Carlos Fazio
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México vive su primera gran crisis. El problema es político. Tiene que ver con dos proyectos de universidad. El conflicto exhibe la pugna entre educadores, científicos, intelectuales y estudiantes por apropiarse de uno de los lugares donde se produce y se distribuye el conocimiento socialmente más significativo en la ciudad de México. La UACM es un proyecto educativo popular en construcción y como tal se ha ido forjando una identidad. La disputa es en torno a esa identidad, se da entre quienes pretenden profundizar el modelo y quienes aspiran a desmontarlo.
La UACM nació en septiembre de 2001 tras 18 años de políticas neoliberales. Cuando la tecnocracia fundamentalista apostaba a que el Estado abdicara de su responsabilidad de garantizar la educación pública, laica y gratuita. Uno de los propósitos deliberados del proyecto excluyente neoliberal era que la educación dejara de ser factor de movilidad social. Eran los días de la dictadura del pensamiento único y, mediante una campaña de intoxicación propagandística manipuladora, cobraba auge la degradación de todo a la perspectiva mercantil. Se impuso el vocabulario de quienes combaten en el mercado por la mayor ganancia. Un lenguaje empresarial corporativo con eje en productividad, competitividad, excelencia, calidad, rendición de cuentas. Ergo, la rivalidad como nuevo paradigma en detrimento de la cooperación, el egoísmo en vez de la fraternidad. Con una idea subyacente: el retorno al destino (ley natural) o la liquidación de la sociedad por la sociedad misma (Horst Kurnitzky).
Entonces como ahora había que liberar al comercio y a la industria de la tutela y control del Estado. Desregulación y laissez faire fueron las palabras mágicas para una competencia sin obstáculos legales. En ese contexto, el argumento central de las políticas educativas neoliberales fue que los grandes sistemas escolares eran ineficientes, inequitativos y sus productos de baja calidad. La educación pública había "fracasado" y emergió en las universidades un discurso funcionalista cargado de atributos técnicos y de un lenguaje organizacional, y medidas que impulsaban la descentralización y la privatización, la flexibilización de la contratación, la piramidalización y la reducción de la planta docente, junto a un fuerte control gubernamental de contenidos y evaluaciones comunes impuestos condicionadamente por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Las estrategias del conservadurismo educacional imprimieron a los discursos pedagógicos la tónica de su lógica económica; un modelo educativo que es un facsímil de las reglas del mercado, y se basa en la competitividad absoluta entre las instituciones y los individuos. La "responsabilidad" de la educación era ahora contribuir a elevar la capacidad de competir en el mercado globalizado. Impuestas verticalmente y en forma inconsulta, tales políticas y mecanismos inspirados en el conductismo, con su sistema de premios y castigos que busca la estratificación y la exclusión, requirieron de medidas autoritarias para sostenerse. Fue en ese contexto que de manera perversa se introdujeron en las universidades aspiraciones paranoicas de perfección: quien no busca la famosa "excelencia" es tachado de irresponsable. El efecto fue un deterioro profundo de los enunciados dirigidos a enseñar y aprender.
Todo ocurrió a partir de la fabricación de un discurso escolar, universitario y pedagógico gubernamental masmediático, que postulaba el fin de las dimensiones histórica e ideológica (Fukuyama), y por tanto imaginaria, aplicando a la educación la ecuación costo-beneficio económico. Un discurso mítico, castrador, disciplinador, paralizante.
Fue en ese contexto que, en 2001, a contracorriente del modelo educativo mercantilizado y sin pretender competir con nadie, surgió la UACM como un proyecto cultural y de educación pública, laica, gratuita, científica, humanista, universal; alternativo al modelo hegemónico de "excelencia" y comprometido con la sociedad, principalmente con los habitantes de la ciudad de México. Ante la ausencia de una idea de sociedad y de vida social civilizada, por ley, la razón de ser de la UACM fue y es la formación de mujeres y hombres con compromiso social, cultos, libres, con pensamiento crítico y humanista, y conocimientos científicos y tecnológicos sólidos y actualizados, que contribuyan a construir una sociedad educada, equitativa y solidaria.
Frente al socialdarwinismo neoliberal que preconiza el derecho natural al éxito del más apto en un mundo lobo; ante los modelos vitalistas o biologicistas que han propagado, naturalizado y normalizado los atributos del caos, la violencia y el terror sin límites en una "guerra" cotidiana donde prevalece la ley de la selva y el hombre es el enemigo del hombre, la propuesta cultural, educativa, científica, autonómica en construcción de la UACM, es brindar a los jóvenes un conocimiento socialmente útil; una formación sólida, amplia, avanzada; dotarlos de capacidad para razonar, criticar, analizar y decodificar los usos y abusos del poder y su propaganda, mitos, falacias, tabúes, estereotipos y obsesiones; ayudarlos a forjar una voluntad férrea para trabajar por una sociedad más justa, fraterna, solidaria, diversa, donde todos quepan.
En una perspectiva histórica, más allá de la dictadura de los diplomas, de procesos meritocráticos y clasistas, y de la búsqueda de certificados burocráticos o comerciales de productividad, calidad, evaluación y eficiencia, se trata de formar jóvenes comprometidos con la verdad, para que puedan contribuir en la práctica a solucionar los problemas humanos en la perspectiva de Publio Terencio. Allí radica, pues, la disputa por la UACM, entre quienes aspiran a profundizar la construcción de una educación y una ciencia liberadoras, emancipatorias, y quienes de manera vertical y autoritaria quieren desmantelarla, asfixiándola presupuestariamente y generando miedo maniqueo, histeria xenofóbica y delación a su paso.
14.4.11
Estamos hasta la madre
Javier Sicilia
Estamos hasta la madre
Alto a la guerra
Por un México justo y en paz
Dios nos sobrevive, tan sólo él nos sobrevive, con el corazón dolido, rodeado de una gran matanza/ de hombres, de mujeres, de niños/ aguardando que comprendamos el amor y la justicia.
Jules de Supervielle
Desde hace 8 días estamos aquí, en este plantón que no es sólo el signo de una herida abierta en la patria, sino también –en su pobreza e inestabilidad– de la indefensión y vulnerabilidad en la que desde hace mucho tiempo vive la ciudadanía azotada por el pudrimiento de sus instituciones y la irracionalidad demoníaca del crimen. Estamos aquí, en estas condiciones, exigiendo perentoriamente a las autoridades que encuentren a los culpables de este crimen que nos arrancó a nuestros hijos: a Juan Francisco Sicilia Ortega, a Luis Antonio Romero Jaime, a Julio César Romero Jaime, a Gabriel Alejo Escalera, y que nos ha estrujado el alma.
Las omisiones del gobierno de Marco Antonio Adame, de los Presidentes Municipales de Jiutepec, Miguel Ángel Rabadán, de Temixco, Nereo Bandera Zavaleta, de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós y del Congreso del Estado han sido tremendas –recuerdo sólo una, clara y contundente, por no hablar de los más de mil homicidios que llevan sus gobiernos sin resolver: El toque de queda que el 19 de abril de 2010 decretaron los cárteles en la entidad y frente al cual estas autoridades nos sólo fueron omisas, sino hasta obedientes y cobardes (ellas mismas cerraron temprano las instituciones públicas y dejaron a la ciudadanía a merced del crimen)–. Ese simple hecho, que se agrega a los más de mil crímenes sin resolver, a los de Juan Francisco, Luis Antonio, Julio César y Gabriel, y a los que se han sumado en estos días, me hace a nombre de la dignidad ciudadana, exigirle a Marco Antonio Adame, a Miguel Ángel Rabadán, a Nereo Bandera Zavaleta y a muchos congresistas omisosos y corruptos–cada uno de los partidos políticos conoce a los suyos y debe reclamárselos–, que renuncien inmediatamente a sus cargos de gobierno. Sabemos, por desgracia, que aún no existe la figura jurídica de la revocación del mandato –esperamos que pronto se apruebe y pueda ejercerse––. Pero existe la vergüenza y la dignidad. Cuando al llegar a sus cargos, ustedes juraron ante la patria, es decir, ante nosotros, los ciudadanos, que harían cumplir la Constitución o que el pueblo se los demandara, nosotros confiamos en ustedes. Ahora que han demostrado que han sido incapaces de cumplirla, el pueblo reunido aquí en el centro de los poderes de Morelos, les demanda sus renuncias. Si no lo hacen, llevaran la vergüenza en su frente y el desdén de los ciudadanos de este Estado.
No dudo, sin embargo y a pesar del oprobio en que nuestras autoridades nos han sumido, que hay buenos policías y buenos soldados investigando y arriesgando sus vidas para dar con el paradero de los asesinos de Juan Francisco, de Luis, de Julio y de Gabo. Pero en estos días no han dejado de multiplicarse los asesinatos de muchachos, de civiles, de migrantes, de mujeres, y sobre nuestras espaldas pesan cerca de 40,000 muertos con los que tenemos la deuda de poner en claro sus nombres, sus apellidos, sus historias para reivindicarlos moralmente e indemnizar a sus familias que, además de sufrir el desprecio y la criminalización de las autoridades, son pobres –nosotros, los ciudadanos de Morelos, al levantar el plantón y exigir la renuncia de nuestros malos gobernantes, hemos dejado en el suelo de la plaza de gobierno y como un símbolo del dolor y de la memoria las placas con los nombres de Juan Francisco Sicilia Ortega, de Luis Antonio Romero Jaime, de Julio Romero Jaime, de Gabriel Alejo Escalera, de María del Socorro Estrada Hernández, de Álvaro Jaime Avelar y de Jesús Chávez Vázquez. A esas placas iremos agregando las placas de las víctimas que se vayan reconociendo y de las que continúen apareciendo a causa de la inoperancia de nuestras instituciones. Hacemos un llamado a toda la nación para que en cada plaza de cada pueblo, de cada municipio, de cada Estado se haga lo mismo con los asesinados que allí vivían. En cada plaza del país debe haber una memoria de nuestros muertos en esta guerra imbécil, una memoria de nuestro Holocausto.
Frente a estas omisiones, frente a la violencia de todo tipo que se ha apoderado del país, frente a esta guerra mal planteada, mal hecha y mal dirigida, que lo único que ha logrado, además de sumirnos en el horror y el crimen, es poner al descubierto el pudrimiento que está en el corazón de nuestras instituciones, frente a toda esta locura que tiene desgarrado el tejido y el suelo de nuestro país, uno se pregunta: ¿Dónde están los gobiernos y sus poderes, dónde está la clase empresarial de la nación, dónde la Iglesia católica y la otras Iglesias que dicen custodiar nuestra vida espiritual, dónde está la dignidad sindical que dice guardar la nobleza de los trabajadores y dónde los partidos políticos que dicen tener un programa para la nación? ¿Dónde los ciudadanos que abandonándonos al cuidado del pudrimiento de las instituciones no hemos tomado en cuenta la lección zapatista de organizar en asambleas reconstituyentes nuestros barrios, nuestros pueblos, nuestras colonias para crear gobernabilidad?
Todos y cada uno de ustedes y de nosotros tenemos graves omisiones y complicidades criminales maquilladas de legalidad que nos han sumido en el caos y, como le dijo el poeta Mandelstam a Stalin, nos hacen ya no sentir el suelo bajo nuestros pies.
Hasta ahora, sumidos en sus intereses, empantanados en sus pequeñas y mezquinas ambiciones ideológicas, mediáticas y electoreras, empeñados en idioteces, lejos de detener esta violencia demencial están despojando a nuestros jóvenes de la esperanza y de sus sueños, y les están mutilando su creatividad, su libertad y su paz.
Los partidos políticos tienen gravísimas omisiones frente al crimen organizado. Esas omisiones han sido la moneda de cambio para acomodarse aquí y allá, erosionando las instituciones e hiriendo gravemente a la nación.
Los gobiernos, me refiero al ejecutivo y legislativo de la Federación, de los estados y de los municipios, han mantenido impune a una buena parte de la mal llamada clase política porque no han sido capaces de independizar al poder judicial de la política y con ello han protegido intereses y complicidades criminales. Cuando Colombia logró sacar del control político al poder judicial, logró encarcelar al 40% de los miembros del Congreso que estaban vinculados con el crimen. Son omisos también porque en nombre de una guerra absurda están destinando presupuestos multimillonarios para alimentar la violencia y, al quitárselos a la educación, al empleo, a la cultura y al campo, están destruyendo el suelo en el que la sobrevivencia y la vida pública tienen su casa.
El esfuerzo que podamos hacer los ciudadanos y algunos gobernantes honestos y comprometidos resulta inútil, estéril, sin jueces, magistrados y ministros que impartan justicia. Hoy son más los incentivos para operar en la ilegalidad que dentro de ella. Demandas y denuncias que se quedan archivadas por años, litigios y procesos a modo, amparos otorgados al vapor, sentencias recurridas y reducidas que demeritan ante los agraviados la sensación de haber recibido justicia e invitan a hacerse justicia por propia mano. Mucha de la sensación que hoy tenemos de vivir en la ilegalidad se debe a un poder judicial ineficaz, corrupto y dependiente de las mismas corrupciones políticas.
Los empresarios han sido omisos al cuidar sus intereses particulares por encima de los de la gente que hace posible la vida de los pueblos. Su egoísmo y su vida timorata les ha impedido denunciar a quienes de entre ustedes –que administran la banca y tienen algún tipo de empresas–, lavan dinero; les ha permitido administrar el desempleo para explotar el trabajo honrado, pero mal pagado, y maximizar sus ganancias; les ha permitido destruir formas de comercio nacidas de la vida de la ciudadanía con el fin de expandir sus mercancías y sus industrias, y destruir las formas de vida autóctonas. Han sido omisos –y aquí me refiero a los monopolios mediáticos– al no permitir la democratización de los medios, al manipular a la ciudadanía a través de ellos para conservar sus intereses, expandir sus capitales y negociar con los partidos. No es posible que en esta nación tengamos al empresario más rico del mundo y a 50 millones de hombres, mujeres, niños y niñas, despojados y sumidos en la miseria. Hoy somos testigos de una guerra entre los gigantes de la telecomunicación, una guerra tan imbécil y absurda como la que vivimos entre el crimen y el gobierno, y ya no sabemos bien si su disputa es por los mercados, por el espectro o por saber quien logra expoliar más a los mexicanos.
El Informe del Banco Mundial sobre Desarrollo que en estos días comenzará a circular dice, como lo señaló Jorge Montaño, integrante consultivo de ese informe, que “el empleo, la justicia y la seguridad ciudadana son fundamentales para romper los círculos de la violencia criminal y política (…) Los movimientos de violencia son mayores cuando elevados niveles de tensión se combinan con faltas de legitimidad o capacidad deficiente de las instituciones nacionales. México “se encuentra ante una oleada sin precedentes de violencia (…) El tráfico de drogas, la trata de personas, el blanqueo de dinero, la explotación (…) de los recursos naturales, la falsificación y las violaciones a los derechos humanos, son actividades lucrativas que facilitan la penetración de la delincuencia organizada en las vulnerables estructuras sociopolíticas, judiciales y de seguridad” de países como el nuestro.
Los sindicatos han sido omisos porque se construyeron no para la defensa de los trabajadores, sino para el clientelismo político. Han visto al Estado y lo siguen viendo como una ubre de la que pueden extraer ganancias corruptas. El caso más claro es el del sindicato de la educación que se ha convertido en un mercader de votos con el que anticipadamente los partidos y los gobiernos comprometen sus agendas y la dignidad del país.
Las Iglesias también han sido omisas. La mía, la católica, a la que me refiero por ser la mía y la mayoritaria en este país, ha sido omisa porque al reducir la vida del espíritu y la marea del amor de Cristo a una pobre moral sexual y al cuidado de la imagen ya muy deteriorada de su institución, ha descuidado el amor y el servicio a los pobres, y, semejante a la clase sindical y empresarial de nuestro país, ha buscado el poder, el clientelismo político y la riqueza humillando la Palabra. Ha sido omisa porque preocupada por la vida que está en el vientre de las madres –y que hay que defender–, ha descuidado las de los que ya están aquí. Estamos ante el mal y la Iglesia debe decir con San Agustín: “Buscaba de donde viene el mal y no salía de él”. Si ustedes hablan alto y con claridad, si se niegan a las componendas y a los privilegios, que ocultan el crimen; si son fieles a su Señor y están dispuestos como él a dar la vida, podemos hacer que el número de las víctimas disminuya más rápidamente.
Todos y cada uno de ustedes ha puesto como el valor supremo de la vida a la economía en su sentido más pervertido: el del consumo y el del dinero. En su nombre, han destruido todos los ámbitos de convivencia y con ello han destruido nuestro suelo y nuestras relaciones de soporte mutuo hasta sumirnos en el horror de la violencia, la miseria y el miedo. Cada uno de nosotros hemos también sucumbido a ello y conocemos nuestras traiciones. Por ello les decimos y nos decimos que toda esta violencia debe de terminar o al país se lo va cargar la chingada.
En 1994, cuando los indios de este país se levantaron en la frontera sur, en Chiapas, con su “Ya basta”, pusieron ante los ojos de la patria la inmensa cantidad de excluidos que las ambiciones, los intereses de ustedes y su luchas cerriles habían ignorado y humillado. Con ello, nos pusieron también ante los ojos la desgarradura que el tejido de la nación venía sufriendo desde décadas atrás. A pesar de los legítimos reclamos del zapatismo, a pesar de sus propuestas para rehacer un México en el que todos quepamos, ustedes los han ignorado, los han intentado desprestigiar y los han reducido a un cerco militar y mediático. Diecisiete años después, su sordera, y la continuación de sus mezquindades y ambiciones, han provocado que en la frontera norte, en Ciudad Juárez, se haya instalado la violencia, la impunidad y el miedo. Entre esa frontera: la del norte, la de la impotencia, la del pudrimiento de las instituciones y la del imperio de la impunidad y el crimen, y la otra, la del sur, donde resiste, como puede, un puñado de dignidad moral, las familias de este país están quebradas, pero no vencidas; están profundamente dolidas, pero no aterrorizadas, sino indignadas; llenas de esa fuerza moral que los indios y los excluidos de esta nación han sabido comunicarnos.
Con esa dignidad, y acompañados de Julián Le Baron, de Olga Reyes, de padres de la guardería ABC, de las madres de los asesinados en Salvarcar, de los deudos de los muertos de Pasta de Conchos y de tantos y tantos padres y madres que han visto asesinar a sus hijos, de Emilio Álvarez Icaza, del padre Miguel Concha, de Miguel Ángel Granados Chapa y de Alberto Athié, convocamos a una nueva marcha nacional para el domingo 8 de mayo en el zócalo de la Ciudad de México. Nosotros, la ciudadanía de Morelos, saldremos caminando de la Paloma de la Paz el 5 de mayo para pernoctar el 7 en la Espiga, escultura de Rufino Tamayo, que se encuentra en el Centro Cultural de la UNAM y salir el día 8 a las 7 de la mañana rumbo al sitio donde se asientan los poderes de la República. Invitamos a todos los ciudadano de otros Estados de la República a que hagan lo mismo y juntos lleguemos al zócalo de la Ciudad de México.
Vamos a caminar en silencio, después de estos días de recogimiento y meditación, para detener la violencia; para decirles que aún estamos a tiempo de rehacer nuestro suelo y nuestro tejido social –uno de los dones más bellos que tenemos– y de refundar la nación.
Vamos a ir al zócalo de la Ciudad de México para exigirles al Presidente de la República, al Congreso de la Unión, a los partidos políticos, a sus líderes, a los empresarios, a los líderes sindicales, a las Iglesias y a sus jerarquías, que asuman su responsabilidad para que los millones de mexicanos que aman este suelo llamado México no vean cancelado absolutamente su porvenir.
Vamos a convocarlos allí para que con nosotros y ante nosotros se comprometan a firmar un pacto nacional auténtico, genuino, sin simulaciones y escenografías institucionales –esas instituciones que ya son meros vestigios de lo que fue una nación–; vamos a convocarlos para que firmen un pacto en el centro de la ciudad más dolida de entre las dolidas, en el centro de la ciudad que más muertos ha puesto en los últimos años: en el centro de Ciudad Juárez. Ahí, en la herida abierta de la frontera norte, vamos a convocarlos para que ustedes, que han malversado nuestro dinero, han decidido sin consultarnos en nuestro nombre, han defraudado nuestra confianza y han puesto al país en estado de emergencia nacional, firmen un pacto que les permita recuperar la representación de la nación que casi han perdido y hagan valer los cargos que ostentan antes de que sea demasiado tarde.
Pero vamos también allí a decirnos a nosotros mismos, frente a sus omisiones y complicidades, que también nosotros, desde abajo, podemos, si nos organizamos, tener asambleas constituyentes y reconstituyentes en cada colonia, en cada barrio, en cada comunidad, para crear gobernabilidad y seguridad locales y confiables.
Vamos a ir caminando en silencio –el lugar en donde nace la palabra verdadera y se recoge para se comprender sus significados profundos–; vamos a caminar así para evitar que los gritos nos confundan y la indignación, que lleva a veces al insulto, nos haga perder el amor. Este silencio, en el que nos recogemos, marca un tiempo necesario para que surja la palabra y las palabras claras y precisas que necesitamos.
Iremos presididos por el máximo emblema de nuestra casa: la bandera de México. La llevaremos hasta allí donde se asientan los poderes de la República; allí en donde los antiguos miraron por vez primera el lago, el águila y la serpiente en el nopal.
Vamos a ir allí para exigirles que asuman la esperanza de todos con propuestas concretas y plausibles –algunas de las cuales llevaremos–; vamos a ir allí para obligarlos, porque ustedes han olvidado que la soberanía, como lo señala el artículo 39 de nuestra Constitución, radica en los ciudadanos– a que pacten con nosotros y de cara a nosotros; para obligarlos a realizar un esfuerzo profundo y sistemático que detenga esta violencia que nos está destrozando el alma y el cuerpo, y despojándonos del derecho que tenemos a vivir en paz en un México en el que todos quepamos con nuestros seres queridos que son todos los seres queridos de cada uno de los que habitamos este país.
Porque vivimos un tiempo límite vamos a ir también allí a preguntarles ¿Cómo pretenden ir a las elecciones si no son capaces de ponerse de acuerdo entre ustedes para defender la vida de los hijos y las hijas de nuestro amado México?
Además opino que hay que devolverle la dignidad a esta nación y hacer que este dolor sirva para rehacer el amor y la justicia que perdimos.
