Maru y la CIA: Es traición a la patria

Álvaro Delgado Gómez

"Maru Campos no es inocente. Tampoco Ronald Johnson. En esta nueva intromisión del gobierno de Estados Unidos debe imponerse la verdad y la justicia".

Todas las evidencias incriminan a la Gobernadora panista María Eugenia Campos, incluida la ridícula unidad investigadora que creó sólo para que la exonere. Claro que violó la Constitución y debe ir a la cárcel por cometer entre otros delitos el más indigno para los mexicanos, la traición a la patria, pero también debe imputarse responsabilidad a quien ella se sometió: El Embajador Ronald Johnson, jefe de los agentes de la CIA en México que participaron en al menos tres operaciones encubiertas en Chihuahua, violatorias del marco constitucional y legal, porque no pueden tolerarse las acciones injerencistas y de desestabilización de Estados Unidos al Gobierno de Claudia Sheinbaum, así sea con disfraz anticrimen y anticorrupción.

La CIA se ha entrometido en México desde hace décadas para reclutar desde represores como Fernando Gutiérrez Barrios y Miguel Nazar Haro —¡exonerado como ladrón de autos en Estados Unidos por su servilismo!—, hasta presidentes de la República como Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, con infiltración a organismos sociales y adiestramiento a grupos violentos de la extrema derecha, siempre con la garantía de impunidad por las complicidades que existían con los gobiernos de PRI y luego del PAN, pero esta nueva injerencia con el sometimiento de la Gobernadora panista debe ser investigada eficiente y rápidamente por la Fiscalía General de la República (FGR) para que los delitos que cometieron ella, sus funcionarios de confianza y los cuatro agentes de esa agencia que participaron en Chihuahua —dos de ellos muertos— sean debidamente sancionados.

El peor desenlace de este episodio de intromisión del gobierno de Estados Unidos, cuyo Embajador Johnson adiestró como miembro del Ejército a escuadrones de la muerte en El Salvador y como agente de la CIA participó en operaciones invasoras en países soberanos, es que no pase nada y que se apueste al olvido. Esa sería también una conducta de traición a la patria de las autoridades omisas. México no es El Salvador y Sheinbaum no es Bukele. Debe haber escarmiento, no complicidad.

Está en curso, es obvio, una operación mediática y política, financiada con miles de millones de pesos de Chihuahua, para imponer la narrativa de que Maru Campos es una perseguida política por destruir laboratorios de drogas y por ser exitosa en su lucha contra la delincuencia, pero son falacias diseminadas por personajes como Margarita Zavala, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano y Maximiliano Cortázar, que están en la nómina de la Gobernadora, y medios a los que ella ha destinado más de dos mil 500 millones de pesos para retacar con publicidad medios de comunicación locales y de la Ciudad de México.

Sin embargo, las evidencias se imponen: La presencia de cuatro agentes de la CIA en un operativo en la Sierra Tarahumara, que vestían uniforme y portaban armas de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía de Chihuahua, que encabeza César Jáuregui Moreno, ha sido reconocida hasta por funcionarios de Estados Unidos citados en medios como Washington Post, The New York Times y Los Ángeles Times, lo cual implica que se cometieron delitos porque, además, uno de los agentes muertos entró como turista y el otro tenía pasaporte diplomático.

Los funcionarios de Chihuahua directamente implicados, además, están confesos: El Fiscal general reconoció que los agentes de la CIA participaron en el operativo, aunque luego se desdijo por la ilegalidad que implica, y el Secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, confesó que la institución que encabeza trabaja con esa y otras agencias de Estados Unidos como DEA, FBI y hasta el ICE, a las que se destinaron para su comodidad el piso 18 de la Torre Centinela, en Ciudad Juárez, todo al margen de lo que establecen la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

“O fue la Fiscalía General de Justicia del estado de Chihuahua o fue el Secretario de Seguridad, no hay muchas más opciones para poder colaborar con personas extranjeras sin seguir la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución”, dijo al respecto la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre la responsabilidad por la presencia de los agentes de la CIA, pero le faltó mencionar a la Gobernadora, jefa directa de estos dos funcionarios que son de todas sus confianzas desde que ella fue alcaldesa de Chihuahua, entre 2016 y 2021.

Jáuregui Moreno y Loya Chávez han sido íntimos colaboradores de Maru Campos: El primero fue Diputado local con ella, entre 2013 y 2016 —cuando recibieron sobornos del Gobernador César Duarte—, luego fue Secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, de 2016 a 2021, y en la gubernatura Secretario de Gobierno. El segundo fue director de Seguridad Pública municipal y, desde 2021, tiene el mismo cargo en el Gobierno estatal. Por tanto, es imposible que la Gobernadora no sepa todas las operaciones de la CIA en Chihuahua.

En este sentido es preciso recordar que el artículo 123 del Código Penal establece que el delito de traición a la patria se castiga con prisión de cinco a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos a quien realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero; a quien tome parte en actos de hostilidad en contra de la Nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México.

También comete el delito de traición a la patria quien tenga, en tiempos de paz o de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior; o que proporcione dolosamente y sin autorización, en tiempos de paz o de guerra, a persona, grupo o gobierno extranjeros, documentos, instrucciones o datos de establecimientos o de posibles actividades militares; o que oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje, sabiendo que los realiza; también quien forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros; organizados dentro o fuera del país, cuando tengan por finalidad atentar contra la independencia de la República, su soberanía, su libertad o su integridad territorial o invadir el territorio nacional, aun cuando no exista declaración de guerra.

No hay manera de que la Gobernadora de Chihuahua y sus funcionarios se escabullan de este comportamiento de subordinación a Estados Unidos, pero tampoco que la FGR rehúya su deber de sancionarlos, porque sentaría un precedente gravísimo para la soberanía de México y su integridad territorial ante las descaradas y veladas pretensiones del criminal y corrupto Donald Trump de meter las narices en los asuntos de nuestra patria.

No: Maru Campos no es inocente. Tampoco Ronald Johnson. En esta nueva intromisión del gobierno de Estados Unidos debe imponerse la verdad y la justicia. Cooperación sí, jamás subordinación.

 https://www.youtube.com/watch?v=32HxWfVMNSk