Andrés Piqueras
En las sociedades europeas centrales a finales de la década de los 60 del siglo XX y muy especialmente a partir de la quiebra económico-energética de 1973, se evidenciaría el cierre del modelo de crecimiento keynesiano, ligado a lo que se llamó el “capitalismo organizado”, que entrañaba a su vez la prevalencia de la opción reformista o “socialdemócrata” en las relaciones Capital/Trabajo.
Dan cuenta de esa quiebra un par de razones estructurales, nunca aludidas en las pseudo-explicaciones de la crisis que machaconamente nos proporcionan desde todo tipo de plataformas y de medios de difusión de masas.
Por un lado, la automatización o, en general, la tendencia al desarrollo de las fuerzas productivas, que se supone inherente a la acumulación capitalista, tiende a la mayor utilización de (e innovación en) tecnologías intensivas en capital. Estas últimas entrañan una significativa menor utilización de fuerza de trabajo por unidad de capital invertido, lo que además de provocar una tendencia hacia la eliminación de empleos implica una consecuencia realmente grave para el funcionamiento capitalista, que es la sobreacumulación de capital invertido por unidad de valor que se es capaz de generar (digamos que al reducirse la masa de valor representada por la fuerza de trabajo, se restringen cada vez más los impactos de los aumentos de la productividad en la elevación de la tasa de plusvalía, y se limita también la conversión de plusvalía extraordinaria en ganancia extraordinaria, que es el objetivo básico de la inversión capitalista). Este proceso transcurre paralelo a otro de igual calibre, y es que la tecnificación de los procesos productivos va dejando cada vez menos tiempo de trabajo excedente del que apropiarse para la obtención de plusvalía, ya que el trabajo necesario de los seres humanos (la mano de obra) va quedando más y más reducido con el desarrollo tecnológico. Esto implica que con cada aumento de composición orgánica de capital el aumento proporcional de la plusvalía es menor.
Por otra parte, se desata una feroz batalla en torno al I+D, que deviene cada vez más onerosa, dado que la rápida caducidad tecnológica no permite la satisfactoria amortización del capital invertido.
Estos procesos están en la base de la crisis de valorización del capital, que es la causa profunda o histórica de la crisis que padecemos en la actualidad, que no es sino la prolongación angustiosa de aquélla.
En todo este tiempo el capitalismo se ha desorganizado de nuevo a través de su versión “neoliberal”, dejando de lado la reforma progresiva de sí mismo y emprendiendo una ofensiva unilateral de clase en todos los frentes contra la población que vive de su trabajo.
Toda una trama de recetas “neoliberales” se pusieron en marcha, si no para salir de esa crisis (que en sí misma el capital no puede exorcizar), al menos para huir de ella hacia adelante. Entre las más importantes:
Aumentar la explotación de la fuerza de trabajo. Tanto extensiva (duración de la jornada, horas extras, aumento de días de trabajo anuales, elevación de la edad de jubilación…), como intensiva (a través del propio proceso de tecnificación de los procesos productivos y, en general, de desarrollo de fuerzas productivas).
Esto se hizo con relativa escasa resistencia de la población gracias a la alta capacidad de sustitución de la fuerza de trabajo que proporcionaron al capital principalmente tres factores: a) el incremento del ejército de reserva mundial que se produjo con la entrada del Segundo Mundo (URSS, China, etc.) en la órbita capitalista, con una fuerza de trabajo enormemente más barata; b) una fuerza de trabajo migrante a escala global, lista para desempeñar el papel de ejército de reserva a discreción; c) la deslocalización empresarial, que significa que son las empresas las que emigran allá donde los costos de capital variable y circulante son menores y las exacciones fiscales mayores.
Con ello el poder social de negociación de la población trabajadora se fue a pique, y la fortaleza sindical (de unos sindicatos que además habían adaptado sus estructuras y estrategias a la época de los pactos y a la institucionalización del conflicto) quedaba seriamente mermada.
Esto queda patente en la pérdida de poder adquisitivo de la fuerza de trabajo en general, así como en el reparto de la riqueza social. En el Reino de España, la participación depurada de los salarios bajó de casi el 75% al 61% del PIB, calculado según costes de factores, entre 1967 y 2007, lo que es congruente con el hecho de que el salario promedio real esté prácticamente estancado desde principio de los años 80.
En cuanto al aumento del tiempo de trabajo, para los años 1999 y 2002, según el CIS (Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo”), un 46,4% de los trabajadores prolonga su jornada laboral más allá de la jornada nominal, y la quinta parte del conjunto de la población asalariada (un 22,3%) lo hace sin compensación económica. Los asalariados a tiempo completo, según Eurostat1, trabajan un promedio de 8,5 horas extra a la semana, de las cuales 4,7 horas no son pagadas (lo que quiere decir que más del 10% de la jornada laboral regular acordada por convenio se le regala a la patronal). No hablemos ya de la temporalidad o en general precariedad laboral del mercado de trabajo español.
Recortar la parte de contribución al conjunto social que aporta el gran empresariado. En general, eximir de impuestos a los ricos, al tiempo que se aumenta la carga impositiva sobre la población trabajadora.
Así, tomando de nuevo el ejemplo español, si en 2005 las rentas del trabajo sufrían una carga impositiva del 16,4%, las rentas del capital sólo tenían un 7,4%, es decir, menos de la mitad. Trece años después, en 2008, la situación apenas ha variado: 16,7% para las rentas del trabajo, 8,6% para las del capital. Esto hace que lo recaudado en la actualidad de la población trabajadora sea más de 9 veces el monto total recaudado del mundo del capital. Todo ello sin contar la evasión fiscal consentida, como consentidos están los paraísos fiscales.
Según el GESTHA, organismo de los cargos técnicos e inspectores de Hacienda (http://www.gestha.es/), las grandes fortunas y empresas españolas evadieron 42.771 millones de euros sólo en 2010. Si a ello añadimos la evasión de la pequeña y mediana empresa, según esa misma fuente, obtenemos 59.032 millones. Sumando a esto el fraude a la seguridad social que se realiza a través de la economía sumergida, nos da la enorme suma de unos 90.000 millones de euros. Los recortes sociales impuestos por el gobierno del PSOE para el periodo 2010-2013 ascienden a 50.000 millones de euros. Es decir, se podría no hacer un solo recorte si los ricos pagaran lo que les corresponde (que ya de por sí es proporcionalmente muy poco en comparación con lo que paga el resto de la sociedad).
Reducir los servicios y gastos sociales en el conjunto de la población
Ya antes de la crisis de finales de la primera década de los 2000, si miramos los datos del Reino de España en protección social, entre 1994 y 2005 se redujeron esos gastos del 22,8 al 20,8% del PIB2. En la UE, a pesar de estar mucho más altos, como promedio también descendieron esos gastos: entre 1993 y 2002 pasaron del 27,4 al 26,9% del PIB3.
Apropiarse privadamente de los bienes públicos (esto es, la reprivatización o lo que se ha llamado también acumulación privada por desposesión colectiva).
Esto afecta tanto a los servicios públicos (sanidad, educación, transporte, comunicaciones, etc.), como a las infraestructuras (red viaria, instalaciones…), como a la riqueza natural o ecológica (territorios, recursos naturales, patentización del genoma de las especies…), etc.
Reducir sustancialmente el capital destinado a la inversión en producción, dado que ésta ya no es tan rentable por sobreacumulación, y dedicarlo al préstamo y al ‘juego’ bursátil, esto es, básicamente a la especulación. Como si imparablemente el dinero pudiera generar dinero por sí mismo, fuera de la producción. Pero como eso sólo era un espejismo lo que se generó fue una enorme pirámide invertida de capital de crédito-deuda y especulativo en relación al capital real. Es decir, se creó una ingente suma de capital ficticio.
El Bank for International Settlements en su Quarterly Review de junio de 2011, reportaba haber recibido datos bancarios hasta diciembre de 2010 por un total de 601 billones de dólares en derivados emitidos, lo que supone más de 10 veces el PIB mundial. Otras fuentes consultadas por el Observatorio Internacional de la Crisis (http://www.observatoriodelacrisis.org/), sin embargo, estiman ese monto de capital ficticio en torno a 30 veces la riqueza mundial “real” (es decir, ¡en torno a los 1200 billones de dólares!).
Esto ha sido posible gracias a la desregulación del sistema bancario y de las finanzas, que ha permitido crecer a costa de endeudamiento (proceso que recibe el nombre de “apalancamiento”). En este caso hablaríamos de “crecer ficticiamente” (dado que el apalancamiento ha sido a costa de un capital “ficticio”). Al mismo tiempo, los Estados hacen dejación de su soberanía, permitiendo que los Bancos Centrales se independicen de ellos, mientras que ellos mismos pasan a emitir títulos de deuda en los mercados financieros mundiales, con lo que entran como cualquier otra entidad en el “rating internacional de riesgo” dictaminado por agencias privadas, obligándose a llevar a cabo políticas ortodoxas monetarias y fiscales subordinadas a los intereses del capital financiero internacional.
A pesar de todo ello, el intento de resolución de la crisis de valorización a través del empobrecimiento de las poblaciones y del detraimiento del gasto público, ha venido generando más y más obstáculos para la realización de la ganancia (que sólo se puede consumar mediante la venta). Esto se conoce como crisis de realización que, por mucho que se haya intentado regatear a costa del crédito, la caducidad cada vez más prematura de los productos o el consumo de lujo entre otras opciones, no ha hecho sino agudizarse con los crecientes recortes salariales y sociales, agravando aún más, consecuentemente, la ya cronificada crisis de valorización, pues se entra en un bucle de sobreproducción-subconsumo, como causa derivada, del que en otros momentos históricos sólo se salió a través de la guerra o la expansión económica a nuevos territorios.
Lejos de atacar ese bucle, las medidas que se toman son sólo de evasión, destinadas a dar un poco más de tiempo a los grandes capitales. Porque en sí mismas son procíclicas, esto es, tendentes a perpetuar y reforzar la crisis. Así el creciente retraimiento de la inversión del Estado, la disminución de los servicios sociales, la bajada de salarios, el aumento de impuestos a la población trabajadora, la pérdida general del poder adquisitivo de las poblaciones y la drástica disminución del consumo conllevan la acentuación de la crisis de realización (esto es, a dificultar la venta que es como se realiza la ganancia capitalista). Socavan tan drástica como patentemente, además, los ingresos del Estado y por tanto su capacidad para intervenir como agente económico.
De todo esto se percata cualquiera. El capitalismo histórico no pudo salir de ninguna gran depresión sin una fuerte inyección de gasto público, sobre todo desde que alcanza su fase de monopolización en el último cuarto del siglo XIX. Sólo el fortalecimiento de los servicios y, en general, de la economía pública, podría dar algo más de margen a la acumulación capitalista. Luego, la pregunta clave es ¿porqué se están llevando a cabo políticas económicas procíclicas, esto es, tendentes a la depresión?
No valen las respuestas que apelan al “despiste” o a la “falta de cordura”, como se repiten por doquier últimamente cuando ya no parecen quedar otras “salidas” para explicar la crisis sistémica en la que nos encontramos.
Mejor ofrezcamos aquí algunas otras posibilidades de respuesta, que pasan por distintas claves:
I. Claves de relación de clase
Hay un profundo cambio en la composición interna del poder mundial y de los poderes en cada formación socio-estatal. La lucha de poder entre las clases dominantes y entre las distintas expresiones del capital, nos llevan a un escenario en el que el capital financiero mundial trata de hacerse con el mando del sistema, estrangulando el poder del capital productivo, y en que las entidades estatales siguen actuando para sí, más allá de la dimensión universal del capital, con la consiguiente pugna de intereses también entre las distintas burguesías estatales, combinada con la tradicional supeditación de las burguesías de las formaciones más débiles (lumpenburguesías y burguesías delegadas) a las de las más fuertes.
Sin embargo, ambos capitales (productivo y de interés-especulativo), junto al rentista, así como unas y otras burguesías estatales, se coordinan y aprovechan la coyuntura para reestructurar el poder de clase y golpear la fuerza histórica conseguida por el Trabajo, rebajando al máximo su poder social de negociación y desbaratando todos los dispositivos de preservación de esa fuerza y de regulación de la relación Capital/Trabajo, así como las formas institucionalizadas de pacto de clases, propias del “capitalismo organizado” keynesiano, e incluso del Estado popular o populista de muchas de las formaciones periféricas. Deprimiendo en general, más allá de ciertas excepciones que merecen análisis aparte (el grupo ALBA en América Latina, por ejemplo), las condiciones sociolaborales de las poblaciones.
II. Claves económico-estratégicas y geoestratégicas (político-militares).
Asistimos también a una lucha entre Estados vinculados al capital financiero-especulativo (los anglosajones, especialmente) y los ligados al capital productivo-extractivo (Alemania, China, Rusia, sobre todo).
Cruzándose con ella, se da la pugna del hegemón actual (EE.UU.) y países centrales subordinados (buena parte de la UE occidental, Japón, Canadá, Australia), con el potencial hegemón del siglo XXI (China), más sus posibles aliados (¿Rusia?). Las claves pasarán por un lado, por la toma de postura de unas y otras formaciones periféricas (especialmente India y los países decisivos de América Latina). Por otro, esas claves estarán vinculadas a la evolución de las crecientes rivalidades entre las potencias centrales y la decantación estratégica futura de la Gran Alemania (que puede ser la sustituidora de la UE, una vez que haya terminado de adueñarse de Europa o al menos de desencuadernar la capacidad agencial del resto de formaciones estatales europeas).
Estas medidas o procesos tienen, no obstante, al menos dos grandes elementos contradictorios y una constatación de gran importancia.
Las contradicciones:
El permanente socavamiento del capital productivo implica el estrangulamiento del propio modo de producción capitalista, pues sólo de él se genera la acumulación de capital.
b) Al mismo tiempo, al destruir la capacidad adquisitiva de los productores, se destruye, como hemos indicado ya, la de los consumidores (pues en el sistema capitalista unos y otros son los mismos y constituyen el único sustento final de la producción capitalista, dado que tanto las entidades empresariales como estatales son sólo consumidores intermedios del consumo final, que es el de la población).
La constatación es que no hay nadie al frente de la nave capitalista, no hay una entidad de comando. Lo cual ha sido el gran déficit de la universalización del sistema capitalista como Sistema Mundial: su incapacidad de desarrollar una entidad rectora del tipo del Estado que generó para su fase de acumulación socio-nacional.
A partir de todo ello, además, podemos atrevernos a formular algunas posibles implicaciones, aunque sea (todavía) en forma de preguntas.
La ruina consciente de sus propias bases de existencia, ¿quiere decir que de alguna manera el Capital está haciendo las maletas hacia otra forma de dominación? Si es así, ¿cuál?:
¿Una forma de extremación del capitalismo salvaje a escala mundial, funcionando a partir de un todavía muchísimo más reducido número de consumidores que en la actualidad?
¿Un postcapitalismo, con otras formas de acumulación-dominación y de apropiación de los (cada vez más escasos) recursos?
Para ambas salidas necesitaría de medidas drásticas frente a la Humanidad, y éstas pasarían de forma necesaria por la opción bélica a gran escala. Podría estar combinada con otros procesos catastróficos de carácter sanitario-epidémico y ecológico.
Irreformismo del sistema
En cualquier caso, y de momento, esta guerra de clases desde arriba, unilateralmente desatada por el Capital cuando en las formaciones centrales el Trabajo más amodorradamente integrado en el orden capitalista de consumo se encontraba (por más que en las últimas décadas fuera gracias al crédito –también en gran parte “ficticio”-), y en las periféricas ese consumo y niveles de vida se habían convertido en la aspiración legitimadora del sistema, no hace sino proclamar el agotamiento de las posibilidades del reformismo, parejo a la crisis sistémica y civilizatoria a que con toda probabilidad conducirá el colapso de la acumulación capitalista en sus núcleos centrales. El acoplamiento de las formaciones periféricas y la crisis ecológica nos dirá hasta qué punto y hasta cuándo será posible que esa acumulación se traslade a éstas.
Mientras tanto, el resultado es una acentuada deslegitimación del orden socioeconómico que la alternancia de dos partidos en las diferentes elecciones presidenciales no podrá frenar por mucho más tiempo4. Entramos, forzados por el desgaste del sistema y la ofensiva del gran capital, en una más que probable nueva era de enfrentamientos de clase. Estos se verán adaptados, más pronto o más tarde, a los nuevos contextos de dominación y de acumulación del capitalismo degenerativo. Su dinámica antagónica y sus resultados irán proporcionando los elementos constructivos del mundo del siglo XXI.
Se hace, en cualquier caso, cada vez más probable que en su desesperada salida cortoplacista, el mundo rico despierte al monstruo que dormía, al que tanto ha temido siempre: las fuerzas del trabajo organizado (y sublevado).
* El autor es miembro del Observatorio Internacional de la Crisis
Notas:
1 Ver para los datos citados aquí, Hans Schweiger y Antonio Rodríguez, “La participación de los salarios”, en Taifa, seminari d’economia critica, nº 4. Barcelona, 2007.
2 Colectivo IOE. Barómetro social de España. Análisis del periodo 1994-2006. Traficantes de sueños. Madrid, 2008.
3 Vicenç Navarro. El subdesarrollo social de España. Ediciones de Diario El Público. Madrid, 2009.
4 La creciente ilegitimidad e ingobernabilidad de las expresiones sociopolíticas capitalistas irán probablemente aconsejando a las clases dominantes hacer gobiernos de “concertación nacional”, e ir asumiendo directamente la dirigencia del Estado, desplazando al cuerpo de gestores-administradores intermediarios entre ellas y el resto de la población.
4.2.12
23.1.12
Ayotzinapa
Carlos Fazio
Fue un crimen de Estado. Las ejecuciones sumarias extrajudiciales de los estudiantes Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, fueron sendos crímenes de Estado que involucran, por acción y omisión, a los gobiernos estatal y federal. Pese a las evidencias periciales, testimoniales, gráficas y fílmicas que involucran a varios agentes estatales, a 42 días del uso desproporcionado de la fuerza pública en la Autopista del Sol, seguido de tratos crueles y tortura contra otros estudiantes, los criminales siguen impunes.
Desde un principio, la falta de cooperación de las autoridades fue evidente. Actuaron con dolo y de manera conspirativa. Ratificando su vocación represiva, autoritaria y criminal, procedieron al margen de los protocolos antimotines correspondientes y con total desprecio por los derechos humanos. Funcionarios de primer nivel del gobierno de Guerrero y de la Policía Federal mintieron de manera deliberada para distorsionar, enredar y ocultar los hechos. Las autoridades alteraron la escena del crimen y mediante una "operación barrido" destruyeron y/o desaparecieron pruebas y evidencias para encubrir a los responsables materiales e intelectuales de la violenta acción represiva.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que el uso de la fuerza letal contra civiles desarmados obedeció a un acto consciente de causar daño más allá del control de la situación. Además se quiso fabricar un culpable. Un chivo expiatorio. Mediante tortura y la siembra de un fusil de asalto se intentó manufacturar un falso positivo a la mexicana. El estudiante Gerardo Torres Pérez fue doblemente victimizado. Capturado en el lugar de los hechos, fue aislado e incomunicado. Lo desnudaron, le mojaron el cuerpo y lo golpearon en la espalda, costillas y cara para que se incriminara. Después, sus captores lo llevaron a una casa abandonada en Zumpango y lo obligaron a disparar un arma AK-47 –cuerno de chivo– y tocar los casquillos percutidos para impregnar sus manos con pólvora, con la intención de imputarle el asesinato de sus compañeros.
El montaje, atribuido por el estudiante al comandante de la policía ministerial David Urquizo (quien sigue activo), lo divulgó mediáticamente el ex procurador estatal Alberto Rosas López, quien manejó la presencia en el lugar –con fines desestabilizadores, dijo– de "grupos civiles ajenos" al gobierno y los estudiantes. Y sin la autopsia correspondiente, a pocas horas del crimen "reveló" que las víctimas presentaban impactos de arma AK-47, "que no usan las corporaciones del estado, cuyos elementos acudieron al lugar desarmados".
El uso excesivo de fuerza letal frente a la protesta social de los estudiantes de Ayotzi se dio en el marco del operativo Guerrero seguro, donde participan diversas corporaciones de seguridad (Ejército, Marina, Policía Federal y Procuraduría General de la República) que responden a una coordinación interinstitucional, cuyo mando superior se ubica en el gabinete de seguridad nacional de Felipe Calderón. La estrategia es coordinada por el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. En la acción también intervinieron agentes de las policías preventiva y ministerial del estado de Guerrero.
El operativo estuvo a cargo del subsecretario de Seguridad Pública local, general Ramón Miguel Arriola Ibarra, quien declaró a los medios: "El gobernador me pidió limpiar y la carretera está limpia". Durante la "limpieza" hubo un uso excesivo de armas de fuego. No hubo enfrentamiento. Se empleó fuerza letal para reprimir estudiantes desarmados. Diversas videograbaciones permitieron contabilizar 300 detonaciones de fusiles de asalto y 200 disparos con escuadras, revólveres y rifles de bajo calibre en sólo ocho minutos. Muchos tiros fueron al aire. Pero varios autobuses donde se refugiaron estudiantes exhibieron impactos de bala en vidrios y carrocería. La tragedia pudo ser mayor.
Los homicidios no debieron ocurrir. Pero alguien dio la orden y ésta bajó por la cadena de mando. El o los asesinos tiraron a matar; lo hicieron a sangre fría. Herrera recibió un tiro en la cabeza; Echeverría, en el cuello. Los autores materiales de los disparos son agentes de un poder violento. Quien ordenó tirar lo hizo con lúcida conciencia. Fue una acción intencional y calculada que obedeció a una estrategia de poder, como engranaje o eslabón imprescindible de un sistema de gobierno o una provocación interpares.
Quedan muchas preguntas pendientes: ¿cuál fue la línea de mando?, ¿quién estuvo a cargo del operativo?, ¿quién ordenó el envío de efectivos con fusiles de asalto a desalojar una manifestación de estudiantes?, ¿quién en la cadena de mando político y operativo ordenó abrir fuego y con qué criterios?, ¿quién ordenó modificar la escena del crimen y desaparecer evidencias?, ¿quiénes coaccionaron, previa tortura física y sicológica, al estudiante Gerardo Torres para que accionara un arma sembrada y se incriminara?, ¿por qué no están detenidos los torturadores?, ¿por qué no se tomó declaración al general Arriola, quien proporcionó un testimonio incontrovertible: "El gobernador me ordenó limpiar"? ¿Quién incendió la bomba de gasolina: un joven furioso, "hasta la madre" por tanta injusticia y violencia, un agente provocador, una bala o granada? ¿A qué actores políticos, grupos caciquiles o poderes fácticos convenía, en la antesala de un año electoral, montar una provocación criminal en Chilpancingo? ¿Quiénes tienen capacidad para hacerlo? ¿Hubo terceros instigadores del uso de la violencia sistémica que al intentar "incendiar" Guerrero perseguían profundizar la desestabilización del país?
El martirio de Echeverría y Herrera es referente simbólico de punición para toda la comunidad de Ayotzinapa y fue planificado para conducir a una parálisis social, mediante el terror y amedrentamiento, de la protesta estudiantil. No alcanza el grito indignado ¡Nunca más! Es necesario comprender qué ocurrió y cómo ocurrió. Conocer la verdad histórica. Ambos crímenes de Estado no deben quedar impunes.