Estamos hasta la madre
Alto a la guerra
Por un México justo y en paz
Dios nos sobrevive, tan sólo él nos sobrevive, con el corazón dolido, rodeado de una gran matanza/ de hombres, de mujeres, de niños/ aguardando que comprendamos el amor y la justicia.
Jules de Supervielle
Desde hace 8 días estamos aquí, en este plantón que no es sólo el signo de una herida abierta en la patria, sino también –en su pobreza e inestabilidad– de la indefensión y vulnerabilidad en la que desde hace mucho tiempo vive la ciudadanía azotada por el pudrimiento de sus instituciones y la irracionalidad demoníaca del crimen. Estamos aquí, en estas condiciones, exigiendo perentoriamente a las autoridades que encuentren a los culpables de este crimen que nos arrancó a nuestros hijos: a Juan Francisco Sicilia Ortega, a Luis Antonio Romero Jaime, a Julio César Romero Jaime, a Gabriel Alejo Escalera, y que nos ha estrujado el alma.
Las omisiones del gobierno de Marco Antonio Adame, de los Presidentes Municipales de Jiutepec, Miguel Ángel Rabadán, de Temixco, Nereo Bandera Zavaleta, de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós y del Congreso del Estado han sido tremendas –recuerdo sólo una, clara y contundente, por no hablar de los más de mil homicidios que llevan sus gobiernos sin resolver: El toque de queda que el 19 de abril de 2010 decretaron los cárteles en la entidad y frente al cual estas autoridades nos sólo fueron omisas, sino hasta obedientes y cobardes (ellas mismas cerraron temprano las instituciones públicas y dejaron a la ciudadanía a merced del crimen)–. Ese simple hecho, que se agrega a los más de mil crímenes sin resolver, a los de Juan Francisco, Luis Antonio, Julio César y Gabriel, y a los que se han sumado en estos días, me hace a nombre de la dignidad ciudadana, exigirle a Marco Antonio Adame, a Miguel Ángel Rabadán, a Nereo Bandera Zavaleta y a muchos congresistas omisosos y corruptos–cada uno de los partidos políticos conoce a los suyos y debe reclamárselos–, que renuncien inmediatamente a sus cargos de gobierno. Sabemos, por desgracia, que aún no existe la figura jurídica de la revocación del mandato –esperamos que pronto se apruebe y pueda ejercerse––. Pero existe la vergüenza y la dignidad. Cuando al llegar a sus cargos, ustedes juraron ante la patria, es decir, ante nosotros, los ciudadanos, que harían cumplir la Constitución o que el pueblo se los demandara, nosotros confiamos en ustedes. Ahora que han demostrado que han sido incapaces de cumplirla, el pueblo reunido aquí en el centro de los poderes de Morelos, les demanda sus renuncias. Si no lo hacen, llevaran la vergüenza en su frente y el desdén de los ciudadanos de este Estado.
No dudo, sin embargo y a pesar del oprobio en que nuestras autoridades nos han sumido, que hay buenos policías y buenos soldados investigando y arriesgando sus vidas para dar con el paradero de los asesinos de Juan Francisco, de Luis, de Julio y de Gabo. Pero en estos días no han dejado de multiplicarse los asesinatos de muchachos, de civiles, de migrantes, de mujeres, y sobre nuestras espaldas pesan cerca de 40,000 muertos con los que tenemos la deuda de poner en claro sus nombres, sus apellidos, sus historias para reivindicarlos moralmente e indemnizar a sus familias que, además de sufrir el desprecio y la criminalización de las autoridades, son pobres –nosotros, los ciudadanos de Morelos, al levantar el plantón y exigir la renuncia de nuestros malos gobernantes, hemos dejado en el suelo de la plaza de gobierno y como un símbolo del dolor y de la memoria las placas con los nombres de Juan Francisco Sicilia Ortega, de Luis Antonio Romero Jaime, de Julio Romero Jaime, de Gabriel Alejo Escalera, de María del Socorro Estrada Hernández, de Álvaro Jaime Avelar y de Jesús Chávez Vázquez. A esas placas iremos agregando las placas de las víctimas que se vayan reconociendo y de las que continúen apareciendo a causa de la inoperancia de nuestras instituciones. Hacemos un llamado a toda la nación para que en cada plaza de cada pueblo, de cada municipio, de cada Estado se haga lo mismo con los asesinados que allí vivían. En cada plaza del país debe haber una memoria de nuestros muertos en esta guerra imbécil, una memoria de nuestro Holocausto.
Frente a estas omisiones, frente a la violencia de todo tipo que se ha apoderado del país, frente a esta guerra mal planteada, mal hecha y mal dirigida, que lo único que ha logrado, además de sumirnos en el horror y el crimen, es poner al descubierto el pudrimiento que está en el corazón de nuestras instituciones, frente a toda esta locura que tiene desgarrado el tejido y el suelo de nuestro país, uno se pregunta: ¿Dónde están los gobiernos y sus poderes, dónde está la clase empresarial de la nación, dónde la Iglesia católica y la otras Iglesias que dicen custodiar nuestra vida espiritual, dónde está la dignidad sindical que dice guardar la nobleza de los trabajadores y dónde los partidos políticos que dicen tener un programa para la nación? ¿Dónde los ciudadanos que abandonándonos al cuidado del pudrimiento de las instituciones no hemos tomado en cuenta la lección zapatista de organizar en asambleas reconstituyentes nuestros barrios, nuestros pueblos, nuestras colonias para crear gobernabilidad?
Todos y cada uno de ustedes y de nosotros tenemos graves omisiones y complicidades criminales maquilladas de legalidad que nos han sumido en el caos y, como le dijo el poeta Mandelstam a Stalin, nos hacen ya no sentir el suelo bajo nuestros pies.
Hasta ahora, sumidos en sus intereses, empantanados en sus pequeñas y mezquinas ambiciones ideológicas, mediáticas y electoreras, empeñados en idioteces, lejos de detener esta violencia demencial están despojando a nuestros jóvenes de la esperanza y de sus sueños, y les están mutilando su creatividad, su libertad y su paz.
Los partidos políticos tienen gravísimas omisiones frente al crimen organizado. Esas omisiones han sido la moneda de cambio para acomodarse aquí y allá, erosionando las instituciones e hiriendo gravemente a la nación.
Los gobiernos, me refiero al ejecutivo y legislativo de la Federación, de los estados y de los municipios, han mantenido impune a una buena parte de la mal llamada clase política porque no han sido capaces de independizar al poder judicial de la política y con ello han protegido intereses y complicidades criminales. Cuando Colombia logró sacar del control político al poder judicial, logró encarcelar al 40% de los miembros del Congreso que estaban vinculados con el crimen. Son omisos también porque en nombre de una guerra absurda están destinando presupuestos multimillonarios para alimentar la violencia y, al quitárselos a la educación, al empleo, a la cultura y al campo, están destruyendo el suelo en el que la sobrevivencia y la vida pública tienen su casa.
El esfuerzo que podamos hacer los ciudadanos y algunos gobernantes honestos y comprometidos resulta inútil, estéril, sin jueces, magistrados y ministros que impartan justicia. Hoy son más los incentivos para operar en la ilegalidad que dentro de ella. Demandas y denuncias que se quedan archivadas por años, litigios y procesos a modo, amparos otorgados al vapor, sentencias recurridas y reducidas que demeritan ante los agraviados la sensación de haber recibido justicia e invitan a hacerse justicia por propia mano. Mucha de la sensación que hoy tenemos de vivir en la ilegalidad se debe a un poder judicial ineficaz, corrupto y dependiente de las mismas corrupciones políticas.
Los empresarios han sido omisos al cuidar sus intereses particulares por encima de los de la gente que hace posible la vida de los pueblos. Su egoísmo y su vida timorata les ha impedido denunciar a quienes de entre ustedes –que administran la banca y tienen algún tipo de empresas–, lavan dinero; les ha permitido administrar el desempleo para explotar el trabajo honrado, pero mal pagado, y maximizar sus ganancias; les ha permitido destruir formas de comercio nacidas de la vida de la ciudadanía con el fin de expandir sus mercancías y sus industrias, y destruir las formas de vida autóctonas. Han sido omisos –y aquí me refiero a los monopolios mediáticos– al no permitir la democratización de los medios, al manipular a la ciudadanía a través de ellos para conservar sus intereses, expandir sus capitales y negociar con los partidos. No es posible que en esta nación tengamos al empresario más rico del mundo y a 50 millones de hombres, mujeres, niños y niñas, despojados y sumidos en la miseria. Hoy somos testigos de una guerra entre los gigantes de la telecomunicación, una guerra tan imbécil y absurda como la que vivimos entre el crimen y el gobierno, y ya no sabemos bien si su disputa es por los mercados, por el espectro o por saber quien logra expoliar más a los mexicanos.
El Informe del Banco Mundial sobre Desarrollo que en estos días comenzará a circular dice, como lo señaló Jorge Montaño, integrante consultivo de ese informe, que “el empleo, la justicia y la seguridad ciudadana son fundamentales para romper los círculos de la violencia criminal y política (…) Los movimientos de violencia son mayores cuando elevados niveles de tensión se combinan con faltas de legitimidad o capacidad deficiente de las instituciones nacionales. México “se encuentra ante una oleada sin precedentes de violencia (…) El tráfico de drogas, la trata de personas, el blanqueo de dinero, la explotación (…) de los recursos naturales, la falsificación y las violaciones a los derechos humanos, son actividades lucrativas que facilitan la penetración de la delincuencia organizada en las vulnerables estructuras sociopolíticas, judiciales y de seguridad” de países como el nuestro.
Los sindicatos han sido omisos porque se construyeron no para la defensa de los trabajadores, sino para el clientelismo político. Han visto al Estado y lo siguen viendo como una ubre de la que pueden extraer ganancias corruptas. El caso más claro es el del sindicato de la educación que se ha convertido en un mercader de votos con el que anticipadamente los partidos y los gobiernos comprometen sus agendas y la dignidad del país.
Las Iglesias también han sido omisas. La mía, la católica, a la que me refiero por ser la mía y la mayoritaria en este país, ha sido omisa porque al reducir la vida del espíritu y la marea del amor de Cristo a una pobre moral sexual y al cuidado de la imagen ya muy deteriorada de su institución, ha descuidado el amor y el servicio a los pobres, y, semejante a la clase sindical y empresarial de nuestro país, ha buscado el poder, el clientelismo político y la riqueza humillando la Palabra. Ha sido omisa porque preocupada por la vida que está en el vientre de las madres –y que hay que defender–, ha descuidado las de los que ya están aquí. Estamos ante el mal y la Iglesia debe decir con San Agustín: “Buscaba de donde viene el mal y no salía de él”. Si ustedes hablan alto y con claridad, si se niegan a las componendas y a los privilegios, que ocultan el crimen; si son fieles a su Señor y están dispuestos como él a dar la vida, podemos hacer que el número de las víctimas disminuya más rápidamente.
Todos y cada uno de ustedes ha puesto como el valor supremo de la vida a la economía en su sentido más pervertido: el del consumo y el del dinero. En su nombre, han destruido todos los ámbitos de convivencia y con ello han destruido nuestro suelo y nuestras relaciones de soporte mutuo hasta sumirnos en el horror de la violencia, la miseria y el miedo. Cada uno de nosotros hemos también sucumbido a ello y conocemos nuestras traiciones. Por ello les decimos y nos decimos que toda esta violencia debe de terminar o al país se lo va cargar la chingada.
En 1994, cuando los indios de este país se levantaron en la frontera sur, en Chiapas, con su “Ya basta”, pusieron ante los ojos de la patria la inmensa cantidad de excluidos que las ambiciones, los intereses de ustedes y su luchas cerriles habían ignorado y humillado. Con ello, nos pusieron también ante los ojos la desgarradura que el tejido de la nación venía sufriendo desde décadas atrás. A pesar de los legítimos reclamos del zapatismo, a pesar de sus propuestas para rehacer un México en el que todos quepamos, ustedes los han ignorado, los han intentado desprestigiar y los han reducido a un cerco militar y mediático. Diecisiete años después, su sordera, y la continuación de sus mezquindades y ambiciones, han provocado que en la frontera norte, en Ciudad Juárez, se haya instalado la violencia, la impunidad y el miedo. Entre esa frontera: la del norte, la de la impotencia, la del pudrimiento de las instituciones y la del imperio de la impunidad y el crimen, y la otra, la del sur, donde resiste, como puede, un puñado de dignidad moral, las familias de este país están quebradas, pero no vencidas; están profundamente dolidas, pero no aterrorizadas, sino indignadas; llenas de esa fuerza moral que los indios y los excluidos de esta nación han sabido comunicarnos.
Con esa dignidad, y acompañados de Julián Le Baron, de Olga Reyes, de padres de la guardería ABC, de las madres de los asesinados en Salvarcar, de los deudos de los muertos de Pasta de Conchos y de tantos y tantos padres y madres que han visto asesinar a sus hijos, de Emilio Álvarez Icaza, del padre Miguel Concha, de Miguel Ángel Granados Chapa y de Alberto Athié, convocamos a una nueva marcha nacional para el domingo 8 de mayo en el zócalo de la Ciudad de México. Nosotros, la ciudadanía de Morelos, saldremos caminando de la Paloma de la Paz el 5 de mayo para pernoctar el 7 en la Espiga, escultura de Rufino Tamayo, que se encuentra en el Centro Cultural de la UNAM y salir el día 8 a las 7 de la mañana rumbo al sitio donde se asientan los poderes de la República. Invitamos a todos los ciudadano de otros Estados de la República a que hagan lo mismo y juntos lleguemos al zócalo de la Ciudad de México.
Vamos a caminar en silencio, después de estos días de recogimiento y meditación, para detener la violencia; para decirles que aún estamos a tiempo de rehacer nuestro suelo y nuestro tejido social –uno de los dones más bellos que tenemos– y de refundar la nación.
Vamos a ir al zócalo de la Ciudad de México para exigirles al Presidente de la República, al Congreso de la Unión, a los partidos políticos, a sus líderes, a los empresarios, a los líderes sindicales, a las Iglesias y a sus jerarquías, que asuman su responsabilidad para que los millones de mexicanos que aman este suelo llamado México no vean cancelado absolutamente su porvenir.
Vamos a convocarlos allí para que con nosotros y ante nosotros se comprometan a firmar un pacto nacional auténtico, genuino, sin simulaciones y escenografías institucionales –esas instituciones que ya son meros vestigios de lo que fue una nación–; vamos a convocarlos para que firmen un pacto en el centro de la ciudad más dolida de entre las dolidas, en el centro de la ciudad que más muertos ha puesto en los últimos años: en el centro de Ciudad Juárez. Ahí, en la herida abierta de la frontera norte, vamos a convocarlos para que ustedes, que han malversado nuestro dinero, han decidido sin consultarnos en nuestro nombre, han defraudado nuestra confianza y han puesto al país en estado de emergencia nacional, firmen un pacto que les permita recuperar la representación de la nación que casi han perdido y hagan valer los cargos que ostentan antes de que sea demasiado tarde.
Pero vamos también allí a decirnos a nosotros mismos, frente a sus omisiones y complicidades, que también nosotros, desde abajo, podemos, si nos organizamos, tener asambleas constituyentes y reconstituyentes en cada colonia, en cada barrio, en cada comunidad, para crear gobernabilidad y seguridad locales y confiables.
Vamos a ir caminando en silencio –el lugar en donde nace la palabra verdadera y se recoge para se comprender sus significados profundos–; vamos a caminar así para evitar que los gritos nos confundan y la indignación, que lleva a veces al insulto, nos haga perder el amor. Este silencio, en el que nos recogemos, marca un tiempo necesario para que surja la palabra y las palabras claras y precisas que necesitamos.
Iremos presididos por el máximo emblema de nuestra casa: la bandera de México. La llevaremos hasta allí donde se asientan los poderes de la República; allí en donde los antiguos miraron por vez primera el lago, el águila y la serpiente en el nopal.
Vamos a ir allí para exigirles que asuman la esperanza de todos con propuestas concretas y plausibles –algunas de las cuales llevaremos–; vamos a ir allí para obligarlos, porque ustedes han olvidado que la soberanía, como lo señala el artículo 39 de nuestra Constitución, radica en los ciudadanos– a que pacten con nosotros y de cara a nosotros; para obligarlos a realizar un esfuerzo profundo y sistemático que detenga esta violencia que nos está destrozando el alma y el cuerpo, y despojándonos del derecho que tenemos a vivir en paz en un México en el que todos quepamos con nuestros seres queridos que son todos los seres queridos de cada uno de los que habitamos este país.
Porque vivimos un tiempo límite vamos a ir también allí a preguntarles ¿Cómo pretenden ir a las elecciones si no son capaces de ponerse de acuerdo entre ustedes para defender la vida de los hijos y las hijas de nuestro amado México?
Además opino que hay que devolverle la dignidad a esta nación y hacer que este dolor sirva para rehacer el amor y la justicia que perdimos.
12.4.11
SME: año y medio de supervivencia
Miguel Ángel Granados Chapa
MÉXICO, D.F., 10 de abril.- Mañana, lunes 11 de abril, se cumplirán 18 meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la empresa eléctrica que con distintas denominaciones y diversas condiciones jurídicas prestó el servicio público de electricidad a la Ciudad de México y a varios estados vecinos.
Aun si se considerara que tal fue el propósito llano, el de liquidar un organismo público que en vez de contribuir al desarrollo mexicano estaba lastándolo, el decreto correspondiente está probablemente viciado de origen, como se empeña en demostrar el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero es difícil encontrar que tras el decreto de extinción de una empresa gubernamental se escondía en realidad el propósito de exterminar a una agrupación sindical casi centenaria, que a lo largo de su prolongada existencia se apartó sistemáticamente del modelo de organización laboral por el que los gobiernos priistas sometieron a los trabajadores a sus designios.
El cálculo gubernamental resultó errado. El sindicato no sólo existe, sino que una vasta proporción de sus integrantes ha resistido durante este año y medio las varias tentaciones, amenazas y presiones para claudicar en su propósito de recuperar la fuente de trabajo de la que fueron despojados abruptamente, con nocturnidad y con apoyo de la fuerza pública.
A través del sector laboral (Secretaría del Trabajo y Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) el gobierno panista quiso eliminar al sindicato por medio de una añagaza permitida por la en ese punto opresiva legislación de las relaciones laborales. Se negó a reconocer a la dirección elegida por los trabajadores, auspició el avance de una corriente colocada ostensiblemente al servicio de las autoridades e instigó la discordia interna difundiendo la falsa especie de que el comité encabezado por Martín Esparza únicamente buscaba la liquidación del patrimonio sindical en beneficio de unos cuantos.
El sindicato ha remontado un sinnúmero de circunstancias adversas y continúa en pie de lucha. Legitimada su dirección sindical por el apoyo masivo de más de 15 mil de sus miembros, que arrancaron el reconocimiento oficial negado por meses de manera contumaz, el SME mantiene abiertos diversos frentes para impugnar la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, aunque parezca un hecho consumado e irreversible.
A través de juicios de amparo, por ejemplo, insiste en que el decreto del 11 de octubre de 2009 carece de eficacia jurídica, porque se incumplieron normas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo. La consecuencia de tal incumplimiento, según el argumento del SME sobre el cual deberán manifestarse en estos días jueces de amparo, es que ese muerto que el Estado pretendió enterrar o incinerar en realidad sigue viviendo. Dicho de otra manera, con las palabras del alegato sindical, “el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro no se encuentra jurídicamente en extinción ni en estado de liquidación”, por lo cual es debido que la administración pública ordene “la apertura inmediata del centro del trabajo, reinstalando a sus órganos de dirección y a los trabajadores adscritos a sus unidades de operación, cubriéndoles su salarios y prestaciones respectivos”.
Es difícil imaginar a jueces federales (los que conocen de dos amparos con esta materia como acto de autoridad impugnado) procediendo con tal gallardía que pongan en jaque a la Presidencia de la República. Es de imaginar que interpretarán los preceptos legales aplicables de tal suerte que prevalezca la situación de hecho originada hace año y medio. Pero no hay duda de que los autores de la medida, los constructores del andamiaje jurídico, actuaron con ignorancia o con prepotencia, esto es ignorando cómo debían proceder para liquidar a LyF o haciéndolo a conciencia contra la ley, con la arrogancia de quien sabe que un acto autoritario se impone por sí mismo y se le hace valer contra todo argumento con la pura razón de Estado.
El decreto de extinción de Luz y Fuerza fue elaborado al margen de los mecanismos de “mejora regulatoria” establecidos desde 1994. La Ley de Procedimiento Administrativo de entonces estableció una comisión encargada de revisar los decretos (y otros documentos con que el Ejecutivo ejerce el poder administrativo) que, entre otros propósitos, modifican el aparato estatal.
Esa ley determina que antes de emitirse un decreto, se formule un anteproyecto y se elabore una manifestación de impacto regulatorio que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) debe conocer cuando menos con 30 días hábiles de anticipación, y darle publicidad para que opinen sobre su contenido los sectores interesados. En su premura por extinguir a Luz y Fuerza, al menos tres secretarios de estado (de Gobernación, Energía y Hacienda) omitieron esa manifestación de impacto regulatorio y no contaron con el dictamen aprobatorio de la Cofemer.
Especialmente responsable es el secretario de Gobernación (lo era Fernando Gómez Mont en aquel momento), pues la ley ordena que esa dependencia “no publicará en el Diario Oficial de la Federación los actos… que expidan las dependencias o los organismos descentralizados de la administración pública federal, sin que éstas acrediten contar con un dictamen final” de la Cofemer.
La consecuencia de que los jueces de amparo percibieran la gravedad de esa omisión, calcula el sindicato, es que “se impone restaurar de inmediato las funciones de Luz y Fuerza del Centro, retirar la fuerza pública ubicada en sus instalaciones, reinstalar a los trabajadores en sus empleos, cubrirles el importe de los salarios y prestaciones de que fueron privados y suspender las acciones de liquidación que resultan ser de facto”.
MÉXICO, D.F., 10 de abril.- Mañana, lunes 11 de abril, se cumplirán 18 meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la empresa eléctrica que con distintas denominaciones y diversas condiciones jurídicas prestó el servicio público de electricidad a la Ciudad de México y a varios estados vecinos.
Aun si se considerara que tal fue el propósito llano, el de liquidar un organismo público que en vez de contribuir al desarrollo mexicano estaba lastándolo, el decreto correspondiente está probablemente viciado de origen, como se empeña en demostrar el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero es difícil encontrar que tras el decreto de extinción de una empresa gubernamental se escondía en realidad el propósito de exterminar a una agrupación sindical casi centenaria, que a lo largo de su prolongada existencia se apartó sistemáticamente del modelo de organización laboral por el que los gobiernos priistas sometieron a los trabajadores a sus designios.
