México perdió en panel del T-MEC sobre maíz transgénico

El panel del T-MEC sobre maíz transgénico falló contra México en la disputa que abrió Estados Unidos, luego de que el gobierno del presidente López Obrador publicó un decreto para prohibir el consumo humano de ese grano modificado genéticamente, y con ello proteger el principal reservorio de ese alimento.

Constituido conforme al capítulo 31 (solución de controversias) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el panel resolvió que algunos elementos del Decreto sobre el glifosato y maíz genéticamente modificado –publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 2023– no pueden aplicarse “al no estar basadas en una evaluación de riesgo adecuada, evidencia científica y en normas internacionales relevantes”.

De acuerdo con el Informe Final sobre el caso México–medidas relacionadas con el maíz genéticamente modificado (MEX-USA-2023-31-01), el panel determinó que las medidas aplicadas por México para la prohibición del consumo humano del maíz transgénico son de carácter sanitario y fitosanitario, en el sentido del Artículo 9.2 del T-MEC, y que las medidas son incompatibles con las siguientes disposiciones del T-MEC:

“a. El Artículo 9.6.3, porque las medidas no se basan en normas, directrices o recomendaciones internacionales relevantes, ni en una evaluación adecuada a las circunstancias del riesgo para la vida o la salud de las personas, los animales o la preservación de los vegetales;

“b. el Artículo 9.6.8, porque México no realizó una evaluación del riesgo tomando en cuenta las normas, directrices y recomendaciones internacionales relevantes de las organizaciones internacionales relevantes;

“c. el Artículo 9.6.7, porque México no llevó a cabo una evaluación del riesgo ni un manejo del riesgo con respecto a las Medidas de manera documentada y brindando a las demás Partes del T-MEC la oportunidad de comentar;

“d. el Artículo 9.6.6(b), porque las medidas no se basan en principios científicos pertinentes;

“e. el Artículo 9.6.6(a), porque las medidas no se aplican sólo en la medida necesaria para proteger la vida o la salud de las personas, los animales o preservar los vegetales;

“f. el Artículo 9.6.10, porque México no seleccionó medidas SFS [sanitarias y fitosanitarias] que no entrañen un grado de restricción del comercio mayor del requerido para lograr el nivel de protección que consideró adecuado; y

“g. el Artículo 2.11, porque México adoptó o mantiene una prohibición o restricción a la importación de un bien de otra Parte.”

Además, el panel se pronunció acerca de la defensa que esgrimió nuestro país para mantener la prohibición del maíz transgénico. Al respecto, los expertos fallaron que:

“a. las medidas no están amparadas por las excepciones previstas en el Artículo XX(a) y (g) del GATT de 1994 y, en consecuencia, no están justificadas de conformidad con el Artículo 32.1.1 del T-MEC; y

“b. las medidas no están justificadas conforme al Artículo 32.5 del T-MEC.”

Por ello, el panel recomendó que “México ponga sus medidas en conformidad con sus obligaciones en el marco del T-MEC en virtud de los Capítulos 2 y 9 del T-MEC. El panel acepta que México está tratando de abordarpreocupaciones genuinas de buena fe, y sugiere que dichaspreocupaciones podrían canalizarse a través de un proceso adecuado de evaluación del riesgo, medidas basadas en principios científicos y un diálogo entre todas las Partes del T-MEC para facilitar un camino constructivo hacia adelante”.

Al respecto, las secretarías de Economía y de Agricultura manifestaron, en un comunicado conjunto, que “el gobierno de México no comparte la determinación del panel, pues considera que las medidas cuestionadas están alineadas con los principios de protección a la salud pública y los derechos de los pueblos indígenas, establecidos en la legislación nacional y en los tratados internacionales de los que es Parte. A pesar de ello, el gobierno de México respetará la determinación, ya que el sistema de solución de controversias del T-MEC es una pieza clave de dicho tratado, como quedó demostrado en el caso sobre Reglas de Origen del sector automotriz que resultó favorable para México”.

Además, reiteró “su compromiso de proteger valores fundamentales como la salud, la moral pública, la conservación de los recursos naturales, la cultura de la población mexicana y los derechos de los pueblos indígenas, los cuales fueron reconocidos por el Panel como preocupaciones legítimas. México, a través de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y sus demás dependencias, seguirá buscando reivindicar los derechos de todos los mexicanos y mexicanas, de conformidad con las obligaciones internacionales que ha adquirido”.

