Amenazas a defensores y el movimiento social

Abel Barrera

Desde que se formó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan hemos padecido espionaje, denostación y difusión de información dolosa y falaz. Vigilan en todo momento nuestros movimientos y monitorean nuestras reuniones. Interceptan nuestras llamadas telefónicas y amenazan a las víctimas que acompañamos, para que se desistan de sus denuncias. Hemos enfrentado denuncias penales, en que nos señalan como miembros de la guerrilla.

En la década de 1990, por defender los derechos humanos de algunos maestros democráticos que fueron torturados, acusados de pertenecer a organizaciones político-militares, nos asociaron con grupos armados y dijeron que éramos defensores de guerrilleros. Tuvimos acceso a un documento que llegó a la Secretaría de Desarrollo Social, donde ubicaban a sacerdotes católicos como promotores de movimientos subversivos. Como director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, me señalaron como parte de la línea dura de la teología de la liberación, que pregonaba que sólo las armas cambiarían la realidad de la Montaña. Fue un documento auspiciado por los militares y elaborado por el Cisen. En esos años se trataba de ubicar a las organizaciones sociales y movimientos religiosos que supuestamente apoyaban al EZLN.

Cuando defendimos a Valentina Rosendo e Inés Fernández, víctimas de violación y tortura sexual por militares, enfrentamos junto con ellas amenazas graves, al grado de que debimos cerrar nuestras oficinas en Ayutla. Valentina con su pequeña hija tuvo que huir del estado. Pese a las denuncias, los ministerios públicos se negaron a investigar. En febrero de 2009, criminales, coludidos con el presidente municipal de Ayutla, desaparecieron y asesinaron a dos defensores del pueblo Tu un savi, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas. En lugar de indagar a las autoridades, filtraron la información de que Raúl pertenecía a la guerrilla, justificando su homicidio. Sus ejecuciones se enmarcan dentro de la guerra de contrainsurgencia aplicada en Guerrero contra los luchadores sociales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas provisionales para proteger a Inés Fernández, Valentina Rosendo, así como al equipo de Tlachinollan. En 2010 la Corte Interamericana declaró por unanimidad que el Estado mexicano resultó internacionalmente responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada y a las garantías judiciales de Inés Fernández y Valentina Rosendo. Varios soldados fueron responsables de violaciones y torturas sexuales contra Inés y Valentina. El cumplimiento de las dos sentencias y el castigo a los responsables ha implicado riesgos y amenazas para las familias de las dos compañeras y para los miembros de Tlachinollan.

Ante la decisión unilateral de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de construir una presa hidroeléctrica en el afluente del río Papagayo, los campesinos opositores del núcleo comunal de Cacahuatepec se organizaron para defender su río y sus tierras. Crearon el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), que bajo el liderazgo de Marco Antonio Suástegui ejercieron su derecho a la protesta y públicamente se opusieron a ser despojados y desplazados de su territorio. Los tres niveles de gobierno criminalizaron su movimiento. Causaron divisiones, provocaron enfrentamientos y consumaron varios asesinatos. Encarcelaron a Marco Antonio y lo trasladaron al penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit. Como Tlachinollan asumimos su defensa y demostramos su inocencia. En los tribunales agrarios ganamos cinco juicios y echamos abajo los planes aviesos de construir la presa, que con el apoyo de la Procuraduría Agraria, la presidencia municipal de Acapulco y los gobernadores en turno, trataron de imponerla utilizando la fuerza pública.

Para contrarrestar la presencia del Cecop en las comunidades pobres del Acapulco rural, las autoridades municipales se coludieron con empresarios corruptos y grupos criminales. La extracción ilegal de los recursos pétreos y el trasiego de la droga en la región son los problemas que más afectan a los campesinos que en todo momento han pedido la intervención de las autoridades. En lugar de proteger sus tierras comunales se ha incrementado el despojo y la violencia, al grado que en la región la disputa territorial es sangrienta por la presencia del grupo delincuencial Los Rusos y la UPOEG. Las dos organizaciones junto con elementos de la policía ministerial de Acapulco tienen que ver con la desaparición de Vicente Suástegui, defensor del territorio y hermano de Marco Antonio.

La documentación divulgada en las últimas semanas como resultado del hackeo contra la Sedena, evidencia que se ha espiando a los defensores y líderes sociales del Cecop y de Tlachinollan. Sus informes están plagados de mentiras. Falsamente y sin fundamento, se nos acusa de una amenaza para el gobierno. Nos tratan como delincuentes. Por el contrario, no se investiga con seriedad a los grupos criminales que han devastado el río Papagayo, los que están vinculados con el negocio de la droga y la venta de armas y han causado terror en la población del Acapulco rural.

Los aparatos de inteligencia se han convertido en fábrica de mentiras, en enemigos de las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos. Las falsas acusaciones en nuestra contra señalándonos como promotores de la ingobernabilidad en la región, desacreditan nuestra labor y nos colocan en alto riesgo. La criminalización contra los defensores y luchadores sociales debe cesar.

Ya nada es igual

Abel Barrera Hernández*

Toparnos con la cerrazón del Ejército y con las pésimas actuaciones de la Fiscalía General de la República han sido las pruebas más duras que como padres de los 43 normalistas desaparecidos enfrentamos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En los cuatro años de intensas batallas, Enrique Peña Nieto se empeñó en destruir nuestras vidas con su falsa versión de la verdad histórica. Torturaron a los detenidos para que se autoinculparan y se encargaran de describir las atrocidades que cometieron contra nuestros hijos. Nos taladraron el alma, nos desangraron y nos colocaron al borde de la exasperación. No pudieron vencernos. Nuestro amor inquebrantable y nuestro afán de justicia nos mantienen con gran firmeza y en pie de lucha. La solidaridad de innumerables organizaciones nos reanimó y nos ayudaron a cruzar el pantano de la muerte.

El informe que presentó Alejandro Encinas desenmascaró la urdimbre delincuencial que se teje en los gobiernos federal y estatal. Las autoridades civiles y militares de Guerrero trabajan coordinadamente desde hace décadas, no para proteger la vida de los ciudadanos, sino para destruir a quienes consideran sus enemigos, para afianzar los intereses económicos de caciques y capos delictivos. Los actores armados del estado se han especializado en la guerra sucia. Son expertos en desaparecer a luchadores sociales y a quienes consideran que amenazan al gobierno. Para nosotros no fue una novedad que el informe señalara a militares como responsables de la desaparición de nuestros 43 hijos.

Desde un inicio dijimos que era un crimen de Estado; sin embargo, los políticos guardaron silencio y hasta se unieron para encubrir a los criminales. Enterraron en nuestro corazón la daga de los horrores que cometieron contra nuestros hijos. Nos desquiciaron los actos perversos de los políticos mal nacidos y de los policías asesinos. Quedaron evidenciados los guachos que siempre han estado coludidos con los jefes de las bandas criminales para desaparecer y enterrar a inocentes en fosas clandestinas.

