Sacrificio de derechos civiles

Proceso 1300
30.09.2001
Sacrificio de derechos civiles
Marcelo Raimon

Washington, DC.- En aras de prevenir el terrorismo, Estados Unidos —adalid de la libertad y la democracia— podría coartar algunos derechos de sus ciudadanos. Intercepciones telefónicas sin orden judicial; allanamientos automáticos sobre la propiedad personal; detención indefinida de ciudadanos extranjeros, aun con estancia legal en este país; acceso de los servicios de inteligencia a los secretos de los tribunales de justicia; pena de muerte por el intento —y no sólo por la comisión— del delito de terrorismo, son algunas medidas que establece el proyecto de ley que presentó el secretario de Justicia, John Ashcroft, ante el Congreso. Dicho proyecto —presentado como Ley Anti-Terrorism Act 2001— tiene como constante ampliar las prerrogativas de las agencias de seguridad.

Sin embargo, y a pesar de la tragedia del martes 11, que unió a los estadunidenses en contra del terrorismo, los legisladores demócratas recibieron con reservas el proyecto y organizaciones de derechos humanos advirtieron que la lucha contra el terrorismo no debe ser una excusa para que las fuerzas de seguridad obtengan poderes extraordinarios sobre los ciudadanos y los inmigrantes.

"De manera razonable, el Congreso debe dar todo paso posible para proteger al
país de futuros ataques, pero es un error asumir que alguno de los mayores poderes policiales que figuran en el proyecto de ley nos darán mayor seguridad", dijo el lunes 17 Rachel King, consejera legislativa de la American Civil Liberties Union (ACLU), ante el Comité de Justicia de la Cámara de Representantes.

La ley Ashcroft

Durante una visita a los empleados del FBI en Washington la semana pasada, Bush fue relativamente claro en sus intenciones: "Para ganar la guerra debemos asegurarnos que los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad cuentan con las herramientas necesarias, dentro de la Constitución, para vencer al enemigo".

Sabedor de los temores que despierta dicho proyecto de ley, Ashcroft aseguró al
Congreso y a "todos los estadunidenses": "Llevaremos adelante este esfuerzo con total compromiso de respeto a la privacidad y los derechos constitucionales".

Sin embargo, en su comparecencia ante el Comité de Justicia, King advirtió: algunas de las medidas previstas "están completamente fuera de relación con la investigación del terrorismo".

Puso un ejemplo: La sección 352 del proyecto concederá al gobierno autoridad para obtener la aprobación judicial para llevar adelante inspecciones secretas sobre la propiedad personal sin tener que poner en marcha la notificación de 90 días que actualmente exige la ley.

"Esto quiere decir —advirtió King — que el gobierno podrá entrar a sus casas, apartamentos u oficinas sin una orden de alla-namiento cuando ustedes se encuentren fuera; podrá llevar a cabo una revisión, incautar o copiar cosas como el disco duro de sus computadoras y avisarles varios meses después."

Y remarcó: "El gobierno no está buscando este poder con el objetivo limitado de investigar delitos serios de terrorismo, sino que quiere expandirlo a cada intento de allanamiento en todos los casos criminales".

Activistas de los grupos de derechos humanos señalaron también sus preocupaciones sobre la sección 303 del proyecto de ley, que establece que "toda aquella persona que intente o conspire para cometer cualquier delito federal de terrorismo estará sujeta a las mismas penalidades previstas para la (comisión de esa) ofensa".

"Uno podría interpretar lo anterior como un intento de 'puerta trasera' para extender la pena de muerte", señaló King, quien pidió a los legisladores, "dada la redundancia y vaguedad" de esta sección, "suprimirla del proyecto de ley".

También se proporcionan mayores atribuciones para la Foreing Intelligence Surveillance Court, que le permitirían ampliar su campo de acción para interceptar comunicaciones privadas. Podría intervenir teléfonos, fax y sistemas electrónicos de cualquier "sospechoso" de atentar contra la seguridad del país sin requerir —como hasta ahora— de una orden judicial.

Además, el proyecto establece que los datos secretos obtenidos por un jurado deben ser entregados a las autoridades mi-litares, de inteligencia o migratorias. Las normas actuales especifican que esa información sólo puede ser accesible, en circunstancias limitadas, para los abogados y fiscales que trabajan en cada caso.

Contra los inmigrantes

El presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, demócrata por Vermont, admitió que está dispuesto a revisar el alcance de las medidas para la detención de inmigrantes y los poderes de vigilancia electrónica de los servicios de inteligencia. "Estamos haciendo algunos progresos", declaró Leahy.

Pero el camino parece ser difícil. El también senador demócrata Edward Kennedy, criticó fuertemente la sección que prevé la detención indefinida de ciudadanos extranjeros, aun cuando se encuentren en el país legalmente, sólo con base en la percepción del Ministerio de Justicia de que se trata de una posible amenaza terrorista para el país.