Fue un crimen de Estado. Las ejecuciones sumarias extrajudiciales de los estudiantes Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, fueron sendos crímenes de Estado que involucran, por acción y omisión, a los gobiernos estatal y federal. Pese a las evidencias periciales, testimoniales, gráficas y fílmicas que involucran a varios agentes estatales, a 42 días del uso desproporcionado de la fuerza pública en la Autopista del Sol, seguido de tratos crueles y tortura contra otros estudiantes, los criminales siguen impunes.
Desde un principio, la falta de cooperación de las autoridades fue evidente. Actuaron con dolo y de manera conspirativa. Ratificando su vocación represiva, autoritaria y criminal, procedieron al margen de los protocolos antimotines correspondientes y con total desprecio por los derechos humanos. Funcionarios de primer nivel del gobierno de Guerrero y de la Policía Federal mintieron de manera deliberada para distorsionar, enredar y ocultar los hechos. Las autoridades alteraron la escena del crimen y mediante una "operación barrido" destruyeron y/o desaparecieron pruebas y evidencias para encubrir a los responsables materiales e intelectuales de la violenta acción represiva.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que el uso de la fuerza letal contra civiles desarmados obedeció a un acto consciente de causar daño más allá del control de la situación. Además se quiso fabricar un culpable. Un chivo expiatorio. Mediante tortura y la siembra de un fusil de asalto se intentó manufacturar un falso positivo a la mexicana. El estudiante Gerardo Torres Pérez fue doblemente victimizado. Capturado en el lugar de los hechos, fue aislado e incomunicado. Lo desnudaron, le mojaron el cuerpo y lo golpearon en la espalda, costillas y cara para que se incriminara. Después, sus captores lo llevaron a una casa abandonada en Zumpango y lo obligaron a disparar un arma AK-47 –cuerno de chivo– y tocar los casquillos percutidos para impregnar sus manos con pólvora, con la intención de imputarle el asesinato de sus compañeros.
El montaje, atribuido por el estudiante al comandante de la policía ministerial David Urquizo (quien sigue activo), lo divulgó mediáticamente el ex procurador estatal Alberto Rosas López, quien manejó la presencia en el lugar –con fines desestabilizadores, dijo– de "grupos civiles ajenos" al gobierno y los estudiantes. Y sin la autopsia correspondiente, a pocas horas del crimen "reveló" que las víctimas presentaban impactos de arma AK-47, "que no usan las corporaciones del estado, cuyos elementos acudieron al lugar desarmados".
El uso excesivo de fuerza letal frente a la protesta social de los estudiantes de Ayotzi se dio en el marco del operativo Guerrero seguro, donde participan diversas corporaciones de seguridad (Ejército, Marina, Policía Federal y Procuraduría General de la República) que responden a una coordinación interinstitucional, cuyo mando superior se ubica en el gabinete de seguridad nacional de Felipe Calderón. La estrategia es coordinada por el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. En la acción también intervinieron agentes de las policías preventiva y ministerial del estado de Guerrero.
El operativo estuvo a cargo del subsecretario de Seguridad Pública local, general Ramón Miguel Arriola Ibarra, quien declaró a los medios: "El gobernador me pidió limpiar y la carretera está limpia". Durante la "limpieza" hubo un uso excesivo de armas de fuego. No hubo enfrentamiento. Se empleó fuerza letal para reprimir estudiantes desarmados. Diversas videograbaciones permitieron contabilizar 300 detonaciones de fusiles de asalto y 200 disparos con escuadras, revólveres y rifles de bajo calibre en sólo ocho minutos. Muchos tiros fueron al aire. Pero varios autobuses donde se refugiaron estudiantes exhibieron impactos de bala en vidrios y carrocería. La tragedia pudo ser mayor.
Los homicidios no debieron ocurrir. Pero alguien dio la orden y ésta bajó por la cadena de mando. El o los asesinos tiraron a matar; lo hicieron a sangre fría. Herrera recibió un tiro en la cabeza; Echeverría, en el cuello. Los autores materiales de los disparos son agentes de un poder violento. Quien ordenó tirar lo hizo con lúcida conciencia. Fue una acción intencional y calculada que obedeció a una estrategia de poder, como engranaje o eslabón imprescindible de un sistema de gobierno o una provocación interpares.
Quedan muchas preguntas pendientes: ¿cuál fue la línea de mando?, ¿quién estuvo a cargo del operativo?, ¿quién ordenó el envío de efectivos con fusiles de asalto a desalojar una manifestación de estudiantes?, ¿quién en la cadena de mando político y operativo ordenó abrir fuego y con qué criterios?, ¿quién ordenó modificar la escena del crimen y desaparecer evidencias?, ¿quiénes coaccionaron, previa tortura física y sicológica, al estudiante Gerardo Torres para que accionara un arma sembrada y se incriminara?, ¿por qué no están detenidos los torturadores?, ¿por qué no se tomó declaración al general Arriola, quien proporcionó un testimonio incontrovertible: "El gobernador me ordenó limpiar"? ¿Quién incendió la bomba de gasolina: un joven furioso, "hasta la madre" por tanta injusticia y violencia, un agente provocador, una bala o granada? ¿A qué actores políticos, grupos caciquiles o poderes fácticos convenía, en la antesala de un año electoral, montar una provocación criminal en Chilpancingo? ¿Quiénes tienen capacidad para hacerlo? ¿Hubo terceros instigadores del uso de la violencia sistémica que al intentar "incendiar" Guerrero perseguían profundizar la desestabilización del país?
El martirio de Echeverría y Herrera es referente simbólico de punición para toda la comunidad de Ayotzinapa y fue planificado para conducir a una parálisis social, mediante el terror y amedrentamiento, de la protesta estudiantil. No alcanza el grito indignado ¡Nunca más! Es necesario comprender qué ocurrió y cómo ocurrió. Conocer la verdad histórica. Ambos crímenes de Estado no deben quedar impunes.
20.1.12
La prerrogativa
Luis Javier Garrido
El 2012 está planteando en México, aunque muchos no lo entiendan, la confrontación entre quienes sostienen que es necesario buscar establecer, aun imperfecto, un estado de derecho, y quienes desde el gobierno siguen defendiendo el principio del imperio de la fuerza.
1. La principal responsabilidad de un gobierno es salvaguardar la vida y la integridad de quienes habitan su territorio, pero la del gobierno panista de Felipe Calderón ha sido no nada más salvaguardar los intereses del gobierno estadunidense y de las corporaciones trasnacionales, sino avalar el exterminio de quienes, por formar parte del narcotráfico, son entendidos por el gobierno panista como sus enemigos, haciendo suyo de tal manera el "derecho a matar", como lo documentan múltiples casos.
2. Noam Chomsky señala muy claramente en su libro más reciente, La era Obama y otros escritos sobre el imperio de la fuerza (Pasado y Presente, 2011), coincidiendo con periodistas de The Atlantic, que una diferencia significativa en la llamada "política antiterrorista" del actual gobierno estadunidense con las de la administración de Bush II es que ésta "capturó a miles de sospechosos" (para ella) de ser terroristas "y los envió a campos de detención en Afganistán, Irak y Guantánamo", en tanto la administración Obama se ha concentrado en la eliminación, mediante sofisticados operativos, de aquellos a los que considera terroristas individuales "en lugar de intentar capturarlos con vida" (p. 231). Es decir, que en nombre de las nuevas políticas de seguridad nacional de Estados Unidos, la Casa Blanca se arroga el derecho de matar a los que juzga sus enemigos.
3. Ese "derecho de matar" a sus enemigos en cualquier parte del planeta, que Washington asume ahora como su prerrogativa, como expresó el presidente Barack Obama en su discurso en el Pentágono el día 5, fue denunciado, según señalan los periodistas de The Atlantic (4 de mayo de 2011), por el ex canciller alemán Helmut Schmidt, quien al analizar el caso de la ejecución en Pakistán de Osama Bin Laden por un comando de elite de infantes de la marina, el 1º de mayo de 2011, concluyó que ese operativo fue claramente "una violación del derecho internacional". Obama hizo entonces lo que ningún mandatario estadunidense había hecho, ni siquiera tras la Segunda Guerra Mundial o la guerra de Vietnam: asumir que no hay un orden jurídico internacional, sino un mero imperio de la fuerza.
4. La doctrina Obama sobre "el derecho a matar" a quienes se considere enemigos de Estados Unidos, teniendo o no pruebas de ello –como en el caso de Bin Laden–, empalma de tal manera con dos aspectos de la llamada doctrina de Bush II: el de poder establecer de manera unilateral quiénes son esos enemigos (como acontece con el que llaman "eje del mal") y el de establecer, también unilateralmente, el derecho de Washington a revocar el carácter de "estados" a los países que albergan los que a su juicio son "terroristas", todo lo cual parecen esgrimirlo en el caso del narcotráfico en México.
5. La “guerra contra el narco” de México, que fue decidida en Washington en 2006 e impuesta a Calderón, está claramente marcada de tal suerte por los principios de la nueva estrategia estadunidense, y entre éstos el del "derecho a matar". Las miles de ejecuciones de capos del narco en territorio mexicano en los últimos cinco años, que la información oficial ha presentado como producto del enfrentamiento de bandas o grupos rivales, no son exactamente eso. En un escenario que se sabe es, entre otras cosas, el de la reordenación del narcotráfico por las principales agencias estadunidenses que impunemente operan en territorio mexicano –la CIA, la DEA, la DIA, la NSRO y otras–, muchos de estos homicidios aparecen como resultado de operativos del poder, es decir, que fueron cometidos por fuerzas militares o policiales mexicanas bajo las directivas de las agencias de Washington. No se puede decir “operativos de Estado” porque ya aquí el poder público mexicano aparece subordinado a fuerzas del exterior.
6. El viaje que hizo a México el miércoles 18 el general David H. Petraeus, director de la Agencia Central de Inteligencia en Estados Unidos, quien como se recuerda fue hasta 2011 el comandante supremo en Irak, no es en este contexto una visita protocolaria más, como se pretende, sino un desplazamiento de importancia estratégica para ellos. El director de la CIA, en un hecho que no tiene precedente en nuestra historia, encabezó por la tarde una reunión de trabajo en la Secretaría de Gobernación con los integrantes del llamado "gabinete de seguridad" –los titulares de la Sedena, la Marina, Seguridad Pública, Gobernación y la PGR, así como el director del Cisen–, y es muy claro que en el periodo prelectoral mexicano, que coincide en parte con el estadunidense, Washington prepara agresivos operativos en México.
7. La expresión utilizada en el boletín expedido por Los Pinos, luego de que al anochecer se reunió Calderón con Petraeus, estableciendo que habían acordado "seguir estrechando" (¿aún más?) los lazos en materia "de seguridad", no significa otra cosa que mayor subordinación de México a Washington. Y como si ya la lógica del agonizante gobierno panista fuera entregarlo todo –de las decisiones en materia financiera y económica a las de seguridad interna y externa–, en función de las elecciones de 2012, el jueves 19 Calderón anunció en un acto en Los Pinos que las políticas ecológica y de medio ambiente de México se decidirían también "de común acuerdo" con Washington, en función de un "memorando de entendimiento".
8. La responsabilidad política y penal de Felipe Calderón y de los integrantes de su gobierno por haber entregado al exterior amplios aspectos del manejo del país y haber tornado a México en un espacio de experimentación de las estrategias militares de Washington es tan grande como la relativa a las que se estima son ya más de 60 mil muertes, y todo el derroche propagandístico del régimen no podrá ocultar esto.
9. Un boletín más del gobierno federal, expedido el día 18, curiosamente a la misma hora de la visita del director de la CIA a México, pretende que tras el violento inicio de 2012 no quedan en México en actividad más que dos cárteles, el de Sinaloa y el de Los Zetas, y que estos dos son responsables de la mayor parte de los muertos en el país (no el gobierno federal, desde luego). El boletín ignora así deliberadamente que la violencia de estos cinco años fue planeada, gestada e impulsada desde el poder, que hundir a México en ella ha sido parte de un proyecto económico y político, que los integrantes armados de los cárteles son en su mayoría ex policías o ex militares y ex marinos, y que el gobierno panista creó grupos paramilitares que se arrogaron, como las fuerzas oficiales, el derecho a matar.
10. La violencia ilegal que abruma a México debe terminar, y el clamor de "¡Ya basta!" debe ser más intenso si se quiere salvar a la nación.
El 2012 está planteando en México, aunque muchos no lo entiendan, la confrontación entre quienes sostienen que es necesario buscar establecer, aun imperfecto, un estado de derecho, y quienes desde el gobierno siguen defendiendo el principio del imperio de la fuerza.
1. La principal responsabilidad de un gobierno es salvaguardar la vida y la integridad de quienes habitan su territorio, pero la del gobierno panista de Felipe Calderón ha sido no nada más salvaguardar los intereses del gobierno estadunidense y de las corporaciones trasnacionales, sino avalar el exterminio de quienes, por formar parte del narcotráfico, son entendidos por el gobierno panista como sus enemigos, haciendo suyo de tal manera el "derecho a matar", como lo documentan múltiples casos.
2. Noam Chomsky señala muy claramente en su libro más reciente, La era Obama y otros escritos sobre el imperio de la fuerza (Pasado y Presente, 2011), coincidiendo con periodistas de The Atlantic, que una diferencia significativa en la llamada "política antiterrorista" del actual gobierno estadunidense con las de la administración de Bush II es que ésta "capturó a miles de sospechosos" (para ella) de ser terroristas "y los envió a campos de detención en Afganistán, Irak y Guantánamo", en tanto la administración Obama se ha concentrado en la eliminación, mediante sofisticados operativos, de aquellos a los que considera terroristas individuales "en lugar de intentar capturarlos con vida" (p. 231). Es decir, que en nombre de las nuevas políticas de seguridad nacional de Estados Unidos, la Casa Blanca se arroga el derecho de matar a los que juzga sus enemigos.
3. Ese "derecho de matar" a sus enemigos en cualquier parte del planeta, que Washington asume ahora como su prerrogativa, como expresó el presidente Barack Obama en su discurso en el Pentágono el día 5, fue denunciado, según señalan los periodistas de The Atlantic (4 de mayo de 2011), por el ex canciller alemán Helmut Schmidt, quien al analizar el caso de la ejecución en Pakistán de Osama Bin Laden por un comando de elite de infantes de la marina, el 1º de mayo de 2011, concluyó que ese operativo fue claramente "una violación del derecho internacional". Obama hizo entonces lo que ningún mandatario estadunidense había hecho, ni siquiera tras la Segunda Guerra Mundial o la guerra de Vietnam: asumir que no hay un orden jurídico internacional, sino un mero imperio de la fuerza.
4. La doctrina Obama sobre "el derecho a matar" a quienes se considere enemigos de Estados Unidos, teniendo o no pruebas de ello –como en el caso de Bin Laden–, empalma de tal manera con dos aspectos de la llamada doctrina de Bush II: el de poder establecer de manera unilateral quiénes son esos enemigos (como acontece con el que llaman "eje del mal") y el de establecer, también unilateralmente, el derecho de Washington a revocar el carácter de "estados" a los países que albergan los que a su juicio son "terroristas", todo lo cual parecen esgrimirlo en el caso del narcotráfico en México.
5. La “guerra contra el narco” de México, que fue decidida en Washington en 2006 e impuesta a Calderón, está claramente marcada de tal suerte por los principios de la nueva estrategia estadunidense, y entre éstos el del "derecho a matar". Las miles de ejecuciones de capos del narco en territorio mexicano en los últimos cinco años, que la información oficial ha presentado como producto del enfrentamiento de bandas o grupos rivales, no son exactamente eso. En un escenario que se sabe es, entre otras cosas, el de la reordenación del narcotráfico por las principales agencias estadunidenses que impunemente operan en territorio mexicano –la CIA, la DEA, la DIA, la NSRO y otras–, muchos de estos homicidios aparecen como resultado de operativos del poder, es decir, que fueron cometidos por fuerzas militares o policiales mexicanas bajo las directivas de las agencias de Washington. No se puede decir “operativos de Estado” porque ya aquí el poder público mexicano aparece subordinado a fuerzas del exterior.
6. El viaje que hizo a México el miércoles 18 el general David H. Petraeus, director de la Agencia Central de Inteligencia en Estados Unidos, quien como se recuerda fue hasta 2011 el comandante supremo en Irak, no es en este contexto una visita protocolaria más, como se pretende, sino un desplazamiento de importancia estratégica para ellos. El director de la CIA, en un hecho que no tiene precedente en nuestra historia, encabezó por la tarde una reunión de trabajo en la Secretaría de Gobernación con los integrantes del llamado "gabinete de seguridad" –los titulares de la Sedena, la Marina, Seguridad Pública, Gobernación y la PGR, así como el director del Cisen–, y es muy claro que en el periodo prelectoral mexicano, que coincide en parte con el estadunidense, Washington prepara agresivos operativos en México.
7. La expresión utilizada en el boletín expedido por Los Pinos, luego de que al anochecer se reunió Calderón con Petraeus, estableciendo que habían acordado "seguir estrechando" (¿aún más?) los lazos en materia "de seguridad", no significa otra cosa que mayor subordinación de México a Washington. Y como si ya la lógica del agonizante gobierno panista fuera entregarlo todo –de las decisiones en materia financiera y económica a las de seguridad interna y externa–, en función de las elecciones de 2012, el jueves 19 Calderón anunció en un acto en Los Pinos que las políticas ecológica y de medio ambiente de México se decidirían también "de común acuerdo" con Washington, en función de un "memorando de entendimiento".
8. La responsabilidad política y penal de Felipe Calderón y de los integrantes de su gobierno por haber entregado al exterior amplios aspectos del manejo del país y haber tornado a México en un espacio de experimentación de las estrategias militares de Washington es tan grande como la relativa a las que se estima son ya más de 60 mil muertes, y todo el derroche propagandístico del régimen no podrá ocultar esto.
9. Un boletín más del gobierno federal, expedido el día 18, curiosamente a la misma hora de la visita del director de la CIA a México, pretende que tras el violento inicio de 2012 no quedan en México en actividad más que dos cárteles, el de Sinaloa y el de Los Zetas, y que estos dos son responsables de la mayor parte de los muertos en el país (no el gobierno federal, desde luego). El boletín ignora así deliberadamente que la violencia de estos cinco años fue planeada, gestada e impulsada desde el poder, que hundir a México en ella ha sido parte de un proyecto económico y político, que los integrantes armados de los cárteles son en su mayoría ex policías o ex militares y ex marinos, y que el gobierno panista creó grupos paramilitares que se arrogaron, como las fuerzas oficiales, el derecho a matar.
10. La violencia ilegal que abruma a México debe terminar, y el clamor de "¡Ya basta!" debe ser más intenso si se quiere salvar a la nación.
12.1.12
Me la pelas y otros síndromes de la élite
Pedro Miguel
Ve tú a saber qué infierno personal pueda haber en la génesis del energúmeno evidenciado esta semana en las redes sociales y que responde al nombre de Miguel Sacal Smeke, rápidamente bautizado como El gentleman de las Lomas. El punto es que los modos de este agresor ("¡me la pelas!"), al igual que los de Azalia Ojeda y María Vanessa Polo Cajica, las Ladies de Polanco, videograbadas en agosto del año pasado cuando maltrataron a policías de un puesto de control de alcohol ("¡nacos asalariados!"), así como la indiscreción tuitera de una hija de Enrique Peña Nieto (“bola de pendejos envidiosos, parte de la prole”) y el cándido racismo feisbuquero del panista Carlos Talavera hacia las mujeres indígenas ("huele impresionantemente feo, pero pues pobresillas: no es lo suyo la higiene"), retratan de manera fiel las actitudes de la élite que detenta el poder económico, político y mediático en el país. Desde hace muchos años, en el México posrevolucionario, conforme la élite política y empresarial se iba convirtiendo en una oligarquía privilegiada y saqueadora, fue desarrollando un desprecio profundo por la mayor parte de la sociedad, hasta empatarse en actitudes con los catrines porfirianos o incluso con los encomenderos del virreinato.
El fenómeno no es nuevo; lo que pasa es que hoy en día la masificación de los registros en texto, foto y video ha borrado las fronteras entre lo público y lo privado, y cualquier persona está más expuesta que antes a exhibirse tal como es, a que se conozca lo que realmente piensa y a que sus dichos y actos cotidianos queden registrados para regocijo o indignación.
En la indignada reacción masiva han proliferado expresiones simétricamente fóbicas, espejo de las palabras de menosprecio, propósitos de linchamiento: el empresario agresor es grosero porque es judío, las procaces de Polanco son pirujas y los políticos (y sus hijos) son todos unos patanes. En las personas mencionadas en el primer párrafo se ha concentrado, para su desgracia, extraviadas reacciones insultantes, racistas y discriminatorias al insulto y la discriminación que resultan lamentables en sí mismas, pero también porque dificultan la comprensión de un clasismo y un elitismo mucho más extendido, profundo y preocupante que unas cuantas insolencias difundidas urbi et orbi por la magia de Youtube y de Twitter.
Vamos a ver: tal clasismo tiene como núcleo central la noción –no muy apartada de la realidad, hasta ahora– de que se puede y debe ejercer el poder político y económico en forma absoluta, arbitraria, ilimitada e impune, e incluso en abierta violación a las leyes y reglamentos que debieran entenderse como constitutivos de esos poderes. Por eso, las Ladies de Polanco se sienten posibilitadas para infringir el Reglamento de tránsito. Si unos efectivos policiales pretenden impedirlo, bastará, para ponerlos en su lugar, con verbalizar la diferencia de clase que respalda cualquier infracción: "¡Nacos asalariados!".
Para sorpresa, o no tanto, el conjuro, que es la erección de una barrera social instantánea, surte su efecto y los agentes del orden se ven de inmediato reducidos a la impotencia por el poder de tales palabras. Poco importa que las majaderas pertenezcan a una desesperada clase media y que el incidente videograbado de Polanco las haya pillado cuando apenas están haciendo sus inciertos pininos en la incorporación al mundo del espectáculo: la injuria impresiona porque se asume, sin dudar, que sólo unas personas realmente picudas pueden pronunciarla.
La discriminación verbal es un arma arrojadiza de alta eficacia. "¡Pinche naco jodido!", se oye en la grabación de un pleito de cantina protagonizado durante el Mundial de Futbol de Sudáfrica entre el es director del Fonatur, Miguel Gómez Mont, y su parentela, y familiares del futbolista Cuauhtémoc Blanco. Cualquiera de los bandos pudo pronunciar la expresión, porque ambos podían sentirse con derecho a ello.
En ese reducido universo social, para cuyos integrantes no existe frontera alguna entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal, los poderosos no se equivocan y el que sostenga lo contrario miente. Cómo se les ocurre que Papá podría desempeñarse mal en un acto público. Si sostienen tal cosa no es porque tengan razón, sino porque son “resentidos, envidiosos, pendejos y prole”.
