La sumisión y la entrega

Carlos Fazio

El 30 de diciembre de 2013, en vísperas de que se cumplieran 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE, el sindicato de la plutocracia), Gerardo Gutiérrez Candiani, demandó un TLCAN plus en el espacio geopolítico que abarca a Canadá, Estados Unidos (EU) y México. El régimen de Enrique Peña Nieto y los legisladores del Pacto por México (PRI, Verde, PAN, PRD) habían aprobado varias iniciativas del paquete de contrarreformas neoliberales de cuarta generación, y como vocero de la clase capitalista trasnacional, Gutiérrez Candiani dijo que dada la revolución energética que vivían EU y Canadá, México debía entrar en sinergia con sus dos socios (abismalmente asimétricos), y para ello había que mejorar la interconexión eléctrica y de ductos; avanzar en el reconocimiento de normas técnicas, ventanas especiales y trato preferencial recíproco entre agencias de comercio de los tres países; invertir en infraestructura y agilizar el transporte terrestre, marítimo y aéreo.

En la coyuntura, cuando amparadas en cláusulas de confidencialidad y bajo el signo de la opacidad se llevan a cabo las negociaciones para la modernización del tratado, un tema neurálgico ocultado a la opinión pública es la apertura de un nuevo capítulo de lo que llaman la seguridad energética e independencia de Norteamérica. El TLCAN plus, pues, como integración vertical espacial-geográfica de México a EU.

Trascendió que en las primeras dos rondas celebradas en Washington y Ciudad de México no se incluyó el tema de la energía (petróleo, gas natural, minería, agua, electricidad), porque los representantes de las corporaciones trasnacionales del sector, que cabildean en el llamado cuarto de junto los contenidos que aprobarán los negociadores oficiales de los tres países, no han encontrado la forma de asegurar −ante un probable cambio de gobierno en México tras los comicios de julio de 2018− que se protejan las inversiones de firmas como Exxon Mobil, Chevron Texaco, British Petroleum, Sempra Energy (y su subsidiaria mexicana Ienova, de Carlos Ruiz Sacristán), Halliburton, Shell, Total, Repsol, el grupo aurífero canadiense Goldcorp, Sierra&Gas (ligada a Carlos Salinas de Gortari), Grupo Carso Oil&Gas y Minería Frisco (Carlos Slim), Grupo México (Germán Larrea), Petrobal y Grupo Peñoles (Alberto Baillères), Evercore (Pedro Aspe), Monterra Energy/KKR (Luis Téllez), las españolas Gas Natural, Fenosa e Iberdrola y las financieras First Reserve y Black Rock (el fondo de capital privado más grande del mundo), y que no se modifique la contrarreforma energética alcanzada por Peña Nieto y el Pacto por México en 2015.

Esos objetivos, que profundizarán la ruta de la sumisión y la entrega iniciada por el colaboracionista Carlos Salinas de Gortari en 1992, con la contrarreforma al artículo 27 constitucional (en materia de minería y el régimen de tenencia de la tierra), integran el plan A de los quintacolumnistas locales Ildefonso Guajardo (Economía), Luis Videgaray (cancillería), Juan Carlos Baker (comercio exterior), Kenneth Smith (jefe de negociación técnica), Salvador Behar (jefe negociador adjunto), Juan Pablo Castañón (CCE), Valentín Diez Morodo (Comce), Moisés Kalach (coordinador general de rondas de negociación) y Eugenio Salinas (coordinador del secretariado técnico del cuarto de junto).

Vinculado con lo anterior −y como aspecto fundamental de los mecanismos inductores de la última fase de la desnacionalización integral de México, ahora en su versión TLCAN 2.0−, desde su toma de posesión Enrique Peña Nieto había echado a andar el proyecto de las zonas económicas especiales (ZEE), contenido en su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Desde entonces, la multiplicación de megaproyectos que enlazan a los sectores de los hidrocarburos, minero/extractivista y de la electricidad con maquiladoras y ensambladoras a gran escala, agroindustrias de monocultivos, laboratorios y empresas para la manufactura y transformación de todo tipo de materias primas en clústers o parques industriales en el corredor industrial interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ha venido avanzando en su parte formal/legal (la constitucionalización de los intereses corporativos trasnacionales), lo que profundizará el modelo de México como país maquilador dependiente y subordinado a Estados Unidos.

En realidad, bajo la máxima de los neoliberales domésticos de privatizar para desnacionalizar y recolonizar, la infraestructura para la desposesión y el despojo de tierras y recursos geoestratégicos fue diseñada desde el sexenio de Ernesto Zedillo. De la mano de un equipo de neoporfiristas dirigido por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán (el mismo que vía el sistema de la puerta giratoria representa hoy los intereses de Sempra Energy, por conducto de su subsidiaria Ienova), Zedillo, el privatizador de los ferrocarriles y de las redes de comunicación terrestres y aeroportuarias, lanzó el Megaproyecto Integral del Istmo de Tehuantepec, que, retomado ahora por Peña Nieto, busca comunicar y/o articular dos masas de agua (los océanos Atlántico y Pacífico), a través de los nodos conformados por los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, en un polígono (espacio físico interno) que abarca los estados de Veracruz y Oaxaca, con el objetivo principal de conectar a la parte este de Estados Unidos con el mercado del Asia/ Pacífico (Japón, China, Malasia, Vietnam, Corea del Sur), centro del comercio mundial.

Otros dos puntos clave, definidos como ZEE en función de su posición geopolítica y al servicio de una economía de enclave en el contexto de la territorialización de la contrarreforma energética, son los puertos de Lázaro Cárdenas, con proyección a los municipios colindantes de la Tierra Caliente y la Costa Grande de Michoacán y Guerrero, y Puerto Chiapas, en el municipio de Tapachula, como punto intermedio de un área geográfica que enlazará Salina Cruz con Guatemala.