Por su parte, el gobierno estadunidense celebró el fallo. La representante Comercial del vecino país, Katherine Tai, anunció el triunfo en su disputa bajo el T-MEC, que impugna ciertas medidas biotecnológicas mexicanas relacionadas con el maíz genéticamente modificado. Al respecto, expuso que el panel del T-MEC estuvo de acuerdo con Estados Unidos en las siete reclamaciones legales, y concluyó que las medidas de México no se basan en la ciencia y socavan el acceso al mercado que México acordó proporcionar en el T-MEC.

“La decisión del panel reafirma las preocupaciones de larga data de Estados Unidos sobre las políticas biotecnológicas de México y su impacto perjudicial en las exportaciones agrícolas estadounidenses”, dijo Katherine Tai.

México no necesita maíz transgénico: es un peligro para las variedades nativas

Darren García


El maíz transgénico amenaza la biodiversidad mexicana por su potencial de contaminar las variedades nativas con genes que no les corresponden por naturaleza. Además, afecta la cultura y las tradiciones alrededor de este cultivo. Consultadas por Contralínea, científicas y activistas coinciden en que no es necesario que el país corra el riesgo, por lo que se pronuncian a favor de prohibir los organismos genéticamente modificados

Las 64 razas de maíz que se cultivan en México, de las cuales 59 son nativas, se verían amenazadas de permitirse la siembra de maíz transgénico. La batalla, en tribunales desde hace más de una década, se libra entre campesinos, sociedad y académicos contra una voraz industria que busca el control alimentario mexicano.

Una vez que el maíz transgénico se libera al ambiente, se va a cruzar con otros tipos a través del polen, lo que “podría afectar a nuestras variedades nativas de maíz”, y provocaría “que se fueran perdiendo algunas que tuvieran estos genes que no le corresponden”, advierte Michelle Esther Chauvet Sánchez Pruneda, investigadora de Biotecnología y economía agrícola por la UAM Azcapotzalco.

Éste potencial riesgo fue uno de los motivos por los que una de las iniciativas que, el pasado 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso para reformar el artículo 4 de la Constitución, en la cual se define al maíz como un “alimento básico y elemento de identidad nacional destinado al consumo humano, [que] debe ser libre de modificaciones genéticas, como las transgénicas. [Por tanto, México] se declara libre de cultivos de maíz genéticamente modificado. [Y] debe priorizarse su manejo ecológico”.

Capital del maíz en riesgo

“El maíz es de polinización abierta”, explica a Contralínea la también doctora en economía por la UNAM, Michelle Chauvet. “Esto quiere decir que una mazorca de maíz se cruza con otra por el viento. En realidad, es un intercambio de polen entre las plantas”, a lo que se conoce como flujo génico; de tal manera que un maíz puede contaminarse con genes que no le corresponden por naturaleza y perder su carácter nativo, con afectación directa a la biodiversidad mexicana de cultivos.

Una de las perspectivas en pro de este tipo de maíz es que “promete ser una tecnología que puede resolver fuertes problemas en la producción de este cultivo, que se exprese en incrementos de productividad y resistencia a plagas”. Sin embargo, añade una publicación de la Revista argumentos ­–de la UAM Xochimilco­­­–, esto presenta un gran desafío para países “que poseen una gran riqueza biológica y una larga tradición cultural en el cultivo del grano, como es el caso de México”.

Diversas investigaciones a nivel internacional coinciden en que el maíz (Zea mays) surgió en México hace 8 mil o 10 mil años. “Este cultivo se originó mediante el proceso de domesticación que llevaron a cabo los antiguos habitantes de Mesoamérica a partir de los ‘teocintles’”, pariente del maíz, cuenta la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad en su página web. “México es el centro de origen del maíz. Aquí se concentra, muy probablemente, la mayor diversidad de maíz del mundo”.

El grano de maíz “es el principal grano cultivado en México” y “se cultiva en todas las entidades del país”, enuncia la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en el Panorama agroalimentario 2023. En cuatro de las cinco regiones mexicanas es el cultivo dominante. Sólo el sur-sureste tiene otro: la caña.

La centro-occidente fue la región que más maíz produjo en 2022, con 8.46 millones de toneladas (Mt). Por su parte, Sinaloa contribuyó con el 20.8 por ciento del valor total nacional de maíz, con 5.2 millones de toneladas, seguido de Jalisco (3.9 Mt) y Michoacán (2.09 Mt).