El oro y la droga que se vende en Iguala y se llevan a Chicago, Atlanta y Nueva York es un negocio bien armado entre políticos y delincuentes, que son de la misma calaña. Por décadas, los caciques abrieron rutas nacionales e internacionales, con sus autobuses y camiones de carga para asegurar la droga que se procesa en la sierra. Es una calamidad padecer el flagelo de la delincuencia que controla las policías y las presidencias municipales. José Luis Abarca es el clásico político guerrerense que se encumbra en el poder con la protección y apoyo de caciques, militares y jefes de la delincuencia. En Iguala Guerreros Unidos desplazaron a Los Rojos, para controlar la zona norte hasta Cuernavaca, Morelos. Eso lo lograron con apoyo de los caciques, el Ejército, los policías de varios municipios, los ministeriales y la entonces procuraduría del estado. Hasta hoy las autoridades federales no se atreven a desmantelar estas redes criminales. Continúan las desapariciones, los asesinatos, los periodistas desplazados y privados de la vida. Las mismas empresas mineras se han beneficiado del crimen organizado para pactar con los criminales y asegurar sus meganegocios en los municipios de Cocula, Teloloapan y Eduardo Neri.

No entendemos por qué se sigue protegiendo tanto a los delincuentes como a los que armaron la verdad histórica y están dentro de la fiscalía general. También quisiéramos saber por qué se protege tanto al Ejército. En Guerrero sabemos todo lo que han hecho y ningún gobierno los castigó. Ahora con López Obrador les dieron más poder y más dinero. El mismo general Cresencio se engalló más. Apenas dijo que el Ejército vela por la seguridad nacional y la unión de los mexicanos y que los que defendemos nuestros derechos tenemos intereses y ambiciones personales. Que queremos desprestigiarlos para que la gente ya no confíe en ellos. Dice que el Ejército y la Guardia Nacional tienen como misión respetar los derechos humanos. Entonces, ¿por qué no quieren que se investigue al ejército? ¿Por qué se niegan a proporcionar toda la información que tienen? y ¿por qué no cumplen con el compromiso que asumieron de colaborar con la comisión de Ayotzinapa brindado toda la información que hay en sus archivos?

Como padres de los 43 vemos que hay enojo del Ejército. Nosotros somos los que estamos ofendidos por todo lo que hicieron con nuestros hijos. No nos pueden impedir que protestemos y que manifestemos nuestro dolor y nuestro coraje. No vamos a permitir que la fiscalía general pisotee nuestros derechos, que ellos mismos se pongan del lado de quienes tienen órdenes de aprehensión. ¿Por qué, ante el reclamo del general Cresencio de que hay personajes interesados en afectar la imagen de las fuerzas armadas, a los tres días se da el desistimiento de las órdenes de aprehensión contra los militares?

¿Queremos saber qué intereses defienden los funcionarios de la fiscalía que pidieron que se cancelaran las órdenes de aprehensión contra 16 militares y contra los ex funcionarios de Guerrero como Iñaki y Lambertina? Con esto vemos que no se quiere avanzar en las investigaciones y mucho menos detener a los militares. ¿Dónde está el compromiso con nuestros derechos humanos?

Ahora el Presidente dice que en nuestro movimiento hay infiltrados, que hay intereses ajenos que pretenden desestabilizar su gobierno. Estamos realmente preocupados, porque más bien vemos que muchos quieren descalificar nuestras protestas, para que no se haga visible nuestro enojo. En verdad estamos muy molestos, porque la fiscalía nos ha pegado con la puerta en la cara al cancelar las órdenes de aprehensión. Ni siquiera se toman la molestia de explicarnos por qué lo hicieron. El fiscal siempre nos ha ignorado. Vemos que hay intereses políticos muy grandes que obligan a los funcionarios de la vieja procuraduría, a maniobrar de manera sucia para que no metan a la cárcel a los militares ni a los funcionarios que tienen órdenes de aprehensión.

Ya nada es igual en nuestras vidas desde que desaparecieron a nuestros 43 hijos. Dejamos a nuestras familias y parcelas, perdimos a tres papás y una mamá. Nos han golpeado los políticos con sus desprecios y traiciones, y las enfermedades nos quieren tumbar. Aunque se inunden nuestras casas con las lluvias y se agrieten nuestras paredes por los temblores no dejaremos de luchar, hasta saber dónde están nuestros amados hijos.

* Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan

Iguala: crimen de lesa humanidad imprescriptible

Carlos Fazio

El informe de la Comisión para la Verdad sobre el caso Ayotzinapa, presidida por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, vino a ratificar lo que siempre se supo y se quiso ocultar: "Fue un crimen de Estado". Con esas cinco palabras iniciamos el texto publicado en esta sección de La Jornada el 13 de octubre de 2014, a sólo dos semanas de los hechos. Entonces, a partir de la información periodística y testimonios de estudiantes sobrevivientes de los sucesos de Iguala la noche del 26 para el 27 de septiembre hace ocho años, por simple lógica llegamos a esa conclusión elemental. Seis personas fueron asesinadas −tres de ellas estudiantes, uno de los cuáles, Julio César Mondragón, fue torturado y desollado vivo− y 43 jóvenes de la Normal Raúl Isidro Burgos fueron detenidos de manera tumultuaria y luego desaparecidos en un acto de barbarie planificado, ordenado y ejecutado de manera deliberada, lo que podría configurar crímenes de lesa humanidad. Escribimos: "No se debió a la ausencia del Estado; tampoco fue un hecho aislado. Forma parte de la sistemática persecución, asedio y estigmatización clasista (y racista) de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), hacia los estudiantes normalistas. Agentes estatales violaron el derecho a la vida de tres de sus víctimas y una fue torturada; los 43 desaparecidos fueron detenidos por agentes del Estado, seguido de la negativa a reconocer el acto y del ocultamiento de su paradero, lo que configura el delito de desaparición forzada". (C. Fazio, "Ayotzinapa, terror clasista", La Jornada, 13 y 27/10/14).

Como tantas veces antes desde 1968, asistíamos a una acción conjunta, coludida, de agentes del Estado y escuadrones de la muerte o paramilitares (luego se confirmó la participación del grupo de élite de la policía municipal de Iguala conocido como Los Bélicos), apoyados por sicarios de un cártel de la economía criminal ( Guerreros Unidos), cuya "misión" fue realizar "limpieza social" y/o desaparecer lo disfuncional al régimen de dominación mediante operaciones encubiertas coordinadas por los servicios de inteligencia del Estado.

