Marco Rubio y sus peones en México

Carlos Fazio


En su campaña presidencial para 2028, el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Marco Rubio, trae agenda propia. Producto de la mafia terrorista cubano-estadunidense que históricamente ha lucrado con la industria de la contrarrevolución al sur de la Florida, Rubio opera una diplomacia paralela que responde a los intereses del anticastrismo militante y del sionismo colonizador-genocida.

Mentiroso pertinaz y compulsivo, como documentó la plataforma independiente Drop Site News, Rubio desinforma y manipula a Donald Trump acerca de las “conversaciones” con Caracas y La Habana. Y en su cínica y engañosa relación con México, utiliza a sus alfiles de Miami y a sus quinta columnas domésticos como agentes provocadores y de penetración con fines desestabilizadores golpistas. Ejemplos de los primeros son el congresista republicano Carlos Giménez y sus correligionarios, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, a quienes sumó a últimas fechas una figura de su propia creación: la tarifada Rosa María Payá, su proxy infiltrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, bendecida por los veteranos ex activos de la CIA, Frank Calzón y Carlos Alberto Montaner. Entre los segundos figuran el ex canciller Jorge G. Castañeda, Ricardo Salinas Pliego, Federico Döring, Beatriz Pagés, René Bolio Hallorán, Juan Peña Nader, Mariana Gómez del Campo, Francisco García Cabeza de Vaca y otros vendepatrias amanuenses de poca monta como Carlos Alazraki, Carlos Tello Díaz y Jorge Fernández Meléndez.

Hijo putativo de la ex congresista Ileana Ros-Lehtinen ( la Loba feroz), y respaldado en sus orígenes políticos por la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) del CEO Jorge Mas Canosa y dirigentes de la Brigada 2506 –organización directamente asociada a la invasión mercenaria de Bahía de Cochinos derrotada en playa Girón–, Rubio también contó entre sus padrinos al terrorista confeso Luis Posadas Carriles (“Pusimos la bomba, ¿y qué?”), copartícipe, con Orlando Bosch, del atentado en pleno vuelo contra la aeronave de Cubana de Aviación en 1976, en el cual murieron 73 personas, y Orlando Gutiérrez Boronat, líder del Directorio Democrático Cubano, organización fachada de la Agencia Central de Inteligencia.

Vinculado al movimiento conservador Tea Party, Rubio obtuvo en 2010 la senaturía por el Partido Republicano en Florida, y seis años después, con apoyo de los neoconservadores, el ala más militarista del estamento de seguridad nacional republicano, compitió por la presidencia de Estados Unidos con Donald Trump, contando entre sus donantes a megamillonarios como Larry Ellison, fundador de Oracle, contratista del Pentágono; el magnate de los casinos Sheldon Adelson (y luego su viuda Miriam); el gestor de hedge funds Paul Singer, estrecho aliado del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y miembro de la Coalición Judía Republicana, un lobby de presión a la derecha del AIPAC, e instituciones bancarias como Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of America. En un giro pragmático oportunista, Little Marco −como lo llamó entonces de manera burlona el magnate−, se alió después con su vencedor, cortejando a los líderes de MAGA y a personajes influyentes del entorno trumpista como Stephen K. Bannon y Donald Trump Jr. y se ha convertido en el miembro más poderoso del gabinete, siendo el primer secretario de Estado que ocupa simultáneamente la cartera de asesor de seguridad nacional desde Henry Kissinger.

Desde esa posición de fuerza Rubio opera las políticas de cambio de régimen contra Cuba y Venezuela, y en el caso mexicano mueve sus fichas y estrecha vínculos con la ultraderecha palafrenera cipaya. Esa fue la tarea principal del congresista Carlos Giménez y la comisionada anticastrista de la CIDH, Rosa María Payá, durante sus recientes visitas a México. Tras su encuentro con los legisladores Kenia López (PAN), Alejandro Moreno (PRI) y Pedro Haces (Morena), Giménez, un ex bombero representante del condado Miami-Dade, se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y rindió pleitesía a los marines de la sede diplomática. Posteriormente denostó a la presidenta Claudia Sheinbaum por seguir con lo que llamó “su patética jugada de saquear al pueblo mexicano” para “oxigenar a sus compinches de la dictadura moribunda en Cuba”; “¡Desde el Congreso de Estados Unidos denunciamos su penosa desfachatez!”, escribió en X. A su vez, con su discurso de odio e impulsando las matrices de opinión de la CIA, Rosa María Payá participó a hurtadillas el 22 de enero pasado, en un foro contra Cuba organizado en la Universidad de la Libertad del empresario Ricardo Salinas Pliego, que derivó en el envío de una nota diplomática de la cancillería mexicana a la secretaría ejecutiva del organismo de la OEA.

Peones de Marco Rubio en el sur de la Florida, Carlos Giménez y su colega María Elvira Salazar, enfrentan contradicciones con la política migratoria de Trump en ese estado de cara a las cruciales elecciones de medio término. Si bien Rubio no puede oponerse abiertamente a la agenda del presidente sin pagar costos políticos inmediatos, rehén del anticastrismo radical que opera como un factor de disciplinamiento interno dentro del Partido Republicano sí puede condicionar la información de inteligencia que recibe y administrar los tiempos de la diplomacia en su beneficio personal. No es el caso de Salazar, quien enfrenta ahora la hostilidad de organizaciones como la John Birch Society, que al grito de “América para los americanos”, pide, con el estratega Anthony Sisk, la deportación de la congresista de origen cubano.

La pobreza de las élites latinoamericanas: geoestrategia, geoeconomía y sujeción intelectual

Issac Enríquez Pérez

En 1924, Robert Lansing, Secretario de Estado del Presidente estadounidense Woodrow Wilson, señaló una verdad lapidaria para América Latina, que por su contundencia y claridad vale la pena transcribir en su totalidad: “México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta controlar a un solo hombre: el Presidente. Tenemos que abandonar la idea de […]

En 1924, Robert Lansing, Secretario de Estado del Presidente estadounidense Woodrow Wilson, señaló una verdad lapidaria para América Latina, que por su contundencia y claridad vale la pena transcribir en su totalidad: “México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta controlar a un solo hombre: el Presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la Presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita más tiempo: debemos abrir a los jóvenes ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de Estados Unidos. México necesitará de administradores competentes. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la Presidencia. Sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos. Y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros”.

Cien años después de pronunciada esta declaración, continúa vigente en América Latina y, particularmente, en un país como México, donde la sumisión de sus élites políticas, intelectuales y empresariales es acusada, sea cual sea el signo ideológico que ostenten. El sitiamiento mental es uno de los rasgos definitorios de estas élites que suelen caracterizarse por su incapacidad para pensar con cabeza propia y por admirar y vanagloriar lo ajeno, lo extranjero. El tema no es menor en el contexto actual latinoamericano tras el atrevimiento de líderes de opinión, políticos opositores y hasta intelectuales a incitar la invasión de algún país de la región por alguna potencia extranjera. El fenómeno no es nuevo: durante la década de los sesenta del siglo XXI mexicano, las facciones conservadoras mexicanas buscaron e invitaron a Maximiliano de Habsburgo para instaurar un imperio y erradicar el ideario liberal de avanzada –particularmente las llamadas Leyes de Reforma– adoptado por el Presidente Benito Juárez en su proyecto modernizador.

En medio de la crispación y de enconos instalados por la guerra cognitiva de la desinformación en países como México y Venezuela con el propósito de inocular el odio e incentivar la atomización y la erosión del sentido de comunidad, las élites conservadoras –no pocas veces– pierden el sentido común y los mínimos referentes emanados del nacionalismo. Su abyección y entreguismo no solo remiten a las reverencias y caravanas que muestran ante el mito del llamado libre mercado, sino que abiertamente, cuando no ostentan el poder político, llaman al intervencionismo de los Estados Unidos.

Es el caso de las élites opositoras a los gobiernos en turno de Venezuela y México. Más allá de que se tome postura y pronunciamiento en este espacio respecto a ambos gobiernos, lo importante es analizar esa supeditación de las élites. 

Luego de ser despreciada y ninguneada por Donald J. Trump para encabezar un nuevo gobierno en la República Bolivariana de Venezuela, María Corina Machado asiste en pasado 16 de enero de 2026 a la Casa Blanca y “entrega” simbólicamente al mandatario estadounidense el recién logrado Premio Nobel de la Paz. A lo largo de su trayectoria opositora a los últimos dos gobiernos de su país, es constante el apego de Machado a los principios del Foro Económico de Davos, a la privatización total de la industria petrolera venezolana, a la Agenda 2030 y a la ideología woke. En su espectro ideológico no solo considera la entrega del petróleo a las corporaciones estadounidenses y europeas y a los grandes fondos de inversión como BlackRock, sino del conjunto de los recursos estratégicos –principalmente mineros como el oro, las tierras de cultivo y el agua dulce– de su nación en un ejercicio de apertura económica total y de repliegue y desmantelamiento de las funciones económicas del sector público. La declaración de “otorgar confianza a los inversionistas” apunta a alejar el fantasma de las expropiaciones y nacionalizaciones, anteriormente adoptadas por el gobierno de Hugo Chávez. No menos importantes son las promesas de otorgar exenciones fiscales a los capitales extranjeros. Todo ello disfrazado con la perorata de la democratización de Venezuela y la “recuperación de la productividad”, la eficiencia económica, la estabilización macroeconómica y la modernización.