Tan sólo en 2020, la población mexicana consumió 19 millones 35 mil toneladas de maíz. Para el “ciclo de mercado 2022/2023”, aumentó en más de 200 mil toneladas, según la “Balanza disponibilidad-consumo” del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de noviembre de 2023. Además, México tiene un consumo anual per cápita de 196.4 kilogramos, sintetiza la Revista mexicana de ciencias agrícolas, en un artículo de marzo de 2023.

Derechos en contra de los agricultores

Otro tipo de tecnologías en la agricultura se dieron a través de químicos sintéticos –como fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y maquinaria– a partir de la llamada revolución verde, surgida en la década de 1940, cuando se pensaba que la crisis alimentaria era por “la escasa producción de alimentos” y, para solucionarlo, se llevó a cabo “el aumento de la productividad mediante el desarrollo tecnológico en la industria agrícola, narra un artículo de la revista Veredas de la UNAM.

Luego de los químicos, llegaron los organismos genéticamente modificados (OGM) –o transgénicos–, resistentes a plagas y herbicidas. A esto se le conoce ‘tecnologías como forma de poder’. “En gran parte tiene que ver con un desarrollo de las tecnologías de punta y más específicamente hablando de la biotecnología moderna, […] desde la primera liberación de un organismo genéticamente modificado en la década” de 1990, dice Arcelia González Merino, doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM.

A pesar de que González Merino no niega que la innovación pueda ayudar, acusa que la agroindustria va “en detrimento de posibles beneficios no solo de pequeños productores, campesinos, sino toda la sociedad en general”, pues se priorizan las ganancias. De igual manera, la innovación “generalmente va asociada a la figura de la patente o derechos de obtentor”, dice a Contralínea la doctora González Merino.

La persona obtentora es aquella “física o moral que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado, una variedad vegetal de cualquier género y especie”, define así la Ley Federal de Variedades Vegetales, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de octubre de 1996, en el gobierno del priísta Ernesto Zedillo.

Esta ley surgió en el marco de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV, por su sigla en inglés), organización intergubernamental creada en 1961 con el fin de “proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales, con miras al desarrollo de nuevas variedades vegetales para beneficio de la sociedad”, pronuncian en su página web. Actualmente hay 79 miembros, de los cuales México es uno de ellos desde agosto de 1997.

La persona obtentora tiene el derecho de “aprovechar y explotar […] una variedad y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales” por sí mismo o de terceros, con una duración de 15 a 18 años según la especie, siempre y cuando sea nueva, distinta en sus caracteres, estable después de reproducirse y homogénea, contempla el documento mexicano. Además, no se requiere el permiso del obtentor para uso de otras personas en investigación, autoconsumo o beneficio propio.

De UPOV hay dos figuras, la de 1978 y 1991. México se encuentra en la primera, aunque “hay ahorita presión para que se adscriba a un sistema de protección más riguroso [el segundo] y que, pues hay problemas justo para los campesinos”, menciona la doctora Arcelia González. En esta nueva extiende el plazo de los derechos de obtentor de 20 a 25 años. “Evidentemente en 20 años ellos ya tienen otra innovación, entonces nunca los alcanzamos”, critica la investigadora.

A partir de esto, se atenta contra la tradición campesina de intercambiar semillas con otras personas o guardarlas para posteriores siembras, agravado aún más porque se corre el riesgo de que sus propios maíces se contaminen con transgénicos y llegue un momento en que utilicen alguna variedad que, por ley, no les pertenece. “Si tenemos presencia de esos transgenes, eso permite que reclamen su propiedad intelectual esas grandes empresas” y cobrar regalías a las y los agricultores, señala la doctora.

En su artículo 48, fracción VII, la ley mexicana indica que se multará con “2 mil a 10 mil días de salario mínimo” por “aprovechar o explotar una variedad vegetal protegida, o su material de propagación, para su producción, distribución o venta sin la autorización del titular”.

A partir del 1 de enero de este año, el salario mínimo se ubicó en 374.89 pesos diarios en la “Zona Libre de la Frontera Norte” y 248.93 pesos para el resto del país. Esto significa que las infracciones podrían ser desde 497 mil 860 pesos hasta 2 millones 489 mil 300 pesos en el resto del país y de 749 mil 780 pesos hasta 3 millones 748 mil 900 pesos en el norte.

