¿Quién está detrás del atentado contra Charlie Hebdo?

Thierry Meyssan

 

La misión del comando no coincide con la ideología yihadista

En efecto, los miembros o simpatizantes de grupos como la Hermandad Musulmana, al-Qaeda o el Emirato Islámico [1] no se habrían limitado a matar dibujantes ateos. Habrían comenzado por destruir los archivos de la publicación en presencia de las víctimas, como lo han hecho en la totalidad de las acciones que perpetran en el Magreb y el Levante. Para los yihadistas, lo primero es destruir los objetos que –según ellos– ofenden a Dios, antes de castigar a los «enemigos de Dios».

Y tampoco se habrían replegado de inmediato, huyendo de la policía, sin completar su misión. Por el contrario, la habrían realizado hasta el final aunque eso les costase la vida.

Por otro lado, los videos y varios testimonios muestran que los atacantes son profesionales. Están acostumbrados al manejo de armas y sólo disparan cuando es realmente necesario. Su indumentaria tampoco es la de los yihadistas sino más bien la que caracteriza a los comandos militares.

Su manera de ejecutar en el suelo un policía herido, que no representaba un peligro para ellos, demuestra que su misión no era «vengar a Mahoma» del humor no muy fino de Charlie Hebdo.

 

Objetivo de la operación: favorecer el inicio de una guerra civil

Los atacantes hablan bien el idioma francés y es muy probable que sean franceses, lo cual no justifica la conclusión de que todo sea un incidente franco-francés. Por el contrario, el hecho de que se trata de profesionales nos obliga a separar estos ejecutores de quienes dieron la orden de realizar la operación.
Y nada demuestra que estos últimos sean franceses.

Es un reflejo normal, pero intelectualmente erróneo, creer que conocemos a nuestros agresores en el momento en que acabamos de sufrir la agresión. Eso es lo más lógico, tratándose de la criminalidad común y corriente. Pero no es así cuando se trata de política internacional.

Quienes dieron las órdenes que llevaron a la ejecución de este atentado sabían que estaban provocando una ruptura entre los franceses de religión musulmana y los franceses no musulmanes. El semanario satírico francés Charlie Hebdo se había especializado en las provocaciones antimusulmanas, de las que la mayoría de los musulmanes de Francia han sido víctimas directa o indirectamente. Si bien los musulmanes de Francia no dejarán seguramente de condenar este atentado, les será difícil sentir por las víctimas tanto dolor como los lectores de la publicación. Y no faltarán quienes interpreten eso como una forma de complicidad con los asesinos.

Es por eso que, en vez de considerar este atentado extremadamente sanguinario como una venganza islamista contra el semanario que publicó en Francia las caricaturas sobre Mahoma y dedicó reiteradamente su primera plana a caricaturas antimusulmanas, sería más lógico pensar que se trata del primer episodio de un proceso tendiente a crear una situación de guerra civil.

 

La estrategia del «choque de civilizaciones» fue concebida en Tel Aviv y Washington

La ideología y la estrategia de la Hermandad Musulmana, al-Qaeda y el Emirato Islámico no predica provocar una guerra civil en «Occidente» sino, por el contrario, desatar la guerra civil en el «Oriente» y separar ambos mundos herméticamente. Ni Said Qotb, ni ninguno de sus sucesores llamaron nunca a provocar enfrentamientos entre musulmanes y no musulmanes en el terreno de estos últimos.

Por el contrario, quien formuló la estrategia del «choque de civilizaciones» fue Bernard Lewis y lo hizo por encargo del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Esa estrategia fue divulgada posteriormente por Samuel Huntington, presentándola no como una estrategia de conquista sino como una situación que podía llegar a producirse [2]. El objetivo era convencer a los pueblos de los países miembros de la OTAN de que era inevitable un enfrentamiento, justificando así el carácter preventivo de lo que sería la «guerra contra el terrorismo».

No es en El Cairo, en Riad ni en Kabul donde se predica el «choque de civilizaciones» sino en Washington y en Tel Aviv.

Quienes dieron la orden que llevó al atentado contra Charlie Hebdo no estaban interesados en contentar a yihadistas o talibanes sino a los neoconservadores o los halcones liberales.

 

No debemos olvidar los precedentes históricos

Tenemos que recordar que durante las últimas décadas hemos visto a los servicios especiales de Estados Unidos y de la OTAN

 utilizar en Francia la población civil como conejillos de Indias para experimentar los efectos devastadores de ciertas drogas [3];
 respaldar a la OAS para asesinar al presidente francés Charles De Gaulle [4];
 proceder a la realización de atentados “bajo bandera falsa” contra la población civil en varios países miembros de la OTAN [5].

Tenemos que recordar que, desde el desmembramiento de Yugoslavia, el estado mayor estadounidense ha experimentado y puesto en práctica en numerosos países su estrategia conocida como «pelea de perros», que consiste en matar miembros de la comunidad mayoritaria y matar después miembros de las minorías para lograr que ambas partes se acusen entre sí y que cada una de ellas crea que la otra está tratando de exterminarla. Fue así como Washington provocó la guerra civil en Yugoslavia y, últimamente, en Ucrania [6].

Los franceses harían bien en recordar igualmente que no fueron ellos quienes tomaron la iniciativa de la lucha contra los yihadistas que regresaban de Siria e Irak. Por cierto, ninguno de esos individuos ha cometido hasta ahora ningún atentado en Francia ya que el caso de Mehdi Nemmouche no puede catalogarse como un hecho perpetrado por un terrorista solitario sino por un agente encargado de ejecutar en Bruselas a 2 agentes del Mosad [7] [8]. Fue Washington quien convocó, el 6 de febrero de 2014, a los ministros del Interior de Alemania, Estados Unidos, Francia (el señor Valls envió un representante), Italia, Polonia y Reino Unido para que inscribieran el regreso de los yihadistas europeos como una cuestión de seguridad nacional [9]. Fue sólo después de aquella reunión que la prensa francesa abordó ese tema dado el hecho que las autoridades habían comenzado a actuar.

No sabemos quién ordenó este ataque profesional contra Charlie Hebdo pero sí sabemos que no debemos precipitarnos. Tendríamos que tener en cuenta todas las hipótesis y admitir que, en este momento, su objetivo más probable es dividirnos y que lo más probable es que quienes dieron la orden estén en Washington.

[1] También conocido bajo su acrónimo árabe como Daesh y designado –por razones de propaganda– como ISIS por la administración estadounidense, el autoproclamado Emirato Islámico es el grupo que se identificaba anteriormente como Emirato Islámico en Irak y el Levante (EIIL).
[2] «La “guerra de civilizaciones”», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 7 de diciembre de 2004.
[3] «Cuando la CIA utilizaba ciudadanos franceses como conejillos de India», por Hank P. Albarelli Jr., Red Voltaire, 30 de marzo de 2010.
[4] «Cuando el stay-behind quiso derrocar a De Gaulle», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 28 de agosto de 2009.
[5] «Les Armées Secrètes de l’OTAN», por Daniele Ganser, éd. Demi-Lune. Los lectores pueden ver la traducción al español de esa obra publicada por capítulos en el sitio de la Red Voltaire.
[6] «El representante adjunto de la ONU en Afganistán expulsado de su puesto», «¿Puede Washington derrocar tres gobiernos a la vez?», por Thierry Meyssan, Al-Watan (Siria) y Red Voltaire, 3 de octubre de 2009 y 24 de febrero de 2014.
[7] «El caso Nemmouche y los servicios secretos atlantistas », por Thierry Meyssan, Al-Watan (Siria), Red Voltaire, 9 de junio de 2014.
[8] Algunos citarán, en contraposición, los casos de Khaled Kelkal (1995) y de Mohammed Mehra (2012) como casos de «lobos solitarios» vinculados a yihadistas, pero que no tienen nada que ver con Siria ni con Irak. Desgraciadamente, estos 2 individuos fueron eliminados por las fuerzas del orden, lo cual hace imposible la verificación de las teorías oficiales.
[9] «Siria se convierte en “tema de seguridad interna” para Estados Unidos y la Unión Europea», Red Voltaire, 8 de febrero de 2014.

El terror en París: raíces profundas y lejanas

Atilio A. Boron

El atentado terrorista perpetrado en las oficinas de Charlie Hebdo debe ser condenado sin atenuantes. Es un acto brutal, criminal, que no tiene justificación alguna. Es la expresión contemporánea de un fanatismo religioso que -desde tiempos inmemoriales y en casi todas las religiones conocidas- ha plagado a la humanidad con muertes y sufrimientos indecibles. La barbarie perpetrada en París concitó el repudio universal. Pero parafraseando a un enorme intelectual judío del siglo XVII, Baruch Spinoza, ante tragedias como esta no basta con llorar, es preciso comprender. ¿Cómo dar cuenta de lo sucedido?

La respuesta no puede ser simple porque son múltiples los factores que se amalgamaron para producir tan infame masacre. Descartemos de antemano la hipótesis de que fue la obra de un comando de fanáticos que, en un inexplicable rapto de locura religiosa, decidió aplicar un escarmiento ejemplar a un semanario que se permitía criticar ciertas manifestaciones del Islam y también de otras confesiones religiosas. Que son fanáticos no cabe ninguna duda. Creyentes ultraortodoxos abundan en muchas partes, sobre todo en Estados Unidos e Israel. Pero, ¿cómo llegaron los de París al extremo de cometer un acto tan execrable y cobarde como el que estamos comentando? Se impone distinguir los elementos que actuaron como precipitantes o desencadenantes –por ejemplo, las caricaturas publicadas por el Charlie Hebdo, blasfemas para la fe del Islam- de las causas estructurales o de larga duración que se encuentran en la base de una conducta tan aberrante. En otras palabras, es preciso ir más allá del acontecimiento, por doloroso que sea, y bucear en sus determinantes más profundos.

A partir de esta premisa metodológica hay un factor que merece especial consideración. Nuestra hipótesis es que lo sucedido es un lúgubre síntoma de lo que ha sido la política de Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Es el resultado paradojal –pero previsible, para quienes están atentos al movimiento dialéctico de la historia- del apoyo que la Casa Blanca le brindó al radicalismo islámico desde el momento en que, producida la invasión soviética a Afganistán en Diciembre de 1979, la CIA determinó que la mejor manera de repelerla era combinar la guerra de guerrillas librada por los mujaidines con la estigmatización de la Unión Soviética por su ateísmo, convirtiéndola así en una sacrílega excrecencia que debía ser eliminada de la faz de la tierra. En términos concretos esto se tradujo en un apoyo militar, político y económico a los supuestos “combatientes por la libertad” y en la exaltación del fundamentalismo islamista del talibán que, entre otras cosas, veía la incorporación de las niñas a las escuelas afganas dispuesta por el gobierno prosoviético de Kabul como una intolerable apostasía. Al Qaeda y Osama bin Laden son hijos de esta política. En esos aciagos años de Reagan, Thatcher y Juan Pablo II, la CIA era dirigida por William Casey, un católico ultramontano, caballero de la Orden de Malta cuyo celo religioso y su visceral anticomunismo le hicieron creer que, aparte de las armas, el fomento de la religiosidad popular en Afganistán sería lo que acabaría con el sacrílego “imperio del mal” que desde Moscú extendía sus tentáculos sobre el Asia Central. Y la política seguida por Washington fue esa: potenciar el fervor islamista, sin medir sus predecibles consecuencias a mediano plazo.

