Ana Esther Ceceña y David Barrios
Al concepto de
progreso hay que fundamentarlo en la idea de catástrofe. La catástrofe
consiste en que las cosas “siguen adelante” así como están. No es lo que
nos espera en cada caso sino lo que ya está dado en todo caso.
Walter Benjamín, Tesis sobre la historia
El capitalismo o la vida
El capitalismo del siglo XXI es mucho más poderoso y arrasador que el
del pasado, y a la vez mucho más frágil, con claros signos de senilidad y
descomposición. Su capacidad destructiva se multiplica y difunde por
todos los vasos capilares de la sociedad carcomiendo la vida, los
cuerpos, los territorios y la imaginación. Aire y agua envenenados,
alimentos que pudren el organismo, medios que trastornan el sentido
común, balas, bombas, químicos, bacterias y virus generados para
mutilar, dañar y eliminar son sólo algunos de los elementos que van
marcando las rutas del mundo de los negocios y el poder. Y, no obstante,
vemos vida brotando incansablemente hasta de las piedras, en una lucha
sin cuartel de la que nadie se atreve a perfilar el final. El
capitalismo o la vida parece ser claramente la disyuntiva de este siglo
que comienza convertido en un campo de batalla.
[1]
Si
bien los planes de despliegue sobre el petróleo, el agua, los minerales,
las rutas y las selvas estratégicas estaban prefigurados de antemano,
el acontecimiento en las torres gemelas de la city de Manhatan detonó
una carrera de velocidad con múltiples derroteros: Asia Central, el
Medio Oriente, África y América, sin dejar de mirar hacia Europa y el
Lejano Oriente. El Secretario de Defensa aseguraba, en 1998, que “...
Estados Unidos se encuentra en un periodo de oportunidad estratégico. La
amenaza de guerra global ha retrocedido y los valores fundamentales de
la nación de democracia representativa y economía de mercado son
adoptados en muchos lugares del mundo..." (Cohen, 1998) para instar a
una política de despliegue hegemónico planetario haciendo frente no sólo
a los competidores sino al conjunto de resistencias que emergían desde
todos los rincones del mundo.
Planes hegemónicos ambiciosos
desarrollados en este siglo XXI, consecuentemente, llevaron a poner en
juego mecanismos de todos tipos, combinados de acuerdo a las situaciones
específicas. Afganistán, Irak, Colombia, Sudán, Libia, siempre
Palestina, Honduras y tantos otros lugares recibieron parte de las
esquirlas detonadas el 11 de septiembre de 2001, unas más leves, otras
contundentes. Dos casos, Pakistán y México, fueron evaluados como piezas
especiales en el rompecabezas planetario, destinados a jugar un papel
de bisagras, diques, enlaces en contextos regionales de la más alta
relevancia. El argumento: a pesar de su situación de relativa
estabilidad están en riesgo de devenir estados fallidos súbitamente,
"por colapso". El colapso puede ser atribuido a acciones
desproporcionadas del narco, a inestabilidad social, a problemas
políticos, a migraciones, a conflictos transfronterizos o a cualquier
otra causa, incluso inundaciones que den lugar a desequilibrios
sociales. No está definido para admitir definiciones a modo (igual que
la categoría terrorista), adaptables a las circunstancias.
Así se asienta en el
Joint operating environment 2008:
En la literatura de los estados débiles y fallidos hay una dinámica que
ha recibido relativamente poca atención, y es el fenómeno de “colapso
rápido”. (…) El colapso de un estado viene usualmente como una sorpresa,
tiene un comienzo rápido y plantea problemas graves. (JOE, 2008: 35.
Traducción AEC) .
México: el aliado incondicional
Después de ser el primer país de América Latina (1994) en incorporarse a
un bloque económico regional (Tratado de Libre Comercio de América del
Norte) en condiciones de total desventaja, México, en 2005, adhiere al
primer bloque regional de seguridad (Alianza para la Seguridad y
Prosperidad de América del Norte) mediante un acuerdo marco casi
inespecífico, que iría siendo dotado de contenido atendiendo a las
circunstancias.