El cálculo gubernamental resultó errado. El sindicato no sólo existe, sino que una vasta proporción de sus integrantes ha resistido durante este año y medio las varias tentaciones, amenazas y presiones para claudicar en su propósito de recuperar la fuente de trabajo de la que fueron despojados abruptamente, con nocturnidad y con apoyo de la fuerza pública.
A través del sector laboral (Secretaría del Trabajo y Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) el gobierno panista quiso eliminar al sindicato por medio de una añagaza permitida por la en ese punto opresiva legislación de las relaciones laborales. Se negó a reconocer a la dirección elegida por los trabajadores, auspició el avance de una corriente colocada ostensiblemente al servicio de las autoridades e instigó la discordia interna difundiendo la falsa especie de que el comité encabezado por Martín Esparza únicamente buscaba la liquidación del patrimonio sindical en beneficio de unos cuantos.
El sindicato ha remontado un sinnúmero de circunstancias adversas y continúa en pie de lucha. Legitimada su dirección sindical por el apoyo masivo de más de 15 mil de sus miembros, que arrancaron el reconocimiento oficial negado por meses de manera contumaz, el SME mantiene abiertos diversos frentes para impugnar la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, aunque parezca un hecho consumado e irreversible.
A través de juicios de amparo, por ejemplo, insiste en que el decreto del 11 de octubre de 2009 carece de eficacia jurídica, porque se incumplieron normas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo. La consecuencia de tal incumplimiento, según el argumento del SME sobre el cual deberán manifestarse en estos días jueces de amparo, es que ese muerto que el Estado pretendió enterrar o incinerar en realidad sigue viviendo. Dicho de otra manera, con las palabras del alegato sindical, “el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro no se encuentra jurídicamente en extinción ni en estado de liquidación”, por lo cual es debido que la administración pública ordene “la apertura inmediata del centro del trabajo, reinstalando a sus órganos de dirección y a los trabajadores adscritos a sus unidades de operación, cubriéndoles su salarios y prestaciones respectivos”.
Es difícil imaginar a jueces federales (los que conocen de dos amparos con esta materia como acto de autoridad impugnado) procediendo con tal gallardía que pongan en jaque a la Presidencia de la República. Es de imaginar que interpretarán los preceptos legales aplicables de tal suerte que prevalezca la situación de hecho originada hace año y medio. Pero no hay duda de que los autores de la medida, los constructores del andamiaje jurídico, actuaron con ignorancia o con prepotencia, esto es ignorando cómo debían proceder para liquidar a LyF o haciéndolo a conciencia contra la ley, con la arrogancia de quien sabe que un acto autoritario se impone por sí mismo y se le hace valer contra todo argumento con la pura razón de Estado.
El decreto de extinción de Luz y Fuerza fue elaborado al margen de los mecanismos de “mejora regulatoria” establecidos desde 1994. La Ley de Procedimiento Administrativo de entonces estableció una comisión encargada de revisar los decretos (y otros documentos con que el Ejecutivo ejerce el poder administrativo) que, entre otros propósitos, modifican el aparato estatal.
Esa ley determina que antes de emitirse un decreto, se formule un anteproyecto y se elabore una manifestación de impacto regulatorio que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) debe conocer cuando menos con 30 días hábiles de anticipación, y darle publicidad para que opinen sobre su contenido los sectores interesados. En su premura por extinguir a Luz y Fuerza, al menos tres secretarios de estado (de Gobernación, Energía y Hacienda) omitieron esa manifestación de impacto regulatorio y no contaron con el dictamen aprobatorio de la Cofemer.
Especialmente responsable es el secretario de Gobernación (lo era Fernando Gómez Mont en aquel momento), pues la ley ordena que esa dependencia “no publicará en el Diario Oficial de la Federación los actos… que expidan las dependencias o los organismos descentralizados de la administración pública federal, sin que éstas acrediten contar con un dictamen final” de la Cofemer.
La consecuencia de que los jueces de amparo percibieran la gravedad de esa omisión, calcula el sindicato, es que “se impone restaurar de inmediato las funciones de Luz y Fuerza del Centro, retirar la fuerza pública ubicada en sus instalaciones, reinstalar a los trabajadores en sus empleos, cubrirles el importe de los salarios y prestaciones de que fueron privados y suspender las acciones de liquidación que resultan ser de facto”.
5.4.11
Carta abierta a polìticos y criminales
Javier Sicilia
MÉXICO, DF., 3 de abril (Proceso).- El brutal asesinato de mi hijo Juan Francisco, de Julio César Romero Jaime, de Luis Antonio Romero Jaime y de Gabriel Anejo Escalera, se suma a los de tantos otros muchachos y muchachas que han sido igualmente asesinados a lo largo y ancho del país a causa no sólo de la guerra desatada por el gobierno de Calderón contra el crimen organizado, sino del pudrimiento del corazón que se ha apoderado de la mal llamada clase política y de la clase criminal, que ha roto sus códigos de honor.
No quiero, en esta carta, hablarles de las virtudes de mi hijo, que eran inmensas, ni de las de los otros muchachos que vi florecer a su lado, estudiando, jugando, amando, creciendo, para servir, como tantos otros muchachos, a este país que ustedes han desgarrado. Hablar de ello no serviría más que para conmover lo que ya de por sí conmueve el corazón de la ciudadanía hasta la indignación. No quiero tampoco hablar del dolor de mi familia y de la familia de cada uno de los muchachos destruidos. Para ese dolor no hay palabras –sólo la poesía puede acercarse un poco a él, y ustedes no saben de poesía–. Lo que hoy quiero decirles desde esas vidas mutiladas, desde ese dolor que carece de nombre porque es fruto de lo que no pertenece a la naturaleza –la muerte de un hijo es siempre antinatural y por ello carece de nombre: entonces no se es huérfano ni viudo, se es simple y dolorosamente nada–, desde esas vidas mutiladas, repito, desde ese sufrimiento, desde la indignación que esas muertes han provocado, es simplemente que estamos hasta la madre.
Estamos hasta la madre de ustedes, políticos –y cuando digo políticos no me refiero a ninguno en particular, sino a una buena parte de ustedes, incluyendo a quienes componen los partidos–, porque en sus luchas por el poder han desgarrado el tejido de la nación, porque en medio de esta guerra mal planteada, mal hecha, mal dirigida, de esta guerra que ha puesto al país en estado de emergencia, han sido incapaces –a causa de sus mezquindades, de sus pugnas, de su miserable grilla, de su lucha por el poder– de crear los consensos que la nación necesita para encontrar la unidad sin la cual este país no tendrá salida; estamos hasta la madre, porque la corrupción de las instituciones judiciales genera la complicidad con el crimen y la impunidad para cometerlo; porque, en medio de esa corrupción que muestra el fracaso del Estado, cada ciudadano de este país ha sido reducido a lo que el filósofo Giorgio Agamben llamó, con palabra griega, zoe: la vida no protegida, la vida de un animal, de un ser que puede ser violentado, secuestrado, vejado y asesinado impunemente; estamos hasta la madre porque sólo tienen imaginación para la violencia, para las armas, para el insulto y, con ello, un profundo desprecio por la educación, la cultura y las oportunidades de trabajo honrado y bueno, que es lo que hace a las buenas naciones; estamos hasta la madre porque esa corta imaginación está permitiendo que nuestros muchachos, nuestros hijos, no sólo sean asesinados sino, después, criminalizados, vueltos falsamente culpables para satisfacer el ánimo de esa imaginación; estamos hasta la madre porque otra parte de nuestros muchachos, a causa de la ausencia de un buen plan de gobierno, no tienen oportunidades para educarse, para encontrar un trabajo digno y, arrojados a las periferias, son posibles reclutas para el crimen organizado y la violencia; estamos hasta la madre porque a causa de todo ello la ciudadanía ha perdido confianza en sus gobernantes, en sus policías, en su Ejército, y tiene miedo y dolor; estamos hasta la madre porque lo único que les importa, además de un poder impotente que sólo sirve para administrar la desgracia, es el dinero, el fomento de la competencia, de su pinche “competitividad” y del consumo desmesurado, que son otros nombres de la violencia.
De ustedes, criminales, estamos hasta la madre, de su violencia, de su pérdida de honorabilidad, de su crueldad, de su sinsentido.
Antiguamente ustedes tenían códigos de honor. No eran tan crueles en sus ajustes de cuentas y no tocaban ni a los ciudadanos ni a sus familias. Ahora ya no distinguen. Su violencia ya no puede ser nombrada porque ni siquiera, como el dolor y el sufrimiento que provocan, tiene un nombre y un sentido. Han perdido incluso la dignidad para matar. Se han vuelto cobardes como los miserables Sonderkommandos nazis que asesinaban sin ningún sentido de lo humano a niños, muchachos, muchachas, mujeres, hombres y ancianos, es decir, inocentes. Estamos hasta la madre porque su violencia se ha vuelto infrahumana, no animal –los animales no hacen lo que ustedes hacen–, sino subhumana, demoniaca, imbécil. Estamos hasta la madre porque en su afán de poder y de enriquecimiento humillan a nuestros hijos y los destrozan y producen miedo y espanto.
Ustedes, “señores” políticos, y ustedes, “señores” criminales –lo entrecomillo porque ese epíteto se otorga sólo a la gente honorable–, están con sus omisiones, sus pleitos y sus actos envileciendo a la nación. La muerte de mi hijo Juan Francisco ha levantado la solidaridad y el grito de indignación –que mi familia y yo agradecemos desde el fondo de nuestros corazones– de la ciudadanía y de los medios. Esa indignación vuelve de nuevo a poner ante nuestros oídos esa acertadísima frase que Martí dirigió a los gobernantes: “Si no pueden, renuncien”. Al volverla a poner ante nuestros oídos –después de los miles de cadáveres anónimos y no anónimos que llevamos a nuestras espaldas, es decir, de tantos inocentes asesinados y envilecidos–, esa frase debe ir acompañada de grandes movilizaciones ciudadanas que los obliguen, en estos momentos de emergencia nacional, a unirse para crear una agenda que unifique a la nación y cree un estado de gobernabilidad real. Las redes ciudadanas de Morelos están convocando a una marcha nacional el miércoles 6 de abril que saldrá a las 5:00 PM del monumento de la Paloma de la Paz para llegar hasta el Palacio de Gobierno, exigiendo justicia y paz. Si los ciudadanos no nos unimos a ella y la reproducimos constantemente en todas las ciudades, en todos los municipios o delegaciones del país, si no somos capaces de eso para obligarlos a ustedes, “señores” políticos, a gobernar con justicia y dignidad, y a ustedes, “señores” criminales, a retornar a sus códigos de honor y a limitar su salvajismo, la espiral de violencia que han generando nos llevará a un camino de horror sin retorno. Si ustedes, “señores” políticos, no gobiernan bien y no toman en serio que vivimos un estado de emergencia nacional que requiere su unidad, y ustedes, “señores” criminales, no limitan sus acciones, terminarán por triunfar y tener el poder, pero gobernarán o reinarán sobre un montón de osarios y de seres amedrentados y destruidos en su alma. Un sueño que ninguno de nosotros les envidia.
No hay vida, escribía Albert Camus, sin persuasión y sin paz, y la historia del México de hoy sólo conoce la intimidación, el sufrimiento, la desconfianza y el temor de que un día otro hijo o hija de alguna otra familia sea envilecido y masacrado, sólo conoce que lo que ustedes nos piden es que la muerte, como ya está sucediendo hoy, se convierta en un asunto de estadística y de administración al que todos debemos acostumbrarnos.
Porque no queremos eso, el próximo miércoles saldremos a la calle; porque no queremos un muchacho más, un hijo nuestro, asesinado, las redes ciudadanas de Morelos están convocando a una unidad nacional ciudadana que debemos mantener viva para romper el miedo y el aislamiento que la incapacidad de ustedes, “señores” políticos, y la crueldad de ustedes, “señores” criminales, nos quieren meter en el cuerpo y en el alma.
Recuerdo, en este sentido, unos versos de Bertolt Brecht cuando el horror del nazismo, es decir, el horror de la instalación del crimen en la vida cotidiana de una nación, se anunciaba: “Un día vinieron por los negros y no dije nada; otro día vinieron por los judíos y no dije nada; un día llegaron por mí (o por un hijo mío) y no tuve nada que decir”. Hoy, después de tantos crímenes soportados, cuando el cuerpo destrozado de mi hijo y de sus amigos ha hecho movilizarse de nuevo a la ciudadanía y a los medios, debemos hablar con nuestros cuerpos, con nuestro caminar, con nuestro grito de indignación para que los versos de Brecht no se hagan una realidad en nuestro país.
Además opino que hay que devolverle la dignidad a esta nación.
MÉXICO, DF., 3 de abril (Proceso).- El brutal asesinato de mi hijo Juan Francisco, de Julio César Romero Jaime, de Luis Antonio Romero Jaime y de Gabriel Anejo Escalera, se suma a los de tantos otros muchachos y muchachas que han sido igualmente asesinados a lo largo y ancho del país a causa no sólo de la guerra desatada por el gobierno de Calderón contra el crimen organizado, sino del pudrimiento del corazón que se ha apoderado de la mal llamada clase política y de la clase criminal, que ha roto sus códigos de honor.
No quiero, en esta carta, hablarles de las virtudes de mi hijo, que eran inmensas, ni de las de los otros muchachos que vi florecer a su lado, estudiando, jugando, amando, creciendo, para servir, como tantos otros muchachos, a este país que ustedes han desgarrado. Hablar de ello no serviría más que para conmover lo que ya de por sí conmueve el corazón de la ciudadanía hasta la indignación. No quiero tampoco hablar del dolor de mi familia y de la familia de cada uno de los muchachos destruidos. Para ese dolor no hay palabras –sólo la poesía puede acercarse un poco a él, y ustedes no saben de poesía–. Lo que hoy quiero decirles desde esas vidas mutiladas, desde ese dolor que carece de nombre porque es fruto de lo que no pertenece a la naturaleza –la muerte de un hijo es siempre antinatural y por ello carece de nombre: entonces no se es huérfano ni viudo, se es simple y dolorosamente nada–, desde esas vidas mutiladas, repito, desde ese sufrimiento, desde la indignación que esas muertes han provocado, es simplemente que estamos hasta la madre.
Estamos hasta la madre de ustedes, políticos –y cuando digo políticos no me refiero a ninguno en particular, sino a una buena parte de ustedes, incluyendo a quienes componen los partidos–, porque en sus luchas por el poder han desgarrado el tejido de la nación, porque en medio de esta guerra mal planteada, mal hecha, mal dirigida, de esta guerra que ha puesto al país en estado de emergencia, han sido incapaces –a causa de sus mezquindades, de sus pugnas, de su miserable grilla, de su lucha por el poder– de crear los consensos que la nación necesita para encontrar la unidad sin la cual este país no tendrá salida; estamos hasta la madre, porque la corrupción de las instituciones judiciales genera la complicidad con el crimen y la impunidad para cometerlo; porque, en medio de esa corrupción que muestra el fracaso del Estado, cada ciudadano de este país ha sido reducido a lo que el filósofo Giorgio Agamben llamó, con palabra griega, zoe: la vida no protegida, la vida de un animal, de un ser que puede ser violentado, secuestrado, vejado y asesinado impunemente; estamos hasta la madre porque sólo tienen imaginación para la violencia, para las armas, para el insulto y, con ello, un profundo desprecio por la educación, la cultura y las oportunidades de trabajo honrado y bueno, que es lo que hace a las buenas naciones; estamos hasta la madre porque esa corta imaginación está permitiendo que nuestros muchachos, nuestros hijos, no sólo sean asesinados sino, después, criminalizados, vueltos falsamente culpables para satisfacer el ánimo de esa imaginación; estamos hasta la madre porque otra parte de nuestros muchachos, a causa de la ausencia de un buen plan de gobierno, no tienen oportunidades para educarse, para encontrar un trabajo digno y, arrojados a las periferias, son posibles reclutas para el crimen organizado y la violencia; estamos hasta la madre porque a causa de todo ello la ciudadanía ha perdido confianza en sus gobernantes, en sus policías, en su Ejército, y tiene miedo y dolor; estamos hasta la madre porque lo único que les importa, además de un poder impotente que sólo sirve para administrar la desgracia, es el dinero, el fomento de la competencia, de su pinche “competitividad” y del consumo desmesurado, que son otros nombres de la violencia.
De ustedes, criminales, estamos hasta la madre, de su violencia, de su pérdida de honorabilidad, de su crueldad, de su sinsentido.
Antiguamente ustedes tenían códigos de honor. No eran tan crueles en sus ajustes de cuentas y no tocaban ni a los ciudadanos ni a sus familias. Ahora ya no distinguen. Su violencia ya no puede ser nombrada porque ni siquiera, como el dolor y el sufrimiento que provocan, tiene un nombre y un sentido. Han perdido incluso la dignidad para matar. Se han vuelto cobardes como los miserables Sonderkommandos nazis que asesinaban sin ningún sentido de lo humano a niños, muchachos, muchachas, mujeres, hombres y ancianos, es decir, inocentes. Estamos hasta la madre porque su violencia se ha vuelto infrahumana, no animal –los animales no hacen lo que ustedes hacen–, sino subhumana, demoniaca, imbécil. Estamos hasta la madre porque en su afán de poder y de enriquecimiento humillan a nuestros hijos y los destrozan y producen miedo y espanto.
Ustedes, “señores” políticos, y ustedes, “señores” criminales –lo entrecomillo porque ese epíteto se otorga sólo a la gente honorable–, están con sus omisiones, sus pleitos y sus actos envileciendo a la nación. La muerte de mi hijo Juan Francisco ha levantado la solidaridad y el grito de indignación –que mi familia y yo agradecemos desde el fondo de nuestros corazones– de la ciudadanía y de los medios. Esa indignación vuelve de nuevo a poner ante nuestros oídos esa acertadísima frase que Martí dirigió a los gobernantes: “Si no pueden, renuncien”. Al volverla a poner ante nuestros oídos –después de los miles de cadáveres anónimos y no anónimos que llevamos a nuestras espaldas, es decir, de tantos inocentes asesinados y envilecidos–, esa frase debe ir acompañada de grandes movilizaciones ciudadanas que los obliguen, en estos momentos de emergencia nacional, a unirse para crear una agenda que unifique a la nación y cree un estado de gobernabilidad real. Las redes ciudadanas de Morelos están convocando a una marcha nacional el miércoles 6 de abril que saldrá a las 5:00 PM del monumento de la Paloma de la Paz para llegar hasta el Palacio de Gobierno, exigiendo justicia y paz. Si los ciudadanos no nos unimos a ella y la reproducimos constantemente en todas las ciudades, en todos los municipios o delegaciones del país, si no somos capaces de eso para obligarlos a ustedes, “señores” políticos, a gobernar con justicia y dignidad, y a ustedes, “señores” criminales, a retornar a sus códigos de honor y a limitar su salvajismo, la espiral de violencia que han generando nos llevará a un camino de horror sin retorno. Si ustedes, “señores” políticos, no gobiernan bien y no toman en serio que vivimos un estado de emergencia nacional que requiere su unidad, y ustedes, “señores” criminales, no limitan sus acciones, terminarán por triunfar y tener el poder, pero gobernarán o reinarán sobre un montón de osarios y de seres amedrentados y destruidos en su alma. Un sueño que ninguno de nosotros les envidia.
No hay vida, escribía Albert Camus, sin persuasión y sin paz, y la historia del México de hoy sólo conoce la intimidación, el sufrimiento, la desconfianza y el temor de que un día otro hijo o hija de alguna otra familia sea envilecido y masacrado, sólo conoce que lo que ustedes nos piden es que la muerte, como ya está sucediendo hoy, se convierta en un asunto de estadística y de administración al que todos debemos acostumbrarnos.
Porque no queremos eso, el próximo miércoles saldremos a la calle; porque no queremos un muchacho más, un hijo nuestro, asesinado, las redes ciudadanas de Morelos están convocando a una unidad nacional ciudadana que debemos mantener viva para romper el miedo y el aislamiento que la incapacidad de ustedes, “señores” políticos, y la crueldad de ustedes, “señores” criminales, nos quieren meter en el cuerpo y en el alma.
Recuerdo, en este sentido, unos versos de Bertolt Brecht cuando el horror del nazismo, es decir, el horror de la instalación del crimen en la vida cotidiana de una nación, se anunciaba: “Un día vinieron por los negros y no dije nada; otro día vinieron por los judíos y no dije nada; un día llegaron por mí (o por un hijo mío) y no tuve nada que decir”. Hoy, después de tantos crímenes soportados, cuando el cuerpo destrozado de mi hijo y de sus amigos ha hecho movilizarse de nuevo a la ciudadanía y a los medios, debemos hablar con nuestros cuerpos, con nuestro caminar, con nuestro grito de indignación para que los versos de Brecht no se hagan una realidad en nuestro país.
Además opino que hay que devolverle la dignidad a esta nación.
26.3.11
La izquierda del capitalismo
Marcos Roitman Rosenmann
No cabe duda, la obligación de adjetivar las conductas de los partidos socialdemócratas y progresistas como pertenecientes a la izquierda trae consigo ejercicios teórico-ideológicos propios de un malabarismo intelectual. Es común hablar de la existencia de una izquierda institucional, sobre todo cuando nos referimos a organizaciones políticas cuyas bases doctrinales no cuestionan el capitalismo, factor suficiente para negarles el calificativo de izquierdas. No debemos olvidar que la socialdemocracia y los llamados reformistas no compartían las premisas del capitalismo. La estrategia cuestionada era la forma de enfrentarlo, la transición al socialismo. El dilema se expresaba dualmente: reforma o revolución. Ahora, el problema es otro. Quienes se autodefinen pertenecientes a la izquierda institucional comparten y aceptan las reglas del juego de la economía de mercado. El hacerlo trae consigo consecuencias inmediatas. Su decisión conlleva avalar el proceso de concentración y centralización del capital como mecanismo para la creación de riqueza. Por consiguiente, dentro de sus programas desaparece la crítica de fondo a las relaciones sociales de explotación sobre las cuales, el capitalismo, construye y ejerce el poder político. Los militantes de esta nueva izquierda institucional, parecen sentirse cómodos navegando en las aguas del capital. Eso sí, para justificar el abandono de la lucha anticapitalista, la izquierda institucional y la socialdemocracia utilizan argumentos maniqueos y pedestres. Su lógica consiste en negar la lucha de clases y la división social del trabajo basada en la propiedad privada de los medios de producción. De su lenguaje han desaparecido, por arte de magia, los capitalistas y con ello la dualidad explotados-explotadores. Asumen, sin cuestionar, una visión del mundo donde el imperialismo y los intereses depredadores de las trasnacionales se esfuman en pro de la ideología de la globalización. Sin explicación coherente enfatizan el sentido armónico de la globalización, promoviendo una gestión de la crisis con rostro humano. Según ellos, todos somos responsables y debemos compartir costos. Así sugieren un pacto estratégico entre trabajadores y empresarios, considerándolos parte de un mismo equipo con las mismas metas. De esta manera, nadie quedaría excluido de los beneficios de un trabajo solidario. Ni ganadores ni perdedores. Si actuamos con tino, nadie se verá perjudicado. Es el dilema del prisionero extrapolado ante las relaciones sociales de explotación. Si se coopera se consiguen los objetivos, todos obtienen beneficios. Los trabajadores mantienen su empleo, aunque sea en peores condiciones, y los empresarios, ya nunca más capitalistas, verán aumentar sus ganancias y con ello invertirán, incrementándose el producto interno bruto. Un verdadero pacto de caballeros. Puestos en esta lógica, el quid del capitalismo cambia de eje, no se encontraría en las relaciones de explotación. Su sitio se ubicaría, a partir de ahora, en la fuerza autorregulada de la economía de mercado para satisfacer las necesidades de los consumidores.
