Darren García
El maíz transgénico amenaza la biodiversidad mexicana por su
potencial de contaminar las variedades nativas con genes que no les
corresponden por naturaleza. Además, afecta la cultura y las tradiciones
alrededor de este cultivo. Consultadas por Contralínea, científicas y
activistas coinciden en que no es necesario que el país corra el riesgo,
por lo que se pronuncian a favor de prohibir los organismos
genéticamente modificados
Las 64 razas de maíz que se cultivan en México, de las cuales 59 son
nativas, se verían amenazadas de permitirse la siembra de maíz
transgénico. La batalla, en tribunales desde hace más de una década, se
libra entre campesinos, sociedad y académicos contra una voraz industria
que busca el control alimentario mexicano.
Una vez que el maíz transgénico se libera al ambiente, se va a cruzar
con otros tipos a través del polen, lo que “podría afectar a nuestras
variedades nativas de maíz”, y provocaría “que se fueran perdiendo
algunas que tuvieran estos genes que no le corresponden”, advierte
Michelle Esther Chauvet Sánchez Pruneda, investigadora de Biotecnología y
economía agrícola por la UAM Azcapotzalco.
Éste potencial riesgo fue uno de los motivos por los que una de las
iniciativas que, el pasado 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel
López Obrador envió al Congreso para reformar el artículo 4 de la
Constitución, en la cual se define al maíz como un “alimento básico y
elemento de identidad nacional destinado al consumo humano, [que] debe
ser libre de modificaciones genéticas, como las transgénicas. [Por
tanto, México] se declara libre de cultivos de maíz genéticamente
modificado. [Y] debe priorizarse su manejo ecológico”.
Capital del maíz en riesgo
“El maíz es de polinización abierta”, explica a Contralínea la también
doctora en economía por la UNAM, Michelle Chauvet. “Esto quiere decir
que una mazorca de maíz se cruza con otra por el viento. En realidad, es
un intercambio de polen entre las plantas”, a lo que se conoce como
flujo génico; de tal manera que un maíz puede contaminarse con genes que
no le corresponden por naturaleza y perder su carácter nativo, con
afectación directa a la biodiversidad mexicana de cultivos.
Una de las perspectivas en pro de este tipo de maíz es que “promete ser
una tecnología que puede resolver fuertes problemas en la producción de
este cultivo, que se exprese en incrementos de productividad y
resistencia a plagas”. Sin embargo, añade una publicación de la Revista
argumentos –de la UAM Xochimilco–, esto presenta un gran desafío
para países “que poseen una gran riqueza biológica y una larga tradición
cultural en el cultivo del grano, como es el caso de México”.
Diversas investigaciones a nivel internacional coinciden en que el maíz
(Zea mays) surgió en México hace 8 mil o 10 mil años. “Este cultivo se
originó mediante el proceso de domesticación que llevaron a cabo los
antiguos habitantes de Mesoamérica a partir de los ‘teocintles’”,
pariente del maíz, cuenta la Comisión Nacional para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad en su página web. “México es el centro de origen
del maíz. Aquí se concentra, muy probablemente, la mayor diversidad de
maíz del mundo”.
El grano de maíz “es el principal grano cultivado en México” y “se
cultiva en todas las entidades del país”, enuncia la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en el Panorama agroalimentario
2023. En cuatro de las cinco regiones mexicanas es el cultivo dominante.
Sólo el sur-sureste tiene otro: la caña.
La centro-occidente fue la región que más maíz produjo en 2022, con 8.46
millones de toneladas (Mt). Por su parte, Sinaloa contribuyó con el
20.8 por ciento del valor total nacional de maíz, con 5.2 millones de
toneladas, seguido de Jalisco (3.9 Mt) y Michoacán (2.09 Mt).
Tan sólo en 2020, la población mexicana consumió 19 millones 35 mil
toneladas de maíz. Para el “ciclo de mercado 2022/2023”, aumentó en más
de 200 mil toneladas, según la “Balanza disponibilidad-consumo” del
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de noviembre
de 2023. Además, México tiene un consumo anual per cápita de 196.4
kilogramos, sintetiza la Revista mexicana de ciencias agrícolas, en un
artículo de marzo de 2023.
Derechos en contra de los agricultores
Otro tipo de tecnologías en la agricultura se dieron a través de
químicos sintéticos –como fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y
maquinaria– a partir de la llamada revolución verde, surgida en la
década de 1940, cuando se pensaba que la crisis alimentaria era por “la
escasa producción de alimentos” y, para solucionarlo, se llevó a cabo
“el aumento de la productividad mediante el desarrollo tecnológico en la
industria agrícola, narra un artículo de la revista Veredas de la UNAM.
Luego de los químicos, llegaron los organismos genéticamente modificados
(OGM) –o transgénicos–, resistentes a plagas y herbicidas. A esto se le
conoce ‘tecnologías como forma de poder’. “En gran parte tiene que ver
con un desarrollo de las tecnologías de punta y más específicamente
hablando de la biotecnología moderna, […] desde la primera liberación de
un organismo genéticamente modificado en la década” de 1990, dice
Arcelia González Merino, doctora en ciencias políticas y sociales por la
UNAM.
A pesar de que González Merino no niega que la innovación pueda ayudar,
acusa que la agroindustria va “en detrimento de posibles beneficios no
solo de pequeños productores, campesinos, sino toda la sociedad en
general”, pues se priorizan las ganancias. De igual manera, la
innovación “generalmente va asociada a la figura de la patente o
derechos de obtentor”, dice a Contralínea la doctora González Merino.
La persona obtentora es aquella “física o moral que mediante un proceso
de mejoramiento haya obtenido y desarrollado, una variedad vegetal de
cualquier género y especie”, define así la Ley Federal de Variedades
Vegetales, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25
de octubre de 1996, en el gobierno del priísta Ernesto Zedillo.