Simultáneamente a la firma de estos acuerdos, a
México le toca la distinción de entrar a formar parte del área a cargo
del Comando Norte de las fuerzas armadas de Estados Unidos en ocasión de
la reorganización ocurrida en secuela de los acontecimientos de las
torres gemelas. El Northcom, que cuida la seguridad interna de Estados
Unidos, extendió sus fronteras abarcando Canadá y México, en razón de
las amplias líneas fronterizas que comparten.
Así el México
pacifista de la autodeterminación y de la no injerencia empezó a
realizar ejercicios militares navales con el Comando Sur y a tener
intercambios y entrenamientos en el marco de las actividades del Comando
Norte.
Poco a poco, todo el funcionamiento de la Nación se fue
adecuando a las normas regionales, manteniendo siempre la distancia en
salarios y la permisividad para los capitales foráneos en el territorio
mexicano, pero conservando las brechas que hicieron apetecible el
agrupamiento regional. Desde la constitución de la Nación, nunca la
soberanía se había encontrado en las condiciones de fragilidad con las
que abre el 2014. Nunca el país había estado tan desatado. Nunca se
había tenido una situación de inmoralidad, corrupción, saqueo y
violencia generalizada como la que se vive en este momento.
México ha transitado hacia un estado de impunidad en el que se han
desatendido las reglas mínimas de convivencia social: Con un poder
legislativo que sesiona amurallado por vallas de metal y de policías
para impedir que cualquiera de los supuestos representados pudiera
acercarse a ver cómo se decide su futuro, crecientemente a contrapelo
del clamor popular; con un poder judicial que rara vez, y después de
mucha presión, tiene un fallo justo; y con un poder ejecutivo vocero de
las grandes corporaciones y de los altos intereses de Washington. Tanto,
que resulta difícil no evocar las burdas y brutales imágenes de las
dictaduras militares o civiles de nuestro Sur.
Lo que 30 años
de neoliberalismo, el TLCAN o la ASPAN no lograron, fue consumado por el
estado de impunidad en solamente unos meses: el petróleo del pueblo de
México se ha puesto a disposición del mejor postor, ha dejado de ser el
"patrimonio de la Nación".
La construcción del Estado de impunidad
México es uno de los países que tuvo durante el siglo XX una de las
construcciones estatales más completas de la región, con la edificación
parcial de un amplio sistema de seguridad social así como importantes
obras en infraestructura en educación, salud y transportes. Parte de
ello fue la expropiación petrolera de manos de compañías privadas para
elevarlo al rango de bien estratégico de la Nación. En los últimos 30
años, que coinciden con la puesta en marcha del proyecto político y
económico del neoliberalismo, dicha construcción ha sido desmantelada
casi en su totalidad. Si bien es cierto que en todo momento hubo
sectores ausentes del proyecto de país (de manera acusada los pueblos
indios), durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial y
hasta los años ochenta, una gran porción de la sociedad incorporada al
ámbito laboral gozó de derechos sociales conquistados por luchas
históricas, reconocidas institucionalmente. La mayor fue la Revolución
mexicana, de la que emanó una Carta Magna que reconocía la propiedad
colectiva, entre otros.
El estado del México posrevolucionario,
que incluso fue tratado de replicar en otros lugares de la región,
tenía como contracara una peculiar manera de hacer presencia en diversos
espacios de la vida social. El sindicalismo, el orden familiar, la
educación, los medios de comunicación, entre otros ámbitos seguían de
manera irrestricta las directrices de un eficaz aparato ideológico y
represivo. Al mismo tiempo que México mantenía excelentes relaciones
diplomáticas con Cuba; se constituía en lugar privilegiado de refugio
para los exiliados políticos del Cono Sur y albergaba negociaciones de
paz entre distintas fuerzas revolucionarias y los gobiernos de sus
países; en México había un proceso silencioso de represión que incluyó
la llamada “guerra sucia” contra movimientos armados, campesinos y
sindicales y centenares de asesinatos de activistas, desapariciones
forzadas y personas encarceladas por motivos políticos. Tres episodios
críticos de conocimiento público fueron la masacre de los trabajadores
ferrocarrileros en 1958 y las estudiantiles de octubre de 1968 y junio
de 1971. Y todo esto ocurrió siempre en un estado de paz.