Para la nueva izquierda institucional y la socialdemocracia, el capitalismo debe redefinirse como un sistema político destinado a generalizar los beneficios de la economía de mercado. Con ello, lo importante es consumir, no importa qué, cómo y cuándo. Se trata de garantizar el acceso al mercado y formar parte de un ejército de consumidores diferenciados por la calidad y la cantidad de los productos que adquiere. Unos comerán angulas, caviar, beberán champagne, conducirán Lambordinis, Mercedes Benz , irán de vacaciones en yates y viajarán en primera clase; otros, en cambio, deberán conformarse con sucedáneos, imaginarse unas vacaciones virtuales, utilizar el transporte público, consumir gaseosas o tomar agua no contaminada, en el mejor de los casos. Pero tampoco se olvidan de los menos agraciados, quienes sobreviven con menos de un dólar al día o simplemente no tienen ni eso. Para este sector social les aplican el criterio de políticas para pobres. Podrán comer, tendrán un trabajo precario, y se verán avocados a la miseria, la exclusión y la marginalidad. Pero siempre tendrán una opción de salir adelante, en sí son capital humano y ese es su máximo activo. El mercado está siempre atento para recibirlos con las manos abiertas.
En otro orden de cosas, la izquierda institucional traslada el debate de la ciudadanía plena y la centralidad de la política a la esfera de la eficiencia y la racionalidad económica para lograr un mejor funcionamiento del mercado. No tienen empacho en señalar que están actuando en beneficio de todos y en favor del progreso de la humanidad. Muy a su pesar, sólo les queda constatar la pérdida de los derechos laborales, sindicales y políticos en beneficio de la comunidad del mercado. Cómplices del secuestro de la democracia, se manifiestan en pro de los tratados de libre mercado, las trasnacionales y los grandes capitalistas. Asimilados a los postulados del capitalismo se han transformados en sus cancerberos. Adoptan la función del policía bueno. Mientras critican las maneras políticas de la derecha neoliberal y conservadora, ellos encarnan, dicen, el bien común y la moral pública. Pero ambos son la cara y cruz de una misma moneda y comparten un mismo objeto, doblegar la voluntad de las clases populares. Para ellos no hay alternativa al sistema, es mejor someterse y vivir de acuerdo a las leyes del mercado. Luchar contra el capitalismo es un suicidio, porque éste siempre gana.
No hay por donde equivocarse, gracias a la izquierda institucional y la socialdemocracia, el capitalismo se reinventa y queda absuelto de ser un orden de violencia, deshumanizante, asentado en la desigualdad, la explotación y la injusticia social. Por consiguiente, es mejor llamar las cosas por su nombre y quitarle la máscara a esta nueva izquierda y sus aliados socialdemócratas. Es más apropiado llamarla izquierda del capitalismo, concepto apegado a sus prácticas y claudicaciones estratégicas de lucha anticapitalista. Por este motivo, démosle la bienvenida, poniendo al descubierto sus espurios intereses que consisten en mantener inalteradas las estructuras de explotación inherentes al modo de producción capitalista.
No cabe duda, la obligación de adjetivar las conductas de los partidos socialdemócratas y progresistas como pertenecientes a la izquierda trae consigo ejercicios teórico-ideológicos propios de un malabarismo intelectual. Es común hablar de la existencia de una izquierda institucional, sobre todo cuando nos referimos a organizaciones políticas cuyas bases doctrinales no cuestionan el capitalismo, factor suficiente para negarles el calificativo de izquierdas. No debemos olvidar que la socialdemocracia y los llamados reformistas no compartían las premisas del capitalismo. La estrategia cuestionada era la forma de enfrentarlo, la transición al socialismo. El dilema se expresaba dualmente: reforma o revolución. Ahora, el problema es otro. Quienes se autodefinen pertenecientes a la izquierda institucional comparten y aceptan las reglas del juego de la economía de mercado. El hacerlo trae consigo consecuencias inmediatas. Su decisión conlleva avalar el proceso de concentración y centralización del capital como mecanismo para la creación de riqueza. Por consiguiente, dentro de sus programas desaparece la crítica de fondo a las relaciones sociales de explotación sobre las cuales, el capitalismo, construye y ejerce el poder político. Los militantes de esta nueva izquierda institucional, parecen sentirse cómodos navegando en las aguas del capital. Eso sí, para justificar el abandono de la lucha anticapitalista, la izquierda institucional y la socialdemocracia utilizan argumentos maniqueos y pedestres. Su lógica consiste en negar la lucha de clases y la división social del trabajo basada en la propiedad privada de los medios de producción. De su lenguaje han desaparecido, por arte de magia, los capitalistas y con ello la dualidad explotados-explotadores. Asumen, sin cuestionar, una visión del mundo donde el imperialismo y los intereses depredadores de las trasnacionales se esfuman en pro de la ideología de la globalización. Sin explicación coherente enfatizan el sentido armónico de la globalización, promoviendo una gestión de la crisis con rostro humano. Según ellos, todos somos responsables y debemos compartir costos. Así sugieren un pacto estratégico entre trabajadores y empresarios, considerándolos parte de un mismo equipo con las mismas metas. De esta manera, nadie quedaría excluido de los beneficios de un trabajo solidario. Ni ganadores ni perdedores. Si actuamos con tino, nadie se verá perjudicado. Es el dilema del prisionero extrapolado ante las relaciones sociales de explotación. Si se coopera se consiguen los objetivos, todos obtienen beneficios. Los trabajadores mantienen su empleo, aunque sea en peores condiciones, y los empresarios, ya nunca más capitalistas, verán aumentar sus ganancias y con ello invertirán, incrementándose el producto interno bruto. Un verdadero pacto de caballeros. Puestos en esta lógica, el quid del capitalismo cambia de eje, no se encontraría en las relaciones de explotación. Su sitio se ubicaría, a partir de ahora, en la fuerza autorregulada de la economía de mercado para satisfacer las necesidades de los consumidores.
Para la nueva izquierda institucional y la socialdemocracia, el capitalismo debe redefinirse como un sistema político destinado a generalizar los beneficios de la economía de mercado. Con ello, lo importante es consumir, no importa qué, cómo y cuándo. Se trata de garantizar el acceso al mercado y formar parte de un ejército de consumidores diferenciados por la calidad y la cantidad de los productos que adquiere. Unos comerán angulas, caviar, beberán champagne, conducirán Lambordinis, Mercedes Benz , irán de vacaciones en yates y viajarán en primera clase; otros, en cambio, deberán conformarse con sucedáneos, imaginarse unas vacaciones virtuales, utilizar el transporte público, consumir gaseosas o tomar agua no contaminada, en el mejor de los casos. Pero tampoco se olvidan de los menos agraciados, quienes sobreviven con menos de un dólar al día o simplemente no tienen ni eso. Para este sector social les aplican el criterio de políticas para pobres. Podrán comer, tendrán un trabajo precario, y se verán avocados a la miseria, la exclusión y la marginalidad. Pero siempre tendrán una opción de salir adelante, en sí son capital humano y ese es su máximo activo. El mercado está siempre atento para recibirlos con las manos abiertas.
En otro orden de cosas, la izquierda institucional traslada el debate de la ciudadanía plena y la centralidad de la política a la esfera de la eficiencia y la racionalidad económica para lograr un mejor funcionamiento del mercado. No tienen empacho en señalar que están actuando en beneficio de todos y en favor del progreso de la humanidad. Muy a su pesar, sólo les queda constatar la pérdida de los derechos laborales, sindicales y políticos en beneficio de la comunidad del mercado. Cómplices del secuestro de la democracia, se manifiestan en pro de los tratados de libre mercado, las trasnacionales y los grandes capitalistas. Asimilados a los postulados del capitalismo se han transformados en sus cancerberos. Adoptan la función del policía bueno. Mientras critican las maneras políticas de la derecha neoliberal y conservadora, ellos encarnan, dicen, el bien común y la moral pública. Pero ambos son la cara y cruz de una misma moneda y comparten un mismo objeto, doblegar la voluntad de las clases populares. Para ellos no hay alternativa al sistema, es mejor someterse y vivir de acuerdo a las leyes del mercado. Luchar contra el capitalismo es un suicidio, porque éste siempre gana.
No hay por donde equivocarse, gracias a la izquierda institucional y la socialdemocracia, el capitalismo se reinventa y queda absuelto de ser un orden de violencia, deshumanizante, asentado en la desigualdad, la explotación y la injusticia social. Por consiguiente, es mejor llamar las cosas por su nombre y quitarle la máscara a esta nueva izquierda y sus aliados socialdemócratas. Es más apropiado llamarla izquierda del capitalismo, concepto apegado a sus prácticas y claudicaciones estratégicas de lucha anticapitalista. Por este motivo, démosle la bienvenida, poniendo al descubierto sus espurios intereses que consisten en mantener inalteradas las estructuras de explotación inherentes al modo de producción capitalista.
21.3.11
Pascual, el embajador "fallido"
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO; D.F.; 20 de marzo (Apro).- Agraviado en su persona y en defensa de su gestión gubernamental, no del país, Felipe Calderón hizo del embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, un chivo expiatorio de su propia subordinación a la estrategia estadounidense contra las drogas.
Es una victoria personal de Calderón cuyo verdadero talante lo mostró uno de sus hombres, su secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien, irónico, escribió en las redes sociales apenas el Departamento de Estado dio a conocer la renuncia del embajador, la tarde del sábado pasado: “Ah, cómo lo extrañaremos”… “Tan buen ojo que tenía Pascual para evaluar a los precandidatos del PAN”.
La burla obedeció al agravio personal que el propio Lozano tenía desde que se conoció uno más de los cables incómodos de Pascual en el que calificó como “grises” a los panistas que pretenden suceder a Calderón en Los Pinos; Lozano incluido.
Calderón y los suyos se podrán ufanar de que echar a un embajador de Estados Unidos no es poca cosa. Pero tal “proeza” de nada sirve cuando se trata sólo de la defensa de intereses personales.
Pírrica, esta victoria aislará más a su gobierno. Su conflicto con el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, por el caso de Florence Cassez, lo alejó de un aliado histórico y colocó a México en un escándalo internacional, como si no fuera suficiente la violencia desatada durante su gobierno.
La designación del sustituto de Pascual llevará meses. El gobierno de Barack Obama no tendrá prisa en nombrar a un nuevo embajador sobre todo conforme se acerque el final del gobierno de Calderón, quien en perspectiva de las elecciones presidenciales del 2012 se acerca cada vez más a la definición estadounidense del “pato cojo” (lame duck); es decir, cada vez tendrá menos poder y, por lo tanto, habrá menos interés en negociar con él. No hará falta, lo que había que negociar ya lo hizo el embajador non grato.
El ocupante de Los Pinos sabía a lo que venía Pascual: a trabajar en la lógica de los estados fallidos, a la que se había dedicado en Europa del Este, África y Haití y que logró colocar en la agenda pública mexicana.
Calderón no sólo le dio el beneplácito político y diplomático: hizo suya la estrategia diseñada por Washington para la “guerra” contra las drogas en México y que Pascual, además de alimentarla, estaba encargado de su instrumentación.
Pascual cayó por la revelación de los cables de Wikileaks, no por “ignorante”, por sus juicios políticos o entrometerse en la vida de México, como en efecto lo hizo y lo han hecho los embajadores estadounidenses.
El embajador cayó porque evidenció la manera en que Calderón se acercó a Estados Unidos y las dificultades que ha tenido para cumplir su “tarea” desde la perspectiva estadounidense.
En lo que ya es un hecho histórico asumido por propios y extraños es que ante su falta de legitimidad como presidente de México, Calderón hizo del combate al narcotráfico su principal política de gobierno para pasar del triunfo legal al reconocimiento social. No reparó en costos: ni en las pérdidas de vidas humanas en México ni en plegarse a los intereses estadounidenses.
Más de 35 mil muertos y las atrocidades que ocurren en todo el país, se lo dijo la semana pasada el director del FBI, Robert Muller, indican que no se puede hablar de éxito. Aun cuando la “guerra” contra las drogas salió de Estados Unidos, el mensaje no puede ser más claro: Estados Unidos no está satisfecho con la manera en que Calderón dice enfrentar el problema.
La urgencia económica y la orfandad política han llevado a los gobernantes mexicanos en años recientes –por no hablar de la historia de las relaciones bilaterales– a ceder unos más que otros. Ernesto Zedillo hipotecó la factura petrolera en medio de la crisis financiera desatada entre el salinismo y el propio Zedillo.
A cambio de nada, luego de los atentados terroristas de 2001 en Estados Unidos, Fox cedió para que México se convirtiera en el perro guardián de la frontera y desde entonces se multiplicaron los maltratos contra los migrantes internacionales.
Calderón, más vulnerable que sus antecesores, acudió a Estados Unidos a pedir ayuda: “quería todos los juguetes” y Washington le puso un centro de espionaje civil y militar en el corazón de la ciudad de México; quería ayuda militar y a cambio de mil 500 millones de dólares –de la Iniciativa Mérida– que todavía no se entregan en su totalidad, obligó a los militares mexicanos a rendirle cuentas al Congreso de Estados Unidos, algo que ni en sueños hacen con los legisladores mexicanos.
Dividió a las Fuerzas Armadas, consintió vuelos no tripulados para que Estados Unidos hiciera espionaje en territorio mexicano, supo de la operación de contrabando de armas Rápido y Furioso y, al final, no le gustó que el embajador le pusiera “mucha crema a sus tacos”.
jcarrasco@proceso.com.mx
MÉXICO; D.F.; 20 de marzo (Apro).- Agraviado en su persona y en defensa de su gestión gubernamental, no del país, Felipe Calderón hizo del embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, un chivo expiatorio de su propia subordinación a la estrategia estadounidense contra las drogas.
Es una victoria personal de Calderón cuyo verdadero talante lo mostró uno de sus hombres, su secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien, irónico, escribió en las redes sociales apenas el Departamento de Estado dio a conocer la renuncia del embajador, la tarde del sábado pasado: “Ah, cómo lo extrañaremos”… “Tan buen ojo que tenía Pascual para evaluar a los precandidatos del PAN”.
La burla obedeció al agravio personal que el propio Lozano tenía desde que se conoció uno más de los cables incómodos de Pascual en el que calificó como “grises” a los panistas que pretenden suceder a Calderón en Los Pinos; Lozano incluido.
Calderón y los suyos se podrán ufanar de que echar a un embajador de Estados Unidos no es poca cosa. Pero tal “proeza” de nada sirve cuando se trata sólo de la defensa de intereses personales.
Pírrica, esta victoria aislará más a su gobierno. Su conflicto con el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, por el caso de Florence Cassez, lo alejó de un aliado histórico y colocó a México en un escándalo internacional, como si no fuera suficiente la violencia desatada durante su gobierno.
La designación del sustituto de Pascual llevará meses. El gobierno de Barack Obama no tendrá prisa en nombrar a un nuevo embajador sobre todo conforme se acerque el final del gobierno de Calderón, quien en perspectiva de las elecciones presidenciales del 2012 se acerca cada vez más a la definición estadounidense del “pato cojo” (lame duck); es decir, cada vez tendrá menos poder y, por lo tanto, habrá menos interés en negociar con él. No hará falta, lo que había que negociar ya lo hizo el embajador non grato.
El ocupante de Los Pinos sabía a lo que venía Pascual: a trabajar en la lógica de los estados fallidos, a la que se había dedicado en Europa del Este, África y Haití y que logró colocar en la agenda pública mexicana.
Calderón no sólo le dio el beneplácito político y diplomático: hizo suya la estrategia diseñada por Washington para la “guerra” contra las drogas en México y que Pascual, además de alimentarla, estaba encargado de su instrumentación.
Pascual cayó por la revelación de los cables de Wikileaks, no por “ignorante”, por sus juicios políticos o entrometerse en la vida de México, como en efecto lo hizo y lo han hecho los embajadores estadounidenses.
El embajador cayó porque evidenció la manera en que Calderón se acercó a Estados Unidos y las dificultades que ha tenido para cumplir su “tarea” desde la perspectiva estadounidense.
En lo que ya es un hecho histórico asumido por propios y extraños es que ante su falta de legitimidad como presidente de México, Calderón hizo del combate al narcotráfico su principal política de gobierno para pasar del triunfo legal al reconocimiento social. No reparó en costos: ni en las pérdidas de vidas humanas en México ni en plegarse a los intereses estadounidenses.
Más de 35 mil muertos y las atrocidades que ocurren en todo el país, se lo dijo la semana pasada el director del FBI, Robert Muller, indican que no se puede hablar de éxito. Aun cuando la “guerra” contra las drogas salió de Estados Unidos, el mensaje no puede ser más claro: Estados Unidos no está satisfecho con la manera en que Calderón dice enfrentar el problema.
La urgencia económica y la orfandad política han llevado a los gobernantes mexicanos en años recientes –por no hablar de la historia de las relaciones bilaterales– a ceder unos más que otros. Ernesto Zedillo hipotecó la factura petrolera en medio de la crisis financiera desatada entre el salinismo y el propio Zedillo.
A cambio de nada, luego de los atentados terroristas de 2001 en Estados Unidos, Fox cedió para que México se convirtiera en el perro guardián de la frontera y desde entonces se multiplicaron los maltratos contra los migrantes internacionales.
Calderón, más vulnerable que sus antecesores, acudió a Estados Unidos a pedir ayuda: “quería todos los juguetes” y Washington le puso un centro de espionaje civil y militar en el corazón de la ciudad de México; quería ayuda militar y a cambio de mil 500 millones de dólares –de la Iniciativa Mérida– que todavía no se entregan en su totalidad, obligó a los militares mexicanos a rendirle cuentas al Congreso de Estados Unidos, algo que ni en sueños hacen con los legisladores mexicanos.
Dividió a las Fuerzas Armadas, consintió vuelos no tripulados para que Estados Unidos hiciera espionaje en territorio mexicano, supo de la operación de contrabando de armas Rápido y Furioso y, al final, no le gustó que el embajador le pusiera “mucha crema a sus tacos”.
jcarrasco@proceso.com.mx
17.3.11
Agentes de EU portan armas y coordinan inteligencia en México
No van tripulados; forman parte de acuerdos de seguridad, señala Poiré
Aviones de EU vigilan en México, reconoce el gobierno
Alfredo Méndez
El gobierno del presidente Felipe Calderón reconoció que aviones estadunidenses no tripulados han realizado vuelos sobre territorio mexicano. Todas y cada una de estas acciones se han llevado a cabo con respeto irrestricto a la legislación vigente en nuestro país, aseguró ayer en un comunicado la secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional que encabeza Alejandro Poiré.
Añadió que la colaboración de agentes de otros países –en particular de Estados Unidos– con el gobierno de México, se ha sustentado en acuerdos bilaterales y la legislación vigentes, que subrayan el respeto irrestricto a la jurisdicción nacional de cada país, así como que en México el personal extranjero no llevará a cabo ninguna labor ni tendrá capacidad operativa alguna, ni tampoco portará armas.
Dijo que como parte de la colaboración bilateral en materia de seguridad, el gobierno ha solicitado, en ocasiones y eventos específicos, a Estados Unidos el apoyo de aviones no tripulados para la obtención de elementos de información específica, definida por México, en particular en la zona fronteriza, para la consecución de objetivos concretos en materia de seguridad.
El gobierno federal emitió este pronunciamiento ante la publicación de un reportaje –la noche del pasado martes– del diario estadunidense The New York Times en su página de Internet, en el que informó, citando fuentes del Pentágono, que aviones estadunidenses sobrevuelan territorio mexicano como parte de operaciones antinarcóticos.
Por la tarde, en entrevista radiofónica, Poiré indicó que los aviones no tripulados de Estados Unidos seguirán volando en territorio mexicano mientras sea necesario. Negó asimismo que la autorización del gobierno para el sobrevuelo de las naves estadunidenses haya implicado una violación constitucional.
Hay distintos mecanismos de inteligencia y éste es uno de ellos. Todos los elementos de inteligencia que podamos utilizar para desmantelar redes de distribución de droga, dinero, armas e incluso trata de personas, si es útil se seguirá utilizando, afirmó.
Refirió que alguna versión inicial de la nota del diario estadunidense hablaba de vigilancia, y aquí no ocurre nada de esa naturaleza. No podemos hablar de la violación a la soberanía porque se trata de una utilización de mecanismos bajo acuerdos bilaterales.
En el comunicado, la secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional expuso que “las misiones (incursiones aéreas en territorio mexicano de naves estadunidenses no tripuladas), la definición de los objetivos, la información a recolectar y las tareas específicas a realizar han estado bajo el control de autoridades mexicanas, y se han llevado a cabo con sustento en las leyes federales que dan atribuciones a las instancias de seguridad nacional de utilizar cualquier método de recolección de información para la producción de inteligencia, con pleno respeto a los derechos humanos y las garantías individuales.
Dichos esfuerzos han sido particularmente útiles en la consecución de diversos objetivos de combate a la criminalidad y han incrementado notablemente las capacidades y superioridad tecnológica de las autoridades mexicanas frente a la criminalidad, dijo.