Como instrumento y modalidad represiva del poder instituido, la desaparición forzada no es un exceso de grupos fuera de control, sino una tecnología represiva adoptada de manera racional y centralizada, que entre otras funciones persigue la diseminación del terror. Los intentos iniciales del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam (plasmados luego en su mentira "histórica"), de tipificar el caso de los 43 como "secuestro" y "asesinato" a manos de un grupo criminal, buscaba evitar que se le imputara al Estado la perpetración de un delito grave del derecho internacional humanitario: la desaparición forzada, noción que comprende varios crímenes, incluidos la detención ilegal y la negación del debido proceso, lo que por lo general implica la tortura y a menudo también el asesinato (ejecución extrajudicial), y que si se practica de forma "generalizada" o "sistemática" (como en México), es considerado crimen contra la humanidad continuado e imprescriptible, sin posibilidad de indulto o amnistía.

Constatamos también que hubo un uso desproporcionado de la fuerza coercitiva del Estado, e insistimos que había que investigar la cadena de mando de las autoridades que intervinieron en los hechos: las policías federal, estatal/ministerial y municipales (de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco); los agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); los oficiales y soldados del 27 Batallón de Infantería de Iguala, al mando del coronel José Rodríguez Pérez, subordinado del general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar, y del denominado Tercer Batallón, una unidad de fuerzas especiales a cargo, entre otras, de las tareas de inteligencia. Con posterioridad, en su tercer informe sobre Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), confirmaría que desde 2010 la Secretaría de la Defensa Nacional (al igual que el Cisen, las policías Federal y la estatal de Guerrero) realizaba acciones de espionaje, infiltración y seguimiento de normalistas, por militares encubiertos con fachada de estudiantes que realizaban tareas de contrainsurgencia como parte del Órgano de Búsqueda de Información (OBI); se comprobaron al menos tres casos, uno, el del soldado Julio César López Patolzin, adscrito al 50 batallón de Infantería de Chilpancingo, que figura entre los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos. Entre sus funciones estaba detectar nexos de los estudiantes con "grupos subversivos, de la delincuencia organizada y todo movimiento que pusiera en riesgo la seguridad interior y la seguridad nacional". A ello se sumaban la ilegal intervención de conversaciones telefónicas, por mensajería instantánea y/o correos electrónicos de los estudiantes, a través de la plataforma ( malware) Pegasus instalada en el Campo Militar 1 y el monitoreo en tiempo real vía el C-4.

Los hechos de Iguala siguieron los cánones de la guerra no convencional (o irregular) plasmados en los manuales del Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia −asimilados por la Sedena en cursos de contrainsurgencia de la Escuela de las Américas remozados en el marco de la Iniciativa Mérida−, y pudieron incluir a agentes extranjeros de la CIA y de la DEA que actúan en México de manera clandestina desde la guerra fría.

Encinas señaló la presunta participación del entonces coronel José Rodríguez Pérez (ascendido a general brigadier un año después) y elementos del 27 Batallón de Iguala en el asesinato y desaparición de seis de los 43 estudiantes que todavía permanecían "vivos" el 30 de septiembre de 2014, e involucró en el crimen al general Alejandro Saavedra, comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo (ascendido luego a general de división y jefe del estado mayor de la Defensa Nacional) y al teniente Francisco Macías, mando inmediato superior del soldado López Patolzin, infiltrado entre los normalistas. A su vez, los almirantes Marco A. Ortega, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales y Eduardo Redondo, titular de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, participaron como "enlaces operativos" en la maquinación urdida por Murillo Karam. Como señala el Centro Tlachinollan, "los hilos que [aún] hoy cubren la verdad están en los cuarteles".

Los motivos de Ayotzinapa

Fabrizio Mejía Madrid

El encubrimiento fue ordenado por el Procurador Murillo Karam que manufacturó una escena de un crimen y una historia de narcotraficantes en un municipio del sur pobre de este país.


Los normalistas iban asustados pero decididos a conseguir los quince autobuses para llegar a una conmemoración más de la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968. En Chilpancingo, unas horas antes, la policía los había perseguido y las líneas de transportes se habían negado esta vez. Pero tenían el compromiso. Lo habían adquirido el 19 de septiembre, en la reunión de las 17 normales en la Emiliano Zapata, de Amilcingo, Morelos. Una vez que la normal de Tenería, en el Estado de México, se declaró incapaz de operar la logísitica de la movilización, que incluía comida y estancia por varias noches, Ayotzinapa se obligó a ello. Eran la normal de Genaro Vázquez Rojas, de Lucio Cabañas, de Othón Salazar. No podían quedar mal. Después del revés en Chilpancingo, decidieron mandar a los de primer ingreso a la toma de los camiones en Iguala. La mayoría tenía 16, 17 años y estaban rapados. Sabían que era el territorio de los Casarrubias Salgado, los “Guerreros Unidos” que se dedicaban desde hacía décadas al tráfico tanto de heroína como de metanfetaminas. Los criminales, dueños de autolavados, tenían en un puño a las policías municipales de Guerrero hasta Morelos, pasando por las del Estado de México. Eran las 5 y media de la tarde del 26 de septiembre de 2014 cuando los muchachos salieron de Tixtla.

No había forma de separar a las policías municipales de “Guerreros Unidos”: a “Los Bélicos”, el grupo de élite encargado de la seguridad en Iguala y Cocula; el cartel los uniformaba, dotaba de armas, y salarios. De hecho, los policías eran el brazo armado de los delincuentes, y no al revés. “Guerreros Unidos” se habían hecho del control, entre otras, de las indeminizaciones que les corresponían a los ejidatarios del Carrizalillo y Mezcala, por el uso de sus tierras para la extracción de oro, plata y cobre por parte de varias mineras canadienses. Había muchos negocios con las mineras: desde el pago por derecho de piso, el uso de los transportes y las rutas, hasta la venta de heroína para los mineros que se fracturaban los huesos. Ni policías ni sicarios, sino un cuerpo intermedio entre autoridad legal e ilegal, “los bélicos” llegaron a ser secretarios de seguridad del estado de Guerrero. Nada sorprendente en el país de Genaro García Luna y Felipe Calderón. Se encargaban de cobrar venta de protección, extorsiones, y levantones para el crimen organizado. El informe de la Comisión sobre Ayotzinapa nos recuerda tan sólo que Víctor Jorge León Maldonado, el coordinador general de la SIEDO de Eduardo Medina Mora como procurador, integró mal la averiguación que permitió la liberación de Salomón Pineda, acusado de atacar a los normalistas. Después, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, lo invitó a ser el subprocurador del estado. Esos eran los policías como brazo ejecutor del crimen. No hay por qué considerarlos por separado.