El Plan “Venezuela tierra de gracia. Libertad, democracia y prosperidad” (https://shre.ink/5LCH), presentado en el proceso electoral del 2024 por María Corina Machado, matiza de manera clara ese proyecto de desnacionalización y socavamiento de la soberanía económica. Los tres ejes de dicha propuesta fueron la “optimización del tamaño del Estado”; un programa de endeudamiento regido por las directrices de los organismos financieros internacionales; la flexibilización de las relaciones laborales; y la privatización de activos y empresas públicas en rubros como los hidrocarburos, el gas, la minería y la electricidad. Redondeado ello por un Estado garante y gestor de la seguridad jurídica y de los derechos de propiedad. En síntesis, más de las recetas macroeconómicas asumidas en América Latina durante las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX, y que en el caso del país caribeño apuntarían a la entronización de un modelo económico de enclave extractivo y dependiente supeditado a las redes empresariales globales piloteadas por las corporaciones estadounidenses en su intento por alejar a China y Rusia de los territorios latinoamericanos. De ahí la subordinación de estas élites venezolanas a la lógica del tablero geopolítico y geoeconómico contemporáneo, en una lógica de subasta y remate. Incluso ante el Council of the Americas (AS/COA), en junio pasado Machado señaló en su intervención ante banqueros y ejecutivos de empresas de “la oportunidad del billón de dólares”.

Las sanciones económicas que recaen sobre Venezuela, las operaciones militares en el Mar Caribe y la guerra cognitiva de criminalización que reina desde hace lustros en los mass media globales, marchan a la par de estas élites nativas voceras de proyectos que atentan contra la soberanía nacional. Los premios y el acceso a foros tecnocráticos internacionales le otorgan mayor resonancia a ese discurso, al tiempo que es acrecentada la legitimidad de los ataques sistemáticos y mediáticos hacia Venezuela.

De más está señalar que distintas voces de venezolanos hacen eco de estos proyectos de las élites opositoras y que incluso, fuera de su tierra, llegan a celebrar los acontecimientos intervencionistas de los Estados Unidos del pasado 3 de enero y que culminaron con la sustracción de Nicolás Maduro Moros (https://shre.ink/5LXJ).

Este repliegue de las élites latinoamericanas a los intereses extranjeros es evidenciado también por los líderes opositores a los gobiernos mexicanos de los últimos siete años (https://shre.ink/5LXF y https://shre.ink/5LXZ). De manera irresponsable se instala un discurso mediático relativo a la posible intervención de los Estados Unidos en suelo mexicano en aras de “combatir al crimen organizado”. Desde años atrás, periodistas e intelectuales mexicanos pretenden instalar en la opinión pública la noción de que las organizaciones criminales mexicanas adoptan prácticas terroristas contra las poblaciones de distintas regiones del país. En una lógica de apostar a que el gobierno en turno falle y le vaya mal a México, estas élites hacen alarde de su desconocimiento de la historia y de un entreguismo ramplón que lejos están de las élites políticas y diplomáticas que durante distintos momentos del siglo XX le otorgaron prestigio internacional al país azteca. Aunque cabe puntualizar que ese entreguismo mexicano no es propio de las élites políticas y empresariales opositoras, sino que se observa también a lo largo de las últimas cuatro décadas en las decisiones de política económica adoptadas por el gobierno en turno en aras de afianzar la inserción subordinada de la economía y el territorio mexicano a la lógica de los procesos de acumulación de capital de las corporaciones estadounidenses. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que entró en vigor el primero de enero de 1994 y su reformulación que derivó en el T-MEC –firmado el 30 de noviembre de 2018– son una muestra clara de ello, en consonancia con los cambios geoeconómicos y geoestratégicos en los cuales participan a escala mundial los Estados Unidos. En su momento, el mismo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, fue obsequioso ante la firma de las reformas al acuerdo comercial enviando a un representante de su equipo de transición para apurar dichos acuerdos. Es de recalcar que su gobierno se caracterizó por una abierta renuncia a la formulación y adopción de una franca política industrial capaz de rearticular el mercado interno. No menos importante fue también su labor obsequiosa y de militarización para generar muros de contención de la migración latinoamericana que se dirige a Estados Unidos teniendo al territorio mexicano como estación de tránsito.

Ante estos hechos concretos, cabe reflexionar en torno al problema de fondo. La vocación entreguista de amplios sectores de las élites latinoamericanas –salvo honrosas excepciones de las élites brasileñas en distintos momentos de la historia contemporánea o del régimen político emanado de la llamada revolución mexicana hasta el gobierno del General Lázaro Cárdenas– es consustancial a la incapacidad para pensar un proyecto de nación bajo criterios y referentes propios. Culturalmente podría argumentarse que es una herencia del vasallaje colonial experimentado por la región durante tres siglos, y que se engarza con la génesis de la dependencia económica, política, cultural e intelectual; con ese afán de deslumbrarse ante lo ajeno, sin valorar lo propio y de imitar lo providente de Europa y los Estados Unidos. Se trata de formas de dependencia sutiles que no precisan de la ocupación militar ni de la imposición a ultranza, sino de la compenetración de esas élites latinoamericanas para con los intereses creados difundidos desde el exterior, no sin mencionar los beneficios tangibles que puedan lograr en esa compenetración.

Es también un problema de (de)formación académica; de la incapacidad de múltiples universidades latinoamericanas para generar pensamiento y ciencia propios, bajo referentes teóricos, metodológicos y epistemológicos también propios y en abierto diálogo con los conocimientos provenientes de otras latitudes. El tema no es baladí, pues tiene impactos en la incapacidad latinoamericana para pensar el desarrollo con cabeza propia, en el marco de un problema más amplio relacionado con la colonización mental. De poco sirve aspirar a la soberanía política y económica, mientras los constructos con los cuales pensamos la realidad y sus problemas sean ajenos –democracia, desarrollo sostenible, libertad, libre mercado, modernización, interculturalidad, igualdad de género, derechos de las minorías, entre muchos otros. Se trata de conceptos y categorías ahistóricos y pretendidamente universales creados para apuntalar la hegemonía cultural del norte del mundo y con ellos es imposible transformar a fondo las lacerantes realidades latinoamericanas. Esos constructos y conocimientos pretendidamente universales y aparentemente legítimos se adoptaron acríticamente en nuestras universidades y desde ellos se formaron a las élites y a los tomadores de decisiones. Estos procesos suponen la marginación autoimpuesta del pensamiento latinoamericano, sea social, económico y/o filosófico. El problema no es técnico o académico estrictamente; es ante todo político, simbólico, semiótico, ético e intelectual; y se relaciona con la capacidad para pensar sobre la base de proyectos emancipatorios que nos alejen de las modas y de referentes descontextualizados y carentes de relación para con las problemáticas latinoamericanas. 

Las políticas públicas se diseñan bajo criterios de ideologías y proyectos provenientes desde el exterior, donde se idealizan sociedades con pasados y presentes distintos y distantes a los propios. Ello no es menor, puesto que contribuyen dichos instrumentos de política a las dinámicas propias de la geopolítica y la geoeconomia del capital que reducen a América Latina a una condición de dependencia y subordinación. Se trata, en el fondo, de afianzar desde las élites, una estructura de dominación y hegemonía que reproduzca en la región valores y cosmovisiones ajenos, que se valida institucionalmente, y que en última instancia otorga estabilidad, previsibilidad, certidumbre y alineamiento en la relación con potencias como los Estados Unidos. 

La subordinación intelectual de las élites es funcional a medida que establece las directrices de lo imaginable, de lo pensable y de lo que es concebido como problema público prioritario. El discurso del libre mercado, de la retracción del Estado desarrollista, y del Business environment o de las “adecuadas condiciones institucionales para las inversiones”, son ostentadas por estas élites políticas y académicas como inevitables y como discursos que contribuyen a la gestión de la dependencia y a la perpetuación de la hegemonía externa desde adentro de los propios países latinoamericanos. No se trata de pensar proyectos de nación propios, sino de administrar los intereses oligárquicos y contribuir con ahínco a la desigual arquitectura de la geopolítica y la geoeconomia contemporáneas. De ahí la urgencia histórica latinoamericana de pensar el desarrollo con cabeza propia y de anteponer contrapesos intelectuales a esas élites extractivistas y rentistas.

