Imperialismo, neoproteccionismo y aranceles en la relación México-Estados Unidos

Adrián Sotelo Valencia*

Con un marcado complejo de inferioridad al sentirse el mandamás del mundo, una suerte de emperador omnipotente global, en el marco de su precampaña presidencial para su reelección del año entrante 2020, el 30 de mayo el magnate de la Casa Blanca amenazó a México con la imposición de aranceles (es decir impuestos) a sus exportaciones que irían desde un 5% hasta el 25% en el lapso de este año cada mes hasta octubre, si el país no adopta las medidas y las políticas “recomendadas” por Estados Unidos en materia migratoria y de seguridad fronteriza. Entre otras, figura la presión para que Mexico firme un acuerdo donde acepte su status de Tercer País Seguro (solicitado por el gobierno de Trump con el envío de una cantidad de miembros de la recién creada Guardia Nacional) lo que lo obligaría a asilar primero a los migrantes que transitan por territorio mexicano antes de que lo soliciten a Estados Unidos. Ello implicaría por lo menos en una primera oleada que el gobierno mexicano acepte, ipso facto, albergar en nuestro territorio a alrededor de 400.000 retornados-expulsados-indocumentados de aquel país. También se rumora, según la agencia británica de noticias Reuters, que se estaría presionando para que el gobierno mexicano envíe unos 6.000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur de México con el objeto de detener a los migrantes de cualquier nacionalidad que intenten cruzar la frontera desde Guatemala.

Hasta ahora el tema ha sido tratado en general como una simple disputa comercial, pasajera, y como un asunto “aislado” propio de la tradicional relación México-Estados Unidos. A lo sumo, se menciona la “estrecha relación” existente entre ambas naciones; la “buena vecindad” y las relaciones de “cooperación”. Destaca el reduccionismo de la prensa internacional y de las propias autoridades mexicanas al vislumbrar sólo el aspecto económico y la pérdida de empleos que la imposición imperialista generaría en caso de prosperar las medidas impositivas. En segundo o tercer plano quedan los trabajadores y los pueblos de ambas naciones así como los efectos desastrosos que implicarían para los miles de inmigrantes que no tendrían otra alternativa más que la de retornar a sus países de origen —que son los verdaderos expulsores de esa fuerza de trabajo hacia Estados Unidos vía México— o bien, permanecer en este último que acusa altísimos niveles de pobreza, pobreza extrema, desempleo e informalidad (cerca del 60% de la PEA).

Al empresariado (o más bien a la lumpenburguesía mexicana) sólo le interesa mantener y garantizar sus exportaciones, sus ganancias y los mercados del país del norte, y de esto habla su celo con que defiende el renovado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que todavía tiene que ser ratificado por los tres gobiernos, a pesar de que, desde su entrada en vigor en 1994 —que entre otras cosas estímulo la insurrección zapatista— ha quedado demostrado que ha sido completamente negativo para el país y para la mayoría de los mexicanos.

El trasfondo del problema en curso relativo a los aranceles, o imposición unilateral de impuestos, es la profunda dependencia histórico-estructural de México —como país subdesarrollado— de Estados Unidos, país capitalista imperialista central, y de la que nada, o casi nada, se habla en la prensa especializada, entre la intelectualidad de izquierda y derecha y, aún, en los altos círculos gubernamentales.

¿Qué significa lo anterior? Que el ciclo histórico de producción y reproducción del capital (en México) depende del ciclo económico y, hasta cierto punto político, del capitalismo norteamericano en crisis y decadencia secular. Es así como casi el 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen hacia ese país, mientras un porcentaje similar corresponde a sus importaciones. De esta forma en 2018, el valor total de las exportaciones de México sumó 450.320 millones de dólares, mientras que en 2017 esa cifra fue de 409.849 millones de dólares (cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI).

En 2018, México exportó a Estados Unidos un valor total de 346.500 millones de dólares, mientras que las exportaciones norteamericanas a México alcanzaron 265.000 millones de dólares. De lo anterior resulta la alta dependencia de México, ya que del total exportado, el 77% correspondió a Estados Unidos. Los principales productos-mercancías vendidos a este país fueron: vehículos con motor de émbolo, de cilindrada mayor a 1.500 centímetros cúbicos pero menor a 3.000 centímetros cúbicos; unidades de proceso (unidad de memoria, unidad de entrada y unidad de salida); vehículos con peso mayor a 2.721 kilogramos, pero menor de 4.536 kilogramos; televisores, incluyendo receptor de radiodifusión, de grabación, de reproducción de sonido o de imagen; videomonitores y videoproyectores de pantalla plana; aparatos de recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluyendo los de conmutación y enrutamiento. Información más reciente revela que entre enero-abril de 2019 las ventas a Estados Unidos sumaron 117.011 millones de dólares, un incremento, respecto al mismo período del año anterior, de 6.4% (Reforma, 06 de junio de 2019).

Según información oficial, las ramas de la economía mexicana que registran los mayores volúmenes de exportación a Estados Unidos, a partir de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, son: los vehículos motorizados (19%), partes de vehículos motorizados (14%), los equipos de computación (8%), el petróleo y gas (4%) y los equipos eléctricos (3%).

Es importante subrayar que estás ramas están fuertemente penetradas y monopolizadas por las grandes empresas trasnacionales, principalmente norteamericanas, que operan en la llamada industria maquiladora de exportación (IME) que acusa bajísimos niveles de vinculación con el conjunto de las ramas y cadenas productivas del país no superando el 5%, cuestión que demuestra que el proceso se realiza en función y beneficio de la acumulación y reproducción del capital de Estados Unidos. Sin que este “modelo” sea cuestionado, ni por el gobierno mexicano ni por el de Estados Unidos, estos han iniciado conversaciones encaminadas a alcanzar algún acuerdo que pueda “resolver” el complejo y candente asunto migratorio exacerbado en los últimos meses.

Muy poco excedente queda, pues, para dirigirlo a otros mercados cuya diversificación es prácticamente inexistente en México, a diferencia de lo que sucede en otros países y mercados que son más diversificados, como el de Brasil o Chile que, ante contingencias desfavorables, poseen mayor capacidad para contrarrestarlas en mucho mayor magnitud que México, que como dijimos su “destino” está hasta ahora completamente subordinado al del imperialismo norteamericano en su modalidad Estados Unidos puesto que se trata de un sistema mundial, al decir de los clásicos del marxismo como Lenin o Bujarin, donde comparecen otros imperialismos de estatura menor como el alemán, el británico, el francés o el japonés.

Por tanto, priva en la economía capitalista mexicana dependiente, un patrón de producción y reproducción especializado en las exportaciones de manufacturas mediante la actividad maquiladora, fuertemente controlado por el gran capital internacional y sus empresas transnacionales, particularmente norteamericanas.

Lo anterior hace extremadamente vulnerable al gobierno mexicano cuyo presidente ha optado en primera instancia por el “diálogo” y la “negociación” en un entorno donde tanto las fuerzas de la derecha mexicana, como las calificadoras internacionales lo presionan para que desista del impulso de algunas medidas de corte desarrollistas y reasuma el sendero neoliberal a ultranza adoptado por las anteriores administraciones. Al respecto basta con señalar que las calificadoras Moody’s y Fitch —verdaderos instrumentos de presión del capital financiero— han degradado la posición crediticia de Mexico a causa del aumento de la deuda de PEMEX y de la presunta “inestabilidad” que generan las decisiones económicas del presidente López Obrador que “desalientan la inversión” y ponen en “riesgo” el potencial crediticio de México. No bastando lo anterior se incrementan las caravanas provenientes de Centroamérica, principalmente de Honduras, para internarse en México rumbo al país del norte que las rechaza. Estos problemas evidentemente los aprovechan tanto el gobierno norteamericano como los organismos financieros y monetarios internacionales (FMI, BM) para “recomendar” la adopción e imposición de las mal llamadas “reformas estructurales” —léase privatización, apertura indiscriminada de la economía, finanzas públicas sanas, recortes presupuestarios, control de la inflación, bajos salarios y privatización de las pensiones, etcétera— para volver a la senda del “crecimiento” y del “progreso” a partir de la confianza que garantice el flujo de las inversiones privadas (nacionales e internacionales) “generadoras” de empleo, ingresos y bienestar social.

Evidentemente que el problema no se va a solucionar ni en el corto ni en el mediano plazos, como pretende y reclama el presidente Trump en el marco de sus intereses geoestratégicos imperialistas guiados por el impulso de la genocida construcción del muro de la ignominia entre las fronteras de ambos países. Yendo incluso más allá de la miopía del magnate, alumbrada sólo por su obsesión de imponer a sangre y fuego el poder imperialista en todo el planeta, el presidente mexicano, López Obrador, ha reiterado que en el problema migratorio se requiere ir, según él, a la raíz del problema que radica, justamente, en los temas de la pobreza, de la falta de empleo y en la ausencia de factores de retención socio-económica y política de las poblaciones de los países expulsores constituidos por el llamado triángulo norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) donde la mayoría de los migrantes son oriundos del primer país gobernado por una dictadura represiva consentida y tutelada por Washington al igual que lo hace con los gobiernos conservadores de derecha afines como el de Colombia, Brasil o Argentina que sirven a sus intereses estratégicos.

Sin embargo, ambos presidentes pasan por alto que el problema-raíz, el eje nuclear y la idea fuerza de la reproducción del incremento de las migraciones e inmigraciones radica en esos países atrasados, subdesarrollados y dependientes cuyas oligarquías —sobre todo en Honduras y Guatemala— se mantienen en el poder mediante la represión y el apoyo incondicional de Estados Unidos que más bien, para este, significan, no naciones-Estado, sino espacios-territorio para apropiarse de sus recursos naturales y asentar sus bases militares con proyección regional y continental.