El Ejército tenía espiados los movimientos y comunicaciones de los estudiantes de Ayotzinapa desde 2010, mediante el programa Pegasus. Para ellos, eran subversivos y los trataron con planes de contrainsurgencia. Por haber inflitrado a tres estudiantes, entre ellos a Julio López Patolzin, que llevaba dos años dentro del internado normalista, los militares sabían de las movilizaciones, los debates, los apodos, los nombres y procedencias de los demás alumnos y maestros. El teniente de infantería, Francisco Macías Barbosa era a quien reportaban en el 27 Batallón. Éste recibía órdenes directas del Coronel José Rodríguez Pérez. El Comandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, el General Alejandro Saavedra, estaba al tanto de todas las comunicaciones en tiempo real. Después de Ayotzinapa, el secretario de la defensa, Salvador Cienfuegos, pensó en él como su sucesor, y así se lo pidió al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pero él se negó.

A las 7 y cuarto de la tarde, los normalistas toman un autobus Costa Line que venía de Acapulco. A las 8 otros negocian con un chofer en la central camionera de Iguala pero se niega a manejar a la Normal. Una hora más tarde, llegan los estudiantes que se habían quedado boteando en la caseta de Iguala y en Rancho de la Cura. Recorren los andenes en busca de otro camión que les de chance. Se les permiten dos autobuses de Costa Line y uno de Estrella Roja. Antes de subirse a los camiones, es la última vez que estarán juntos. A eso de las nueve 25 de la noche salen en cinco autobuses rumbo a su escuela. Pero la policía estatal comienza a seguirlos. Le disparan a uno y se detiene en la carretera Iguala-Chilpancingo. Otro, es detenido debajo del puente con rumbo al Palacio de Justicia. A los otros tres, un operativo policiaco de bloqueos les impide dar vuelta a derecha o izquierda por la Calle Juan N. Álvarez. Cuando los estudiantes pretenden mover una de las patrullas atravesadas, un balazo le da en la cabeza al normalista de 19 años, Aldo Gutiérrez Solano. Es entonces que las policías desatan una balacera indiscriminada contra los autobuses. Algunos tienen 96 impactos. Los estudiantes se comunican con sus compañeros en Tixtla y Chilpancingo para pedir ayuda. Un personaje que el informe identifica como “El Caminante” sirve de enlace entre los policías que disparan y los “halcones” de “Guerreros Unidos”. Es en ese momento que el subdirector de la policía de Cocula, César Nava González, se desplaza hacia el tiroteo en Iguala sin que nadie se lo ordene. También lo hace el director de policía de Huizuco, Javier Nuñez Duarte con sus dos hijos, Celedonio y Ariel, en cinco camionetas con casi la mitad de los policías del municipio, que son 89. Son los que hacen las detonaciones contra un camión del equipo de futbol Avispones y contra unos taxis, y participan en el ataque al autobus de los estudiantes en las inmediaciones del Palacio de Justicia. Mueren un jugador, el chofer del autobus del equipo de futbol, y una pasajera del taxi. También se apersonan hasta ahí los policías federales. Su jefe, Victor Manuel Colmenares Campos y sus oficiales, Luis Dorantes y Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe, justo en el puente, cobijados de las cámaras de videovigilancia. “Guerreros Unidos” bloquea las carreteras a Chilpancingo y hacia Teloloapan. Entonces tenemos que se instala un cerco a los autobuses por parte de los policías, desde las 9 y media de la noche hasta casi las once. Dentro de ese sitio se dispara a civiles desarmados. Están heridos, tumbados boca abajo en las calles, esposados. Esa noche hay 6 asesinados por las fuerzas policiaco-sicario. Hay 40 heridos de bala. En la clínica Cristina, un capitán del ejército, José Martínez Crespo, toma nota de los heridos, les pide identificaciones, y se va. Durante todo el episodio homicida, el ejército patrulló vigilando el evento y lo comunicó en tiempo real. El CISEN de la secretaría de Gobernación de Osorio Chong también lo estuaba monitoreando.

La desaparición de los 43 es una orden. Algunos de los normalistas que están detenidos a las once y media de la noche en la barandilla de Iguala, son sacados por los policías de Cocula. Son desaparecidos. Se les va separando en grupos, de diez, de quince, para irlos moviendo en camionetas, con los policías vestidos de civiles. Los normalistas que alcanzan a escapar por un cerro se unen a los maestros de la Coordinadora en Guerrero, la CETEG, y organizan una conferencia de prensa pasada la media noche. Quince minutos dura su aparición porque llegan disparando sicarios de “Guerreros Unidos” y asesinan a dos normalistas que acababan de llegar de Tixtla en apoyo a sus compañeros. Uno corre por la calle Juárez, Julio Cesar Mondragón, a quien después se encontrará sin rostro. Son “Los Bélicos”, el grupo de élite policiaco, el que se encarga de las desapariciones. Son las 3 de la mañana cuando se da esa orden. La da alguien desde la ciudad de México, un “licenciado”, llamado el A1, que promete que todo se va a enfriar rápido. Son asesinados, despedazados, y puestos en bolsas que se dispersarán en las siguientes horas en las inmediaciones de Iguala y, otros, cremados en las dos sedes de funeraria “El Ángel”. Luego, las bolsas se disgregan en pozos de minas, cerros, y dentro de las instalaciones del ejército en Guerrero. A quienes participan en esta monstruosidad, se les prometen cinco mil pesos extras. Un grupo de seis jóvenes que están en un lugar oscuro llamado La Bodega Vieja permanecen con vida todavía hasta el 30 de septiembre. Hay evidencias telefónicas de que muchos de los cuerpos, llamados “paquetes”, son llevados al cuartel del 27 Batallón del ejército. Ahí, el Coronel José Rodríguez Pérez, los resguarda. Los batallones y zonas militares cuentan con crematorios. A pesar de que uno de sus inflitrados, Julio López Patolzin es uno de los desaparecidos, el ejército no hará nada por rescatarlo, como ordena su protocolo y código militares. El secreto es más potente que la institución.