Isaac Enríquez Pérez. Académico en la Universidad Autónoma de Zacatecas, escritor y autor del libro “La gran reclusión y los vericuetos sociohistóricos del coronavirus. Miedo, dispositivos de poder, tergiversación semántica y escenarios prospectivos”. Twitter: @isaacepunam

El síndrome de China y el declive estadounidense

Richard Seymour


I.

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) sorprende, dada la histórica agonía de Trump ante el auge de la superpotencia china, ya que en su mayor parte no trata sobre China.

Su principal preocupación es la defensa de la patria, es decir, las guerras culturales, las fronteras y la preservación del dominio étnico blanco. En segundo lugar, en la escala de preocupaciones, se encuentra Europa, especialmente el refuerzo de la extrema derecha europea contra la «eliminación» de la civilización. China, retratada desde la NSS de 2015 como una «potencia revisionista», ocupa el tercer lugar. Gran parte del documento se dedica a alabar la política comercial de Trump, que ha fracasado estrepitosamente este año.

Voy a argumentar que la política comercial de Trump fracasó porque, entre otras razones, se basaba en una comprensión espectacularmente anticuada e inexacta del capitalismo chino. Pero hay que distinguir entre lo que se sabe oficialmente y lo que se fantasea extraoficialmente. La administración Trump tiene acceso a información extremadamente sofisticada y actualizada sobre China, y se basa en ella. Sin embargo, la formulación de políticas se ha visto distorsionada durante años por un «síndrome de China» bipartidista, que oscila entre la fascinación sinomaníaca y el pánico sinófobo, el odio y la admiración por un país que actúa sin piedad, que controla los medios de producción (dixit Hillary Clinton) y logra lo que nosotros no nos atrevemos, la moralización compensatoria sobre las prácticas «desleales» y el «engaño» de China, salpicada de exuberantes arrebatos de envidia emulativa (deberíamos ser más como ellos), las fantasías recurrentes sobre China como titiritero omnipotente, invasor y espía (TikTok, pánico por los globos meteorológicos), máquina hiperracional, déspota oriental irracional, etc., todo ello sugiere que China no es solo otro rival geopolítico, sino una pantalla en la que la clase dirigente estadounidense percibe su propio estancamiento, incoherencia y decadencia.

Como sabemos, los aranceles de Trump a China se basaban en última instancia en una versión idiota de la hipótesis de Pettis-Miran, y el documento refuerza esta lógica. Según la teoría, China ha podido crecer mientras reprimía el consumo interno y acumulaba un exceso de ahorro gracias al enorme superávit comercial generado por la manipulación monetaria. El papel de Estados Unidos como emisor de la moneda de reserva mundial le obliga a absorber el exceso de ahorro de otros países a través de los déficits comerciales. El resultado del espectacular crecimiento de China ha sido que Estados Unidos y Europa se han visto inundados de productos básicos baratos que han dejado de fabricar ellos mismos. Esto ha hecho que Estados Unidos sea menos competitivo, incluso en la floreciente región del Indo-Pacífico. Los aranceles, al obligar a China a internalizar la demanda en lugar de exportarla —es decir, a redistribuir los ingresos entre los hogares— corregirían este desequilibrio.

Si esto le parece más plausible de lo que esperaba, hay una razón para ello. La versión del argumento representada por Michael Pettis tiene su origen en la izquierda y ha sido muy influyente en ella. Tanto The Great Rebalancing (2013) como Trade Wars are Class Wars (con Matthew Klein, 2020) afirman esta relación entre la balanza por cuenta corriente y la desigualdad interna. Por lo que yo sé, los datos empíricos son bastante confusos en cuanto a si esta relación se aplica de manera general, pero parecía encajar bastante bien con China. Al fin y al cabo, China había crecido gracias a una espectacular explotación laboral, se había expandido a través de las exportaciones a Estados Unidos y Europa, tenía unas tasas de consumo de los hogares comparativamente bajas y había acumulado un exceso de ahorro que gastó en gran parte en bonos del Tesoro estadounidense. Ho-fung Hung acogió con satisfacción The Great Rebalancing con algunas salvedades cuando se publicó por primera vez, y ofreció una versión de la tesis en su propio libro The China Boom (2015).

La teoría encajaba en un conjunto más amplio de argumentos sobre China que iban en contra de la corriente de la sinomanía y sus productos intelectuales. Por ejemplo, Martin Jacques, en When China Rules the World, argumentaba que la civilización-Estado china estaba a punto de desplazar a Occidente como centro de gravedad económica en favor de un orden más flexible y sinocéntrico, basado no en bases militares ni siquiera en la aceptación de valores, sino en el crecimiento, el crédito y las oportunidades. Pero la tesis de Pettis apoyaba el argumento de que China no era ni una alternativa al neoliberalismo ni un serio competidor por el poder mundial, porque dependía demasiado de las instituciones neoliberales y de Washington. Luchaba por mejorar su posición dentro de un orden liderado por Estados Unidos, no por erigirse en rival.

Desgraciadamente, esos argumentos, que habrían estado muy de moda en los años noventa y principios de los dos mil, ya estaban quedando obsoletos en la década de 2010.

II.

Tomemos como ejemplo The China Boom, de Ho-fung. En esencia, sostiene que el auge de China se basó en invertir en las ciudades costeras para impulsar las exportaciones: el «segmento de la economía» más «integrado en el orden neoliberal global». Al estar impulsado por las exportaciones, suprimió el consumo interno y produjo desigualdades asombrosas (especialmente entre las zonas urbanas y rurales), lo que lo hizo dependiente de los mercados estadounidenses y europeos. Su stock acumulado de inversión extranjera directa (IED) fue pequeño (317 000 millones de dólares, frente a los 3,3 billones de dólares de Estados Unidos).

Esta dependencia también implicó a China en la perpetuación de la hegemonía del dólar, tanto por la vinculación del renminbi al dólar desde 1994 para impulsar las exportaciones como por la adquisición de 1,2 billones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense para absorber sus enormes reservas de divisas: Krugman calificó su compulsión por comprar valores estadounidenses como la «trampa del dólar» . Esto le dio a China la opción nuclear de deshacerse de sus activos en dólares en cualquier momento, para provocar el caos financiero y fiscal en Estados Unidos, pero no tenía ningún incentivo para hacerlo. China, lejos de representar una alternativa al capitalismo neoliberal liderado por Estados Unidos, había elegido un camino de desarrollo que la hacía dependiente del dominio estadounidense y la encerraba en una codependencia desequilibrada con el capitalismo estadounidense: lo que Niall Ferguson denominó «Chimerica». Al reproducir el neoliberalismo a nivel interno, también sufrió una acumulación de deudas incobrables y una sobreacumulación de capital, problemas que las intervenciones estatales solo habían aplazado, pero no resuelto.

Algunos de estos argumentos quedaron obsoletos tan pronto como China se unió a la Organización Mundial del Comercio. Por ejemplo, el RMB no había estado vinculado al dólar desde 2005 (y de nuevo, brevemente en 2008-10), y la moneda se había apreciado frente al dólar durante la década siguiente. La inversión comenzó a desplazarse hacia el interior con una serie de estrategias regionales: «Apertura del Oeste» (2000), «Revitalización del Noreste» (2003) y «El auge del Centro» (2004). En consecuencia, la tendencia al alza de la desigualdad interna se detuvo (sin revertirse de manera significativa). La participación del comercio en el PIB había disminuido sustancialmente desde mediados de la década de 2000. En consecuencia, la fuerte caída de la participación del consumo de los hogares en el PIB se detuvo y se invirtió alrededor de 2010. Las cifras recientes sugieren que el consumo de los hogares representa la mayor parte del crecimiento (82,5 % el año pasado).

Esto no es principalmente el resultado de las transferencias sociales. Como dijo Xi Jinping en 2021, denunciando el izquierdismo latinoamericano, el Gobierno estaba decidido a no apoyar a «los perezosos a través del «asistencialismo»». Más bien refleja una combinación de maduración estructural, el ascenso de China en la cadena de valor mundial y las políticas desplegadas bajo la rúbrica de la iniciativa «Made in China» (2015), diseñada para estimular el consumo interno de productos chinos.

Para ser justos, el análisis de Ho-fung sobre las tenencias del Tesoro chino, el énfasis en las exportaciones a los mercados de EE. UU. y la UE, y la inversión extranjera directa acumulada aún no estaba claramente desfasado en 2015. Sin embargo, desde entonces, la inversión china tanto en EE. UU. como en la UE se ha desplomado, sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense han caído desde el máximo alcanzado en 2012 (no se trata solo de una venganza por el «Día de la Liberación») y el stock acumulado de IED de China a finales de 2024 era de 3,14 billones de dólares. Durante años, ha estado entre los tres principales inversores extranjeros. China, como admite la NSS, se ha convertido en un importante exportador de capital, cada vez más, a través de la Iniciativa del Cinturón y Rutas de la Seda, a países de ingresos bajos y medios. En otras palabras, desde su adhesión a la Organización Mundial del Comercio, China se ha vuelto mucho menos dependiente de los mercados estadounidenses, las exportaciones y el dólar.