Un
matiz que es oportuno establecer es que una de las más caras y perversas
cualidades de este régimen residió en su capacidad para hacer
funcionales y controlar sectores e instancias de mediación social
estratégicas a nivel nacional y regional. Esta habilidad política no se
expresaba en el control absoluto de la vida social, sino en la
cooptación y manejo de las instancias sociales que funcionaban como
articuladoras de la vida nacional. Esto se hizo manifiesto no sólo a
nivel federal, sino también en la distintas regiones políticas que
configuran al Estado mexicano. En cada una de las escalas había una
misma lógica que se expresaba en el control de diversos ámbitos (en
algunas ocasiones o geografías se controlaba el aparato productivo, en
otras las organizaciones populares, los medios de comunicación...). La
eficacia del gobierno no residía entonces en una verticalidad absoluta,
sino en una compleja red de poderes que funcionaban bajo la lógica de
controlar las prácticas y espacios sociales estratégicos.
Será a
comienzos de la década de los años ochenta que comienza un proceso de
transformación que, como ocurriría en diversas partes del mundo, incluía
un discreto proceso de apertura política, acompañado de uno voraz en el
ámbito de la economía. De esta manera inició un violento proceso de
privatizaciones y reformas a la Constitución, que culminaron en la firma
del TLC en 1992 (entró en vigor en 1994) y ahora en las privatizaciones
de todo lo que restaba dentro del marco de los bienes estratégicos de
la Nación.
Los engranes del viraje
Cambios tan
profundos en una sociedad como la mexicana no podían ser realizados sin
la aplicación de dispositivos de control social que pudieran neutralizar
las posibles respuestas. Esto fue evidente en el momento en que la
entrada en vigor del TLCAN fue acompañada del estallamiento social de
mayor envergadura desde las revueltas del 68. El telón cayó y en el
México que preparaba su entrada en el primer mundo aparecían los
verdaderos integrantes del pueblo: con fusiles de madera y cuerpos
forjados en el maltrato un ejército maya recorría las calles mestizas de
Chiapas repudiando el TLCAN y proponiendo una guerra contra los
vendepatrias.
El impacto fue definitivo y el zapatismo se
convirtió casi instantáneamente en una enorme fuerza política, pesando
en contra de las reformas todavía no consumadas que, después de una
cuidadosa ingeniería de la descomposición, acaban de ser aprobadas 20
años después.
Si en 2005 se firmó la ASPAN, desde ahí fue
generándose, en acuerdo con Estados Unidos, una política de
securitización cuyo primer paso fue el involucramiento del ejército en
labores de seguridad interna. A la par de un clima crecientemente
represivo en contextos de movilización y protesta social, se prefigura
uno de los ingredientes principales de esta política: la construcción de
un enemigo interno, que en este caso fue identificado públicamente con
el narcotráfico. De esta manera los primeros atisbos de una nueva
estrategia de lucha contra el llamado “crimen organizado” se remonta a
los últimos años de la gestión de Vicente Fox, coincidentes con la firma
de la ASPAN, en los cuales se desplegaron operativos policiacos y
militares en las regiones más relacionadas con la acción de los
cárteles.
Sin embargo, es en 2006, después de un fraude
electoral flagrante en unas elecciones muy concurridas, que inicia
realmente el proyecto de instalación de la guerra en México que en 2007
tomará el nombre de Iniciativa Mérida. Felipe Calderón, a quien se la he
intentado hacer un juicio por genocidio, optó por desplegar miles de
efectivos militares en distintos puntos del país usando como pretexto un
relativo incremento en los asesinatos vinculados con la disputa de los
cárteles de la droga por las rutas y mercados del país. Aun cuando hubo
sectores seducidos por la retórica bélica instaurada por el gobierno
federal, el incremento exponencial de los asesinatos, aunado a la
violación de las garantías de la población por parte de los militares y
policías, propició diversas protestas en la geografía del país. En estos
años, México incorporó a la cotidianidad, no sólo el asesinato
sistemático de personas, sino formas de violencia antes prácticamente
inexistentes como masacres, colocación de explosivos en el espacio
público, cuerpos calcinados, decapitados y mutilados que aparecían
diariamente en todo el territorio nacional.