Tendrían que pasar décadas para que esos países pudieran solventar y resolver internamente sus problemas estructurales y, así, dar los pasos necesarios para abordar el complejo y masivo problema de la migración, lo que implica superar completamente el capitalismo y, más aún el dependiente, y al mismo tiempo construir nuevos modos de producción, de vida y de trabajo en el entorno de nuevas formaciones económico-sociales y culturales no capitalistas.

Obviamente que el gobierno norteamericano de ninguna manera pretende solucionar el tema migratorio, ni en América latina y en otras partes del mundo; sino utilizarlo para presionar al gobierno mexicano para que éste asuma, tarde o temprano, las políticas y estrategias del imperialismo en temas sensibles como migración, la “crisis” de Venezuela y la “remoción” de Maduro, la moderación o eliminación de las “políticas populistas” y su reorientación y sustitución neoliberal, la Iniciativa Mérida y la prevalencia de la hegemonía de las inversiones norteamericanas en los sectores estratégicos del país. Todo ello en el marco de su lucha por mantener su mermada hegemonía en el marco de los estados y de las relaciones internacionales

Evidentemente que el capitalismo, por su propia naturaleza, tanto en Estados Unidos como en México, nunca va a resolver —“de raíz”— ninguno de los problemas de las mayorías y, en particular, de las migraciones que en el enfoque empresarial-capitalista sólo constituyen flujos de fuerza de trabajo barata y supernumeraria para nutrir y satisfacer la demanda de los mercados de trabajo de Norteamérica, incluyendo a Canadá. No en balde se calcula que en la actualidad existen en el mundo alrededor de 174 millones de trabajadores migrantes en todos los continentes que representan el 7,4% de un total de 2.351 millones de trabajadores en todo el planeta.

El tema migratorio, por consiguiente, si se quiere entender en su integridad tiene que asumirse en una visión total que implica contemplar, dentro del entorno de la crisis y de la decadencia secular del capitalismo histórico, las relaciones y contradicciones que lo configuran como una necesidad del capital para intentar resolver no solamente su crisis de acumulación, sino fundamentalmente la profunda caída de las tasas de ganancia y de rentabilidad determinadas esencialmente por su cada vez mayor imposibilidad de generar los quantums de valor y de plusvalía que sólo produce la fuerza de trabajo y que constituyen la base de aquéllas.

*Adrián Sotelo Valencia. Investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la FCPyS de la UNAM, México.

Mexico and the Sustainable Development Goals

Laura Dowley*

The capture of the State by the corporate elite largely explains the SDGs’ slow progress - particularly in Mexico.

Agreed upon by UN member States and designed “to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity”, the Sustainable Development Goals (SDGs) for 2030 are commendable objectives indeed. But three years after they came into effect, progress has been sluggish, particularly in Mexico. What is going wrong?

Albeit not the only cause, the capture of the State by corporate elites goes a long way towards explaining the problem. Undue corporate influence on State institutions and policy decision-makers undermines the State’s ability to promote economic growth, reduce poverty and inequality, and protect the environment.

The capture of the State is both the cause and the effect of the stark disparities of wealth which beset Mexico and which the 2030 Sustainable Development Agenda acknowledges as one of the “huge challenges” facing sustainable development. While the Mexican economy is now the world’s 15th largest, Mexico ranks 17 in the most unequal country index in terms of distribution of wealth.

Since economic power translates into social and political power, what we end up with is a system in which the economic elite are able to ensure that the country is governed in line with their own interests. This, in turn, tends to intensify inequality.

All around the world, extreme concentration of wealth has reduced the amount of public resources available for development.

All around the world, extreme concentration of wealth has reduced the amount of public resources available for development. As countries become richer, government s paradoxically become poorer, mostly due to high levels of tax evasion and avoidance, illicit financial flows and the hiding of private profits in tax havens. A 2018 World Bank report on development found that multinational corporations are transferring up to 40% of their profits to tax havens, and that Mexico is one of the economies most affected by this phenomenon. In 2015, the Mexican State lost 197.1 billion pesos (14.2 billion dollars at the average exchange rate for that year) through tax evasion by private companies.

The establishment of a strong tax base in Mexico would undoubtedly result in a huge increase in funds available for sustainable development. Sadly, for so long as the Mexican State continues to consent to corporate interests, this is unlikely to happen.

The current human rights crisis in Mexico is symptomatic of a system that allows economic interests to shape State laws, regulations and public policies for their own benefit. Considering the high degree of convergence between human rights and the SDGs, Mexico must find a way to properly implement international human rights standards if it is even remotely serious about these goals.

Violence against journalists and human rights defenders has spiralled out of control in recent years: 120 journalists were murdered between January 2000 and October 2018 and, in 2017, Mexico was the third most dangerous country in Latin America and the fourth most dangerous in the world for land defenders and environmental activists. Today, only three months into the new administration, 14 journalists and human rights defenders have already been killed.

The capture of the State has meant that, time and time again, the Mexican State has failed to implement laws that seek to prevent human rights violations by private businesses.

The majority of the attacks against human rights activists happen in the context of business activities - not surprisingly, given the obvious discrepancy between sustainable community-led development and private-sector profit-driven interests. Mining, infrastructure construction, energy and logging are all industrial activities frequently related with targeted attacks against those who oppose them.

The capture of the State has meant that, time and time again, the Mexican State has failed to implement laws that seek to prevent human rights violations by private businesses. More often than not, large businesses act with almost complete impunity, the effect of which is to increase violence further.

The 2014 spill of toxic waste from a Grupo México copper mine into rivers in the state of Sonora, in northern Mexico – the worst environmental disaster in the history of the mining sector in Mexico – is emblematic of the Mexican State’s failure to implement laws for the protection of local communities.

At the time of the spill, the environmental regulator had actually allowed a Grupo México subsidiary to operate without the environmental permits required for handling hazardous waste, in breach of its international obligation to prevent violations of the local communities’ right to a healthy environment.

Not only are laws not properly implemented; in some cases, national legislation is unduly lenient with the private sector regarding its obligation to contribute to sustainable development.

The mining lobby, for example, has managed to ensure regulations which favour its interests over those of the affected communities. Under the guise of encouraging development, the Mining Act considers mining to be in the public interest and preferential to any other use of the land – which means that the land of indigenous and farming communities is in practice readily available to extractive companies.

The Act violates the principle of international law establishing the communities’ right to self-determination. Moreover, considering that 50% of the population in the gold and silver producing areas are living in conditions of extreme poverty, the Mexican government must ask itself if mining has actually been the catalyst for local development it had promised.

Can things change under the administration of new president Andrés Manuel López Obrador (AMLO)? His promise to fight corruption and inequality is clearly a step in the right direction.

But the road ahead will be a tough one. Both phenomena have come to be deeply entrenched under the rule of the Institutional Revolutionary Party (PRI) – the party that held power from 1929 to 2000. The conservative National Action Party (PAN) took over the presidency from 2000 until 2012, and then the PRI returned to power for a six year term marked by corruption scandals in the Federal Government.

The cancellation of the new Mexico City airport – a project mired in corruption and human rights abuses – following a nation-wide public consultation in October 2018 looked like a promising move by AMLO, who was then president elect.

But the process was criticised by experts for being non-binding and failing to meet international standards for public participation - the decision should have been made by the communities whose land was affected by the project, not by the nation as a whole.

Only a few weeks later, the new administration conducted a second consultation regarding another major development project. The results of this consultation did not go the way the 82 potentially affected indigenous communities had hoped.

The construction of the Mayan Train will go ahead despite obvious violations of the international law principle that indigenous peoples must give their free, prior and informed consent to projects which may affect them and their territories.

The construction of the Mayan Train – a train line in the south-east of the country – will go ahead despite obvious violations of the international law principle that indigenous peoples must give their free, prior and informed consent to projects which may affect them and their territories.

Presented by the government as a boost to social and economic development, with due respect for local indigenous cultures, the train also happens to cross five states that are home to major energy projects. The government itself admits that one of the project’s objectives is to allow the energy industry to flourish.

One wonders who will actually benefit from this kind of development. It looks increasingly as if local communities will be sidelined, yet again, by development policies designed to produce massive financial gains for the business and political elite.

*openDemocracy

NAFTA 2.0: otra muestra del Estado corporativo conducido por Trump

Tom Kucharz

En la medianoche del domingo, y tras meses de fuertes tensiones diplomáticas, los gobiernos de los Estados Unidos y de Canadá adoptaron un nuevo acuerdo comercial preliminar, junto con México, que ahora se llamaría United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA, el Acuerdo de los Estados Unidos con México y Canadá), reafirmando el papel hegemónico estadounidense. Este tipo de acuerdos provocan la precarización laboral, la bajada de salarios y daños ambientales irreversibles.
Al final no se rompió el NAFTA, acuerdo comercial entre los tres países norteamericanos que provocó en 1994 el levantamiento zapatista en Chiapas. Le han dado un nuevo nombre. Las amenazas y los chantajes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han funcionado. El “nuevo” acuerdo muestra cómo avanza la captura corporativa de los Estados y la imposición de los intereses corporativos.

Tampoco es cierta la narrativa de las élites europeas que se quejan del “proteccionismo” de Trump. Él mas bien representanta la máxima expresión del “Estado corporativo”. Los EEUU acaban de lanzar también negociaciones comerciales con Japón y siguen negociando con la UE sin mandato un “TTIP por la puerta trasera”. Así que se impone la continuidad de las políticas neoliberales con una mayor dosis de nacionalismo económico de la Casa Blanca, más ventajas para el sector exportador de EEUU así como el fortalecimiento del capital transnacional estadounidense y especialmente del dólar como moneda internacional hegemónica.
 