Horrorizado por la monstruosidad del genio que se le escapó de la botella y produjo los confusos atentados del 11 de Septiembre (confusos porque las dudas acerca de la autoría del hecho son muchas más que las certidumbres) Washington proclamó una nueva doctrina de seguridad nacional: la “guerra infinita” o la “guerra contra el terrorismo”, que convirtió a las tres cuartas partes de la humanidad en una tenebrosa conspiración de terroristas (o cómplices de ellos) enloquecidos por su afán de destruir a Estados Unidos y el “modo americano de vida” y estimuló el surgimiento de una corriente mundial de la “islamofobia”. Tan vaga y laxa ha sido la definición oficial del terrorismo que en la práctica este y el Islam pasaron a ser sinónimos, y el sayo le cabe a quienquiera que sea un crítico del imperialismo norteamericano. Para calmar a la opinión pública, aterrorizada ante los atentados, los asesores de la Casa Blanca recurrieron al viejo método de buscar un chivo expiatorio, alguien a quien culpar, como a Lee Oswald, el inverosímil asesino de John F. Kennedy. George W. Bush lo encontró en la figura de un antiguo aliado, Saddam Hussein, que había sido encumbrado a la jefatura del estado en Irak para guerrear contra Irán luego del triunfo de la Revolución Islámica en 1979, privando a la Casa Blanca de uno de sus más valiosos peones regionales. Hussein, como Gadaffi años después, pensó que habiendo prestado sus servicios al imperio tendría las manos libres para actuar a voluntad en su entorno geográfico inmediato. Se equivocó al creer que Washington lo recompensaría tolerando la anexión de Kuwait a Irak, ignorando que tal cosa era inaceptable en función de los proyectos estadounidenses en la región. El castigo fue brutal: la primera Guerra del Golfo (Agosto 1990-Febrero 1991), un bloqueo de más de diez años que aniquiló a más de un millón de personas (la mayoría niños) y un país destrozado. Contando con la complicidad de la dirigencia política y la prensa “libre, objetiva e independiente” dentro y fuera de Estados Unidos la Casa Blanca montó una patraña ridícula e increíble por la cual se acusaba a Hussein de poseer armas de destrucción masiva y de haber forjado una alianza con su archienemigo, Osama bin Laden, para atacar a los Estados Unidos. Ni tenía esas armas, cosa que era archisabida; ni podía aliarse con un fanático sunita como el jefe de Al Qaeda, siendo él un ecléctico en cuestiones religiosas y jefe de un estado laico.

Impertérrito ante estas realidades, en Marzo del 2003 George W. Bush dio inicio a la campaña militar para escarmentar a Hussein: invade el país, destruye sus fabulosos tesoros culturales y lo poco que quedaba en pie luego de años de bloqueo, depone a sus autoridades, monta un simulacro de juicio donde a Hussein lo sentencian a la pena capital y muere en la horca. Pero la ocupación norteamericana, que dura ocho años, no logra estabilizar económica y políticamente al país, acosada por la tenaz resistencia de los patriotas iraquíes. Cuando las tropas de Estados Unidos se retiran se comprueba su humillante derrota: el gobierno queda en manos de los chiítas, aliados del enemigo público número uno de Washington en la región, Irán, e irreconciliablemente enfrentados con la otra principal rama del Islam, los sunitas. A los efectos de disimular el fracaso de la guerra y debilitar a una Bagdad si no enemiga por lo menos inamistosa -y, de paso, controlar el avispero iraquí- la Casa Blanca no tuvo mejor idea que replicar la política seguida en Afganistán en los años ochentas: fomentar el fundamentalismo sunita y atizar la hoguera de los clivajes religiosos y las guerras sectarias dentro del turbulento mundo del Islam. Para ello contó con la activa colaboración de las reaccionarias monarquías del Golfo, y muy especialmente de la troglodita teocracia de Arabia Saudita, enemiga mortal de los chiítas y, por lo tanto, de Irán, Siria y de los gobernantes chiítas de Irak.

Claro está que el objetivo global de la política estadounidense y, por extensión, de sus clientes europeos, no se limita tan sólo a Irak o Siria. Es de más largo aliento pues procura concretar el rediseño del mapa de Medio Oriente mediante la desmembración de los países artificialmente creados por las potencias triunfantes luego de las dos guerras mundiales. La balcanización de la región dejaría un archipiélago de sectas, milicias, tribus y clanes que, por su desunión y rivalidades mutuas no podrían ofrecer resistencia alguna al principal designio de “humanitario” Occidente: apoderarse de las riquezas petroleras de la región. El caso de Libia luego de la destrucción del régimen de Gadaffi lo prueba con elocuencia y anticipó la fragmentación territorial en curso en Siria e Irak, para nombrar los casos más importantes. Ese es el verdadero, casi único, objetivo: desmembrar a los países y quedarse con el petróleo de Medio Oriente. ¿Promoción de la democracia, los derechos humanos, la libertad, la tolerancia? Esos son cuentos de niños, o para consumo de los espíritus neocolonizados y de la prensa títere del imperio para disimular lo inconfesable: el saqueo petrolero.

El resto es historia conocida: reclutados, armados y apoyados diplomática y financieramente por Estados Unidos y sus aliados, a poco andar los fundamentalistas sunitas exaltados como “combatientes por la libertad” y utilizados como fuerzas mercenarias para desestabilizar a Siria hicieron lo que en su tiempo Maquiavelo profetizó que harían todos los mercenarios: independizarse de sus mandantes, como antes lo hicieran Al Qaeda y bin Laden, y dar vida a un proyecto propio: el Estado Islámico. Llevados a Siria para montar desde afuera una infame “guerra civil” urdida desde Washington para producir el anhelado “cambio de régimen” en ese país, los fanáticos terminaron ocupando parte del territorio sirio, se apropiaron de un sector de Irak, pusieron en funcionamiento los campos petroleros de esa zona y en connivencia con las multinacionales del sector y los bancos occidentales se dedican a vender el petróleo robado a precio vil y convertirse en la guerrilla más adinerada del planeta, con ingresos estimados de 2.000 millones de dólares anuales para financiar sus crímenes en cualquier país del mundo. Para dar muestras de su fervor religioso las milicias jihadistas degüellan, decapitan y asesinan infieles a diestra y siniestra, no importa si musulmanes de otra secta, cristianos, judíos o agnósticos, árabes o no, todo en abierta profanación de los valores del Islam. Al haber avivado las llamas del sectarismo religioso era cuestión de tiempo que la violencia desatada por esa estúpida y criminal política de Occidente tocara las puertas de Europa o Estados Unidos. Ahora fue en París, pero ya antes Madrid y Londres habían cosechado de manos de los ardientes islamistas lo que sus propios gobernantes habían sembrado inescrupulosamente.

De lo anterior se desprende con claridad cuál es la génesis oculta de la tragedia del Charlie Hebdo. Quienes fogonearon el radicalismo sectario mal podrían ahora sorprenderse y mucho menos proclamar su falta de responsabilidad por lo ocurrido, como si el asesinato de los periodistas parisinos no tuviera relación alguna con sus políticas. Sus pupilos de antaño responden con las armas y los argumentos que les fueron inescrupulosamente cedidos desde los años de Reagan hasta hoy. Más tarde, los horrores perpetrados durante la ocupación norteamericana en Irak los endurecieron e inflamaron su celo religioso. Otro tanto ocurrió con las diversas formas de “terrorismo de estado” que las democracias capitalistas practicaron, o condonaron, en el mundo árabe: las torturas, vejaciones y humillaciones cometidas en Abu Ghraib, Guantánamo y las cárceles secretas de la CIA; las matanzas consumadas en Libia y en Egipto; el indiscriminado asesinato que a diario cometen los drones estadounidenses en Pakistán y Afganistán, en donde sólo dos de cada cien víctimas alcanzadas por sus misiles son terroristas; el “ejemplarizador” linchamiento de Gadaffi (cuya noticia provocó la repugnante carcajada de Hillary Clinton); el interminable genocidio al que son periódicamente sometidos los palestinos por Israel, con la anuencia y la protección de Estados Unidos y los gobiernos europeos, crímenes, todos estos, de lesa humanidad que sin embargo no conmueven la supuesta conciencia democrática y humanista de Occidente. Repetimos: nada, absolutamente nada, justifica el crimen cometido contra el semanario parisino. Pero como recomendaba Spinoza hay que comprender las causas que hicieron que los jihadistas decidieran pagarle a Occidente con su misma sangrienta moneda. Nos provoca náuseas tener que narrar tanta inmoralidad e hipocresía de parte de los portavoces de gobiernos supuestamente democráticos que no son otra cosa que sórdidas plutocracias. Hubo quienes, en Estados Unidos y Europa, condenaron lo ocurrido con los colegas de Charlie Hebdo por ser, además, un atentado a la libertad de expresión. Efectivamente, una masacre como esa lo es, y en grado sumo. Pero carecen de autoridad moral quienes condenan lo ocurrido en París y nada dicen acerca de la absoluta falta de libertad de expresión en Arabia Saudita, en donde la prensa, la radio, la televisión, la Internet y cualquier medio de comunicación está sometido a una durísima censura. Hipocresía descarada también de quienes ahora se rasgan las vestiduras pero no hicieron absolutamente nada para detener el genocidio perpetrado por Israel hace pocos meses en Gaza. Claro, Israel es uno de los nuestros dirán entre sí y, además, dos mil palestinos, varios centenares de ellos niños, no valen lo mismo que la vida de doce franceses. La cara oculta de la hipocresía es el más desenfrenado racismo.

Peña a Washington a profundizar la entrega

Carlos Fazio

 

Mañana, 6 de enero, el presidente Enrique Peña realizará una visita oficial a Estados Unidos. Llegará a su encuentro con Barack Obama con su legitimidad por el piso y políticamente debilitado. La crisis humanitaria heredada del régimen de Felipe Calderón se profundizó durante los primeros dos años de su gobierno, y en la coyuntura los crímenes de Estado de Tlatlaya e Iguala/Ayotzinapa exhiben con crudeza la violencia del sistema. A ello se agregan escándalos de opacidad, corrupción y conflicto de interés desatados por la llamada Casa Blanca de la pareja presidencial Peña/Rivera y el tren rápido México-Querétaro, que vincula en un nudo de complicidades a Televisa y el Grupo Higa del empresario Juan Armando Hinojosa con los negocios turbios del presidente y la consorte. Para colmo de males, Luis Videgaray, ministro de finanzas del año y pensador global, fue descobijado por The Wall Street Journal, cuando reveló una transacción entre el secretario de Hacienda y el empresario incómodo del sexenio, para la compra de una propiedad en Malinalco, Edomex.

El encuentro Peña/Obama será otra puesta en escena de la política como espectáculo. Pero la realidad les cambió radicalmente a ambos. A partir de enero Obama deberá gobernar con un Congreso bajo control republicano, lo que acotará sus márgenes de maniobra. Y en cuanto al valiente modernizador de Davos (Suiza); estadista mundial 2014 de la Appeal of Conscience Foundation y salvador de México ( Time Magazine dixit), la crisis Tlatlaya/ Iguala/ Casa Blanca le estalló en la cara y lo ha mantenido desde hace tres meses en una virtual condición de pasmo.