La llamada guerra
contra el narcotráfico ha incrementado y visibilizado la presencia y
actuación de efectivos norteamericanos en suelo mexicano. Como ejemplo
de ello podemos señalar la implementación de la Operación Rápido y
Furioso, a través de la cual desde Estados Unidos fueron ingresadas de
manera ilegal alrededor de 2 mil armas que posteriormente serían
utilizadas en diversos actos de violencia por el denominado “crimen
organizado”. El objetivo declarado de los agentes de la Oficina de
Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, encargados de la
operación, era rastrear a los vendedores y compradores que no
encontraron, sorprendiendo con tal grado de ¿ineficiencia?.
La
situación de guerra que aqueja al país desde 2006 ha dejado un saldo de
personas asesinadas que, a pesar de las cifras distintas de las fuentes
que hacen el seguimiento de datos, se coincide en que sobrepasa los 100
mil decesos. La cifra oficial de asesinatos es de 94 mil 249 de
diciembre de 2006 a diciembre de 2011 (INEGI, 2012). Las cifras de
desplazados oscilan entre 780 mil y 1 millón 648 mil (Parametría, 2011)
aunque otras fuentes registran solamente 250 mil (Sanjuana Martínez). El
secuestro de migrantes se estima en alrededor de 10-12 mil al año
(CNDH, 2011) y los desaparecidos ascienden a alrededor de 50 mil.
Una depredación social de enormes dimensiones si pensamos que la
dictadura argentina de los setenta arrojó una cifra de 30 mil muertos.
La llamada
guerra contra el narco o
guerra contra el crimen organizado
impulsada desde 2006 instituyó como política de estado la persecución y
eliminación de lo que se identificaba como el enemigo interno. Esto
significa que gran parte de esos asesinatos deben ser atribuidos a las
fuerzas de seguridad del estado. Miles de policías y militares mexicanos
(se contabilizaban 7 mil en 2011) han sido entrenados por sus pares
colombianos siendo en parte financiadas estas actividades por Estados
Unidos a través de la Iniciativa Mérida. La estimación es que Colombia
ha entrenado cerca de 13 mil personas desde 2005 como parte de su
política de “exportación de seguridad” que se dirige hacia Centroamérica
y algunos otros países pero, de acuerdo con los datos, especialmente a
México (Isaacson, 2014). Los vínculos entre Colombia y México nunca
habían sido tan fuertes como a partir de 2007 en que se echó a andar el
Plan México, llamado Iniciativa Mérida. En el ámbito de la seguridad se
han creado, entre otros, diversos mecanismos de asesoría y colaboración
como el
Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad y Justicia (GANSJ) o el
Comité Colombia - México de Cooperación contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Y como indicador de toda evidencia Enrique Peña Nieto, actual Presidente, nombró al general colombiano retirado Óscar Naranjo,
[2] cuyo destacado papel en la guerra en Colombia es de todos conocido, asesor en materia de seguridad.
En una década la sociedad mexicana ha sufrido una transformación
brutal. La impunidad y la violencia generalizada han alterado las reglas
de socialidad previas, construidas a lo largo de todo el siglo XX. El
tejido social ha sido destruido y la moralidad social entró en un estado
de esquizofrenia. Evidentemente no sólo fue la violencia armada; la
violencia económica promovida por el neoliberalismo preparó el terreno
de una descomposición muy profunda. Los datos oficiales, generalmente
moderados, identifican que 53.3 millones de mexicanos y mexicanas (de un
total de 112) viven en situación de pobreza; de éstos, aproximadamente
la mitad se encuentran en pobreza extrema.
En el curso de una
generación ese país que fue paradigma de estabilidad y control político
sutil se transformó en un infierno social que publicitariamente se
atribuye a las actividades del crimen organizado pero que en verdad fue
promovido desde el estado, sin quitarle responsabilidad al crimen
organizado. En el México de hoy hay una clara imbricación entre economía
ilegal y política; entre negocios y crímenes; y entre corrupción,
colusión y legalidad.
¿Por qué un estado de impunidad?
Desde que se firmó el TLCAN la pretensión de Estados Unidos era incluir el petróleo como parte de las negociaciones.
México es un país muy rico, empezando por su diversidad en variedades
de maíz, en lenguas y culturas indígenas, por sus selvas, ya diezmadas
pero con gran cantidad de especies endémicas; por sus trabajadores, que
cobran salarios 10 veces menores que los de Estados Unidos en promedio.
