
consumo. El eslogan Destapa la felicidad ejemplifica muy
bien cómo una marca de bebidas azucaradas utiliza recursos
emotivos para incitar a consumir sin culpa ni raciocinio sobre las
implicaciones para la salud que tienen sus productos.
En nuestra sociedad, los patrones de consumo en lugares masivos
se han ido individualizando paulatinamente; entonces, cada sujeto
es visto como portador personal de mercancías que siguen siendo de
producción masiva, pero ofertadas de forma directa, por catálogo,
desde sus redes sociales y en sus dispositivos personales, por
teléfono o sin salir de casa. Por eso el nuevo modelo educativo se
propone formar vendedores de mercadurías capaces de conectarse
emocionalmente con los deseos, intimidades, empatías, vacíos,
estímulos, miedos y necesidades comunicativas y existenciales de
los consumidores.
Siguen viendo a los alumnos como potenciales portadores de
habilidades para producir, vender y consumir. Educar para el
desarrollo socioemocional resulta significativo para su propuesta
en la medida en que es parte de las nuevas competencias que las
empresas ya han incorporado a sus lógicas de producción y consumo,
de superexplotación y precarización laboral, de biopoder y
colonización sobre la mente humana. El humanismo que profesan es
sólo una máscara y detrás de ella se esconde el rostro demacrado
del mercado, la ganancia para los de arriba como fin superior de
la educación neoliberal.
México
y Venezuela atraviesan un período de intensa crisis política. Eso nadie
lo puede objetar. Lo que sí es objeto de discusión es la génesis o
causa de esa crisis. Y es allí donde el analista y el público deben
concentrar la atención.
Con frecuencia se dice que el problema
en México es de carácter extrainstitucional; es decir, que la causa de
la crisis es el narcotráfico (entendido como un agente extraño a las
instituciones). Esta consigna admite matices, y generalmente acaba
reconociendo que se trata de un problema que entraña “complejidad”, no
sin deslizar los argumentos hacia una neutralidad inocua. En el caso de
Venezuela, y sólo con escasas excepciones, las opiniones (sólo eso,
“opiniones” desprovistas del imperativo de la evidencia empírica)
profesan a ultranza la univocidad: todas coinciden en resaltar la
responsabilidad primordial de un “gobierno autoritario” que lacera al
país, dirigido por el “dictador” Nicolás Maduro. Esta consigna no admite
concesiones, e irreductiblemente acaba por alentar la primitiva idea de
que el problema es de una sola variable, cuya única solución es el
derrocamiento por la fuerza (para la “oposición” venezolana eso
significa “democracia”).
Y como el léxico es absolutamente
determinante en el campo de la lucha política, cabe hacer acá algunas
apreciaciones, sostenidas en hechos susceptibles de comprobación.
México es una dictadura a su modo. Una “nueva dictadura”, advierte el
poeta Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad. Y no es la única ocasión que alguien lo dice públicamente. Los
resultados de la guerra contra el narcotráfico permiten hacer esta
conjetura; y más de una organización civil comulga con el testimonio de
Sicilia. En enero de 2016, Estela de Carlotto, presidenta de la
organización argentina Abuelas de Plaza de Mayo, declaró, durante la
presentación de un reporte de Amnistía Internacional, que “el
narcotráfico es la dictadura de México”. Y agregó: “México nos duele, es
el dolor de América Latina que aún tiene abierta la herida de los años
más sangrientos de nuestra historia reciente”.
La hipótesis de
que el narcotráfico es la dictadura en México se sostiene en indicadores
que reproducen el comportamiento de las dictaduras militares en
Sudamérica. Por ejemplo: las desapariciones forzadas, la tortura
atribuida a efectivos militares, el encarcelamiento de opositores
políticos, la eliminación física de estudiantes-defensores de derechos
humanos-periodistas, y la multiplicación de ejecuciones sumarias
extrajudiciales. En suma, un conjunto de acciones que por definición
perfilan y constituyen una dictadura. (Glosa marginal: en mayo del año
en curso, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de
Londres, presentó un informe que reporta que México es el segundo país
más violento del mundo, sólo detrás de Siria).