La secretaría técnica destacó que las operaciones estadunidenses en territorio nacional se han hecho siempre con la vigilancia y supervisión de la Fuerza Aérea Mexicana.
Según The New York Times, la cooperación militar entre Estados Unidos y México se ha profundizado con el sobrevuelo del territorio mexicano por aviones no tripulados estadunidenses, como parte de un acuerdo de lucha contra el narcotráfico. Otro de los acuerdos es la creación de un centro de fusión antinarcóticos en México, en el que trabajarían conjuntamente las autoridades de los dos países.
A decir del diario, que cita fuentes del Pentágono, los vuelos son fruto de varios acuerdos bilaterales alcanzados tras la reunión sostenida por los presidentes Barack Obama y Felipe Calderón en Washington, el 3 de marzo.
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Ambos gobiernos lo mantienen en secreto: fuentes de Washington
Agentes de EU portan armas y coordinan inteligencia en México
David Brooks
El Pentágono y los departamentos de Seguridad Interior y de Estado, entre otras instancias estadunidenses, tienen agentes que portan armas, coordinan centros de inteligencia y realizan operaciones de vigilancia aérea y terrestre dentro del territorio mexicano, y ambos gobiernos intentan mantener las dimensiones de estas misiones en secreto ante posibles violaciones a las leyes o a la soberanía de México, reportó ayer el diario The New York Times.
El gobierno estadunidense empezó desde el mes pasado a operar vuelos de aeronaves no tripuladas y no artilladas (conocidas como drones) en el espacio aéreo mexicano, reveló el rotativo. Funcionarios que hablaron bajo la condición del anonimato, informaron que las naves son operadas por el Departamento de Defensa y otras por el de Seguridad Interior; una de ellas fue utilizada para apoyar a autoridades mexicanas a ubicar sospechosos del asesinato del agente del servicio de Inmigración y Aduanas estadunidense Jaime Zapata.
Pero al parecer los vuelos de vigilancia de Estados Unidos sobre México no se iniciaron hace un mes, sino desde 2009. Anoche, la agencia Ap reportó que descubrió que el Servicio de Inmigración y Aduanas ha volado secretamente drones Predator sobre territorio mexicano durante dos años, asistiendo a las autoridades mexicanas en el espionaje para localizar sospechosos de narcotráfico. Estos vuelos, afirma la agencia, fueron autorizados por México, pero jamás dados a conocer por ambos gobiernos.
Aunque otros medios confirmaron con funcionarios estadunidenses la existencia de estas operaciones de inteligencia y vigilancia, el gobierno de Washington no hizo ninguna declaración pública sobre el particular.
El Times reveló que los presidentes Barack Obama y Felipe Calderón acordaron formalmente continuar los vuelos de vigilancia, en su reunión en la Casa Blanca el 3 de marzo. El diario afirma que, según funcionarios, este tipo de asistencia estadunidense se mantuvo secreta a causa de restricciones legales en México y las acaloradas sensibilidades políticas ahí presentes sobre la soberanía.
En la reunión de la Casa Blanca, ambos mandatarios también acordaron abrir un segundo centro de fusión antinarcóticos, donde supuestamente trabajan de manera conjunta agencias de los dos países, aunque algunas fuentes indicaron que en realidad estos centros son manejados casi exclusivamente por agentes de Estados Unidos. La existencia del primer centro de este tipo, el cual entró en operaciones el año pasado, fue negada primero por los gobiernos mexicano y estadunidense, recuerda el rotativo.
El gobierno de Washington, comentó The New York Times, ha incrementado su papel en la lucha antinarcóticos de México en años recientes, con un énfasis mayor sobre la recaudación de inteligencia, incluyendo la operación de aeronaves tripuladas y drones en la frontera, como ahora dentro del territorio mexicano.
El diario reportó que funcionarios de ambos gobiernos comentaron que México había solicitado a Estados Unidos emplear los drones para monitorear el movimiento de narcotraficantes.
Una fuente militar estadunidense reveló que el Pentágono ha operado varios vuelos de sus drones, conocidos como Global Hawk (Halcón Global), sobre México a lo largo del último mes. Estos aparatos pueden volar a una altitud de más de 60 mil pies y vigilar unas 40 mil millas cuadradas en un día, y no son fácilmente visibles desde tierra.
Nadie confirmó el número exacto de misiones aéreas realizadas por Estados Unidos hasta la fecha, ni cuántas están bajo consideración en el nuevo acuerdo formal.
Y no son sólo operadas por el Pentágono. La agencia Ap informó que los vuelos de los drones Predator (naves más pequeñas y menos sofisticadas que el Global Hawk), de la Agencia de Inmigración y Aduanas, empezaron a inicios de 2009 y fueron primero sugeridos por los estadunidenses en coordinación con autoridades mexicanas.
La fuente oficial que pidió el anonimato dijo que se han realizado decenas de estas misiones y que continúan hasta la fecha; México inicialmente solicitó dos por semana, pero eso fue reducido a uno cada dos semanas.
Además de los vuelos de vigilancia, Estados Unidos continúa sus esfuerzos de capacitación de miles de tropas y policías; trabaja conjuntamente con unidades de seguridad especializadas; realiza operaciones de intervención de comunicaciones y mejora el equipo de seguridad y tecnología de inteligencia, informaron funcionarios estadunidenses al Times.
Fuentes oficiales de ambos países dijeron al diario que los esfuerzos cooperativos han sido clave en ayudar a la autoridades mexicanas a capturar o matar a por lo menos 20 narcotraficantes de alto perfil, y que todos estos casos fueron resultado de la inteligencia otorgada por Estados Unidos.
A la vez, el rotativo neoyorquino indica que algunas operaciones estadunidenses en México se mantienen en secreto y que aparentemente el lado mexicano permite otras prohibidas, decidiendo simplemente no reconocerlas. Citando a funcionarios de ambos países, el Times reporta que México se hace ciego ante la intervención telefónica estadunidense de las líneas de sospechosos de narcotráfico, como también ante el hecho de que agentes de seguridad estadunidenses portan armas en violación a las restricciones legales mexicanas.
El diario anota que el involucramiento estadunidense en operaciones en México preocupa al gobierno de Calderón por las reacciones políticas que éstas podrían generar internamente, además de que se podría cuestionar su legalidad bajo la Constitución mexicana.
También recuerda que del lado estadunidense, legisladores han expresado sus dudas sobre la confiabilidad de las contrapartes mexicanas en estos esfuerzos, al señalar el grado de corrupción en las agencias mexicanas.
The New York Times cita a un ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, quien declara: No hace mucho no había ni manera de que la DEA pudiera realizar el tipo de actividades que están haciendo ahora. Agregó que la única manera en que podrán continuar haciéndolas es permitir que México pueda de manera plausible negar que existen.
Mientras tanto, en Washington, los voceros oficiales simplemente repiten que se continúa ampliando la cooperación sin precedente con México en la lucha conjunta y corresponsable frente al narcotráfico y el crimen organizado.
Toda cooperación es con la invitación del gobierno mexicano y es plenamente coordinada, aseguró Matthew Chandler, vocero del Departamento de Seguridad Interior, entrevistado por la agencia Reuters en torno a estas nuevas revelaciones.
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Se prefigura el delito de traición a la patria, advierten juristas
Legisladores piden explicaciones a la SRE
Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Enrique Méndez, Roberto Garduño, Alfredo Méndez, Jesús Aranda y Ciro Pérez
Senadores de PRI, PRD y PT advirtieron que la incursión de aviones militares de Estados Unidos sobre territorio nacional, y la posible autorización de agentes extranjeros para portar armas en el país, violan la soberanía, pasan por encima de la Constitución y son otra muestra de la subordinación del gobierno mexicano a Washington. No sé qué le falta al presidente Calderón para entregar el mando. ¡Eso es algo realmente preocupante!, sostuvo la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la priísta Rosario Green.
La ex canciller consideró una barbaridad que se mantuviera en secreto ese acuerdo entre Calderón y Obama, el que, de acuerdo con la información del periódico The New York Times, posibilita los sobrevuelos de aviones estadunidenses en espacio aéreo mexicano.
Resaltó que no sólo eso le ocultó Calderón al Senado –que tiene muchísimo que ver con salvaguardar la soberanía nacional–, sino también la existencia del segundo centro conjunto contra el tráfico de drogas, de donde se deriva la posibilidad de que los agentes de Estados Unidos que participen en operativos contra la delincuencia organizada puedan portar armas en el país .
El presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, dijo que ninguna incursión de autoridades extranjeras está permitida. Tampoco, agregó, que los agentes de otras naciones puedan estar armados en el país. A su vez, el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, señaló que el Senado no puede aceptar que informaciones de esta naturaleza las conozcamos por la prensa extranjera.
Para el coordinador del PT, Ricardo Monreal, la vigilancia aérea que mantiene el gobierno de Obama, sencillamente somete al país a una condición indigna, de subordinación. Es, insistió, una actitud demasiado entreguista hacia el vecino país.
Los senadores demandarán una explicación clara a la canciller Patricia Espinosa, que hoy comparece en Xicoténcatl, pues hasta los panistas expresaron desacuerdo con ese hecho. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Felipe González, aseguró que de haberse sometido al Senado una solicitud de esa naturaleza, se habría rechazado, ya que está clarísimo que ninguna autoridad extranjera puede estar operando en México.
En tanto, en la Cámara de Diputados, el legislador priísta Alfonso Navarrete Prida dijo que no hay violación a la soberanía, si bien es un tema que debe ser avalado por el Senado. En tanto, el vicepresidente de la mesa directiva, Jesús Zambrano (PRD), señaló que estamos ante un problema de soberanía en que la Presidencia de la República no puede unilateralmente asumir una responsabilidad, firmar un acuerdo. Estamos ante un serio y grave problema de violación a la soberanía nacional, señaló.
Desde la perspectiva de los juristas Elisur Arteaga y Jorge Reyes Peralta, en esta operación hay una violación constitucional, pues el presidente Calderón no tiene facultades para acordar directamente con Barack Obama un acuerdo semejante. Subrayaron que el Senado debe impedir una violación tan grave dado que lleva implícita, apegados a la interpretación constitucional, una conducta de traición a la patria.
En tanto, fuentes militares confiaron que este acuerdo que permite los vuelos no tripulados estadunidenses está apegado a derecho, toda vez que esas operaciones están sustentadas en tratados internacionales firmados por México. Aseguraron que no hay violación constitucional, si bien declinaron opinar sobre los alcances de este acuerdo y si implicaría un viraje en la estrategia de seguridad nacional.
Trascendió que el Ejército y la Armada no se ponen de acuerdo sobre la conveniencia de utilizar estas aeronaves para combatir al crimen organizado, ya que, mientras los militares adquirieron hace más de un año un lote de aviones de este tipo por un costo de 23 millones 250 mil dólares, los marinos no se han decidido a incorporar esta tecnología a su labor y están a la espera de un eventual incremento en el presupuesto para pensar en la adquisición de estos aparatos.
A su vez, el PAN ratificó su respaldo a las acciones en materia de cooperación internacional emprendidas por Calderón para enfrentar a la delincuencia organizada, como es el uso de aviones de vigilancia para detectar droga en territorio mexicano.
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Sobrevuelos de Estados Unidos, ausentes del documento de la SRE
Reciben senadores informe rasurado
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) remitió ayer al Senado el infome sobre la reciente visita del presidente Felipe Calderón a Estados Unidos, en el que se alude a reuniones públicas y privadas con su homólogo Barack Obama, sin que se mencione la autorización para que aviones estadunidenses vigilen el espacio aéreo mexicano, la que, según The New York Times, se concretó en ese viaje.
El informe fue solicitado la semana pasada, luego de conocerse la operación Rápido y furioso, y en respuesta la cancillería hizo llegar el documento en el que se señala que ambos mandatarios revisaron la Iniciativa Mérida y el presidente Obama ratificó el compromiso de su gobierno de cumplir con los acuerdos ahí establecidos.
En este contexto, acordaron dar prioridad a las entregas pendientes de equipos aéreos y de inspección no intrusiva, así como la ejecución de programas prioritarios de cooperación.
En cambio, se señala que los presidentes (...) se refirieron a la importancia de ir construyendo un cambio paradigmático en la cooperación, basado en la responsabilidad compartida, la confianza mutua y el respeto a la jurisdicción territorial de cada país.
Asimismo, reconocieron que la eficacia de las acciones contra las organizaciones delincuenciales que operan en ambos lados de la frontera exige una estrecha colaboración bilateral.
La SRE sostiene que Calderón y Obama revisaron el estado que guarda la instrumentación de la Iniciativa Mérida, que contempla transferencias de equipos y programas de cooperación por un monto de aproximadamente mil 500 millones de dólares.
Se constató que hasta la fecha se han entregado plenamente montos de cooperación equivalentes a 402 millones de dólares, y que ante los retrasos experimentados Obama ratificó el compromiso de instrumentar a la brevedad posible ese acuerdo, incluyendo la entrega de equipos y programas este año equivalentes a 500 millones de dólares.
Ratificaron además que seguirán fortaleciendo la capacidad de desarticulación de las organizaciones criminales y los esquemas de cooperación e intercambio de información en ámbitos prioritarios como lavado de dinero, tráfico de armas y trasiego y consumo de drogas.
Sobre Rápido y furioso, se señala que el presidente Calderón reiteró la importancia de fortalecer las acciones de cada país en sus respectivos territorios, particularmente contra el tráfico de armas y el consumo de drogas.
El Ejecutivo destacó la importancia de aplicar el marco legal vigente que prohíbe la exportación de armas de fuego.
Fuente: La Jornada
Aviones de EU vigilan en México, reconoce el gobierno
Alfredo Méndez
El gobierno del presidente Felipe Calderón reconoció que aviones estadunidenses no tripulados han realizado vuelos sobre territorio mexicano. Todas y cada una de estas acciones se han llevado a cabo con respeto irrestricto a la legislación vigente en nuestro país, aseguró ayer en un comunicado la secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional que encabeza Alejandro Poiré.
Añadió que la colaboración de agentes de otros países –en particular de Estados Unidos– con el gobierno de México, se ha sustentado en acuerdos bilaterales y la legislación vigentes, que subrayan el respeto irrestricto a la jurisdicción nacional de cada país, así como que en México el personal extranjero no llevará a cabo ninguna labor ni tendrá capacidad operativa alguna, ni tampoco portará armas.
Dijo que como parte de la colaboración bilateral en materia de seguridad, el gobierno ha solicitado, en ocasiones y eventos específicos, a Estados Unidos el apoyo de aviones no tripulados para la obtención de elementos de información específica, definida por México, en particular en la zona fronteriza, para la consecución de objetivos concretos en materia de seguridad.
El gobierno federal emitió este pronunciamiento ante la publicación de un reportaje –la noche del pasado martes– del diario estadunidense The New York Times en su página de Internet, en el que informó, citando fuentes del Pentágono, que aviones estadunidenses sobrevuelan territorio mexicano como parte de operaciones antinarcóticos.
Por la tarde, en entrevista radiofónica, Poiré indicó que los aviones no tripulados de Estados Unidos seguirán volando en territorio mexicano mientras sea necesario. Negó asimismo que la autorización del gobierno para el sobrevuelo de las naves estadunidenses haya implicado una violación constitucional.
Hay distintos mecanismos de inteligencia y éste es uno de ellos. Todos los elementos de inteligencia que podamos utilizar para desmantelar redes de distribución de droga, dinero, armas e incluso trata de personas, si es útil se seguirá utilizando, afirmó.
Refirió que alguna versión inicial de la nota del diario estadunidense hablaba de vigilancia, y aquí no ocurre nada de esa naturaleza. No podemos hablar de la violación a la soberanía porque se trata de una utilización de mecanismos bajo acuerdos bilaterales.
En el comunicado, la secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional expuso que “las misiones (incursiones aéreas en territorio mexicano de naves estadunidenses no tripuladas), la definición de los objetivos, la información a recolectar y las tareas específicas a realizar han estado bajo el control de autoridades mexicanas, y se han llevado a cabo con sustento en las leyes federales que dan atribuciones a las instancias de seguridad nacional de utilizar cualquier método de recolección de información para la producción de inteligencia, con pleno respeto a los derechos humanos y las garantías individuales.
Dichos esfuerzos han sido particularmente útiles en la consecución de diversos objetivos de combate a la criminalidad y han incrementado notablemente las capacidades y superioridad tecnológica de las autoridades mexicanas frente a la criminalidad, dijo.
La secretaría técnica destacó que las operaciones estadunidenses en territorio nacional se han hecho siempre con la vigilancia y supervisión de la Fuerza Aérea Mexicana.
Según The New York Times, la cooperación militar entre Estados Unidos y México se ha profundizado con el sobrevuelo del territorio mexicano por aviones no tripulados estadunidenses, como parte de un acuerdo de lucha contra el narcotráfico. Otro de los acuerdos es la creación de un centro de fusión antinarcóticos en México, en el que trabajarían conjuntamente las autoridades de los dos países.
A decir del diario, que cita fuentes del Pentágono, los vuelos son fruto de varios acuerdos bilaterales alcanzados tras la reunión sostenida por los presidentes Barack Obama y Felipe Calderón en Washington, el 3 de marzo.
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Ambos gobiernos lo mantienen en secreto: fuentes de Washington
Agentes de EU portan armas y coordinan inteligencia en México
David Brooks
El Pentágono y los departamentos de Seguridad Interior y de Estado, entre otras instancias estadunidenses, tienen agentes que portan armas, coordinan centros de inteligencia y realizan operaciones de vigilancia aérea y terrestre dentro del territorio mexicano, y ambos gobiernos intentan mantener las dimensiones de estas misiones en secreto ante posibles violaciones a las leyes o a la soberanía de México, reportó ayer el diario The New York Times.
El gobierno estadunidense empezó desde el mes pasado a operar vuelos de aeronaves no tripuladas y no artilladas (conocidas como drones) en el espacio aéreo mexicano, reveló el rotativo. Funcionarios que hablaron bajo la condición del anonimato, informaron que las naves son operadas por el Departamento de Defensa y otras por el de Seguridad Interior; una de ellas fue utilizada para apoyar a autoridades mexicanas a ubicar sospechosos del asesinato del agente del servicio de Inmigración y Aduanas estadunidense Jaime Zapata.
Pero al parecer los vuelos de vigilancia de Estados Unidos sobre México no se iniciaron hace un mes, sino desde 2009. Anoche, la agencia Ap reportó que descubrió que el Servicio de Inmigración y Aduanas ha volado secretamente drones Predator sobre territorio mexicano durante dos años, asistiendo a las autoridades mexicanas en el espionaje para localizar sospechosos de narcotráfico. Estos vuelos, afirma la agencia, fueron autorizados por México, pero jamás dados a conocer por ambos gobiernos.
Aunque otros medios confirmaron con funcionarios estadunidenses la existencia de estas operaciones de inteligencia y vigilancia, el gobierno de Washington no hizo ninguna declaración pública sobre el particular.
El Times reveló que los presidentes Barack Obama y Felipe Calderón acordaron formalmente continuar los vuelos de vigilancia, en su reunión en la Casa Blanca el 3 de marzo. El diario afirma que, según funcionarios, este tipo de asistencia estadunidense se mantuvo secreta a causa de restricciones legales en México y las acaloradas sensibilidades políticas ahí presentes sobre la soberanía.
En la reunión de la Casa Blanca, ambos mandatarios también acordaron abrir un segundo centro de fusión antinarcóticos, donde supuestamente trabajan de manera conjunta agencias de los dos países, aunque algunas fuentes indicaron que en realidad estos centros son manejados casi exclusivamente por agentes de Estados Unidos. La existencia del primer centro de este tipo, el cual entró en operaciones el año pasado, fue negada primero por los gobiernos mexicano y estadunidense, recuerda el rotativo.
El gobierno de Washington, comentó The New York Times, ha incrementado su papel en la lucha antinarcóticos de México en años recientes, con un énfasis mayor sobre la recaudación de inteligencia, incluyendo la operación de aeronaves tripuladas y drones en la frontera, como ahora dentro del territorio mexicano.
El diario reportó que funcionarios de ambos gobiernos comentaron que México había solicitado a Estados Unidos emplear los drones para monitorear el movimiento de narcotraficantes.
Una fuente militar estadunidense reveló que el Pentágono ha operado varios vuelos de sus drones, conocidos como Global Hawk (Halcón Global), sobre México a lo largo del último mes. Estos aparatos pueden volar a una altitud de más de 60 mil pies y vigilar unas 40 mil millas cuadradas en un día, y no son fácilmente visibles desde tierra.
Nadie confirmó el número exacto de misiones aéreas realizadas por Estados Unidos hasta la fecha, ni cuántas están bajo consideración en el nuevo acuerdo formal.
Y no son sólo operadas por el Pentágono. La agencia Ap informó que los vuelos de los drones Predator (naves más pequeñas y menos sofisticadas que el Global Hawk), de la Agencia de Inmigración y Aduanas, empezaron a inicios de 2009 y fueron primero sugeridos por los estadunidenses en coordinación con autoridades mexicanas.
La fuente oficial que pidió el anonimato dijo que se han realizado decenas de estas misiones y que continúan hasta la fecha; México inicialmente solicitó dos por semana, pero eso fue reducido a uno cada dos semanas.
Además de los vuelos de vigilancia, Estados Unidos continúa sus esfuerzos de capacitación de miles de tropas y policías; trabaja conjuntamente con unidades de seguridad especializadas; realiza operaciones de intervención de comunicaciones y mejora el equipo de seguridad y tecnología de inteligencia, informaron funcionarios estadunidenses al Times.
Fuentes oficiales de ambos países dijeron al diario que los esfuerzos cooperativos han sido clave en ayudar a la autoridades mexicanas a capturar o matar a por lo menos 20 narcotraficantes de alto perfil, y que todos estos casos fueron resultado de la inteligencia otorgada por Estados Unidos.
A la vez, el rotativo neoyorquino indica que algunas operaciones estadunidenses en México se mantienen en secreto y que aparentemente el lado mexicano permite otras prohibidas, decidiendo simplemente no reconocerlas. Citando a funcionarios de ambos países, el Times reporta que México se hace ciego ante la intervención telefónica estadunidense de las líneas de sospechosos de narcotráfico, como también ante el hecho de que agentes de seguridad estadunidenses portan armas en violación a las restricciones legales mexicanas.
El diario anota que el involucramiento estadunidense en operaciones en México preocupa al gobierno de Calderón por las reacciones políticas que éstas podrían generar internamente, además de que se podría cuestionar su legalidad bajo la Constitución mexicana.