Debido a las circunstancias, en esta ocasión Obama deberá controlar los dislates escénicos y el carisma que exhibió aquí en México, en mayo de 2013, cuando en una operación de mercadotecnia con fines de legitimación publicitaria a favor de su anfitrión, asumió la nueva épica del entonces naciente gobierno peñista, y transformó discursivamente, como por arte de magia, un país sacrificado por el terror y una violencia fratricida sin fin, en una nación próspera, de clase media urbana en expansión y con jóvenes nacidos para triunfar.

Aquel México falazmente idealizado por Obama exhibe hoy a una población enojada hasta el hartazgo, que se manifiesta cada día a raíz de los crímenes de lesa humanidad de Iguala/ Ayotzinapa, que con participación directa de agentes del Estado tuvo como blanco a casi medio centenar de jóvenes normalistas de extracción campesina pobre. A lo que se añade la ejecución sumaria extrajudicial de 20 muchachos de entre 16 y 22 años y una jovencita de 15 –señalados como presuntos delincuentes según la narrativa oficial−, a manos de soldados del 102 batallón de infantería del Ejército Mexicano, en Tlatlaya, el 30 de junio del año pasado.

El naufragio del otrora tan aplaudido Mexican moment, no distraerá el abordaje de la agenda oculta del encuentro Obama/Peña en la otra Casa Blanca. La agenda encubierta tiene como punto nodal la consolidación de Norteamérica como un espacio geográfico integrado por Canadá, Estados Unidos y México, bajo el control económico-militar de Washington, para la competencia intercapitalista en los mercados y la apropiación/ despojo de los recursos geoestratégicos mundiales. En la etapa, la acentuación de la crisis estructural del sistema llega acompañada de guerras económico-energéticas, convulsiones geopolíticas y operaciones de desestabilización del eje Pentágono/OTAN en zonas de influencia de Rusia y China; y en el plano subregional está marcada por el giro histórico, de signo incierto, contenido en el anuncio de una próxima reanudación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

En ese contexto cabe recordar las recomendaciones que en octubre diera a conocer el Consejo de Relaciones Exteriores, poderoso gobierno mundial en las sombras con sede en Nueva York. En su informe América del Norte: hora para un nuevo enfoque −reseñado por David Brooks en La Jornada−, el CFR (por sus siglas en inglés) insistió que para fortalecer a Estados Unidos y su presencia en el mundo (ergo, para preservar la hegemonía imperial), se debe profundizar la integración con Canadá y México, vía el desarrollo e implementación de una estrategia para la cooperación económica, energética, de seguridad, ambiental y social.

El reporte aboga por una estrategia de seguridad unificada para América del Norte. Pero mientras se llega a esa meta, Obama debe apoyar los esfuerzos de Peña por fortalecer la gobernación democrática (un giro semántico a la otrora seguridad democrática de Álvaro Uribe en Colombia, auspiciada por Washington). También recomienda profundizar la estrategia transfronteriza con México, mediante la combinación de la protección del perímetro de seguridad con un mayor uso de inteligencia, evaluaciones de riesgo, capacidades compartidas y acciones conjuntas; claro está, con la subordinación de las fuerzas armadas de México al Comando Norte del Pentágono, que desde 2013, a través de la Iniciativa Mérida, ha intensificado los cursos de entrenamiento a militares y civiles nativos en guerra irregular, contraterrorismo y contrainsurgencia.

Otra recomendación es apoyar las reformas históricas de México en materia energética. El CFR insiste en la necesidad de una estrategia regional que incluya una ampliación de las exportaciones, el fortalecimiento de infraestructura y la promoción de mayores conexiones transfronterizas de energía. Y como dijo el ex presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick −firmante del informe junto con el general (r) David Petraeus, ex director de la CIA−, dado que la reforma energética en México aún no se ha implementado, es muy importante que Estados Unidos ayude en esa implementación. Allanada la contrarreforma al 27 constitucional, el botín está en las aguas profundas del Golfo y en la infraestructura hidrocarburífica transfronteriza con eje en la cuenca de Burgos. A eso fue llamado Peña a Washington; a profundizar la entrega.

La investigación de la PGR encubre al Ejército y a la Policía Federal

Revista Proceso # 1990

Como en el caso Tlatlaya, el de Ayotzinapa revela una estrategia ya ensayada por el gobierno de Enrique Peña Nieto: el encubrimiento de agentes del Estado, señaladamente el Ejército y la Policía Federal. Como entonces, hoy la Procuraduría General de la República descalifica, miente, oculta, exonera por adelantado y sin investigación de por medio a otros posibles responsables. A continuación se exponen de manera pormenorizada los elementos fácticos y documentales que sirvieron de base al reportaje publicado en la edición 1989 de Proceso y que sustentan la tesis periodística de los reporteros Anabel Hernández y Steve Fisher, junto con nuevas y sólidas evidencias que apuntan al entorpecimiento de la búsqueda de los jóvenes en instalaciones militares y de la PF.

La estrategia de ocultamiento, mentiras, descalificación a investigaciones periodísticas y exoneraciones por adelantado al Ejército y a la Policía Federal (PF) por el caso Ayotzinapa recuerda a la urdida por el gobierno federal en el caso Tlatlaya, cuando militares ejecutaron de manera extrajudicial a 21 presuntos delincuentes en esa localidad del Estado de México.

Durante semanas, meses, autoridades estatales y federales tergiversaron y/o negaron una y otra vez los hechos, hasta que una investigación periodística y la presión internacional orillaron al gobierno de Enrique Peña Nieto a emprender una indagatoria creíble, y más tarde –muy tarde– a aceptar la responsabilidad de efectivos de las Fuerzas Armadas en aquella masacre y su final enjuiciamiento.

Ahora, en el caso Ayotzinapa, el empecinamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) en darle carpetazo deja ver la misma fórmula: el encubrimiento y la eventual impunidad de más posibles responsables.

La investigación publicada en el número 1989 de Proceso con el encabezado La historia no oficial mostró que la PF participó activamente en el ataque contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre y madrugada del 27, con la complicidad del Ejército; que contra lo dicho por el gobierno federal, éste sí tuvo conocimiento de los hechos en tiempo real por conducto de los funcionarios federales adscritos a los C4 de Chilpancingo e Iguala, y que al menos cinco de los supuestos miembros de Guerreros Unidos usados por la Procuraduría General de la República (PGR) para dar forma a la versión oficial contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y la policía de ese municipio, fueron torturados antes de rendir sus declaraciones.

El martes 16, tras la publicación del reportaje y en entrevista con Carmen Aristegui para CNN en Español, el procurador general Jesús Murillo Karam declaró lo siguiente sobre el papel de la PF el 26 de septiembre en Iguala: “… Sí, del conocimiento de que había una manifestación (presencia de los estudiantes en la caseta 3 de la carretera Chilpancingo-Iguala), sí, claro. De que estaban (la PF) del lado de la caseta, sí, claro. Eso todo está en la averiguación; pero eso no implica que hayan participado de ninguna manera”.

En su conferencia de prensa del 7 de noviembre último, el funcionario había afirmado: “El grupo de jóvenes subió a bordo de dos camiones Estrella de Oro de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, rumbo a la entrada de la ciudad de Iguala. Posteriormente, se trasladaron a la terminal de autobuses, donde tomaron otros dos camiones de otra empresa.

“El expresidente municipal de Iguala, quien tenía designada en la comunicación interna de la Policía Municipal el código A5, fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en esos cuatro camiones, según declara el propio operador de radio de la central de la Policía Municipal de Iguala, David Hernández Cruz, y la ratifica uno de los vigilantes que ellos conocen como halcones, que recibía comunicación. Es en este mismo evento, como se ha informado, que los policías municipales de Iguala privaron de la vida a tres normalistas.”

En su anuncio de conclusiones del caso Iguala, el procurador no informó que desde las 20:00 horas seis policías federales, a bordo de tres patrullas, monitorearon a los normalistas de Ayotzinapa. Tampoco informó que éstos eran vigilados por los gobiernos estatal y federal desde las 17:59 horas, cuando salieron de su escuela rumbo a Iguala, por el C4 de Chilpancingo, donde hay presencia de representantes de las policías Federal, Estatal, Municipal de Chilpancingo y del Ejército.

El mismo martes 16, Murillo Karam le declaró a Carmen Aristegui: “Después de haber oído la respuesta de la Policía Federal que viene hoy en La Jornada, me queda claro que no hay modo de suponer la actuación de la Policía Federal”, lo que indica que la PGR deslindó a la PF sin haber llamado a declarar a los efectivos de esa corporación.

Del indicio periodístico al indicio oficial

La PGR envió a Proceso una breve nota aclaratoria: “La investigación que lleva a cabo la Procuraduría se ha basado en testimonios, revisión de documentos, videograbaciones, fotografías, peritajes, inspecciones ministeriales, análisis técnicos y forenses, entre otros.

“Ninguno de estos elementos arroja indicios de que miembros de la Policía Federal o del Ejército Mexicano hayan participado en los hechos delictivos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.”

Pese a las declaraciones públicas de Murillo Karam en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, donde pide que se le muestren las evidencias de la investigación periodística sobre la participación de la PF y el Ejército, tal solicitud no ha sido dirigida a Proceso ni al Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de Berkeley.

El jueves 18 se envió una carta solicitando al procurador general acceso a la investigación y a las pruebas que deslindan a la PF y al Ejército. Aún se está en espera de la respuesta. Y cabe señalar que no hubo ninguna carta aclaratoria por parte de la Secretaría de Gobernación, responsable de la PF y de la coordinación de los C4 en Guerrero.

Tampoco la hay de parte de la Policía Federal.

La investigación periodística publicada se basó en la revisión de miles de hojas de averiguaciones previas, testimonios, videos, informes y tarjetas informativas del gobierno de Guerrero. Se hizo un recorrido por los lugares donde ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre y se verificó la información contenida en las averiguaciones previas y causas penales. Se tomaron videos y fotografías.

Durante todas las indagatorias oficiales fue patente la ausencia de la PGR. Para entender lo ocurrido esa noche, no interrogó a testigos imprescindibles, quienes contradicen la versión oficial del ataque y desaparición de los estudiantes. No protegieron las pruebas ni hicieron los análisis periciales con oportunidad. En todos sus informes sobre el caso, la PGR omitió las primeras declaraciones ministeriales rendidas por los estudiantes atacados, quienes imputaron, además de a la Policía Municipal, a la Federal y denunciaron el hostigamiento del Ejército. Ocultó la existencia de videos grabados por los estudiantes esa noche –mostrados por Proceso– y nunca dio una versión del actuar de la PF y el Ejército ese día.

Sin hacer una investigación completa y transparente de las diferentes líneas de investigación que se desprendían de las declaraciones ministeriales y elementos de prueba, la PGR adelantó conclusiones y dio el caso por resuelto el pasado 7 de noviembre.