Si el empresario de Bosques de Las Lomas estaciona mal su vehículo y una grúa se lo lleva, el resto de la sociedad –representada, bien o mal, por los operadores del vehículo de arrastre y por un testigo que videograba los hechos– "se la pela", y por él, que vaya a sancionar "a su puta madre". Él nada más es beneficiario de la ley y el orden y no está obligado a nada. Los miles de pesos que paga por mantenimiento en el edificio donde vive lo convierten en dueño de los empleados del multifamiliar y, para que no quede duda, la emprende a golpes contra uno de ellos que se niega a acatar una orden disparatada y arbitraria.
"Me la pelas" es la verbalización de una actitud generalizada de un ejercicio de poder político, empresarial y mediático desorbitado y enloquecido que no tiene empacho en hacer pedazos al país con tal de hacer negocios jugosos de toda suerte. La expresión representa fielmente a Ernesto Zedillo pretendiendo prolongar su inmunidad presidencial 12 años más de que prescribiera, para evitar que lo juzguen por la masacre de Acteal, propiciada por su gobierno; a Carlos Salinas, quien se placea de manera impúdica, al suponer que ya se nos olvidó el enorme daño que su gestión le causó a México; a Felipe Calderón, empecinado en seguir alimentando un conflicto armado sangriento y absurdo y en vendernos a más del doble de su costo una porquería que, si llega a ser conmemorativa, lo será de la corrupción monumental de su administración; a Peña Nieto, quien supone que puede emitir en público todos los rebuznos que desee sin que ello afecte su popularidad, porque cuenta con los recursos para mandarse a hacer encuestas que le resulten favorables.
Nada de esto es (tan) nuevo. Ya en décadas pasadas Fidel Velázquez se ufanaba de que los legisladores de oposición habían pretendido interpelar a Miguel de la Madrid y "se la pelaron" (Proceso, 3/09/88), Emilio Azcárraga Milmo se enorgullecía de hacer televisión para "un país de jodidos" (Televisión sin fronteras, Florence Toussaint, p. 114) y el ex góber precioso Mario Marín (reaparecido hace unos días al lado de Peña Nieto) presumía al empresario Kamel Nacif de una impunidad que le permitía "darle un coscorrón a esta vieja cabrona", en el marco de la conjura que ambos organizaron en contra de la periodista Lydia Cacho.
Las aplicaciones tecnologías debilitan severamente las fronteras entre los vicios privados y las virtudes públicas y han permitido que los primeros estén mucho más expuestos que antes. Pero la exhibición no basta para erradicarlos, como no basta tampoco la indignación que provocan. En tanto no decidamos en forma colectiva poner fin a este estado de cosas, seguiremos siendo unos "pinches nacos jodidos" que "se la pelan" a los poderosos.
* * *
Vaya un dato: mientras Felipe Calderón anuncia impúdicos subsidios para beneficio de la banca comercial privada y a cualquier cantidad de universidades particulares patito, en lo que constituye un nuevo golpe a la educación superior pública, en la Universidada Autónoma de la Ciudad de México siguen agarrados de la greña en un duelo de tod@s contra tod@s.
Ve tú a saber qué infierno personal pueda haber en la génesis del energúmeno evidenciado esta semana en las redes sociales y que responde al nombre de Miguel Sacal Smeke, rápidamente bautizado como El gentleman de las Lomas. El punto es que los modos de este agresor ("¡me la pelas!"), al igual que los de Azalia Ojeda y María Vanessa Polo Cajica, las Ladies de Polanco, videograbadas en agosto del año pasado cuando maltrataron a policías de un puesto de control de alcohol ("¡nacos asalariados!"), así como la indiscreción tuitera de una hija de Enrique Peña Nieto (“bola de pendejos envidiosos, parte de la prole”) y el cándido racismo feisbuquero del panista Carlos Talavera hacia las mujeres indígenas ("huele impresionantemente feo, pero pues pobresillas: no es lo suyo la higiene"), retratan de manera fiel las actitudes de la élite que detenta el poder económico, político y mediático en el país. Desde hace muchos años, en el México posrevolucionario, conforme la élite política y empresarial se iba convirtiendo en una oligarquía privilegiada y saqueadora, fue desarrollando un desprecio profundo por la mayor parte de la sociedad, hasta empatarse en actitudes con los catrines porfirianos o incluso con los encomenderos del virreinato.
El fenómeno no es nuevo; lo que pasa es que hoy en día la masificación de los registros en texto, foto y video ha borrado las fronteras entre lo público y lo privado, y cualquier persona está más expuesta que antes a exhibirse tal como es, a que se conozca lo que realmente piensa y a que sus dichos y actos cotidianos queden registrados para regocijo o indignación.
En la indignada reacción masiva han proliferado expresiones simétricamente fóbicas, espejo de las palabras de menosprecio, propósitos de linchamiento: el empresario agresor es grosero porque es judío, las procaces de Polanco son pirujas y los políticos (y sus hijos) son todos unos patanes. En las personas mencionadas en el primer párrafo se ha concentrado, para su desgracia, extraviadas reacciones insultantes, racistas y discriminatorias al insulto y la discriminación que resultan lamentables en sí mismas, pero también porque dificultan la comprensión de un clasismo y un elitismo mucho más extendido, profundo y preocupante que unas cuantas insolencias difundidas urbi et orbi por la magia de Youtube y de Twitter.
Vamos a ver: tal clasismo tiene como núcleo central la noción –no muy apartada de la realidad, hasta ahora– de que se puede y debe ejercer el poder político y económico en forma absoluta, arbitraria, ilimitada e impune, e incluso en abierta violación a las leyes y reglamentos que debieran entenderse como constitutivos de esos poderes. Por eso, las Ladies de Polanco se sienten posibilitadas para infringir el Reglamento de tránsito. Si unos efectivos policiales pretenden impedirlo, bastará, para ponerlos en su lugar, con verbalizar la diferencia de clase que respalda cualquier infracción: "¡Nacos asalariados!".
Para sorpresa, o no tanto, el conjuro, que es la erección de una barrera social instantánea, surte su efecto y los agentes del orden se ven de inmediato reducidos a la impotencia por el poder de tales palabras. Poco importa que las majaderas pertenezcan a una desesperada clase media y que el incidente videograbado de Polanco las haya pillado cuando apenas están haciendo sus inciertos pininos en la incorporación al mundo del espectáculo: la injuria impresiona porque se asume, sin dudar, que sólo unas personas realmente picudas pueden pronunciarla.
La discriminación verbal es un arma arrojadiza de alta eficacia. "¡Pinche naco jodido!", se oye en la grabación de un pleito de cantina protagonizado durante el Mundial de Futbol de Sudáfrica entre el es director del Fonatur, Miguel Gómez Mont, y su parentela, y familiares del futbolista Cuauhtémoc Blanco. Cualquiera de los bandos pudo pronunciar la expresión, porque ambos podían sentirse con derecho a ello.
En ese reducido universo social, para cuyos integrantes no existe frontera alguna entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal, los poderosos no se equivocan y el que sostenga lo contrario miente. Cómo se les ocurre que Papá podría desempeñarse mal en un acto público. Si sostienen tal cosa no es porque tengan razón, sino porque son “resentidos, envidiosos, pendejos y prole”.
Si el empresario de Bosques de Las Lomas estaciona mal su vehículo y una grúa se lo lleva, el resto de la sociedad –representada, bien o mal, por los operadores del vehículo de arrastre y por un testigo que videograba los hechos– "se la pela", y por él, que vaya a sancionar "a su puta madre". Él nada más es beneficiario de la ley y el orden y no está obligado a nada. Los miles de pesos que paga por mantenimiento en el edificio donde vive lo convierten en dueño de los empleados del multifamiliar y, para que no quede duda, la emprende a golpes contra uno de ellos que se niega a acatar una orden disparatada y arbitraria.
"Me la pelas" es la verbalización de una actitud generalizada de un ejercicio de poder político, empresarial y mediático desorbitado y enloquecido que no tiene empacho en hacer pedazos al país con tal de hacer negocios jugosos de toda suerte. La expresión representa fielmente a Ernesto Zedillo pretendiendo prolongar su inmunidad presidencial 12 años más de que prescribiera, para evitar que lo juzguen por la masacre de Acteal, propiciada por su gobierno; a Carlos Salinas, quien se placea de manera impúdica, al suponer que ya se nos olvidó el enorme daño que su gestión le causó a México; a Felipe Calderón, empecinado en seguir alimentando un conflicto armado sangriento y absurdo y en vendernos a más del doble de su costo una porquería que, si llega a ser conmemorativa, lo será de la corrupción monumental de su administración; a Peña Nieto, quien supone que puede emitir en público todos los rebuznos que desee sin que ello afecte su popularidad, porque cuenta con los recursos para mandarse a hacer encuestas que le resulten favorables.
Nada de esto es (tan) nuevo. Ya en décadas pasadas Fidel Velázquez se ufanaba de que los legisladores de oposición habían pretendido interpelar a Miguel de la Madrid y "se la pelaron" (Proceso, 3/09/88), Emilio Azcárraga Milmo se enorgullecía de hacer televisión para "un país de jodidos" (Televisión sin fronteras, Florence Toussaint, p. 114) y el ex góber precioso Mario Marín (reaparecido hace unos días al lado de Peña Nieto) presumía al empresario Kamel Nacif de una impunidad que le permitía "darle un coscorrón a esta vieja cabrona", en el marco de la conjura que ambos organizaron en contra de la periodista Lydia Cacho.
Las aplicaciones tecnologías debilitan severamente las fronteras entre los vicios privados y las virtudes públicas y han permitido que los primeros estén mucho más expuestos que antes. Pero la exhibición no basta para erradicarlos, como no basta tampoco la indignación que provocan. En tanto no decidamos en forma colectiva poner fin a este estado de cosas, seguiremos siendo unos "pinches nacos jodidos" que "se la pelan" a los poderosos.
* * *
Vaya un dato: mientras Felipe Calderón anuncia impúdicos subsidios para beneficio de la banca comercial privada y a cualquier cantidad de universidades particulares patito, en lo que constituye un nuevo golpe a la educación superior pública, en la Universidada Autónoma de la Ciudad de México siguen agarrados de la greña en un duelo de tod@s contra tod@s.
9.1.12
Sobre guerra y verdad
Carlos Fazio
Hace tiempo que la realidad nacional está invadida por la guerra. Y aunque está ocurriendo ahora, la dimensión alcanzada por la "guerra" de Felipe Calderón requiere la búsqueda de la razón histórica. La búsqueda de la verdad. Como dice Horst Kurnitzky, vivimos en la época de una "contra-Aufklärung". Una "contra-ilustración" que no sólo involucra a una doctrina económica dirigida por una supuesta mano invisible y sus correspondientes formas de gobierno, sino también a unos medios masivos de comunicación que operan como monopolios de la "contra-Aufklärung", y que con las formas y los métodos de la propaganda comercial conducen los sentimientos y las emociones y determinan todas las relaciones sociales.
Recuerda Jean Robert que Michel Foucault exhortaba a sus auditorios a "pensar lo impensable". Y pensar lo impensable significa romper las seguridades mentales engendradas por el discurso del orden. Supone, por ejemplo, pensar la "guerra" de Calderón como negocio. Como una guerra capitalista por territorios y recursos geoestratégicos que implica, entre otras cosas, destrucción y reconstrucción. La destrucción del tejido social y de la identidad colectiva de la nación, y un nuevo reordenamiento poblacional de facto sobre el territorio conquistado. En su dimensión internacional, el eje destrucción/reconstrucción (o "la guerra arriba y la muerte abajo" diría el sub Marcos) forma parte del nuevo reordenamiento geopolítico en curso (Colombia, Afganistán, Irak, Libia) y un negocio redondo para el complejo militar-industrial-energético estadunidense.
Tiene razón Robert cuando afirma que "la verdad ya no tiene dueño ni el poder lugar legítimo". Que el Estado no puede cometer delitos para combatir el delito es una verdad de Perogrullo. Peor aún, cuando una práctica extendida del sexenio es que en lugar de capturar y juzgar a los delincuentes, se les mata. Según el ex ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza, "cuando la Marina interviene no hay heridos ni detenidos, sólo muertos". Dice que el Ejército también ha tenido esa práctica. Si el Estado emula a las organizaciones criminales, ¿cómo puede seguir legitimando su violencia? Máxime, si la violencia homicida estatal contra civiles inocentes, niños incluidos, es encubierta, farisaicamente, como "daños colaterales".
Instalado en el discurso del miedo –que como arma mediática legitimadora del accionar oficial utiliza un lenguaje maniqueo que enfrenta a los malos criminales con las fuerzas del Estado bueno–, Calderón ha permitido y fomentado la burocratización de la tortura, la desaparición forzada y los homicidios dolosos extrajudiciales. Al convertir a las víctimas en simples números estadísticos sin nombres, sin historia ni circunstancia de muerte y mucho menos investigaciones, el gobierno volvió anónimas las ejecuciones sumarias, y al negar la desaparición de personas por agentes estatales y el uso de la tortura como mecanismo sistemático para arrancar y/o fabricar confesiones, "normalizó" la barbarie.
No es un problema de percepción. La realidad ha sido encubierta, en parte, mediante campañas de intoxicación (des)informativa. Los llamados de Calderón a la ciudadanía a "plantar cara al enemigo" y "batirse en combate en nombre de México desde todas las trincheras" (seas militar o no), son el sustrato de una retórica ideológica seudonacionalista que intenta la manipulación colectiva. Como elementos de control social, la manufacturación de enemigos fantasmales y la exhibición de la violencia caótica en los medios buscan evadir y ocultar la responsabilidad estatal en flagrantes violaciones a los derechos humanos.
El país vive una catástrofe humanitaria. Esa crisis humanitaria ha colocado a México ante una emergencia nacional. Negarlo es vivir fuera de la realidad. La "línea dura" adoptada por Calderón en su cruzada contra la criminalidad ha llevado la violencia a niveles "más altos que en muchas zonas de guerra" (Declaración de Ginebra, La Jornada, 28/10/2011). La responsabilidad política de la militarización de la seguridad pública (tarea preventiva de esencia policial), recae sobre el titular del Ejecutivo.
En cuanto a métodos, es bien conocida la relación simbiótica entre los cuerpos policiales y la delincuencia. Y parafraseando a Calderón, la "metástasis" alcanza ya al Ejército y la Marina. El "abatimiento" de criminales es un elemento central en los promocionales gubernamentales. A ello se suma, en clave de discurso legitimador de las matanzas, el argumento de que “los narcos se están matando entre ellos”. Cifras conservadoras hablan de 63 mil muertos y más de 10 mil desaparecidos. Sólo en 20 días de caravanas, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad documentó 800 desapariciones. Hay más de 250 mil desplazados internos forzosos; una forma de reordenamiento poblacional/territorial utilizada antes en Colombia vía el accionar militar y paramilitar.
Hace casi dos décadas Hans M. Enzensberger advirtió sobre la guerra civil molecular; ya entonces se estaba incubando en México. Aunque existan actores externos, se trata de un proceso endógeno. Lejos de la lógica gubernamental, la violencia autista de los "combatientes" –reducidos a "cucarachas" a exterminar en la jerga socialdarwinista de Calderón– no es exclusiva de los perdedores del sistema reclutados por grupos criminales. Los contendientes se parecen cada vez más tanto en comportamiento como en moralidad. En las zonas conflictivas del país, el Ejército y la Marina actúan como si fueran una banda más. Unidades de elite practican la pena de muerte preventiva; jóvenes adictos y pequeños delincuentes son víctimas de la limpieza social de escuadrones paramilitares.
Los porfiados hechos están ahí. Examinar, dudar, criticar lo que parece evidente, lógico, natural, he ahí el verdadero significado de la ilustración hoy, versus la contra-Aufklärung practicada por falsificadores y oportunistas de ocasión.
Hace tiempo que la realidad nacional está invadida por la guerra. Y aunque está ocurriendo ahora, la dimensión alcanzada por la "guerra" de Felipe Calderón requiere la búsqueda de la razón histórica. La búsqueda de la verdad. Como dice Horst Kurnitzky, vivimos en la época de una "contra-Aufklärung". Una "contra-ilustración" que no sólo involucra a una doctrina económica dirigida por una supuesta mano invisible y sus correspondientes formas de gobierno, sino también a unos medios masivos de comunicación que operan como monopolios de la "contra-Aufklärung", y que con las formas y los métodos de la propaganda comercial conducen los sentimientos y las emociones y determinan todas las relaciones sociales.
Recuerda Jean Robert que Michel Foucault exhortaba a sus auditorios a "pensar lo impensable". Y pensar lo impensable significa romper las seguridades mentales engendradas por el discurso del orden. Supone, por ejemplo, pensar la "guerra" de Calderón como negocio. Como una guerra capitalista por territorios y recursos geoestratégicos que implica, entre otras cosas, destrucción y reconstrucción. La destrucción del tejido social y de la identidad colectiva de la nación, y un nuevo reordenamiento poblacional de facto sobre el territorio conquistado. En su dimensión internacional, el eje destrucción/reconstrucción (o "la guerra arriba y la muerte abajo" diría el sub Marcos) forma parte del nuevo reordenamiento geopolítico en curso (Colombia, Afganistán, Irak, Libia) y un negocio redondo para el complejo militar-industrial-energético estadunidense.
Tiene razón Robert cuando afirma que "la verdad ya no tiene dueño ni el poder lugar legítimo". Que el Estado no puede cometer delitos para combatir el delito es una verdad de Perogrullo. Peor aún, cuando una práctica extendida del sexenio es que en lugar de capturar y juzgar a los delincuentes, se les mata. Según el ex ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza, "cuando la Marina interviene no hay heridos ni detenidos, sólo muertos". Dice que el Ejército también ha tenido esa práctica. Si el Estado emula a las organizaciones criminales, ¿cómo puede seguir legitimando su violencia? Máxime, si la violencia homicida estatal contra civiles inocentes, niños incluidos, es encubierta, farisaicamente, como "daños colaterales".
Instalado en el discurso del miedo –que como arma mediática legitimadora del accionar oficial utiliza un lenguaje maniqueo que enfrenta a los malos criminales con las fuerzas del Estado bueno–, Calderón ha permitido y fomentado la burocratización de la tortura, la desaparición forzada y los homicidios dolosos extrajudiciales. Al convertir a las víctimas en simples números estadísticos sin nombres, sin historia ni circunstancia de muerte y mucho menos investigaciones, el gobierno volvió anónimas las ejecuciones sumarias, y al negar la desaparición de personas por agentes estatales y el uso de la tortura como mecanismo sistemático para arrancar y/o fabricar confesiones, "normalizó" la barbarie.
No es un problema de percepción. La realidad ha sido encubierta, en parte, mediante campañas de intoxicación (des)informativa. Los llamados de Calderón a la ciudadanía a "plantar cara al enemigo" y "batirse en combate en nombre de México desde todas las trincheras" (seas militar o no), son el sustrato de una retórica ideológica seudonacionalista que intenta la manipulación colectiva. Como elementos de control social, la manufacturación de enemigos fantasmales y la exhibición de la violencia caótica en los medios buscan evadir y ocultar la responsabilidad estatal en flagrantes violaciones a los derechos humanos.
El país vive una catástrofe humanitaria. Esa crisis humanitaria ha colocado a México ante una emergencia nacional. Negarlo es vivir fuera de la realidad. La "línea dura" adoptada por Calderón en su cruzada contra la criminalidad ha llevado la violencia a niveles "más altos que en muchas zonas de guerra" (Declaración de Ginebra, La Jornada, 28/10/2011). La responsabilidad política de la militarización de la seguridad pública (tarea preventiva de esencia policial), recae sobre el titular del Ejecutivo.
En cuanto a métodos, es bien conocida la relación simbiótica entre los cuerpos policiales y la delincuencia. Y parafraseando a Calderón, la "metástasis" alcanza ya al Ejército y la Marina. El "abatimiento" de criminales es un elemento central en los promocionales gubernamentales. A ello se suma, en clave de discurso legitimador de las matanzas, el argumento de que “los narcos se están matando entre ellos”. Cifras conservadoras hablan de 63 mil muertos y más de 10 mil desaparecidos. Sólo en 20 días de caravanas, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad documentó 800 desapariciones. Hay más de 250 mil desplazados internos forzosos; una forma de reordenamiento poblacional/territorial utilizada antes en Colombia vía el accionar militar y paramilitar.
Hace casi dos décadas Hans M. Enzensberger advirtió sobre la guerra civil molecular; ya entonces se estaba incubando en México. Aunque existan actores externos, se trata de un proceso endógeno. Lejos de la lógica gubernamental, la violencia autista de los "combatientes" –reducidos a "cucarachas" a exterminar en la jerga socialdarwinista de Calderón– no es exclusiva de los perdedores del sistema reclutados por grupos criminales. Los contendientes se parecen cada vez más tanto en comportamiento como en moralidad. En las zonas conflictivas del país, el Ejército y la Marina actúan como si fueran una banda más. Unidades de elite practican la pena de muerte preventiva; jóvenes adictos y pequeños delincuentes son víctimas de la limpieza social de escuadrones paramilitares.
Los porfiados hechos están ahí. Examinar, dudar, criticar lo que parece evidente, lógico, natural, he ahí el verdadero significado de la ilustración hoy, versus la contra-Aufklärung practicada por falsificadores y oportunistas de ocasión.
16.12.11
Carta de apoyo a los estudiantes de Guerrero
Cristóbal León Campos
A los heroicos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa
A los dignos estudiantes de Guerrero
Nuestro país vive una de las peores crisis económicas y morales de su historia. La creciente pauperización de las clases trabajadoras provocada por las políticas neoliberales que la burguesía gobernante ha implementado durante las últimas décadas, y la creciente degradación moral de los seres humanos por el narcotráfico avalado y fomentado por el actual régimen ilegal que ostenta el poder, son algunas de las más serias amenazas que internamente van día a día desintegrando las esperanzas de los mexicanos de un futuro mejor.
La frontera militarizada, el racismo contra los migrantes y las acusaciones de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, son parte de las amenazas externas que se ciñen contra nuestra patria. La cada día mayor entrega del espurio al régimen imperial y la demagogia acompañan este oscuro panorama.
La privatización que se agudiza, amenaza con destruir lo que nos queda de las heroicas gestas de Independencia y Revolución, nos han robado los poderosos la seguridad social, nos quitan las tierras que trabaja el campesino, persiguen nuestras identidades de etnia, genero e ideología, nos llaman criminales y utilizan hasta el último recurso de sus aparatos estatales para reprimirnos: ¡Y sin embargo, aquí estamos!
El poder pretende que el pensamiento crítico ante la grave situación del país desaparezca, no se reproduzca más, que sea exterminado. Para ello necesita controlar las universidades y las escuelas normales por ser los centros rectores del quehacer intelectual. Por ser las universidades y las escuelas normales los lugares donde los jóvenes adquieren el conocimiento que permite comprobar lo equivocado del poder.
El poder golpea a la educación reduciendo el presupuesto, modificando los planes de estudio, controlando las organizaciones estudiantiles, persiguiendo a la crítica, para finalmente privatizar los centros de enseñanza y convertirlos en centros de enajenación y de producción de mano de obra califica que sólo tiene como fin; el ser explotada.