El día siguiente comienza la otra historia de Ayotzinapa: la del encubrimiento de lo que había sucedido. A eso se le llamó “la verdad histórica”. Se trata de hacer pasar a las víctimas como narcotraficantes. Se inventa una versión en la que el encargado de la toma de los autobuses por parte de los estudiantes, Bernardo Flores Alcaraz, a quien apodaban “El Cochiloco” —por la película El infierno—, era parte del cartel enemigo, “Los Rojos”, así como el mismísimo director de la normal “Isidro Burgos”, José Luis Hernández Rivera. Las declaraciones son obtenidas mediante tortura. El 27 de octubre, la Marina graba con un dron cómo el Procurador Jesús Murillo Karam y el Tomás Zerón, el encargado de la investigación criminal en el país, siembra bolsas con restos en un basurero de Cocula, encienden un fuego para, después, dar paso a los forenses que acrediten la escena. Lo que vimos en marzo pasado fue el video de la Marina expuesto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, donde se comprueba que se fabricó una escena del crimen que iba a ser ratificada como real por los miembros de “Guerreros Unidos” bajo tortura física y amenazas. 77 de esos saldrían libres, sin que el juez de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, investigara quién y por qué los había torturado para declarar contra los normalistas desaparecidos y asegurar que los 43 había sido incinerados en un basurero. Otra magistrada, ahora de Guerrero, mandó destruir los videos de vigilancia tomadas por las cámaras callejeras en el Palacio de Justicia la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. A esto se le acompañó de una película, libros, y cientos de columnas y primeras planas en los principales medios de comunicación. 26 testigos de los hechos murieron en el transcurso de estos ocho años, incluyendo al jefe de “Guerreros Unidos”, Mario Casarrubias Salgado. Hasta el jefe de gobierno en la ciudad de México, Miguel Ángel Mancera participa del encubrimiento: el 20 de noviembre de ese año, ordena que el cuerpo de granaderos embista a una multitud de 220 mil personas que nos manifestábamos en el Zócalo capitalino.

La orden de la desaparición la dio alguien llamado A1. El encubrimiento fue ordenado por el Procurador Murillo Karam que manufacturó una escena de un crimen y una historia de narcotraficantes en un municipio del sur pobre de este país. En esos días, el gobierno de Peña Nieto celebraba en Guadalajara el Día Mundial del Turismo, enaltecía los discursos del Presidente en Naciones Unidas, el secretario de Hacienda, Luis Vidergaray, era nombrado ministro de finanzas del año por la revista Euromoney. La idea era darle vuelta a la página. El 5 de diciembre del año de la desaparición, Peña Nieto declara: “Superemos esta etapa de dolor y demos un paso adelante”. Un mes después, delante de los rectores de las universidades, insiste: “Este instante de pena, tragedia y dolor, no puede dejarnos atrapados. No podemos quedarnos ahí”.

Esta columna contiene la pregunta por los motivos de Ayotzinapa. El informe presentado por el subsecretario Alejandro Encinas, implica que, en el llamado “quinto” camión había una “mercancía” que les importaba a los criminales. Quizás droga, quizás dinero. Se insiste en que, en un retén de sus adversarios en Puebla, unos meses antes, se habían perdido paquetes de heroína por un valor de 30 millones de dólares. El otro motivo que aduce el Informe es que los “Guerreros Unidos” creyeron los autobuses de los normalistas eran de un grupo rival que les disputaba el control de la zona minera recién conquistada. Lo cierto es que, para saber el motivo, hay que recurrir a la historia.

Una mañana del 28 de junio de 1995, cuando a Guerrero lo gobernaba un compadre del Presidente Zedillo, Rubén Figueroa Alcocer, unos campesinos que cultivaban café tomaron unos camiones para ir a Coyuca de Benítez para participar en un mitin que exigía que los apoyos al campo se cumplieran. Un grupo de policías judiciales, les paró el alto, y los bajó de los camiones de carga. Una vez sometidos, los fusiló. Ahí murieron 17 campesinos desarmados de la Organización Campesina Sierra del Sur. Tras matarlos y herir a 40 más, la policía judicial les sembró armas a los cadáveres para que pareciera un enfrentamiento. El motivo fue tan difuso como el de Ayotzinapa: desprecio por los pobres, incredulidad de que su muerte tendrá repercusiones, certeza de que, desde las altas esferas de la autoridad, se puede fabricar y comprar la verdad.

Las desapariciones en Guerrero

Abel Barrera Hernández

“Para atención de la superioridad”, así tituló su reporte en 1974 el general Alberto Sánchez López, jefe del estado mayor de la Defensa Nacional, expresando que conviene dejar asentado que la efervescencia del estado de Guerrero tiene su proyección en situación militar (y que) el Ejército ha tenido que absorber los problemas para garantizar en la medida de sus posibilidades la tranquilidad del sector rural.

En 1960 Guerrero era el estado más pobre del país; más de 60 por ciento de analfabetismo y 74 por ciento de su población se distribuía en pequeños núcleos rurales, en condiciones deplorables y total aislamiento. Sólo Acapulco, Taxco, Zihuatanejo y la capital del estado contaban con carretera pavimentada.

La creación de la Asociación Cívica Guerrerense (ACG) por los maestros Genaro Vázquez Rojas y Darío Vázquez Carmona despertó muchas expectativas entre pobladores del estado, para hacer frente al gobernador Raúl Caballero Aburto, quien reprimía a la oposición política, utilizando a policías y al Ejército. Se focalizó la persecución en maestros disidentes que eran expulsados de las escuelas por impulsar la organización de padres de familia en defensa de la educación gratuita.

Con la revuelta que enarboló la lucha por la autonomía de la universidad de Guerrero, el 30 de diciembre de 1960, el gobernador arremetió contra estudiantes y maestros en Chilpancingo, usando las tropas que asesinaron a 19 personas. Por ello el Senado decretó la desaparición de poderes en el estado. La lucha contra los cacicazgos políticos y los acaparadores de tierras desencadenó un movimiento campesino que puso en jaque al partido oficial. La ACG lanzó sus candidaturas para disputar la gubernatura, las diputaciones locales y las alcaldías. Esta acumulación de fuerza social alertó al cacicazgo priísta que pidió al gobierno federal el apoyo del Ejército para que controlara las instituciones e impidiera el triunfo de la oposición. Se intensificó la persecución contra la ACG que representaba una amenaza para el régimen represor.

Ante la cerrazón política y la represión, Genaro Vázquez creó la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) como organización armada para declarar la guerra al Ejército Mexicano y los poderes establecidos en Guerrero. Fueron años sangrientos por la implantación de una estrategia de contrainsurgencia del Ejército, que impuso el toque de queda en las regiones convulsas. El secretario de la Defensa, Hermenegildo Cuenca Díaz, aplicó el Plan Telaraña, que se propuso eliminar a la guerrilla. El Ejército tomó el control de las regiones del Centro, Acapulco, Costa Grande y Costa Chica para reprimir a la población. Los detenidos eran trasladados a sedes militares o cárceles clandestinas para torturarlas y desaparecerlas.

Existen testimonios de que el Campo Militar número uno fue usado de centro de tortura para los guerrilleros y sus familiares. Un informe de la Dirección Federal de Seguridad reporta el traslado de varias personas detenidas a la 27 zona militar, en Atoyac de Álvarez. Perpetraba estas detenciones un grupo clandestino de policías y militares denominado Sangre. Tras ser torturados para arrancarles información sobre la guerrilla de Lucio Cabañas, los detenidos eran forzados a tomar gasolina para posteriormente prenderles fuego. Desfigurados, los cuerpos eran abandonados cerca de Acapulco.