Sustento documental

A continuación se enumeran algunas de las pruebas documentales con las que cuentan la reportera y el reportero, las cuales sustentan la tesis periodística acerca de la participación de la PF y el Ejército en el ataque, las graves deficiencias y omisiones de la PGR en la investigación, el ocultamiento de información y declaraciones ministeriales rendidas bajo violencia previa ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

Cualquier persona interesada en consultar directamente los documentos puede contactar a la reportera y al reportero en el Investigative Reporting Program, UC Berkeley, 2481 Hearst Avenue, Berkeley, CA 94709 y en Proceso.

1. Declaración ministerial del estudiante Luis Pérez Martínez rendida el 27 de septiembre ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJG) que obra en la causa penal 172/2014-I. Afirmó que en el ataque contra sus compañeros en la calle Juan N. Álvarez, policías municipales les cerraron el paso, pero la PF fue la que disparó contra ellos.

2. Declaración ministerial del estudiante Francisco Chalma, rendida el mismo día –obra en la averiguación previa (AP) HID/SC/02/0993/2014– sobre la actuación del Ejército en el hospital Cristina e identifica la presencia de policías con pasamontañas, pecheras y rodilleras, equipo del cual carece la Policía Municipal de Iguala. Cabe señalar que Chalma fue golpeado la madrugada del 14 de diciembre en Chilpancingo por policías federales aparentemente ebrios.

3. Declaración ministerial del estudiante Ángel Mundo Francisco, en la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014. También reconoce a policías con guantes negros y equipo antimotines, que no usa la policía de Iguala.

4. Declaración ministerial del estudiante José de Jesús Vázquez –en la AP HID/SC/02/0993/2014–, quien señala la existencia de videos grabados por los estudiantes con celulares y afirma que entregó uno a la PGJG.

5. Videos grabados con teléfonos celulares por los estudiantes la noche del 26 de septiembre. En uno de ellos claramente un normalista identifica la presencia de la PF. “Ya se están yendo los policías… se van a quedar los federales y nos van a querer fastidiar”.

6. Entrevista con el licenciado Vidulfo Rosales, abogado de los estudiantes y de los padres de los desaparecidos, quien afirmó que desde sus primeras declaraciones ministeriales los normalistas señalaron la participación de la PF y el Ejército, y que a finales de noviembre ampliaron sus declaraciones al respecto ante la PGR, la cual no quiso darles copia de las mismas.

7. Declaración ministerial de Osvaldo Arturo Vázquez, escolta del exalcalde Abarca, quien declaró que éste y su esposa se retiraron de la explanada del centro de Iguala a las 20:45 horas, al terminar el informe de la gestión de ella al frente del DIF municipal, y luego fueron a cenar a una taquería en la colonia Río Balsas.

8. Entrevista con la señora Lili, dueña de la mencionada taquería, quien confirmó que el exalcalde y su familia fueron a cenar esa noche y se retiraron a las 22:20 horas. Se le preguntó si la PGR la había citado a declarar o si había ido a su local. Respondió que no.

9. Informe del gobierno de Guerrero que consta de más de 900 hojas en las que se desglosan las acciones realizadas durante el 26 de septiembre hasta el 4 de octubre, cuando la PGR atrajo el caso.

10. Tarjeta informativa (TI) número 02370, de dos hojas, firmada por el coordinador operativo de la región norte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero, José Adame Bautista.

11. Se obtuvo información en los C4 de Chilpancingo e Iguala acerca de que en sus instalaciones hay representantes de las policías Federal, Estatal y Municipal, así como del Ejército. Todos ellos reciben simultáneamente los reportes del 066.

12. Entrevista con Omar García, líder del Comité de Orientación Política e Ideológica de la Normal Rural de Ayotzinapa, quien afirma que 10 alumnos quedaron encerrados en un autobús que llegó a la terminal de Iguala, que éstos llamaron para pedir ayuda a sus compañeros y que los dos camiones monitoreados por la Policía Estatal y la PF se movieron de la caseta 3 hacia la central de autobuses.

13. Declaración ministerial de Felipe Flores Velázquez rendida el 27 de septiembre –AP HID/SC/0993/2014– en la cual asegura que a las 21:24 horas informó al jefe de la base de la PF en Iguala, Luis Antonio Dorantes, que los estudiantes estaban secuestrando camiones y aquél respondió que estaría pendiente.

14. Constancia de actuaciones en la AP HID/SC/0993/2014 sobre nuevas diligencias. En el análisis de los hechos dentro de la averiguación previa y “para la debida integración y perfeccionamiento”, la agente del Ministerio Público del fuero común Maribel Morales García solicitó con carácter de urgente las imágenes grabadas por las cámaras del C4 instaladas en la calle Juan N. Álvarez, de Iguala.

15. Oficio 7314. El 28 de septiembre Morales García pidió al titular de la PF en Iguala que informara urgentemente “si los elementos a su mando participaron de manera activa en los hechos que se registraron el 26 de septiembre”. Y en caso afirmativo, “señalar cuántos elementos se movilizaron en estas acciones”. La PF no respondió.

16. Oficio 7324. En la misma fecha Morales García pidió de manera urgente a la PF de Iguala copias certificadas de la bitácora de registro de entrada y salida del personal que laboró los días 26 y 27 de septiembre. La Policía Federal no respondió.

17. Oficio 7331. En la misma fecha Morales García pidió a la PF de Iguala un informe con el número de patrullas, su fecha de adquisición y asignación y copia de la licencia colectiva de resguardo del armamento en uso dentro de la corporación, “con el fin de resolver conforme a derecho la averiguación previa que se inició por los hechos violentos registrados el día 26 de septiembre”. La Policía Federal no contestó.

18. Seis hojas de la “Orden de los Servicios Operativos de Vigilancia, así como de los Servicios Administrativos que con esta fecha desempeñara el personal adscrito a esta corporación”. “Servicio de las 8:00 horas del día 26 de septiembre a las 8:00 horas del día 27 de septiembre del 2014”. Ninguno de los 165 efectivos de la SSP municipal tiene el nombre de David Hernández Cruz, quien según Murillo Karam señaló a Abarca como el que dio la orden de “contener” a los estudiantes.

19. Se visitó la base de la Policía Municipal de Iguala en Rayón 109. Se tomaron videos del exterior y del interior del inmueble que muestran lo modesto de las instalaciones, y que las casas y vecindades que la rodean tienen vista al patio central, donde supuestamente fueron llevados los estudiantes. Se cuenta con videos que demuestran que las patrullas con roll bar, como las usadas por la Policía Municipal y por la Federal –la cual ahora está encargada de esa base–, no caben por la puerta principal. Aunque aún no termina la investigación, las instalaciones están en remodelación.

20. Testimonios de personas ajenas al incidente, que vieron el ataque y señalaron la presencia de policías con uniformes distintos a los de los municipales.

21. Visita al corralón de Grúas Mejía Meta II, en Periférico Sur sin número, en Iguala, donde desde el 27 de septiembre hay cuatro autos particulares, una motocicleta, patrullas municipales y los tres camiones atacados en la calle Juan N. Álvarez. No fueron protegidos para preservar huellas y pruebas. Se constató directamente que apenas entre los pasados 12 y 14 de noviembre, peritos de la PGR acudieron al lugar a practicar pruebas periciales de los vehículos, una semana después de que el procurador general había anunciado en conferencia de prensa las conclusiones del caso.

22. Dictamen de integridad física número de folio 78336 realizado por la PGR a Néstor Napoléon Martínez Morales, a quien le atribuyeron el apodo de El Napo, detenido en Iguala y acusado de ser parte del grupo criminal Guerreros Unidos (AP PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014). En el documento se enumeran los daños físicos que presentaba.

23. Declaración ministerial de Martínez Morales donde afirma que las lesiones le fueron causadas con motivo de su detención y que fue golpeado por varios de los policías federales que lo aprehendieron.

24. Declaración ministerial de Raúl Núñez Salgado, alias El Camperra, detenido por la Marina en Acapulco y acusado por la PGR de ser operador financiero de Guerreros Unidos (AP PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014). Y “fe de integridad física” donde se enumeran todas las lesiones que presentaba. Su abogado pidió hacer un estudio de mecánica de lesiones.

25. Declaración ministerial de Sidronio Casarrubias Salgado rendida el 17 de octubre de 2014, causa penal 100/2014. Declaró que fue detenido en un restaurante y no en la carretera México-Toluca. Afirmó que apenas había salido de la cárcel hacía cinco meses y que no es líder de Guerreros Unidos. Fue quien declaró que supuestamente en los camiones donde viajaban los estudiantes iban integrantes del grupo delictivo Los Rojos y que por eso Guerreros Unidos, en complicidad con la Policía Municipal de Iguala, los atacó. Afirmó que los estudiantes fueron “asesinados”, “quemados” y arrojadas las cenizas al “río”. Y que supuestamente el procurador del estado, Iñaki Blanco, y el titular de la SSP de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez, estaban involucrados.

La PGR en sus conclusiones descartó que en los camiones hubieran viajado integrantes de Los Rojos y no ha presentado hasta ahora ninguna acusación contra Vázquez ni Blanco. Este último renunció al cargo a mediados de noviembre.

26. Declaración ministerial de Carlos Canto Salgado, alias El Pato, detenido en Iguala por marinos (PGR/SEIDO/UEID MS/816/2014). Dio una lista de supuestos integrantes de Guerreros Unidos, implicó a los comandantes de la Policía Municipal de Iguala, a Raúl Núñez Salgado, a José Luis Abarca, a El Napo y una decena más de personas identificadas por apodos.

27. Declaración preparatoria de Canto Salgado donde revela que efectivos de la Marina y funcionarios del gobierno federal lo torturaron sometiéndolo a asfixia, toques eléctricos, golpes y amenazas contra su familia. Que los marinos tenían una lista de nombres de personas contra las que debía declarar.

28. Dictamen de integridad física número de folio 78130 realizado por la PGR a Eury Flores López y Francisco Javier Lozano Cuevas, detenidos en Cuernavaca por la Marina (PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014). Se enumeran las múltiples lesiones con las que fueron presentados ante el MP.

29. Declaración ministerial de Lozano Cuevas, quien testificó que fue torturado por los marinos que lo detuvieron. El defensor público dejó asentado que pedía se le aplicara el Protocolo de Estambul, el procedente cuando hay tortura.

Tlatlaya-Iguala: modelo necrófilo

Carlos Fazio

Fue el Estado. El operativo especial en 36 alcaldías de la Tierra Caliente, que abarcará espacios territoriales de Guerrero, Michoacán, Morelos y el estado de México, no podrá hacer desaparecer la responsabilidad del Estado mexicano en los hechos de Tlatlaya e Iguala. En ambos casos, agentes del Estado, en su carácter de servidores públicos, participaron de manera directa en la comisión de ejecuciones extrajudiciales y en la práctica de la tortura y la detención-desaparición forzada de 43 normalistas, lo que configuran crímenes contra la humanidad sancionados por el Estatuto de Roma, del que México es signatario desde 2005, por lo que dichos actos caen bajo la competencia de la Corte Penal Internacional (ONU, 1998).