Lejos de que la rivalidad entre Estados Unidos y China esté impulsada por los desequilibrios comerciales, el último libro de Ho-fung, Clash of Empires (2022), presenta un argumento muy bien documentado de que surge de una lucha entre las empresas estadounidenses y los gigantes chinos emergentes respaldados por el Estado. Las empresas estadounidenses habían formado un gran y poderoso lobby chino en el Congreso durante las décadas de 1990 y 2000. En la década de 2010, se dieron cuenta de que, a medida que China ascendía en la cadena de valor, también promovía a sus propias empresas nacionales líderes en los mercados chinos y se preparaba para competir con el capital estadounidense en los mercados extranjeros. Retiraron su apoyo y se produjo un rápido movimiento bipartidista contra China, lo que creó el espacio político en el que la Administración Trump pudo iniciar las guerras comerciales. La ironía es que, al hacerlo, hizo más plausible la predicción de Jacques.

III.

¿Qué pasó con el capitalismo chino y cómo? En 2018, Xi Jinping se jactó de que el liderazgo del PCCh era la «mayor ventaja competitiva» del país. «En los ámbitos militar, científico y civil, en todas las direcciones, el liderazgo del Partido lo es todo».

Tal es la grandilocuencia del poder, concretamente de los príncipes, la nomenklatura y los «capitalistas rojos» que gobiernan el PCCh. Tal es también la confianza en sí mismo de un sistema de poder dinástico: Xi proviene de una generación de hijos de líderes revolucionarios. Sin embargo, cuando se consideran las transformaciones impulsadas por las políticas del capitalismo chino (estrategias de desarrollo interior, «Belt and Roads», «Made in China») y la incapacidad equivalente de los Estados capitalistas occidentales para ajustarse racionalmente a sus propios intereses —para comportarse como el «capitalista colectivo ideal», como Engels describió al Estado capitalista—, es casi tentador pensar que tiene razón. De hecho, el extraordinario éxito del partido-Estado en el desarrollo capitalista ha provocado en la última década un renovado interés por las ideas del «capitalismo de Estado». Y es cierto que los cambios que describo fueron coextensivos con una centralización del poder económico decisivo en manos del Estado, una difusión del control del partido en el capital privado y una infusión de la alta burguesía en el partido.

Pero el «capitalismo de Estado» es un concepto demasiado abstracto para captar la forma cambiante del sistema chino. No capta las especificidades y tensiones de la relación entre el Estado y el capitalismo en la China actual. Irónicamente, la etiqueta se aplica mejor al período en el que China no se proclamaba capitalista: los treinta años transcurridos desde la revolución hasta 1978. (Véase Owen Miller et al para un estudio comparativo del capitalismo de Estado en el Asia oriental de la posguerra). La revolución dio poder al liderazgo de un ejército guerrillero de base campesina que, cuando tomó el control de la industria, la tierra, los bancos y el comercio, se convirtió en una nueva clase burocrática estatal. La burocracia se comportó como un capitalista colectivo, explotando la mano de obra bajo la presión de la competencia geopolítica, a través de la cual se impuso la ley del valor. (Existe un debate válido, que aquí solo señalo, sobre hasta qué punto la ley del valor puede aplicarse realmente cuando la mano de obra no está generalmente mercantilizada). A través de la colectivización forzosa y el Gran Salto Adelante, el Estado trató de disciplinar a la mano de obra, romper los cuellos de botella en la producción y acelerar la acumulación primitiva de capital industrial. Las reformas posteriores a 1978 no fueron una restauración, sino una mutación, impulsada en parte por la necesidad desesperada de producir en masa bienes de la industria ligera.

Lo que surgió en la década de 1980 fue una forma extrañamente rural y descentralizada de capitalismo dirigido por el Estado, sin ningún equivalente al MITI japonés o a la Junta de Planificación Económica de Singapur. Los gobiernos locales debían crear empresas municipales y rurales (TVE) en el campo, controlar los ingresos y gestionarlas como corporaciones diversificadas.

Yasheng Huang, defensor del espíritu emprendedor del capitalismo rural chino, afirma que de los 12 millones de TVE que había en 1985, unos 10 millones eran «completa y manifiestamente privadas». Eso no es literalmente cierto. La mayoría eran propiedad y estaban gestionadas por partidos locales, y empleaban a unos 69,8 millones de personas. Las empresas privadas, que empleaban a unos 4,75 millones de personas, a menudo se hacían pasar por públicas —lo que se conoce como «llevar el sombrero rojo»— porque el sistema bancario estatal estaba cerrado a los capitalistas privados. (Nota: el término «privado» se utiliza aquí por conveniencia: nunca ha tenido una definición jurídica clara en China). Esto era importante: la apertura del capitalismo privado tenía que gestionarse políticamente. Mientras que las empresas estatales (SOE) seguían teniendo la obligación de proporcionar empleo de por vida, vivienda, asistencia sanitaria, escuelas, pensiones, etc. —el «bol de arroz de hierro»—, las TVE no solo absorbían el excedente de mano de obra, sino que eran la base de ingresos de los pueblos y municipios. Lo que es justo decir es que se comportaban más como capitalistas privados que como empresas estatales, aplicando un régimen laboral sin prestaciones sociales completas y, por lo tanto, explotando la mano de obra de forma más eficaz. Su productividad se disparó, mientras que las OSE se quedaron rezagadas.

El PCCh no tenía intención de abolir simplemente el sistema de planificación, por lo que desarrolló un mercado basado en la pequeña producción de mercancías paralelo a él. Sin embargo, a finales de los años ochenta ya se había alcanzado el límite máximo. La producción rural estaba muy dispersa, era de baja tecnología, requería mucha mano de obra y no podía integrarse fácilmente en los mercados mundiales. Aquí es donde entran en juego las zonas económicas especiales (ZEE) y la estrategia de desarrollo costero. Las ZEE se abrieron por primera vez a principios de la década de 1980, basándose en un concepto del capitalismo irlandés de la posguerra en el que se atraía la inversión extranjera directa con incentivos fiscales especiales. Las primeras ZEE se abrieron en Shenzhen, Shantou, Zhuai y Xiamen, y se crearon como enclaves controlados políticamente en los que operaban el capital extranjero, la fabricación para la exportación y los precios de mercado. La tierra seguía siendo de propiedad estatal, las finanzas estaban bajo control estatal y la mano de obra migrante procedente del campo se veía políticamente precaria debido al sistema hukou.

El capitalismo chino se elaboró, entonces, a través de modelos de explotación en capas, dentro de las limitaciones impuestas por los requisitos de seguridad del régimen. En los años ochenta, el capitalismo rural lideraba; en los noventa, el capitalismo industrial de exportación estaba al mando, con la expansión y el alcance de las ZEE. El cambio al capitalismo de exportación estaba fuertemente vinculado a los mercados estadounidenses. La mayoría de las exportaciones se dirigían directamente, o a través de Hong Kong, a los Estados Unidos. Y el PCCh cortejó a empresas estadounidenses como Boeing, AT&T y Caterpillar, para asegurarse de que el estatus de «nación más favorecida» de China no estuviera vinculado a los derechos humanos, como exigían los sindicatos estadounidenses. En esto, como documenta Ho-fung, tuvieron éxito. El efecto de este modelo fue prácticamente el que describe Pettis: un aumento vertiginoso de la desigualdad por clases y regiones, una caída en picado de la participación del trabajo en la renta nacional, una disminución del consumo de los hogares y un superávit comercial constante. Es más difícil demostrar la afirmación de Ho-fung, y también la de altos cargos de la Administración Trump, de que esto costó puestos de trabajo en el sector manufacturero estadounidense, ya que la participación del empleo en este sector llevaba décadas disminuyendo en las principales economías capitalistas.

IV.

Obviamente, la adhesión a la Organización Mundial del Comercio en 2001 impulsó inicialmente esas tendencias. China se convirtió en la «fábrica del mundo» y su superávit por cuenta corriente se disparó. Sin embargo, el partido-Estado no se contentaba con permanecer en la parte inferior de la cadena de valor.

Y el PCCh reforzó su control económico incluso después de la «gira por el sur» de Deng, en la que se alabaron las reformas del mercado, a pesar de que las TVE y las SOE fueron despojadas de sus obligaciones sociales y privatizadas (una vez que el sector exportador fue lo suficientemente grande como para absorber la mano de obra desplazada), e incluso cuando se estaba desarrollando un sistema financiero moderno bajo el impulso de Zhu Rongji.