De acuerdo con
Amnistía Internacional, más de 30 mil personas han sido desaparecidas
desde 2006 en México. Organizaciones civiles estiman que se trata por lo
menos del doble (60 mil desapariciones). En relación con esta modalidad
de crimen, se calcula que cerca de 78 por ciento involucra a agentes
estatales, lo que configura desaparición forzada, y, por consiguiente,
crímenes de lesa humanidad. Amnistía Internacional destaca que “sólo se
han dictado siete condenas a escala federal por desaparición forzada,
todas ellas entre 2005 y 2010” ( La Jornada 25-II-2015). Prácticamente un 100 por ciento de impunidad.
Sobre Venezuela, la prensa hegemónica nunca acude a ese indicador,
acaso porque allí la estadística es incluso menor a la de algunos países
desarrollados. Cabe destacar que antes de la llegada de Hugo Chávez al
poder, en ese país se registraron más de 10 mil personas desaparecidas. Y
desde el inicio de la Revolución Bolivariana hasta 2013, la
organización Provea tan sólo recopiló 114 casos de desaparición ( El Universal
30-IV-2015), en las que, por cierto, no está probada la participación
de agentes estatales en la comisión de esos delitos. Por añadidura, cabe
recordar que, tras la promulgación de la Constitución Bolivariana en
1999, por iniciativa del comandante Hugo Chávez, “Venezuela se convirtió
en el primer país de América Latina en calificar la desaparición
forzada como un delito de lesa humanidad” ( Correo del Orinoco 21-I-2017).
También
en materia de tortura, la incidencia en México es alarmante. En octubre
de 2015, Amnistía Internacional condenó la virulencia de ese delito en
el país: “La epidemia de tortura en México ha alcanzado niveles
catastróficos”(La Jornada 23-X-2015). Y advirtió que lo
más preocupante es la rutinaria participación de la fuerza pública en la
violación de un derecho humano básico (i.e. anulación de toda
protección jurídica del detenido). Según datos de la Procuraduría
General de la República, el número de denuncias por tortura a nivel
federal aumentó más del doble entre 2012 y 2014, ya que registró un
aumentó de mil 165 a 2 mil 403.
Sobre los presuntos casos de
tortura contra “opositores” en Venezuela, Luis Hernández Navarro recoge
un episodio ilustrativo: “Durante meses, Lilian Tintori aseguró que su
esposo, Leopoldo López, estaba siendo torturado en prisión. Incluso
se dijo que había fallecido. Multitud de medios dieron por buena esta
versión sin corroborarla. Sin embargo, cuando el pasado 8 de julio López
pasó a prisión domiciliaria, parecía más un instructor de
fisicoculturismo que un reo martirizado” ( La Jornada
25-VII-2017). Por cierto, el pasado abril, la Corte Penal Internacional
(CPI) desechó la denuncia por supuestas torturas sufridas por los
hermanos Alejandro y José Sánchez, afiliados al partido derechista
Primero Justicia, y detenidos el jueves 13 de abril ( Telesur 19-IV-2017).
De acuerdo con cálculos del senador Alejandro Encinas, en México suman
alrededor de 800 presos políticos. Elena Arzaola, investigadora de l
Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social (CIESAS)
estima que “cuatro de cada 10 presos en México están en la cárcel sin
sentencia” ( La Opinión 22-III-2016).