La autonomía de los centros de enseñanza cada día es más un recuerdo, la mano del poder está dentro manoseando las conquistas y pretendiendo controlar todo. Aquí, en nuestro Yucatán, la obra del socialismo que dirigió Felipe Carrillo Puerto al crear la Universidad y abrir sus puertas a todo el pueblo, está siendo aniquilada por la derecha. Todos los derechos universitarios están siendo modificados o eliminados, el pueblo tiene menos acceso a las aulas del saber, las políticas capitalistas con su lógica de mercado dirigen las curriculas que se imparten. Los organismos estudiantiles son en la práctica una extensión de los partidos políticos, no sirven más que para la enajenación de los estudiantes.
Es por ello hermanos guerrerenses: que nosotros los que resistimos en Yucatán, miramos en ustedes un ejemplo a seguir. Las conquistas democráticas que han logrado, son la estrella que brilla más fuerte en esta larga noche del capitalismo, esa estrella es una muestra de dignidad estudiantil para todo el país.
Hermanos Guerrerenses: no permitan que esa estrella se apague, que el oscurantismo regrese a controlar sus escuelas, colegios, universidades y normales, no dejen que el avance conseguido retroceda por los conservadores serviles del poder, por aquellos que solo pueden dar mentiras como hechos.
Desde aquí en Yucatán, les decimos que la digna lucha que vienen realizando es fundamental, es la que llevará a la educación a una vida democrática firme, a una vinculación con la sociedad fuerte y solidaria, en la cual, la conciencia social será rectora de los actos, donde la autonomía sea el garante de la democracia estudiantil.
Ustedes hermanos decidieron este camino, el de la democracia, ahora toca defenderlo ante los retrogradas, ante los enemigos de la educación y del pueblo. ¡Seamos como Lucio Cabañas y hagamos pueblo!
Hermanos; aquí en Yucatán, tenemos la convicción de que la justicia saldrá vencedora, sabemos que defenderán hasta lo último la democracia y que la extenderán por todas las normales y escuelas del país.
Su rabia y su dolor, son nuestros también, repudiamos con toda nuestra fuerza los crimines que se han cometido contra sus compañeros y, nos sumamos al grito de ¡Castigo para los actores materiales e intelectuales de esta nueva masacre!
¡Exigimos enérgicamente, el fin del hostigamiento y persecución de todos los estudiantes dignos del Estado de Guerrero, y del país entero!
Gritamos con ustedes: ¡Libertad inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos!
Hermanos guerrerenses: tengan la seguridad de que su lucha es nuestra, de que levantaremos nuestras voces para exigir justicia y difundir sus justas demandas.
¡No demos paso atrás!
¡Desde aquí va el más caluroso saludo y el más fuerte abrazo!
¡Defendamos la Educación y la Democracia!
¡Vivan los estudiantes de guerrero! ¡Viva el pueblo guerrerense!
¡Venceremos!
A los heroicos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa
A los dignos estudiantes de Guerrero
Nuestro país vive una de las peores crisis económicas y morales de su historia. La creciente pauperización de las clases trabajadoras provocada por las políticas neoliberales que la burguesía gobernante ha implementado durante las últimas décadas, y la creciente degradación moral de los seres humanos por el narcotráfico avalado y fomentado por el actual régimen ilegal que ostenta el poder, son algunas de las más serias amenazas que internamente van día a día desintegrando las esperanzas de los mexicanos de un futuro mejor.
La frontera militarizada, el racismo contra los migrantes y las acusaciones de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, son parte de las amenazas externas que se ciñen contra nuestra patria. La cada día mayor entrega del espurio al régimen imperial y la demagogia acompañan este oscuro panorama.
La privatización que se agudiza, amenaza con destruir lo que nos queda de las heroicas gestas de Independencia y Revolución, nos han robado los poderosos la seguridad social, nos quitan las tierras que trabaja el campesino, persiguen nuestras identidades de etnia, genero e ideología, nos llaman criminales y utilizan hasta el último recurso de sus aparatos estatales para reprimirnos: ¡Y sin embargo, aquí estamos!
El poder pretende que el pensamiento crítico ante la grave situación del país desaparezca, no se reproduzca más, que sea exterminado. Para ello necesita controlar las universidades y las escuelas normales por ser los centros rectores del quehacer intelectual. Por ser las universidades y las escuelas normales los lugares donde los jóvenes adquieren el conocimiento que permite comprobar lo equivocado del poder.
El poder golpea a la educación reduciendo el presupuesto, modificando los planes de estudio, controlando las organizaciones estudiantiles, persiguiendo a la crítica, para finalmente privatizar los centros de enseñanza y convertirlos en centros de enajenación y de producción de mano de obra califica que sólo tiene como fin; el ser explotada.
La autonomía de los centros de enseñanza cada día es más un recuerdo, la mano del poder está dentro manoseando las conquistas y pretendiendo controlar todo. Aquí, en nuestro Yucatán, la obra del socialismo que dirigió Felipe Carrillo Puerto al crear la Universidad y abrir sus puertas a todo el pueblo, está siendo aniquilada por la derecha. Todos los derechos universitarios están siendo modificados o eliminados, el pueblo tiene menos acceso a las aulas del saber, las políticas capitalistas con su lógica de mercado dirigen las curriculas que se imparten. Los organismos estudiantiles son en la práctica una extensión de los partidos políticos, no sirven más que para la enajenación de los estudiantes.
Es por ello hermanos guerrerenses: que nosotros los que resistimos en Yucatán, miramos en ustedes un ejemplo a seguir. Las conquistas democráticas que han logrado, son la estrella que brilla más fuerte en esta larga noche del capitalismo, esa estrella es una muestra de dignidad estudiantil para todo el país.
Hermanos Guerrerenses: no permitan que esa estrella se apague, que el oscurantismo regrese a controlar sus escuelas, colegios, universidades y normales, no dejen que el avance conseguido retroceda por los conservadores serviles del poder, por aquellos que solo pueden dar mentiras como hechos.
Desde aquí en Yucatán, les decimos que la digna lucha que vienen realizando es fundamental, es la que llevará a la educación a una vida democrática firme, a una vinculación con la sociedad fuerte y solidaria, en la cual, la conciencia social será rectora de los actos, donde la autonomía sea el garante de la democracia estudiantil.
Ustedes hermanos decidieron este camino, el de la democracia, ahora toca defenderlo ante los retrogradas, ante los enemigos de la educación y del pueblo. ¡Seamos como Lucio Cabañas y hagamos pueblo!
Hermanos; aquí en Yucatán, tenemos la convicción de que la justicia saldrá vencedora, sabemos que defenderán hasta lo último la democracia y que la extenderán por todas las normales y escuelas del país.
Su rabia y su dolor, son nuestros también, repudiamos con toda nuestra fuerza los crimines que se han cometido contra sus compañeros y, nos sumamos al grito de ¡Castigo para los actores materiales e intelectuales de esta nueva masacre!
¡Exigimos enérgicamente, el fin del hostigamiento y persecución de todos los estudiantes dignos del Estado de Guerrero, y del país entero!
Gritamos con ustedes: ¡Libertad inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos!
Hermanos guerrerenses: tengan la seguridad de que su lucha es nuestra, de que levantaremos nuestras voces para exigir justicia y difundir sus justas demandas.
¡No demos paso atrás!
¡Desde aquí va el más caluroso saludo y el más fuerte abrazo!
¡Defendamos la Educación y la Democracia!
¡Vivan los estudiantes de guerrero! ¡Viva el pueblo guerrerense!
¡Venceremos!
8.12.11
Pemex: entrega total
Javier Jiménez Espriú
El amplio reportaje aparecido el viernes 25 de noviembre en el diario La Jornada, sobre la entrevista que Israel Rodríguez J. le hace al doctor Rogelio Gasca Neri, miembro del consejo de administración de Petróleos Mexicanos, es –si no jurídica, ciertamente política– una grave denuncia de la inaceptable entrega de la riqueza petrolera mexicana a las empresas extranjeras que tendrán a su cargo, si no se para de tajo ese atentado contra los recursos nacionales de hidrocarburos, todas las actividades que la Constitución y la Ley de Petróleos Mexicanos asignan al organismo paraestatal y parte de la renta petrolera, que la Carta Magna reserva a la nación.
El consejo de administración, integrado por los secretarios de Estado designados por el Presidente, los representantes del sindicato de trabajadores de Pemex, al servicio de las órdenes del Ejecutivo por obra y gracia de las generosas aportaciones que recibe, y cuatro consejeros profesionales, tres de los cuales aceptan –"hasta la ignominia antes que la renuncia"– lo que manda el patrón –como en el caso de la operación con Repsol, en la que fueron vergonzosamente ignorados, aunque obviamente no en sus pagos y sus prestaciones–, sirve únicamente para "legalizar" con su presencia y su obsecuente aceptación cuanto decide el alto mando, independientemente de que sea legal o no, o que sea razonable y conveniente o no.
El doctor Gasca el único que ha alzado la voz en ese órgano: ha hablado, con toda claridad, de la ilegalidad, las arbitrariedades y los inconvenientes de los contratos incentivados, los tres primeros firmados hace unos meses y los seis ahora autorizados para licitarse antes de que termine el año (peores aún que los primeros, y lesivos para Petróleos Mexicanos, en palabras de Gasca).
El consejero Gasca, que presentó su "voto razonado", fue nuevamente –como en la autorización de los contratos anteriores, ocasión en la que hizo lo mismo– olímpicamente ignorado. Se diría que así funcionan las cosas en la democracia: si 12 gentes apoyan y una se opone a algo, se hace lo que diga la mayoría. En este caso, sin embargo, la mayoría es uno, y tiene sus comparsas bien alineadas y bien maiceadas, que levantan la mano cuando se les hace la seña. Ninguno razonó su voto. Eso sucede una y otra vez en nuestra agobiada República, pero en este caso, como lamentablemente en varios más, por la indigna actitud de quienes esto aceptan, con el agravante de que están autorizándose contratos ilegales, expresamente prohibidos en la Constitución y traicionando sus postulados y su espíritu.
Foto
Piso de perforación en la plataforma de exploración Bicentenario de Industrial Perforadora Campeche, Grupo R, pozo Talipao 1, en agosto pasadoFoto José Carlo González
Aquí es necesario reiterar lo que hemos dicho una y otra vez. Los contratos incentivados no han sido, como aseguran las autoridades del sector energético –incluso en documentos oficiales como la Estrategia Nacional de Energía–, validados como constitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La SCJN lo que señaló como constitucional, frente a una controversia constitucional presentada por legisladores hace tiempo, es la facultad del consejo de administración de Pemex para definir las formas de contratación, pero esta facultad está, desde luego, inscrita en el marco legal que regula las funciones de la empresa, y éste prohíbe los contratos como los aprobados, por los que se entregan a empresas privadas las funciones de Pemex, y parte de la renta petrolera, como denuncia Gasca.
Tarde o temprano, la razón legal aparecerá y la rendición de cuentas –cuento demagógico de esta administración– pondrá a cada quien en su sitio, refiriéndome a su sitio frente a la opinión pública, pues el sitio que debiera ser el destino de quienes violan la ley está reservado para quienes no tienen recursos para comprarse una buena justicia.
Mientras, la "espada de Damocles" de nuestro "año de Hidalgo" –¡a ver si de nuestros hidrocarburos nos dejan algo!– amenaza como nunca al patrimonio nacional. El Presidente calla sobre la legitimidad o ilegitimidad de los contratos autorizados; continuará, como en todo, aferrado a su estrategia. Ya después, seguramente, asumirá la socrática "posición Moreira" de que "él sólo sabía que no sabía nada", y en todo caso, si es absolutamente necesario, habrá que demandar al que puso los sellos de las sesiones del consejo en las que se autorizaron los contratos ilegales.
Ahí está la denuncia del consejero Gasca hoy retomada por otros diarios nacionales, en espera de algún eco redentor.
"En el petróleo nacionalizado, ni un paso atrás", dijo hace muchos años el presidente López Mateos. Hoy podríamos interpretar lo que piensa el actual Presidente –y también el recién registrado "precandidato único del PRI"–: "En la privatización de Pemex, ni un paso atrás".
El amplio reportaje aparecido el viernes 25 de noviembre en el diario La Jornada, sobre la entrevista que Israel Rodríguez J. le hace al doctor Rogelio Gasca Neri, miembro del consejo de administración de Petróleos Mexicanos, es –si no jurídica, ciertamente política– una grave denuncia de la inaceptable entrega de la riqueza petrolera mexicana a las empresas extranjeras que tendrán a su cargo, si no se para de tajo ese atentado contra los recursos nacionales de hidrocarburos, todas las actividades que la Constitución y la Ley de Petróleos Mexicanos asignan al organismo paraestatal y parte de la renta petrolera, que la Carta Magna reserva a la nación.
El consejo de administración, integrado por los secretarios de Estado designados por el Presidente, los representantes del sindicato de trabajadores de Pemex, al servicio de las órdenes del Ejecutivo por obra y gracia de las generosas aportaciones que recibe, y cuatro consejeros profesionales, tres de los cuales aceptan –"hasta la ignominia antes que la renuncia"– lo que manda el patrón –como en el caso de la operación con Repsol, en la que fueron vergonzosamente ignorados, aunque obviamente no en sus pagos y sus prestaciones–, sirve únicamente para "legalizar" con su presencia y su obsecuente aceptación cuanto decide el alto mando, independientemente de que sea legal o no, o que sea razonable y conveniente o no.
El doctor Gasca el único que ha alzado la voz en ese órgano: ha hablado, con toda claridad, de la ilegalidad, las arbitrariedades y los inconvenientes de los contratos incentivados, los tres primeros firmados hace unos meses y los seis ahora autorizados para licitarse antes de que termine el año (peores aún que los primeros, y lesivos para Petróleos Mexicanos, en palabras de Gasca).
El consejero Gasca, que presentó su "voto razonado", fue nuevamente –como en la autorización de los contratos anteriores, ocasión en la que hizo lo mismo– olímpicamente ignorado. Se diría que así funcionan las cosas en la democracia: si 12 gentes apoyan y una se opone a algo, se hace lo que diga la mayoría. En este caso, sin embargo, la mayoría es uno, y tiene sus comparsas bien alineadas y bien maiceadas, que levantan la mano cuando se les hace la seña. Ninguno razonó su voto. Eso sucede una y otra vez en nuestra agobiada República, pero en este caso, como lamentablemente en varios más, por la indigna actitud de quienes esto aceptan, con el agravante de que están autorizándose contratos ilegales, expresamente prohibidos en la Constitución y traicionando sus postulados y su espíritu.
Foto
Piso de perforación en la plataforma de exploración Bicentenario de Industrial Perforadora Campeche, Grupo R, pozo Talipao 1, en agosto pasadoFoto José Carlo González
Aquí es necesario reiterar lo que hemos dicho una y otra vez. Los contratos incentivados no han sido, como aseguran las autoridades del sector energético –incluso en documentos oficiales como la Estrategia Nacional de Energía–, validados como constitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La SCJN lo que señaló como constitucional, frente a una controversia constitucional presentada por legisladores hace tiempo, es la facultad del consejo de administración de Pemex para definir las formas de contratación, pero esta facultad está, desde luego, inscrita en el marco legal que regula las funciones de la empresa, y éste prohíbe los contratos como los aprobados, por los que se entregan a empresas privadas las funciones de Pemex, y parte de la renta petrolera, como denuncia Gasca.
Tarde o temprano, la razón legal aparecerá y la rendición de cuentas –cuento demagógico de esta administración– pondrá a cada quien en su sitio, refiriéndome a su sitio frente a la opinión pública, pues el sitio que debiera ser el destino de quienes violan la ley está reservado para quienes no tienen recursos para comprarse una buena justicia.
Mientras, la "espada de Damocles" de nuestro "año de Hidalgo" –¡a ver si de nuestros hidrocarburos nos dejan algo!– amenaza como nunca al patrimonio nacional. El Presidente calla sobre la legitimidad o ilegitimidad de los contratos autorizados; continuará, como en todo, aferrado a su estrategia. Ya después, seguramente, asumirá la socrática "posición Moreira" de que "él sólo sabía que no sabía nada", y en todo caso, si es absolutamente necesario, habrá que demandar al que puso los sellos de las sesiones del consejo en las que se autorizaron los contratos ilegales.
Ahí está la denuncia del consejero Gasca hoy retomada por otros diarios nacionales, en espera de algún eco redentor.
"En el petróleo nacionalizado, ni un paso atrás", dijo hace muchos años el presidente López Mateos. Hoy podríamos interpretar lo que piensa el actual Presidente –y también el recién registrado "precandidato único del PRI"–: "En la privatización de Pemex, ni un paso atrás".
29.11.11
Carta abierta
Pedro Miguel
Señor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:
Pienso que en su momento usted habría debido iniciar un procedimiento legal verosímil para esclarecer las maniobras oscuras realizadas con dinero público por Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún; que debió iniciar una averiguación previa contra Francisco Ramírez Acuña por su presunta responsabilidad en casos de tortura (Guadalajara, mayo de 2004); que usted habría debido iniciar querellas contra Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo Madrid, Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Yunes, entre otros, por las violaciones cometidas por policías federales y estatales contra activistas y/o simples ciudadanos de San Salvador Atenco; y que debió actuar contra Juan Camilo Mouriño, quien, como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y luego como coordinador de asesores en la Secretaría de Energía, intervino en la firma de contratos entre el gobierno federal y empresas de su propia familia; y que habría debido imputar por presunto encubrimiento a su ex secretario de Comunicaciones y Transportes Luis Téllez Kuenzler, pues éste dijo saber que Salinas de Gortari se robó, en el tiempo en el que ejerció la jefatura del Poder Ejecutivo, la mitad de la partida secreta, y que usted tenía la obligación de hacer algo legal contra Genaro García Luna, quien contravino de manera pública y flagrante una prohibición contenida en el artículo 37 constitucional.
Creo también que el conjunto de las fuerzas policiales y militares comandadas por usted habría debido capturar y presentar ante los tribunales correspondientes a Joaquín Guzmán Loera El Chapo y a otros presuntos cabecillas de organizaciones dedicadas al narcotráfico y a otros delitos; que usted ya se tardó en pedir la extradición de los funcionarios estadunidenses que urdieron, autorizaron y ejecutaron el operativo de contrabando de armas destinado a grupos de narcotraficantes mexicanos denominado Rápido y furioso; asimismo, que usted estaba obligado a presentar cargos por evasión fiscal contra los empresarios que, según reveló usted mismo, no pagan los impuestos que les corresponden.
Pero no. En vez de procurar justicia en los casos arriba referidos y en muchas otras muestras de flagrante impunidad, usted, señor Calderón, amenaza con proceder legalmente contra quienes firmamos una petición para que usted, varios de sus colaboradores y diversos presuntos narcotraficantes sean sometidos a juicio en la Corte Penal Internacional. Somos 23 mil los signatarios, y muchos más –cientos de miles, posiblemente millones de ciudadanos– lo que hemos expresado que la estrategia ideada y aplicada por usted para, supuestamente, combatir la criminalidad y restablecer el estado de derecho ha tenido por consecuencia un auge mayor de la criminalidad, un quebranto generalizado del estado de derecho y, por añadidura, un entorno de violencia sin precedente y una gravísima epidemia de violaciones a los derechos humanos.
Si va usted a proceder contra nosotros, sea congruente y hágalo contra todos los que, en palabras oficiales de Los Pinos, "afectan terriblemente (sic) el buen nombre de México". Presente imputaciones legales, por ejemplo, contra Strategic Forecasting Inc (Stratfor), firma de análisis de inteligencia que sostiene (Mexican drug war 2011, abril de 2011) que el actual gobierno federal permite que el cártel de Sinaloa someta a las bandas más débiles y que hay una coincidencia de propósitos entre ese grupo delictivo y la administración en curso. Finque usted cargos contra el ex embajador de Estados Unidos Carlos Pascual, quien envió a Washington informes según los cuales Arturo Chávez Chávez, el hombre a quien usted hizo procurador, había ofrecido, años antes, “una mano de ayuda a ciertas figuras de un cártel”. Demande usted a Human Rights Watch (HRW), que en un informe reciente sostiene: “En vez de reducir la violencia, la guerra contra el narco (anunciada e impuesta por usted, aunque lo niegue) ha provocado un incremento dramático en la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”. Y a Amnistía Internacional (AI), la cual informa que el año pasado "las fuerzas policiales y militares desplegadas para combatir a las bandas fueron responsables de violaciones graves de derechos humanos", que "en los casos de violaciones de derechos humanos, la impunidad fue la norma" y que sólo en 18 meses ocurrió "un centenar de homicidios cometidos por las fuerzas armadas".
En suma, señor Calderón, pienso que quienes "afectan terriblemente el buen nombre de México" son usted, sus principales colaboradores y los jefes de la delincuencia formal, y no quienes enumeramos las barbaries en curso –la oficial y la otra– y apelamos a una instancia internacional, en forma pública, transparente y legítima, en un intento por ponerle freno.
Por último, creo percibir, en el ominoso mensaje emitido por su oficina el pasado 27 de noviembre, mucho miedo en usted y en sus colaboradores. Proceda legalmente en contra nuestra, si eso lo reconforta, pero no nos tema a nosotros, los 23 mil denunciantes de su régimen, pues actuamos –estamos dando prueba incontestable de ello– por los cauces pacíficos, legales e institucionales. Témale más bien a la furia latente de un país defraudado, empobrecido, saqueado, ensangrentado, escarnecido y humillado por ustedes, los demandados el 25 de noviembre ante la Corte Penal Internacional.
Señor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:
Pienso que en su momento usted habría debido iniciar un procedimiento legal verosímil para esclarecer las maniobras oscuras realizadas con dinero público por Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún; que debió iniciar una averiguación previa contra Francisco Ramírez Acuña por su presunta responsabilidad en casos de tortura (Guadalajara, mayo de 2004); que usted habría debido iniciar querellas contra Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo Madrid, Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Yunes, entre otros, por las violaciones cometidas por policías federales y estatales contra activistas y/o simples ciudadanos de San Salvador Atenco; y que debió actuar contra Juan Camilo Mouriño, quien, como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y luego como coordinador de asesores en la Secretaría de Energía, intervino en la firma de contratos entre el gobierno federal y empresas de su propia familia; y que habría debido imputar por presunto encubrimiento a su ex secretario de Comunicaciones y Transportes Luis Téllez Kuenzler, pues éste dijo saber que Salinas de Gortari se robó, en el tiempo en el que ejerció la jefatura del Poder Ejecutivo, la mitad de la partida secreta, y que usted tenía la obligación de hacer algo legal contra Genaro García Luna, quien contravino de manera pública y flagrante una prohibición contenida en el artículo 37 constitucional.
Creo también que el conjunto de las fuerzas policiales y militares comandadas por usted habría debido capturar y presentar ante los tribunales correspondientes a Joaquín Guzmán Loera El Chapo y a otros presuntos cabecillas de organizaciones dedicadas al narcotráfico y a otros delitos; que usted ya se tardó en pedir la extradición de los funcionarios estadunidenses que urdieron, autorizaron y ejecutaron el operativo de contrabando de armas destinado a grupos de narcotraficantes mexicanos denominado Rápido y furioso; asimismo, que usted estaba obligado a presentar cargos por evasión fiscal contra los empresarios que, según reveló usted mismo, no pagan los impuestos que les corresponden.