También recuerda que del lado estadunidense, legisladores han expresado sus dudas sobre la confiabilidad de las contrapartes mexicanas en estos esfuerzos, al señalar el grado de corrupción en las agencias mexicanas.
The New York Times cita a un ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, quien declara: No hace mucho no había ni manera de que la DEA pudiera realizar el tipo de actividades que están haciendo ahora. Agregó que la única manera en que podrán continuar haciéndolas es permitir que México pueda de manera plausible negar que existen.
Mientras tanto, en Washington, los voceros oficiales simplemente repiten que se continúa ampliando la cooperación sin precedente con México en la lucha conjunta y corresponsable frente al narcotráfico y el crimen organizado.
Toda cooperación es con la invitación del gobierno mexicano y es plenamente coordinada, aseguró Matthew Chandler, vocero del Departamento de Seguridad Interior, entrevistado por la agencia Reuters en torno a estas nuevas revelaciones.
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Se prefigura el delito de traición a la patria, advierten juristas
Legisladores piden explicaciones a la SRE
Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Enrique Méndez, Roberto Garduño, Alfredo Méndez, Jesús Aranda y Ciro Pérez
Senadores de PRI, PRD y PT advirtieron que la incursión de aviones militares de Estados Unidos sobre territorio nacional, y la posible autorización de agentes extranjeros para portar armas en el país, violan la soberanía, pasan por encima de la Constitución y son otra muestra de la subordinación del gobierno mexicano a Washington. No sé qué le falta al presidente Calderón para entregar el mando. ¡Eso es algo realmente preocupante!, sostuvo la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la priísta Rosario Green.
La ex canciller consideró una barbaridad que se mantuviera en secreto ese acuerdo entre Calderón y Obama, el que, de acuerdo con la información del periódico The New York Times, posibilita los sobrevuelos de aviones estadunidenses en espacio aéreo mexicano.
Resaltó que no sólo eso le ocultó Calderón al Senado –que tiene muchísimo que ver con salvaguardar la soberanía nacional–, sino también la existencia del segundo centro conjunto contra el tráfico de drogas, de donde se deriva la posibilidad de que los agentes de Estados Unidos que participen en operativos contra la delincuencia organizada puedan portar armas en el país .
El presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, dijo que ninguna incursión de autoridades extranjeras está permitida. Tampoco, agregó, que los agentes de otras naciones puedan estar armados en el país. A su vez, el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, señaló que el Senado no puede aceptar que informaciones de esta naturaleza las conozcamos por la prensa extranjera.
Para el coordinador del PT, Ricardo Monreal, la vigilancia aérea que mantiene el gobierno de Obama, sencillamente somete al país a una condición indigna, de subordinación. Es, insistió, una actitud demasiado entreguista hacia el vecino país.
Los senadores demandarán una explicación clara a la canciller Patricia Espinosa, que hoy comparece en Xicoténcatl, pues hasta los panistas expresaron desacuerdo con ese hecho. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Felipe González, aseguró que de haberse sometido al Senado una solicitud de esa naturaleza, se habría rechazado, ya que está clarísimo que ninguna autoridad extranjera puede estar operando en México.
En tanto, en la Cámara de Diputados, el legislador priísta Alfonso Navarrete Prida dijo que no hay violación a la soberanía, si bien es un tema que debe ser avalado por el Senado. En tanto, el vicepresidente de la mesa directiva, Jesús Zambrano (PRD), señaló que estamos ante un problema de soberanía en que la Presidencia de la República no puede unilateralmente asumir una responsabilidad, firmar un acuerdo. Estamos ante un serio y grave problema de violación a la soberanía nacional, señaló.
Desde la perspectiva de los juristas Elisur Arteaga y Jorge Reyes Peralta, en esta operación hay una violación constitucional, pues el presidente Calderón no tiene facultades para acordar directamente con Barack Obama un acuerdo semejante. Subrayaron que el Senado debe impedir una violación tan grave dado que lleva implícita, apegados a la interpretación constitucional, una conducta de traición a la patria.
En tanto, fuentes militares confiaron que este acuerdo que permite los vuelos no tripulados estadunidenses está apegado a derecho, toda vez que esas operaciones están sustentadas en tratados internacionales firmados por México. Aseguraron que no hay violación constitucional, si bien declinaron opinar sobre los alcances de este acuerdo y si implicaría un viraje en la estrategia de seguridad nacional.
Trascendió que el Ejército y la Armada no se ponen de acuerdo sobre la conveniencia de utilizar estas aeronaves para combatir al crimen organizado, ya que, mientras los militares adquirieron hace más de un año un lote de aviones de este tipo por un costo de 23 millones 250 mil dólares, los marinos no se han decidido a incorporar esta tecnología a su labor y están a la espera de un eventual incremento en el presupuesto para pensar en la adquisición de estos aparatos.
A su vez, el PAN ratificó su respaldo a las acciones en materia de cooperación internacional emprendidas por Calderón para enfrentar a la delincuencia organizada, como es el uso de aviones de vigilancia para detectar droga en territorio mexicano.
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Sobrevuelos de Estados Unidos, ausentes del documento de la SRE
Reciben senadores informe rasurado
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) remitió ayer al Senado el infome sobre la reciente visita del presidente Felipe Calderón a Estados Unidos, en el que se alude a reuniones públicas y privadas con su homólogo Barack Obama, sin que se mencione la autorización para que aviones estadunidenses vigilen el espacio aéreo mexicano, la que, según The New York Times, se concretó en ese viaje.
El informe fue solicitado la semana pasada, luego de conocerse la operación Rápido y furioso, y en respuesta la cancillería hizo llegar el documento en el que se señala que ambos mandatarios revisaron la Iniciativa Mérida y el presidente Obama ratificó el compromiso de su gobierno de cumplir con los acuerdos ahí establecidos.
En este contexto, acordaron dar prioridad a las entregas pendientes de equipos aéreos y de inspección no intrusiva, así como la ejecución de programas prioritarios de cooperación.
En cambio, se señala que los presidentes (...) se refirieron a la importancia de ir construyendo un cambio paradigmático en la cooperación, basado en la responsabilidad compartida, la confianza mutua y el respeto a la jurisdicción territorial de cada país.
Asimismo, reconocieron que la eficacia de las acciones contra las organizaciones delincuenciales que operan en ambos lados de la frontera exige una estrecha colaboración bilateral.
La SRE sostiene que Calderón y Obama revisaron el estado que guarda la instrumentación de la Iniciativa Mérida, que contempla transferencias de equipos y programas de cooperación por un monto de aproximadamente mil 500 millones de dólares.
Se constató que hasta la fecha se han entregado plenamente montos de cooperación equivalentes a 402 millones de dólares, y que ante los retrasos experimentados Obama ratificó el compromiso de instrumentar a la brevedad posible ese acuerdo, incluyendo la entrega de equipos y programas este año equivalentes a 500 millones de dólares.
Ratificaron además que seguirán fortaleciendo la capacidad de desarticulación de las organizaciones criminales y los esquemas de cooperación e intercambio de información en ámbitos prioritarios como lavado de dinero, tráfico de armas y trasiego y consumo de drogas.
Sobre Rápido y furioso, se señala que el presidente Calderón reiteró la importancia de fortalecer las acciones de cada país en sus respectivos territorios, particularmente contra el tráfico de armas y el consumo de drogas.
El Ejecutivo destacó la importancia de aplicar el marco legal vigente que prohíbe la exportación de armas de fuego.
Fuente: La Jornada
16.3.11
Comprometió Pemex 72% de la factura petrolera hasta 2018: ASF
Sin autorización del Congreso ofreció una garantía de 190 veces la deuda por Pidiregas
Roberto González Amador e Israel Rodríguez
Sin una autorización del Congreso de la Unión, Petróleos Mexicanos (Pemex) comprometió hasta 2018 parte de la factura por ingresos derivados de la exportación de petróleo crudo, en un hecho cuyo precedente más próximo es la hipoteca de los ingresos de la paraestatal a cambio del paquete de rescate financiero después de la crisis de 1995.
Una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo fiscalizador del Congreso, encontró que el actual gobierno comprometió una parte de los ingresos petroleros, en una proporción que supera en varias veces el monto de la deuda garantizada con esos recursos, una diferencia significativa respecto de lo ocurrido en 1995.
En aquella ocasión la factura por las exportaciones de Pemex fue usada como garantía de un paquete de asistencia financiera por 50 mil millones de dólares, de los cuales 20 mil millones eran aportados por el gobierno de Estados Unidos y el resto por organismos financieros multilaterales.
La ASF descubrió que en 2009 la administración de Pemex aceptó dejar en prenda siete de cada diez dólares de facturación por ventas al exterior de petróleo crudo de los tipos Maya y Altamira (una variedad pesada), para garantizar el pago de una deuda en moneda extranjera contratada por una filial que la propia paraestatal constituyó en el paraíso fiscal de las Islas Caimán, territorio en el Caribe en el que ninguna autoridad mexicana tiene jurisdicción para investigar.
Relata la ASF: Conforme a lo dispuesto por el Congreso de la Unión (en la discusión y aprobación de la reforma petrolera de 2008), Pemex asumió como deuda pública directa la proveniente de sus vehículos financieros Pemex Project Funding Master Trust por 55 mil 198.3 millones de dólares, y el Fideicomiso F-163 por 118 mil 557.7 millones de pesos, que utilizó para el financiamiento de proyectos Pidiregas.
Los proyectos de inversión de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas) son un mecanismo financiero creado a finales del gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000). A través de ellos, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contratan deuda en moneda extranjera y/o nacional con empresas privadas para financiar la construcción de proyectos que no pueden hacer con recursos propios. En la reforma petrolera de 2008 se acordó que el saldo de los Pidiregas, que hasta entonces se registraba como deuda de las paraestatales, se contabilizara dentro de la deuda pública. A la fecha, el valor estimado de la deuda Pidiregas en Pemex es de un billón 360 mil millones de pesos, y en la CFE, de 251 mil millones de pesos.
La ASF añade que en 2009 quedaron de asumir y reconocer como deuda pública los bonos que en el periodo 1998-2000 contrató Pemex hasta por 5 mil millones de dólares mediante el vehículo Pemex Finance para iniciar el financiamiento de proyectos Pidiregas, y cuyo saldo a 2009 fue de 893.3 millones de dólares, el cual se continuará pagando hasta 2018.
Apunta la ASF: El mecanismo establecido para el pago del capital e intereses de esa deuda de 893.3 millones de dólares obliga a Pemex el poner a disposición de un tercero el 71.9 por ciento de la facturación de las ventas al exterior del crudo Maya y Altamira del orden de 18 mil 951.3 millones de dólares, equivalentes a 247 mil 479 millones de pesos, cifra que podría alcanzar entre 2010 y 2018 un monto de 170 mil 561.5 millones de dólares, a fin de que en la cobranza de esa cartera se cubran las amortizaciones de la deuda y sus intereses y el remanente se le devuelva a Pemex.
Las cifras aportadas por la ASF significan que Pemex estaría ofreciendo una garantía total por el equivalente a 190 veces el saldo de la deuda pendiente de pago.
“Con este mecanismo –sigue la ASF– además de los efectos que conlleva poner a disposición de un tercero una cartera de esa magnitud, se tienen que pagar comisiones a los diversos participantes en el programa de financiamiento estructurado creado por Pemex en 1998.
La ASF considera que resulta excesivo comprometer las ventas de petróleo crudo Maya y Altamira de clientes designados a un tercero, las cuales representan 71.9 por ciento del total de las ventas de PMI CIM en un ejercicio para pagar las amortizaciones de capital de los bonos en los próximos nueve años, que representan sólo 0.5 por ciento del total de recursos que se comprometieron.
John Saxe-Fernández, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que esto indudablemente evidencia que hay una imposición arbitraria de las fuerzas ocultas que han estado en pos del petróleo mexicano y el desmantelamiento de Pemex y de México como Estado-nación.
El también coordinador del programa El mundo en el siglo XXI, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM dijo que esta estrategia se parece a la hipoteca de la factura petrolera que entregó en su momento Ernesto Zedillo al gobierno estadunidense de Bill Clinton, que parecía el tratado de rendición incondicional que se firma después de una guerra.
Sobre esta nueva hipoteca de la factura petrolera que abarca hasta 2018, John Saxe-Fernández dijo: Esto da muy mala impresión y huele a pescado podrido, y ameritaría que la Auditoría Superior de la Federación nos ilumine al respecto y haga la investigación respectiva porque alguien está haciendo un buen negocio. Alguien se está beneficiando del patrimonio nacional.
Francisco Carrillo Soberón, ex secretario de la Comisión de Energía en la 59 Legislatura de la Cámara de Diputados, afirmó que con la garantía de la factura petrolera entregada a un tercero se lee que al gobierno se le está haciendo bolas la falta de planeación en la industria en el sentido financiero y presupuestal.
No es posible, dijo, que los proyectos Pidiregas se conviertan en un cuello de botella. Además, no suena racional que se tengan que entregar esas garantías. Todo esto es resultado de la visión de corto plazo y de una política que sólo responde a la extracción de crudo para resolverle la falta de recaudación de la Secretaría de Hacienda.
Carrillo Soberón, integrante de la coordinación colegiada del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), consideró que hay un círculo bárbaro de intereses. No dudo que haya sido la Secretaría de Hacienda la que haya autorizado esta hipoteca, porque ninguna de estas medidas se hace sin la mano de Hacienda, y por si fuera poco nunca ha respondido al verdadero daño que ha hecho a Pemex, destacó.
Fuente: La Jornada
Roberto González Amador e Israel Rodríguez
Sin una autorización del Congreso de la Unión, Petróleos Mexicanos (Pemex) comprometió hasta 2018 parte de la factura por ingresos derivados de la exportación de petróleo crudo, en un hecho cuyo precedente más próximo es la hipoteca de los ingresos de la paraestatal a cambio del paquete de rescate financiero después de la crisis de 1995.
Una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo fiscalizador del Congreso, encontró que el actual gobierno comprometió una parte de los ingresos petroleros, en una proporción que supera en varias veces el monto de la deuda garantizada con esos recursos, una diferencia significativa respecto de lo ocurrido en 1995.
En aquella ocasión la factura por las exportaciones de Pemex fue usada como garantía de un paquete de asistencia financiera por 50 mil millones de dólares, de los cuales 20 mil millones eran aportados por el gobierno de Estados Unidos y el resto por organismos financieros multilaterales.
La ASF descubrió que en 2009 la administración de Pemex aceptó dejar en prenda siete de cada diez dólares de facturación por ventas al exterior de petróleo crudo de los tipos Maya y Altamira (una variedad pesada), para garantizar el pago de una deuda en moneda extranjera contratada por una filial que la propia paraestatal constituyó en el paraíso fiscal de las Islas Caimán, territorio en el Caribe en el que ninguna autoridad mexicana tiene jurisdicción para investigar.
Relata la ASF: Conforme a lo dispuesto por el Congreso de la Unión (en la discusión y aprobación de la reforma petrolera de 2008), Pemex asumió como deuda pública directa la proveniente de sus vehículos financieros Pemex Project Funding Master Trust por 55 mil 198.3 millones de dólares, y el Fideicomiso F-163 por 118 mil 557.7 millones de pesos, que utilizó para el financiamiento de proyectos Pidiregas.
Los proyectos de inversión de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas) son un mecanismo financiero creado a finales del gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000). A través de ellos, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contratan deuda en moneda extranjera y/o nacional con empresas privadas para financiar la construcción de proyectos que no pueden hacer con recursos propios. En la reforma petrolera de 2008 se acordó que el saldo de los Pidiregas, que hasta entonces se registraba como deuda de las paraestatales, se contabilizara dentro de la deuda pública. A la fecha, el valor estimado de la deuda Pidiregas en Pemex es de un billón 360 mil millones de pesos, y en la CFE, de 251 mil millones de pesos.
La ASF añade que en 2009 quedaron de asumir y reconocer como deuda pública los bonos que en el periodo 1998-2000 contrató Pemex hasta por 5 mil millones de dólares mediante el vehículo Pemex Finance para iniciar el financiamiento de proyectos Pidiregas, y cuyo saldo a 2009 fue de 893.3 millones de dólares, el cual se continuará pagando hasta 2018.
Apunta la ASF: El mecanismo establecido para el pago del capital e intereses de esa deuda de 893.3 millones de dólares obliga a Pemex el poner a disposición de un tercero el 71.9 por ciento de la facturación de las ventas al exterior del crudo Maya y Altamira del orden de 18 mil 951.3 millones de dólares, equivalentes a 247 mil 479 millones de pesos, cifra que podría alcanzar entre 2010 y 2018 un monto de 170 mil 561.5 millones de dólares, a fin de que en la cobranza de esa cartera se cubran las amortizaciones de la deuda y sus intereses y el remanente se le devuelva a Pemex.
Las cifras aportadas por la ASF significan que Pemex estaría ofreciendo una garantía total por el equivalente a 190 veces el saldo de la deuda pendiente de pago.
“Con este mecanismo –sigue la ASF– además de los efectos que conlleva poner a disposición de un tercero una cartera de esa magnitud, se tienen que pagar comisiones a los diversos participantes en el programa de financiamiento estructurado creado por Pemex en 1998.
La ASF considera que resulta excesivo comprometer las ventas de petróleo crudo Maya y Altamira de clientes designados a un tercero, las cuales representan 71.9 por ciento del total de las ventas de PMI CIM en un ejercicio para pagar las amortizaciones de capital de los bonos en los próximos nueve años, que representan sólo 0.5 por ciento del total de recursos que se comprometieron.
John Saxe-Fernández, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que esto indudablemente evidencia que hay una imposición arbitraria de las fuerzas ocultas que han estado en pos del petróleo mexicano y el desmantelamiento de Pemex y de México como Estado-nación.
El también coordinador del programa El mundo en el siglo XXI, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM dijo que esta estrategia se parece a la hipoteca de la factura petrolera que entregó en su momento Ernesto Zedillo al gobierno estadunidense de Bill Clinton, que parecía el tratado de rendición incondicional que se firma después de una guerra.
Sobre esta nueva hipoteca de la factura petrolera que abarca hasta 2018, John Saxe-Fernández dijo: Esto da muy mala impresión y huele a pescado podrido, y ameritaría que la Auditoría Superior de la Federación nos ilumine al respecto y haga la investigación respectiva porque alguien está haciendo un buen negocio. Alguien se está beneficiando del patrimonio nacional.
Francisco Carrillo Soberón, ex secretario de la Comisión de Energía en la 59 Legislatura de la Cámara de Diputados, afirmó que con la garantía de la factura petrolera entregada a un tercero se lee que al gobierno se le está haciendo bolas la falta de planeación en la industria en el sentido financiero y presupuestal.
No es posible, dijo, que los proyectos Pidiregas se conviertan en un cuello de botella. Además, no suena racional que se tengan que entregar esas garantías. Todo esto es resultado de la visión de corto plazo y de una política que sólo responde a la extracción de crudo para resolverle la falta de recaudación de la Secretaría de Hacienda.
Carrillo Soberón, integrante de la coordinación colegiada del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), consideró que hay un círculo bárbaro de intereses. No dudo que haya sido la Secretaría de Hacienda la que haya autorizado esta hipoteca, porque ninguna de estas medidas se hace sin la mano de Hacienda, y por si fuera poco nunca ha respondido al verdadero daño que ha hecho a Pemex, destacó.
Fuente: La Jornada
7.3.11
La guerra de los gringos
Gerardo Peláez Ramos
Muchos analistas políticos, publicistas y comunicadores, en referencia a la carnicería demencial desatada y continuada por el presidente espurio de México, publicitada por la gran prensa y los medios electrónicos, y “apoyada” con fervor por los vecinos del norte, la llaman la guerra de Calderón. Esa caracterización no corresponde a la realidad.
La llamada guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, con más de 34 mil mexicanos muertos, la militarización del país, la criminalización de la protesta social, la intervención abierta de agentes de la DEA, la CIA y la FBI en México, y la violación cotidiana y sistemática de la Constitución General de la República y de las leyes que de ella emanan, es una guerra ajena a los intereses de los mexicanos, contraria al desarrollo nacional, y, sin la más mínima exageración, está al servicio de los monopolios y gobiernos de Estados Unidos. Es, pues, una guerra de los gringos.
Para fundar esta idea es indispensable hacer alusión a dos cuestiones fundamentales: 1) El consumo de narcóticos en EU, floreciente y creciente pese a la cuota de sangre pagada día a día por los mexicanos y colombianos, se sustenta en la siembra local, la adquisición de parte de la producción foránea, el comercio, el control y la distribución de enervantes en el país de los yanquis, que como es de sobra conocido, tiene un territorio más grande que México, el Caribe y Centroamérica juntos, y 2) El combate al narcotráfico y el crimen organizado como pretexto de los gabachos para intervenir, definir las políticas “nacionales” antinarco y controlar a Colombia, México, Costa Rica, Perú, Bolivia y otros Estados de la Patria Grande.
La potencia al norte del río Bravo es la principal consumidora en el mundo de cocaína, marihuana, hongos alucinógenos, crack y otros sicotrópicos, superando el consumo unido de América Latina, el Caribe, Canadá y Francia. Los drogadictos usamericanos son decenas de millones de hombres y mujeres, incluidos adolescentes y niños, que cuentan con sus revistas, periódicos y DVD para mejor consumir y “aprovechar” los estupefacientes que se meten en el cuerpo.
Es un secreto a voces que si hay bases militares y tropas de Estados Unidos en Honduras, Colombia, Afganistán y otros países, se extienden como reguero de pólvora el tráfico y consumo de drogas, el sida y otras enfermedades venéreas. Iguales consecuencias tiene el turismo norteamericano.
En Estados Unidos se adquieren cientos de toneladas anuales de droga que se producen en Colombia, Perú, México, Afganistán, Myanmar, Tailandia, Turquía y algunas naciones más, mismas que se distribuyen y venden en California, Washington, Oregón, Texas, Luisiana, Dakota del Norte, Illinois, Florida, Maine, Nueva York y en toda la Unión Americana. A esto hay que sumar la enorme producción interna, que en el caso de la marihuana es el primer productor mundial.
Para adquirir, almacenar, distribuir y traficar esos productos tóxicos se requieren cárteles, jefes de jefes, capos, policías, jueces, agentes aduanales, gobernadores, senadores y todos los miles de individuos que participan en tan redituable y execrable negocio.
Es sencillamente imposible adquirir, almacenar y colocar tales cantidades de estupefacientes sin el apoyo de sectores importantes del Estado gringo. Otra cosa no se la creen ni los genocidas que jefaturan al Ejército y la policía estadunidenses, pues algunos de ellos están metidos en ese sucio tráfico hasta las cachas. A propósito, conviene no olvidar el caso Irán-contras.