Esta ley surgió en el marco de la Unión Internacional para la Protección
de Obtenciones Vegetales (UPOV, por su sigla en inglés), organización
intergubernamental creada en 1961 con el fin de “proporcionar y fomentar
un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales, con
miras al desarrollo de nuevas variedades vegetales para beneficio de la
sociedad”, pronuncian en su página web. Actualmente hay 79 miembros, de
los cuales México es uno de ellos desde agosto de 1997.
La persona obtentora tiene el derecho de “aprovechar y explotar […] una
variedad y su material de propagación, para su producción, reproducción,
distribución o venta, así como para la producción de otras variedades
vegetales e híbridos con fines comerciales” por sí mismo o de terceros,
con una duración de 15 a 18 años según la especie, siempre y cuando sea
nueva, distinta en sus caracteres, estable después de reproducirse y
homogénea, contempla el documento mexicano. Además, no se requiere el
permiso del obtentor para uso de otras personas en investigación,
autoconsumo o beneficio propio.
De UPOV hay dos figuras, la de 1978 y 1991. México se encuentra en la
primera, aunque “hay ahorita presión para que se adscriba a un sistema
de protección más riguroso [el segundo] y que, pues hay problemas justo
para los campesinos”, menciona la doctora Arcelia González. En esta
nueva extiende el plazo de los derechos de obtentor de 20 a 25 años.
“Evidentemente en 20 años ellos ya tienen otra innovación, entonces
nunca los alcanzamos”, critica la investigadora.
A partir de esto, se atenta contra la tradición campesina de
intercambiar semillas con otras personas o guardarlas para posteriores
siembras, agravado aún más porque se corre el riesgo de que sus propios
maíces se contaminen con transgénicos y llegue un momento en que
utilicen alguna variedad que, por ley, no les pertenece. “Si tenemos
presencia de esos transgenes, eso permite que reclamen su propiedad
intelectual esas grandes empresas” y cobrar regalías a las y los
agricultores, señala la doctora.
En su artículo 48, fracción VII, la ley mexicana indica que se multará
con “2 mil a 10 mil días de salario mínimo” por “aprovechar o explotar
una variedad vegetal protegida, o su material de propagación, para su
producción, distribución o venta sin la autorización del titular”.
A partir del 1 de enero de este año, el salario mínimo se ubicó en
374.89 pesos diarios en la “Zona Libre de la Frontera Norte” y 248.93
pesos para el resto del país. Esto significa que las infracciones
podrían ser desde 497 mil 860 pesos hasta 2 millones 489 mil 300 pesos
en el resto del país y de 749 mil 780 pesos hasta 3 millones 748 mil 900
pesos en el norte.
“El que tú tengas en tu campo o en tu cosecha una variedad transgénica
que no plantaste, no te exime de tener que pagar regalías al propietario
de la innovación”, explica González Merino en referencia a la llamada
“carga de la prueba”. México, “al ser parte de UPOV, hemos adquirido
esas disposiciones también como válidas”.
La también investigadora agrega que este sistema se encuentra “en manos
de empresas trasnacionales [como Bayer-Monsanto, Dupont o Syngenta] por
un lado y, por otro, también algunos gobiernos de países más
industrializados, como Estados Unidos, que han intentado promover,
utilizar y apoyar el crecimiento y el desarrollo de la industria”. En
México, agrega, “el 80 por ciento de la producción de semillas híbridas
está en manos” de estas empresas.
Además, cambió radicalmente quién vende las semillas: ahora lo hacen las
empresas. “Históricamente no era así […], ahora este poder tiene que
ver con la concentración y que tienen muchas estrategias de control:
venden la semilla más el fertilizante más el herbicida. Te venden el
paquete completo; entones, esa forma de concentrar todo lo que implica
la producción y venta de semillas, hace que ellos tengan todo el poder”,
y que atenten contra la seguridad alimentaria, enfatiza la doctora
Arcelia González.
Lo anterior se ve reflejado en que México cada vez importa más maíz
amarillo (transgénico, usado para alimento de animales y otras
industrias) de Estados Unidos, “porque hemos dejado en manos de la
iniciativa privada la producción de semillas tan importantes”, agrega la
investigadora.
De acuerdo con el SIAP, en 2023 México importó 5 mil 872 millones 512
mil dólares de maíz, superior por más de 100 millones de dólares en
comparación con el 2022. En cambio, exportó 107 millones de dólares.
El Panorama agroalimentario 2023 de Sader menciona que Estados Unidos
generó en 2022 más de 14 veces en maíz que lo generado en el país, y es
el principal productor a nivel mundial. México es el séptimo, con 26
millones 553 mil 239 toneladas. Además, importó más de 17 millones de
toneladas. Esto a pesar de que en territorio mexicano se consume 10
veces más maíz que en Estados Unidos.
Revolución sin justicia
En México inició la revolución verde, añade la revista Veredas, “con la
fundación del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y el Trigo”.
Comenzó a la par una serie de modificaciones legales para adaptar la
agricultura mexicana a los intereses de la revolución verde, por lo que
el Estado disminuyó cada vez más en sus funciones reguladoras y pasó
simplemente a ser un espectador.
En 1996 se creó la Ley Federal de Variedades Vegetales para regular el
derecho de obtentor de semillas mejoradas y que no fueran a ser usadas
de otra forma que la ley no permitiera, contempla la Revista
Agricultura, Sociedad y Desarrollo de la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM).
No fue hasta 2007, en el sexenio de Felipe Calderón, que se modifica la
ley de 1996, por la cual “se creó un marco de protección a los derechos
de obtentor y se sembraron plantas transgénicas”. Dos años antes, en
2005, con Vicente Fox al mando del Ejecutivo, se creó la Ley de
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, conocida como “Ley
Monsanto”, que, en el papel, buscaba “regular específicamente a las
tecnologías transgénicas”.
En entrevista con Contralínea, la activista Montserrat Téllez explica
que “esos gobiernos vendieron nuestra agricultura básicamente”. La
integrante de la organización Semillas de Vida y de la campaña Sin Maíz
No Hay País, detalla que desde la década de 1980 sucedió “un giro de la
política agrícola hacia una perspectiva neoliberal […] y se dejó
vulnerable al sector campesino, que es el que produce la gran mayoría de
nuestros alimentos”.