Con el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa la represión se recrudeció con más grupos de gavilleros para enfrentar a la guerrilla y aterrorizar al pueblo. Los generales Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quiroz Hermosillo y el capitán Francisco Javier Barquín formaron grupos de policías judiciales y militares que detenían a sospechosos y los torturaban en los separos del Fraccionamiento de Costa Azul. Los asesinaban y trasladaban a la base aérea militar siete de Pie de la Cuesta.

De acuerdo con Gustavo Tarín, ex miembro de inteligencia de la Policía Militar, de 1974 a 1981 detuvieron a unas mil 500 personas que las interrogaban en las oficinas de policía y tránsito de Acapulco. Desde ahí las personas eran vendadas y atadas para trasladarlas a Pie de la Cuesta, donde se encontraba Acosta Chaparro, acompañado por Alfredo Mendiola, Alberto Aguirre y otros, quienes disparaban en la nuca a los detenidos con una pistola calibre 380, llamada la espada justiciera. Los ejecutados eran encostalados y trasladados al avión Arava del Ejército, que realizaba tres o cuatro vuelos nocturnos a la costa de Oaxaca.

La guerra sucia en Guerrero dejó más de 850 desaparecidos. Ningún gobierno se ha atrevido a indagar al Ejército; más bien en los últimos sexenios le han asignado la guerra contra el narcotráfico. Con los gobiernos caciquiles establecieron alianzas para impulsar la siembra de enervantes en regiones inhóspitas. Facilitaron el comercio ilegal de armas, pactaron con caciques regionales y grupos criminales para el trasiego internacional de mariguana y amapola. Acapulco devino en el centro de operaciones de los grandes narcos que abrieron rutas por mar y aire a Sudamérica.

El Ejército mantuvo su estrategia contrainsurgente, ocupando comunidades, violando mujeres, desapareciendo a líderes comunitarios y ejecutando a presuntos guerrilleros. En contrapartida, los negocios de la economía criminal se afianzaron en el estado con el apoyo de caciques. La guerra antinarco reposicionó al Ejército y a la Marina, dejando intacta la estructura criminal que opera en las instituciones de seguridad y justicia del Estado. La colusión entre agentes del Estado y crimen organizado ha aumentado la cifra de desaparecidos, en su mayoría jóvenes residentes en las periferias de las ciudades, mujeres jóvenes y estudiantes, madres de familia, pequeños comerciantes, líderes sociales y ecologistas, defensores comunitarios, maestros de la Ceteg y estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Las desapariciones en Guerrero tienen el sello de impunidad, porque no se indaga a autoridades militares ni civiles que forman parte de las redes de la macrocriminalidad que imperan en México.

Agredidos ni agraviados: Las relaciones civiles-militares en México

General Gallardo

A raíz de las declaraciones del divisionario Diplomado de Estado Mayor Carlos Gaytán Ochoa, López Obrador, descartó “intentos de conspiración” en relación a los resultados del operativo de octubre pasado en Culiacán.

En una conferencia mañanera, el mando supremo, respondió a las críticas del militar, lo cual da a entender que “existen discrepancias de parte de militares, por el actuar del Gobierno y su trato hacia las fuerzas armadas.

El entuerto provocó una preocupación de medios, analistas e intelectuales, cierto hay sinsabor no sólo en estos sectores y en la sociedad, sino entre los militares, pero las declaraciones del militar, no pasan de ser una baladronada, de un mando con turbio pasado que auspició la participación activa del Ejército en asuntos que prohíbe la Constitución general y la ley militar.

Queda prohibido a todo militar, desempeñar funciones de policía urbana o invadir las funciones de ésta… Los militares, de cualquier graduación, no intervendrán jamás en asuntos de la incumbencia de las autoridades civiles… Art. 28, 29 RGDM.

El militar no deberá elevar quejas infundadas, hacer públicas falsas imputaciones o cometer indiscreciones respecto de los actos del servicio… Todo militar que se exprese mal de sus superiores en cualquier forma, será severamente castigado… Cuando el militar eleve quejas infundadas, haga públicas falsas imputaciones contra sus superiores o cometa indiscreciones en asuntos del servicio, será castigado con arreglo al Código de Justicia Militar. Art. 12, 16 y 17 LDM.

A falta de valor civil para enfrentar una orden del Presidente, el discurso es convocado y apoyado por el mismo, General Secretario Luis Crescencio Sandoval.

Lo que lleva a concluir que México carece de una relación civil-militar democrática, donde el poder militar esté sometido al poder civil, la no deliberación de los militares en asuntos políticos. Art. 129 c

He seguido atento las “propuestas” relativas a la seguridad para lograr la paz, la estrategia que ella plantea, es equivocada, pues la seguridad pública no tiene que ver con militares, no tiene que ver con el Ejército, no tiene que ver con políticas represivas o cárceles, ni con ocurrencias e improvisaciones.

 Hay que cambiar los parámetros sobre cómo se concibe la seguridad pública: de una visión de control social y de maniobras perversas en contra de la sociedad para sostener un régimen autoritario y depredador, continuado incluso por la 4t, a otro donde se piense la seguridad pública, como una función del Estado, como un bien público, como un derecho humano, que quien el único que lo debe prestar es el Estado.   

 Mas cuando en México históricamente la clase política nacional, les ha adjudicado a los militares, claro con su complacencia y cobros de factura, la seguridad pública, facultad y única responsabilidad constitucional atribuida a las autoridades civiles en el ordenamiento federal (Art. 21), aquí incluiría el sistema de seguridad y justicia de las comunidades indígenas o de los grupos de autodefensas surgidos en Michoacán, ahora con presencia en 11 entidades federativas. Cómo se puede ocultar la legitimidad de un movimiento social, a falta de Gobierno, de justica o por la interrupción de la observancia constitucional. (Informe CNDH/2013)  

Quizá no tenga la facilidad para darme a entender, “No hay que confundir las cosas por muy parecidas que las creamos”. La situación de las relaciones entre civiles y militares ha carecido de estudios serios. La única teoría que tiene amplia aceptación derivada de las premisas del liberalismo americano, es la investigación que realizó sobre el tema Samuel P. Huntington en 1956. (El Soldado y el Estado: Teoría y Política de las relaciones civiles-militares)

Huntington sustenta en su análisis dos hipótesis: La primera, supone que las relaciones civiles-militares, en cualquier sociedad, deben ser estudiadas como un sistema de partes interdependientes.  Define como principales componentes del sistema tres situaciones: A.- La posición formal, estructural, de las instituciones militares en el Gobierno; B.- El papel informal y la influencia de los grupos militares en la política y en la sociedad a la larga; y C.- La naturaleza de las ideologías de los conjuntos militares y no militares.