EE UU restringe los tribunales de arbitraje

Durante muchos años, movimientos sociales, ONG, sindicatos y una parte de la academia han hecho campaña contra los privilegios escandalosos de las corporaciones transnacionales y han abogado por eliminar el capítulo 11 del tratado comercial NAFTA, que permitía a los inversores demandar a los Estados ante tribunales privados si alguna ley o regulación de interés general afectaba sus beneficios privados. Inversores han robado cientos de millones de dólares de los contribuyentes mediante sus ataques a políticas ambientales y de salud en estos tribunales corporativos.

La inclusión de privilegios especiales para inversionistas en NAFTA en 1993 generó un nuevo modelo de acuerdo comercial corporativo por golpe de estado que se ha seguido desde entonces.

Durante años, Canadá, por ejemplo, se vio afectada por demandas de multinacionales estadounidenses ante tribunales de arbitraje que obligaron a las provincias a renunciar a un seguro público de automóviles, a aceptar químicos tóxicos (impidiendo su prohibición) y a pagar indemnizaciones por rechazar canteras peligrosas o prohibiendo la extracción de gas mediante el Fracking cumpliendo con normativas ambientales.

Ahora, a instancia de Estados Unidos, no habrá un mecanismos de solución de controversias inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) entre EE.UU. y Canadá. Este es un cambio importante para ambos Estados, pero concretamente para Canadá, que ha estado promoviendo activamente el peligroso mecanismo en acuerdos como CETA (el Acuerdo Económico y Comercial Global UE-con la Unión Europea) y el nuevo TPP (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico). Considerando que Canadá es el país más demandado entre los tres países del NAFTA, con 37 casos de ISDS —en su mayoría demandas de compañías estadounidenses— será beneficioso para el interés público de Canadá. Los Estados Unidos han tenido 21 casos y nunca han perdido uno.

 

Que incluso la administración Trump elimine las normas de arbitraje de inversiones significa que un futuro presidente demócrata no puede dar marcha atrás y envía una señal poderosa a los países que también buscan eliminar del odioso régimen de ISDS. Sin embargo, todas las reglas del capítulo de inversiones siguen favoreciendo a inversores por encima de los derechos humanos.

El ISDS existe aún entre los EE UU y México

El régimen ISDS se mantiene entre México y EE UU, aunque se ha reducido su alcance, limitando el tipo de demandas que se podrán presentar ante tribunales privados de arbitraje, planteando, por ejemplo, que los inversionistas realmente sean del país que dicen que son, y asegurándose que los inversores tengan que pleitear primero en los tribunales nacionales.
Fue especialmente la industria petrolera estadounidense quien hizo presión para mantener las demandas inversor-Estado respecto a contratos públicos. Bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, el gobierno neoliberal de México reformó ansiosamente su política energética y el nuevo presidente Andrés López Obrador desea ahora revisar la privatización del petróleo y gas. Los contratos gubernamentales en energía, telecomunicaciones e infraestructura estarán sujetos a las disposiciones del arbitraje inversor-estado.
 
No se frenarán las exportaciones de combustibles fósiles

Se han eliminado los términos que obligaban a los países a continuar exportando los recursos naturales que buscan conservar. No está en el nuevo acuerdo la “proporcionalidad energética” que obliga a Canadá a exportar una cantidad determinada de energía a los Estados Unidos.

Sin embargo, el acuerdo no permite limitar las exportaciones o importaciones de combustibles fósiles, ni tampoco hace una referencia vinculante a cumplir con objetivos de lucha contra el cambio climático.
 
La Agenda del comercio digital amenaza a la cultura

Canadá dice que ha mantenido su exención cultural que establecía el tratado comercial NAFTA original contra la presión de la administración de los Estados Unidos. Esto significa que Canadá puede mantener políticas que protegen la cultura del mercado y de las mega industrias culturales de los Estados Unidos (cine, música, etc.).

Si bien esto es cierto, tiene la debilidad del acuerdo original. Es decir, define las industrias culturales de la manera en que las se definieron en la década de 1990 antes de la expansión de Netflix, HBO, los videojuegos y los gigantes de la economía de datos (Google, Facebook, Amazon, etc).

Es una gran amenaza para la diversidad cultural, la libertad de expresión y el movimiento de software de código abierto (entendiendo internet como un bien común). La sección de comercio digital del USMCA no permite restricciones al comercio digital, lo que impide que Canadá promulgue políticas futuras que protejan la cultura local ante la ofensiva de las grandes multinacionales en el mundo digital.

Las compañías tecnológicas suelen proyectar una imagen “moderna”, “juvenil” y “progresista” pero bajo la superficie, compañías como Google, Facebook, Amazon y Uber se comportan como una industria extractiva transferiendo enormes beneficios económicos de las clases populares a las cuentas de ejecutivos multi-billonarios. Además están imponiendo a los gobiernos una agenda política que les da niveles muy peligrosos de control sobre nuestras vidas y están causando impactos profundos en el desarrollo económico en el mundo, y más aún en el Sur global.
 
Capítulos ambientales y laborales

No es sorprendente que el "cambio climático" esté ausente en el acuerdo del Presidente Trump. Si bien hay un capítulo ambiental, nada se refiere al insuficiente Acuerdo climático de París. El capítulo es débil y sólo hace alguna referencia a la contaminación, el tráfico marítimo, los animales en peligro de extinción, el ozono, etc., pero no hay medidas vinculantes que antepongan la protección ambiental al derecho mercantil.

Los capítulos de los temas laborales y ambientales están llenos con términos no vinculantes y tampoco hay mecanismos de implementación o sanción.

El acuerdo perpetuaría la externalización de la contaminación y los empleos, ofrece ayudas especiales a los contaminadores corporativos y extendería el legado contaminante de Trump por años después de que haya dejado su cargo. Prolongaría la contribución del comercio trilateral a la crisis climática.

El tratado incluye una innovación: por primera vez se condiciona el intercambio comercial de un porcentaje de automóviles y piezas de automóviles al pago de un salario mínimo de 16 dolares USA por hora o más. Se abordan los problemas de seguridad y contaminación ambiental de camiones con domicilio en México que circulan por las carreteras de los Estados Unidos. Se ajustan también las reglas de origen que permiten discriminar a mercancías comercializadas entre los tres países que contienen altos porcentajes fabricados en China u otros países.
 
El oro azul: el agua sin protección

El movimiento mundial por un agua pública lleva años argumentando que el agua es un derecho humano, debe ser protegida y excluida de cualquier acuerdo comercial. En el NAFTA original, había un anexo que definía el agua como un “bien comercializable” y, por lo tanto, Canadá no podía limitar las privatizaciones y exportaciones de agua a los EE UU. Además, Canadá estaría sujeta a disposiciones de proporcionalidad para exportar agua.

En el nuevo acuerdo comercial, hay una carta complementaria sobre el agua, pero sólo son buenas palabras, no está muy claro hasta qué punto es exigible su no mercantilización. Y solo se aplica al agua natural, no al agua embotellada o cualquier otra agua que se haya convertido en un producto básico.
 
Impactos sobre la soberanía alimentaria y el mundo rural

El nuevo acuerdo permitiría a la agroindustria de los EE UU realizar una inmersión masiva en el sistema de gestión de suministros alimentario de Canadá y México.

A las grandes multinacionales tales como Bayer-Monsanto, Cargill, Tyson Foods, Archer Daniels Midland Company (ADM), DuPont, CHS, Dole Food o Chiquita Brands se les permitirá un todavía mayor acceso al mercado agrícola de sus países vecinos, lo que impactará sobre todo sobre la agricultura familiar provocando el cierre de pequeñas granjas y aumentando la concentración empresarial.

Un ejemplo: la ganadería canadiense y mexicana tendrán que competir —todavía más— con la leche industrial estadounidense, que está subvencionada y utiliza hormonas BHG para aumentar la producción, una sustancia no permitida en Canadá, por ejemplo, debido a sus efectos negativos sobre la salud.
 
Las mujeres y los pueblos indígenas no existen

No hay mención a los impactos específicos de las políticas comerciales sobre las mujeres. Ni tampoco hay referencia al consentimiento indígena en el acuerdo. Dos temas que muestra no sólo que los gobiernos son profundamente misóginos y racistas, sino que no hay nada de “progresista” en los tratados comerciales, como muchos medios y líderes políticos nos intentan vender permanentemente. Recuerdan el mantra del presidente de gobierno Pedro Sánchez sobre CETA cuando visitó Canadá y la UE. Mentiras.

Aumentan los precios de los medicamentos por los patentes

Canadá y México cedieron ante las demandas de la poderosa industria farmacéutica de Estados Unidos. Las patentes sobre medicamentos irán hasta 10 años. En este momento, son sólo cinco años. Estos medicamentos, los más caros del mercado, son vitales para los tratamientos de artritis, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, entre otras patologías.

La protección de las patentes de las multinacionales farmacéuticas hará que los precios se incrementen y que sea imposible para el sistema público de salud cofinanciar o pagar ciertos medicamentos que son fundamentales para pacientes que sufren enfermedades pero no tienen el dinero para pagarse los tratamientos. Por ejemplo, el alargamiento de las patentes de medicamentos biológicos de cinco a ocho años aumenta el gasto público en Canadá en 800 millones de dólares USA al año.

El nuevo tratado comercial facilitará los patentes perennes o imperecederas. Este término, procedente del inglés “evergreening patents” hace referencia a aquellas regulaciones que permiten a las farmacéuticas titulares de patentes una extensión de estas patentes para nuevos usos de los fármacos.

Las patentes que no lleguen a caducar por la expiración que establece la ley permiten a su titular explotarlas de forma exclusiva y evitar que terceros sin su consentimiento lleven a cabo esa misma explotación sin su consentimiento. Ello permite a las farmacéuticas controlar el mercado de un producto e impide el desarrollo de medicinas genéricas, mucho más baratas y que incluso podrían ser fabricadas por empresas públicas.