Contrario a lo anterior, “con este gobierno logró llegar gente,
posicionarse en distintos espacios dentro, gente que siempre ha estado
en la lucha hace muchos años, y esa gente ha sido muy congruente en su
labor. Hemos tenido un conjunto de modificaciones al marco normativo que
han generado condiciones distintas de lucha”, afirma la integrante de
Semillas de Vida; aunque “no podemos ignorar que hay contradicciones”.
Punto de quiebre
El debate sobre el maíz transgénico explota cuando, en 2001, “se detectó
la presencia […] en plantaciones de maíz nativo en la Sierra de Oaxaca”
por los investigadores Ignacio Chapela y David Quist, publicado en un
artículo de la revista Nature, explica el libro El maíz en peligro ante
los transgénicos, publicado en 2013, coordinado por la doctora Elena
Álvarez-Buylla, actual titular del Consejo Nacional de Humanidades,
Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).
Esto derivó en un informe elaborado por la Comisión para la Cooperación
Ambiental, creada por los países del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN). “No cabe duda que los transgenes están ya
presentes en el maíz mexicano y se propagarán”, confirmó el texto de
2004, el cual agregó que la fuente principal de tal presencia “es el
grano cultivado en Estados Unidos”, mismo que se importaba a México sin
separación, por tanto, se mezclaba con los nativos.
La importación de maíz transgénico, advierte Montserrat Téllez, es una
manera de posible contaminación, pues “el maíz entra en grano, y el
grano es también semilla. El grano entra vivo a nuestro país. Eso se
suma a que no hay trazabilidad, no hay un seguimiento de qué sucede con
ese grano nuevo que entra. Se asume que como aquí somos autosuficientes
va hacia la industria pecuaria [o] los ultraprocesados, pero se ha
demostrado que sí está en nuestros alimentos”.
Si bien concluyeron que “no existe evidencia empírica alguna que el
proceso de producir cultivos genéticamente modificados sea dañino o
benéfico en sí para la salud animal o humana”, reconocen que estos “no
parecen atender” las necesidades “más urgentes” de los campesinos.
Asimismo, indicaron que “la evaluación del riesgo del maíz transgénico
en México está inextricablemente ligada al papel central del maíz en la
historia y cultura mexicana”, tanto en creencias como valores
“culturales, simbólicos y espirituales” que no se presentan en Canadá ni
en Estados Unidos.
Se debe considerar “socialmente aceptable” la protección “al campesinado
y sus variedades tradicionales de maíz […], resulta claro que la
reducción máxima de los riesgos de la introgresión de transgenes en las
razas locales de maíz mexicano se lograría mediante la prohibición total
de la importación de organismos vivos modificados en la forma de maíz
transgénico”, a pesar de sus costos “inaceptablemente elevados”, sugiere
el informe.
La presencia se mantiene
En 2019, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC),
publicó un informe acerca de una revisión de los maíces transgénicos en
México. De cinco estados de la República (Veracruz, Oaxaca, Ciudad de
México, Michoacán y Chiapas), regiones “que cuentan con la mayor
diversidad de maíces”, obtuvieron 1 mil 580 muestras de ADN para
revisión.
De éstas, 1 mil 455 (es decir, el 92.1 por ciento) dieron negativo a
“presencia de transgenes”; el restante 7.9 por ciento (125 muestras) dio
positivo “para tres eventos: MON810, NK603 y TC1507”, describió la
investigación. Del total de las positivas, 58 provenían de Chiapas, 13
en Veracruz, 11 en Oaxaca, siete en Michoacán y seis de la Ciudad de
México.
“A nivel mundial existen 229 eventos transgénicos de maíz aprobados para
consumo humano y animal, de los cuales el 51.52 por ciento (118
eventos) contienen al menos alguno de los eventos transgénicos
analizados en este trabajo”, los cuales también son los más comunes a
ser encontrados en alimentos procesados, explicó el texto del INECC.
México no necesita maíz transgénico
En el país se han autorizado dos tipos de transgénicos de maíz. El
primero “tiene el gen de la bacteria Bt (Bacillus thuringiensis) que
hace que la planta produzca la toxina Bt, que funciona como
insecticida”, contra plagas, explica Greenpeace México en un documento
junto a la Universidad Autónoma de Chapingo (UAC). El segundo funciona
para resistir a herbicidas, como el MON87429.
Las y los campesinos “siembran en el periodo otoño-invierno. No hay
tantas hierbas porque no hay las condiciones, entonces el maíz
resistente a herbicidas no nos viene a funcionar, y el resistente a
plagas tampoco porque, por el invierno, pues tampoco hay plagas”; es por
eso que México no necesita de maíz transgénico, aclara la doctora
Michelle Chauvet.
“Este maíz que es resistente a este insecto pues no es funcional, porque
realmente en México no tenemos ese problema tan grave de esa plaga como
en Estados Unidos, donde sí es una plaga muy importante”, concuerda
Beatriz Rendón Aguilar, doctora en Ecología por la UNAM.
Por otra parte, “si en el norte se autoriza la siembra de eventos
transgénicos para forraje [alimento de animales], pues obviamente no les
va a servir la línea transgénica que tiene que ver con gusano, porque
se supone que nunca va a llegar a la reproducción de maíz”, añade la
doctora en entrevista para Contralínea.
En cambio, “las variedades nativas sobresalen por su resistencia a
entornos adversos y otras características como sus colores, texturas y
contenido de nutrientes, por ello es importante fomentar su producción y
la adopción en su cultivo de prácticas agronómicas sustentables que
contribuyan a obtener mejores rendimientos”, sugiere la Sader.
Tensa calma en tribunales
Ante la presión de “corporaciones productoras de semillas transgénicas”,
en 1995, científicos del Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola
(CNBA) “encargados de aprobar los permisos de siembra, propusieron una
moratoria de facto a la siembra experimental y comercial de maíz
transgénico”, explicaba la revista Metodhos, de la Comisión de Derechos
Humanos del entonces Distrito Federal.