La construcción de la distintiva máquina de inversión de China en la década de 2000 se produjo en un contexto de reacción contra el bloque liberalizador, costero y orientado a las finanzas del Politburó, cuyas reformas fueron acusadas de causar anarquía, desigualdad excesiva y hacer que China dependiera demasiado del capital extranjero. El liderazgo de Hu Jintao y Wen Jiabao reflejó ese cambio, y los planes de desarrollo regional resultantes movilizaron enormes esfuerzos crediticios, infraestructurales e industriales para mitigar las desigualdades desestabilizadoras. Se ampliarían los mercados, pero se reforzaría el control político sobre las condiciones del metamercado.

Los cuatro grandes bancos creados a partir del Banco Popular de China se comercializaron, pero siguieron bajo control político. Justo antes de que China se incorporara a la OMC, Zhu Rongji había orquestado una limpieza del caos bancario derivado de la crisis financiera asiática de 1998. Las deudas impagables de los bancos estatales se transfirieron a empresas de gestión de activos creadas especialmente para ello, y los bancos se recapitalizaron. Esto los dejó en buena salud y listos para salir a bolsa con éxito, pero las acciones de control seguían en manos de Central Huijin Investment (un fondo soberano estatal) y del Ministerio de Finanzas. El crédito siguió estando subvencionado y fácilmente disponible para las empresas estatales que, a pesar de su retraso en productividad, eran estratégicamente importantes. El control estatal de la tierra también se convirtió en un elemento central de su modelo fiscal, ya que los gobiernos locales utilizan las rentas de la tierra como garantía para el crédito bancario.

La reforma de las empresas estatales restantes también afianzó el control del partido-Estado. Pasaron a estar bajo el paraguas de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales del Consejo de Estado (SASAC), que, como accionista estatal de las principales empresas estatales, actuaba como gestora de activos. El objetivo de la SASAC era hacer que las empresas estatales funcionaran más como gigantes comerciales, manteniendo al PCCh al mando. El antiguo sistema de planificación no se desmanteló, sino que se reformó. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) no planificaba directamente la producción y el consumo como la antigua Comisión Estatal de Planificación. Más bien, trasladó la planificación a un nivel más abstracto, movilizando recursos y orientando las políticas hacia objetivos generales de desarrollo. Y el plan era, según el Plan a Medio y Largo Plazo para la Ciencia y la Tecnología publicado por el Consejo de Estado en 2006, con la aportación de miles de expertos, sacar a China del montaje de bajo valor y empujarla hacia sectores de mayor valor y alta tecnología.

Cuando Xi Jinping asumió la presidencia en 2012, las élites costeras podrían haber esperado un nuevo impulso hacia la reforma impulsada por el mercado. Xi no era un representante de la izquierda del partido, había hablado de «reformas del lado de la oferta» y estaba especialmente comprometido con la liberalización del sector financiero. De hecho, inicialmente siguió adelante con medidas para reformar los tipos de interés, dar más libertad a los bancos comerciales y abrir los mercados de capitales a los inversores extranjeros, pero todo ello se vio frenado por la agitación del mercado de valores en 2015. Lo que surgió entonces fue un Xi muy diferente, estatista, bajo cuyo mandato el PCCh extendió su alcance a todos los aspectos de las relaciones internas y externas de China, incluyendo sobre todo el resurgimiento de las células del partido dentro de las empresas: más del 73 % de las empresas privadas habían establecido células del partido en 2018. Si los mercados iban a expandirse, el liderazgo político a nivel de la toma de decisiones corporativas era aún más vital. El Estado también creó empresas de inversión de capital para comprar participaciones en empresas privadas y así obtener más influencia, lo que resultó crucial durante la crisis financiera de 2015, ya que los fondos de participación estatal pudieron comprar un total de 1,3 billones de RMB en acciones.

La política industrial también se amplió al sector privado. Antes de 2015, la política industrial funcionaba a través de las empresas estatales, los bancos estatales, las infraestructuras y la contratación pública. Sin embargo, el problema es que las empresas estatales acumulan pérdidas y emplean a una pequeña parte de la población activa. Son estratégicamente importantes, pero no constituyen una gran fuente de influencia industrial. Made in China 2015 cambió eso: identificó sectores clave como la robótica, la industria aeroespacial y los semiconductores, y les fijó objetivos explícitos. Si aceptaban estos objetivos nacionales, obtendrían acceso a crédito barato, demanda estatal, ventajas normativas, financiación para I+D, concesiones de terrenos y mercados nacionales protegidos. «Campeones» nacionales como Huawei, BYD, CATL, DJI y SMIC se vieron envueltos en esta red de coordinación público-privada. Este es el tipo de desarrollo que enfrentó a las empresas estadounidenses con China y llevó a un importante grupo de presión empresarial (Morgan Stanley, GM, Playboy, etc.) a exigir medidas contra las distorsiones del mercado chino y la manipulación de la moneda. Esta es la base de la rivalidad interimperialista que se está desarrollando entre China y Estados Unidos, y del síndrome de China.

Lo que hemos visto aquí no es una retirada progresiva del poder estatal de la economía. Más bien, el control estatal se reestructuró en torno al control estratégico de los fundamentos de la producción y las finanzas, y luego del propio sector empresarial. La tendencia ha sido difuminar la distinción entre lo estatal y lo no estatal, tanto en la economía como en la sociedad en general. Por eso, la mejor descripción de lo que ha surgido bajo Xi (Pearson et al, 2023) es «capitalismo de partido-Estado». Si los filamentos de la organización del partido sobresalen de los niveles más enrarecidos del Estado, ahora están conectados a los niveles más inmediatos de la producción. A través del control directo, la planificación industrial, la influencia indirecta y la vigilancia, el partido-Estado fusiona el poder político con el ámbito de clase de la dirección interconectada.

Esto, por supuesto, ha causado cierta tensión con los capitalistas privados que no quieren ser funcionarios de un proyecto de acumulación nacional. Pero la mayoría de ellos, como quieren hacerse ricos, y luego hacerse aún más ricos, y hacerse aún más ricos, obscenamente ricos, increíblemente ricos, más riquezas, más dinero, más riqueza, más casas, más jets, acumular, explotar la mano de obra viva hasta hartarse y seguir explotándola— no critican públicamente como lo hizo Jack Ma. Las críticas de Ma a la regulación financiera le llevaron a ceder el control del gigante fintech, Ant Group, y salió relativamente bien parado en comparación con Sun Dawu, que fue encarcelado durante dieciocho años aparentemente por una disputa territorial con el Estado. El capital privado es extremadamente poderoso en China, pero no es soberano y no está en condiciones de desafiar la soberanía del partido-Estado.

La economía construida a través de ese control del partido-Estado sigue haciendo las delicias de la prensa económica: casi supera a Estados Unidos en investigación y desarrollo, avances en baterías, energías renovables, robótica, combustibles alternativos y productos farmacéuticos. Básicamente, China está tomando la delantera en las industrias del futuro. Mientras Estados Unidos se obsesiona con la IA, las inversiones de China están mucho más diversificadas. Mientras Estados Unidos dificulta la vida a los estudiantes chinos, China les da una calurosa bienvenida: una fuga de cerebros inversa. Nada de esto contradice los graves desequilibrios de la economía china, la acumulación de deuda, los probables problemas del envejecimiento de la sociedad y el descenso de la productividad, la enorme duplicación y el desperdicio de recursos, o la posibilidad muy real de una crisis incontrolable que suponga un peligro político existencial para el PCCh. El intento de estimular un crecimiento fantasma con préstamos fantasma muestra cómo el control del partido-Estado puede, como se suele decir, agudizar las contradicciones. Y, sin embargo, tampoco se trata solo de un despotismo irracional. Como digo, la fanfarronada de Xi de que el liderazgo del partido lo es «todo» tiene, si se cree en el capitalismo, un pequeño punto muy discutible, pero muy palpable.

V.

Así que estaba diciendo algo sobre Trump y su nueva Estrategia de Seguridad Nacional. En abril, los aranceles del «Día de la Liberación» se declararon como un marco de influencia generalizado. Como instrumento coercitivo, los aranceles castigaban a otros países por tener superávit comercial con Estados Unidos, probablemente con el fin de obtener diversas concesiones no comerciales. Como instrumento fiscal, gravaban a los consumidores estadounidenses para financiar objetivos fiscales y apoyar recortes de impuestos sobre el patrimonio, los beneficios y los ingresos. Pero el supuesto objetivo a largo plazo era reestructurar el comercio y las finanzas y forzar la relocalización de la industria manufacturera.