En definitiva, para las personas que tienen que acceder a medicamentos es uno de los peores acuerdos comerciales.
 
Cooperación reguladora

El nuevo acuerdo está lleno de lenguaje ambiguos de cómo se deben manejar las regulaciones existentes: se debe “cooperar”en la seguridad para el consumidor, el medio ambiente, etiquetado de alimentos y otras reglas. También establece un abordaje de la regulación "basado en el riesgo", lo que significa que la responsabilidad de mostrar si un producto es tóxico recae en las personas y no en la industria.

La cooperación reguladora permite a las empresas pasar por alto los procesos parlamentarios e influir en los organismos oficiales para que establezcan reglas a medidas de las demandas corporativas. También contiene reglas de administración que facilitarán reglas "más simples" en asuntos tales como la construcción de oleoductos. Todo ello dificultará mantener regulaciones de interés general.

El acuerdo terminará 16 años después de la fecha de su entrada en vigor a no ser que los estados deciden renovarlo. Después de seis años se debe realizar una "revisión conjunta" para la cual los Estados pueden presentar recomendaciones.
 
Una política comercial que no defiende a la mayoría de los votantes de Trump

En las últimas décadas, especialmente a partir de los años 1980, las políticas comerciales fallidas de Estados Unidos, tanto del partido republicano como del demócrata, han aumentado dramáticamente el poder corporativo y han perjudicado a las mayorías sociales, y muy concretamente a las mujeres, la clase trabajadora, las personas dependientes, a los pueblos indígenas y al medio ambiente.

Las poblaciones de México, Canadá y los Estados Unidos han sufrido bajo las reglas de NAFTA durante décadas. En México la importación de productos agrícolas ha destruido millones de empleos agrarios y ha producido una migración forzada del campo a la ciudad. En EE UU casi un millón de empleos fueron destruidos en sectores industriales y los gobiernos han ayudado a las corporaciones a subcontratar empleos en México con salarios mucho más bajos y en condiciones lamentables.

La presión a la baja sobre los salarios en los tres países del NAFTA por la deslocalización sistemática de las empresas se ha intensificado a medida que los salarios manufactureros mexicanos ahora están un 40% por debajo de los salarios medios de China.

Nada de esto se cambiará con este nuevo tratado. Todo lo contrario. A pesar de la retórica racista y nacionalista de Donald Trump de "América Primero”, el nuevo acuerdo renuncia a una cláusula basada en la ley de contratación pública “Buy American Act” que requiere que el gobierno de EE UU, las administraciones federales y locales compren productos fabricados en Estados Unidos, lo que crearía más empleos y más ingresos para la economía local.

Tom Kucharz. Investigador y activista. Miembro de Ecologistas en Acción y de la campaña No al TTIP, CETA y TiSA.

La sumisión y la entrega

Carlos Fazio

El 30 de diciembre de 2013, en vísperas de que se cumplieran 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE, el sindicato de la plutocracia), Gerardo Gutiérrez Candiani, demandó un TLCAN plus en el espacio geopolítico que abarca a Canadá, Estados Unidos (EU) y México. El régimen de Enrique Peña Nieto y los legisladores del Pacto por México (PRI, Verde, PAN, PRD) habían aprobado varias iniciativas del paquete de contrarreformas neoliberales de cuarta generación, y como vocero de la clase capitalista trasnacional, Gutiérrez Candiani dijo que dada la revolución energética que vivían EU y Canadá, México debía entrar en sinergia con sus dos socios (abismalmente asimétricos), y para ello había que mejorar la interconexión eléctrica y de ductos; avanzar en el reconocimiento de normas técnicas, ventanas especiales y trato preferencial recíproco entre agencias de comercio de los tres países; invertir en infraestructura y agilizar el transporte terrestre, marítimo y aéreo.

En la coyuntura, cuando amparadas en cláusulas de confidencialidad y bajo el signo de la opacidad se llevan a cabo las negociaciones para la modernización del tratado, un tema neurálgico ocultado a la opinión pública es la apertura de un nuevo capítulo de lo que llaman la seguridad energética e independencia de Norteamérica. El TLCAN plus, pues, como integración vertical espacial-geográfica de México a EU.

Trascendió que en las primeras dos rondas celebradas en Washington y Ciudad de México no se incluyó el tema de la energía (petróleo, gas natural, minería, agua, electricidad), porque los representantes de las corporaciones trasnacionales del sector, que cabildean en el llamado cuarto de junto los contenidos que aprobarán los negociadores oficiales de los tres países, no han encontrado la forma de asegurar −ante un probable cambio de gobierno en México tras los comicios de julio de 2018− que se protejan las inversiones de firmas como Exxon Mobil, Chevron Texaco, British Petroleum, Sempra Energy (y su subsidiaria mexicana Ienova, de Carlos Ruiz Sacristán), Halliburton, Shell, Total, Repsol, el grupo aurífero canadiense Goldcorp, Sierra&Gas (ligada a Carlos Salinas de Gortari), Grupo Carso Oil&Gas y Minería Frisco (Carlos Slim), Grupo México (Germán Larrea), Petrobal y Grupo Peñoles (Alberto Baillères), Evercore (Pedro Aspe), Monterra Energy/KKR (Luis Téllez), las españolas Gas Natural, Fenosa e Iberdrola y las financieras First Reserve y Black Rock (el fondo de capital privado más grande del mundo), y que no se modifique la contrarreforma energética alcanzada por Peña Nieto y el Pacto por México en 2015.

Esos objetivos, que profundizarán la ruta de la sumisión y la entrega iniciada por el colaboracionista Carlos Salinas de Gortari en 1992, con la contrarreforma al artículo 27 constitucional (en materia de minería y el régimen de tenencia de la tierra), integran el plan A de los quintacolumnistas locales Ildefonso Guajardo (Economía), Luis Videgaray (cancillería), Juan Carlos Baker (comercio exterior), Kenneth Smith (jefe de negociación técnica), Salvador Behar (jefe negociador adjunto), Juan Pablo Castañón (CCE), Valentín Diez Morodo (Comce), Moisés Kalach (coordinador general de rondas de negociación) y Eugenio Salinas (coordinador del secretariado técnico del cuarto de junto).

Vinculado con lo anterior −y como aspecto fundamental de los mecanismos inductores de la última fase de la desnacionalización integral de México, ahora en su versión TLCAN 2.0−, desde su toma de posesión Enrique Peña Nieto había echado a andar el proyecto de las zonas económicas especiales (ZEE), contenido en su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Desde entonces, la multiplicación de megaproyectos que enlazan a los sectores de los hidrocarburos, minero/extractivista y de la electricidad con maquiladoras y ensambladoras a gran escala, agroindustrias de monocultivos, laboratorios y empresas para la manufactura y transformación de todo tipo de materias primas en clústers o parques industriales en el corredor industrial interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ha venido avanzando en su parte formal/legal (la constitucionalización de los intereses corporativos trasnacionales), lo que profundizará el modelo de México como país maquilador dependiente y subordinado a Estados Unidos.

En realidad, bajo la máxima de los neoliberales domésticos de privatizar para desnacionalizar y recolonizar, la infraestructura para la desposesión y el despojo de tierras y recursos geoestratégicos fue diseñada desde el sexenio de Ernesto Zedillo. De la mano de un equipo de neoporfiristas dirigido por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán (el mismo que vía el sistema de la puerta giratoria representa hoy los intereses de Sempra Energy, por conducto de su subsidiaria Ienova), Zedillo, el privatizador de los ferrocarriles y de las redes de comunicación terrestres y aeroportuarias, lanzó el Megaproyecto Integral del Istmo de Tehuantepec, que, retomado ahora por Peña Nieto, busca comunicar y/o articular dos masas de agua (los océanos Atlántico y Pacífico), a través de los nodos conformados por los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, en un polígono (espacio físico interno) que abarca los estados de Veracruz y Oaxaca, con el objetivo principal de conectar a la parte este de Estados Unidos con el mercado del Asia/ Pacífico (Japón, China, Malasia, Vietnam, Corea del Sur), centro del comercio mundial.

Otros dos puntos clave, definidos como ZEE en función de su posición geopolítica y al servicio de una economía de enclave en el contexto de la territorialización de la contrarreforma energética, son los puertos de Lázaro Cárdenas, con proyección a los municipios colindantes de la Tierra Caliente y la Costa Grande de Michoacán y Guerrero, y Puerto Chiapas, en el municipio de Tapachula, como punto intermedio de un área geográfica que enlazará Salina Cruz con Guatemala.

Los negociadores del TLCAN en Washington, sin estrategia

Carlos Acosta Córdova

En 1993, cuando se firmó el TLCAN, se prometía para México un generoso crecimiento económico con una fuerte creación de empleos, salarios mejor remunerados. Mayor bienestar social, en suma. Pero en más de 23 años esos objetivos no se cumplieron. Y ahora que los representantes de los tres países firmantes se reúnen en Washington para actualizar, mejorar o modernizar ese espíritu original, llama la atención que los negociadores mexicanos no lleven en sus documentos y estrategias una propuesta para lograrlo.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En 1990 México, Estados Unidos y Canadá anunciaron su decisión de iniciar pláticas formales, al año siguiente, para establecer un tratado de libre comercio, que a la postre sería una renovación y complemento del acuerdo que desde hacía años tenían los dos segundos.

México, encabezado por un reformador e hiperactivo presidente Carlos Salinas de Gortari –que devendría, por muchas razones, en uno de los mandatarios más denostados en la historia del país–, no se quería quedar fuera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se convertiría en una poderosa región comercial, económica y financiera.