Esta moratoria la retomó la hoy extinta Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a finales de
1998 y se extendió hasta el 6 de marzo de 2009, cuando se reforma la
Ley de Bioseguridad y se permite entonces “la entrada de maíz
transgénico a suelo mexicano”. Enseguida se dieron 24 permisos en 24
localidades de estados como Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas
“para experimentar con maíz transgénico”, continúa el texto.
El 8 de marzo de 2011, Sagarpa “otorgó a Monsanto el primer permiso para
la siembra piloto de maíz amarillo transgénico (MON603) en una
superficie menor a una hectárea” entre Tamaulipas y Nuevo León, advierte
la revista. Para 2012 ya eran 248 permisos, de los cuales se aprobaron
195, añade el Laboratorio de estudios sobre empresas transnacionales de
la UNAM.
Tal escalada en favor de los intereses del capital urgió a la sociedad
organizada a realizar una demanda colectiva. Cincuenta y tres personas
–desde campesinos hasta investigadores– demandaron el 5 de julio de
2013 a Sagarpa, Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales), “así como [a] empresas transnacionales que buscaban
instalarse junto a sus transgénicos en México”.
La demanda buscaba, de acuerdo con la colectiva Semillas de Vida en su
página web, la declaración de que “se han liberado al ambiente de forma
voluntaria o involuntaria organismos genéticamente modificados de maíz
en lugares no permitidos y en actividades no autorizadas”.
De igual manera, que esos OGM afectan “al derecho humano de
conservación, utilización sostenible y participación justa y equitativa
de la diversidad biológica de los maíces nativos ya que sobrepasa los
límites permitidos por la Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados (LBOGM)”; y que “con mayor razón se afectará
la agrobiodiversidad si se liberan a gran escala maíces transgénicos”,
puntualiza el texto.
Por tanto, se pretendía que “con base en las propias leyes se nieguen
los permisos de liberación o siembra de maíz transgénico en todo el
país”, explica la colectiva. Esto a través del juzgado federal doceavo
de Distrito en materia Civil del Distrito Federal.
El Consejo de la Judicatura, en el documento DGCS/NI: 41/2013, fechado
el 14 de octubre de 2013, confirmó que el 17 de septiembre de ese año,
se ordenó a las secretarías “abstenerse de realizar actividades
tendentes a otorgar permisos de liberación al ambiente de Organismos
Genéticamente Modificados del maíz”, así como liberación comercial,
piloto y experimental “sin que esta medida implique revocar los ya
dictaminados o concedidos”.
“Esta decisión es en tanto el juicio no acabe”, explica Montserrat
Téllez. Entonces [la lógica fue]: como la materia del juicio puede verse
afectada si no ponemos este freno, cuando terminemos el juicio ya va a
estar contaminado todo el maíz si permitimos que siembre”.
El 13 de octubre de 2021 se negaron cuatro amparos promovidos por
Monsanto, Syngenta, Dow AgroSciences y PHI México en la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad. El amparo en
revisión era el 1023/2019.
El 4 de enero de este año, la Suprema Corte votó en contra de “la
resolución de un juicio de amparo a favor de la empresa Bayer-Monsanto
contra el decreto presidencial para la sustitución progresiva del uso de
glifosato y prohibición de maíz transgénico, presentado por el
magistrado Ricardo Gallardo Vara”, lo cual celebró la colectiva.
Sin embargo, la integrante de Semillas de vida alerta que también “el
año pasado se dio una primera decisión del juez en la que pues no se nos
da la razón a la colectividad demandante”. Y, si bien fueron a otra
instancia, tampoco les favoreció la decisión. “Ahora vamos a ver cómo
nos va. Se está dando la lucha en otra instancia” junto a un grupo de
abogadas y abogados que apoyan.
“Debemos seguir […] apoyando esta demanda de los pequeños productores y
de los campesinos para que el maíz se declare casi como un cultivo de
seguridad nacional y la base de la alimentación, que lo es, y por lo
mismo cuidarlo”, indica la doctora Arcelia González Merino.
La lucha trasciende fronteras
El 31 de diciembre de 2020, el presidente publicó un decreto en el DOF
con el fin de establecer los lineamientos de las dependencias para
sustituir gradualmente el uso de glifosato y la siembra de maíz
transgénico en México, así como su consumo en personas con fecha límite
al 31 de enero de 2024.
Para el 13 de febrero de 2023, se remplazó con otro decreto que agrega
la prohibición de la importación de ambas tecnologías, sólo que en el
caso de maíz transgénico se permite el destinado para alimentación
animal y uso industrial, con la promesa de que desaparezca gradualmente;
esta vez se fijó el plazo límite al 31 de marzo de 2024. No cumplieron
con las fechas establecidas.
A nivel nacional ocasionó una serie de amparos. “Buscaban que el decreto
fuera declarado inconstitucional y quedara sin efectos”. Uno fue por
parte de Semillas y Agroproductos Monsanto y Monsanto Comercial,
filiales de la transnacional Bayer, explica Conahcyt en su comunicado
544, de junio pasado.
El instituto aportó evidencia científica en favor de la postura del
gobierno mexicano. Luego de disputas legales, Monsanto Company desistió
de la demanda, lo que significó un triunfo “a favor de la vida, la
salud, la naturaleza, la riqueza biocultural y la soberanía
alimentaria”, celebró Conahcyt.
A nivel internacional, el decreto llevó Estados Unidos a comenzar una
controversia en un panel del T-MEC, principalmente por el tema de la
prohibición de maíz transgénico en tortillas y masa, bajo el argumento
de que las acciones de México “carecen de evidencia científica” y no
están acorde los lineamientos del Tratado, así como afectan a los
agricultores estadounidenses. Tal controversia comenzó otra etapa a
finales de junio pasado.
“Para nosotras, esta controversia es una expresión más de que las
grandes corporaciones van por todo. No van a dar ni un paso atrás en su
afán imperialista de controlar por completo el mercado de maíz en
nuestro país a través de los genéticamente modificados”, exhibe
Montserrat Téllez.