Hasta antes de la
escalada de violencia opositora en Venezuela en abril de este año, la
propia Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció que en ese
país había 117 presos políticos, no pocos de ellos acusados por delitos
graves que tienen poca o nula relación con un quehacer político
legítimo. Entre ellos, el tristemente célebre Leopoldo López,
actualmente libre, pero inhabilitado políticamente por hechos de
corrupción, vinculado a instituciones financiadas por la Agencia Central
de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), y responsable confeso de
acciones desestabilizadoras. El repunte del terror inoculado por la
derecha en las calles de Venezuela elevó la cifra de detenidos a 359 ( El Nacional 17-VI-2017). Pero difícilmente alguien puede argüir que se trate de “presos políticos”.
A propósito de persecuciones políticas, en México la desaparición
forzada de los 43 estudiantes normalistas sigue impune. La singularidad
de este delito de lesa humanidad es que involucró a la totalidad de las
instituciones de Estado: fuerza pública, corporaciones policiales,
instituciones de justicia, partidos políticos, y los tres niveles de
gobierno (municipal, estatal y federal). Toda una extraordinaria acción
concertada para la comisión material del crimen, y la ulterior operación
de ocultamiento, con el único propósito de proteger los negocios del
narcotráfico. Ayotzinapa encierra una verdad políticamente inconfesable:
que México es una narco dictadura.
También en Venezuela
persiguen y matan bestialmente a civiles. Pero no es exactamente el
gobierno el autor de esos crímenes. Otra vez Hernández Navarro relata un
incidente representativo de la violencia en ese país: “Carlos Eduardo
Ramírez salió a buscar empleo el jueves 18 de mayo. Alrededor de las 3
de la tarde caminaba por una de las calles cercanas a la estación del
Metro de Altamira, en Caracas, cuando un grupo de unos 20 opositores al
gobierno encapuchados lo abordó. De inmediato comenzaron a golpearlo con
palos y piedras. Uno llevaba una pistola. ‘¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Se
tiene que morir ese chavista!’, le gritaron… Desde entonces, los
enemigos de la revolución bolivariana no han parado de quemar a seres
humanos por el delito de ser chavistas. Los fanáticos han prendido fuego
a 19 personas, en su inmensa mayoría negros, pobres o funcionarios
gubernamentales” ( Ibidem ).
México es uno de los peores
países en el mundo para ejercer el periodismo. Hasta la fecha, hay
registro de 123 periodistas asesinados desde el año 2000, y otros 25
están desaparecidos. “En la lista de los lugares más mortíferos para ser
reportero, México está ubicado entre Afganistán, un país devastado por
la guerra, y Somalia, categorizado como Estado fallido. El año pasado
[2016] fueron asesinados once periodistas mexicanos, la mayor cifra
durante este siglo” ( The New York Times 29-IV-2017). En México, “prevalece un 99.75 por ciento de impunidad en casos de violencia contra comunicadores” ( Telesur 3-V-2017).
De acuerdo con el balance cuatrimestral (enero-abril 2017) de la
Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, catorce periodistas fueron asesinados en
cinco países de Latinoamérica: siete asesinatos ocurrieron en México,
dos en, Perú, dos en República Dominicana, uno en Guatemala, uno en
Honduras y uno más en Venezuela ( Resumen Latinoamericano I-IV-2017).
En el folio de Venezuela del sitio oficial de Reporteros Sin Frontera,
las estadísticas de los últimos años sobre el periodismo en ese país
registran: “cero periodistas muertos”; “cero periodistas ciudadanos
asesinados”; “cero colaboradores muertos” (https://rsf.org/es/venezuela).
Cuando se le preguntó acerca de la crisis venezolana en la Conferencia
de Seguridad de Aspen el pasado 20 de julio, el director de la CIA, Mike
Pompeo, contestó: "Cada vez que tienes un país tan grande, y con la
capacidad económica de un país como Venezuela, Estados Unidos tiene
profundos intereses… Basta señalar que estamos muy optimistas de que
puede haber una transición en Venezuela… Acabo de estar en Ciudad de
México en Bogotá, la semana antepasada, hablando sobre este tema
precisamente, intentando ayudarles a entender las cosas que podrían
hacer para lograr un mejor resultado para su rincón del mundo y nuestro
rincón del mundo (¡sic!)" ( El Nuevo Herald 26-VII-2017).