La riqueza minera es otro elemento de relevancia, que colocó a México
como centro de actividades económicas en la colonia, junto con Perú; y
sin duda los yacimientos de petróleo, gas, e incluso uranio.
La
voracidad con que el capitalismo contemporáneo ha emprendido el saqueo
de la naturaleza hace que la importancia de la conformación física del
territorio sea un atractivo privilegiado. Según datos recientes, que
constituyen un llamado de alerta sobre las dimensiones de la extracción
minera en el país, la extracción de oro en el periodo 2000-2010 (419,097
kg) duplica lo extraído durante el período colonial 1521-1830 (191,825
kg) En el caso de la plata en el periodo 1521-1830 se extrajeron 56,144
toneladas, mientras que en el periodo 2000-2010 fueron 33, 465
toneladas, es decir que en 10 años se ha extraído casi la mitad que en
300 años de colonia española. (González 2011).
El territorio se
ha privatizado vertiginosamente en las 3 décadas de neoliberalismo. La
propiedad colectiva fue transformada en individual y los ejidos se
parcelaron y perdieron creciendo las superficies del agronegocio,
generalmente de monocultivo; y las mineras obtuvieron amplias
extensiones en concesión:
...los títulos de concesión minera
expedidos en el periodo 2006-2010, comprenden un territorio que supera
los 30 millones de hectáreas -cifra que equivale a poco más de 307 mil
km2- y que representa en su conjunto una superficie mayor a la extensión
territorial total del estado de Chihuahua, la cual asciende a 247,087
km2. Ahora bien, si se considera el periodo 2000-2010 se advierte que la
superficie concesionada a las empresas mineras rebasa las 56 millones
de hectáreas espacio que equivale a alrededor del 25% del territorio
nacional continental. (González Rodríguez, 2011: 8-9)
Obviamente dentro de la minería contemporánea los metales de uso
industrial tienen también gran importancia. No obstante, los datos para
oro y plata marcan una tendencia o una voracidad que se repite en muchos
de los territorios mineros del mundo. Hay una especie de insaciabilidad
o una enorme preocupación por sacar los recursos antes de que los
pueblos reclamen su pertenencia, cosa que está ocurriendo en todos
lados. México es hoy el primer productor de plata (USGS, 2011) y la
extracción de oro de las empresas estadounidenses y canadienses en el
país pasó de 30 mil kg en 2005 a 89 mil en 2011, con una proyección de
94 mil para el 2018 (USGS, 2012).
Pero lo realmente estratégico
es la posesión del petróleo, que en el caso de México es un símbolo de
soberanía desde el momento en que fue expropiado de manos de compañías
extranjeras en 1938. Las cifras sobre reservas son engañosas. Sobre todo
en los años recientes en que se ha estado intentando su privatización y
se manejan los montos de acuerdo con los argumentos que justificarían
la privatización. En unos casos es mucho y hay que explotarlo para
apuntalar el crecimiento de México; en otros casos es tan poquito que ya
ni vale contarlo en los acervos patrimoniales de la Nación. La
Secretaría de Energía (2012) lo calcula en 10 mil millones de barriles
para enero de 2012, pero algunos estudiosos del tema calculan los
yacimientos del Golfo de México que todavía no están en explotación, en
29 mil millones adicionales (Apodaca, 2013).
Desde los años
noventa la presión por privatizar primero la producción de derivados,
luego la explotación, la extracción y la exploración, han llevado a
modificar la Constitución en varios momentos. El peor, en diciembre de
2013. Subrepticiamente se fue cambiando la definición de las actividades
restringidas al estado por su carácter estratégico, pero el descontento
fue subiendo de tono cuando se empezaron a otorgar contratos de
servicios múltiples, con la trampa de que no había restricción del
número de contratos que podía acumular un mismo proveedor. Lo que no se
permitió fue la extracción directa por parte del capital privado y menos
aun su participación en la producción como se acaba de aprobar ahora.
Fue necesario vencer muchos obstáculos, entre los que destacan, por su
importancia estratégica y simbólica, algunos que han quedado registrados
como hitos en la historia de los tiempos contemporáneos:
1.