Los yanquis cuentan con satélites, aviones espías de alta tecnología, barcos, submarinos, helicópteros, aeroplanos, trenes, camiones y bases de radares en todas las fronteras y litorales de su gigantesco país, además de contar con servicios de información, espionaje, contraespionaje y provocación que tienen infiltrados a los ejércitos, policías y cárteles de Colombia, México, Perú y otros países hermanos.
Si los gobernantes norteamericanos se propusieran, realmente, combatir y eliminar el narcotráfico y el crimen organizado en su propio suelo, no sería posible adquirir y repartir una sola tonelada de cocaína. Así de fácil.
Los estadunidenses consumen estupefacientes en bares, cantinas, restaurantes, universidades, escuelas, barcos, aviones, parques públicos, jardines, bosques, playas, desiertos, bases navales, bases militares, cárceles, oficinas, fábricas, trenes, puertos, aeropuertos, calles y domicilios particulares. De hecho, se consumen sicotrópicos en todas partes de la Unión Americana.
Tal situación establece, de entrada, que un consumo de ese tamaño necesita, mínimo, de lo siguiente:
1) Jefes de jefes y capos poseedores de miles de millones de dólares y con las relaciones adecuadas con altos funcionarios públicos, militares, policías,
guardias fronterizos, alguaciles, rinches, agentes aduanales y burócratas en puertos, ciudades, aeropuertos, vías férreas, carreteras, barcos y yates marítimos y fluviales. De lo contrario, no sería factible introducir, distribuir y expender cientos de toneladas de narcóticos.
2) Sistemas de adquisición, almacenamiento, distribución y mercadeo que precisan de aviones, barcos y yates, camiones y muchos más vehículos para cubrir toda la geografía gringa. Dicho en otras palabras: son ocupadas en el narcotráfico cientos de miles de personas que van desde los gerifaltes lumpen-burgueses hasta los vagos distribuidores de carrujos de marihuana y otras pequeñas dosis de sustancias tóxicas.
El negocio de las drogas es una rama importante de la economía de Estados Unidos, muy por encima de varias ramas de la producción y los servicios. Por eso el gobierno y los monopolios usamericanos buscan regular el trasiego de enervantes, no eliminarlo. Más claro ni el agua.
3) El lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el crimen organizado en Estados Unidos, involucra a parte importante del sistema bursátil, tanto de cárteles gringos como de colombianos, mexicanos, taiwaneses, afganos, turcos y de otras nacionalidades. Gringolandia es el centro mundial del lavado de dinero ilícito. Tiene tanta importancia este fenómeno que es un tema trillado en películas y series policíacas estadunidenses. Si fuera eliminado de golpe y porrazo el lavado de dinero, la economía gabacha tendría serios problemas. Esto explica, en parte, la farsa de la llamada guerra contra el narcotráfico.
4) La venta de armas de todo tipo a los grupos delicuenciales de México y otros países. A ciencia y paciencia de las autoridades de EU, la industria militar yanqui provee de pistolas, ametralladoras, granadas, bazukas y otros implementos bélicos a las tiendas extendidas por el inmenso territorio gabacho, donde se avituallan los cárteles de México y demás naciones.
Para entender el fenómeno del comercio ilícito de narcóticos, es menester no olvidar que el país más militarista, intervencionista y terrorista es Estados Unidos, así como también ocupa el campeonato mundial en la producción y el mercado de armamentos. Es, sin duda, el Estado que está en guerra permanente contra la independencia, la democracia y el progreso de América Latina, Asia y África. Es un Estado fuera de la ley internacional, expansionista, aventurero y guerrerista. Millones de muertos, heridos y desplazados han producido y producen sus intervenciones militares en Filipinas, Corea, Vietnam, Laos, Camboya, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Colombia, Granada, Panamá, Angola, Afganistán, Irak y tantos otros pueblos masacrados por los imperialistas del norte y sus testaferros armados.
Por si no bastara, los estadunidenses inundaron e inundan el mundo con bestiales dictaduras como las de Jiang Jieshi, Park Chung Hee, Syngman Rhee, Nguyen Cao Ky, Hají Mohamad Suharto, Lon Nol-Sirik Matak, Humberto de A. Castelo Branco, Ernesto Geisel, Juan Carlos Onganía, Jorge Rafael Videla, Gerardo Machado, Fulgencio Batista, Rafael Leónidas Trujillo, Fran ç ois y Jean-Claude Duvalier, Maximiliano Hernández Martínez, Anastasio Somoza padre e hijo, Carlos Castillo Armas, Efraín Ríos Montt, Alfredo Stroessner, Marcos Pérez Jiménez, Gustavo Rojas Pinilla, Augusto Pinochet y Roberto Micheletti, quienes figuraron y figuran entre los grandes amigos y contlapaches de los monopolios y gobiernos yanquis, algunos de ellos elevados por la historiografía imperialista a la categoría de héroes internacionales.
No hay que hacerse bolas, para golpear fuertemente al narcotráfico hay una vía expedita: que los usamericanos pongan orden en su casa, lo cual implica bajar el número de drogadictos a menos de dos millones de personas, destruir los cárteles gringos de la droga, impedir en forma radical el lavado de dinero en su sistema financiero y prohibir la venta de armas a los grupos delicuenciales de México y América Latina. De esta manera, sería relativamente fácil proceder a disolver los cárteles de la droga en la República Mexicana y Colombia. No habría necesidad, entonces, de las guerras de los gringos aplicadas y ejecutadas por sus agentes Felipe Calderón Hinojosa y Juan Manuel Santos Calderón.
La salida de fondo al problema del narcotráfico, como lo han planteado César Gaviria, Ernesto Zedillo y Gabriel García Márquez, es la legalización de las drogas. Así, los cárteles y la violencia que los acompañan desaparecerían como por arte de magia, pero su aprobación afecta a grandes intereses, como los de Estados Unidos; por eso no se avanza en este sentido.
Asumir la concepción usamericana sobre el narcotráfico es ponerse al servicio del intervencionismo de EU, con todo lo que eso conlleva para nuestros pueblos. Si se le agrega el terrorismo al problema del trasiego de estupefacientes, el panorama se completa para la injerencia yanqui. Los gabachos llaman a emprender guerras contra el narcotráfico, bajo su vigilancia, “apoyo económico” y control, con el objeto de intervenir para dominar a nuestros países. De ahí la necesidad de estos enemigos de América Latina de desmantelar a los Estados nacionales, propiciar la descomposición social e impedir el progreso de nuestras naciones. Quieren Estados controlados por los monopolios y gobiernos gringos.
Como lo prueban con creces los cables de Wikileaks difundidos por La Jornada, el gobierno de facto de Felipe Calderón sigue las órdenes de sus jefes y mentores de Washington, razón por la cual se embarcó en una guerra sin claridad en los objetivos, sin personal calificado para detectar los centros del lavado proveniente del comercio ilícito de drogas tóxicas y para ubicar a los jefes de jefes narcos y sus apoyos en los tres niveles de gobierno, con el Ejército y la Marina en funciones policiales y sin preocupación alguna por la población civil.
Los resultados están a la vista: una matanza insensata, inconstitucional e irresponsable que ha descompuesto el tejido social, debilitado al gobierno federal, fortalecido a los capitanes del trasiego de estupefacientes y facilitado el intervencionismo norteamericano.
El gobierno ilegítimo de Calderón, no reconocido por un elevado porcentaje de los votantes de 2006, con la guerra contra el narcotráfico ha conducido y conduce al país a una crisis jamás vista después de la Revolución mexicana: desindustrialización, desastre en el campo, salarios de hambre, persecución de sindicalistas, campesinos e indígenas, destrucción del sistema de seguridad social y la educación pública, eliminación de sindicatos y contratos colectivos de trabajo, desempleo agudo, entrega de los servicios e industrias estratégicos al capital extranjero, cuña agringada contra los pueblos latinoamericanos y caribeños, diplomacia en beneficio del imperio y seguidismo desvergonzado frente a los norteamericanos. En síntesis, la gestión de Calderón es inepta, corrupta y mentirosa, además de estar entregada en cuerpo y alma a los monopolios mexicanos, estadunidenses y españoles. El futuro, en tales condiciones, parece proyectar un desenlace: el Partido Acción Nacional será derrotado en 2012 y no levantará cabeza en varios años, pese al apoyo suicida que recibe de la derecha chuchista del Partido de la Revolución Democrática.
Para desgracia de México, la política antinacional, miope y entreguista del panismo ha desencadenado las peores tendencias e intenciones del imperialismo norteamericano, como no ocurría desde la década de los años 20. Declaraciones descaradas de miembros destacados del gobierno gringo, amenazas de intervención, presiones sobre la administración proyanqui calderonista, instalación en la capital federal y otras ciudades de agencias policíacas, de espionaje y provocación de EU, participación armada de agentes gabachos en pesquisas y enfrentamientos, bajo el manto de la anticonstitucional Iniciativa Mérida, que en esencia coincide con el Plan Colombia.
La cosa es más grave aún. En fechas recientes, los estadunidenses, especialistas en provocaciones y agresiones, comienzan a hablar de insurgencia del tráfico de narcóticos, de terrorismo narco y de posibles alianzas de Al Qaeda y los cárteles mexicanos, con lo que presionan y exigen más intervención en México. Entretanto, el “gobierno” del inepto, débil y entreguista Calderón continúa, al estilo de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, haciendo concesión tras concesión a los imperialistas del norte. De la digna política internacional de México hasta antes de diciembre de 1982, ejemplo de la América Latina, ya no queda ni la sombra. Los “dirigentes” del Estado mexicano han tirado la soberanía nacional por la borda y actúan como cipayos de EU.
En México, Colombia y demás países latinoamericanos el único y verdadero terrorismo es el de Estados Unidos, que cuenta con el respaldo de la gran burguesía, los latifundistas y la ultraderecha política; ese terrorismo se expresa en los intentos de asesinato de Fidel Castro, la realización de atentados contra hoteles y aviones, la quema de cosechas, la liquidación de cuadros revolucionarios, la implantación de bloqueos económicos, el apoyo encubierto y abierto a “gusanos”, contras, paramilitares y guardias blancas, la implementación de golpes de estado y acciones desestabilizadoras contra gobiernos patrióticos, amén de subsidiar a los grupos y partidos fascistas de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Otro tipo de terrorismo no existe en nuestras tierras y sólo es una vulgar calumnia e invención de los imperialistas yanquis. Tampoco existe relación alguna de ninguna fuerza latinoamericana con Al Qaeda. Todo eso son cuentos norteamericanos, especialmente dirigidos al chovinismo anglosajón.
En ese marco se da la guerra de los gringos, aunque haya quienes la llamen de Calderón. Tal es la situación.
Muchos analistas políticos, publicistas y comunicadores, en referencia a la carnicería demencial desatada y continuada por el presidente espurio de México, publicitada por la gran prensa y los medios electrónicos, y “apoyada” con fervor por los vecinos del norte, la llaman la guerra de Calderón. Esa caracterización no corresponde a la realidad.
La llamada guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, con más de 34 mil mexicanos muertos, la militarización del país, la criminalización de la protesta social, la intervención abierta de agentes de la DEA, la CIA y la FBI en México, y la violación cotidiana y sistemática de la Constitución General de la República y de las leyes que de ella emanan, es una guerra ajena a los intereses de los mexicanos, contraria al desarrollo nacional, y, sin la más mínima exageración, está al servicio de los monopolios y gobiernos de Estados Unidos. Es, pues, una guerra de los gringos.
Para fundar esta idea es indispensable hacer alusión a dos cuestiones fundamentales: 1) El consumo de narcóticos en EU, floreciente y creciente pese a la cuota de sangre pagada día a día por los mexicanos y colombianos, se sustenta en la siembra local, la adquisición de parte de la producción foránea, el comercio, el control y la distribución de enervantes en el país de los yanquis, que como es de sobra conocido, tiene un territorio más grande que México, el Caribe y Centroamérica juntos, y 2) El combate al narcotráfico y el crimen organizado como pretexto de los gabachos para intervenir, definir las políticas “nacionales” antinarco y controlar a Colombia, México, Costa Rica, Perú, Bolivia y otros Estados de la Patria Grande.
La potencia al norte del río Bravo es la principal consumidora en el mundo de cocaína, marihuana, hongos alucinógenos, crack y otros sicotrópicos, superando el consumo unido de América Latina, el Caribe, Canadá y Francia. Los drogadictos usamericanos son decenas de millones de hombres y mujeres, incluidos adolescentes y niños, que cuentan con sus revistas, periódicos y DVD para mejor consumir y “aprovechar” los estupefacientes que se meten en el cuerpo.
Es un secreto a voces que si hay bases militares y tropas de Estados Unidos en Honduras, Colombia, Afganistán y otros países, se extienden como reguero de pólvora el tráfico y consumo de drogas, el sida y otras enfermedades venéreas. Iguales consecuencias tiene el turismo norteamericano.
En Estados Unidos se adquieren cientos de toneladas anuales de droga que se producen en Colombia, Perú, México, Afganistán, Myanmar, Tailandia, Turquía y algunas naciones más, mismas que se distribuyen y venden en California, Washington, Oregón, Texas, Luisiana, Dakota del Norte, Illinois, Florida, Maine, Nueva York y en toda la Unión Americana. A esto hay que sumar la enorme producción interna, que en el caso de la marihuana es el primer productor mundial.
Para adquirir, almacenar, distribuir y traficar esos productos tóxicos se requieren cárteles, jefes de jefes, capos, policías, jueces, agentes aduanales, gobernadores, senadores y todos los miles de individuos que participan en tan redituable y execrable negocio.
Es sencillamente imposible adquirir, almacenar y colocar tales cantidades de estupefacientes sin el apoyo de sectores importantes del Estado gringo. Otra cosa no se la creen ni los genocidas que jefaturan al Ejército y la policía estadunidenses, pues algunos de ellos están metidos en ese sucio tráfico hasta las cachas. A propósito, conviene no olvidar el caso Irán-contras.
Los yanquis cuentan con satélites, aviones espías de alta tecnología, barcos, submarinos, helicópteros, aeroplanos, trenes, camiones y bases de radares en todas las fronteras y litorales de su gigantesco país, además de contar con servicios de información, espionaje, contraespionaje y provocación que tienen infiltrados a los ejércitos, policías y cárteles de Colombia, México, Perú y otros países hermanos.
Si los gobernantes norteamericanos se propusieran, realmente, combatir y eliminar el narcotráfico y el crimen organizado en su propio suelo, no sería posible adquirir y repartir una sola tonelada de cocaína. Así de fácil.
Los estadunidenses consumen estupefacientes en bares, cantinas, restaurantes, universidades, escuelas, barcos, aviones, parques públicos, jardines, bosques, playas, desiertos, bases navales, bases militares, cárceles, oficinas, fábricas, trenes, puertos, aeropuertos, calles y domicilios particulares. De hecho, se consumen sicotrópicos en todas partes de la Unión Americana.
Tal situación establece, de entrada, que un consumo de ese tamaño necesita, mínimo, de lo siguiente:
1) Jefes de jefes y capos poseedores de miles de millones de dólares y con las relaciones adecuadas con altos funcionarios públicos, militares, policías,
guardias fronterizos, alguaciles, rinches, agentes aduanales y burócratas en puertos, ciudades, aeropuertos, vías férreas, carreteras, barcos y yates marítimos y fluviales. De lo contrario, no sería factible introducir, distribuir y expender cientos de toneladas de narcóticos.
2) Sistemas de adquisición, almacenamiento, distribución y mercadeo que precisan de aviones, barcos y yates, camiones y muchos más vehículos para cubrir toda la geografía gringa. Dicho en otras palabras: son ocupadas en el narcotráfico cientos de miles de personas que van desde los gerifaltes lumpen-burgueses hasta los vagos distribuidores de carrujos de marihuana y otras pequeñas dosis de sustancias tóxicas.
El negocio de las drogas es una rama importante de la economía de Estados Unidos, muy por encima de varias ramas de la producción y los servicios. Por eso el gobierno y los monopolios usamericanos buscan regular el trasiego de enervantes, no eliminarlo. Más claro ni el agua.
3) El lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el crimen organizado en Estados Unidos, involucra a parte importante del sistema bursátil, tanto de cárteles gringos como de colombianos, mexicanos, taiwaneses, afganos, turcos y de otras nacionalidades. Gringolandia es el centro mundial del lavado de dinero ilícito. Tiene tanta importancia este fenómeno que es un tema trillado en películas y series policíacas estadunidenses. Si fuera eliminado de golpe y porrazo el lavado de dinero, la economía gabacha tendría serios problemas. Esto explica, en parte, la farsa de la llamada guerra contra el narcotráfico.
4) La venta de armas de todo tipo a los grupos delicuenciales de México y otros países. A ciencia y paciencia de las autoridades de EU, la industria militar yanqui provee de pistolas, ametralladoras, granadas, bazukas y otros implementos bélicos a las tiendas extendidas por el inmenso territorio gabacho, donde se avituallan los cárteles de México y demás naciones.
Para entender el fenómeno del comercio ilícito de narcóticos, es menester no olvidar que el país más militarista, intervencionista y terrorista es Estados Unidos, así como también ocupa el campeonato mundial en la producción y el mercado de armamentos. Es, sin duda, el Estado que está en guerra permanente contra la independencia, la democracia y el progreso de América Latina, Asia y África. Es un Estado fuera de la ley internacional, expansionista, aventurero y guerrerista. Millones de muertos, heridos y desplazados han producido y producen sus intervenciones militares en Filipinas, Corea, Vietnam, Laos, Camboya, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Colombia, Granada, Panamá, Angola, Afganistán, Irak y tantos otros pueblos masacrados por los imperialistas del norte y sus testaferros armados.
Por si no bastara, los estadunidenses inundaron e inundan el mundo con bestiales dictaduras como las de Jiang Jieshi, Park Chung Hee, Syngman Rhee, Nguyen Cao Ky, Hají Mohamad Suharto, Lon Nol-Sirik Matak, Humberto de A. Castelo Branco, Ernesto Geisel, Juan Carlos Onganía, Jorge Rafael Videla, Gerardo Machado, Fulgencio Batista, Rafael Leónidas Trujillo, Fran ç ois y Jean-Claude Duvalier, Maximiliano Hernández Martínez, Anastasio Somoza padre e hijo, Carlos Castillo Armas, Efraín Ríos Montt, Alfredo Stroessner, Marcos Pérez Jiménez, Gustavo Rojas Pinilla, Augusto Pinochet y Roberto Micheletti, quienes figuraron y figuran entre los grandes amigos y contlapaches de los monopolios y gobiernos yanquis, algunos de ellos elevados por la historiografía imperialista a la categoría de héroes internacionales.
No hay que hacerse bolas, para golpear fuertemente al narcotráfico hay una vía expedita: que los usamericanos pongan orden en su casa, lo cual implica bajar el número de drogadictos a menos de dos millones de personas, destruir los cárteles gringos de la droga, impedir en forma radical el lavado de dinero en su sistema financiero y prohibir la venta de armas a los grupos delicuenciales de México y América Latina. De esta manera, sería relativamente fácil proceder a disolver los cárteles de la droga en la República Mexicana y Colombia. No habría necesidad, entonces, de las guerras de los gringos aplicadas y ejecutadas por sus agentes Felipe Calderón Hinojosa y Juan Manuel Santos Calderón.
La salida de fondo al problema del narcotráfico, como lo han planteado César Gaviria, Ernesto Zedillo y Gabriel García Márquez, es la legalización de las drogas. Así, los cárteles y la violencia que los acompañan desaparecerían como por arte de magia, pero su aprobación afecta a grandes intereses, como los de Estados Unidos; por eso no se avanza en este sentido.
Asumir la concepción usamericana sobre el narcotráfico es ponerse al servicio del intervencionismo de EU, con todo lo que eso conlleva para nuestros pueblos. Si se le agrega el terrorismo al problema del trasiego de estupefacientes, el panorama se completa para la injerencia yanqui. Los gabachos llaman a emprender guerras contra el narcotráfico, bajo su vigilancia, “apoyo económico” y control, con el objeto de intervenir para dominar a nuestros países. De ahí la necesidad de estos enemigos de América Latina de desmantelar a los Estados nacionales, propiciar la descomposición social e impedir el progreso de nuestras naciones. Quieren Estados controlados por los monopolios y gobiernos gringos.
Como lo prueban con creces los cables de Wikileaks difundidos por La Jornada, el gobierno de facto de Felipe Calderón sigue las órdenes de sus jefes y mentores de Washington, razón por la cual se embarcó en una guerra sin claridad en los objetivos, sin personal calificado para detectar los centros del lavado proveniente del comercio ilícito de drogas tóxicas y para ubicar a los jefes de jefes narcos y sus apoyos en los tres niveles de gobierno, con el Ejército y la Marina en funciones policiales y sin preocupación alguna por la población civil.
Los resultados están a la vista: una matanza insensata, inconstitucional e irresponsable que ha descompuesto el tejido social, debilitado al gobierno federal, fortalecido a los capitanes del trasiego de estupefacientes y facilitado el intervencionismo norteamericano.
El gobierno ilegítimo de Calderón, no reconocido por un elevado porcentaje de los votantes de 2006, con la guerra contra el narcotráfico ha conducido y conduce al país a una crisis jamás vista después de la Revolución mexicana: desindustrialización, desastre en el campo, salarios de hambre, persecución de sindicalistas, campesinos e indígenas, destrucción del sistema de seguridad social y la educación pública, eliminación de sindicatos y contratos colectivos de trabajo, desempleo agudo, entrega de los servicios e industrias estratégicos al capital extranjero, cuña agringada contra los pueblos latinoamericanos y caribeños, diplomacia en beneficio del imperio y seguidismo desvergonzado frente a los norteamericanos. En síntesis, la gestión de Calderón es inepta, corrupta y mentirosa, además de estar entregada en cuerpo y alma a los monopolios mexicanos, estadunidenses y españoles. El futuro, en tales condiciones, parece proyectar un desenlace: el Partido Acción Nacional será derrotado en 2012 y no levantará cabeza en varios años, pese al apoyo suicida que recibe de la derecha chuchista del Partido de la Revolución Democrática.