La amenaza de aranceles superiores al cien por cien a China, con una desconexión espectacularmente destructiva de las dos mayores economías comerciales, se suponía que iba a ser la palanca de esa reestructuración. En lugar de llevar a cabo una desconexión total, parece que la administración Trump tenía la intención de utilizar los aranceles en un proceso de negociación diseñado para obligar a China a reajustar la integración entre las dos economías, dejando que su moneda se apreciara, pagando una compensación u ofreciendo otras concesiones no comerciales. Así, en términos generales, es la interpretación de Stephen Miran sobre el asunto. Si esa era la estrategia, no funcionó. Las concesiones de China fueron menores y recíprocas. Suspendió el control de las exportaciones de tierras raras a cambio de que Estados Unidos suspendiera sus propias normas recientes sobre licencias de exportación. A cambio de que Trump suspendiera las tasas portuarias a los buques chinos, China renunció a sus contramedidas contra los buques estadounidenses. Los ajustes arancelarios y la cooperación en cuestiones como el fentanilo, TikTok y el comercio agrícola también fueron mutuos. La imposición de una crisis existencial tuvo escasos beneficios. En pocas palabras, fue una importante retirada de Trump, una derrota que reforzó la posición global de China. ¿Por qué?

Una razón obvia es que China podía soportar más fácilmente los costes de la desconexión que Estados Unidos, precisamente porque no depende de las exportaciones a Estados Unidos y ahora es una economía compleja y de alta tecnología con un mercado interno desarrollado. Las exportaciones de China a Estados Unidos, como admite con pesar la NSS, ahora representan «algo más del 2 % de su PIB». Otra razón es que, en la medida en que sigue siendo una economía muy dependiente de las exportaciones, ahora cuenta con vastos mercados más allá de Estados Unidos. Como dice la NSS con desesperación y admiración: «Las exportaciones de China a los países de bajos ingresos son hoy casi cuatro veces superiores a sus exportaciones a Estados Unidos». Sin embargo, la NSS sigue hablando de políticas comerciales diseñadas para «reequilibrar la economía china hacia el consumo doméstico», lo que nos lleva a pensar en expresiones como «cerrar la puerta del establo» o «tarde demasiado». También habla de la posibilidad de elaborar algún día una especie de «plan conjunto para el llamado “Sur Global”» para contrarrestar la ventaja comercial de China, aunque deja esa perspectiva tentadoramente vaga. De hecho, aunque el documento tiene razón en cuanto a los recursos económicos que Estados Unidos puede movilizar para ese fin, Estados Unidos simplemente no tiene los recursos políticos para orquestar un plan de ese tipo. Así pues, la guerra comercial es inútil, la guerra comercial se está perdiendo y la batalla por el control de las tecnologías y los combustibles del futuro (aparte de la IA) se ha cedido de antemano, lo que deja a Estados Unidos con la ventaja militar, siempre y cuando China no explote su capacidad industrial y militar, mucho mayor. Y la NSS habla debidamente de «disuasión» en el Indo-Pacífico, aunque Estados Unidos también reconoce tácitamente la primacía china en ciertos corredores marítimos.

Curiosamente, una versión larga secreta del documento propone un resultado diferente. Afirma abiertamente que la «hegemonía» ha fracasado y que siempre fue «algo erróneo». Según dice, Estados Unidos no debería intentar gobernar el mundo. Lo que no se dice, pero se entiende claramente, es que la hegemonía es una trampa liberal que debilita a Estados Unidos. Para ser justos, esto no es más que una versión de lo que los «realistas» de la Administración Trump han dicho abiertamente, y la eliminación de programas como USAID forma parte de esa lógica. A continuación, se habla de reestructurar el liderazgo mundial con una nueva organización llamada «Core 5», basada en las potencias continentales: Estados Unidos, Rusia, China, India y Japón. No creo que sea una casualidad que esto excluya a la Unión Europea, o que la administración se centre en apoyar a la extrema derecha nativista contra la clase política europea, o que Trump esté mostrando su disposición a romper la alianza de la OTAN mediante la anexión de Groenlandia.

Tácitamente, el mundo se dividiría en esferas de influencia: Estados Unidos en su «hemisferio», Rusia en Eurasia, China en el Indo-Pacífico. Esto no se explica formalmente como un objetivo estratégico, pero la retirada de la hegemonía global es real, al igual que la retirada hemisférica de Estados Unidos bajo la rúbrica de la «Doctrina Donroe».

Permítanme concluir poniendo esto en contexto. La hegemonía, en las relaciones internacionales, no tiene que ver con el «poder blando». Es una interpretación errónea de Gramsci considerar que la hegemonía opera únicamente a través de la producción de consentimiento. Los mecanismos del derecho, los incentivos materiales, las garantías de seguridad y las interpelaciones ideológicas siempre están inscritos en la violencia. El consentimiento y la coacción, según Poulantzas, son co-constitutivos. La hegemonía estadounidense desde 1945 ha consistido en la gestión geopolítica del desarrollo desigual y combinado, en este caso, a través de la globalización del Estado y el capital, las infraestructuras, los métodos de producción y las cadenas de valor y las normas estadounidenses. Estados Unidos ha sido patrocinador, garante y ejecutor de un orden basado en normas al que no estaba sujeto de la misma manera que otros Estados, pero que confiere cierta previsibilidad al sistema. En el núcleo de ese sistema, dotándolo de fuerza material, se ha encontrado la alianza euroamericana, consolidada no solo a través de la OTAN, sino también a través de los esfuerzos estadounidenses por impregnar a los Estados aliados (políticamente subordinados) con sus imperativos, promover bloques de poder atlantistas y organizar incentivos materiales para que acojan e incluso exijan el «liderazgo» estadounidense . Esa alianza ha sido la columna vertebral de un orden basado en instituciones multilaterales y en la aplicación de la violencia hacia las naciones consideradas una amenaza para ese orden. Esto, la globalización del capitalismo estadounidense, va mucho más allá del marco neoliberal.

Ese orden lleva tiempo en decadencia, y Trump no es el primero en reconocerlo. Sin embargo, la administración Biden todavía creía que podía evitar el colapso mientras reestructuraba el capital estadounidense para otros cien años de dominio en un acuerdo posneoliberal: de eso se trataba el discurso sobre un «punto de inflexión» en la NSS 2022. Seguía favoreciendo las alianzas fundamentales (OTAN, AUKUS, el Quad, etc.) detrás del dominio global en lugar de las áreas geográficas de dominio. Seguía favoreciendo el lenguaje de las normas globales, el Estado de derecho, etc. Y, en última instancia, aunque su política arancelaria era una continuación y radicalización de los aranceles del primer mandato de Trump, su intención era utilizar los aranceles y otras herramientas políticas para seguir siendo la potencia global preeminente frente a «potencias revisionistas» como Rusia y China.

Lo que la administración Trump parece estar contemplando ahora no es solo el repudio del multilateralismo, el «estado de derecho» y una esfera de influencia global, sino una ofensiva contra las mismas alianzas que sustentaban la hegemonía global. Sin duda, como sospechan algunos analistas chinos, lo ven como algo parecido a una reducción de plantilla en una empresa, recortando las inversiones deficitarias y resurgiendo como una potencia agresiva y dominante. Pero no racionalicemos esto. La ruptura con Europa, la obsesión por las fronteras y el dominio étnico, el anhelo por Groenlandia, el recorte de la financiación para la investigación científica, la demolición de la salud de la población trabajadora, el ataque a la propia base productiva de Estados Unidos mediante el recorte de la inversión en tecnologías renovables... Todo esto es profundamente ideológico y contraproducente. Es, quizás, la verdad última del síndrome de China, a saber, que la fascinante hostilidad hacia China fue siempre, en parte, la expresión de un profundo desprecio hacia sí mismo y una voluntad de autodestrucción.

Richard Seymour  es autor de varios libros, entre ellos Corbyn: The Strange Rebirth of Radical Politics (Verso, 2016). Su último libro, The Twittering Machine (Indigo Press, 2019), es un ataque muy bien recibido por la crítica a la industria social: Twitter, Facebook, YouTube y los efectos políticos y culturales de la captura capitalista de la vida social. Además, es editor fundador de la revista Salvage. Escribe principalmente comentarios políticos marxistas.

De la derrota, crear primavera

Ante el primer paso expansionista de Donald Trump

Carlos Fazio desde México 
Semanario Brecha de Montevideo, 9 enero, 2026

El mundo en el que nos despertamos el 3 de enero es diferente y más peligroso. Donald Trump se quitó la máscara de hipocresía con que actuaban sus antecesores en la Casa Blanca y, sin una declaración de guerra previa contra Venezuela, con una escalada militar vertiginosa, contundente y exitosa inauguró 2026. La agresión criminal y el secuestro del presidente en ejercicio Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores −ahora convertidos en rehenes−, fueron una acción imperialista pura y dura que enterró de facto al derecho internacional.