¿Está clara la diferencia entre una dictadura y una contrarrevolución?
Tras el show mediático montado por el candidato
Aurelio Nuño para presentar públicamente la Estrategia de
Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales, el
presidente del INEE, Eduardo Backhoff, en una clara muestra de
descoordinación entre el instituto que preside y la SEP, dijo
desconocer en qué consiste la propuesta completa y si ésta
recupera las recomendaciones que habían realizado desde 2015. La
misma desinformación ha prevalecido desde que se impuso esta
reforma constitucional en el ámbito de las escuelas formadoras
de docentes, pero que hoy son sujeto pasivo de cambios
anunciados de manera vertical.
Lo que sí pudo identificar Backhoff entre los planteamientos
todavía parciales e inconclusos de la propuesta oficial, es que
el inglés no había sido parte de sus directrices; quizá, el INEE
debería consultar no a la SEP, sino a las fuentes directas, a
los autores intelectuales de lo que se dio a conocer como el corazón
del cambio educativo y echar una mirada al estudio
Sorri(y). El aprendizaje del inglés en México, de los
empresarios Mexicanos Primero.
De entre las opacidades de la Estrategia de Fortalecimiento,
las tesis repetidas y las ínfimas distracciones monetarias para
llevarla a cabo, es inevitable percibir que se coloca a la
enseñanza del idioma inglés como el verdadero núcleo
transformador de las escuelas normales y de la educación básica
por consecuencia, según se desprende de su propia lógica. Nada
más descorazonador que la pobreza educativa y cultural de ese
discurso pedagógico, en un país caracterizado tanto por su
riqueza plurilinguística como por su multiculturalismo.
En Sorri(y), aprender en inglés y no sólo aprender
inglés aparece como un derecho humano que abre la puerta
de acceso al conocimiento universal. La premisa sería
convincente si la analizamos de forma ahistórica, pero no
podemos olvidar que ya vivimos un primer proceso epistemicida
que impostó el monolingüismo como instrumento para la sumisión
de los saberes y conocimientos de los pueblos no occidentales,
cada nación invasora europea colonizó con su propia lengua
civilizaciones ancestrales, nombró desde su mirada eurocéntrica
lo que se propuso como el único modo de pensar y de ser en el
mundo.
En nuestro tiempo, ya no son naciones las que buscan nombrar el
mundo, sino las corporaciones económicas que trascienden las
fronteras nacionales y que necesitan globalizar el lenguaje de
la cultura mundo basada en el consumo. Estas corporaciones no
ven ciudadanos ni seres humanos con derechos, sino capital
cognitivo, el inglés como valor agregado a la fuerza de trabajo;
tal como lo dicen en Sorri(y): Las empresas mexicanas no
crecen lo suficiente y se diversifican, entre otras cosas, por
su incapacidad de participar en el contexto global como opción
competitiva de mercado abierto, sino como nicho de materias
baratas o de manufactura con mano de obra de bajo costo,
precisamente por no tener dirigentes con dominio fluido del
inglés.
La necesidad imperiosa del capitalismo para mundializar el inglés
no es porque se le conciba como una puerta de acceso a la
interculturalidad, sino como la única posible y entonces lo
convierte en el vehículo por excelencia para la recolonización de
la humanidad. La premisa de Mexicanos Primero, en tanto que con
esta medida se rompe con el monolingüismo, ya sea del español o de
cualquiera de los muchos idiomas que se hablan en el país es
equívoca; por el contrario, lo fomenta, sólo que ahora coloca al
inglés como la lengua dominante a escala planetaria.