La ejecución sumaria de 22 jóvenes sometidos por miembros del Ejército en Tlatlaya, y los homicidios de seis personas y la detención-desaparición de 43 normalistas en Iguala exhiben el carácter necrófilo del capitalismo: la compulsión por subordinar la vida social al imperativo de la ganancia económica, de convertir lo viviente en oro (muerte). El neoliberalismo como una fábrica de muerte; la acumulación por apropiación-desposesión, mediante programadas políticas de exterminio de población sobrante, que se combinan con otras formas de disciplinamiento social ejercidas por agentes estatales y grupos criminales subrogados.

La palabra necrófilo para designar un rasgo de carácter fue utilizada por el filósofo Miguel de Unamuno en 1936, a raíz de un discurso pronunciado por el general nacionalista Millán Astray en la Universidad de Salamanca. Empezaba la guerra civil española y la divisa favorita de Astray era ¡Viva la muerte! Uno de sus seguidores la voceó durante su alocución. Cuando el general terminó, Unamuno, rector de la Universidad, se levantó y dijo: “Acabo de oír el necrófilo e insensato grito ‘¡Viva la muerte!’ Y yo, que he pasado mi vida componiendo paradojas que excitaban la ira de algunos que no las comprendían, he de deciros, como experto en la materia, que esa ridícula paradoja me parece repelente”. Ante eso, incapaz de reprimirse, Astray gritó: ¡Abajo la inteligencia! ¡Viva la muerte! Los falangistas aclamaron su réplica. Pero Unamuno prosiguió: Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir. Y para persuadir necesitaríais algo que os falta: razón y derecho en la lucha.

El pasaje fue recuperado por Erich Fromm en su Anatomía de la destructividad humana. Allí señala que el carácter necrófilo es una forma extrema donde la necrofilia es el rasgo dominante. Según Fromm, la necrofilia puede describirse como “la atracción apasionada por todo lo muerto, corrompido, pútrido y enfermizo; es la pasión de transformar lo viviente en algo no vivo, de destruir por destruir (…) es la pasión por destrozar las estructuras vivas”.

Queda para sicólogos y siquiatras definir un eventual carácter necrófilo en el ex presidente Felipe Calderón, quien, con base en un Estado de excepción permanente de facto, puso en práctica una violencia exterminadora sin límites, que facilitó una caótica y devastadora política de desposesión y arrasamiento de las mayorías en beneficio de la acumulación de capital de los amos de México, convirtiendo al país en un gran cementerio clandestino de seres humanos, en su abrumadora mayoría jóvenes y pobres.

Ahora, cuando afloran otras ridículas y repelentes paradojas, como el grito de ¡Todos somos Ayotzinapa! que hizo suyo de manera inmoral y demagógica el presidente Enrique Peña Nieto, repetimos que podrá emplearse la fuerza bruta vía la militarización y la paramilitarización del país, pero eso no convencerá a gran parte de la población mexicana, que es hoy consciente de que a la clase dominante y sus administradores de turno no les asiste ni la razón ni el derecho.

Impelido por el gran capital tras sendos encuentros furtivos con emisarios del Consejo Coordinador Empresarial, Peña Nieto ordenó un raído decálogo de medidas de fuerza dirigido a profundizar el proceso de militarización iniciado por Calderón en la Tierra Caliente. Exhibidos en la coyuntura signos de ofuscación, enojo y una cierta alteración emocional; desnudado, acotadas sus capacidades para la simulación y la seducción, con su decisión de crear enclaves (zonas económicas especiales) para el saqueo de recursos geoestratégicos y la explotación neocolonial de mano de obra, y de mantener y reforzar a las fuerzas armadas en el control territorial en regiones donde han florecido históricos movimientos de resistencia popular al despotismo y la barbarie, el ilusionista de Los Pinos podría verse tentado a acentuar el carácter necrófilo del actual modelo de dominación. Lo cual significaría mover a México hacia una pendiente resbalosa que podría derivar en el surgimiento de un Estado autoritario de nuevo tipo.

El nuevo pacto en las sombras entre las élites del poder económico y político apuesta una vez más por sofocar con terror, sangre y fuego la resistencia social. Cuando crecen las demandas de verdad, justicia y aparición con vida a los 42 normalistas que nos faltan, la decisión de enviar al general Enrique Dena a la Tierra Caliente envía un mensaje de mayor violencia represiva. La ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales es un ardid que pretende encubrir la estructural e histórica cohabitación y/o colusión entre grupos terciarizados de la economía criminal y las fuerzas institucionales de disciplinamiento social (el Ejército, la Marina de guerra y las distintas policías) en todo el país. El decálogo de Peña Nieto tiene como propósito seguir administrando de manera violenta la lucha de clases; es un plan desmovilizador policiaco-militar que busca desarticular el actual proceso de lucha democrática en redes de los de abajo; la rebelión de las víctimas. También es un intento por invisibilizar la responsabilidad del Estado en los crímenes de lesa humanidad de Tlatlaya e Iguala.

Ayotzinapa o la rebelión de las víctimas

Armando Bartra

El 26 y 27 de septiembre el crimen de Iguala rompió el dique y empezaron a correr las aguas de la indignación popular; un torrente ciudadano que una y otra vez llena calles y plazas de la capital y de los estados. El gobierno está en medio de la turbulencia y no halla para dónde hacerse. El barco de Enrique Peña Nieto se hunde. Vivimos una crisis de gobernabilidad que pone a México ante una inédita encrucijada.

1. Muchos son los agravios que padecemos: nos exprimen como asalariados, nos bolsean como agricultores; como pobladores nos arrebatan territorios y patrimonios, malbaratan los recursos naturales que son de todos, nos pendejean como ciudadanos comprando las elecciones, hacen perdidizos nuestro derecho a trabajar, a comer, a estudiar, a curarnos, a habitar, a crear y disfrutar del arte, a tener o no tener hijos, a coger sin temor con quien nos plazca…

Y nos defendemos. Nos defendemos como obreros, como campesinos, como colonos, como pueblos, como mujeres, como estudiantes, como sexualmente diversos, como ciudadanos, como consumidores…

Pero hay un agravio que, cruzando todos los demás, es también específico. Un agravio dirigido contra nuestras mentes, nuestros corazones y nuestros cuerpos: nos han hecho víctimas, víctimas de la violencia y con frecuencia víctimas mortales.

Somos víctimas del narcotráfico y de la guerra contra el narcotráfico; víctimas de los cárteles, de la policía y del Ejército; víctimas de las ejecuciones extrajudiciales; víctimas del secuestro y de la desaparición forzada; víctimas de la tortura; víctimas de la fuerza pública, que lejos de protegernos, nos agrede; víctimas del acoso judicial; víctimas de la cárcel injusta; víctimas de la amenaza; víctimas del miedo a ser la próxima víctima…

Y también nos revelamos contra este agravio específico. Nos alzamos precisamente en nuestra condición de víctimas de la violencia. Pero si hay víctimas es que hay culpables, de modo que nos alzamos contra nuestros victimarios.

Porque toca fibras muy sensibles, el de las víctimas es un movimiento expansivo y potente. Recordemos la rapidez con la que en 2012 se extendió el que encabezó Javier Sicilia. Y como los ríos serranos tras la lluvia ha corrido el movimiento por la aparición con vida de los 43 de Ayotzinapa. Pero el horrendo crimen es emblemático de los que a diario ocurren en todo el país y buscando castigar a quienes lo cometieron se busca igualmente limpiar de criminales las instituciones públicas. Limpiarlas desde arriba hasta abajo. Sobre todo arriba, mero arriba.

La lucha es contra con un orden que no sólo despoja, explota y oprime, también secuestra, tortura y mata a los jóvenes. Un movimiento que nos incumbe a todos, porque todos somos víctimas, pero que es mayormente un movimiento de jóvenes y por los jóvenes.

Nadie debería morir entre los 15 y los 25, pero aquí muchos mueren por violencia en ese rango de edad. Jóvenes son los muertos y los secuestrados de Ayotzinapa; jóvenes casi todos los de las narcofosas de Iguala; jóvenes los ejecutados por el Ejército en Tlatlaya; jóvenes la mayoría de los más de 100 mil muertos y 20 mil desaparecidos que ha dejado la masacre iniciada por Felipe Calderón y continuada por Peña; jóvenes los narcos que se torturan, balacean y despedazan luchando por los territorios; jóvenes los soldados, jóvenes los sicarios, jóvenes las víctimas accidentales… En México se mata a los jóvenes y los jóvenes se matan los unos a los otros. Toda muerte duele, pero la muerte de un joven duele más porque es la muerte de una vida por vivir. ¿Cuántos años no vividos acumula el juvenicidio nacional?

Sin embargo, desde hace dos meses las víctimas se alzan, las víctimas se rebelan… Y si los agraviados se ponen en marcha, que tiemblen los victimarios y sus cómplices, que tiemble el sistema que nos victimiza…

2. El regreso de un dinosaurio que en realidad no se había ido –sólo salió a mear– dejó un amargo saldo de atonía ciudadana, de pasmo social, de duelo. #Yosoy132 se desfondaba, los movimientos contra las diversas reformas estructurales se quedaban cortos, el PRD pactaba vergonzosamente mientras Morena no lograba combinar la movilización social con la movilización por el registro como partido. Entre tanto, los ciudadanos del común se iban dando cuenta de que el frenético activismo de la nueva administración sólo era exitoso en sus iniciativas entreguistas, mientras las promesas de campaña se diluían. Pero la creciente desaprobación que evidenciaban las encuestas no se expresaba en acciones de protesta.

Hacía falta un sacudón de las conciencias y éste fue el crimen de Iguala. La indoblegable y bien conducida protesta de los padres y compañeros de los normalistas puso fin al letargo, abriendo paso a una infinidad de agravios antes soterrados que ahora se hacían visibles. Las torpezas de Peña hicieron el resto. Primero la pretensión de desmarcarse y responsabilizar sólo a los gobiernos municipal y estatal; luego el intento de echarle toda la culpa al narco; más tarde el show con que el procurador trató de darle carpetazo al asunto dando por muertos y calcinados a los normalistas, y por último el anuncio de nuevas promesas resumidas en 10 puntos. A lo que se añadieron tropiezos, frivolidades y desfiguros como el balconeo de la casa presidencial de Las Lomas, con la que presumiblemente un contratista pagó contratos otorgados, incluyendo un tren bala que por el desaseo del concurso de plano se cayó incomodando a mil 300 millones de chinos –es un decir– y aguándole a Peña Nieto su inoportuno viaje a oriente.

Acompañan a las protestas por el crimen otros movimientos que la rebelión de Ayotzinapa potencia y galvaniza. La huelga del Politécnico en contra de un reglamento policiaco y de la reforma neoliberal de los planes de estudio avanza hacia un Congreso refundacional. El 6 de diciembre, a 100 años de que Villa y Zapata entran a la capital, pueblos que defienden sus territorios, organizaciones campesinas que reivindican la propiedad social de la tierra, sindicatos democráticos, agrupaciones urbano-populares y convergencias estudiantiles se unieron los de Ayotzinapa en la toma simbólica de la ciudad de México. Y el activismo cunde.

3. A diferencia del movimiento de 2012 impulsado por padres y madres, esta vez la rebelión de las víctimas tiene por protagonistas mayores a los jóvenes, inscribiéndose en la insurgencia juvenil que en el arranque del tercer milenio se expande por todo el mundo.