Pero no. En vez de procurar justicia en los casos arriba referidos y en muchas otras muestras de flagrante impunidad, usted, señor Calderón, amenaza con proceder legalmente contra quienes firmamos una petición para que usted, varios de sus colaboradores y diversos presuntos narcotraficantes sean sometidos a juicio en la Corte Penal Internacional. Somos 23 mil los signatarios, y muchos más –cientos de miles, posiblemente millones de ciudadanos– lo que hemos expresado que la estrategia ideada y aplicada por usted para, supuestamente, combatir la criminalidad y restablecer el estado de derecho ha tenido por consecuencia un auge mayor de la criminalidad, un quebranto generalizado del estado de derecho y, por añadidura, un entorno de violencia sin precedente y una gravísima epidemia de violaciones a los derechos humanos.
Si va usted a proceder contra nosotros, sea congruente y hágalo contra todos los que, en palabras oficiales de Los Pinos, "afectan terriblemente (sic) el buen nombre de México". Presente imputaciones legales, por ejemplo, contra Strategic Forecasting Inc (Stratfor), firma de análisis de inteligencia que sostiene (Mexican drug war 2011, abril de 2011) que el actual gobierno federal permite que el cártel de Sinaloa someta a las bandas más débiles y que hay una coincidencia de propósitos entre ese grupo delictivo y la administración en curso. Finque usted cargos contra el ex embajador de Estados Unidos Carlos Pascual, quien envió a Washington informes según los cuales Arturo Chávez Chávez, el hombre a quien usted hizo procurador, había ofrecido, años antes, “una mano de ayuda a ciertas figuras de un cártel”. Demande usted a Human Rights Watch (HRW), que en un informe reciente sostiene: “En vez de reducir la violencia, la guerra contra el narco (anunciada e impuesta por usted, aunque lo niegue) ha provocado un incremento dramático en la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”. Y a Amnistía Internacional (AI), la cual informa que el año pasado "las fuerzas policiales y militares desplegadas para combatir a las bandas fueron responsables de violaciones graves de derechos humanos", que "en los casos de violaciones de derechos humanos, la impunidad fue la norma" y que sólo en 18 meses ocurrió "un centenar de homicidios cometidos por las fuerzas armadas".
En suma, señor Calderón, pienso que quienes "afectan terriblemente el buen nombre de México" son usted, sus principales colaboradores y los jefes de la delincuencia formal, y no quienes enumeramos las barbaries en curso –la oficial y la otra– y apelamos a una instancia internacional, en forma pública, transparente y legítima, en un intento por ponerle freno.
Por último, creo percibir, en el ominoso mensaje emitido por su oficina el pasado 27 de noviembre, mucho miedo en usted y en sus colaboradores. Proceda legalmente en contra nuestra, si eso lo reconforta, pero no nos tema a nosotros, los 23 mil denunciantes de su régimen, pues actuamos –estamos dando prueba incontestable de ello– por los cauces pacíficos, legales e institucionales. Témale más bien a la furia latente de un país defraudado, empobrecido, saqueado, ensangrentado, escarnecido y humillado por ustedes, los demandados el 25 de noviembre ante la Corte Penal Internacional.
24.11.11
Golpe a la soberanía
Pedro Miguel
Como se ha expuesto en entregas anteriores, la despenalización de los estupefacientes ahora ilícitos obligaría a un proceso de pacificación negociada con las organizaciones del narcotráfico más poderosas, y la desaparición total o parcial de los monumentales recursos que esta actividad inyecta en las finanzas mundiales impulsaría una nueva crisis económica o –depende de cómo se vea– empeoraría la ya existente. Los gobiernos involucrados no serán tan ingenuos o tan ignorantes como para desconocer esta perspectiva, y es probable que el temor a desatar una nueva crisis sea una de las consideraciones –además de moralinas medievales y de complicidades con el negocio– que los llevan a mantener, contra viento y marea, una estrategia antidrogas que no tiene la menor posibilidad de éxito.
¿La paz bien vale una crisis? No, seguramente, a juicio de las industrias de la guerra y anexas: la de armamento, pero también la de servicios de seguridad e inteligencia, la de infraestructura (por aquello de ulteriores reconstrucciones de países previamente destruidos) y otras que también hacen pingües negocios en los conflictos bélicos: la farmacéutica, la de alimentos, la textil... El problema es que al amparo de las guerras actuales se realizan monumentales traslados de riqueza pública a unas cuantas corporaciones (como lo demuestra el enorme boquete que dejó George W. Bush en el tesoro de Estados Unidos para pagar las facturas de sus socios y amigos que le brindaron bienes y servicios para la invasión y destrucción de Irak) y que eso, lejos de reactivar economías, termina por hundirlas más en circunstancias recesivas que, a su vez, suelen ser provisionalmente superadas mediante una nueva confrontación armada. En esta lógica, es probable que México y Centroamérica hayan sido escogidos como el siguiente eslabón del ciclo, una vez agotados los conflictos en Irak y en Afganistán.
A lo que puede verse, no hay la menor disposición, entre la clase política estadunidense, para abandonar el círculo vicioso, pero Washington podría verse forzado a ello por una iniciativa audaz por parte de un gobierno mexicano dispuesto a atacar de raíz el problema del narcotráfico.
Suele argumentarse que la despenalización, además de improcedente y peligrosa por razones de salud y de seguridad públicas (ya examinadas anteriormente), sería imposible, dada la oposición estadunidense. Si ese argumento fuera tan indiscutible y aplastante como parece, no habría habido Revolución Rusa, Lázaro Cárdenas no habría podido expropiar el petróleo, Vietnam no habría ganado la guerra y François Mitterrand no habría llegado nunca al Palacio del Eliseo, entre otros muchísimos sucesos que ocurrieron contra la voluntad de Estados Unidos.
La soberanía se defiende ejerciéndola. El paso audaz tendría que partir de un presidente de México, sin que importe su ideología. Habría podido darlo Vicente Fox, por ejemplo, si hubiese tenido mínima madera de estadista, o Miguel de la Madrid, si no hubiera desempeñado el cargo en forma tan pusilánime. Un Presidente, pues, pide la comunicación telefónica con la Casa Blanca y le dice a boca de jarro a su contraparte:
–Señor presidente, vamos a despenalizar las drogas.
Tras aguantar el silencio incómodo y estupefacto del otro lado, y luego una retahíla de amenazas poco veladas, el mandatario mexicano tendrá que exponer con comedimiento, pero con firmeza:
–Haga usted lo que considere conveniente. Yo me limitaré a resumirle las posibilidades: o nos invaden, o rompen relaciones diplomáticas y comerciales con nosotros, y nos someten a embargos, bloqueos y sanciones económicas, o se resignan a colaborar con nosotros para minimizar la crisis económica que se nos viene encima.
El gobierno de Estados Unidos, por más que exhiba una adicción –un poco real y un poco ficticia– a las guerras, no puede invadir México. No es que se lo prohíba una pulsión ética o legal, sino que, simplemente, carece de las condiciones estratégicas y logísticas para emprender semejante aventura. El control militar de Irak resultó un espejismo inalcanzable y nuestro país tiene el cuádruple de población y casi cinco veces más territorio que esa nación árabe. Lo que sí podría hacer Washington sería desestabilizar (tiene vasta experiencia en ello), propiciar enfrentamientos internos e imponer a un gobierno pelele. Pero, un momento: es eso exactamente lo que ha venido haciendo desde 2006, hasta el punto de que México ya está desestabilizado, las autoridades nacionales operan en función de los intereses del gobierno vecino y el país está sumido en la guerra. Así que piensen en otra respuesta.
Estados Unidos tampoco puede romper relaciones comerciales y cerrar la frontera común porque, con ello, colapsaría de inmediato su propia economía: imagínense los alteros de exportaciones gringas que se quedarían en el lado norte de la demarcación, por no hablar de los incontables productos estadunidenses, ensamblados en México, que permanecerían de este lado. Sólo por decir algo.
Es probable que la Casa Blanca y el Capitolio hicieran el berrinche de su vida, pero éste es uno de los pocos terrenos en los que no podrían hacer mucho más que eso.
Hasta ahora, el narcotráfico ha sido una debilidad y una desventaja para México, que en su combate pierde decenas de miles de vidas, centenares de pueblos y decenas de instituciones, y una fortaleza para Washington, que con esa coartada puede ampliar sus márgenes de injerencia, hacer grandes negocios y dotar a sus circuitos financieros con un flujo casi inagotable de recursos monetarios. La despenalización unilateral implicaría invertir bruscamente esa desigualdad e impulsar una medida análoga en Estados Unidos.
Al carajo con la hipocresía: la única explicación posible al hecho de que la guerra en torno al narcotráfico no se ha extendido a territorio estadunidense es que allá no se persigue tal actividad, aunque se jure y se aparente lo contrario. Una de las cosas más cínicas de cuantas han sido dichas en el actual contexto por las autoridades de Estados Unidos es que los narcos les temen, y que por eso se portan bien al norte del río Bravo, y procuran no derramar sangre. El corolario inevitable es que las policías estadunidenses los dejan en paz, en premio a su buen comportamiento, y les permiten dedicarse a su negocio principal.
Si México despenaliza, coloca a Washington ante la disyuntiva de despenalizar, a su vez, o atestiguar el traslado, a su territorio, de la guerra que se ha venido librando en el nuestro. Pero la regla de oro es que los conflictos armados son oportunidad para grandes negocios, a condición de que se desarrollen en otros países.
Para terminar: ¿se acabaría la delincuencia con la despenalización de las drogas? Por supuesto que no. La delincuencia no se va a acabar con nada. El propósito de abolir el prohibicionismo es eliminar el narcotráfico, restituir el estado de derecho y acabar con organizaciones que están derrotando al Estado y a sus instituciones. Sin ellas, la delincuencia se reducirá a un problema de seguridad pública, dejará de ser guerra, y volverá a ser un problema policial.
...
Como se ha expuesto en entregas anteriores, la despenalización de los estupefacientes ahora ilícitos obligaría a un proceso de pacificación negociada con las organizaciones del narcotráfico más poderosas, y la desaparición total o parcial de los monumentales recursos que esta actividad inyecta en las finanzas mundiales impulsaría una nueva crisis económica o –depende de cómo se vea– empeoraría la ya existente. Los gobiernos involucrados no serán tan ingenuos o tan ignorantes como para desconocer esta perspectiva, y es probable que el temor a desatar una nueva crisis sea una de las consideraciones –además de moralinas medievales y de complicidades con el negocio– que los llevan a mantener, contra viento y marea, una estrategia antidrogas que no tiene la menor posibilidad de éxito.
¿La paz bien vale una crisis? No, seguramente, a juicio de las industrias de la guerra y anexas: la de armamento, pero también la de servicios de seguridad e inteligencia, la de infraestructura (por aquello de ulteriores reconstrucciones de países previamente destruidos) y otras que también hacen pingües negocios en los conflictos bélicos: la farmacéutica, la de alimentos, la textil... El problema es que al amparo de las guerras actuales se realizan monumentales traslados de riqueza pública a unas cuantas corporaciones (como lo demuestra el enorme boquete que dejó George W. Bush en el tesoro de Estados Unidos para pagar las facturas de sus socios y amigos que le brindaron bienes y servicios para la invasión y destrucción de Irak) y que eso, lejos de reactivar economías, termina por hundirlas más en circunstancias recesivas que, a su vez, suelen ser provisionalmente superadas mediante una nueva confrontación armada. En esta lógica, es probable que México y Centroamérica hayan sido escogidos como el siguiente eslabón del ciclo, una vez agotados los conflictos en Irak y en Afganistán.
A lo que puede verse, no hay la menor disposición, entre la clase política estadunidense, para abandonar el círculo vicioso, pero Washington podría verse forzado a ello por una iniciativa audaz por parte de un gobierno mexicano dispuesto a atacar de raíz el problema del narcotráfico.
Suele argumentarse que la despenalización, además de improcedente y peligrosa por razones de salud y de seguridad públicas (ya examinadas anteriormente), sería imposible, dada la oposición estadunidense. Si ese argumento fuera tan indiscutible y aplastante como parece, no habría habido Revolución Rusa, Lázaro Cárdenas no habría podido expropiar el petróleo, Vietnam no habría ganado la guerra y François Mitterrand no habría llegado nunca al Palacio del Eliseo, entre otros muchísimos sucesos que ocurrieron contra la voluntad de Estados Unidos.
La soberanía se defiende ejerciéndola. El paso audaz tendría que partir de un presidente de México, sin que importe su ideología. Habría podido darlo Vicente Fox, por ejemplo, si hubiese tenido mínima madera de estadista, o Miguel de la Madrid, si no hubiera desempeñado el cargo en forma tan pusilánime. Un Presidente, pues, pide la comunicación telefónica con la Casa Blanca y le dice a boca de jarro a su contraparte:
–Señor presidente, vamos a despenalizar las drogas.
Tras aguantar el silencio incómodo y estupefacto del otro lado, y luego una retahíla de amenazas poco veladas, el mandatario mexicano tendrá que exponer con comedimiento, pero con firmeza:
–Haga usted lo que considere conveniente. Yo me limitaré a resumirle las posibilidades: o nos invaden, o rompen relaciones diplomáticas y comerciales con nosotros, y nos someten a embargos, bloqueos y sanciones económicas, o se resignan a colaborar con nosotros para minimizar la crisis económica que se nos viene encima.
El gobierno de Estados Unidos, por más que exhiba una adicción –un poco real y un poco ficticia– a las guerras, no puede invadir México. No es que se lo prohíba una pulsión ética o legal, sino que, simplemente, carece de las condiciones estratégicas y logísticas para emprender semejante aventura. El control militar de Irak resultó un espejismo inalcanzable y nuestro país tiene el cuádruple de población y casi cinco veces más territorio que esa nación árabe. Lo que sí podría hacer Washington sería desestabilizar (tiene vasta experiencia en ello), propiciar enfrentamientos internos e imponer a un gobierno pelele. Pero, un momento: es eso exactamente lo que ha venido haciendo desde 2006, hasta el punto de que México ya está desestabilizado, las autoridades nacionales operan en función de los intereses del gobierno vecino y el país está sumido en la guerra. Así que piensen en otra respuesta.
Estados Unidos tampoco puede romper relaciones comerciales y cerrar la frontera común porque, con ello, colapsaría de inmediato su propia economía: imagínense los alteros de exportaciones gringas que se quedarían en el lado norte de la demarcación, por no hablar de los incontables productos estadunidenses, ensamblados en México, que permanecerían de este lado. Sólo por decir algo.
Es probable que la Casa Blanca y el Capitolio hicieran el berrinche de su vida, pero éste es uno de los pocos terrenos en los que no podrían hacer mucho más que eso.
Hasta ahora, el narcotráfico ha sido una debilidad y una desventaja para México, que en su combate pierde decenas de miles de vidas, centenares de pueblos y decenas de instituciones, y una fortaleza para Washington, que con esa coartada puede ampliar sus márgenes de injerencia, hacer grandes negocios y dotar a sus circuitos financieros con un flujo casi inagotable de recursos monetarios. La despenalización unilateral implicaría invertir bruscamente esa desigualdad e impulsar una medida análoga en Estados Unidos.
Al carajo con la hipocresía: la única explicación posible al hecho de que la guerra en torno al narcotráfico no se ha extendido a territorio estadunidense es que allá no se persigue tal actividad, aunque se jure y se aparente lo contrario. Una de las cosas más cínicas de cuantas han sido dichas en el actual contexto por las autoridades de Estados Unidos es que los narcos les temen, y que por eso se portan bien al norte del río Bravo, y procuran no derramar sangre. El corolario inevitable es que las policías estadunidenses los dejan en paz, en premio a su buen comportamiento, y les permiten dedicarse a su negocio principal.
Si México despenaliza, coloca a Washington ante la disyuntiva de despenalizar, a su vez, o atestiguar el traslado, a su territorio, de la guerra que se ha venido librando en el nuestro. Pero la regla de oro es que los conflictos armados son oportunidad para grandes negocios, a condición de que se desarrollen en otros países.
Para terminar: ¿se acabaría la delincuencia con la despenalización de las drogas? Por supuesto que no. La delincuencia no se va a acabar con nada. El propósito de abolir el prohibicionismo es eliminar el narcotráfico, restituir el estado de derecho y acabar con organizaciones que están derrotando al Estado y a sus instituciones. Sin ellas, la delincuencia se reducirá a un problema de seguridad pública, dejará de ser guerra, y volverá a ser un problema policial.
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17.10.11
Terrorismo estatal e impunidad
Carlos Fazio
I
El 14 de octubre, en el alcázar de Chapultepec, ante Felipe Calderón y medio gabinete federal, Javier Sicilia aludió al carácter autoritario del régimen y alertó sobre su rostro más brutal: el militarismo y el fascismo. Sin ambages, tras condenar la estrategia de guerra gubernamental con su lógica de violencia, terror y exterminio, Sicilia afirmó que las decisiones de Calderón provocaron el resurgimiento de grupos paramilitares, y denunció que "detrás de las fosas comunes de las estadísticas" se encuentran los victimarios, homicidas crueles que saben que mientras las víctimas y ellos carezcan de identidad su impunidad está garantizada.
El desborde autoritario viene de atrás. Aceptando que la naturaleza del Estado consiente el uso de la coacción, ésta comenzó a ser considerada ilegítima por su carácter excesivo con las represiones en Atenco y Oaxaca en la antesala del calderonismo. Las flagrantes violaciones a los derechos humanos, con las vejaciones y torturas a los detenidos –incluida la violencia sexual contra una veintena de prisioneras–, fueron preludio de la peligrosa involución autoritaria de los aparatos del Estado. En su estrategia conservadora, sectores de la derecha política y parlamentaria (y los medios de difusión masiva a su servicio) toleraron el accionar autoritario y violento de los distintos órdenes estatales, demostrando una complicidad institucional.
Tras la imposición de Calderón mediante un "fraude patriótico" en el marco de una sociedad polarizada, al privilegiarse el recurso de la fuerza para solucionar los conflictos, el antagonismo se transformó en ruptura. Comenzó entonces un larvado proceso de militarización del país de signo fascistoide, que no puede explicarse solamente por el interés de clase de la plutocracia amenazada. Fueron decisivos también otros factores, como la existencia de un tipo de mentalidad y tradiciones ancladas en la contrainsurgencia y la guerra sucia de los años setenta que, en determinados sectores de la policía y las fuerzas armadas, con el sostén de una remozada doctrina de seguridad nacional y una adecuada cobertura ideológica, podían readmitir con facilidad la adopción de actitudes de desprecio por la vida.
Bajo el disfraz de una "guerra" al narcotráfico planificada por Estados Unidos, el recurso a la violencia en diciembre de 2006 obligó a Calderón a asumir el papel de enemigo. Como dice Paul Gilbert, al tratar a sus opositores como el "enemigo interno", el gobierno terminó por reducirse a sí mismo a la condición de enemigo. En 2007, de la mano de operativos policiaco-militares en varias partes del país, se produjo en México un proceso similar al que afectó a los países europeos en la primera posguerra, definido por George L. Mosse como "brutalización de la política", fundamento de la expansión del nazismo. En particular, la república de Weimar fue el escenario donde, en medio de la complicidad o impotencia de las fuerzas políticas y el Parlamento, las derechas extremas deshumanizaron al "enemigo interno", representado por el comunismo, los judíos, los gitanos y la oposición socialdemócrata y liberal.
Si el acorralamiento contrainsurgente de grupos antisistémicos como el EZLN y el EPR, junto a las represiones en Atenco y Oaxaca, y la estigmatización de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento de resistencia civil pacífica como "un peligro para México" marcaron la transición del foxismo al calderonismo, la brutalización de la política arreció tras la proclamación autojustificatoria del titular del Ejecutivo de que "protegía" al país con "el monopolio del poder" (octubre de 2007).
Al asumirse como detentador del monopolio de la fuerza y la violencia estatal en desmedro (y sin el control) de los poderes Legislativo y Judicial, Calderón exhibió entonces su mentalidad autocrática. Mediante una campaña de saturación propagandística e ideológica primitiva, basada en la retórica del enemigo interno –un discurso excluyente y estereotipado que convertía a la oposición político-social y a la delincuencia en potenciales subversivos o cuerpos extraños a exterminar–, se fue creando un clima disciplinador que presentaba como aparentemente ineludible la adopción de medidas cada vez más coercitivas, de legislación especial propia de un régimen de excepción. A la par, se preparó a la población para que aceptara el empleo de técnicas más o menos secretas de guerra sucia, lo que mediante la irrupción de grupos paramilitares y de limpieza social ha derivado en nuestros días en terrorismo de Estado.
No está de más repetir que, por naturaleza, el Estado posee el monopolio legítimo del uso de la fuerza, pero dentro de los límites consentidos por la legislación interna e internacional, porque otro de los cometidos del Estado es la defensa de la ley. En la lucha por preservar su poder y los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de los ciudadanos atacados por grupos de la economía criminal, el Estado no puede utilizar cualquier forma de violencia. En ese contexto, huelga decir que desde el momento en que las fuerzas armadas ingresaron en la escena represiva, lo hicieron violando las leyes, también las de la guerra, al practicar la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria extrajudicial, incluso de niños, mujeres y estudiantes indefensos que fueron asimilados a "bajas colaterales".
Cincuenta mil muertos y 10 mil desaparecidos después, insistimos en que el terrorismo de Estado es violación de la ley y se caracteriza "por el uso del asesinato político, de la tortura y de otras formas de crueldad ejercidas contra quien se le opone". El carácter criminal del terrorismo de Estado está determinado no sólo porque actúa fuera de la ley –apelando incluso a escuadrones de la muerte–, sino porque viola los derechos humanos, incluidos los de presuntos delincuentes. A su vez, la obediencia a las órdenes superiores, si éstas violan las normas de la guerra, es considerada también un acto criminal.
II
La violación masiva de derechos humanos por integrantes de las fuerzas armadas y la Policía Federal –a través de prácticas como la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria extrajudicial– tiene una lógica y un responsable. El 21 de septiembre pasado, durante un encuentro con la comunidad mexicana en Los Ángeles, California, Felipe Calderón dijo de manera textual: "Y eso, amigas y amigos, empezó a crecer como un cáncer, como una plaga, como una plaga que se mete a una casa, que si uno no la corta a tiempo, se mete en todas las coladeras, en todas las recámaras, en todos los baños. Y esa plaga, amigas y amigos, esa plaga que es el crimen y la delincuencia, es una plaga que estamos decididos a exterminar en nuestro país, tómese el tiempo que se tenga que tomar y los recursos que se necesiten" (fuente: Presidencia de la República).
De propia voz, la lógica de Calderón es la del exterminio de presuntos delincuentes. Sin límite de tiempo y utilizando los recursos que sean necesarios. Pero Calderón, al fin abogado, debería al menos respetar la Constitución. Y el Congreso debería obligarlo a que la cumpla; a que no se incline ante la fuerza y defienda, pura y simplemente, el poder civil, del cual presuntamente es el representante, así sea de manera espuria.