Aprender en inglés trasciende los límites de la
convivencia entre idiomas, implicar pensar y codificar los
aprendizajes en inglés, no mientras te lo apropias o lo practicas,
eso sería lo más lógico, sino algunas jornadas enteras, como
dos o tres, o algunas asignaturas del plan de estudios, como
ciencia o matemáticas. Pasar del incremento de horas de una
lengua extranjera a suplantar las cosmovisiones es una amenaza de
epistemicidio que no se le puede tomar por inocente; los idiomas
no son sólo expresiones orales y escritas en estricto sentido, son
sistemas de pensamiento, que también expresan formas de vida,
cuando éstos mueren se llevan a la tumba saberes, conocimientos y
maneras de construirlos que sólo podían manifestarse y vivirse
dentro de sus dinámicas lingüísticas.
En este sentido, la estrategia debilita la fuerza de las normales
y sus posibilidades transformadoras de la sociedad a través de la
educación, porque está dejando fuera del currículo las
cosmovisiones que han hecho posible la irrupción del proceso
involutivo de la modernización capitalista, reproduce los mismos
patrones de colonialidad de aquellos saberes que fueron
castellanizados, pero que hoy emergen desde sus raíces ancestrales
para abrir nuevas rutas de vida viables y urgentes frente a la
crisis civilizatoria.
La intención reformista de las normales que se propone reclutar
un ejército de maestros de inglés, no contempla la misma cruzada
para cumplir con la Educación Indígena e Intercultural que
enuncia como uno de sus cinco ejes; podemos deducir con toda
certeza que la correlación entre la formación normalista y la
inclusividad que se presume para la educación obligatoria, es una
falsedad. La de Nuño y los empresarios no es una estrategia de
fortalecimiento nueva, sino la misma que se propone exterminar al
normalismo y su proyecto cultural que se mantiene vivo, aún en
medio de todas estas tácticas de ataque a fuego abierto, represión
física y de recolonización cultural.
En el libro de Eduardo Galeano Patas arriba: la escuela del mundo al revés se
describe un modelo de sociedad y de escuela que rompe con la lógica del
sentido común, lleno de antivalores y prácticas opuestas al humanismo,
la democracia y la justicia social. Mostrar de manera inversa una
realidad cosificada, inhumana, carente de ética, deshonesta, en la que
lo más importante no son los seres humanos, sino la ganancia, es tan
sólo un recurso didáctico que nos ilustra lo cruda que es la educación
en y para el mundo del capitalismo.
Cuando se consulta la versión acabada del Modelo educativo para la educación obligatoria, cuyos planes y programas fueron presentados por Aurelio Nuño hace unos días y publicados en el Diario Oficial de la Federación el
pasado 28 de junio, nos recuerda la paradoja que evoca Galeano y
pareciera que la Secretaría de Educación Pública (SEP) está planteando
la reforma educativa al revés.
El esquema contiene una serie de
contradicciones que pueden ser leídas de forma opuesta a lo que
discursa; de esa manera es posible develar su verdadera esencia.
En el modelo educativo al revés, el gobierno mexicano se propone
educar para la libertad, pero impulsa una estrategia de censura propia
de las dictaduras políticas, en la que se asesina a los periodistas que
luchan por ella; balea y reprime a los estudiantes que la ejercen;
encarcela, desaparece y persigue a quienes la buscan; espía a la
ciudadanía y a sus opositores; además, amenaza a quienes denuncian las
violaciones a la privacidad.
El modelo educativo al revés dice que los alumnos tendrán una
formación integral, es decir, el desarrollo pleno de todas sus
facultades, por eso propone enseñar menos para aprender más, reduciendo
los aprendizajes a las competencias laborales para la sociedad del siglo
XXI. Su pedagogía de la rentabilidad concibe al estudiante como capital
humano, es decir, en su única dimensión económica y no en la
complejidad ecobiosicosocial que lo define. Aun el desarrollo
socioemocional está ligado a la transferencia de inteligencias, valores y
habilidades de la escuela a los nuevos patrones organizativos
empresariales del estilo Oxxo, que para seguir garantizando el éxito
demandan empleados con mayor flexibilidad, capacidad para la
autorregulación de las relaciones personales en el trabajo y manejo del
estrés grupal.