El proyecto, advirtió David Cole, profesor de la Georgetown University Law Center, "no está para nada equilibrado con la amenaza que se está enfrentando". Según el experto, las medidas concederán al Ministerio de Justicia el poder prácticamente incontrolado de detener inmigrantes sin evidencia en su contra, simplemente por el hecho de ser considerados posibles "sospechosos por asociación".

Las críticas de los legisladores demócratas y de las organizaciones de derechos humanos enfrentan la prisa del gobierno del presidente Bush, quien debe demostrar a sus compatriotas que es capaz de mantenerlos seguros frente a las amenazas del terrorismo. Por ello, según trascendió en Washington, la Casa Blanca ordenó a los parlamentarios republicanos redoblar sus esfuerzos para tener aprobada la ley antiterrorista para fines de esta semana.

El apuro republicano, se prevé, chocará con los demócratas, considerados como más proclives a defender los derechos humanos de los estadunidenses.

Un enfrentamiento entre los dos partidos no estaba previsto en la agenda política estadunidense antes del martes 11. Sin embargo, las partes ya se preparan para la lucha. El martes 25, el vicepresidente Dick Cheney se reunió en el Capitolio con los legisladores republicanos para impulsar la ley antiterrorista.

El mismo día, Leahy expresó diplomáticamente su "confianza en que, trabajando juntos, podemos mejorar la legislación y mantener un equilibrio adecuado entre los deseos de las fuerzas de seguridad y la necesidad de mantenernos fieles a nuestros derechos constitucionales".

El líder de la mayoritaria bancada demócrata en el Senado, Tom Daschle, le secundó: "Hace falta seguir trabajando" para aprobar el controvertido proyecto de ley.

"No habrá una ley Ashcroft contra el terrorismo hasta que haya una ley Ashcroft-Leahy-Hastert contra el terrorismo", atajó Daschle, en referencia a las negociaciones pendientes con el legislador demócrata y con Dennis Hastert, líder de la bancada mayoritaria republicana en la Cámara de Representantes.

Los legisladores están discutiendo ahora la letra pequeña de las nuevas normas antiterroristas. Además de los asuntos de migración y de la clasificación de sospechosos de terrorismo, diputados y senadores están analizando hasta que punto se extienden, por ejemplo, los poderes de la Foreign Intelligence Surveillance Court para interceptar comunicaciones privadas en casos de seguridad nacional. Un ejemplo de los acuerdos que podrían alcanzar republicanos y demócratas sería permitir a este organismo interceptar sin orden judicial todos los teléfonos que usa un sospechoso.

Mientras la ley antiterrorista se discute en el Congreso, el gobierno estadunidense ya puso en marcha severas nuevas normas de seguridad en sectores que no requieren de reformas legislativas, como las fronteras y los aeropuertos. Además, lanzó advertencias en un frente que preocupa muy seriamente a los expertos en seguridad: la posibilidad de ataques químicos o bacteriológicos.

Ashcroft pidió el martes 25 a sus compatriotas que "estén alertas" ante la posibilidad de que terroristas que forman parte de la red que organizó los atentados del martes 11 hayan obtenido licencias de conducir y estén transportando materiales peligrosos en territorio estadunidense.

Por lo pronto, la celosa vigilancia está ampliamente vigente en las fronteras con México y Canadá, donde hay cada vez más inspectores y más preguntas. Informes de la prensa local señalaron incluso los casos de personas que debieron esperar hasta 15 horas para cruzar la línea fronteriza. La mayoría de los viajeros aceptan con paciencia las nuevas medidas de seguridad, que contrastan fuertemente con la laxitud existente antes del martes 11.

Alrededor de un millón de personas, 350 mil vehículos particulares y 30 mil camiones comerciales cruzan por alguno de los 150 puestos fronterizos de Estados Unidos con México y Canadá. Es en la frontera con este último país, donde, al parecer Washington concentra más su atención. "Todo aquel que quiere dirigirse a nuestro país con razones equivocadas busca la frontera más fácil de cruzar", explicó el senador republicano Lamar Smith, de Texas. "En el pasado —completó— esa frontera solía ser con Canadá".

El jueves 20, el presidente Bush anunció medidas para reforzar la seguridad en los aeropuertos. Éstas incluyen la delegación al Pentágono de la decisión de atacar a un avión comercial en caso de que sea secuestrado y amenace con impactarse en áreas de población. Además, habría una mayor injerencia de personal federal en la seguridad de equipajes y pasajeros; la inclusión en vuelos de agentes encubiertos y un fondo de 500 millones de dólares para incrementar la seguridad en la cabina de los pilotos.