Intentos de desaparecer o, por lo menos, fragilizar a la UNAM, principal
espacio de pensamiento crítico del país, con el propósito de desactivar
su potencialidad de intervención en la sociedad, de modificar los
contenidos de la educación y los imaginarios colectivos, y de beneficiar
los negocios privados con la privatización de la educación superior.
2. Un golpe muy significativo consistió en la colusión de todo el
sistema político, sin distinción de adscripción ideológica, en contra de
los Acuerdos de San Andrés resultado de la mesa de diálogo entre el
gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, construidos con
la más amplia participación de los diferentes sectores de la sociedad
que se hubiera registrado en los últimos 50 años.
3.
Socavamiento de las bases reales del sindicalismo mediante la extinción
por decreto presidencial de la Compañía Luz y Fuerza del Centro donde se
asentaba el sindicato con mayor y más larga tradición democrática, el
único gran sindicato independiente todavía en activo. Esto implicó el
despido de 44 mil trabajadores.
4. Embate frontal contra la
fuerza de trabajo a través del control de salarios mínimos, la
desregulación de las relaciones laborales, el desmantelamiento de la
seguridad social, los sistemas de pensiones con el objeto de cumplir los
objetivos de la flexibilización laboral y de paso alterar los sentidos
sociales en torno a la universalidad de derechos. El último paso de esta
política, consumado también en 2013 es la aprobación de una reforma
laboral desprotectora del trabajo y que conculca todos los derechos
reconocidos previamente.
5. Reforma educativa que lesiona los
derechos laborales del magisterio y que introduce un control de calidad
estandarizado sobre contenidos prefijados y homogeneizadores. Esta
reforma ha sido acompañada de una desproporcionada campaña mediática de
desprestigio y linchamiento en contra de los maestros.
6.
Reformas antiterroristas al código penal y civil que en 2013 han
transformado la inespecificidad de la categoría terrorista en una muy
específica que focaliza en las protestas sociales. Se tipifica el
terrorismo ampliando las sanciones a sus financiadores; se sancionan los
ataques a bienes y servicios privados y no sólo públicos; y se le
suprime un párrafo, esencial para proteger el derecho a la disidencia y
la protesta social:
Las manifestaciones que realicen grupos de
personas en ejercicio de sus derechos humanos y constitucionales, sin
intención u objetivo de atentar contra bienes jurídicos de personas,
tengan la finalidad de presionar a la autoridad para que tome una
determinación en cierto sentido sobre alguna demanda, no se considerarán
terrorismo.
Así es como se fue preparando el terreno para, en
diciembre de 2013, en escasos 3 días hacer pasar una reforma energética
que contradice la Constitución, los valores patrios y las consensos
sociales de nuestro largo siglo XX.
El PRI, que más que un
partido es un régimen, llegó a la conclusión del siglo XX asediado por
el descrédito y el hartazgo por parte de la población que de manera
generalizada lo percibe como corrupto y creador de toda una cultura
política basada en el clientelismo, la compra de votos, la amenaza
permanente sobre los contrincantes, o el abierto recurso del fraude
electoral.
El sistema político en su conjunto, más allá de los
teatros electorales, participa de esa cultura y es corresponsable de las
reformas y golpes de disciplinamiento aplicados a la sociedad. Por
unanimidad los partidos resolvieron en contra de los Acuerdos de San
Andrés en 2001; por complicidad resolvieron por la reforma energética en
2013. La criminalización de la política se aplica lo mismo en gobiernos
de "izquierda" que de "derecha" en todo el país, incluyendo la capital
donde se ha aprobado un protocolo para el control de multitudes, que
incluye el uso de la “fuerza letal” así como el recurrente despliegue de
operativos policiacos que culminan siempre con arrestos arbitrarios,
uso excesivo de la fuerza e incluso, personas gravemente heridas por la
actuación de la policía.
Y sin embargo, se mueve
Como resultado de la inédita situación de violencia que desborda al
país, y de la transformación del estado de derecho en un estado de
impunidad, han sido muchos y diferentes los esfuerzos en la sociedad por
restablecer las condiciones de convivencia.