Para ser inclusiva, la escuela al revés tiene que ser excluyente:
sólo así niega a los alumnos con discapacidades el derecho a recibir
educación y atención especial, confunde terriblemente integración con
inclusión. La escuela de la diversidad está patas arriba, reconoce las
diferencias, pero fomenta la evaluación estandarizada, de modo que para
atender las muchas formas de aprender y de enseñar tiene una sola
pedagogía universal que elimina a todas las demás, el enfoque por
competencias.
Está tan de cabeza que por poner la escuela al centro deja a
los alumnos fuera. El cierre masivo de escuelas multigrado o
reconcentración escolar, que ya está en marcha, dejaría sin educación a
millones de alumnos de comunidades rurales e indígenas, y a otros tantos
los desplazaría de sus lugares de origen. Para crear oportunidades para
los más vulnerables oferta becas en vez de escuelas y cierra las que
están más cercanas, para que puedan ir a las más lejanas.
Fortalece la educación pública privatizándola; para garantizar que la
educación sea gratuita, pide aportaciones económicas a los padres. El
presidente de la República dio un gran discurso ejemplificando los
beneficios de la autonomía de gestión: cuando falte algún vidrio o haya
que arreglar alguna puerta, ya no tendrán que hacer engorrosos trámites
burocráticos para que la SEP se haga cargo: ahora tendrán toda la
facultad para hacer las cosas por sí mismos y pagar de su bolsillo lo
que se necesite. La más innovadora de las propuestas trae dinero del
futuro para invertir en el presente, dejando muy claro que eso no es
deuda pública, pero hay que pagar intereses a 25 años.
En la reforma educativa al revés los profesores no son profesores,
pues no hace falta estudiar esa profesión. Para fortalecer la formación
inicial de los maestros se exterminan las normales y se contrata a
quienes no tienen formación inicial docente. La escuela al revés
profesionaliza al maestro desprofesionalizándolo, premia el
individualismo y castiga su antigüedad con la evaluación para el
despido, desconoce su experiencia y no le importa su preparación
académica. Quizá lo que más puede presumirse en este tema es que busca
la calidad de la enseñanza con la precariedad en el trabajo.
En el gobierno también se actúa al revés: el modelo educativo se
anuncia al principio y se hace al final; el secretario de Educación
cobra como funcionario, pero actúa como candidato; uno de los grandes
estatistas de la reforma educativa no supo escribir su propia tesis y el
otro no sabe hablar. Los planes y programas de estudio no serán para
llevarse a cabo en este sexenio, sino en el otro; no obstante, dejan
márgenes estrechos para enderezar la reforma patas arriba durante los
próximos 12 años, de suerte que la solución no vendrá desde arriba ni
con el cambio de gobierno; sólo será posible si los maestros son capaces
de consolidar en cada escuela las contrapropuestas pedagógicas que ya
se practican y construyen en varios estados.
En Puebla existe un clima propicio para que se
cometa cualquier tipo de crimen. El asesinato ayer de Meztli
Sarabia Reyna, y el gravísimo daño que sufrió su compañero de
organización, Pablo Alfredo Barrientos, quien tiene alojada una
bala en el cráneo y se debate entre la vida y la muerte, así lo
comprueba. Rafael Moreno Valle es el primer responsable de esta
situación: persiguió encarnizadamente a la familia Sarabia,
metiendo a la cárcel a Rubén, Simitrio, padre de la
víctima fatal y dirigente histórico de la principal organización
opositora al gobierno del estado, la Unión Popular de Vendedores
Ambulantes 28 de octubre, y le siguieron a la prisión la mitad
de sus hijos y otros compañeros; prohijó el crecimiento
exponencial del robo de combustible y con él la instalación de
las mafias prácticamente a las puertas de la capital poblana
–-recordemos que su jefe de policía fue detenido por el Ejército
cuando daba protección a los huachicoleros, por lo que
su secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, debió
abandonar el puesto–; redujo en más de 95 por ciento las
agencias del Ministerio Público, dejando únicamente las que
tenían menor incidencia delictiva y desanimando a miles de
personas a acudir a grandes distancias a presentar las
denuncias, todo para maquillar en las cifras el número real de
delitos; capacitó y controló a las policías para la represión de
los movimientos sociales pero no para combatir los delitos que
más afectan a la gente.