A la vez, como apuntábamos en nuestra entrega anterior, la obediencia a órdenes superiores, si esas órdenes violan las normas de la guerra, es considerada también un acto criminal. Los soldados, marinos y policías deberían saber que la responsabilidad de las atrocidades es individual, recae sobre quien las cometió. Para la justicia, en especial desde los juicios de Nüremberg, el soldado o policía que recibe órdenes de violar los derechos humanos o las normas de guerra no es un simple súbdito vinculado de manera servil a la obediencia de un mando superior, sino un ciudadano, un ser racional capaz de decidir, responsable de sus actos. Su responsabilidad –que no tiene parangón, dada su función pública, con la de un civil que comete los mismos delitos– se ve acrecentada porque la comunidad le delegó el cometido de garantizar el respeto de la ley. De allí que los militares y policías mexicanos violadores de derechos humanos deberían mirarse en el espejo argentino, donde las condenas a cadena perpetua impuestas a 11 represores el 27 de octubre hacen justicia a las víctimas de la guerra sucia de la dictadura militar.
Conviene recordar que, más allá de la "función" de obtener información, la práctica de la tortura cumple un papel demostrativo, simbólico, al igual que las acciones de los comandos paramilitares y grupos de limpieza social. Mediante el uso de la tortura se busca "quebrar" al prisionero, provocando su muerte moral o física, para demostrar la fuerza del Estado, lo que también opera como mensaje de advertencia y amenaza a toda la población. La experiencia histórica demuestra que la tortura sistemática es el primer paso para la institucionalización del terrorismo de Estado. Y hoy, cuando la tortura reaparece en México de la mano de los “operativos conjuntos” ordenados por el jefe del Ejecutivo, ésta es consentida por los otros poderes del Estado y aplicada sin mayores preocupaciones para su ocultamiento.
A manera de ejemplo, en el marco de las acciones del Ejército en Chihuahua y Michoacán, o de la Marina, en el caso Beltrán Leyva en Morelos, quedó exhibida la voluntad de difundir entre la población la arbitrariedad que ha adquirido el poder de coacción de las fuerzas armadas, un poder casi sin límites ni condicionamientos morales. Una violencia gratuita, además, que no guarda relación entre los objetivos a lograr en el marco de un (pregonado) estado de derecho –donde la misión debería ser disuadir o capturar criminales– y el grado de brutalidad empleado. Las torturas, mutilaciones, asesinatos y desapariciones no mantienen una relación proporcional al fin que el Estado declara perseguir de manera pública –la lucha contra la delincuencia–, volviéndose pura exhibición del poder absoluto, autocrático, del titular del Ejecutivo, a no ser que el Congreso, el Poder Judicial y la clase política parlamentaria avalen también el exterminio de presuntos criminales.
Si bien la responsabilidad de los integrantes de las fuerzas armadas en las violaciones de la ley y los derechos humanos no es homogénea, todos sus miembros conocen la existencia de tales prácticas ilegales degradantes, y al permanecer en la institución las aceptan y toleran. A la vez, la total impunidad de militares y policías es posible por la complicidad o tolerancia de amplios sectores de la clase política, en llamativo contraste entre el discurso en defensa de la legalidad y la integridad del Estado que realizan los gobernantes y los medios de difusión masiva conservadores y el virtual silencio que mantienen respeto de la ilegalidad estatal.
La retórica del enemigo interno a exterminar (Calderón dixit), que proporciona una falsa legitimidad basada en un seudopatriotismo –que exalta como héroes y representantes de la nación a militares y policías violadores de derechos humanos–, no está exenta de responsabilidades políticas. Una responsabilidad extensiva a los grupos económicos propietarios de los medios de difusión masiva, que aceptan ser vehículos de la propaganda de guerra oficial, y que al preparar a la opinión pública para justificar esa participación aun en condiciones ilegales y anticonstitucionales (incluida la práctica de la tortura como "mal necesario" y el accionar de escuadrones de la muerte) legitiman la violencia estatal indiscriminada y alientan que la legalidad pueda ser violada sin consecuencias. Con un riesgo adicional: el recurso a la violencia ilegal por parte del Estado abre camino al golpismo.
III
Más allá de la responsabilidad de los militares que han violado de manera flagrante e impune los derechos humanos de cientos de connacionales –como acaba de ratificar el reciente informe de Human Rights Watch–, la responsabilidad mayor recae en el
comandante en jefe de las fuerzas armadas, Felipe Calderón. Fue él quien decidió profundizar la coadyuvancia” del Ejército y la Marina en la lucha contra la criminalidad y aceptó la estrategia de guerra irregular para combatir delitos del fuero común.
La declaración unilateral de combate a la criminalidad formulada en diciembre de 2006 colocó al país en los parámetros de una guerra civil. Entonces, ese hecho no tuvo una clara determinación jurídica. Pero conviene recordar que las fuerzas armadas no están formadas ni estructuradas para combatir el delito.
Están instruidas, organizadas y estructuradas para defender la soberanía y la independencia nacionales, y el orden interno cuando es afectado por
circunstancias tales que crean un estado de guerra. Los militares no empuñan las armas para reprimir un delito; para eso está la policía. Cuando el poder político recurre a los militares para “exterminar” a un enemigo interno, está reconociendo
tácitamente el estado de guerra. Pero la lucha entre familias mafiosas o cárteles
de la economía criminal, o el ataque de organizaciones delictivas a políticos y
funcionarios del Estado como forma de presión o represalia, no son considerados
actos de guerra.
Desde un inicio, el discurso estatal en la lógica de exterminio de los malos, y las formas equívocas en que fue difundido desde el gobierno y por unos medios masivos disciplinados a los usos y costumbres del poder, generaron ambigüedad, pero Felipe Calderón logró el objetivo de colocar “su” guerra –con la larga estela de ejecuciones sumarias, decapitados, torturados, desaparecidos y fosas
comunes– como tema prioritario de la agenda pública.
La confusión deliberada entre esos dos planos de interpretación –guerra y delito– se ha mantenido constante durante sus cinco años de gestión, pero desde la llegada del dúo Obama/Clinton a la Casa Blanca arreciaron las presiones para asimilar las tácticas violentas de la delincuencia a las del terrorismo y la subversión política, como forma encubierta de criminalizar al enemigo como “narcoterrorismo” o “narcoinsurgencia” y preparar las condiciones para justificar la guerra sucia y el terrorismo de Estado. A la vez, el Estado se vio obligado a considerar la lucha contra la criminalidad como una forma de guerra irregular,dada la necesidad de introducir modificaciones jurídicas en la lógica de la seguridad nacional, preservando de paso el fuero militar, garante de la cuasi impunidad e inmunidad del estamento castrense.
A últimas fechas, la reticencia y oscilaciones del Estado a reconocer el carácter bélico del enfrentamiento contra algunas bandas criminales estuvieron determinadas por su naturaleza de exclusivo detentador de la autoridad pública y, por lo tanto, único competente para declarar una guerra, por constituir la autoridad legítima y prexistente sobre el territorio donde se desarrolla el conflicto. A mediados del año pasado, el cambio de “guerra” a “lucha por la seguridad pública” pudo haber estado determinado por la proximidad del fin del sexenio y el riesgo de que, al haber desarrollado una “guerra injusta”, Calderón pueda ser culpado de delitos contra la paz, al haber iniciado un conflicto sin motivos legítimos, o por haber violado las reglas de la guerra, lo que lo haría sujeto de ser juzgado como criminal de guerra.
La calificación de guerra “justa” o “injusta” remite a una antigua doctrina de
origen filosófico y religioso, que comprende el jus ad bellum (el derecho de
iniciar una guerra en presencia de una causa justa) y el jus in bello (el código de
comportamiento bélico). La “guerra injusta” no posee una justa causa, pero no
deja de estar sujeta a normas (consuetudinarias o positivas), que por lo general
son las aceptadas por la convención de guerra vigente en su periodo histórico. No
obstante, con frecuencia una guerra justa, regular o irregular, no respeta las
normas. En ese sentido, predomina la visión de Clausewitz de que la guerra es
esencialmente una actividad no sujeta a reglas, excepto aquellas que permiten
alcanzar la victoria (que es entendida esencialmente como aniquilación del
enemigo).
Los estados debaten esos problemas apoyándose en las teorías de los fines de
la guerra, de los medios o instrumentos de guerra y de la proporcionalidad,
teorías que forman parte del jus ad bellum y constituyen efectivas vallas de
contención contra la “guerra total”. Clausewitz habla de “aniquilación del
enemigo”. En la lógica del “exterminio de los malos” de Calderón, subyace no
sólo la omisión gubernamental en el momento de definir a priori “la moderación
en los fines y en los métodos de la guerra” (verbigracia, la tortura, la
desaparición y la ejecución extrajudicial), sino también la violación de los
derechos humanos por parte de las fuerzas armadas.
Norberto Bobbio agrega a lo anterior que la guerra sea moralmente lícita, lo
que no significa que deba ser obligatoria. Y frente a la distinción entre “guerra
justa” y “guerra necesaria”, sugiere que hay que apelar a la ética de la responsabilidad, fundada en la previsibilidad de los resultados.
Según Bobbio, “los gobernantes no pueden atenerse a la ética de las buenas
intenciones y decir: la razón está de nuestro lado, por tanto, tenemos libertad de
acción. Debe obedecer a la ética de la responsabilidad, valorar las consecuencias
de sus propias acciones. Y estar preparados para renunciar a ellas, si estas
acciones arriesgan producir un mal peor del que se quiere combatir. La
reparación de la ofensa no puede volverse una masacre”. En el caso de Calderón,
más de 50 mil muertes, 10 mil desaparecidos y miles de torturados lo condenan.
IV
México vive una grave crisis humanitaria producto de una deliberada política estatal que busca imponer un nuevo modelo autoritario de seguridad. En el marco de la guerra” de Felipe Calderón contra grupos de la economía criminal, el tránsito hacia un nuevo Estado de corte policiaco-militar ha estado sustentado, de facto, en medidas propias de un estado de excepción y prácticas de tipo contrainsurgente, mismas que han sido apoyadas y legitimadas desde los medios de difusión masiva bajo control monopólico –en particular los electrónicos– a través de la construcción social del miedo y la fabricación de enemigos míticos y elusivos que operan como distractores, tales como el populismo radical y el narcoterrorismo.
En forma paralela al acelerado proceso de militarización, paramilitarización y
mercenarización del país, y de acuerdo con planes de alcances geopolíticos elaborados por sucesivos gobiernos de la Casa Blanca, el bloque de poder dominante ha venido imponiendo un reordenamiento capitalista del territorio mexicano que, con eje en megaproyectos contenidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Plan Puebla-Panamá, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida, incluye la tierra como mercancía y el saqueo de recursos (entre ellos petróleo, gas, agua, biodiversidad, minerales) por compañías multinacionales, de capital nacional y extranjero.
La violencia estructural es consustancial al sistema capitalista. Desde sus orígenes el capitalismo ha sido depredador y salvaje. Pero, según Walter Benjamin y Giorgio Agamben, desde la Primera Guerra Mundial el “estado de excepción” devino en la regla. Para ambos, el “estado de excepción” no es el que impone el poder soberano para suspender el estado de derecho y doblegar la
rebelión que subvierte el orden establecido; se refieren al estado de excepción
“permanente” que sufren los oprimidos y las víctimas de la historia, incluso dentro del estado de derecho, que no de justicia.
Según Agamben, vivimos en el contexto de lo que se ha denominado una “guerra civil legal”, forma de totalitarismo moderno que recurre al estado de excepción y que operó tanto para el régimen nazi de Adolfo Hitler como para los poderes de emergencia concedidos por el Congreso de Estados Unidos al
presidente George W. Bush después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Una de las tesis centrales de Agamben es que el estado de excepción, ese lapso –que se supone provisorio– en el cual se suspende el orden jurídico, durante el siglo XX se convirtió en forma permanente y paradigmática
de gobierno.
Para el filósofo italiano el estado de excepción contemporáneo no tiene como modelo la dictadura de la antigua Roma, sino imita a otra institución romana, el iustitium, suspensión de todo orden legal que creaba un verdadero vacío jurídico.
El actual estado de excepción no tiene nada de constitucional, y al suspender toda legalidad deja al ciudadano a merced de lo que Agamben llama “poder desnudo”. Estaríamos frente a un cambio de paradigma, donde la excepción hace desaparecer la distinción entre la esfera pública y la privada. En ese esquema, el estado de derecho es desplazado de manera cotidiana por la excepción, y la violencia pública queda libre de atadura legal. El nuevo paradigma de “gobierno” que hace de la excepción la norma elimina toda distinción entre violencia
legítima e ilegitima, con lo que queda pulverizada la noción weberiana del Estado.
Tras los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York, el repliegue democrático en Estados Unidos fue asombroso. Philippe S. Golub señaló que bajola apariencia de un estado de excepción no declarado pero efectivo, al ordenar la guerra al terrorismo la administración Bush procedió a la demolición sistemática del orden constitucional, mediante un doble movimiento de autonomización y concentración de poder en el Ejecutivo y una marginalización de los contrapoderes. La forma de gobierno por decretos secretos y decisiones presidenciales arbitrarias devino práctica normal del Estado. Bush lanzó operaciones ilegales de espionaje interno y, arrogándose poderes extrajurídicos, pisoteó los tratados internacionales, legalizó la tortura, secuestró-desapareció presuntos terroristas y arrestó de manera indefinida y sin juicio a quienes fueron identificados como “combatientes ilegales”, que, como los prisioneros del campo de concentración de Guantánamo, han sido mantenidos en un “limbo” legal hasta el presente, apoyado por un “sistema” judicial paralelo y secreto controlado por el Pentágono y la Casa Blanca.
Igual que en Auschwitz y otros campos nazis, donde lo que ocurría era algo más allá de lo que pudiera considerarse una bestialidad, bajo el estado de excepción permanente instaurado por Bush –y reproducido por Barack Obama y otros gobiernos occidentales en nombre de los imperativos de seguridad– se puede matar sin que signifique delito; por decreto. Agamben dice que en el capitalismo actual estamos sometidos a una nuda vida (vida natural) y expuestos a ser exterminados como “piojos” (tal como decía Hitler respecto de los judíos) por la biopolítica, debido a “la creciente implicación de la vida natural del hombre en los mecanismos y cálculos del poder”.
Si el enemigo es tratado como no-persona, como bestia, se le puede exterminar a la manera de “la solución final” nazi. Para Agamben el estado de
excepción no es un accidente dentro del sistema jurídico, sino su fundamento oculto.
Hannah Arendt habló de la banalización del mal, en el sentido de una naturalización o normalización de acciones indudablemente criminales.
Podríamos concluir que bajo el estado de emergencia permanente no declarado de Felipe Calderón –con sus decapitados, sus muertos torturados semidesnudos y
sus fosas comunes– la excepción se convirtió en regla. Y como regla duradera, la
excepción hace que todo sea posible.
V
Una noción no visibilizada, cuyo ocultamiento ha servido para generar mayor confusión durante el estado de excepción permanente no declarado del régimen de Felipe Calderón, es la que alude al derecho penal del enemigo. Tal noción, que tiene que ver con los discursos que dan forma a la relación entre la guerra y el control social penal –y sus consecuencias en el marco de los modos del mantenimiento del orden interior del Estado mexicano–, deriva de la transformación de los vínculos entre las categorías enemigo y criminal, entidades fundamentales de la guerra y del derecho penal, respectivamente.
La terminología derecho penal del enemigo (Feindstrafrecht) fue acuñada por Günther Jakobs como concepto opuesto al derecho penal del ciudadano, y tiende a legalizar la posibilidad de privar a seres humanos de su condición de personas. Con esa denominación, Jakobs se refiere a aquellas normas jurídicas excepcionales, de combate, caracterizadas por un incremento de las penas y la supresión de garantías jurídicas, únicamente aplicables a los enemigos o no-personas (Unpersonen). Para el controvertido catedrático de derecho penal, los enemigos son terroristas o integrantes de la criminalidad organizada (incluidos traficantes de drogas y de personas), individuos que han abandonado el derecho por tiempo indefinido y suponen una amenaza a los fundamentos de la sociedad que constituye el Estado. Mediante el derecho penal del enemigo, el Estado ya no dialoga con ciudadanos, sino que combate a sus enemigos. Combate peligros.
La distinción entre las categorías enemigo y criminal establece que el segundo es un ciudadano que si delinque transgrede la ley y su estatuto de ciudadano es respetado cuando le es garantizado un procedimiento judicial acorde a las normativas legales. Pero en tanto enemigo, al individuo se le niega su condición de ciudadano, de persona, y se le puede someter a una coacción no regulada por el derecho. Para los críticos de Jakobs, sometido al derecho penal del enemigo, el estatuto del detenido queda sujeto a una ambigüedad entre delincuente y prisionero de guerra. Pero dado que un determinado individuo (el enemigo) es peligroso, si no se le neutraliza, habrá que lamentar en el futuro un hecho delictivo. En ese sentido, se podría afirmar que el derecho penal del enemigo es, en esencia, un derecho penal de medidas de seguridad, semejante a un cuasi estado de guerra.
El Estado decide quién es el enemigo interno, y al ser declarado como tal un individuo es colocado fuera de la ley. Al negársele al enemigo la calidad de hombre, de persona, se transforma en algo más bien parecido a un monstruo o una bestia. Un ser limítrofe. Una vida desnuda que se encuentra fuera de la ley y de la humanidad, y con la cual no hay acuerdo posible, al que se debe derrotar incluso mediante la coacción física y la tortura (Guantánamo) y/o eliminar. Una vida de la que se puede disponer libremente al punto de que se le puede dar muerte sin que sea necesario cumplir con los procedimientos legales instituidos y sin que ello constituya un homicidio. Desde la óptica estadunidense impuesta al mundo por la administración de George W. Bush tras el 11 de septiembre de 2001, un terrorista (pensemos en Osama Bin Laden) o un presunto capo del crimen organizado en el México de Felipe Calderón (verbigracia Arturo Beltrán Leyva), convertidos en monstruos inhumanos, no sólo deben ser combatidos sino definitivamente aniquilados. Exterminados.
“El enemigo –dice el penalista Raúl E. Zaffaroni–, es una construcción tendencialmente estructural del discurso legitimante del poder punitivo.” Y según Agamben, siguiendo a Walter Benjamin, el estado de excepción (como la matriz oculta del espacio político en el que vivimos) es hoy la regla. Pero además, el derecho penal del enemigo se aplica en una sociedad del espectáculo, donde los discursos mediáticos han pasado a formar parte fundamental en la construcción del espacio público. Según Jakobs, el elemento central para determinar la peligrosidad del criminal reside en lo que él llama seguridad cognitiva. Es decir, la expectativa que se tiene respecto de la conducta del otro. Sólo que Jakobs ignora de manera peligrosa, que la denominada sensación de inseguridad (o miedo al delito) es una construcción social, que por lo general responde a matrices de opinión sobre el crimen y la justicia, sembradas por fuentes gubernamentales en los medios de difusión masiva, y reproducidas de manera acrítica y generalmente de modo selectivo, sensacionalista y maniqueo.
Durante el estado de guerra permanente de Calderón –la excepción convertida en regla–, México ha avanzado de manera progresiva hacia la configuración de una matriz de sentidos caracterizada por el desprecio de las formas y los procedimientos y principios básicos del derecho penal moderno, sobre todo del principio de culpabilidad (que supone sancionar al infractor por el hecho cometido y no por la peligrosidad que el sujeto pueda mostrar hacia el futuro), una inobservancia premeditada y consciente, en tanto tiene como destinatario a enemigos (no personas) y su finalidad es eliminar peligros. Exterminarlos.
Una filosofía que en el plano bélico de la cruzada calderonista contra el mal ha llevado a la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad contra personas que no participan directamente en las hostilidades, verbigracia, ejecuciones sumarias extrajudiciales, diversas formas de homicidios, tratos crueles y torturas, la mutilación de enemigos como forma de intimidación, la desaparición forzada de personas, ataques paramilitares a centros de rehabilitación de enfermos bajo la modalidad de limpieza social, violaciones de mujeres y niñas… Crímenes que, debido a que no están tipificados en la legislación penal mexicana y no pueden encontrar justicia en las instancias nacionales, han sido sometidos a la consideración de la Corte Penal Internacional, de acuerdo con el Estatuto de Roma.
I
El 14 de octubre, en el alcázar de Chapultepec, ante Felipe Calderón y medio gabinete federal, Javier Sicilia aludió al carácter autoritario del régimen y alertó sobre su rostro más brutal: el militarismo y el fascismo. Sin ambages, tras condenar la estrategia de guerra gubernamental con su lógica de violencia, terror y exterminio, Sicilia afirmó que las decisiones de Calderón provocaron el resurgimiento de grupos paramilitares, y denunció que "detrás de las fosas comunes de las estadísticas" se encuentran los victimarios, homicidas crueles que saben que mientras las víctimas y ellos carezcan de identidad su impunidad está garantizada.
El desborde autoritario viene de atrás. Aceptando que la naturaleza del Estado consiente el uso de la coacción, ésta comenzó a ser considerada ilegítima por su carácter excesivo con las represiones en Atenco y Oaxaca en la antesala del calderonismo. Las flagrantes violaciones a los derechos humanos, con las vejaciones y torturas a los detenidos –incluida la violencia sexual contra una veintena de prisioneras–, fueron preludio de la peligrosa involución autoritaria de los aparatos del Estado. En su estrategia conservadora, sectores de la derecha política y parlamentaria (y los medios de difusión masiva a su servicio) toleraron el accionar autoritario y violento de los distintos órdenes estatales, demostrando una complicidad institucional.
Tras la imposición de Calderón mediante un "fraude patriótico" en el marco de una sociedad polarizada, al privilegiarse el recurso de la fuerza para solucionar los conflictos, el antagonismo se transformó en ruptura. Comenzó entonces un larvado proceso de militarización del país de signo fascistoide, que no puede explicarse solamente por el interés de clase de la plutocracia amenazada. Fueron decisivos también otros factores, como la existencia de un tipo de mentalidad y tradiciones ancladas en la contrainsurgencia y la guerra sucia de los años setenta que, en determinados sectores de la policía y las fuerzas armadas, con el sostén de una remozada doctrina de seguridad nacional y una adecuada cobertura ideológica, podían readmitir con facilidad la adopción de actitudes de desprecio por la vida.
Bajo el disfraz de una "guerra" al narcotráfico planificada por Estados Unidos, el recurso a la violencia en diciembre de 2006 obligó a Calderón a asumir el papel de enemigo. Como dice Paul Gilbert, al tratar a sus opositores como el "enemigo interno", el gobierno terminó por reducirse a sí mismo a la condición de enemigo. En 2007, de la mano de operativos policiaco-militares en varias partes del país, se produjo en México un proceso similar al que afectó a los países europeos en la primera posguerra, definido por George L. Mosse como "brutalización de la política", fundamento de la expansión del nazismo. En particular, la república de Weimar fue el escenario donde, en medio de la complicidad o impotencia de las fuerzas políticas y el Parlamento, las derechas extremas deshumanizaron al "enemigo interno", representado por el comunismo, los judíos, los gitanos y la oposición socialdemócrata y liberal.
Si el acorralamiento contrainsurgente de grupos antisistémicos como el EZLN y el EPR, junto a las represiones en Atenco y Oaxaca, y la estigmatización de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento de resistencia civil pacífica como "un peligro para México" marcaron la transición del foxismo al calderonismo, la brutalización de la política arreció tras la proclamación autojustificatoria del titular del Ejecutivo de que "protegía" al país con "el monopolio del poder" (octubre de 2007).