Las normas establecidas desde los tratados de Westfalia en 1648 hasta la paz de Yalta, el sistema de Naciones Unidas, los Convenios de Ginebra de 1949, la multilateralidad, la idea misma de la globalización y la propia Constitución de Estados Unidos saltaron por los aires. Hoy solo vuelve a regir la ley del más fuerte: la fuerza bruta. Y parece un proceso irreversible. El presidente de Estados Unidos dijo que quería comportarse como un dictador y lo está haciendo. Ya no solo habla y blufea. También actúa, fanfarronea y se burla. El lunes, el Departamento de Estado subió a sus redes sociales un cartel con una imagen del republicano y una elocuente inscripción en ruso: «No jueguen con Trump». El magnate también dijo que, si el general Dan Caine, que coordinó el ataque a Venezuela, hubiera estado en Moscú, la «operación especial» rusa en Ucrania habría terminado en un día. La ironía no debió caer bien en el Kremlin. Y no es un problema de ideologías.

La Estrategia de Seguridad Nacional 2025 −difundida en noviembre pasado, pero puesta en práctica desde que Trump asumió su segundo mandato, el 20 de enero pasado− es una declaración de intenciones para crear un imperio estadounidense desde Groenlandia hasta la Patagonia. Trump ha repetido que el continente americano le pertenece a Estados Unidos y que solo Washington determinará quién y qué se hace en él. Proclamó la renovación de la doctrina Monroe y dijo que se debe expulsar «adversarios» y «competidores» de las Américas. El mensaje a China y Rusia es inequívoco. Pero también a Brasil, México, Colombia y Cuba, además de Groenlandia. Trump afirma que someterá a todos y disparará sin previo aviso cuando quiera.

El artero ataque a Venezuela marca un primer paso expansionista. Trump dijo que quería el petróleo de Venezuela y «otros recursos» críticos geoestratégicos (tierras raras, litio, agua, etcétera). Y no hay memoria de un deseo imperial tan sinceramente público. Ahora, el brutalismo trumpiano está dando los pasos para la consecución de esos fines. Porque nunca fueron la democracia, los derechos humanos ni el narcotráfico; esas siempre fueron matrices utilizadas como arma de guerra para el manejo mediático-propagandístico de las guerras del imperio.

Y hay un nuevo elemento peligroso: las armas nucleares han dejado de ser un factor disuasorio. El año pasado, junto con Israel, Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares en Irán y decapitó generales y científicos, y los ucranianos dirigidos por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) atacaron la tríada nuclear en el territorio profundo de Rusia. Ya no hay reglas ni tampoco inviolabilidad de presidentes en funciones.

Según declaró el lunes 5 a CNN el supremacista coordinador de gabinete de la Casa Blanca Stephen Miller, el futuro del «mundo libre» depende de Washington. Dijo: «Estamos al mando [de Venezuela] porque tenemos a las Fuerzas Armadas estacionadas afuera del país. [Durante la transición] fijamos las condiciones. Tenemos un embargo completo sobre su petróleo [y] para que puedan comerciar necesitan nuestro permiso […]. Somos una superpotencia y bajo el presidente Trump nos conduciremos como una superpotencia. Es absurdo que permitamos que un país de nuestro patio trasero se convierta en proveedor de recursos a nuestros adversarios […]. Vamos a hacer valer nuestros intereses sin disculpas».

Las bravatas de Miller indican que Trump quiere imponer un estilo de «negocios» abiertamente imperialista y neocolonial. Un pretendido tutelaje regido por una nueva fase de máxima presión sobre el gobierno venezolano, que, por necesidad y desesperación ante la creciente desdolarización del mercado energético impulsado por China y Rusia en el llamado Sur global, necesita intensificar la «cuarentena» sobre el tránsito de hidrocarburo en el Caribe hacia países considerados enemigos y revertir la política de bloqueo sistemático que construyó Trump durante su primer mandato. En su afán de detener el declive de su hegemonía ante el avance de China, el petróleo como botín de guerra.

LOS HECHOS

El mismo día del ataque, el New York Times difundió un reportaje sobre el desarrollo de la Operación Resolución Absoluta para secuestrar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con algunos datos informativos que no figuraban en el show mediático protagonizado durante la mañana del 3 de enero por Trump, los secretarios de Estado y de Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente, el jefe de las Fuerzas Armadas, Dan Caine, y el director de la CIA, John Ratcliffe. Allí ofrecieron detalles sobre la planificación de la agresión.

El reportaje del Times daba cuenta de la infiltración de un equipo clandestino de la CIA en Venezuela desde agosto pasado para recopilar información sobre los movimientos diarios de Maduro, combinada con una «fuente humana cercana» al mandatario y una flota de drones furtivos que volaban sobre él, que permitió a la agencia trazar un mapa con detalles minuciosos sobre sus rutinas. Esa información fue decisiva para la incursión del amanecer del sábado 3 por comandos de élite de la Fuerza Delta (Delta Force) del ejército, que fueron conducidos a su objetivo −en la base militar más fortificada de Venezuela− por una unidad de élite del 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales (Night Stalkers). Mientras en una sala dentro de Mar-a-Lago, en Florida, Trump y sus principales ayudantes veían cómo se desarrollaba el asalto en tiempo real, los comandos SEAL (de tierra, mar y aire, reputados como asesinos profesionales) capturaban y secuestraban a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, trasladándolos al USS Iwo Jima, un buque de guerra estacionado en el Caribe a unos 160 quilómetros de la costa de Venezuela. Luego ambos fueron llevados a la base naval de Guantánamo, donde el FBI tenía un Boeing 757 esperando para conducirlos a un aeropuerto controlado por militares al norte de Manhattan.

Previo a la entrada de los helicópteros de la Fuerza Delta, dos aviones EC-130H Compass Call de la Fuerza Aérea, especiales para la guerra electromagnética, enviaron ondas de energía no cinética que cegaron los sistemas antiaéreos rusos, los radares y las torres de comunicación en la zona de El Volcán, en Caracas. La generación de una densa niebla informacional permitió crear un corredor aéreo seguro y mantener el elemento de sorpresa táctica, para pasar de la fase aérea de neutralización masiva a la de ataques de decapitación del sistema nervioso central de las Fuerzas Armadas venezolanas: un F-35 con un misil destruyó una de las antenas principales y detrás entraron los F-18 a bombardear puntos militares estratégicos, entre ellos Fuerte Tiuna, corazón del poder militar, y la base aérea de La Carlota, haciendo colapsar al mando central venezolano. También fueron alcanzados el puerto de La Guaira y el aeropuerto de Higuerote.

Luis Quiñonez, que se identificó como exasesor de Trump, dijo a los medios que Estados Unidos tenía identificados 412 puntos de importancia para destruir, pero solo se atacaron 16. También aseguró que hubo «un tiroteo enorme», que pudo ser neutralizado rápidamente con los helicópteros de ataque con una fuerza abrumadora. Trump reportó media docena de soldados estadounidenses heridos, pero según el investigador venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein, varios resultaron muertos y se está ocultando a la opinión pública por razones políticas. Del lado venezolano fueron eliminados en combate o a consecuencia de los bombardeos medio centenar de efectivos, 19 del Batallón de Honor Presidencial, además de 32 cubanos internacionalistas que se encontraban cumpliendo tareas de protección y defensa institucional. Según un análisis técnico-militar de la operación que involucró a más de 150 aeronaves de Estados Unidos y fuerzas especiales (Delta Force y Night Stalkers), la defensa venezolana registró fallos críticos en cuatro pilares fundamentales: la inteligencia, el mando y control, la defensa antiaérea y la seguridad presidencial. La cronología del Pentágono revela que la operación fue la culminación de meses de planificación y de un exhaustivo trabajo de inteligencia. Parece innegable que estaban localizados los sistemas de defensa antiaérea venezolanos, los aviones, los helicópteros. También, que hubo una penetración humana al más alto nivel, lo que sugiere una «entrega» o «venta» de información (ergo, una traición) desde el círculo más íntimo de Maduro. Sin esa premisa, la inserción de tropas por aire en Caracas era una misión casi imposible. La contrainteligencia tampoco pudo detectar y neutralizar el espionaje electrónico y el seguimiento físico del presidente. Aunque no está confirmado, algunos reportes indican que los cazas Su-30MK2, el principal vector de superioridad aérea, fueron destruidos en tierra. También fue vulnerado el anillo de seguridad personal de Maduro: aunque efectivos de la Guardia de Honor Presidencial y los internacionalistas cubanos combatieron, se quedaron sin apoyo y el resultado final fue el secuestro de Maduro, un objetivo de alto valor.

(No parece un dato casual que Maduro fuera secuestrado un 3 de enero, el mismo día que, después de estar refugiado desde el 20 de diciembre de 1989 en la sede diplomática del Vaticano en Panamá, el nuncio Sebastián Laboa entregó en la base Howard del Comando Sur al general Manuel Noriega y que Trump ordenara el asesinato, en 2020, del alto mando iraní Qasem Soleimani, en Irak.)