23.7.24
México no necesita maíz transgénico: es un peligro para las variedades nativas
5.7.24
Los primeros tropiezos en la guerra de la tortilla con México
Ernesto Hernández López*
La semana pasada comenzó una batalla internacional por la tortilla. EU
afirma que el gobierno mexicano viola obligaciones comerciales
Estados Unidos ignora las cifras comerciales y tergiversa la política mexicana sobre el maíz.
La semana pasada comenzó una batalla internacional por la tortilla. Por
un ingrediente fundamental de los tacos, Estados Unidos inició una
disputa comercial con México.
En 2023, mediante un decreto, el gobierno mexicano prohibió el maíz
modificado genéticamente (OMG) para consumo humano. Estados Unidos
afirma que esto viola las obligaciones comerciales. Preocupado por sus
exportaciones de maíz transgénico, formó un panel comercial en el marco
del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-mec). La semana pasada se
celebraron audiencias durante dos días.
Incluso antes de esto, la controversia estaba sobrecargada; era un lío
chapucero. Hasta la fecha, los documentos jurídicos presentados por
Estados Unidos y México contienen 586 páginas, 758 pruebas documentales y
casi 2 mil notas a pie de página.
Asimismo, los argumentos abarcan más de 20 disposiciones del T-mec y
varios anexos. Canadá y las organizaciones no gubernamentales han
aportado documentos adicionales. Es difícil de seguir, ya seas un
experto en comercio, un científico o simplemente te preocupe la
seguridad alimentaria.
La postura estadunidense tiene dos puntos débiles: errores económicos y
tergiversaciones sobre el decreto. Se trata de fallas básicas, propias
de una clase de introducción al Comercio Internacional, sobre lesiones y
política. Las torpezas sobresalen de la jerga jurídica y científica de
los expedientes. Estados Unidos debería abandonar el caso.
Un buen lugar para empezar a entender la lucha es el propio decreto. El
artículo sexto prohíbe el maíz transgénico para consumo humano, definido
precisamente como ingrediente para tortillas o masa. Detiene las
aprobaciones de maíz transgénico para estos dos productos; eso es todo.
El decreto es explícito al no tocar los OGM para alimentación animal o
uso industrial; mercados a los cuales los productores estadunidenses
exportan principalmente.
Las motivaciones del decreto incluyen la protección de la salud humana,
la biodiversidad y la seguridad alimentaria. La prohibición responde a
los riesgos del glifosato, un herbicida necesario para cultivar maíz
transgénico. El mismo es considerado como una causa probable de cáncer
por las agencias sanitarias internacionales y los tribunales
estadunidenses.
Además, México es el centro de origen y diversidad del maíz, una
designación científica que indica una vulnerabilidad genética extrema.
En 2021, el Tribunal Supremo de México dictaminó que los OMG amenazan
con dañar esta biodiversidad. Más inmediato, el maíz proporciona la
mitad de la ingesta diaria de proteínas de los ciudadanos.
Con el artículo sexto, el gobierno reduce estas amenazas al prohibir los
OMG en las tortillas y la masa que comen millones de personas cada día.
Por estos riesgos científicamente establecidos, adaptó el decreto para
que sólo afectara a dos alimentos básicos.
De igual manera, Estados Unidos ignora las cifras económicas recientes.
Las importaciones mexicanas de maíz han aumentado desde el decreto. La
semana anterior a las audiencias, el Departamento de Agricultura
estadunidense informó sobre un “récord” de exportaciones para 2023 y
2024. Asimismo, prevé tendencias similares para el próximo año. Esto
confirma los informes anteriores que citaban aumentos del 20 por ciento.
En pocas palabras, el decreto no tiene ninguna repercusión real en el
comercio de maíz. ¿Por qué? Porque, en su inmensa mayoría, los
agricultores estadunidenses exportan maíz para la alimentación animal y
no para el consumo humano. Seamos claros, Estados Unidos lucha a medida
que aumentan las exportaciones; no tiene sentido.
Además, tergiversa el decreto. Argumenta que México impone una
“prohibición de la tortilla de maíz”, lo cual es falso. Sólo suspende
las autorizaciones para el consumo humano; el maíz transgénico puede
seguir importándose.
México describe esto como una “limitación de uso final”, ya que regula
cómo se utiliza el maíz transgénico, lo cual se aplicaría a cualquier
lugar, incluidas las granjas nacionales.
Además, Estados Unidos exagera lo que hace el decreto. Asimismo, discute
sobre cuestiones que no vienen al caso. Lo que denomina “instrucciones
de sustitución” para obligar a sustituir el maíz OGM en la alimentación
animal. La queja es que las instrucciones no son claras.
Problema: el decreto no obliga a la sustitución. Lo que hace es
describir las acciones futuras y los requisitos previos necesarios, con
el objetivo de sustituir los piensos modificados genéticamente.
El artículo séptimo dice que la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) seguirá aprobando el maíz
transgénico en la alimentación animal, siempre y cuando no sea para
tortillas. Aclara que las dependencias federales llevarán a cabo
cualquier posible sustitución. Implícitamente, los gobiernos estatales
no tienen ningún papel.
El artículo octavo explica los elementos necesarios antes de cualquier
sustitución. También, designa los parámetros para sustituir el maíz OGM
para animales. Las condiciones previas incluyen determinar la seguridad
alimentaria nacional y cualquier impacto en la salud humana. En dos
presentaciones, México explica que los prerrequisitos no se han dado.
Por lo tanto, no ha fijado ninguna fecha para la sustitución, y mucho
menos ninguna orientación.
El decreto no exige en ninguna parte alternativas a los OMG; no afecta
al maíz para el ganado. Las quejas estadunidenses no dan en el blanco.