Para desgracia de México, la política antinacional, miope y entreguista del panismo ha desencadenado las peores tendencias e intenciones del imperialismo norteamericano, como no ocurría desde la década de los años 20. Declaraciones descaradas de miembros destacados del gobierno gringo, amenazas de intervención, presiones sobre la administración proyanqui calderonista, instalación en la capital federal y otras ciudades de agencias policíacas, de espionaje y provocación de EU, participación armada de agentes gabachos en pesquisas y enfrentamientos, bajo el manto de la anticonstitucional Iniciativa Mérida, que en esencia coincide con el Plan Colombia.
La cosa es más grave aún. En fechas recientes, los estadunidenses, especialistas en provocaciones y agresiones, comienzan a hablar de insurgencia del tráfico de narcóticos, de terrorismo narco y de posibles alianzas de Al Qaeda y los cárteles mexicanos, con lo que presionan y exigen más intervención en México. Entretanto, el “gobierno” del inepto, débil y entreguista Calderón continúa, al estilo de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, haciendo concesión tras concesión a los imperialistas del norte. De la digna política internacional de México hasta antes de diciembre de 1982, ejemplo de la América Latina, ya no queda ni la sombra. Los “dirigentes” del Estado mexicano han tirado la soberanía nacional por la borda y actúan como cipayos de EU.
En México, Colombia y demás países latinoamericanos el único y verdadero terrorismo es el de Estados Unidos, que cuenta con el respaldo de la gran burguesía, los latifundistas y la ultraderecha política; ese terrorismo se expresa en los intentos de asesinato de Fidel Castro, la realización de atentados contra hoteles y aviones, la quema de cosechas, la liquidación de cuadros revolucionarios, la implantación de bloqueos económicos, el apoyo encubierto y abierto a “gusanos”, contras, paramilitares y guardias blancas, la implementación de golpes de estado y acciones desestabilizadoras contra gobiernos patrióticos, amén de subsidiar a los grupos y partidos fascistas de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Otro tipo de terrorismo no existe en nuestras tierras y sólo es una vulgar calumnia e invención de los imperialistas yanquis. Tampoco existe relación alguna de ninguna fuerza latinoamericana con Al Qaeda. Todo eso son cuentos norteamericanos, especialmente dirigidos al chovinismo anglosajón.
En ese marco se da la guerra de los gringos, aunque haya quienes la llamen de Calderón. Tal es la situación.
5.3.11
¿De verdad vamos bien?
Orlando Delgado Selley
MÉXICO, DF, 4 de marzo (apro).- El ya tristemente célebre asunto de los 6 mil pesos al mes –ingreso que, según el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, le alcanza a una familia mexicana para tener casa, coche y escuela privada para sus hijos--, obnubiló mentiras tan grandes como el tamaño del desliz de aquél.
Entre las cosas que dijo la semana antepasada el disminuido funcionario federal –esta semana optó por ya no aparecer en los medios, ni siquiera para colgarse las medallas del registro mensual de creación de nuevos empleos-- fue que la economía mexicana camina por una senda de crecimiento y estabilidad, recuperándose de los impactos de una crisis ajena.
La imagen transmitida por el secretario es que vamos bien, que la economía empieza a dar bienestar a las familias, pero que aún no nos hemos dado cuenta. Pero terminaremos enterándonos porque, según él, al haber hecho las cosas bien --no como otros países que enfrentan fuertes problemas para refinanciar su deuda--, el bienestar necesariamente se percibirá.
Sin embargo, un reporte detallado de los resultados de 2010 de la balanza de pagos que acaba de ser presentado por el Banco de México (Banxico) permite evaluar la marcha de la economía. Este informe analiza la relación de México con el extranjero: exportaciones e importaciones, turismo, remesas, inversión extranjera, salidas y entradas de capital, etc. Permite conocer, por ello, cómo se comportaron las cuentas externas del país en 2010. Este año ha sido muy favorable para los países emergentes. Este heterogéneo grupo de países, que incluye a China, India, Brasil y Rusia, entre otros, ha tenido buenos resultados económicos, un dinamismo mucho mayor que el de los países desarrollados y, sobre todo, ventajosas condiciones comerciales internacionales.
Por esto, los países emergentes en 2010 tuvieron un importante superávit comercial, esto es, vendieron mucho más mercancías de las que compraron. En cambio, México que se vio favorecido por mejores precios del petróleo, que pasaron de 57.44 dólares por barril en 2009 a 72.31, y mayor volumen exportado: 1.225 millones de barriles diarios (mbd) en 2009 contra 1.361 mbd en 2010, no sólo no logró superávit comercial, sino que tuvo un déficit comercial de 3 mil 121 millones de dólares. Nuestro comercio internacional de mercancías es importante, ya que exportamos 298 mil 361 millones de dólares e importamos 301 mil 482 millones, de modo que el déficit es apenas 1% de lo que exportamos.
La explicación está en que tenemos un problema estructural derivado de decisiones políticas tomadas por los gobiernos neoliberales priístas y mantenida por los neoliberales panistas. Salinas y su grupo decidieron que dejáramos de producir refinados del petróleo y petroquímicos secundarios, lo que nos ha obligado a importar gasolinas y otros derivados del petróleo, cuyos precios aumentan pari passu que el crudo. De modo que lo que se gana con los aumentos del precio del crudo, lo perdemos con los de gasolinas y derivados. Calderón anunció que se construiría una nueva refinería para producir las gasolinas que consumimos y muchos meses después seguimos en espera de avances reales. Así que el déficit comercial tiene explicaciones y responsables.
La otra parte de la cuenta corriente de la balanza de pagos es la balanza de servicios que, a su vez, se descompone en servicios factoriales, no factoriales y transferencias. En los servicios factoriales hubo un déficit de 14 mil 463 millones de dólares, explicado por ingresos de 5 mil 390 millones y egresos de 19 mil 853 millones de dólares. En los servicios no factoriales está el renglón de turismo, donde se obtuvo un superávit de 4 mil 588 millones, gracias a ingresos de turistas extranjeros por 11 mil 872 millones y egresos de turistas mexicanos en el extranjero por 7 mil 282 millones. Este buen resultado en realidad alude a las dificultades de los mexicanos para seguir turisteando por el mundo. Pero otros conceptos, como fletes y seguros, tuvieron un déficit importante, lo que explica un resultado negativo en esta cuenta de servicios de 9 mil 610 millones
Lo que compensa estos resultados negativos son las remesas que envían nuestros paisanos a sus familias y que, pese a los problemas derivados de la crisis y del colapso del sector de la construcción en Estados Unidos, se mantienen constantes. En 2010, las remesas recibidas en México fueron de 21 mil 271 millones de dólares, prácticamente lo mismo que en 2009 (21 mil 245 millones). Estos ingresos dan cuenta de una economía incapaz de evitar que su gente tenga que salir en condiciones terribles a buscar lo necesario para que sus familias puedan sobrevivir. Ellos enviaron en diciembre pasado, por ejemplo, 5.6 millones de remesas, es decir, 5 millones 641 mil 520 mexicanos en el extranjero les enviaron a sus familias 302 dólares en promedio. Esos envíos logran que la cuenta corriente tenga un déficit pequeño de 5 mil 690 millones de dólares. Así que el déficit en la cuenta corriente tiene explicaciones y responsables.
El otro gran componente de la balanza de pagos es la cuenta de capital, donde se registran los movimientos de entrada y salida de dinero. El dato sobresaliente de esta cuenta es que los mexicanos ricos –pero los ricos de veras, no los que ganan 13 mil pesos al mes, a los que aludió también Ernesto Cordero hace días-- “exportaron” capital al extranjero por un monto de 31 mil 113 millones de dólares. Así que mientras los pobres salen del país a luchar por su vida y las de sus familias en trabajos que, como dijera Vicente Fox, “ni los negros aceptan”, los ricos compran casas, invierten en la bolsa o en empresas o simplemente depositan su dinero en bancos, pero en el extranjero. Esas salidas de capital hacen que los 41 mil 495 millones de dólares de inversión extranjera reduzcan sus eventuales efectos benéficos.
Si comparamos lo que los ricos mexicanos sacan del país con la inversión extranjera directa, es decir, la que compra empresas o amplía las que ya tiene en México, resulta que por cada dólar que ingresa para promover la actividad productiva del país, sale un dólar y 75 centavos. Por otra parte, ingresan capitales al país, según Cordero y demás funcionarios gubernamentales, porque confían en que nuestro país ha hecho las cosas bien y sus perspectivas son prometedoras, aunque en verdad lo hacen para aprovechar los intereses que se ofrecen en el mercado mexicano. Pero salen capitales mexicanos al extranjero porque no confían en México. Los ricos mexicanos están dispuestos a sacrificar rendimiento contra la seguridad de tener recursos en el extranjero.
De modo que el examen de la balanza de pagos no muestra que la economía va bien. Muestra que no se pueden aprovechar oportunidades excepcionales que el comercio internacional ofrece por decisiones incorrectas del pasado que se han mantenido en el presente. Muestra también que hay mexicanos que con enormes esfuerzos y sufriendo condiciones laborales discriminatorias ayudan a sus familias y, con ello, apoyan al país. Al tiempo que hay otros mexicanos que sin sufrir, ni esforzarse, han decidido que lo mejor es huir y protegerse, aunque eso afecte al país entero. Así que bien no vamos, el bienestar no llegará a la mayor parte de las familias mexicanas.
Comentarios: odselley@gmail.com
MÉXICO, DF, 4 de marzo (apro).- El ya tristemente célebre asunto de los 6 mil pesos al mes –ingreso que, según el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, le alcanza a una familia mexicana para tener casa, coche y escuela privada para sus hijos--, obnubiló mentiras tan grandes como el tamaño del desliz de aquél.
Entre las cosas que dijo la semana antepasada el disminuido funcionario federal –esta semana optó por ya no aparecer en los medios, ni siquiera para colgarse las medallas del registro mensual de creación de nuevos empleos-- fue que la economía mexicana camina por una senda de crecimiento y estabilidad, recuperándose de los impactos de una crisis ajena.
La imagen transmitida por el secretario es que vamos bien, que la economía empieza a dar bienestar a las familias, pero que aún no nos hemos dado cuenta. Pero terminaremos enterándonos porque, según él, al haber hecho las cosas bien --no como otros países que enfrentan fuertes problemas para refinanciar su deuda--, el bienestar necesariamente se percibirá.
Sin embargo, un reporte detallado de los resultados de 2010 de la balanza de pagos que acaba de ser presentado por el Banco de México (Banxico) permite evaluar la marcha de la economía. Este informe analiza la relación de México con el extranjero: exportaciones e importaciones, turismo, remesas, inversión extranjera, salidas y entradas de capital, etc. Permite conocer, por ello, cómo se comportaron las cuentas externas del país en 2010. Este año ha sido muy favorable para los países emergentes. Este heterogéneo grupo de países, que incluye a China, India, Brasil y Rusia, entre otros, ha tenido buenos resultados económicos, un dinamismo mucho mayor que el de los países desarrollados y, sobre todo, ventajosas condiciones comerciales internacionales.
Por esto, los países emergentes en 2010 tuvieron un importante superávit comercial, esto es, vendieron mucho más mercancías de las que compraron. En cambio, México que se vio favorecido por mejores precios del petróleo, que pasaron de 57.44 dólares por barril en 2009 a 72.31, y mayor volumen exportado: 1.225 millones de barriles diarios (mbd) en 2009 contra 1.361 mbd en 2010, no sólo no logró superávit comercial, sino que tuvo un déficit comercial de 3 mil 121 millones de dólares. Nuestro comercio internacional de mercancías es importante, ya que exportamos 298 mil 361 millones de dólares e importamos 301 mil 482 millones, de modo que el déficit es apenas 1% de lo que exportamos.
La explicación está en que tenemos un problema estructural derivado de decisiones políticas tomadas por los gobiernos neoliberales priístas y mantenida por los neoliberales panistas. Salinas y su grupo decidieron que dejáramos de producir refinados del petróleo y petroquímicos secundarios, lo que nos ha obligado a importar gasolinas y otros derivados del petróleo, cuyos precios aumentan pari passu que el crudo. De modo que lo que se gana con los aumentos del precio del crudo, lo perdemos con los de gasolinas y derivados. Calderón anunció que se construiría una nueva refinería para producir las gasolinas que consumimos y muchos meses después seguimos en espera de avances reales. Así que el déficit comercial tiene explicaciones y responsables.
La otra parte de la cuenta corriente de la balanza de pagos es la balanza de servicios que, a su vez, se descompone en servicios factoriales, no factoriales y transferencias. En los servicios factoriales hubo un déficit de 14 mil 463 millones de dólares, explicado por ingresos de 5 mil 390 millones y egresos de 19 mil 853 millones de dólares. En los servicios no factoriales está el renglón de turismo, donde se obtuvo un superávit de 4 mil 588 millones, gracias a ingresos de turistas extranjeros por 11 mil 872 millones y egresos de turistas mexicanos en el extranjero por 7 mil 282 millones. Este buen resultado en realidad alude a las dificultades de los mexicanos para seguir turisteando por el mundo. Pero otros conceptos, como fletes y seguros, tuvieron un déficit importante, lo que explica un resultado negativo en esta cuenta de servicios de 9 mil 610 millones
Lo que compensa estos resultados negativos son las remesas que envían nuestros paisanos a sus familias y que, pese a los problemas derivados de la crisis y del colapso del sector de la construcción en Estados Unidos, se mantienen constantes. En 2010, las remesas recibidas en México fueron de 21 mil 271 millones de dólares, prácticamente lo mismo que en 2009 (21 mil 245 millones). Estos ingresos dan cuenta de una economía incapaz de evitar que su gente tenga que salir en condiciones terribles a buscar lo necesario para que sus familias puedan sobrevivir. Ellos enviaron en diciembre pasado, por ejemplo, 5.6 millones de remesas, es decir, 5 millones 641 mil 520 mexicanos en el extranjero les enviaron a sus familias 302 dólares en promedio. Esos envíos logran que la cuenta corriente tenga un déficit pequeño de 5 mil 690 millones de dólares. Así que el déficit en la cuenta corriente tiene explicaciones y responsables.
El otro gran componente de la balanza de pagos es la cuenta de capital, donde se registran los movimientos de entrada y salida de dinero. El dato sobresaliente de esta cuenta es que los mexicanos ricos –pero los ricos de veras, no los que ganan 13 mil pesos al mes, a los que aludió también Ernesto Cordero hace días-- “exportaron” capital al extranjero por un monto de 31 mil 113 millones de dólares. Así que mientras los pobres salen del país a luchar por su vida y las de sus familias en trabajos que, como dijera Vicente Fox, “ni los negros aceptan”, los ricos compran casas, invierten en la bolsa o en empresas o simplemente depositan su dinero en bancos, pero en el extranjero. Esas salidas de capital hacen que los 41 mil 495 millones de dólares de inversión extranjera reduzcan sus eventuales efectos benéficos.
Si comparamos lo que los ricos mexicanos sacan del país con la inversión extranjera directa, es decir, la que compra empresas o amplía las que ya tiene en México, resulta que por cada dólar que ingresa para promover la actividad productiva del país, sale un dólar y 75 centavos. Por otra parte, ingresan capitales al país, según Cordero y demás funcionarios gubernamentales, porque confían en que nuestro país ha hecho las cosas bien y sus perspectivas son prometedoras, aunque en verdad lo hacen para aprovechar los intereses que se ofrecen en el mercado mexicano. Pero salen capitales mexicanos al extranjero porque no confían en México. Los ricos mexicanos están dispuestos a sacrificar rendimiento contra la seguridad de tener recursos en el extranjero.
De modo que el examen de la balanza de pagos no muestra que la economía va bien. Muestra que no se pueden aprovechar oportunidades excepcionales que el comercio internacional ofrece por decisiones incorrectas del pasado que se han mantenido en el presente. Muestra también que hay mexicanos que con enormes esfuerzos y sufriendo condiciones laborales discriminatorias ayudan a sus familias y, con ello, apoyan al país. Al tiempo que hay otros mexicanos que sin sufrir, ni esforzarse, han decidido que lo mejor es huir y protegerse, aunque eso afecte al país entero. Así que bien no vamos, el bienestar no llegará a la mayor parte de las familias mexicanas.
Comentarios: odselley@gmail.com
3.3.11
Banderazo para arriar la bandera de Pemex
Javier Jiménez Espriú
Con bombo y platillos, la dirección de Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía, esta última estrenando titular, anuncian la próxima inauguración de los contratos incentivados, con los que pretenden entregar a la iniciativa privada, anticonstitucionalmente, como afirma el consejero profesional de Pemex Rogelio Gasca, para "abrir boca", tres bloques "maduros" para su exploración y explotación.
La fórmula de pago será, dicen, el 70 por ciento de los gastos del contratista –70 por ciento en que obviamente cabrá bastante más del ciento por ciento de los mismos–, más una cuota por volumen; es decir, por barril extraído. Esto, pagar con una parte del valor de lo que se extrae, ¿no es anticonstitucional?, ¿no es hacer participar al contratista del recurso que es exclusivamente de la nación?, ¿no es esto un contrato de riesgo?, ¿no es esto lo que literalmente prohíbe la Constitución? O no entiendo yo nada o nada entienden ellos, o ambos entendemos claramente todo, pero cada quien defiende lo que le interesa.
Yo defiendo la validez de la Constitución y el concepto de que los hidrocarburos son propiedad única de la nación y que los servicios privados no pueden pagarse con parte del producto obtenido –o su equivalente en una cuota por barril–, y ellos, el enorme negocio que significa la firma de los contratos, para ellos y para los contratistas –asunto mercantil– y su tesis de que Pemex debe abrirse a la participación total de la iniciativa privada –asunto ideológico–. La tesis de la entrega total.
El nuevo secretario de Energía, distinguido ex funcionario de Hacienda a su vez, se estrena con la mentira, varias veces expuesta –pero no por ello convertida en verdad– y la misma aclarada por alguien –yo entre muchos otros– de que los contratos incentivados están autorizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es falso, absolutamente falso. La Suprema Corte aclaró con precisión que, en relación con la controversia constitucional planteada por un grupo de diputados, al conocerse la autorización del consejo de Pemex a las nuevas formas de contratación con incentivos, que era legal la facultad del consejo para fijar las formas de contratación, pero no autorizó, como expresó específicamente uno de los ministros, los contratos, que obviamente debían ser, señaló, constitucionales.
Esto es, el consejo está facultado para definir las formas de contratación, no para autorizar la contratación de nada fuera de la ley como, con subterfugios insostenibles, lo ha hecho. Los contratos planteados son ilegales porque trastocan el espíritu y la letra de la Constitución y quienes los suscriban estarán expuestos a serias consecuencias administrativas y penales. En esto también, los contratos son, no de riesgo, sino de altísimo riesgo.
De esto deben ser conscientes tanto los funcionarios que los suscriban como "los cientos de interesados" a los que en gira artística les serán presentados los primeros contratos a licitación.
Ya en ocasión anterior, después de aprobada la "reforma energética", expresé que se había logrado detener la entrega total de Pemex, pero que no había que bajar la guardia, porque vendrían nuevos embates. Éstos han seguido y, con renovados ánimos y renovado secretario de Energía, ahora aparecen para tratar de asestar un golpe mortal a nuestra industria petrolera.
Con la misma tenacidad de los agresores, quienes queremos a Pemex como una industria nacional apegada a lo que define nuestra ley superior, lo defenderemos sin descanso, con la ventaja de que a nosotros nos asiste la razón legal y los Sentimientos de la Nación.
jimenezespriu@prodigy.net.mx
Con bombo y platillos, la dirección de Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía, esta última estrenando titular, anuncian la próxima inauguración de los contratos incentivados, con los que pretenden entregar a la iniciativa privada, anticonstitucionalmente, como afirma el consejero profesional de Pemex Rogelio Gasca, para "abrir boca", tres bloques "maduros" para su exploración y explotación.
La fórmula de pago será, dicen, el 70 por ciento de los gastos del contratista –70 por ciento en que obviamente cabrá bastante más del ciento por ciento de los mismos–, más una cuota por volumen; es decir, por barril extraído. Esto, pagar con una parte del valor de lo que se extrae, ¿no es anticonstitucional?, ¿no es hacer participar al contratista del recurso que es exclusivamente de la nación?, ¿no es esto un contrato de riesgo?, ¿no es esto lo que literalmente prohíbe la Constitución? O no entiendo yo nada o nada entienden ellos, o ambos entendemos claramente todo, pero cada quien defiende lo que le interesa.
Yo defiendo la validez de la Constitución y el concepto de que los hidrocarburos son propiedad única de la nación y que los servicios privados no pueden pagarse con parte del producto obtenido –o su equivalente en una cuota por barril–, y ellos, el enorme negocio que significa la firma de los contratos, para ellos y para los contratistas –asunto mercantil– y su tesis de que Pemex debe abrirse a la participación total de la iniciativa privada –asunto ideológico–. La tesis de la entrega total.
El nuevo secretario de Energía, distinguido ex funcionario de Hacienda a su vez, se estrena con la mentira, varias veces expuesta –pero no por ello convertida en verdad– y la misma aclarada por alguien –yo entre muchos otros– de que los contratos incentivados están autorizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es falso, absolutamente falso. La Suprema Corte aclaró con precisión que, en relación con la controversia constitucional planteada por un grupo de diputados, al conocerse la autorización del consejo de Pemex a las nuevas formas de contratación con incentivos, que era legal la facultad del consejo para fijar las formas de contratación, pero no autorizó, como expresó específicamente uno de los ministros, los contratos, que obviamente debían ser, señaló, constitucionales.
Esto es, el consejo está facultado para definir las formas de contratación, no para autorizar la contratación de nada fuera de la ley como, con subterfugios insostenibles, lo ha hecho. Los contratos planteados son ilegales porque trastocan el espíritu y la letra de la Constitución y quienes los suscriban estarán expuestos a serias consecuencias administrativas y penales. En esto también, los contratos son, no de riesgo, sino de altísimo riesgo.
De esto deben ser conscientes tanto los funcionarios que los suscriban como "los cientos de interesados" a los que en gira artística les serán presentados los primeros contratos a licitación.
Ya en ocasión anterior, después de aprobada la "reforma energética", expresé que se había logrado detener la entrega total de Pemex, pero que no había que bajar la guardia, porque vendrían nuevos embates. Éstos han seguido y, con renovados ánimos y renovado secretario de Energía, ahora aparecen para tratar de asestar un golpe mortal a nuestra industria petrolera.
Con la misma tenacidad de los agresores, quienes queremos a Pemex como una industria nacional apegada a lo que define nuestra ley superior, lo defenderemos sin descanso, con la ventaja de que a nosotros nos asiste la razón legal y los Sentimientos de la Nación.
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