Al asumirse como detentador del monopolio de la fuerza y la violencia estatal en desmedro (y sin el control) de los poderes Legislativo y Judicial, Calderón exhibió entonces su mentalidad autocrática. Mediante una campaña de saturación propagandística e ideológica primitiva, basada en la retórica del enemigo interno –un discurso excluyente y estereotipado que convertía a la oposición político-social y a la delincuencia en potenciales subversivos o cuerpos extraños a exterminar–, se fue creando un clima disciplinador que presentaba como aparentemente ineludible la adopción de medidas cada vez más coercitivas, de legislación especial propia de un régimen de excepción. A la par, se preparó a la población para que aceptara el empleo de técnicas más o menos secretas de guerra sucia, lo que mediante la irrupción de grupos paramilitares y de limpieza social ha derivado en nuestros días en terrorismo de Estado.
No está de más repetir que, por naturaleza, el Estado posee el monopolio legítimo del uso de la fuerza, pero dentro de los límites consentidos por la legislación interna e internacional, porque otro de los cometidos del Estado es la defensa de la ley. En la lucha por preservar su poder y los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de los ciudadanos atacados por grupos de la economía criminal, el Estado no puede utilizar cualquier forma de violencia. En ese contexto, huelga decir que desde el momento en que las fuerzas armadas ingresaron en la escena represiva, lo hicieron violando las leyes, también las de la guerra, al practicar la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria extrajudicial, incluso de niños, mujeres y estudiantes indefensos que fueron asimilados a "bajas colaterales".
Cincuenta mil muertos y 10 mil desaparecidos después, insistimos en que el terrorismo de Estado es violación de la ley y se caracteriza "por el uso del asesinato político, de la tortura y de otras formas de crueldad ejercidas contra quien se le opone". El carácter criminal del terrorismo de Estado está determinado no sólo porque actúa fuera de la ley –apelando incluso a escuadrones de la muerte–, sino porque viola los derechos humanos, incluidos los de presuntos delincuentes. A su vez, la obediencia a las órdenes superiores, si éstas violan las normas de la guerra, es considerada también un acto criminal.
II
La violación masiva de derechos humanos por integrantes de las fuerzas armadas y la Policía Federal –a través de prácticas como la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria extrajudicial– tiene una lógica y un responsable. El 21 de septiembre pasado, durante un encuentro con la comunidad mexicana en Los Ángeles, California, Felipe Calderón dijo de manera textual: "Y eso, amigas y amigos, empezó a crecer como un cáncer, como una plaga, como una plaga que se mete a una casa, que si uno no la corta a tiempo, se mete en todas las coladeras, en todas las recámaras, en todos los baños. Y esa plaga, amigas y amigos, esa plaga que es el crimen y la delincuencia, es una plaga que estamos decididos a exterminar en nuestro país, tómese el tiempo que se tenga que tomar y los recursos que se necesiten" (fuente: Presidencia de la República).
De propia voz, la lógica de Calderón es la del exterminio de presuntos delincuentes. Sin límite de tiempo y utilizando los recursos que sean necesarios. Pero Calderón, al fin abogado, debería al menos respetar la Constitución. Y el Congreso debería obligarlo a que la cumpla; a que no se incline ante la fuerza y defienda, pura y simplemente, el poder civil, del cual presuntamente es el representante, así sea de manera espuria.
A la vez, como apuntábamos en nuestra entrega anterior, la obediencia a órdenes superiores, si esas órdenes violan las normas de la guerra, es considerada también un acto criminal. Los soldados, marinos y policías deberían saber que la responsabilidad de las atrocidades es individual, recae sobre quien las cometió. Para la justicia, en especial desde los juicios de Nüremberg, el soldado o policía que recibe órdenes de violar los derechos humanos o las normas de guerra no es un simple súbdito vinculado de manera servil a la obediencia de un mando superior, sino un ciudadano, un ser racional capaz de decidir, responsable de sus actos. Su responsabilidad –que no tiene parangón, dada su función pública, con la de un civil que comete los mismos delitos– se ve acrecentada porque la comunidad le delegó el cometido de garantizar el respeto de la ley. De allí que los militares y policías mexicanos violadores de derechos humanos deberían mirarse en el espejo argentino, donde las condenas a cadena perpetua impuestas a 11 represores el 27 de octubre hacen justicia a las víctimas de la guerra sucia de la dictadura militar.
Conviene recordar que, más allá de la "función" de obtener información, la práctica de la tortura cumple un papel demostrativo, simbólico, al igual que las acciones de los comandos paramilitares y grupos de limpieza social. Mediante el uso de la tortura se busca "quebrar" al prisionero, provocando su muerte moral o física, para demostrar la fuerza del Estado, lo que también opera como mensaje de advertencia y amenaza a toda la población. La experiencia histórica demuestra que la tortura sistemática es el primer paso para la institucionalización del terrorismo de Estado. Y hoy, cuando la tortura reaparece en México de la mano de los “operativos conjuntos” ordenados por el jefe del Ejecutivo, ésta es consentida por los otros poderes del Estado y aplicada sin mayores preocupaciones para su ocultamiento.
A manera de ejemplo, en el marco de las acciones del Ejército en Chihuahua y Michoacán, o de la Marina, en el caso Beltrán Leyva en Morelos, quedó exhibida la voluntad de difundir entre la población la arbitrariedad que ha adquirido el poder de coacción de las fuerzas armadas, un poder casi sin límites ni condicionamientos morales. Una violencia gratuita, además, que no guarda relación entre los objetivos a lograr en el marco de un (pregonado) estado de derecho –donde la misión debería ser disuadir o capturar criminales– y el grado de brutalidad empleado. Las torturas, mutilaciones, asesinatos y desapariciones no mantienen una relación proporcional al fin que el Estado declara perseguir de manera pública –la lucha contra la delincuencia–, volviéndose pura exhibición del poder absoluto, autocrático, del titular del Ejecutivo, a no ser que el Congreso, el Poder Judicial y la clase política parlamentaria avalen también el exterminio de presuntos criminales.
Si bien la responsabilidad de los integrantes de las fuerzas armadas en las violaciones de la ley y los derechos humanos no es homogénea, todos sus miembros conocen la existencia de tales prácticas ilegales degradantes, y al permanecer en la institución las aceptan y toleran. A la vez, la total impunidad de militares y policías es posible por la complicidad o tolerancia de amplios sectores de la clase política, en llamativo contraste entre el discurso en defensa de la legalidad y la integridad del Estado que realizan los gobernantes y los medios de difusión masiva conservadores y el virtual silencio que mantienen respeto de la ilegalidad estatal.
La retórica del enemigo interno a exterminar (Calderón dixit), que proporciona una falsa legitimidad basada en un seudopatriotismo –que exalta como héroes y representantes de la nación a militares y policías violadores de derechos humanos–, no está exenta de responsabilidades políticas. Una responsabilidad extensiva a los grupos económicos propietarios de los medios de difusión masiva, que aceptan ser vehículos de la propaganda de guerra oficial, y que al preparar a la opinión pública para justificar esa participación aun en condiciones ilegales y anticonstitucionales (incluida la práctica de la tortura como "mal necesario" y el accionar de escuadrones de la muerte) legitiman la violencia estatal indiscriminada y alientan que la legalidad pueda ser violada sin consecuencias. Con un riesgo adicional: el recurso a la violencia ilegal por parte del Estado abre camino al golpismo.
III
Más allá de la responsabilidad de los militares que han violado de manera flagrante e impune los derechos humanos de cientos de connacionales –como acaba de ratificar el reciente informe de Human Rights Watch–, la responsabilidad mayor recae en el
comandante en jefe de las fuerzas armadas, Felipe Calderón. Fue él quien decidió profundizar la coadyuvancia” del Ejército y la Marina en la lucha contra la criminalidad y aceptó la estrategia de guerra irregular para combatir delitos del fuero común.
La declaración unilateral de combate a la criminalidad formulada en diciembre de 2006 colocó al país en los parámetros de una guerra civil. Entonces, ese hecho no tuvo una clara determinación jurídica. Pero conviene recordar que las fuerzas armadas no están formadas ni estructuradas para combatir el delito.
Están instruidas, organizadas y estructuradas para defender la soberanía y la independencia nacionales, y el orden interno cuando es afectado por
circunstancias tales que crean un estado de guerra. Los militares no empuñan las armas para reprimir un delito; para eso está la policía. Cuando el poder político recurre a los militares para “exterminar” a un enemigo interno, está reconociendo
tácitamente el estado de guerra. Pero la lucha entre familias mafiosas o cárteles
de la economía criminal, o el ataque de organizaciones delictivas a políticos y
funcionarios del Estado como forma de presión o represalia, no son considerados
actos de guerra.
Desde un inicio, el discurso estatal en la lógica de exterminio de los malos, y las formas equívocas en que fue difundido desde el gobierno y por unos medios masivos disciplinados a los usos y costumbres del poder, generaron ambigüedad, pero Felipe Calderón logró el objetivo de colocar “su” guerra –con la larga estela de ejecuciones sumarias, decapitados, torturados, desaparecidos y fosas
comunes– como tema prioritario de la agenda pública.
La confusión deliberada entre esos dos planos de interpretación –guerra y delito– se ha mantenido constante durante sus cinco años de gestión, pero desde la llegada del dúo Obama/Clinton a la Casa Blanca arreciaron las presiones para asimilar las tácticas violentas de la delincuencia a las del terrorismo y la subversión política, como forma encubierta de criminalizar al enemigo como “narcoterrorismo” o “narcoinsurgencia” y preparar las condiciones para justificar la guerra sucia y el terrorismo de Estado. A la vez, el Estado se vio obligado a considerar la lucha contra la criminalidad como una forma de guerra irregular,dada la necesidad de introducir modificaciones jurídicas en la lógica de la seguridad nacional, preservando de paso el fuero militar, garante de la cuasi impunidad e inmunidad del estamento castrense.
A últimas fechas, la reticencia y oscilaciones del Estado a reconocer el carácter bélico del enfrentamiento contra algunas bandas criminales estuvieron determinadas por su naturaleza de exclusivo detentador de la autoridad pública y, por lo tanto, único competente para declarar una guerra, por constituir la autoridad legítima y prexistente sobre el territorio donde se desarrolla el conflicto. A mediados del año pasado, el cambio de “guerra” a “lucha por la seguridad pública” pudo haber estado determinado por la proximidad del fin del sexenio y el riesgo de que, al haber desarrollado una “guerra injusta”, Calderón pueda ser culpado de delitos contra la paz, al haber iniciado un conflicto sin motivos legítimos, o por haber violado las reglas de la guerra, lo que lo haría sujeto de ser juzgado como criminal de guerra.
La calificación de guerra “justa” o “injusta” remite a una antigua doctrina de
origen filosófico y religioso, que comprende el jus ad bellum (el derecho de
iniciar una guerra en presencia de una causa justa) y el jus in bello (el código de
comportamiento bélico). La “guerra injusta” no posee una justa causa, pero no
deja de estar sujeta a normas (consuetudinarias o positivas), que por lo general
son las aceptadas por la convención de guerra vigente en su periodo histórico. No
obstante, con frecuencia una guerra justa, regular o irregular, no respeta las
normas. En ese sentido, predomina la visión de Clausewitz de que la guerra es
esencialmente una actividad no sujeta a reglas, excepto aquellas que permiten
alcanzar la victoria (que es entendida esencialmente como aniquilación del
enemigo).
Los estados debaten esos problemas apoyándose en las teorías de los fines de
la guerra, de los medios o instrumentos de guerra y de la proporcionalidad,
teorías que forman parte del jus ad bellum y constituyen efectivas vallas de
contención contra la “guerra total”. Clausewitz habla de “aniquilación del
enemigo”. En la lógica del “exterminio de los malos” de Calderón, subyace no
sólo la omisión gubernamental en el momento de definir a priori “la moderación
en los fines y en los métodos de la guerra” (verbigracia, la tortura, la
desaparición y la ejecución extrajudicial), sino también la violación de los
derechos humanos por parte de las fuerzas armadas.
Norberto Bobbio agrega a lo anterior que la guerra sea moralmente lícita, lo
que no significa que deba ser obligatoria. Y frente a la distinción entre “guerra
justa” y “guerra necesaria”, sugiere que hay que apelar a la ética de la responsabilidad, fundada en la previsibilidad de los resultados.
Según Bobbio, “los gobernantes no pueden atenerse a la ética de las buenas
intenciones y decir: la razón está de nuestro lado, por tanto, tenemos libertad de
acción. Debe obedecer a la ética de la responsabilidad, valorar las consecuencias
de sus propias acciones. Y estar preparados para renunciar a ellas, si estas
acciones arriesgan producir un mal peor del que se quiere combatir. La
reparación de la ofensa no puede volverse una masacre”. En el caso de Calderón,
más de 50 mil muertes, 10 mil desaparecidos y miles de torturados lo condenan.
IV
México vive una grave crisis humanitaria producto de una deliberada política estatal que busca imponer un nuevo modelo autoritario de seguridad. En el marco de la guerra” de Felipe Calderón contra grupos de la economía criminal, el tránsito hacia un nuevo Estado de corte policiaco-militar ha estado sustentado, de facto, en medidas propias de un estado de excepción y prácticas de tipo contrainsurgente, mismas que han sido apoyadas y legitimadas desde los medios de difusión masiva bajo control monopólico –en particular los electrónicos– a través de la construcción social del miedo y la fabricación de enemigos míticos y elusivos que operan como distractores, tales como el populismo radical y el narcoterrorismo.
En forma paralela al acelerado proceso de militarización, paramilitarización y
mercenarización del país, y de acuerdo con planes de alcances geopolíticos elaborados por sucesivos gobiernos de la Casa Blanca, el bloque de poder dominante ha venido imponiendo un reordenamiento capitalista del territorio mexicano que, con eje en megaproyectos contenidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Plan Puebla-Panamá, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida, incluye la tierra como mercancía y el saqueo de recursos (entre ellos petróleo, gas, agua, biodiversidad, minerales) por compañías multinacionales, de capital nacional y extranjero.
La violencia estructural es consustancial al sistema capitalista. Desde sus orígenes el capitalismo ha sido depredador y salvaje. Pero, según Walter Benjamin y Giorgio Agamben, desde la Primera Guerra Mundial el “estado de excepción” devino en la regla. Para ambos, el “estado de excepción” no es el que impone el poder soberano para suspender el estado de derecho y doblegar la
rebelión que subvierte el orden establecido; se refieren al estado de excepción
“permanente” que sufren los oprimidos y las víctimas de la historia, incluso dentro del estado de derecho, que no de justicia.
Según Agamben, vivimos en el contexto de lo que se ha denominado una “guerra civil legal”, forma de totalitarismo moderno que recurre al estado de excepción y que operó tanto para el régimen nazi de Adolfo Hitler como para los poderes de emergencia concedidos por el Congreso de Estados Unidos al
presidente George W. Bush después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Una de las tesis centrales de Agamben es que el estado de excepción, ese lapso –que se supone provisorio– en el cual se suspende el orden jurídico, durante el siglo XX se convirtió en forma permanente y paradigmática
de gobierno.
Para el filósofo italiano el estado de excepción contemporáneo no tiene como modelo la dictadura de la antigua Roma, sino imita a otra institución romana, el iustitium, suspensión de todo orden legal que creaba un verdadero vacío jurídico.
El actual estado de excepción no tiene nada de constitucional, y al suspender toda legalidad deja al ciudadano a merced de lo que Agamben llama “poder desnudo”. Estaríamos frente a un cambio de paradigma, donde la excepción hace desaparecer la distinción entre la esfera pública y la privada. En ese esquema, el estado de derecho es desplazado de manera cotidiana por la excepción, y la violencia pública queda libre de atadura legal. El nuevo paradigma de “gobierno” que hace de la excepción la norma elimina toda distinción entre violencia
legítima e ilegitima, con lo que queda pulverizada la noción weberiana del Estado.
Tras los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York, el repliegue democrático en Estados Unidos fue asombroso. Philippe S. Golub señaló que bajola apariencia de un estado de excepción no declarado pero efectivo, al ordenar la guerra al terrorismo la administración Bush procedió a la demolición sistemática del orden constitucional, mediante un doble movimiento de autonomización y concentración de poder en el Ejecutivo y una marginalización de los contrapoderes. La forma de gobierno por decretos secretos y decisiones presidenciales arbitrarias devino práctica normal del Estado. Bush lanzó operaciones ilegales de espionaje interno y, arrogándose poderes extrajurídicos, pisoteó los tratados internacionales, legalizó la tortura, secuestró-desapareció presuntos terroristas y arrestó de manera indefinida y sin juicio a quienes fueron identificados como “combatientes ilegales”, que, como los prisioneros del campo de concentración de Guantánamo, han sido mantenidos en un “limbo” legal hasta el presente, apoyado por un “sistema” judicial paralelo y secreto controlado por el Pentágono y la Casa Blanca.
Igual que en Auschwitz y otros campos nazis, donde lo que ocurría era algo más allá de lo que pudiera considerarse una bestialidad, bajo el estado de excepción permanente instaurado por Bush –y reproducido por Barack Obama y otros gobiernos occidentales en nombre de los imperativos de seguridad– se puede matar sin que signifique delito; por decreto. Agamben dice que en el capitalismo actual estamos sometidos a una nuda vida (vida natural) y expuestos a ser exterminados como “piojos” (tal como decía Hitler respecto de los judíos) por la biopolítica, debido a “la creciente implicación de la vida natural del hombre en los mecanismos y cálculos del poder”.
Si el enemigo es tratado como no-persona, como bestia, se le puede exterminar a la manera de “la solución final” nazi. Para Agamben el estado de
excepción no es un accidente dentro del sistema jurídico, sino su fundamento oculto.
Hannah Arendt habló de la banalización del mal, en el sentido de una naturalización o normalización de acciones indudablemente criminales.
Podríamos concluir que bajo el estado de emergencia permanente no declarado de Felipe Calderón –con sus decapitados, sus muertos torturados semidesnudos y
sus fosas comunes– la excepción se convirtió en regla. Y como regla duradera, la
excepción hace que todo sea posible.
V
Una noción no visibilizada, cuyo ocultamiento ha servido para generar mayor confusión durante el estado de excepción permanente no declarado del régimen de Felipe Calderón, es la que alude al derecho penal del enemigo. Tal noción, que tiene que ver con los discursos que dan forma a la relación entre la guerra y el control social penal –y sus consecuencias en el marco de los modos del mantenimiento del orden interior del Estado mexicano–, deriva de la transformación de los vínculos entre las categorías enemigo y criminal, entidades fundamentales de la guerra y del derecho penal, respectivamente.
La terminología derecho penal del enemigo (Feindstrafrecht) fue acuñada por Günther Jakobs como concepto opuesto al derecho penal del ciudadano, y tiende a legalizar la posibilidad de privar a seres humanos de su condición de personas. Con esa denominación, Jakobs se refiere a aquellas normas jurídicas excepcionales, de combate, caracterizadas por un incremento de las penas y la supresión de garantías jurídicas, únicamente aplicables a los enemigos o no-personas (Unpersonen). Para el controvertido catedrático de derecho penal, los enemigos son terroristas o integrantes de la criminalidad organizada (incluidos traficantes de drogas y de personas), individuos que han abandonado el derecho por tiempo indefinido y suponen una amenaza a los fundamentos de la sociedad que constituye el Estado. Mediante el derecho penal del enemigo, el Estado ya no dialoga con ciudadanos, sino que combate a sus enemigos. Combate peligros.
La distinción entre las categorías enemigo y criminal establece que el segundo es un ciudadano que si delinque transgrede la ley y su estatuto de ciudadano es respetado cuando le es garantizado un procedimiento judicial acorde a las normativas legales. Pero en tanto enemigo, al individuo se le niega su condición de ciudadano, de persona, y se le puede someter a una coacción no regulada por el derecho. Para los críticos de Jakobs, sometido al derecho penal del enemigo, el estatuto del detenido queda sujeto a una ambigüedad entre delincuente y prisionero de guerra. Pero dado que un determinado individuo (el enemigo) es peligroso, si no se le neutraliza, habrá que lamentar en el futuro un hecho delictivo. En ese sentido, se podría afirmar que el derecho penal del enemigo es, en esencia, un derecho penal de medidas de seguridad, semejante a un cuasi estado de guerra.
El Estado decide quién es el enemigo interno, y al ser declarado como tal un individuo es colocado fuera de la ley. Al negársele al enemigo la calidad de hombre, de persona, se transforma en algo más bien parecido a un monstruo o una bestia. Un ser limítrofe. Una vida desnuda que se encuentra fuera de la ley y de la humanidad, y con la cual no hay acuerdo posible, al que se debe derrotar incluso mediante la coacción física y la tortura (Guantánamo) y/o eliminar. Una vida de la que se puede disponer libremente al punto de que se le puede dar muerte sin que sea necesario cumplir con los procedimientos legales instituidos y sin que ello constituya un homicidio. Desde la óptica estadunidense impuesta al mundo por la administración de George W. Bush tras el 11 de septiembre de 2001, un terrorista (pensemos en Osama Bin Laden) o un presunto capo del crimen organizado en el México de Felipe Calderón (verbigracia Arturo Beltrán Leyva), convertidos en monstruos inhumanos, no sólo deben ser combatidos sino definitivamente aniquilados. Exterminados.
“El enemigo –dice el penalista Raúl E. Zaffaroni–, es una construcción tendencialmente estructural del discurso legitimante del poder punitivo.” Y según Agamben, siguiendo a Walter Benjamin, el estado de excepción (como la matriz oculta del espacio político en el que vivimos) es hoy la regla. Pero además, el derecho penal del enemigo se aplica en una sociedad del espectáculo, donde los discursos mediáticos han pasado a formar parte fundamental en la construcción del espacio público. Según Jakobs, el elemento central para determinar la peligrosidad del criminal reside en lo que él llama seguridad cognitiva. Es decir, la expectativa que se tiene respecto de la conducta del otro. Sólo que Jakobs ignora de manera peligrosa, que la denominada sensación de inseguridad (o miedo al delito) es una construcción social, que por lo general responde a matrices de opinión sobre el crimen y la justicia, sembradas por fuentes gubernamentales en los medios de difusión masiva, y reproducidas de manera acrítica y generalmente de modo selectivo, sensacionalista y maniqueo.
Durante el estado de guerra permanente de Calderón –la excepción convertida en regla–, México ha avanzado de manera progresiva hacia la configuración de una matriz de sentidos caracterizada por el desprecio de las formas y los procedimientos y principios básicos del derecho penal moderno, sobre todo del principio de culpabilidad (que supone sancionar al infractor por el hecho cometido y no por la peligrosidad que el sujeto pueda mostrar hacia el futuro), una inobservancia premeditada y consciente, en tanto tiene como destinatario a enemigos (no personas) y su finalidad es eliminar peligros. Exterminarlos.
Una filosofía que en el plano bélico de la cruzada calderonista contra el mal ha llevado a la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad contra personas que no participan directamente en las hostilidades, verbigracia, ejecuciones sumarias extrajudiciales, diversas formas de homicidios, tratos crueles y torturas, la mutilación de enemigos como forma de intimidación, la desaparición forzada de personas, ataques paramilitares a centros de rehabilitación de enfermos bajo la modalidad de limpieza social, violaciones de mujeres y niñas… Crímenes que, debido a que no están tipificados en la legislación penal mexicana y no pueden encontrar justicia en las instancias nacionales, han sido sometidos a la consideración de la Corte Penal Internacional, de acuerdo con el Estatuto de Roma.