La disputa acaba de empezar a calentar el comal. El informe final del
panel llegará en noviembre. Hasta entonces, espere un lío con más
argumentos científicos y jurídicos amontonados. En términos más
sencillos, Estados Unidos ignora la realidad comercial y tergiversa el
decreto. Errores básicos que agravan los obstáculos en las normas de
seguridad alimentaria del T-mec.
Esto debería inspirar resolución frente a la repetición de derrotas
comerciales para Estados Unidos. Los agricultores estadunidenses y los
consumidores mexicanos merecen algo mejor. Poner fin a la disputa
asegura un comprador de maíz en un país vecino y promueve la salud
pública en México. El rumbo actual sólo produce incertidumbre.
*Profesor de la Facultad de Derecho, de Chapman
University, en California, Estados Unidos; investigador de derecho
internacional privado
3.7.24
Piña da la cara
Fabrizio Mejía Madrid
“Pues, licenciada Piña, la decisión ya fue tomada el 2 de junio, aunque usted ha hecho todo para no asumirla”.
El jueves 27 de junio fue la primera vez que el legislativo y el
judicial se reunieron para discutir una propuesta del ejecutivo. Lo
hicieron porque la votación de todos nosotros el 2 de junio los obligó.
Esa votación convirtió al Poder Legislativo en un poder constituyente,
con las dos terceras partes a favor de la propuesta del Plan C. Y,
entonces, Norma Piña y sus ministros tuvieron que ir a escuchar a esos
legisladores a los que suplantaron durante seis años anulando la mayoría
de las leyes que aprobaron. Tuvieron que ir a exponerse a las críticas.
Tuvieron que ir a justificar por qué se negaron a limpiarse de
corrupción cuando se les dio la oportunidad. Ahora, ya los ciudadanos
habíamos decidido por ellos: 36 millones de votos mandatamos que se
reformara el Poder Judicial.
De los 33 personajes que hablaron, quizás la que quedó peor fue la
Fiscalía General de la República que sólo mandó un representante, en vez
de que su omiso titular, Gertz Manero, se presentara, al menos a que le
diera el aire. Hablaron hasta los partidos que ya no existen como el
PES y el PRD. Y habló el PRI y el PAN, esos que se habían negado,
incluso, a leer las iniciativas del Presidente durante los años de la
“moratoria legislativa”, donde no hacían nada salvo cobrarnos. Fue el
primer acto del nuevo régimen en México con un poder ejecutivo legítimo,
un Congreso constituyente, y un Poder Judicial que, por haberse negado a
reformarse, ahora espera a que los otros dos poderes decidan sobre su
futuro que, sin duda, será el que su legitimidad sea, también
democrática, no, como ahora, influyentista y nepotista. De lo que se
dijo ahí, trata esta columna.
Empezó una diputada del PRI, Marcela Guerra, que se aventó las
siguientes frases para el bronce: “el Poder Judicial es el repositorio
de las certezas para la república”; “La certeza debe de ser el faro
señero”; y “El espíritu republicano nos obliga a atender la otredad”.
Grande la retórica priista, siempre hermanda con Cantinflas. Pero luego
vino el lider del PRI, Rubén Moreira. Usó la clásica de que no hay
tiempo para reflexionar en tan profunda tarea y que no hay que acelerar
los debates. De no haber estado en huelga, ellos habrían podido tener su
“sana ponderación” —como la llama Moreira— desde 2021, cuando se empezó
a hablar del tema. O pudieron usar el tiepo en que no hicieron nada
para sus reflexiones tan constitucionales. Pero, luego, Moreira propuso
tirarle dinero al problema. Dijo: “no hemos estado a la altura de
satisfacer las necesidades presupuestales que permitan a los Poderes
Judiciales mostrarnos qué es lo mejor que nos pueden dar”. Es decir,
para Moreira los 37 mil millones escondidos en fideicomisos del Poder
Judicial, la Judicatura y el Tribunal Electoral, no eran nada. Para
Moreira los 78 mil millones que gastan al año los jueces tampoco es
“satisfacer sus necesidades presupuestales”. El diputado aseguró que hay
pocos jueces y que tienen mucha carga de trabajo y, para sostener su
dicho, habla que un juez en Monterrey tiene 15 mil expedientes. Se
refiere al juez que se la pasa aplazando los juicios de evasores de
impuestos en Nuevo León. Un juicio que era para mayo de este año fue
aplazado para abril del 2025. Así, estos expedientes que no se mueven en
Nuevo León no son porque tengan mucho trabajo los jueces sino porque
los sobornan para que se muevan en círculo. Sólo en Nuevo León, eso ha
significado 3 mil millones de pesos no pagados a Hacienda. Cuando el
priista habla de que tienen mucho trabajo en realidad se refiere a que
se la pasan aplazándolo, a cambio de un dinerito.
Pero el diputado priista se nos volvió metafísico cuando dijo: “Creo en
la dialéctica como método exitoso del Legislativo y, por lo tanto,
espero que hablemos del Poder Judicial con la convicción de que el
derecho es una ciencia y que las decisiones de los jueces por regla
general tienen tras de ellos siglos de reflexiones filosóficas y no solo
el sentido común que ha sido responsable de muchas y aberrantes
injusticias”. Para empezar, comparar al derecho con una “ciencia” es
darle un carácter inmutable, verificable, y fiable, es decir, que sus
resultados se pueden repetir en todos lados y momentos. Esto, además de
ser aberrante porque implicaría que una decisión judicial es inmutable y
siempre verdadera, como que dos más dos son cuatro, es elitista porque
supondría que sólo unos pueden llegar a esas “reflexiones filosóficas de
siglos”, a los que se refiere Moreira. Por eso excluye el “sentido
común”, que es el juicio moral que todos tenemos cuando sabemos cuál es
el bien y el mal en cada caso. Así que la defensa del PRI de Norma Piña,
con quien se juntaban a cenar en vísperas de las elecciones, es que son
científicos con un conocimiento secreto, inciático, místico y arcano
llamado “derecho”. Pero aquí de lo que se trata no es del derecho sino
de la justicia. Hay una diferencia, diputado Moreira. Uno necesita, sí,
un buen abogado. Pero necesita un juez justo. El abogado debe ser hábil
en los vericuetos de las leyes. El juez debe tener clara conciencia de
que su decisión afectará a uno o a otros y que tiene consecuencias para
el interés general. Si bien no todos sabemos derecho, todos sabemos que
es justo y que es injusto. Por eso no todos somos abogados pero todos
podemos emitir un juicio sobre razonable y con rectitud.