“El que tú tengas en tu campo o en tu cosecha una variedad transgénica que no plantaste, no te exime de tener que pagar regalías al propietario de la innovación”, explica González Merino en referencia a la llamada “carga de la prueba”. México, “al ser parte de UPOV, hemos adquirido esas disposiciones también como válidas”.

La también investigadora agrega que este sistema se encuentra “en manos de empresas trasnacionales [como Bayer-Monsanto, Dupont o Syngenta] por un lado y, por otro, también algunos gobiernos de países más industrializados, como Estados Unidos, que han intentado promover, utilizar y apoyar el crecimiento y el desarrollo de la industria”. En México, agrega, “el 80 por ciento de la producción de semillas híbridas está en manos” de estas empresas.

Además, cambió radicalmente quién vende las semillas: ahora lo hacen las empresas. “Históricamente no era así […], ahora este poder tiene que ver con la concentración y que tienen muchas estrategias de control: venden la semilla más el fertilizante más el herbicida. Te venden el paquete completo; entones, esa forma de concentrar todo lo que implica la producción y venta de semillas, hace que ellos tengan todo el poder”, y que atenten contra la seguridad alimentaria, enfatiza la doctora Arcelia González.

Lo anterior se ve reflejado en que México cada vez importa más maíz amarillo (transgénico, usado para alimento de animales y otras industrias) de Estados Unidos, “porque hemos dejado en manos de la iniciativa privada la producción de semillas tan importantes”, agrega la investigadora.

De acuerdo con el SIAP, en 2023 México importó 5 mil 872 millones 512 mil dólares de maíz, superior por más de 100 millones de dólares en comparación con el 2022. En cambio, exportó 107 millones de dólares.

El Panorama agroalimentario 2023 de Sader menciona que Estados Unidos generó en 2022 más de 14 veces en maíz que lo generado en el país, y es el principal productor a nivel mundial. México es el séptimo, con 26 millones 553 mil 239 toneladas. Además, importó más de 17 millones de toneladas. Esto a pesar de que en territorio mexicano se consume 10 veces más maíz que en Estados Unidos.

Revolución sin justicia

En México inició la revolución verde, añade la revista Veredas, “con la fundación del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y el Trigo”. Comenzó a la par una serie de modificaciones legales para adaptar la agricultura mexicana a los intereses de la revolución verde, por lo que el Estado disminuyó cada vez más en sus funciones reguladoras y pasó simplemente a ser un espectador.

En 1996 se creó la Ley Federal de Variedades Vegetales para regular el derecho de obtentor de semillas mejoradas y que no fueran a ser usadas de otra forma que la ley no permitiera, contempla la Revista Agricultura, Sociedad y Desarrollo de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

No fue hasta 2007, en el sexenio de Felipe Calderón, que se modifica la ley de 1996, por la cual “se creó un marco de protección a los derechos de obtentor y se sembraron plantas transgénicas”. Dos años antes, en 2005, con Vicente Fox al mando del Ejecutivo, se creó la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, conocida como “Ley Monsanto”, que, en el papel, buscaba “regular específicamente a las tecnologías transgénicas”.

En entrevista con Contralínea, la activista Montserrat Téllez explica que “esos gobiernos vendieron nuestra agricultura básicamente”. La integrante de la organización Semillas de Vida y de la campaña Sin Maíz No Hay País, detalla que desde la década de 1980 sucedió “un giro de la política agrícola hacia una perspectiva neoliberal […] y se dejó vulnerable al sector campesino, que es el que produce la gran mayoría de nuestros alimentos”.

Contrario a lo anterior, “con este gobierno logró llegar gente, posicionarse en distintos espacios dentro, gente que siempre ha estado en la lucha hace muchos años, y esa gente ha sido muy congruente en su labor. Hemos tenido un conjunto de modificaciones al marco normativo que han generado condiciones distintas de lucha”, afirma la integrante de Semillas de Vida; aunque “no podemos ignorar que hay contradicciones”.
Punto de quiebre

El debate sobre el maíz transgénico explota cuando, en 2001, “se detectó la presencia […] en plantaciones de maíz nativo en la Sierra de Oaxaca” por los investigadores Ignacio Chapela y David Quist, publicado en un artículo de la revista Nature, explica el libro El maíz en peligro ante los transgénicos, publicado en 2013, coordinado por la doctora Elena Álvarez-Buylla, actual titular del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).