Como partes de un sistema total, ninguno de estos componentes puede cambiar sin provocar efectos en los demás conjuntos. Cualquier sistema de relaciones civiles-militares involucra así un difícil equilibrio de poder; de un lado, entre la autoridad, influencia e ideología de los militares; y del otro, entre la autoridad, influencia e ideología de los grupos civiles.   En este contexto, el equilibrio puede ser conseguido de varias formas.

La segunda hipótesis señala que, partiendo de ciertas premisas concernientes a la naturaleza y al propósito de las instituciones militares, es posible definir en abstracto ese tipo particular  de equilibrio  -control civil objetivo- que  maximiza  la  seguridad militar.

Utilizando este enfoque, es posible visualizar hasta qué punto el sistema de relaciones civiles-militares tiende a mejorar o a deteriorar la seguridad militar de una sociedad determinada.  Es también posible sugerir los cambios necesarios en las partes componentes del sistema para aproximarlo al punto de equilibrio, es decir, al control civil objetivo.

Así las cosas, Huntington considera que las relaciones civiles-militares son un aspecto de la política de seguridad nacional.  El objetivo de la política de seguridad nacional es mejorar la seguridad de las instituciones sociales, económicas y políticas contra amenazas que provienen de otros Estados independientes o de índole subversivo desde el orden interno.

La política de seguridad nacional puede manifestarse en tres formas:  A.-  La política de seguridad militar: Es un programa de actividades planeado para disminuir o neutralizar los  esfuerzos destinados a debilitar o destruir a la nación, realizados por fuerzas armadas que operan fuera de sus límites territoriales; B.-  La política de seguridad interna: Trata de la amenaza de subversión; es decir, el esfuerzo destinado a debilitar o destruir al Estado, impulsado por fuerzas que operan dentro de sus límites institucionales y territoriales; C.-  La política de seguridad situacional: Concierne a la amenaza de erosión proveniente de cambios a largo plazo en las condiciones sociales, económicas, demográficas y políticas que tienden a reducir el poder relativo del Estado.

Esta visión de la política de seguridad nacional en cada una de sus manifestaciones, militar, interna y situacional, se desarrolla en dos planos, uno institucional y otro operativo. El plano operativo, implica los medios inmediatos a que se apela para afrontar las amenazas a la seguridad.  El plano institucional trata la manera en que la política operativa es concebida, formulada y ejecutada. Las relaciones civiles-militares son el principal componente de la política de seguridad militar.

Los planteos o conclusiones operativas inmediatas de la política militar, involucran normalmente: los planteos o conclusiones cuantitativos de los recursos del Estado dedicados a las necesidades militares; los planteos o conclusiones cualitativos de la organización, composición, equipamiento y empleo de las fuerzas militares; y los resultados dinámicos de la utilización de las fuerzas militares de cuándo y bajo qué circunstancias serán puestas en acción.

La naturaleza de las resoluciones sobre estos asuntos es determinada por el esquema institucional a través del cual se toman esas decisiones. Los temas fundamentales de la política institucional están siempre presentes, son continuamente redefinidos, pero nunca resueltos. El ordenamiento de las relaciones civiles-militares, por consiguiente, es básico para determinar la política de seguridad de la nación.  El objetivo de esta política en el plano institucional es desarrollar un sistema de relaciones civiles-militares, que realcen en grado máximo la seguridad militar con el menor sacrificio de otros valores sociales.  El logro de este objetivo comprende  un intrincado equilibrio de poder y de actitudes entre los grupos civiles y militares.   Las naciones que logran un esquema balanceado en las relaciones entre civiles y militares, poseen una gran ventaja en su búsqueda de la seguridad.  Por otra parte, las naciones que fracasan en desarrollar un sistema cívico-militar [civil-militar] bien balanceado, malgastan sus recursos y se exponen a riesgos incalculables.

Las instituciones militares de cualquier sociedad están conformadas por dos impulsos; por un lado, el imperativo funcional que surge de las amenazas a la seguridad de la sociedad,  y por el otro, el imperativo social proveniente de las fuerzas sociales, ideologías e instituciones dominantes dentro de la sociedad.

Las instituciones militares que reflejan sólo los valores sociales pueden verse incapacitadas para ejercer sus funciones militares eficazmente. Por otra parte, puede ser imposible contener dentro de  una sociedad instituciones militares formadas puramente por imperativos funcionales. La interacción de estos dos impulsos constituye la esencia del conflicto en las relaciones civiles-militares. El grado en que ambos impulsos o fuerzas entran en confrontación depende por una parte, de la intensidad de las necesidades de seguridad, y por la otra, de la naturaleza y fuerza del esquema de valores de la sociedad. El ajuste y equilibrio entre estos componentes de las relaciones civiles-militares no viene solo, algunas sociedades pueden ser inherentemente incapaces de proporcionar las bases adecuadas para su propia seguridad militar. Tales sociedades carecen de valores de supervivencia en una época de continuas amenazas.

Siendo plausible lo hasta aquí asentado, nos preguntamos: ¿Qué esquema de relaciones civiles-militares mantendrá mejor la seguridad de una nación?

Lo primero que tiene que considerarse en las relaciones civiles-militares es el trato que tiene el Estado con el cuadro de oficiales. En este espacio es donde llega al máximo el conflicto entre  las  presiones que surgen del imperativo funcional y las provenientes del imperativo social.

Por una parte, el cuadro de oficiales es el elemento dirigente activo de la estructura militar y es responsable de la seguridad de la comunidad.  Por la otra, el Estado es el elemento dirigente activo de la sociedad, y es el responsable de la distribución de recursos entre los valores sociales, incluyendo la seguridad militar.   En consecuencia, al analizar  las relaciones  civiles-militares, lo primero que hay que definir es la naturaleza del cuadro de oficiales. ¿Qué clase de corporación es el cuadro de oficiales?  ¿Qué ralea de hombre es el oficial militar?

El moderno cuadro de oficiales es un organismo profesional y el actual oficial militar es un hombre profesional.  Una profesión  es un tipo peculiar de grupo funcional de características altamente especializadas. El  profesionalismo  es característico del oficial moderno en la misma forma que se caracteriza el médico o el abogado.

El profesionalismo distingue al oficial militar de hoy en día del guerrero de otras épocas. La existencia del cuadro de oficiales como cuerpo profesional da característica única al problema moderno de las relaciones civiles-militares.

La naturaleza de otras profesiones como profesiones, así como su historia, ha sido ampliamente discutida. Sin embargo, el carácter profesional del moderno cuadro de oficiales ha sido descuidado. En nuestra sociedad, el hombre de negocios puede manejar más dinero, el político más poder, pero el profesional puede manejar más respeto.