Con el TLCAN, aseguraba el gobierno, México no sólo será “potencia exportadora, en el marco de la globalización económica” sino, por fin, un país moderno, integrante del mayor bloque comercial del mundo, con suficiente empleo, una industria dinámica y eficiente usufructuaria de la tecnología de punta, con un crecimiento explosivo de las exportaciones, mejores niveles de ingreso, una economía altamente competitiva, sin fugas de mano de obra ni de capitales, el mejor de los tratos con los colosos del norte.

Fueron tres años de arduas y complicadas negociaciones. Finalmente, el TLCAN se firmó a finales de 1993 y entró en vigor el 1 de enero de 1994.

De ser una economía cerrada y poco competitiva a finales de los ochenta, México es hoy una de las economías más abiertas al mundo. Algunos aranceles se cancelaron al momento de entrada en vigor del tratado, otros fueron sujetos a periodos de transición desde cinco y hasta 15 años (el maíz, por ejemplo). Hoy en día no hay producto, al menos de los que están incluidos en el tratado, que no esté libre de aranceles.

Las pláticas entre los tres países que iniciaron en Washington el pasado miércoles 16 para “renegociar” el TLCAN, “modernizarlo”, “actualizarlo”, “mejorarlo”, se realizan bajo los peores augurios.

Pero los malos augurios vienen porque los negociadores estadunidenses tienen la encomienda casi única de cumplir el capricho de su presidente, Donald Trump, de reducir el déficit comercial que tiene Estados Unidos con México, de más de 63 mil millones de dólares.

Déficit que –según su miopía y poco entendimiento de la economía y el comercio internacional– le parece “injusto”, “abusivo”, de parte de México, que le “roba” empleos a Estados Unidos y que sólo podrá reducir obligando a México a comprarle más bienes a Estados Unidos o imponiéndole aranceles a las exportaciones mexicanas que van a Estados Unidos… aun a costa de que los consumidores estadunidenses compren productos más caros.

Pero como fue una promesa de campaña y no quiere que se le caiga como muchas otras y siga haciendo el ridículo ante su electorado –como el impuesto de ajuste fronterizo, el tambaleante muro en la frontera o el fracaso con el Obamacare y otros–, los negociadores pondrán toda la carne en el asador para bajar el déficit comercial con México… y hacerle ganar a Trump algunos puntos en su vapuleado nivel de aprobación pública.

Las expectativas

Si bien las actuales negociaciones apenas se inician, no se sabe realmente cuándo terminen ni en qué términos. La delegación mexicana, independientemente de que lleva la consigna de levantarse de la mesa si Estados Unidos insiste en imponer aranceles o cualquier tipo de impuestos o trabas a las exportaciones mexicanas –medidas proteccionistas, pues–, tienen el tiempo encima y saben que todo esto debe terminar antes del proceso sucesorio de la Presidencia.

Lo que llama la atención de estas nuevas pláticas es que si bien son muchos los temas por incluir, actualizar, mejorar o modernizar, los negociadores mexicanos no llevan en sus carpetas, en sus estrategias, en sus escenarios y mucho menos en sus mentes ni en sus propósitos un TLCAN renovado que recupere el espíritu del tratado original, que prometía para México un generoso crecimiento económico, con una fuerte creación de empleos, salarios mejor remunerados y, en suma, mayor bienestar social. Y que no se cumplieron.

Sí, el TLCAN le cambió el rostro al país, le dio una nueva imagen, una nueva presencia… pero el alma se la dejó intacta. Con el tratado México se volvió una potencia exportadora. Si antes lo fue de petróleo, ahora es de manufacturas, principalmente en el sector automotriz. En 1993, el año previo a la entrada en vigor del TLCAN, México no aparecía ni siquiera entre los primeros 30 países con el mayor comercio exterior.

Según el informe 2016 de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en 2015 México era el país número uno en exportaciones e importaciones en América Latina; estaba en la posición 13 de los grandes exportadores del mundo y en el 12 entre los importadores.

Ese mismo año, la OMC registró un valor total de las exportaciones mexicanas por 381 mil millones de dólares, equivalentes a 2.3% del total de exportaciones de todo el mundo, apenas abajo de 2.5% de Canadá, y muy por debajo de Estados Unidos, que hizo exportaciones por 1 billón 505 mil millones de dólares (9.1% del total mundial) y muy lejos de los 2 billones 275 mil millones de dólares que exportó China en 2015 y que la llevaron al primer lugar en exportaciones en el mundo, con 13.8% de las exportaciones totales.

Arriba de México, entre los 12 que lo superaban por el monto de sus exportaciones, estaban, en ese orden, China, Estados Unidos, Alemania, Japón, Holanda, Hong Kong, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá y Bélgica. Pero debajo de México había, en la lista de la OMC en su reporte de 2016, 37 países con menor capacidad exportadora, entre ellos potencias como Rusia, Suiza, España, India, Emiratos Árabes Unidos, Polonia, Brasil, entre otros.

En particular, las exportaciones manufactureras dieron un salto espectacular. En el primer año del TLCAN se exportaron productos manufacturados por 49 mil 84.2 millones de dólares. Casi 50 mil millones. En 2016, ese monto ascendió a 336 mil 81 millones de dólares. Un brinco, “nada más”, de casi 585%.

Y dentro de la industria manufacturera, que es el gran motor de la economía mexicana, la joya de la corona es la industria automotriz, que sin duda será uno de los temas de discusión más fuertes en las recién iniciadas pláticas para la renegociación del TLCAN.

Una vez que ganó las elecciones presidenciales, Trump empezó a presionar a las grandes armadoras automotrices para que abandonaran México y regresaran a Estados Unidos.

Trump y sus negociadores tienen la mira puesta en la industria automotriz mexicana que, gracias al tratado ha descollado. En 1994 dicha industria representaba 1.9% del PIB nacional; hoy supera el 3%. También, en el primer año del TLCAN, significaba 10.9% del PIB manufacturero y ahora está más cerca de 20%.

Lo que no le gusta a Trump

Datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) señalan que en 1994 México produjo poco más de 1 millón de vehículos, sobre todo ligeros, y para 2015 la producción superó los 3 millones y medio. Un brinco espectacular que permitió al país convertirse en el séptimo productor mundial de vehículos y primero en América Latina durante 2015, que son los datos consolidados más recientes.

Por delante de México están China, Estados Unidos, Japón, Alemania, Corea e India; y atrás, España, Brasil y Canadá.

También, dice la AMIA, de cada 100 vehículos producidos en el mundo, en 2015, casi cuatro fueron ensamblados en México, y 80% de la producción de vehículos está destinado a los mercados del exterior.

Es más, dice el organismo empresarial, la industria automotriz es el principal generador de divisas netas para el país. En 2015 la balanza comercial automotriz generó un superávit de 52 mil 503 millones de dólares; el saldo de esa balanza duplica los ingresos por remesas y contribuye con más de una cuarta parte del valor de las exportaciones manufactureras.

Una industria automotriz mexicana, pues, cada vez más competitiva, que no le gusta a Trump, a la que le quiere cambiar las reglas del juego, para que las armadoras se instalen en su país y se lleven los empleos que México le ha “robado”.

En el campo la historia no es muy diferente. Resulta que el TLCAN, pese a los gritos y pataleos –justos en muchos casos– de las organizaciones campesinas, ha significado una transformación que poco se conoce.

Información de la compañía Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que dirige el experto Juan Carlos Anaya Castellanos –asesor de organismos empresariales, de empresas agropecuarias, dependencias federales y gobiernos de los tres niveles–, señala que México es el décimo productor agroalimentario en el mundo, después de Estados Unidos, China, la Unión Europea, India, Brasil y otros.

Advierte que entre 1994 y 2017 han cambiado mucho las cosas. No tanto la superficie cosechada, pues en el primer año del TLC había 18 millones 370 mil hectáreas cosechadas y en este 2017 son 20 millones 710 mil. No es mucha la diferencia. Pero sí la productividad: en 1994 hubo 154.5 millones de toneladas de productos agroalimentarios y este año van 273 millones. En 1994 el valor de la producción fue de 28 mil 177 millones de dólares y ahora es de 52 mil 212, un aumento nominal de 85.3% en el valor de la producción.

Entre enero y mayo de este año, el sector agroalimentario ocupó el tercer lugar en las exportaciones totales del país; el primer lugar lo ocupa el sector manufacturero, con 94 mil 237 millones de dólares; el segundo, el sector automotriz, con 39 mil 10 millones de dólares; el tercero, el sector agroalimentario, con 14 mil 346 millones de dólares, y en cuarto lugar el sector petrolero, con 8 mil 326 millones de dólares. Es decir, el sector agroalimentario exportó, entre enero y mayo de 2017, 72% más que el sector petrolero.

Además, según la información del Grupo Consultor en Mercados Agrícolas, mientras que en los primeros 20 años del TLC la balanza comercial agropecuaria siempre fue deficitaria, desde 2016 es superavitaria. Entre enero y mayo de este año el comercio exterior agroalimentario arrojó un saldo superavitario de 3 mil 979 millones de dólares, producto de exportaciones por 14 mil 346 millones de dólares e importaciones por 10 mil 367 millones.

Los desajustes

Lo que no se ve en el discurso del gobierno mexicano ni en las estrategias del equipo negociador es cómo hacer para que el TLCAN y su cauda de deslumbrantes éxitos lleguen al común de la gente. Porque de poco ha servido que el comercio exterior, particularmente las exportaciones, hayan crecido, en la era del tratado, a un ritmo promedio anual de entre 10% y 12%, mientras que la economía apenas lo hizo en 2.5%, que lo único que dejó en claro es que la orientación exportadora del modelo económico no creó los necesarios lazos y encadenamientos productivos con el resto de la economía nacional.