País de jóvenes, México debiera gozar de un bono demográfico, consistente en que la gran mayoría de nuestra población está en edad productiva. Bono que se dilapida al enviarlos a la migración, la marginalidad, la delincuencia. Vivimos en un país de jóvenes que no educa a sus jóvenes, que no emplea a sus jóvenes, que sataniza a sus jóvenes, que mata a sus jóvenes.

La paradoja es que siendo México un país de jóvenes, los movimientos campesinos, obreros, ciudadanos y, en menor medida, los urbanos y los magisteriales son encabezados y animados mayormente por gente adulta. Por esto fue tan esperanzadora la emergencia del #Yosoy132 en las elecciones de 2012, dos años después la huelga general de los politécnicos y ahora la vertiginosa incorporación de los estudiantes a la lucha encabezada por los normalistas y los padres de los desaparecidos.

Los jóvenes están siendo protagónicos, pero en cada caso con distinto perfil y causa. Aunque trascendió su escuela de origen, #Yosoy132 llevaba el sello de los chavos de la Ibero y de la coyuntura político electoral; la huelga del Poli responde al perfil de estudiantes técnicos, de quienes la impulsan y a la naturaleza educativa de sus exigencias; la insurgencia en torno a Ayotzinapa está marcada por la condición campesina de la mayor parte de los que estudian en las normales rurales, por alzarse contra la victimización, por la destacada participación de los maestros de la CNTE y porque las acciones masivas más duras se están desarrollando en el estado de Guerrero.

4. Está documentado que la Procuraduría General de la República conocía la vinculación con el narco y presunta responsabilidad en un asesinato del presidente municipal de Iguala y, sin embargo, no lo investigó. Hay datos que involucran al Ejército y a la policía con los hechos del 26 y el 27 de septiembre, y es difícil de creer que estando ahí desde hace mucho, ignoraran lo que ocurría en el municipio. Si a esto agregamos la suma de agravios que acumulan los mexicanos y las torpezas gubernamentales de las últimas semanas, no debiera sorprendernos que a más de dos meses del crimen la consigna más coreada en las manifestaciones sea ¡Fuera Peña!

¿Qué significa hoy esta exigencia?

¡Fuera Peña! es menos y más que ¡Fuera el PRI! Menos porque la de Peña Nieto es sólo una administración federal y no la totalidad del sistema autoritario. Más porque dada la quiebra moral de este gobierno, su caída es hoy posible, lo que sin duda abriría paso a un reacomodo de fuerzas político sociales y quizá a la refundación democrática de la República.

En las marchas se grita también que a los de Ayotzinapa los desapareció el Estado, queriendo decir que el crimen involucra a todas las instituciones públicas. Y quizá así es. Pero si responsabilizamos por igual a todos los políticos, entonces la consigna no debe ser ¡Fuera Peña! sino ¡Que se vayan todos! ¿Será?

Nacido en Argentina y repetido en México, el grito ¡Que se vayan todos! da fe de un merecido descreimiento en el gremio de los políticos. Sin embargo, como consigna central es hoy impertinente, pues de imponerse dispersaría un movimiento cuya fuerza radica precisamente en que está focalizado en un tema: el crimen de Iguala, y un responsable mayor: la actual administración. En cambio, si se pasa de ¡Fuera Peña! a ¡Que se vayan todos!, lo más probable es que no se vaya nadie.

El sistema político mexicano está podrido y la descomposición moral involucra a casi todos. Pero el crimen de Iguala y lo que éste representa tiene un responsable mayor: el gobierno de Peña. A oscurecer este hecho colabora no sólo la consigna ¡Que se vayan todos!, sino principalmente las acciones provocadoras espontáneas o patrocinadas que han manchado las últimas manifestaciones.

Al gobierno federal le conviene el vandalismo anónimo, sobre todo en la ciudad de México y en la UNAM. Le conviene porque conduce a la represión, que a su vez deriva inevitablemente en brutalidad y arbitrariedad policiaca (el que piense que las intervenciones podrían ser asépticas y quirúrgicas, ignora lo que son las policías realmente existentes). Y esto debilita al movimiento por dos razones: porque algunos dejan de participar por temor, pero también porque desvía la atención y lleva el debate a cuestiones periféricas: ¿no es raro que la policía detenga sólo a los pacíficos?, ¿son realmente pacíficos todos los detenidos?, ¿debemos defender también a los violentos si se les detiene? Además de que multiplica los enemigos, porque si con el conque de los vándalos el jefe de Gobierno del Distrito Federal nos manda a los granaderos, en la siguiente manifestación gritaremos ¡Fuera Mancera!, y si la rectoría de la UNAM queda embarrada en un choque en el campus entre estudiantes y un agente del Ministerio Público, en la próxima marcha gritamos ¡Fuera Narro!...

No defiendo al rector o al Jefe de Gobierno, cuyas torpezas son patentes y deben ser criticadas. Sólo digo que el más interesado en generar conflictos parásitos y en involucrar a otros actores, sobre todo si pertenecen vagamente al centro-izquierda, es el propio Peña Nieto.

5. Hoy el movimiento marcha por dos carriles: el agravio específico que los familiares tienen que tratar con las autoridades, por ríspida que sea la negociación, y el del agravio genérico: violencia incontrolable, impunidad, penetración del narco en el Estado, criminalización de la protesta, pero también las llamadas reformas estructurales, más lo que se acumule en esta semana… Asuntos que por su misma naturaleza no pueden ser negociados con una administración pública a la que el movimiento está sentando en el banquillo de los acusados. No se puede negociar con Peña Nieto la renuncia de Peña Nieto.

El gobierno tiene pocas opciones. Una es generalizar la represión, como se lo demandan la oligarquía y los fascistas, castigo que de implementarse sobre un movimiento en ascenso posiblemente endurecería y ampliaría aún más la protesta y, con ello, la ingobernabilidad. Otra es prolongar la presunta investigación y entre tanto anunciar reformas insustanciales, discutibles y sobre todo poco creíbles, confiando en que el movimiento se desgaste y se divida de modo que los persistentes y duros puedan ser encapsulados y reprimidos. Esto con el riesgo el reflujo no llegue pronto y la ingobernabilidad se profundice. La última opción es que el control de daños incluya despidos o renuncias de alto nivel ¿qué tan alto?

La moneda está en el aire.

El Plan Colombia y la Iniciativa Mérida

Ramón César González Ortiz

El 26 de septiembre del presente, seis personas fueron asesinadas, 25 resultaron heridas y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron  en ataques a tiros por parte de la policía municipal de Iguala y fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, según informaron los medios de comunicación. [1] Más tarde resultaron implicadas Fuerzas del Ejército Nacional, particularmente, el 27º Batallón de Infantería acantonado en Iguala, quien dos horas después del primer ataque, al producirse uno nuevo, sin evitar el primero, se presentaron en el segundo agrediendo a los estudiantes cuando intentaban escapar o pedir auxilio, dándoles culatazos, cortando cartucho y acusándolos de allanamiento de morada. “Los soldados –contó el estudiante normalista Omar García a Tele Sur– "nos dijeron: 'ustedes se lo buscaron. Ustedes querían ponerse con hombrecitos, "amárrensen "  los pantalones. Eso les pasa por andar haciendo lo que hacen. Nombres. Y denos sus nombres reales. Sus nombres verdaderos, cabrones, porque, si dan un nombre falso, nunca los van a encontrar" [2].

Esta acción criminal de asesinatos masivos y de desaparición forzada, se debe circunscribir en el marco de la "nueva contrainsurgencia" instaurada en América Latina con Reagan cuando declaró, en febrero de 1982, la Guerra contra las drogas, como "objetivo urgente" de Seguridad Nacional, donde se califica como meta central la detención de la cocaína que ingrese a Estados Unidos, con lo cual se responsabilizará a partir de entonces a la oferta, es decir, a los países productores, y no a la demanda (los países consumidores), generándo, desde entonces, aparte de los "terroristas", al narcotraficante como un nuevo enemigo externo, alterno al comunismo y al terrorismo, pero particularizado para el patio trasero de Norteamérica [3].

De forma tal que la guerra contra las drogas le ha permitido continuar a Norteamérica, en América Latina con la doctrina de contrainsurgencia, implementada por John Fitzgerald Kennedy en los años de 1961-1963 [4], en la cual los ejércitos latinoamericanos pasaron de la “defensa del hemisferio” ^[5] , a una misión de "seguridad interna" dando forma a la llamada vietnamización de Latinoamérica que ha significado en los hechos, que los ejércitos de cada país sean los principales responsables del combate contrainsurgente rural o urbano y ya no las tropas estadounidenses. En segundo lugar están las fuerzas policiacas, constituyendo la primera línea ante situaciones complicadas. Y tercer lugar, EEUU, se abstiene de invadir, aunque no descarta del todo, esta posibilidad en casos de emergencia ^[6] .

Todo ajustado al esquema de la redemocratización-militarización, que se dio en El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá ^[7] , cuando las dictaduras militares en América Latina se fueron desgastando, mostrándose incapaces, incluso allí donde fueron efectivas en la detención del movimiento revolucionario, de asegurar las condiciones de una dominación política estable que por supuesto, fuera acorde a los intereses norteamericanos en el curso de 1980. Así, la difusión del término Narcotráfico como un mecanismo homogenizante ha permitido asimilar y dramatizar una gran serie de elementos disímiles, con lo cual se ha construido hasta la fecha un sinónimo del Imperio del Mal. ^[8]

Además, los “regímenes democráticos” han prevalecido tanto tiempo, a pesar de las políticas neoliberales que han impulsado afectando a una gran parte de la población latinoamericana, gracias además del manto democrático, ha el apoyo que han recibido las Fuerzas Armadas latinoamericanas por parte de los estadounidenses. En este sentido, Reagan en la búsqueda de dar continuidad a una política exterior norteamericana para América Latina, que restableciera el énfasis en la cuestión de la seguridad, la implantación de democracias viables en la región, con particular interés en Centroamérica, impulsa la relación Fuerzas Armadas-narcotraficantes en Colombia que se logra después de que declara la guerra al narcotráfico, ya que encubierta en esta guerra se da la relación de varios cárteles colombianos como el de Medellín y Cali, con agencias de seguridad norteamericanas como la CIA, para desatar una devastadora guerra sucia y terrorista contra el pueblo de Nicaragua, después de que la guerrilla sandinista tomara el poder en 1979. Para financiar a “La Contra”, Pablo Escobar Gaviria entregaba cocaína a la CIA, que viajaba en aviones pertenecientes a esta agencia de seguridad para ser camuflados, hasta Centroamérica, para luego ser enviadas hasta aeropuertos militares en Estados Unidos. De ahí salía para la venta en las calles, y con las ganancias se financiaba a la “Contra”.