12.10.11
Evolución de la crisis
Alejandro Nadal
¿Hasta dónde llegará la crisis? A medida que se profundiza y agrava, y frente a un horizonte de estancamiento que se alarga, las perspectivas sobre su naturaleza van evolucionando. La idea misma de recuperación comienza a desdibujarse. La crisis permite ver lo absurdo que era la normalidad.
No existe en la actualidad un componente de la economía mundial que pueda funcionar como motor y que sea capaz de llevar a una nueva fase de expansión, con empleo creciente y mejores niveles de vida para el grueso de la población. Estados Unidos se mantiene con graves problemas estructurales. Su economía fue el epicentro de la crisis y no ha podido cristalizarse la recuperación y el desempleo se mantiene alto. El estímulo fiscal concluyó y esa opción de política se cerró. La flexibilización en la política monetaria se ha mantenido, pero los agentes están en un proceso de des-apalancamiento, así que no sorprende que el crédito no fluya. Bancos y centros corporativos están apoltronados en volúmenes de liquidez extraordinarios, pero sin imprimirle dinamismo a la economía. Todo esto se complica por el hecho de que una parte importante del sector manufacturero fue desmantelada en las últimas décadas. Sus bancos esperan el coletazo de la crisis europea.
Europa está en un túnel cada vez más oscuro. La banca europea está amenazada por sus altos grados de exposición en deuda soberana de los países con mayores problemas. Una moratoria en Grecia traerá aparejado un descalabro mayúsculo para bancos franceses (los más expuestos), alemanes, belgas y holandeses. Así que se busca una restructuración con quitas de hasta 60 por ciento en el principal. Con ese tipo de pérdidas será necesario recapitalizar los bancos y ya Sarkozy y Merkel salieron de su último cónclave asegurando a quien quiera escucharles que la banca europea será recapitalizada.
Eso quiere decir que los políticos europeos aceptan que es necesario inyectar recursos fiscales a los bancos (y hasta pedirán una aportación de otra fuente de recursos públicos, el Fondo Monetario Internacional). Los cálculos más conservadores indican que se necesitarán entre unos 500 mil millones y un billón de euros. Con esas cantidades es posible que hasta la calificación de la deuda alemana y francesa salga con raspaduras.
Por lo tanto, es evidente que ni Estados Unidos ni Europa serán los motores de una expansión económica sostenida para los próximos años. ¿Podría China desempeñar ese papel? Se ve difícil. La economía está enferma de su propia (y gigantesca) burbuja de bienes raíces. La expansión de crédito de los últimos años llevó a una orgía de inversiones que generaron capacidad excedente en muchos rubros estratégicos. A pesar de su muy dinámica industria de la construcción, China sólo ha podido consumir 65 por ciento de su producción de cemento durante los últimos cinco años. En la producción de acero China tiene una capacidad excedente superior a los 200 millones de toneladas (suma comparable a la producción anual de Europa y Japón). La burbuja de bienes raíces alcanza dimensiones astronómicas: hoy existen 3 mil millones de metros cúbicos desocupados y este año se espera se añadan otros 200 millones de metros cuadrados. Las ciudades fantasma en China ya son legendarias y pueden verse en imágenes de satélite en diversas páginas de Internet. La verdad es que la continua expansión del sector de la construcción es lo que permite evitar la explosión de descontento que permanece latente. El impacto del estancamiento en Estados Unidos y Europa podría llevar a una fuerte reducción en el ritmo de crecimiento (quizás llevándolo a 4.5 por ciento en 2012) y eso puede significar un tsunami de protestas sociales.
En China el crecimiento especulativo no es nuevo, pero con el estímulo de 2008 las cosas empeoraron: una proporción muy alta (quizás hasta 50 por ciento) de los créditos se destinó a la especulación en todo tipo de inversiones. La corrupción y los contactos permitieron a las empresas públicas obtener créditos preferenciales que también alimentaron la especulación y la expansión productiva desenfrenada. Con razón muchos analistas afirman que la nueva muralla china está hecha de tofu.
Entonces, ni Estados Unidos ni Europa. Tampoco China. Japón no ha podido levantarse después del terremoto y tsunami de marzo 11. La India y Brasil podrían seguir creciendo a un ritmo alto (nada lo garantiza). Pero, de cualquier manera, no pueden desempeñar el rol de motor de la economía mundial.
La única fuente de legitimidad del capitalismo podría residir en su capacidad de elevar el nivel de vida de las masas. Es discutible si puede hacerlo de manera sostenida o si sus contradicciones internas se lo impiden. Pero lo que sí sabemos hoy es que las perspectivas para la economía mundial son desfavorables. Es muy probable que estemos viendo la llegada de una década de estancamiento con su secuela de desempleo, desigualdad y pobreza. La naturaleza de la crisis comienza a evolucionar. De crisis económica y financiera, ya está pasando a la crisis política. Hay que estar preparados.
¿Hasta dónde llegará la crisis? A medida que se profundiza y agrava, y frente a un horizonte de estancamiento que se alarga, las perspectivas sobre su naturaleza van evolucionando. La idea misma de recuperación comienza a desdibujarse. La crisis permite ver lo absurdo que era la normalidad.
No existe en la actualidad un componente de la economía mundial que pueda funcionar como motor y que sea capaz de llevar a una nueva fase de expansión, con empleo creciente y mejores niveles de vida para el grueso de la población. Estados Unidos se mantiene con graves problemas estructurales. Su economía fue el epicentro de la crisis y no ha podido cristalizarse la recuperación y el desempleo se mantiene alto. El estímulo fiscal concluyó y esa opción de política se cerró. La flexibilización en la política monetaria se ha mantenido, pero los agentes están en un proceso de des-apalancamiento, así que no sorprende que el crédito no fluya. Bancos y centros corporativos están apoltronados en volúmenes de liquidez extraordinarios, pero sin imprimirle dinamismo a la economía. Todo esto se complica por el hecho de que una parte importante del sector manufacturero fue desmantelada en las últimas décadas. Sus bancos esperan el coletazo de la crisis europea.
Europa está en un túnel cada vez más oscuro. La banca europea está amenazada por sus altos grados de exposición en deuda soberana de los países con mayores problemas. Una moratoria en Grecia traerá aparejado un descalabro mayúsculo para bancos franceses (los más expuestos), alemanes, belgas y holandeses. Así que se busca una restructuración con quitas de hasta 60 por ciento en el principal. Con ese tipo de pérdidas será necesario recapitalizar los bancos y ya Sarkozy y Merkel salieron de su último cónclave asegurando a quien quiera escucharles que la banca europea será recapitalizada.
Eso quiere decir que los políticos europeos aceptan que es necesario inyectar recursos fiscales a los bancos (y hasta pedirán una aportación de otra fuente de recursos públicos, el Fondo Monetario Internacional). Los cálculos más conservadores indican que se necesitarán entre unos 500 mil millones y un billón de euros. Con esas cantidades es posible que hasta la calificación de la deuda alemana y francesa salga con raspaduras.
Por lo tanto, es evidente que ni Estados Unidos ni Europa serán los motores de una expansión económica sostenida para los próximos años. ¿Podría China desempeñar ese papel? Se ve difícil. La economía está enferma de su propia (y gigantesca) burbuja de bienes raíces. La expansión de crédito de los últimos años llevó a una orgía de inversiones que generaron capacidad excedente en muchos rubros estratégicos. A pesar de su muy dinámica industria de la construcción, China sólo ha podido consumir 65 por ciento de su producción de cemento durante los últimos cinco años. En la producción de acero China tiene una capacidad excedente superior a los 200 millones de toneladas (suma comparable a la producción anual de Europa y Japón). La burbuja de bienes raíces alcanza dimensiones astronómicas: hoy existen 3 mil millones de metros cúbicos desocupados y este año se espera se añadan otros 200 millones de metros cuadrados. Las ciudades fantasma en China ya son legendarias y pueden verse en imágenes de satélite en diversas páginas de Internet. La verdad es que la continua expansión del sector de la construcción es lo que permite evitar la explosión de descontento que permanece latente. El impacto del estancamiento en Estados Unidos y Europa podría llevar a una fuerte reducción en el ritmo de crecimiento (quizás llevándolo a 4.5 por ciento en 2012) y eso puede significar un tsunami de protestas sociales.
En China el crecimiento especulativo no es nuevo, pero con el estímulo de 2008 las cosas empeoraron: una proporción muy alta (quizás hasta 50 por ciento) de los créditos se destinó a la especulación en todo tipo de inversiones. La corrupción y los contactos permitieron a las empresas públicas obtener créditos preferenciales que también alimentaron la especulación y la expansión productiva desenfrenada. Con razón muchos analistas afirman que la nueva muralla china está hecha de tofu.
Entonces, ni Estados Unidos ni Europa. Tampoco China. Japón no ha podido levantarse después del terremoto y tsunami de marzo 11. La India y Brasil podrían seguir creciendo a un ritmo alto (nada lo garantiza). Pero, de cualquier manera, no pueden desempeñar el rol de motor de la economía mundial.
La única fuente de legitimidad del capitalismo podría residir en su capacidad de elevar el nivel de vida de las masas. Es discutible si puede hacerlo de manera sostenida o si sus contradicciones internas se lo impiden. Pero lo que sí sabemos hoy es que las perspectivas para la economía mundial son desfavorables. Es muy probable que estemos viendo la llegada de una década de estancamiento con su secuela de desempleo, desigualdad y pobreza. La naturaleza de la crisis comienza a evolucionar. De crisis económica y financiera, ya está pasando a la crisis política. Hay que estar preparados.
7.10.11
El asalto
Luis Javier Garrido
El incremento de la violencia oficial está marcado ahora por la decisión de los panistas con vistas al 2012 de entregar el control de las costas mexicanas a las agencias estadunidenses.
1. El gobierno calderonista se está lanzando a una nueva escalada de violencia con vistas a crear mejores condiciones para que prosiga la toma de control de Washington del territorio nacional –esta vez en las costas–, y extremar un clima de amedrentamiento en 2012, pero precisamente por la cesión que ha venido haciendo al gobierno estadunidense de funciones del Estado mexicano, y por su responsabilidad criminal en la introducción masiva de armas a México, la creación de grupos paramilitares y la muerte de miles de mexicanos, Felipe Calderón está actuando con una profunda inseguridad y el nerviosismo se ha apoderado de sus voceros.
2. La introducción masiva de miles de armas estadunidenses destinadas a paramilitares, grupos criminales y narcos, como vía para extremar la violencia en nuestro país, acelerar la descomposición social y justificar la injerencia de Washington fue pactada en 2006 por Calderón con el gobierno de Bush, pretendiendo mantener está información en la oscuridad. Pero cuando por azar fue descubierto el operativo Rápido y furioso (Fast and furious), a principios de marzo de este año, y el procurador Eric Holder dijo el día 10 de ese mes que Calderón sabía todo, ambos gobiernos se enredaron en una serie de mentiras absurdas pretendiendo ocultar lo que habían realizado de común acuerdo que ahora parece repetirse tras hacerse público, el 4 de octubre, que entre 2006 y 2007 se llevó a cabo el operativo Receptor abierto (Wide receiver), de rasgos similares.
3. La creación de grupos paramilitares por el gobierno calderonista y el temor a que esta realidad se conozca ha aumentado la perplejidad de quienes pretenden estar gobernando al país. Los paramilitares mexicanos del siglo XXI, creados por las autoridades actuales, y capacitados por las fuerzas armadas siguiendo el modelo colombiano, han sido en estos cuatro años un elemento fundamental de la “guerra contra el narco” –que en realidad es una guerra sucia contra México y los mexicanos–, para eliminar oponentes, aterrorizar a la población con escenas cotidianas de horror, intensificar la violencia irracional y reordenar el narcotráfico conforme a los intereses de Washington. La mayor parte de las ejecuciones y actos de barbarie de estos meses han sido originados por estos grupos, que son parte del Estado, aunque se atribuyan a la noción vaga de "el crimen organizado". De ahí la irritación de los voceros de Calderón al afirmar una y otra vez: "los paramilitares no existen".
4. ¿Dónde se encuentran entonces los límites del Estado? ¿Y los del crimen organizado? ¿No son en el modelo panista "Estado" y "crimen organizado" las dos caras de una misma moneda?
5. El enredo declarativo del titular de Bucareli, Francisco Blake, y la vocera de Los Pinos, Alejandra Sota, que en más de 10 ocasiones han repetido que "los paramilitares no existen", confirma esa confusión de los panistas entre lo público (el Estado) y lo privado (los cárteles), que para ellos parece ser a la inversa. Desde que Sota negara su existencia el 27 de septiembre, Blake hiciera lo propio al día siguiente y ella lo confirmara el día 29, hasta la firma de los pactos en Veracruz y en Guerrero, la prensa ha documentado la existencia de estros grupos, y en particular de “los matazetas”, que han asumido el rol protagónico en Veracruz (y como si fuera poco, en nombre del propio gobierno), su papel se discutió en el Congreso estadunidense el 30 de septiembre y merecieron la portada de Proceso 1822.
6. La afirmación hecha el día primero de octubre por el gobernador texano Rick Perry, aspirante a la investidura republicana para 2012, en el sentido de que de llegar a la Casa Blanca enviaría tropas a México, no hace más que reflejar un sentimiento creciente en Estados Unidos que ha sido forjado por las políticas antinacionales de Calderón. De ahí la vergonzosa aclaración del embajador Arturo Sarukhán, que en vez de refutar con patriotismo tamaño despropósito se limitó a decir que esa medida no estaba "sobre la mesa", es decir que aún no la han discutido.
7. La decisión del gobierno de Obama de incrementar su presencia camuflada en México la hizo empero patente el general Barry McCaffrey, ex zar de las drogas, en una entrevista con El Universal (5 de octubre), en la cual sostuvo que esta guerra es para dirimir quién va a gobernar a México, si un sistema democrático o las organizaciones de narcotraficantes, que son "la mayor amenaza criminal para Estados Unidos" pues ya constituyen la más importante” entidad del crimen en más de 2 mil ciudades estadunidenses, donde, añadió, están reclutando a jóvenes de su país, por lo que el problema se sitúa no sólo en la frontera norte sino también en las costas mexicanas y en la frontera sur, lo que obliga a Washington a acordar a México más de los mil 300 millones que le ha dado en estos tres años, pues en Afganistán se entregan 10 mil millones al mes.
8. La nueva escalada de la violencia decretada por Washington se inició con el otoño en Veracruz bajo el esquema de los últimos años: los paramilitares incrementaron sus acciones, de las cuales la más impactante fue el arrojar el 20 de septiembre 35 cuerpos en Boca del Río, y en pocos días se instauró un clima de violencia inusitada. Enmedio de un creciente desconcierto, las autoridades calderonistas culparon veladamente al gobierno local de "ineptitud" para terminar obligándolo a suscribir, el 4 de octubre, en un inusitado acto solemne –en el que estuvieron los titulares de Gobernación, Defensa, Marina y Seguridad Nacional– un "acuerdo" violatorio de la autonomía estatal y municipal enmarcado en el operativo "Veracruz seguro", en el que las policías estatal y municipales se subordinaron a los cuerpos federales (a su vez subordinados a las agencias estadunidenses), lo que no fue muy difícil de alcanzar con el gobierno del priísta Javier Duarte, admirador del franquismo español como Calderón, y en el que como era de suponerse se ha dado el control de las operaciones a la Marina nacional (Milenio Diario del 5 de octubre), el cuerpo más doblegado a las agencias estadunidenses.
9. En Veracruz desembarcaron en 1847 las tropas de Winfield Scott para marchar hacia la capital, en 1914 otro desembarco de los marines en el puerto buscó frenar los cambios revolucionarios, y ahora ahí se le abre la vía a Washington para controlar las costas mexicanas. La selección de Veracruz no ha sido por consiguiente un azar, pues responde al esquema implícito en la Iniciativa Mérida, que recordaba el general McCaffrey. Estados Unidos quiere el pleno control de las costas mexicanas, y para que no se dude el jueves 6 se anunció un operativo similar en Guerrero.
10. El asalto de la ultraderecha panista al poder en México ha significado un baño de sangre para México y la entrega del país a Estados Unidos, todo ello en nombre de la sinrazón del capitalismo neoliberal, por lo que el clamor de "¡Ya basta!" ha de ir sostenido cada vez más por una movilización sin precedentes.
El incremento de la violencia oficial está marcado ahora por la decisión de los panistas con vistas al 2012 de entregar el control de las costas mexicanas a las agencias estadunidenses.
1. El gobierno calderonista se está lanzando a una nueva escalada de violencia con vistas a crear mejores condiciones para que prosiga la toma de control de Washington del territorio nacional –esta vez en las costas–, y extremar un clima de amedrentamiento en 2012, pero precisamente por la cesión que ha venido haciendo al gobierno estadunidense de funciones del Estado mexicano, y por su responsabilidad criminal en la introducción masiva de armas a México, la creación de grupos paramilitares y la muerte de miles de mexicanos, Felipe Calderón está actuando con una profunda inseguridad y el nerviosismo se ha apoderado de sus voceros.
2. La introducción masiva de miles de armas estadunidenses destinadas a paramilitares, grupos criminales y narcos, como vía para extremar la violencia en nuestro país, acelerar la descomposición social y justificar la injerencia de Washington fue pactada en 2006 por Calderón con el gobierno de Bush, pretendiendo mantener está información en la oscuridad. Pero cuando por azar fue descubierto el operativo Rápido y furioso (Fast and furious), a principios de marzo de este año, y el procurador Eric Holder dijo el día 10 de ese mes que Calderón sabía todo, ambos gobiernos se enredaron en una serie de mentiras absurdas pretendiendo ocultar lo que habían realizado de común acuerdo que ahora parece repetirse tras hacerse público, el 4 de octubre, que entre 2006 y 2007 se llevó a cabo el operativo Receptor abierto (Wide receiver), de rasgos similares.
3. La creación de grupos paramilitares por el gobierno calderonista y el temor a que esta realidad se conozca ha aumentado la perplejidad de quienes pretenden estar gobernando al país. Los paramilitares mexicanos del siglo XXI, creados por las autoridades actuales, y capacitados por las fuerzas armadas siguiendo el modelo colombiano, han sido en estos cuatro años un elemento fundamental de la “guerra contra el narco” –que en realidad es una guerra sucia contra México y los mexicanos–, para eliminar oponentes, aterrorizar a la población con escenas cotidianas de horror, intensificar la violencia irracional y reordenar el narcotráfico conforme a los intereses de Washington. La mayor parte de las ejecuciones y actos de barbarie de estos meses han sido originados por estos grupos, que son parte del Estado, aunque se atribuyan a la noción vaga de "el crimen organizado". De ahí la irritación de los voceros de Calderón al afirmar una y otra vez: "los paramilitares no existen".
4. ¿Dónde se encuentran entonces los límites del Estado? ¿Y los del crimen organizado? ¿No son en el modelo panista "Estado" y "crimen organizado" las dos caras de una misma moneda?
5. El enredo declarativo del titular de Bucareli, Francisco Blake, y la vocera de Los Pinos, Alejandra Sota, que en más de 10 ocasiones han repetido que "los paramilitares no existen", confirma esa confusión de los panistas entre lo público (el Estado) y lo privado (los cárteles), que para ellos parece ser a la inversa. Desde que Sota negara su existencia el 27 de septiembre, Blake hiciera lo propio al día siguiente y ella lo confirmara el día 29, hasta la firma de los pactos en Veracruz y en Guerrero, la prensa ha documentado la existencia de estros grupos, y en particular de “los matazetas”, que han asumido el rol protagónico en Veracruz (y como si fuera poco, en nombre del propio gobierno), su papel se discutió en el Congreso estadunidense el 30 de septiembre y merecieron la portada de Proceso 1822.
6. La afirmación hecha el día primero de octubre por el gobernador texano Rick Perry, aspirante a la investidura republicana para 2012, en el sentido de que de llegar a la Casa Blanca enviaría tropas a México, no hace más que reflejar un sentimiento creciente en Estados Unidos que ha sido forjado por las políticas antinacionales de Calderón. De ahí la vergonzosa aclaración del embajador Arturo Sarukhán, que en vez de refutar con patriotismo tamaño despropósito se limitó a decir que esa medida no estaba "sobre la mesa", es decir que aún no la han discutido.
7. La decisión del gobierno de Obama de incrementar su presencia camuflada en México la hizo empero patente el general Barry McCaffrey, ex zar de las drogas, en una entrevista con El Universal (5 de octubre), en la cual sostuvo que esta guerra es para dirimir quién va a gobernar a México, si un sistema democrático o las organizaciones de narcotraficantes, que son "la mayor amenaza criminal para Estados Unidos" pues ya constituyen la más importante” entidad del crimen en más de 2 mil ciudades estadunidenses, donde, añadió, están reclutando a jóvenes de su país, por lo que el problema se sitúa no sólo en la frontera norte sino también en las costas mexicanas y en la frontera sur, lo que obliga a Washington a acordar a México más de los mil 300 millones que le ha dado en estos tres años, pues en Afganistán se entregan 10 mil millones al mes.
8. La nueva escalada de la violencia decretada por Washington se inició con el otoño en Veracruz bajo el esquema de los últimos años: los paramilitares incrementaron sus acciones, de las cuales la más impactante fue el arrojar el 20 de septiembre 35 cuerpos en Boca del Río, y en pocos días se instauró un clima de violencia inusitada. Enmedio de un creciente desconcierto, las autoridades calderonistas culparon veladamente al gobierno local de "ineptitud" para terminar obligándolo a suscribir, el 4 de octubre, en un inusitado acto solemne –en el que estuvieron los titulares de Gobernación, Defensa, Marina y Seguridad Nacional– un "acuerdo" violatorio de la autonomía estatal y municipal enmarcado en el operativo "Veracruz seguro", en el que las policías estatal y municipales se subordinaron a los cuerpos federales (a su vez subordinados a las agencias estadunidenses), lo que no fue muy difícil de alcanzar con el gobierno del priísta Javier Duarte, admirador del franquismo español como Calderón, y en el que como era de suponerse se ha dado el control de las operaciones a la Marina nacional (Milenio Diario del 5 de octubre), el cuerpo más doblegado a las agencias estadunidenses.
9. En Veracruz desembarcaron en 1847 las tropas de Winfield Scott para marchar hacia la capital, en 1914 otro desembarco de los marines en el puerto buscó frenar los cambios revolucionarios, y ahora ahí se le abre la vía a Washington para controlar las costas mexicanas. La selección de Veracruz no ha sido por consiguiente un azar, pues responde al esquema implícito en la Iniciativa Mérida, que recordaba el general McCaffrey. Estados Unidos quiere el pleno control de las costas mexicanas, y para que no se dude el jueves 6 se anunció un operativo similar en Guerrero.
10. El asalto de la ultraderecha panista al poder en México ha significado un baño de sangre para México y la entrega del país a Estados Unidos, todo ello en nombre de la sinrazón del capitalismo neoliberal, por lo que el clamor de "¡Ya basta!" ha de ir sostenido cada vez más por una movilización sin precedentes.
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