Y eso quiere decir que no tenemos una industria nacional fuerte. Sí una industria manufacturera exportadora potente pero muy concentrada. Son pocas las que realizan la mayor parte de las exportaciones. Es una industria exportadora excluyente, que prefiere tener en México a proveedores extranjeros antes que mexicanos.

Y los indicadores socioeconómicos de hoy no son diferentes de los que había antes del TLCAN. Por ejemplo, los salarios. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el salario mínimo real a mayo de 2017 (en pesos de la segunda quincena de diciembre de 2010) era de 63 pesos con 69 centavos (63.69), mientras en enero de 1994, mes de entrada en vigor del TLC, el salario mínimo real era de 81 pesos con 26 centavos (81.26).

Es decir, con todo y que el salario mínimo nominal es 80.04 pesos, en términos reales es de (en mayo pasado) 63.69 pesos, o 17.57 pesos menos que en enero de 1994. O lo que es lo mismo, el salario mínimo real de mayo de 2017 vale 22% menos que el de enero de 1994. O también, con un salario de mayo de 2017 se podía comprar un 22% menos que con un salario de 1994.

De los empleos ni qué decir. Apenas la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los indicadores estratégicos de ocupación y empleo en el segundo trimestre de 2017. Sólo por mencionar algunos datos dramáticos: 70% de quienes tienen un empleo perciben entre cero pesos y tres salarios mínimos (240.12 pesos al día).

De las 52.2 millones de personas ocupadas 19.6 millones (38%) tienen acceso a instituciones de salud, pero la mayoría –32.4 millones (62%)– no.

En materia de pobreza, muy a pesar del 25 aniversario de la Sedesol y de los sexenales programas para abatirla, seguimos tablas. En 1992, en plenas negociaciones del TLCAN original, había 46 millones de mexicanos en condiciones de pobreza. En 2012 se llegó al extremo de 53.3 millones de pobres, de los cuales 11.5 millones estaban en pobreza extrema. Y en 2014, según el último dato consolidado del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, había 46.2 millones de pobres, de los cuales 35.6 millones vivían en pobreza moderada y 9.8 en pobreza extrema.

En suma, el espectacular desempeño del sector exportador parece haber pasado de largo para el grueso de la población… y de la propia economía, que no se vio impactada positivamente en más de 23 años de TLCAN.

Decesos del ATP y el TLCAN; auge del "RCEP" chino: el mayor tratado comercial global

Alfredo Jalife-Rahme

Para intentar paliar su tremendo déficit comercial global de bienes sin servicios de 750 mil millones de dólares al año, la trumponomics permuta el multilateralismo por el bilateralismo mediante el cual EU impone su voluntad militar/atómica (https://goo.gl/6ny8Fz).

Los cuatro principales déficits comerciales en bienes de EU son con China (347 mil millones de dólares: 40 por ciento), Japón (69 mil millones de dólares), Alemania (65 mil millones de dólares) y México (63 mil millones de dólares).

Todos los secretos proyectos multilaterales con enfoque geopolítico de los Bush, Clinton y Obama están siendo enterradas por la trumponomics: ATP, contra China; TTIP, contra Rusia, y TISA, contra el mundo (https://goo.gl/rrLhRQ).

No haré leña del árbol caído de los aniquilados ALCA y el Plan Puebla-Panamá (PPP), a los que se adhirió en forma grotesca la dupla Fox/Castañeda Gutman, que preservó más los intereses de EU e Israel que los de México.

Por cierto, 15 años antes de que apareciera Trump, el desastre de la migración mexicana en EU se debió en gran medida a la insolencia infatuada de la dupla Fox/Castañeda Gutman, que rechazó un acuerdo bajo el inigualable concepto diplomático de la enchilada completa. ¡Qué nivelucho!

Se han desgajado todos los proyectos y tratados de EU para dominar las regiones y el mundo –ALCA, PPP, ATP, TTIP, TISA, y ahora el agónico TLCAN–, mientras China ha acelerado sin mucho ruido desde hace más de cuatro años la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés) con el fin de contrarrestar el irredentismo mercantilista geopolítico de Obama.

El núcleo del RCEP-16 lo constituyen los 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean, por sus siglas en inglés), con tres superpotencias neoeconómicas –China, India y Japón–, dos países de la anglósfera –Australia y Nueva Zelanda– y Sudcorea, que representan en su conjunto la mitad de la población mundial y 30 por ciento del PIB global: 21.4 billones de dólares.

Los tratados mercantilistas de Occidente fenecen, incluida la sitiada Unión Europea, mientras el poco publicitado RCEP-16 se posiciona como el mayor tratado de libre comercio del planeta, pero con un nítido enfoque regional donde China nolens volens se ha erigido en su líder conceptual.

Aquí los matices son seminales: la globalización anglosajona es financierista, mientras la globalización que pregona China es economicista.

Una civilización milenaria como China no se cuece al primer hervor, por lo que ha sido muy precavida para liderar el libre comercio a escala regional y global.

El primer ministro chino, Li Keqiang, arrojó un balde de agua helada a los novatos mercantilistas de América Latina (AL), inseminados por el fallido neoliberalismo, quienes alucinan permutar al ATP-12 por el RCEP-16 y a EU por China: no excederemos nuestro alcance para hacer cosas que China no debe hacer (https://goo.gl/Y1O8DY).

El grave problema de los reduccionistas mercantilistas es que carecen de cultura geopolítica e ignoran los límites que impone la realidad cuando China desea afianzar su posicionamiento regional, mientras rechaza imitar el irredentismo de EU en AL, cuyos regímenes neoliberales fracasados han quedado huérfanos después del desprecio supremacista de Trump.

Una cosa es que China haya asistido a las exequias del ATP en Viña del Mar (Chile) –adonde incluso llegó el representante de EU a supervisar el desasosiego neoliberal de AL– y otra es clavarse a un esquema que colisiona con la cosmogonía y los intereses de China que no va abandonar a sus aliados asiáticos para complacer a los saltimbanquis del México neoliberal itamita que andan más desbrujulados que de costumbre.

Bai Ming, investigador de la Academia China de Comercio Internacional y Cooperación Económica, desechó la exuberancia retórica de que China sustituirá a EU para convertirse en el líder del libre comercio.

China deberá concluir las negociaciones del RCEP-16 antes de lanzarse a aventuras de sueño guajiro, como el sepultado ATP (https://goo.gl/fVF0Jd).

Las prioridades comerciales de China comportan acuerdos de libre comercio con el Asean-10, al unísono de un acuerdo trilateral con Sudcorea y Japón, países con los cuales Pekín tiene problemas geopolíticos delicados debido al injerencismo de Trump.

Más allá de su región afín, enfocada al RCEP-16, la prioridad de China no está en el ATP, sepultado por Trump, sino en la ruta de la seda terrestre/marítima, cuyo proyecto y trayecto peligran, a mi juicio, por la inminente manipulación del yihadismo por la CIA en Xinjiang (China), India e Irán.

Mei Xinyu, investigador del Instituto de Comercio Internacional y Cooperación Económica en el Ministerio de Comercio, sentencia que China y el ATP son incompatibles: No está en línea con sus intereses cuando China es ya el máximo exportador global y el segundo mayor importador y no espera ganar mucho adhiriéndose al ATP, cocinado por Obama contra China, que está lleno de contenido que viola las básicas reglas económicas, además de reflejar valores (sic) occidentales que socavan la equidad económica (https://goo.gl/HU2FKH).

Entiendo que los ignaros negociadores mexicanos, que padecen una anacrónica adicción neoliberal mercantilista sin rumbo, no lean la prensa china, pero asombra que tampoco sigan a sus mentores de EU, en específico, al Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés).

Shiro Armstrong, del CFR, expone que el ATP, proyecto estadunicéntrico, está muerto y es fútil esperar su resurrección cuando sin la participación de EU, la mayoría de los otros países tendrán poco incentivo para continuar, como el premier nipón, Shinzo Abe, quien admitió que “un ATP sin EU carece de sentido (https://goo.gl/fJxQUm)”: EU y Japón cuentan con 79 por ciento del total del PIB del fallecido ATP.

Armstrong comenta que la oportunidad más promisoria para fortalecer el orden económico asiático basado en reglas puede ser el RCEP-16.

En forma correcta, Armstrong aduce que el RCEP-16 difiere del sepultado ATP-12, absolutamente estadunicentrista, al promover una agenda de cooperación en la que los países desarrollados se espera ayuden a los menos desarrollados. ¡Todo lo contrario del avasallador ATP de Obama a cuyo esquema se sometió sin resguardos el México neoliberal itamita!

Hasta la desangelada reciente reunión de los encargados de las Finanzas del G-20, en Baden-Baden (Alemania), reflejó el proteccionismo del trumpismo y su corolario del nacionalismo económico.

En el seno del disfuncional G-20 se notó la fractura mercantil del trumpismo, aliado con Japón, frente Alemania y China.

Desde el Brexit hasta el trumpismo, la grave crisis de la globalización financierista ha acentuado la dinámica de la desglobalización y el renacimiento de los nacionalismos económicos.

China, en forma prudente, recoge los escombros del desastre mercantilista occidental al que se clavó en forma insensata el México neoliberal itamita, que ignoró el significado de seguridad nacional al regalar su petróleo por presiones de Hillary Clinton y hoy paga muy caro sus dramáticas consecuencias.