A partir de un avasallamiento tecnológico-militar de última generación y una operación aérea de saturación tipo enjambre, Trump infligió una derrota táctica a la revolución bolivariana, pero no logró un cambio de régimen ni de gobierno, ni descabezar al Estado nacional. No hubo un vacío de poder. El alto mando político y militar no se fracturó y en menos de 48 horas la respuesta fue institucional.

Desde la mañana del 3 de enero Trump y su círculo áulico habían iniciado una nueva fase de la disputa narrativa por la cual se ha ido construyendo la imagen de Hugo Chávez y Maduro como «dictadores» y presentando a Venezuela como un Estado fallido y/o un narco-Estado. Maduro fue señalado, por ejemplo, como jefe del inexistente cártel de los Soles, mientras se construía un discurso tecnocrático de la invasión (dijeron: «Fuimos quirúrgicos»), y como parte de la guerra psicológica comenzaron a jugar la carta de la división para generar caos y desestabilización.

Para las mayorías pasó desapercibido que como pocas veces antes, en su conferencia de prensa, Trump leyó lo que dijo. Igual el secretario de Estado Rubio y el general Caine. No se podían salir del libreto. La última carta de la CIA y el Pentágono es jugar a la división interna; introducir la duda sobre la supuesta traición de Delcy Rodríguez («Estamos hablando con la vicepresidenta y la tenemos bajo control» apareció como nueva matriz de opinión). Sin embargo, quienes la conocen no dudan de su lealtad al proceso. De allí que ahora, con una mujer al mando y el pueblo movilizado, la derrota táctica podría convertirse en una victoria estratégica y moral en el marco de una nueva fase de la confrontación entre la doctrina Monroe y el bolivarianismo.

El lunes 5 se produjo una virtual sincronía histórica: después de quedar instalada la Asamblea Nacional el día que señala la Constitución venezolana, Delcy Rodríguez se juramentaba ante los legisladores y el cuerpo diplomático como encargada temporal de la presidencia; el embajador Samuel Moncada denunciaba ante el Consejo de Seguridad de la ONU la agresión imperialista y el secuestro del presidente, y Maduro, a quien Trump pretendía presentar como un trofeo de guerra, desbarataba el show mediático al declarar ante un tribunal federal en Nueva York: «Soy no culpable y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Fui secuestrado en mi casa, me considero un prisionero de guerra y me acojo a la Convención de Viena».

El miércoles 7, la presidenta Delcy Rodríguez destituyó al general Javier Marcano Tábata, quien se desempeñaba como comandante del regimiento Guardia de Honor Presidencial y director general de Inteligencia Militar, el órgano especializado en operaciones antiterroristas y de contraespionaje. Marcano fue sustituido por el general Gustavo González López. Según un despacho difundido por Venevisión hacia la medianoche del martes 6, Marcano habría sido arrestado por la «entrega» de Maduro. Se lo acusa de haber desactivado los protocolos de defensa aérea en el Fuerte Tiuna; mantenido información cifrada con la CIA semanas antes del 3 de enero y entregado las coordenadas exactas donde permanecía Maduro, así como los puntos ciegos del anillo de seguridad cubano-venezolano del mandatario, y facilitado la «ruta de extracción» de los comandos Delta del Pentágono que lo secuestraron. Sería la «fuente humana» con que contaba la CIA. Según Venevisión, también se habrían registrado detenciones de oficiales de inteligencia y contrainteligencia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar que respondían a Marcano.

Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela

 "SALA CONSTITUCIONAL

PONENCIA CONJUNTA:

Vista la agresión militar extranjera suscitada el 3 de enero de 2026, de la cual fue objeto la República Bolivariana de Venezuela y que tuvo por objeto el secuestro del Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la potestad interpretativa que le confiere el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), estima necesario efectuar una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 234 y 239 de la CRBV, a los fines de determinar el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación, ante la ausencia forzosa del Presidente de la República, a la luz de la situación excepcional generada por el secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República, lo cual configura un supuesto de imposibilidad material y temporal para el ejercicio de sus funciones.

En virtud de lo anterior, y en cumplimiento de la atribución conferida por el artículo 335 de la CRBV como máximo y último intérprete de la Constitución, así como del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala fundamenta su competencia y procede de oficio a interpretar los preceptos constitucionales aplicables, con el fin de aclarar y disipar cualquier incertidumbre jurídica, con el objeto de establecer la hoja de ruta para la preservación del orden constitucional, en este momento trascendental del país.

Esta máxima interprete constitucional aprecia que este hecho, público y notorio, acaecido el 3 de enero de 2026, configura una situación excepcional, atípica y de fuerza mayor no prevista literalmente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, generando una situación que requiere certeza constitucional debido a la máxima gravedad que amenaza la estabilidad del Estado, la seguridad de la Nación y la efectividad del ordenamiento jurídico.

Es por ello que, esta Sala ha considerado indispensable dictar, en el marco de una actuación cautelar urgente y preventiva, una medida de protección para garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación, sin que ello implique decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial (temporal o absoluta), ni sustituir las competencias de otros órganos del Estado para realizar dicha calificación en procedimientos posteriores.

Por lo expuesto precedentemente, esta Sala estima existen elementos que indican la configuración de una situación de imposibilidad del Presidente, contemplada genéricamente en el artículo 234 de la CRBV, y estima igualmente que a esta Sala que la Constitución en su artículo 239.6 atribuye al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva la función de suplir las faltas temporales del Presidente. En el estado actual de urgencia manifiesta y amenaza cierta, resulta imperativo, necesario y proporcionado disponer cautelarmente que dicha función se ejerza de inmediato, a modo de facilitar la preservación de los intereses de la Nación frente a la agresión extranjera que actualmente enfrenta.

DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECIDE:

PRIMERO: Se declara Competente conocer de oficio, o ejercer su función de Interpretación Constitucional de Oficio, de los artículos 234 y 239 de la CRBV, a los fines de determinar el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad del Estado, la gestión de gobierno y la defensa de la soberanía ante la ausencia forzosa del Presidente de la República todo ello conforme a los artículos 266.1, 335 y 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

SEGUNDO: Se ORDENA que la ciudadana DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ, Vicepresidenta Ejecutiva de la República, ASUMA Y EJERZA en condición de ENCARGADA todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la Nación.

TERCERO: Se ordena notificar de inmediato a la ciudadana Vicepresidenta Ejecutiva, al Consejo de Defensa de la Nación, al Alto Mando Militar y a la Asamblea Nacional.

Notifíquese y Cúmplase de forma inmediata.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 03 días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026). Años: 214º de la Independencia y 165º de la Federación.

La Presidenta,

TANIA D´AMELIO CARDIET

La Vicepresidenta,

LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

Los Magistrados,

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET

JANETTE TRINIDAD CÓRDOVA CASTRO

El Secretario,

CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE

EXP. N° 25-001

TDC/".

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

 COMUNICADO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidosde América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas.
 
El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación. No lo lograrán. Tras más de doscientos años de independencia, el pueblo y su Gobierno legítimo se mantienen firmes en defensa de la soberanía y del derecho inalienable de decidir su destino. El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un "cambio de régimen", en alianza con la oligarquía fascista fracasará como todos los intentos anteriores.
 
Desde 1811, Venezuela ha enfrentado y vencido imperios. Cuando en 1902 potencias extranjeras bombardearon nuestras costas, el Presidente Cipriano Castro proclamó: "La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la Patria." Hoy, con la moral de Bolívar, Miranda y nuestros libertadores, el pueblo venezolano se alza nuevamente para defender su independencia ante la agresión imperial.
Pueblo a la calle
 
El Gobierno Bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista. El pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión popular-militar-policial, se encuentran desplegados para garantizar la soberanía y la paz. Simultáneamente, la Diplomacia Bolivariana de Paz elevará las correspondientes denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el Secretario General de dicha organización, la CELAC y el MNOAL, exigiendo la condena y rendición de cuentas del Gobierno estadounidense.
 
El Presidente Nicolás Maduro ha dispuesto todos los planes de defensa nacional para ser implementados en el momento y circunstancias adecuadas, en estricto apego a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.
 
En este sentido, el Presidente Nicolás Maduro ha firmado y ordenando la implementación del Decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada. Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista
 
Del mismo modo ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país.
 
En estricto apego al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, Venezuela se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su independencia. Convocamos a los pueblos y gobiernos de América Latina, el Caribe y el mundo a movilizarse en solidaridad activa frente a esta agresión imperial.
 
Como señaló el Comandante Supremo Hugo Chávez Frías “ante cualquier circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas…es unidad, lucha, batalla y victoria”.
 
Caracas, 3 de enero de 2026