Asimismo, la guerra al narcotráfico ha servido toda vez que el Estado colombiano y sus aparatos represivos fueron cuestionados por su relación con el paramilitarismo y la guerra sucia, ya que el Estado: “…aparece como el gran pacificador dentro de una situación de violencia generalizada, lo cual justifica cualquier reforzamiento autoritario del mismo […] En nombre de la “guerra a la mafia” y aprovechando el consenso frente a la lucha contra el narcotráfico, se justifica la expedición de medidas autoritarias que finalmente afectan a sectores mucho más amplios de la población […] El nuevo ambiente de guerra ha permitido así que las Fuerzas Armadas recuperen y amplíen sus facultades políticas e investigativas, al tiempo que su imagen ante la opinión pública surge de tal forma que inhibe la capacidad crítica frente a los potenciales desmanes de las tropas. No solo aparecen ahora ante la ciudadanía como la institución con la cual hay que solidarizarse para hacer frente al narcotráfico sino que, además […] la militarización de la vida política aumenta considerablemente […] De esta manera las Fuerzas Armadas han comenzado a utilizar las facultades concedidas por los nuevos decretos para allanar y capturar a miembros de organizaciones populares, sindicándolos de apoyar a grupos guerrilleros y de tener alianzas con el narcotráfico”. ^[9]

La guerra contra las drogas circunscrita en la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por EE.UU, de esta manera ha servido en Latinoamérica para la instauración de “modelos estables” que restablezcan la hegemonía burguesa en la sociedad y la hegemonía norteamericana en la región. Particularmente en Colombia, que aun sin contar con una dictadura formal en los años sesenta y setenta, se impuso esta doctrina llegando hasta los cimientos del Estado mismo, por las élites y las Fuerzas Armadas de ese país. A esto respondieron los nombramientos de alcaldes militares, designados en reuniones de mandos militares con gobernadores, quienes estos últimos se encargaban de designarlos.

Y dentro de la guerra contra el narcotráfico, el eje central de su estrategia ha sido la “guerra sucia”. Dentro del terrorismo de Estado colombiano han jugado un importante papel las estructuras criminales clandestinas y el paramilitarismo. Al tener como objetivo camuflar acciones para que no sean atribuidas a personas que trabajen dentro de la estructura estatal, y por lo tanto lo comprometan: “Este objetivo de encubrimiento de responsabilidades, respecto a actos que no tienen ninguna presentación legal ni legítima, ni siquiera dentro de fuertes confrontaciones bélicas, hace que se confundan y se complementen dos tipos de procedimientos: el accionar de los militares camuflados de civiles y el accionar militar de civiles protegidos clandestinamente por militares. Ambos procedimientos tienden al mismo objetivo: el encubrimiento que salvaguarde la impunidad”. ^[10] 
  Este accionar fue inaugurado por Belisario Betancur Cuartas, presidente colombiano quien en 1982 después de decretar una amnistía que saca de la cárcel a aproximadamente 500 presos políticos, se lava las manos por el asesinato, desaparición, o exilio, de estos liberados, y se responsabiliza de estos actos a paramilitares, sicarios, pistoleros a sueldo o escuadrones de la muerte.

Así, en Colombia, tras el impulso de los paramilitares que se ponen al frente del narcotráfico de drogas, remplazando a los tradicionales carteles y la violencia generada por estos grupos conforma el discurso de que el Estado débil, casi indefenso es victima, tanto como la población de los “violentos”, sin embargo las Fuerzas Armadas no actuaban para evitar las masacres cometidas por los paramilitares, y con su omisión aportaban a su realización: “El cinismo del terrorismo de Estado en Colombia es inimaginable. Ello fue palpable durante las masacres cometidas por los paramilitares contra los pobladores de varios caseríos a orillas del río Naya, en las selvas del suroeste del país, no lejos del océano Pacífico. Cuando las autoridades judiciales al fin llegaron hasta esos lejanos y olvidados parajes, “las escenas que encontraron fueron macabras: una niña de 16 años con los brazos serruchados, unas tenían el estómago abierto y otros con señas de tortura […] Sucedió en abril de 2001, en plena Semana Santa…Era otra masacre anunciada, pues desde meses antes se había denunciado ante las autoridades esa posibilidad y, como en tantas otras ocasiones, no se movió un dedo para la protección de la población. Al final fueron asesinados unos 130 afrocolombianos e indígenas y más de tres mil tuvieron que desplazarse”. ^[11]

Consolidada esta estructura en Colombia, en la supuesta lucha contra el narcotráfico se atacó primero a consumidores de droga y a ladronzuelos, acciones conocidas en Colombia como “limpieza social”, para luego desplazar su violencia hacia campesinos, activistas comunitarios, miembros de base de la iglesia y políticos de izquierda. El complemento fundamental de este accionar fue la legalización de mercenarios y la elaboración de su conflicto interno de manera privatizada. Acción impulsada por George Walker Bush, quien a mediados de 2005 anuncia la ampliación del Plan Colombia, sustentado en los atentados del 11 de septiembre a las torres gemelas, con lo cual desde entonces lo que se intenta permee es que: “…no existe un conflicto armado en Colombia sino una “guerra contra el terrorismo”. Todo el aparato estatal y la población deben estar al servicio del esfuerzo militar y político del Estado para derrotar a los terroristas. Se debe otorgar los más amplios poderes a las Fuerzas Militares para vencer “al enemigo terrorista”. Deben reajustarse los recursos judiciales, las facultades de la Corte Constitucional y de los órganos de control del Estado para que no sean un obstáculo de la acción del Poder Ejecutivo en la guerra contra el terrorismo”. ^[12]

Así, en el 2002 el presidente Álvaro Uribe Vélez, impulso en Colombia como premisa fundamental los cánones prescritos por Washington respecto a que no existe en Colombia un conflicto armado interno, sino una amenaza terrorista, para lo cual afirmaba que quien sostuviera que en el país existía un conflicto armado le hacia el juego al terrorismo.

Acorde ha esta lógica, el Plan Colombia tuvo como complemento el Plan Patriota, que elimina el límite que existía sobre la cantidad de mercenarios contratados por las Compañías Militares Privadas (CMP). Lo cual solo sirvió para aumentar y agudizar los graves efectos el Plan Colombia; desplazamiento forzado, confinamiento de poblaciones e incremento de la pobreza y la miseria en el sur del país.

Para el caso de México es preciso que recordemos como en la década de los ochenta las instituciones públicas en los sectores de salud, educación, trabajo y desarrollo social fueron privatizadas de facto, para ser entregadas a mafias privadas legalizadas, así como a mafias legales empresariales que unieron sus intereses con grupos criminales, que a su vez comienzan a competir por el poder político como extensión de su fuerza económica ^[13] . En este contexto se han enriquecido un puñado de familias a costa del futuro del país, a este respecto publicó Mr. Harry Hurt la manera en que Salinas le permitió a su amigo Slim Helú adquirir Teléfonos de México en 400 millones de dólares, siendo que en realidad valía 8,000 millones. A un hijo de Carlos Hank González le remató en 10 millones una concesión de telefonía celular que luego fue revendida en 100 millones ^[14] .

Conforme estos ejemplos, se puede observar como en el México neoliberal, el aparato de justicia se ha puesto al servicio de los intereses de los grandes empresarios, algunos de ellos ligados al sector financiero, y mientras saquean a la nación, hacen fraudes millonarios y evaden impuestos han impuesto en nuestro país la visión de lo que es la delincuencia así como la manera de combatirla, mediante políticas de mano dura. Acorde con esta visión conservadora y empresarial en materia de seguridad pública, durante su campaña Felipe Calderón ya prometía mano dura contra la delincuencia, y ya una vez que asume la presidencia declara una lucha frontal contra el crimen organizado, sacando al ejército para combatir a la delincuencia.

Más aun, en nuestro país viene causando conflictos la insistencia de empresarios por reactivar la explotación minera en lugares como el predio La Revancha, del ejido Gracia, en el municipio de Chicomuselo, ubicado en el estado de Michoacán. Lo cual ha derivado en confrontaciones según reportan desde el 21 de septiembre de 2013, cuando se presento el señor Fernando Coello Pedrero, abuelo del gobernador Manuel Velazco Coello, ante un grupo de jóvenes amenazando con que se explotarían las minas de esa región “aun sin el permiso de las comunidades que ahí habitan” ^[15] .

En esta misma lógica, desde 2010 se ha venido presentando la extracción “irregular” de hierro en los estados de Jalisco, Michoacán y Colima, según indica la Secretaría de Economía. Lo relevante es que ésta extracción se le achaca a él cártel de los Caballeros Templarios y su predecesor, el de la Familia, al estar robando u obteniendo por extorción contenedores de mineral de hierro, o extrayéndolo ellos mismos, para venderlo en los puertos sobre el Pacífico ^[16] . Ante estos hechos y la ausencia de autoridad en Michoacán (como en otros Estados de la República) se ha sumado al conflicto el surgimiento de las llamadas “autodefensas comunitarias”. Lo cual pese a sus buenas intenciones, se corre el riesgo de que estos grupos de autodefensa no lo sean, y que sean infiltradas por Los caballeros templarios, la familia michoacana, zetas o el cártel Jalisco nueva generación conformando en realidad brazos armados de estos, para realizar distintas actividades ilícitas y de despojo en algunas comunidades. En un contexto donde políticos pactan con narcotraficantes, narcotraficantes financiando grupos de alzados, políticos acusándose de pactar con criminales, y criminales afirmando que ellos no pactan con políticos ^[17] .

Esto ha devenido de manera tal que desde los inicios del gobierno de Enrique Peña Nieto el estado de Michoacán, resulto ser el laboratorio de lo nuevo en materia de seguridad. Ya que Fuerzas armadas “disfrazadas de carteles” que fueron activadas por el ejército, los gobiernos locales y el gobierno central durante el sexenio anterior, se resistieron a pasar a una nueva etapa dictada por la política de las transnacionales, cuyo objetivo último es concentrar el poder en el gobierno y desaparecer a las autonomías para repartirse los territorios y los recursos. Más aun, bajo las confrontaciones, se intenta ocultar que es una política útil para el reparto de tierras y recursos, ya logrados entre pequeños grupos de grandes capitalistas, sobre todo los vinculados a mineras, trazado de carreteras y presas, que lucran con políticas estatales ^[18] .

Así, refuncionalizada la estrategia de Guerra de Baja Intensidad en la “guerra contra las drogas”, tenemos que recordar que cuando el michoacano Felipe Calderón asumió el poder, surgió el cartel la Familia Michoacana, cartel “que en su primera aparición pública dijo que no estaba contra el gobierno federal ni contra las instituciones armadas, como el ejército, que simplemente querían practicar la ley y la seguridad donde el Estado no alcanzaba a resguardar la seguridad de los ciudadanos, y que enfrentaría a expresiones foráneas –como los Zetas o el cartel de Sinaloa”. Y dentro de los mismos parámetros se destaca que, los grupos La Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, Jalisco Nueva Generación y los Zetas cumplieron una función dentro del plan de guerra de Calderón, “que por vía paralela fue la expresión no armada para la guerra sucia de los organismos de seguridad del Estado; es decir, que fueron funcionales a la política represiva que bajo la pantalla de la guerra a las drogas, se llevó a cabo bajo el gobierno de Calderón” ^[19] .