Dante Delgado, el dirigente perpetuo del Partido del Movimiento
Ciudadano, se alió al priismo cuando desestimó los 36 millones de votos
para la reforma constitucional del Poder Judicial. Lo dijo así: (Esta
reforma) “debe insertarse en un episodio de verdadera política, de la
política que construye en lugar de la que impone, de la política de
consenso con las minorías y con la sociedad en lugar de la que se funda
en la arrogancia del poder”. Para Dante la mayoría calificada no es un
mandato democratico, sino tan sólo vanidad. Para Dante no hay un poder
constituyente nuevo sino la vieja concertacesión de las minorías que
actúan como grupos de presión, como el MC. Quien hizo campaña anunciando
“una nueva política” recurre al más viejo de los trucos del régimen
prianista: que la mayoría se avenga con el grupo de presión para digan a
coro que hay pluralidad. El problema, Dante, es que el voto mayoritario
no es ilegítimo como en tiempos de Salinas y Gutiérrez Barrios. Ahora
es un mandato democrático.
Pero vayamos a los ministros. El primero en abrir la boca fue Pardo
Rebolledo, cuya hija, Daniela, nomás terminó la carrera de Derecho, ya
tenía un puesto de Secretaria de Estudio y Cuenta Adjunta en la
Secretaría Jurídica de la Presidencia y ganaba casi tanto como el
Presidente de la República. No la nombró su papá directamente sino el
ministro Luis María Aguilar Morales, cuya hija, que es dentista, se
encarga nada menos que de arraigos, cateos e intervención de
comunicaciones. A ella tampoco la nombró su papá, sino otro ministro:
Gelasio Pérez Dayán. Y así, estos ministros nepotistas se llenaron las
bocas con la supuesta “carrera judicial” que ellos dicen existe en la
Corte. Dijo Pardo Rebolledo entregado al cinismo nepotista: “El Poder
Judicial federal que tenemos se encuentra estructurado sobre el
principio de carrera judicial consagrado en nuestra Constitución, e
implica un sistema que permite tomar en consideración los méritos, la
antigüedad y la experiencia para poder aspirar a ocupar los cargos de
juez o jueza de distrito, magistrada o magistrado de circuito, a través
de concursos de oposición, en donde sólo los que resultan triunfadores
pueden acceder a tan importantes cargos, garantizando de esa manera la
objetividad en su designación”. Salvo que los méritos, la antigüedad y
experiencia de su hija eran de alguien que tenía cuatro años de haber
salido de la carrera. Pero, bueno, la familia es la famila. Sigue Pardo
Rebolledo: “En mi opinión, y después de más de 40 años de servicio en el
Poder Judicial de la Federación, la carrera judicial y los concursos de
oposición constituyen una vía adecuada para seleccionar a quienes
integramos la Judicatura Federal”. Aquí se le olvida al ministro que el
87% de los cargos se otorgaron por concursos cerrados a gente que ya
trabajaba en el sistema judicial. Nunca fueron abiertos al resto de los
abogángsters. Se le olvida también que el 51% de los ministros y
magistrados han logrado colocar a un pariente en alguna chamba judicial,
como él y Aguilar Morales colocaron a sus hijas.
Escuchemos, ahora, a Lenia Batres. Ella señaló asuntos cruciales. Dijo:
“Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de
influencias y cerradas al pueblo de México. El Poder Judicial es
independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos, no es una
apreciación subjetiva. De cerca de 258 mil tesis aisladas. Y de
jurisprudencia vigentes, sólo 195 se refieren al derecho a la salud, 70
al derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda y apenas 13 al
derecho al agua”. Estamos hablando de que el sólo el rídiculo 0.1% de
las resoluciones es para nosotros, la gente, el pueblo. El resto es para
las empresas, narcotraficantes, y saqueadores. Pero Batres abundó: “Se
han emitido 12 mil 845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad
tributaria. Mil 387 sobre el derecho de propiedad privada y 891 sobre el
libre mercado, que incluso llega a considerarse derecho humano”. La
ministra hizo una propuesta adicional a las contenidas en el Plan C que
me gustaría retomar. Dijo: “Propongo limitar a los órganos del Poder
Judicial para que respeten claramente la Constitución empezando por la
Suprema Corte; limitar sus interpretaciones y resoluciones,
absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado y
derogado; y de emitir estándares, lineamientos o parámetros dirigidos a
regular la función ejecutiva o legislativa; limitar la invalidación de
leyes para que proceda solo cuando se actualice algún contenido
realmente inconstitucional; eliminar la invasión judicial en
nombramientos de funcionarios de la administración pública y de
magistrados de tribunales administrativos o agrarios; transparentar la
actuación de los órganos jurisdiccionales, abriendo las sesiones de la
Suprema Corte, publicando los proyectos de sentencia e incorporando la
realización de audiencias públicas en las que puedan manifestarse
actores que no sean parte en los juicios; suprimir la manipulación de
tiempos de resolución y la asignación arbitraria de casos a ministras y
ministros en la Suprema Corte”. La propuesta de la ministra Lenia parte
del hecho de que es la Constitución la que es superior a los tres
poderes de la República. Hasta ahora, con Norma Piña, la superioridad es
de un poder, el judicial, no de la Constitución. Y así, los ministros
han invalidado las leyes que la mayoría aprobó en el Congreso, como la
energética o la electoral. Es decir, la Corte ha suplantado a los
diputados y senadores. La llamada “independencia” de los juzgadores ha
resultado en simple y llana arbitrariedad, en procesos fraudulentos
donde las sentencias son motivadas por razones infundadas, como, por
ejemplo, que los diputados no discutieron durante el tiempo que al
ministro le parece suficiente. Y así han invalidado leyes ya aprobadas.