Peña ante Trump: Salvar el TLCAN antes que la Nación

Global Research
Edgar A. Valenzuela


Los primeros días de Trump al frente de la Casa Blanca han sido una verdadera pesadilla para el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto (EPN), quien ha recibido numerosos desplantes como respuesta a sus acercamientos con el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Usando formas que sólo podrían compararse con las utilizadas hace un siglo por Henry Lane Wilson en su trato con Francisco I. Madero, Trump recibió a Luis Videgaray en Washington con la firma de la orden ejecutiva para construir el muro en la frontera. Y para rematar la humillación, afirmó vía Twitter que si México no estaba dispuesto a pagar por el muro que mejor no se presentara EPN a la reunión agendada para una semana después. Por increíble que parezca, el mandatario mexicano no canceló inmediatamente, asegurando que “evaluaría” la respuesta, decantándose horas después por la suspensión del viaje ante la presión nacional e internacional.[1]


La sumisión e inexplicable vacilación de EPN para responder con firmeza a Trump pese al respaldo prácticamente unánime de la sociedad mexicana ha sido atribuida a su falta de aptitudes, respuesta que parece verosímil considerando los múltiples eventos en los que se ha mostrado incapaz para lidiar con escenarios no controlados (¿recuerdan la Ibero en 2012?). Sin embargo, hasta una mente muy limitada entendería que pese a la adversidad del actual escenario, éste resulta idóneo para rescatar del abismo la imagen de EPN y salvar el final de su gestión. Que en Los Pinos decidan tragar saliva y desaprovechar esta oportunidad para destinar el resto de su capital político a la renegociación del TLCAN da muestra que la prioridad es salvar la piedra angular de su proyecto de clase antes que la Nación misma.

¿Qué defienden los neoliberales cuando piden defender el TLCAN?

Para Carlos Fazio, el objetivo de la propaganda está en la modificación de la conducta de las personas a través de la persuasión. Es decir, sin parecer forzarlas. Y uno de los principales canales para ejercer influencia en la gente y obtener ese fin es la mentira, que en nuestros días se propaga a través de los grandes medios de comunicación. En el momento que una noticia llega a los medios, afirma el analista, adquiere implícitamente un carácter legal y sufre un proceso de oficialización. El espectador, el ciudadano común a fuerza de escuchar “la verdad oficial” la hace parte de su opinión personal, lo que a su vez confluye hacia una falsa opinión pública, manipulada de principio a fin.[2]

La anterior reflexión viene a colación porque en las semanas más recientes hemos presenciado una intensa campaña mediática cuyo centro es el TLCAN y su defensa. A través de decenas de espacios en televisión y columnas en los diarios, supuestos expertos alertan a la población sobre las consecuencias catastróficas que traerá su posible cancelación, por lo que hacen un llamado enérgico para respaldar al gobierno en las negociaciones que entable con sus pares de Washington sobre el tema. Es decir, la ofensiva mediática en torno a la supuesta “unidad nacional” se traduce en unidad en defensa del TLCAN, apelando al maniqueo argumento de supuesto sentido común (destinado a manipular a la opinión pública): si Trump, el mayor enemigo actual de los mexicanos, ataca al TLCAN es porque en realidad nos beneficia. Y es un argumento tendiente a la manipulación por dos grandes razones: da por hecho que el país entero se ha beneficiado de su implementación como lo sostuvo EPN cuando prometió firmeza al defender los intereses del país en las rondas de renegociación; y porque sigue el mismo guión que el usado hace dos décadas cuando Salinas gastó millones para desactivar el escepticismo de la población ante el supuesto de que la unión comercial con EU traería un maná económico para el país entero.

Para entender los alcances y dimensiones de lo que nos pide defender la cúpula neoliberal mexicana encabezada por EPN y Videgaray, considero necesario regresar a los orígenes, es decir, releer el valor que brindaban en Washington al TLCAN cuando se discutía a principios de la década de 1990. Esa postura también ocultada por los medios en México debería servir como plataforma inicial para realizar un estudio crítico del Tratado, que a la luz de sus resultados evalúe los señalamientos de Trump y marque la ruta que el país debe seguir en los durísimos años que vienen, siempre privilegiando el interés de la Nación en su conjunto.

Hace más de dos décadas, mientras la administración salinista se empeñaba en convencer a la opinión pública mexicana que el acceso al mayor mercado de bienes y servicios del mundo nos daría la entrada al primer mundo y solucionaría todos los desequilibrios macroeconómicos del país, la élite estadounidense daba al TLCAN una significación mucho más compleja que el vulgar mercantilismo neoliberal. Uno de los primeros en expresarlo con toda claridad fue el entonces vicepresidente Al Gore, para quien el TLCAN era equiparable con la Louisiana Purchase de 1803 y la Alaska Purchase de 1867. John Saxe afirma que estas palabras aluden a la tradición expansionista e imperialista de EU, remitiendo inmediatamente a términos como conquista, anexionismo, expansionismo, imperialismo, diplomacia de fuerza, desestabilización, filibusterismo, intervencionismo, invasión y otros vinculados al comportamiento estadounidense durante los siglos XIX y XX.[3] Es decir, para EU el TLCAN no sólo representó un acuerdo comercial, sino parte esencial de su estrategia de proyección de poder de cara a sus competidores globales, idea abordada por William Colby, ex director de la CIA quien afirmó que el TLCAN además de servir de puntal para una proyección hemisférica de la pax americana, “forma parte de una ‘nueva estrategia de seguridad nacional’ estadounidense”. En una línea argumentativa semejante, John Dimitri Negroponte, connotado funcionario del área de seguridad de EU y embajador de EU en México durante el gobierno de Salinas, afirmó que la intención del TLCAN no se limitaba a asuntos comerciales o de inversión, sino que sería piedra angular para modificar los fundamentos de la política exterior y de seguridad de México bajo principios estadounidenses.[4]

Uno de los mayores impedimentos para lograr lo planteado por Negroponte radicaría en vencer el hermetismo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, históricamente muy celosas ante EU. Las implicaciones en materia de seguridad del TLCAN habrían sido detalladas por el exsecretario de Defensa William Perry, quien afirmó que mediante este Tratado se había auspiciado el vínculo económico y político entre su país y México, y procedía extender el proceso de integración en el área militar, a lo que llamó “el tercer vínculo”. Para Fazio, “el tercer vínculo” tenía como objetivo convencer a los militares mexicanos que EU en la era post TLCAN no debía contemplarse como un adversario intervencionista, sino un aliado para conseguir los objetivos de seguridad compartidos. Con ese fin Perry delineó cinco áreas de cooperación entre los dos ejércitos, que incluían la modernización de equipo militar y para la lucha antinarcóticos, dispositivos para vigilar los espacios aéreo y naval, además del intercambio en instrucción de cuadros y programas de auxilio a la población civil; hechos que al final de cuentas permitirían a EU intervenir en las estructuras de decisión táctica-operativa y estratégica de las Fuerzas Armadas Mexicanas, la única institución de América Latina, junto a la cubana que no había sido penetrada directamente por el Pentágono.[5]

Curiosamente, Alfredo Jalife-Rahme ha señalado en diversos espacios que el narcotráfico fue uno de los negocios más favorecidos con la implementación del TLCAN aunque en el discurso ha sido uno de los temas más combatidos.

Entonces, si el escenario resultaba tan desfavorable para la seguridad nacional de México, ¿qué habría motivado a la administración salinista y la élite empresarial local para apoyar el proyecto cuando incluso dentro de EU mismo existían amplios sectores que se mostraban contrarios a aceptarlo por considerarlo lesivo a sus intereses? Faux intenta responder esta interrogante al asegurar que el espíritu de clase y los intereses empresariales en ambos lados de la frontera fueron algunos de los elementos centrales en la negociación, pues la élite de EU no sólo consideraba a Salinas uno de los suyos por haber estudiado en Harvard, sino que existían poderosos empresarios pujando tras bambalinas. Para ejemplificar cita el caso de la agroindustria, partiendo que del lado estadounidense gigantes como Cargill y Monsanto buscaban abrir nuevos mercados de forma permanente para sus productos altamente subsidiados, mientras en México Bimbo, Maseca y Minsa querían acceder a materias primas más baratas para bajar sus costos de producción.[6]

Lo cierto es que las grandes empresas de EU necesitaron desde finales de 1970 que Washington eliminara los aranceles a las importaciones y aumentara las facilidades para trasladar sus fábricas al extranjero con el fin de abastecer el mercado interno estadounidense con menores costos de producción, lo cual a su vez demandó la apertura de las economías periféricas y un trato preferencial a sus capitales, cuestiones que finalmente fueron materializadas en el TLCAN. Arturo Ortiz refuerza este punto al mencionar que Carla Hills, negociadora del Tratado por EU exigía a México tres puntos en específico: mayor apertura de sus mercados a los productos estadounidenses; mayores facilidades al capital estadounidense para participar en cualquier área de su interés, incluyendo petróleo y petroquímica, banca, bolsa, finanzas y demás espacios limitados para extranjeros; y una reforma al artículo 27 para brindar certeza a los inversionistas sobre sus capitales y la tenencia de la tierra.[7]

Finalmente, existe otro aspecto de primordial relevancia histórica, económica y política que encierra el TLCAN para México: los hidrocarburos. Saxe asegura que el antecedente mismo del Tratado se sitúa en la propuesta de integración energética de América del Norte hecha por la firma Blyth, Eastman, Dillon and Company en 1979. El proyecto dirigido al aparato empresarial y de seguridad nacional de EU aseguraba:

“Los tres países adyacentes de la América del Norte del Hemisferio Occidental deberían formar un mercado común con libertad de movimientos para todos los bienes, especialmente el petróleo y el gas, pero también de la población. Sin este esfuerzo cooperativo en la América del Norte, EU se enfrentará a un desgaste constante de su seguridad nacional junto con una lenta estrangulación económica. (…) La América del Norte sería autosuficiente como unidad en energía, productos agrícolas y minerales (…) EU extendería su sombrilla de seguridad hacia Canadá y México para lograr que las tres naciones obtengan una seguridad equitativa contra cualquier amenaza militar a la América del Norte”.[8]

En función de ello, el TLCAN sería una de las piedras angulares del proyecto al incluir cláusulas que comprometen a México a garantizar el abasto ininterrumpido de todo bien energético, como lo señala el capítulo VI, artículo 605. La creación de facto del mercado energético de Norteamérica, asegura Saxe, desvincularía el petróleo y gas natural de México y Canadá del mercado mundial, regionalizándolos en un esquema comercial y geopolítico de América del Norte.[9]

A todo este entramado de intereses comerciales, petroleros y de seguridad que llevaron a la adquisición de múltiples complejos industriales y territoriales mexicanos por empresas estadounidenses tras la liberalización económica e implementación del Tratado, Saxe lo define como “la compra-venta de México”, en clara alusión a la comparación hecha por Al Gore detallada líneas atrás. En particular, asegura el académico, el TLCAN promueve la inserción de corte colonial de México en la economía y en la política de EU, ya que contiene instrumentos específicos que tienden a institucionalizar la perspectiva de esa potencia en la articulación del diseño económico, la política exterior y de defensa mexicana y también por el trato preferencial que otorga a los otros signatarios del TLCAN en comercio, inversiones y derechos de propiedad intelectual.[10]

Entonces, si el TLCAN fue tan benéfico para los intereses geoeconómicos y geoestratégicos de EU, ¿por qué Trump se ha lanzado en su contra mientras los mexicanos, presuntos perdedores supremos se lanzan furibundos en su defensa?