Logró, con estas medidas, que Puebla subiera aceleradamente en
el ranking de estados donde se roba combustible,
hasta alcanzar el primer lugar. Hoy, la tendencia a los
feminicidios también tiene un comportamiento inercial, y a medio
año ya hay 57 mujeres asesinadas por odio de género. La
seguridad de la población es una de las principales
preocupaciones de los poblanos, los robos de toda índole ocurren
con tal frecuencia que son el principal tema de conversación en
todas partes de la entidad. La eficiencia de las instancias de
procuración de justicia es deliberadamente mala y sesgada. Mientras se mantienen desde el sexenio pasado 366 presos,
procesados y perseguidos políticos sin aplicar la justicia, se
libera por falta de pruebas a un reo que, se aseguró,
mató, torturó, descuartizó y disolvió en ácido a seis personas;
se asegura que este hombre prestó sus camionetas blindadas y dio
dinero y otros servicios para la campaña de Rafael Moreno Valle,
ahí se explicaría el por qué de su total exoneración.
En este ambiente de enrarecimiento social e impunidad, ayer se
presentaron cuatro individuos en el mercado Hidalgo preguntando
por Meztli y le descargaron un tiro en el abdomen, otro en la
nuca, y dispararon contra Pablo Alfredo, quien se encontraban con
ella. Sicarios profesionales, sin duda. Dejaron un papel diciendo
que el que seguía era Simitrio; más que una amenaza. ¿Quiénes
fueron; quién fue? Dudo que las autoridades encuentren a los
culpables, pero ellas son las responsables de hacerlo. Lo cierto
es que esta irrespirable atmósfera de miedo tiene en hechos como
éste su explicación. Aunque yo señalo sin ambages a Moreno Valle
como el responsable de esta situación, Antonio Gali es quien debe
dar la cara por ella, y su secretario de Gobierno, Diódoro
Carrasco, heredado por el anterior gobernador, no puede hacerse a
un lado.
Meztli tenía 42 años, tres hijos, uno de 15, uno de 11 y otro
pequeño. La semana pasada la vi en casa de los Sarabia, donde
Rubén purga una injustificable condena en la modalidad de prisión
domiciliaria. Los fuimos a visitar en ese departamento de interés
social en el que también vivía ella, la saludé al salir con su
hijo pequeño rumbo al mercado. Pablo Alfredo se fue a un hospital
privado, porque, a decir de la organización, le negaron la
atención en el hospital de traumatología General Rafael Moreno
Valle –inaugurado por el anterior gobernador y hoy aspirante a la
Presidencia de la República con grandes fastos y en compañía de
Peña Nieto–, aunque versiones extraoficiales del gobierno actual
niegan esta versión. La Fiscalía del estado pone entre sus líneas
de investigación el narcomenudeo, una acusación hecha sin
pruebas desde hace años; los otros sicarios, lo de la tecla, dan
por hecho esta versión, y los bots salieron casi al
mismo tiempo que apareció la noticia en el portal
lajornadadeoriente.com a dar esta versión por cierta acusando a
Meztli de ser la culpable de su propia muerte; por cierto,
investigar a estos bots sí es una línea seria para la
Fiscalía, pero no hablan de ella.
Es demasiado. No debemos tolerar el nivel al que han llegado las
cosas.