El país se ha
convertido en un territorio en ebullición, con movimientos organizados
que luchan por autonomía en ciertos territorios, contra la devastación
minera, forestal, hidroeléctrica u otras, por la diversidad cultural y
de sistemas y contenidos educativos, por la autodefensa en territorios
amagados por la impunidad del crimen organizado y la complicidad de las
fuerzas de seguridad del estado. Los familiares de desaparecidos o
asesinados se movilizan por su búsqueda y por castigo a los culpables.
Hay grupos defensores de los migrantes que les dan auxilio a lo largo de
sus rutas hacia Estados Unidos. Existe una variedad de iniciativas
ciudadanas reclamando la vuelta del estado de derecho. Los estudiantes,
con su característica intermitencia abren campos de lucha como los del
movimiento
Yo soy 132 o el de la ampliación del ingreso a las universidades.
Los impactos del proceso que hemos descrito son diversos. Más allá de
los datos duros que dan cuenta de la destrucción y la muerte que se han
vuelto elementos cotidianos para la población, existen modificaciones
culturales y de horizonte de sentido para enormes porciones de la
población. Esto es quizá más nítido para los jóvenes, para quienes la
ausencia de perspectivas de futuro convierte al negocio de la muerte y
el avasallamiento de los otros en la única “opción racional” y hasta
deseable. Esto ha sido promovido por la apología de un estilo de vida
basado en el individualismo y el consumo, en combinación con el
desgarramiento del tejido social.
Los movimientos de
autodefensa son armados, pero no son guerrillas. Se enfrentan a los
grupos armados y protegidos del crimen organizado. Muchos otros
movimientos no son armados, a pesar de que las guardias blancas de las
mineras, entre otras, los acosan y los matan.
Frente a la
inoculación de la sospecha y la delación como relación social y de la
cultura del miedo como práctica cotidiana, la mexicana es una sociedad
que se defiende, pero también que construye, que crea condiciones para
un futuro distinto. Que defiende el maíz y recupera y recrea sus formas
de cultivar, de curarse, de entender la vida. Una sociedad que reinventa
sus prácticas comunitarias, sus procesos culturales y sus modos de
generar la vida.
Una sociedad rodeada de muerte que se empeña en producir vida.
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Bibliografía citada
Apodaca Villarreal, José Luis 2013 Crónica de Israel Rodríguez (México:
La Jornada) en http://www.jornada.unam.mx/2013/12/13/economia/035n1eco
CNDH 2011
Informe especial sobre secuestro de migrantes en México en
http://www.cndh.org.mx/Informes_Especiales
Cohen, William S. (Secretary of Defense) 1998
Annual Report to the President and the Congress.
INEGI 2012
Estadísticas de mortalidad en
www.INEGI.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/continuas/vitales/bd/mortalidad/MortalidadGeneral. asp?s=est&c=11144. Consultado el 19 de octubre de 2012.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2010
Estadísticas históricas de México 2009 colección memoria (México: INEGI) Tomo II.
Isacson, Adam; Haugaard, Lisa; Poe, Abigail; Kinosian, Sarah y Withers, George 2014
Time to listen: trends in U.S. security assistence to Latin America and the Caribbean (USA: Latin America working group education fund, Center for international policy (CIP), WOLA)
González Rodríguez, José de Jesús 2011
Minería en México. Referencias generales, régimen fiscal, concesiones y propuestas legislativas, Documento de trabajo N° 121 (versión preliminar) (México: LXI Legislatura Cámara de Diputados).
Parametría 2011 en
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Secretaría de Energía 2012
Prospectiva de petróleo crudo 2012-2026 (México).
USGS 2011
Mineral Commodity Summary.
USGS 2012
The Mineral Industries of Latin America and Canada in 2011.
Notas
[1] Sin considerar por lo pronto los avances en la ruta de
colonizar otros planetas o astros del sistema solar, tarea en la que se
están teniendo enormes avances al localizar rastros de agua en una de
las lunas de Júpiter y en Marte.
[2] Se le ubica como
el responsable de haber desmantelado a los cárteles de Medellín y Cali.
Se le conoce por su capacidad para negociar con el narcotráfico, su
cercanía con la DEA, su valiosa asesoría en el ámbito de la
contrainsurgencia, violaciones a los derechos humanos y por su papel en
la Operación Fénix consistente en el bombardeo al campamento de paz de
las FARC en territorio ecuatoriano, misión por la cuál siendo policía
fue, no obstante, nombrado general.