Todavía la vida nos había reservado a González Alcántara Carrancá que,
sin miedo a los 36 millones de votos, se puso a insultarlos. Dijo: “La
ciudadanía vota usualmente por propuestas, pero no evalúa resultados,
por eso debemos de preguntarnos qué papel queremos que cumpla en la
función judicial, el voto popular”. ¿De dónde sacó esa idea el
licenciado Carrancá? Si los ciudadanos no evaluaran resultados, jamás
habrían sacado al PRI y al PAN del poder. Y son los resultados
desastrosos del Poder Judicial, liberando narcotraficantes, amparando a
corruptos, desoyendo a las comunidades, lo que nos trajo hasta aquí. Una
evaluación de los resultados. Quién sabe de qué concurso sacan a esta
gente. Luego, Carrancá se prounició en contra de que se casigue a los
jueces corruptos y, más bien, que haya más discilplina en la escuela de
formación judicial. Esa escuela tiene un consejo académico encabezado
por —no me lo van a creer—: Norma Piña. Con toda seguridad ahí Norma
Piña sí va a enseñarle a los juzgadores a ser honestos.
Todavía faltaba Laynez Potizek quien dijo: “Claro que hay problemas y
deficiencias muy importantes que no pueden soslayarse y menciono una y
reconozco: la incapacidad que hemos tenido en el Poder Judicial para
comunicarnos con la sociedad, para transmitirles qué hacemos, quiénes
somos y cómo lo hacemos”. Es decir, según Laynez, no es que el pueblo
los considere podridos y corruptos, sino que no sabe qué hacen. E una
ciudadanía que ignora lo buenos que son en el 0.1% de sus resoluciones.
Debe ser falta de información lo que llevó a 36 millones a hacer un
constituyente de la próxima legislatura federal. Por ejemplo, no
sabemos, el pueblo no sabe que fue él, Laynez Potisek, quien otorgó un
amparo a las empresas de cigarros electrónicos y vapeadores, no obstante
que está demostrado el daño pulmonar que causan. O no sabemos que fue
él, Laynez Potisek quien impidió que los fieicomisos guardados por el
Poder Judicial para sus lujos no fuera enviado nunca a Acapulco para
aliviar a los daminificados del huracán Otis. O que él, Laynez Potisek,
fue el que argumentó que en la ciudad de México ya no exista el delito
de corrupción para los particulares que manejan organizaciones civiles.
Ha de ser que ignoramos todo eso, licenciado Laynez, y por eso queremos
botarlos a todos de una vez. Concluye Laynez: “El cargo de juzgador no
puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recabe durante
la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable
comprometerá la independencia y resolución y estará más propicio a la
corrupción de conflicto de interés”. ¿Será que las empresas de cigarros
electrónicos se te acercan en campaña o nada más en lo oscurito?
Por su parte, Pérez Dayán no le tuvo miedo a la historia del desastre y
dijo: “La prisa no es un buen consejero. Los arrebatos, como la
nacionalización de septiembre de 1982, que desencadenó y culminó con el
Fobaproa de 1996, resultaron dolorosos y socialmente muy costosos”. ¿De
dónde sacó Pérez Dayán que la nacionalización bancaria y el Fobaproa
estaban relacionadas? De algún hueco oculto de su propio cuerpo. Si así
fundamentan sus argumentos, imagínense las sentencias. Nada más por no
dejar, licenciado Pérez dayán: la nacionalización bancaria de López
Portillo dio origen al neoliberalismo porque fomentó las casas de Bolsa
que generaron la crisis de 1987. Pero fue la reprivatización de Carlos
Salinas de Gortari de toda la banca la que originó un sistema de
autopréstamos entre empresas y bancos que terminó en una enorme deuda
privada. El Fobaproa de Zedillo y Acción Nacional hizo esa deuda privada
que tendrían que haber pagado los defraudadores, una deuda pública que
seguimos pagando todos, menos ellos. ¿Qué tendría que ver la
nacionalización de 1982 con el fraude del Fobaproa 15 años después?
Nada. Con nulo respeto, licenciado: usted no sabe de historia de México.
Luego, siguió Aguilar Morales, cuya hija dentista tiene un puesto en La
Corte. Dijo: “Yo creo, desde luego, en la carrera judicial. Me es
inevitable tener que creer en ella porque, actualmente tengo 75 años de
edad prácticamente y 55 años de servicio en el Poder Judicial de la
Federación. Empecé como mecanógrafo en un Tribunal y he ido ascendiendo
gracias a la carrera judicial, hasta llegar al honroso cargo de
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de
la Judicatura Federal”. Así que si Aguilar empezó como mecanógrafo, su
hija, que empezó como dentista, puede llegar a ser presidenta de la
Corte. El sueño americano es ahora judicial.
Al final, intervino la ministra Norma Piña. Venía de tratar de
intervenir en la elección del 2 de junio. No sólo con sus reuniones el
12 de diciembre con Alito Moreno del PRI y los jueces electorales, sino
sobre todo, con la instrucción del juez odrigo de la Peza que ordenó al
Tribunal Electoral nombrar dos magistrados que faltan en menos de 24
horas. Por supuesto esto fue una maniobra fallida de Piña para
desestabilizar el proceso del Tribunal Electoral en vísperas de que
califique la elección presidencial. Norma Piña dijo: “Estamos
convencidos de que escuchar es la práctica clave para proponer un
cambio. Estamos abiertos a entablar un diálogo real, un diálogo
responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión,
resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento,
diluyendo así la idea de una decisión tomada”. Pues, licenciada Piña, la
decisión ya fue tomada el 2 de junio, aunque usted ha hecho todo para
no asumirla.
Y ese fue el primer encuentro del inicio de un nuevo régimen en México.
Todavía con unos ministros negando el mandato de las urnas. Otros,
todavía creyendo que Massive Caller los va a salvar de la mayoría
contundente que ya hace un mes les pasó por encima.