De esta manera los operativos contra el narcotráfico en México han tomado forma institucional a partir de la “Iniciativa Mérida”. Con este plan en el sexenio de Calderón, 50% de los recursos de las fuerzas de México fueron destinados a combatir el narco. Además de que le abrió las puertas a la intervención directa de diversas agencias de seguridad norteamericanas. Desde abril de 2009, opera en el Distrito Federal una Oficina Binacional de la Iniciativa Mérida; donde trabajan “45 funcionarios estadounidenses de distintas agencias con sus contrapartes mexicanos. A este respecto en febrero de 2009, el entonces secretario de Seguridad Pública (SSP) de Calderón, Genaro García Luna, le prometió a Michel Chertoff, secretario de Seguridad Interior de EEUU: "Usted tendrá acceso libre a nuestra información de inteligencia en seguridad pública". Lo cual confirma la forma en que México ha puesto a disposición del Pentágono los sistemas de inteligencia de nuestra nación sin autorización del Congreso, resultando en una violación de la soberanía, estipulado en el artículo 123 del Código Penal como un acto de traición a la Patria ^[20] . Además de que Calderón según un informe dado el 15 de diciembre de 2013, por agentes de la DEA, CIA, FBI, señalan otorgó permiso a aviones espías estadounidenses al espacio aéreo mexicano para operaciones de inteligencia, de vuelos de drones (aviones no tripulados) desde bases estadounidenses en apoyo a operaciones militares y de policías federales mexicanos, como también una amplia gama de aparatos de alta tecnología para recopilar información de inteligencia. De manera tal ha sido el uso de los drones incrementándose desde el 2010, que según The Washington Post las autoridades mexicanas han comprado sus propios drones ^[21] .

Esto unido al armamento, adquirido de distribuidores y en las mismas fábricas por los cárteles mexicanos en EEUU, por su volumen, (imposible de escapar detección), alto calibre, junto con un probable despliegue de mercenarios y/o fuerzas especiales bajo cubierta, han sido ingredientes centrales de los esquemas de “ampliación militar” por la vía de un programa de “estabilización y reconstrucción” del Departamento de Defensa en curso en México ^[22] .

Conformado el enorme trauma humano que abarrota las morgues del país y la aun más grave multiplicación de cementerios clandestinos, de lo cual ahora forma parte Ayotzinapa, entre otros casos como los siguientes, sin que ahonden las investigaciones en los factores de las muertes violentas:
·
"Sonora 18 de enero. Cinco cadáveres (dos mujeres y tres hombres) fueron ubicados entre Rosario Tesopaco y Esperanza, unos 200 kilómetros al sur de Hermosillo, en Sonora, junto a un campo de tiro, baleados y maniatados.

16 de marzo. Los cuerpos de Rafael Samaniego, El Lito, Tiburcio Olivares y dos de sus hijos, Manuel Ángel y Eduardo, aparecieron sepultados en un ejido cercano a agua prieta. Los tres últimos habían sido levantados el 4 de octubre de 2009.

10 de abril. A espaldas de las colonias CTS-CROC y Colinas del Sol, una narcofosa con al menos cuatro cadáveres fue descubierta tras una denuncia anónima, en Nogales.

28 de abril. Se hallan seis cuerpos enterrados clandestinamente en el ejido Agua Zarca, por la carretera que va de Puerto Peñasco a Caborca" ^[23] .

Así, la guerra contra las drogas ha venido marcando una nueva manera de intervenir en asuntos internos por parte de Norteamérica en México, perfilándose como una estrategia global estadounidense desde 2006. Que toma forma en la doctrina de guerras irregulares, a partir de que en 2008, la Estrategia de Defensa Nacional de Washington ha planteado que <>. Pero para poder realizar estas metas, las guerras convencionales, no son la prioridad, además de resultarle más caras e insostenibles:

-Hasta agosto de 2009, Estados Unidos había gastado más de 173 billones de dólares en la guerra de Afganistán (unos 20 billones anuales).

-Mantener una semana las guerras de Irak y Afganistán costaba 3.5 billones de dólares en 2009.

-EL nobel Joseph Stiglitz calcula que la guerra de Afganistán costará más de 3 billones de dólares ($3, 000, 000, 000, 000.00) y podría llegar a 5 o 7 trillones ^[24] .

Por lo tanto, en su intento de controlar a las masas de inconformes por las políticas económicas neoliberales, y bajar los costos de la guerra convencional, desde 2009 la Casa Blanca ha venido reformulando la estrategia de guerra irregular, que tiene como particularidad: usar fuerzas no militares; guerra de guerrillas; guerras mercenarias; intervención paramilitar; guerras contra las drogas. Donde también incluye operaciones mediáticas o guerras de cuarta generación, impulsadas desde 1991, por el teórico especialista en guerra, Martín van Creveld, quien publico "La transformación de la guerra", en la que planteó que, ante la ineficacia de los grandes ejércitos, la población podría ser controlada por medio de una guerra que maneje una combinación de propaganda y terror: las guerras de cuarta generación, también llamadas guerras asimétricas o guerras sin fusiles, donde las operaciones militares son reemplazadas, o complementadas, por operaciones con unidades mediáticas y operativos sicológicos dirigidos por expertos en comunicación y psicología de masas ^[25] .



Bibliografía
-Barajas Rafael, “Narcotráfico para inocentes. El narco en México y quien lo U.S.A”. El chamuco y los hijos del averno, 2011.

-Calvo Ospina Hernando. “El terrorismo de Estado en Colombia.” Editorial el perro y la rana, 2007.

-Oikión Solano Verónica, García Ugarte Marta Eugenia. (Editoras) “Movimientos armados en México, siglo XX”. Vol. I, El Colegio de Michoacán CIESAS, 2006.

-Marini Ruy Mauro. “La lucha por la democracia en América Latina”. www.marini-escritos.unam.mx/018_democracia_es.htm

-Álvarez Gómez Ana Josefina (compiladora), “Tráfico y consumo de drogas. Una visión alternativa.” UNAM, ENEP ACATLAN, 1991.

-Reveles José, “Levantones, narcofosas y falsos positivos”. Grijalbo, 2011.

-Saxe-Fernández John, “ Diseños imperiales sobre México y América Latina”. Trabajo presentado a las Jornadas Bolivarianas, Instituto de Estudios Latino Americanos, Universidad de Sta. Catarina, Florianópolis, Brasil, Abril 6-10, 2009.

-Borrego Salvador, “México en guerra ajena”. México D.F, 2ª edición 2011.


Hemerografía
La Jornada, “Ajustes en inteligencia entre México y EU pondrían en jaque la cooperación: TWP. Política, lunes 29, de abril de 2013. Pág. 8
En Desinformémonos, periodismo de abajo. “Michoacán, el laboratorio peñista para acabar con las autonomías”. Por Carlos Fazio.
La Jornada, viernes 8 de sep. De 2013. “Chicomuselo, bajo asedio de mineras”. 
La Jornada, domingo 1 de dic. De 2013. “Reconocen autoridades la incursión de cárteles de la droga en la minería: Ap”.
La Jornada, domingo 1 de dic. De 2013. “De cárteles y autodefensas”.
Excélsior en línea, especiales. “Cronología: Paso a paso del caso de los normalistas de Ayotzinapa”. 17-11-2014.
La   Jornada   en línea, opinión. “ La matanza de Iguala y el Ejército”. Hernández Navarro Luis. Martes 18 de noviembre de 2014.
González Ortiz Ramón César. “La Iniciativa Mérida: Estado, militarización y contrainsurgencia en México”. Tesis de Maestría, UNAM, FCPyS. 2014.

Notas

[1] Excélsior en línea, especiales. “Cronología: Paso a paso del caso de los normalistas de Ayotzinapa”. 17-11-2014.
[2] La Jornada en línea, opinión. “ La matanza de Iguala y el Ejército”. Hernández Navarro Luis. Martes 18 de noviembre de 2014.
[3] González Ortiz Ramón César. La Iniciativa Mérida: Estado, militarización y contrainsurgencia en México. Tesis de Maestría, UNAM, FCPyS. 2014. Pág. 63
[4] En la academia militar de West Point, en 1962 Kennedy dejaba en claro sus intenciones: “La subversión es otro tipo de guerra, nueva en su intensidad aunque de antiguo origen […] Estamos obligados a emplear una nueva estrategia para contrarrestar este tipo de guerra, una fuerza militar diferente, una preparación y adiestramiento militar nuevos y distintos.”
[5] Calvo Ospina Hernando. “El terrorismo de Estado en Colombia.” Editorial el perro y la rana, 2007. Pág. 89
[6] Oikión Solano Verónica, García Ugarte Marta Eugenia. (Editoras) “Movimientos armados en México, siglo XX”. Vol. I, El Colegio de Michoacán CIESAS, 2006.
[7] Ruy Mauro Marini, “La lucha por la democracia en América Latina”. www.marini-escritos.unam.mx/018_democracia_es.htm
[8] Álvarez Gómez Ana Josefina (compiladora), “Tráfico y consumo de drogas. Una visión alternativa.” UNAM, ENEP ACATLAN, 1991. Pp. 54-55
[9] Citado en: Calvo Ospina Hernando. “El terrorismo de Estado en Colombia.” Editorial el perro y la rana, 2007. Pág. 205.
[10] Citado en: Calvo Ospina Hernando. “El terrorismo de Estado en Colombia.” Editorial el perro y la rana, 2007. Pág. 142
[11] Ibíd. 265
[12] Ibíd. 296
[13] Reveles José, “Levantones, narcofosas y falsos positivos”. Grijalbo, 2011. Pág. 10
[14] Borrego Salvador, “México en guerra ajena”. México D.F, 2ª edición 2011. Pág. 74
[15] La Jornada, viernes 8 de sep. De 2013. “Chicomuselo, bajo asedio de mineras”. 
[16] La Jornada, domingo 1 de dic. De 2013. “Reconocen autoridades la incursión de cárteles de la droga en la minería: Ap”.
[17] La Jornada, domingo 1 de dic. De 2013. “De cárteles y autodefensas”.
[18] En Desinformémonos, periodismo de abajo. “Michoacán, el laboratorio peñista para acabar con las autonomías”. Por Carlos Fazio.
[19] En Desinformémonos, periodismo de abajo. “Michoacán, el laboratorio peñista para acabar con las autonomías”. Por Carlos Fazio.
[20] Barajas Rafael, “Narcotráfico para inocentes. El narco en México y quien lo U.S.A”. El chamuco y los hijos del averno, 2011. Pp. 46-47 Citado en: González Ortiz Ramón César. “La Iniciativa Mérida: Estado, militarización y contrainsurgencia en México”. Tesis de Maestría, UNAM, FCPyS. 2014.
[21] Ibíd. La Jornada, “Ajustes en inteligencia entre México y EU pondrían en jaque la cooperación: TWP. Política, lunes 29, de abril de 2013. Pág. 8
[22] Ibíd. Saxe-Fernández John, “ Diseños imperiales sobre México y América Latina”. Trabajo presentado a las Jornadas Bolivarianas, Instituto de Estudios Latino Americanos, Universidad de Sta. Catarina, Florianópolis, Brasil, Abril 6-10, 2009.
[23] Reveles José, “Levantones, narcofosas y falsos positivos”. Grijalbo, 2011. Pág. 45
[24] Barajas Rafael, “Narcotráfico para inocentes. El narco en México y quien lo U.S.A”. El chamuco y los hijos del averno, 2011. Pp. 110-111
[25] Barajas Rafael, “Narcotráfico para inocentes. El narco en México y quien lo U.S.A”. El chamuco y los hijos del averno, 2011. Pp. 124-125