Cuando el término profesional ha sido empleado en relación con los militares, casi siempre lo ha sido en el sentido de profesional como opuesto al amateur, más que en el sentido de profesión en contraste con comercio u oficio.  Las frases “ejército profesional” y “soldado profesional” han oscurecido la diferencia entre el “enganchado”, que es  profesional en el sentido de uno que trabaja por ganancias monetarias, y el oficial de carrera, que es profesional en el sentido, muy diferente, del que persigue “un puesto más alto en el servicio de la sociedad”.

La seguridad pública, debe descansas en esta relación civil-militar, donde el poder militar esté sometido, subordinado absolutamente al poder civil del Estado. Cualquier Gobierno por más legítimo que llegue al poder, incluso con el cien por ciento de la votación, si no tiene este cimiento NO PODRÁ GOBERNAR, porque va en contra del orden constitucional, por tanto la gobernación será nula de pleno derecho.

Esta definición llevó a los Estados Unidos a convertirse en el país más poderoso del mundo. La prohibición del uso de las tropas militares en las tareas de seguridad se decretó desde 1854. “Las fuerzas armadas están diseñadas para pelear en la guerra, mientras que las fuerzas policiales están diseñadas para hacer cumplir la ley”.

En las condiciones de abdicación del poder civil, la 4t no está en condición de establecer una relación civil-militar, donde esté sometido el Ejército a los controles institucionales.

Los ejércitos del Cártel de Sinaloa

Zósimo Camacho

Sitiaron y tomaron Culiacán, la capital de Sinaloa, este 17 de octubre. Liberaron a uno de sus líderes (y a decenas de reos más) y replegaron a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Militarmente –más allá de las razones sociales y políticas que sustentaron la orden oficial de la retirada– propinaron una derrota al Ejército Mexicano en su propio suelo.

Y es que no solamente fue Culiacán. El sitio se tendió también sobre Los Mochis y El Fuerte, ciudades sinaloenses donde de igual forma ocurrieron enfrentamientos y se cobraron vidas (aunque toda la atención mediática se haya concentrado en la capital del estado).

Son los ejércitos del Cártel de Sinaloa, conformados luego del inicio de la guerra simulada contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón en 2006, los más poderosos de todas las fuerzas irregulares que hacen del país un polvorín. Los que sitiaron Culiacán bajaron de la Sierra de Badiraguato y fueron reforzados por los de la sierra de Choix y aún por los del vecino Sonora.

Al parecer, el gabinete de seguridad del gobierno federal sólo esperaba reacción en Badiraguato y evaluó que contaba con la capacidad de contener a los criminales. Se llevó una sorpresa. La decisión de emprender la retirada y dejarle la plaza al Cártel de Sinaloa fue cuando advirtió que Los Mochis ya estaba tomada y desde ahí se preparaba una ofensiva con cientos de elementos del cártel dispuestos a masacrar o ser masacrados.

Estas tropas irregulares rafaguearon la cárcel de El Fuerte e impusieron a la población un toque de queda. Ahí se concentraron provenientes de tres puntos: de Choix y de El Carrizo, Sinaloa, y de Álamos, Sonora. Estos últimos, de la presa Miguel Hidalgo, de la sierra de Sonora, por el rumbo de San Bernardo Quiriego.

Pertrechados con fusiles de asalto (AK47, R15), fusiles Barret, morteros, lanzagranadas, y perfectamente coordinados con alta tecnología de comunicaciones, convergieron en El Fuerte para reforzar Los Mochis. Apenas encontraron resistencia en San Miguel Zapotitlán, la primera caseta ya en territorio de Sinaloa, entre Navojoa y Los Mochis. Además de automóviles incendiados, a su paso dejaron, al menos, cinco muertos.

Sólo en Choix operan tres facciones de Gente Nueva, como se hace nombrar el brazo armado del Cártel de Sinaloa en Chihuahua, Sonora y Sinaloa (tiene otras denominaciones en otros estados de la República). Dichas facciones son: Los Salazares –de los cuales ya hemos dado cuenta de algunas de sus matanzas en este espacio– con sede por los rumbos de El Rodeo; los de Agua Caliente, por el rumbo del río con el mismo nombre, y otros llamados Los Norteños, con origen en Bacayopa y Yecorato. Estos últimos son los “dueños” de la plaza de la cabecera de Choix y los que encabezaron el operativo de sitio a Culiacán.

Gente Nueva fue integrada inicialmente en 2007 por el Cártel de Sinaloa con efectivos de elite del Ejército Mexicano. La supuesta guerra de Felipe Calderón y la profesionalización y militarización de los rivales de la organización encabezada entonces por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, generó la “necesidad” de contratar a militares de fuerzas especiales con entrenamiento kaibil.

El Cártel de Juárez había formado ya su brazo armado, La Línea. Mientras, el Cártel del Golfo ya tenía a Los Zetas. El más poderoso de los cárteles no podía rezagarse y los entonces tres principales líderes de Sinaloa, Juan José Esparrogoza Moreno, el Azul; Ismael Zambada, el Mayo, y el Chapo, acordaron la integración de Gente Nueva. Un estimado de la entonces Procuraduría General de la República hecho público en 2011, estas tropas irregulares podrían estar integradas con 5 mil efectivos en los tres estados.

La liberación de Ovidio Guzmán (hijo del Chapo) este jueves 17 es probablemente el triunfo más importante de toda la historia de Gente Nueva. Ha participado en muchas masacres contra cárteles rivales y ha derrotado en otras ocasiones a comandos de fuerzas federales. Pero en esta ocasión ocuparon militarmente la capital de un estado de la Republica, obligaron al Estado mexicano a devolverles a uno de sus patrones y consiguieron la retirada del Ejército Mexicano.

Se trata de la primera decepción para muchos de los simpatizantes de la “cuarta transformación”. Es un fracaso redondo porque la inteligencia falló. No pudo prever la capacidad de respuesta del narco. Pero es importante decir que estos cárteles que pueden retar al Estado mexicano se formaron y alcanzaron tal poderío en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con probable apoyo de funcionarios de estas administraciones. Tal poder no se construyó en estos meses.

Si estas fuerzas del narcotráfico replegaron a las Fuerzas Armadas Mexicanas, cómo se les puede pedir a las comunidades indígenas que no se armen cuando tienen enfrente a los cárteles. Las policías comunitarias, guardias comunales, rondas comunitarias y autodefensas indígenas ya enfrentan desde hace12 años y con sus propios medios a los criminales. Ahora una ciudad vivió un embate como los que desafortunadamente son cotidianos en los territorios de muchos pueblos indígenas.