Aunque pareciera una reflexión proveniente del “mundo al revés” de Chabelo, en realidad tiene sólidos fundamentos económicos y políticos. Para el alto capital estadounidense, el TLCAN se proyectó como un facilitador de las operaciones intrafirma en sectores como el automotriz y textil, y no como un potencializador de las exportaciones mexicanas como lo han sostenido los propagandistas del régimen y sus principales actores. Cálculos de López y Rodil muestran que en 12 años del TLCAN las exportaciones de México, principalmente manufactureras crecieron 307.2% al pasar de 49.82 mmdd en 1994 a 202.86 mmdd en 2006. Sin embargo, la industria maquiladora de exportación sería responsable del 50% de esta cifra, hecho que está ligado al comercio intrafirma de EU y por tanto, desvinculado de las cadenas productivas nacionales creadoras de valor agregado mexicano, fenómeno que relacionado íntimamente con el crecimiento exponencial de las plantas maquiladoras en las ciudades fronterizas mexicanas como Juárez y Tijuana durante la segunda mitad de la década de 1990.[11]

En el caso mexicano, para los miembros de la oligarquía el TLCAN no sólo sirvió para acceder a materias primas más baratas y altamente subsidiadas en los mercados de EU y Canadá como se abordó en el caso agroalimentario atrás expuesto. También favoreció la exportación de materias primas y productos de escasa industrialización, ambos dependientes de la explotación de la mano de obra y recursos naturales; además de la intermediación y/o representación de las corporaciones estadounidenses en el país, con todo y las jugosas comisiones que dejan. Y en el ámbito gubernamental y de finanzas públicas, la apertura e integración con EU habría permitido financiar el déficit de cuenta corriente mediante la entrada de Inversión Extranjera Directa (IED) y la colocación de bonos de deuda en el exterior, hechos que ya se presentaban con bastante seriedad desde antes de 1994. Por ejemplo, el déficit de 1993 que ascendía a más de 25 mmdd se habría nivelado con la entrada de casi 23 mmdd de IED e inversión de cartera[12], pero que a la postre desatarían una de las mayores crisis financieras en la historia: el mal llamado error de diciembre.

Mientras los altos capitales de ambos países han gozado de condiciones excepcionales para aumentar sus riquezas, las clases trabajadoras en ambos lados del Bravo han sufrido las consecuencias. Para los trabajadores de EU, por ejemplo, el traslado de muchas plantas al exterior en pos de salarios más bajos habría significado el cierre de miles de fuentes de empleo, siendo el caso paradigmático Detroit, la antigua capital mundial del automóvil que tras ser la ciudad más próspera de EU hace medio siglo, en 2014 presentaba tasas de desempleo cercanas al 20% que en conjunto con otras circunstancias la obligaron a declararse en quiebra.[13] Esos trabajadores, los perdedores de la globalización al interior de EU, habrían sido la base del trumpismo, entendiendo el surgimiento de este fenómeno como un nuevo despertar en EU como lo señala Alfredo Jalife-Rahme.[14]

En el caso de nuestro país, para el común de los mexicanos el TLCAN trajo consigo funestas consecuencias que se sintieron con mayor profundidad en el campo. En las comunidades agrícolas la producción de granos y alimentos en México se desplomó bajo el peso de la competencia altamente tecnificada y subsidiada de EU, haciendo que la dependencia alimentaria del país pasara del 10 al 43% tras dos décadas de implementado el tratado y creando una grave crisis de obesidad entre la población.[15] Ello obligó a millones de campesinos a migrar, principalmente a EU, convirtiendo a México en la nación que más ciudadanos expulsó del mundo en 2012.[16] Adicionalmente, la apertura indiscriminada llevó a la quiebra a gran parte de los pequeños y medianos empresarios nacionales de los que depende el mayor porcentaje de empleos del país, impulsando el sector informal de la economía (de la cual el narco es la actividad estrella); y vulneró la soberanía e independencia al traspasar a manos privadas nacionales y extranjeras complejos territoriales sobre los que se asientan puertos, aeropuertos, reservas minerales, carreteras, ferrocarriles, industria de máquinas-herramientas y petroquímica.

En fin. Eso es lo que nos piden defender de forma acrítica EPN, Luis Videgaray, Ildefonso Guajardo y la oligarquía del país a través de sus voceros en los medios de comunicación. Su proyecto de clase.

Reflexiones finales

Puede parecer muy complejo y difícil de entender, sobre todo cuando nos encontramos inmersos en la dinámica analizada, pero hay ocasiones en la historia que las humillaciones y tragedias históricas ayudan a los pueblos para recordar su grandeza y enderezar el rumbo. A China, por ejemplo, la invasión japonesa y las masacres sufridas durante la segunda guerra mundial le sirvieron como catalizador de las fuerzas internas acumuladas durante décadas a fin de reinventarse y terminar “el siglo de la humillación” iniciado con su derrota en “las guerras del opio”.

La historia misma de nuestro país también podría ejemplificar el fenómeno. El nacionalismo revolucionario que definió gran parte del siglo XX mexicano y cuyos pináculos fueron la Constitución de 1917 (misma que acaba de cumplir 100 años hace unos días pero ya hecha pedazos por las contrarreformas neoliberales) y la expropiación petrolera de 1938, no podría entenderse sin el sentimiento de aversión hacia EU provocado por el injerencismo del embajador Henry Lane Wilson y las agresiones militares sufridas (la ocupación de Veracruz y la expedición punitiva contra Villa).

Así, con toda su desfachatez y prepotencia, Trump en última instancia ha desfondado brutalmente a la oligarquía mexicana, exhibiendo su altísimo grado de entreguismo que resulta incompatible con la memoria histórica del pueblo mexicano. Y entre más radical sea la postura del magnate convertido en presidente, mayor será el renacimiento del nacionalismo al sur del Bravo y la desnudez de aquellos que entregaron al país con tal de defender sus intereses de clase.

Basta recordar que una de las generaciones más gloriosas de nuestra historia, los liberales del siglo XIX, son en cierta medida hijos de la catástrofe protagonizada por Santa Anna y los polkos en 1847-48.

Edgar A. Valenzuela: Politólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Notas:

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[1] Cancela Peña visita a Trump. Diario La Jornada, 26 de enero de 2017. Consultado en línea en: https://goo.gl/AQRBnp
[2] Fazio, C. (2013) Terrorismo mediático. La de enero de construcción social del miedo en México. Debate. México, D.F. 2013.
[3] Saxe, J. (2002) La compra – venta de México. Plaza & Janés Editores. México, D.F. Pág. 45.
[4] Faux, J. (2008). La Guerra Global de Clases. Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México, D.F. Pág: 33.
[5] La injerencia del Pentágono en el Ejército Mexicano, descrita y analizada en “El tercer vínculo”, de Carlos Fazio, Revista Proceso, 30 de noviembre de 1996. Consultado en línea en: http://bit.ly/2dIMVG1
[6] Faux, Op. Cit.
[7] Ortiz, A. (1998) Política Económica de México: 1982 – 2000. Editorial Nuestro Tiempo. México, D.F. 1998. Pág: 132.
[8] Saxe, Op. Cit. Pág. 43.
[9] Idem. Pág. 254.
[10] Ibidem. Págs. 135-135.
[11] López, J. & Rodil, Ó. (Enero – Abril 2008). Comercio intra-industrial e intra-firma en México en el contexto del proceso de integración de América del Norte (1993-2006). Economía UNAM, 13, pp. 86-112. Consultado en línea en: https://goo.gl/UCFC1M
[12] Cifras ofrecidas por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con datos de Banxico.
[13] Detroit, una ciudad en bancarrota. Telesur, 3 de noviembre de 2014. Consultado en línea en: https://goo.gl/CrWd6F
[14] Jalife-Rahme, A. Trump y Sanders: ¿Nuevo despertar contra Wall Street y su globalización? Diario La Jornada, 8 de mayo de 2016. Consultado en línea en: https://goo.gl/BBAADA
[15] Dependencia agroalimentaria pasó del 10 al 43% en 20 años. El Financiero, 28 de octubre de 2014. Consultado en línea en: http://bit.ly/10xnOAa
[16] México, campeón mundial en expulsar migrantes. El Siglo de Durango, 19 de diciembre de 2012. Consultado en línea en: https://goo.gl/3lfFcc