Esto derivó en un informe elaborado por la Comisión para la Cooperación Ambiental, creada por los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “No cabe duda que los transgenes están ya presentes en el maíz mexicano y se propagarán”, confirmó el texto de 2004, el cual agregó que la fuente principal de tal presencia “es el grano cultivado en Estados Unidos”, mismo que se importaba a México sin separación, por tanto, se mezclaba con los nativos.

La importación de maíz transgénico, advierte Montserrat Téllez, es una manera de posible contaminación, pues “el maíz entra en grano, y el grano es también semilla. El grano entra vivo a nuestro país. Eso se suma a que no hay trazabilidad, no hay un seguimiento de qué sucede con ese grano nuevo que entra. Se asume que como aquí somos autosuficientes va hacia la industria pecuaria [o] los ultraprocesados, pero se ha demostrado que sí está en nuestros alimentos”.

Si bien concluyeron que “no existe evidencia empírica alguna que el proceso de producir cultivos genéticamente modificados sea dañino o benéfico en sí para la salud animal o humana”, reconocen que estos “no parecen atender” las necesidades “más urgentes” de los campesinos.

Asimismo, indicaron que “la evaluación del riesgo del maíz transgénico en México está inextricablemente ligada al papel central del maíz en la historia y cultura mexicana”, tanto en creencias como valores “culturales, simbólicos y espirituales” que no se presentan en Canadá ni en Estados Unidos.

Se debe considerar “socialmente aceptable” la protección “al campesinado y sus variedades tradicionales de maíz […], resulta claro que la reducción máxima de los riesgos de la introgresión de transgenes en las razas locales de maíz mexicano se lograría mediante la prohibición total de la importación de organismos vivos modificados en la forma de maíz transgénico”, a pesar de sus costos “inaceptablemente elevados”, sugiere el informe.
La presencia se mantiene

En 2019, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), publicó un informe acerca de una revisión de los maíces transgénicos en México. De cinco estados de la República (Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México, Michoacán y Chiapas), regiones “que cuentan con la mayor diversidad de maíces”, obtuvieron 1 mil 580 muestras de ADN para revisión.

De éstas, 1 mil 455 (es decir, el 92.1 por ciento) dieron negativo a “presencia de transgenes”; el restante 7.9 por ciento (125 muestras) dio positivo “para tres eventos: MON810, NK603 y TC1507”, describió la investigación. Del total de las positivas, 58 provenían de Chiapas, 13 en Veracruz, 11 en Oaxaca, siete en Michoacán y seis de la Ciudad de México.

“A nivel mundial existen 229 eventos transgénicos de maíz aprobados para consumo humano y animal, de los cuales el 51.52 por ciento (118 eventos) contienen al menos alguno de los eventos transgénicos analizados en este trabajo”, los cuales también son los más comunes a ser encontrados en alimentos procesados, explicó el texto del INECC.

México no necesita maíz transgénico

En el país se han autorizado dos tipos de transgénicos de maíz. El primero “tiene el gen de la bacteria Bt (Bacillus thuringiensis) que hace que la planta produzca la toxina Bt, que funciona como insecticida”, contra plagas, explica Greenpeace México en un documento junto a la Universidad Autónoma de Chapingo (UAC). El segundo funciona para resistir a herbicidas, como el MON87429.

Las y los campesinos “siembran en el periodo otoño-invierno. No hay tantas hierbas porque no hay las condiciones, entonces el maíz resistente a herbicidas no nos viene a funcionar, y el resistente a plagas tampoco porque, por el invierno, pues tampoco hay plagas”; es por eso que México no necesita de maíz transgénico, aclara la doctora Michelle Chauvet.

“Este maíz que es resistente a este insecto pues no es funcional, porque realmente en México no tenemos ese problema tan grave de esa plaga como en Estados Unidos, donde sí es una plaga muy importante”, concuerda Beatriz Rendón Aguilar, doctora en Ecología por la UNAM.

Por otra parte, “si en el norte se autoriza la siembra de eventos transgénicos para forraje [alimento de animales], pues obviamente no les va a servir la línea transgénica que tiene que ver con gusano, porque se supone que nunca va a llegar a la reproducción de maíz”, añade la doctora en entrevista para Contralínea.

En cambio, “las variedades nativas sobresalen por su resistencia a entornos adversos y otras características como sus colores, texturas y contenido de nutrientes, por ello es importante fomentar su producción y la adopción en su cultivo de prácticas agronómicas sustentables que contribuyan a obtener mejores rendimientos”, sugiere la Sader.
Tensa calma en tribunales

Ante la presión de “corporaciones productoras de semillas transgénicas”, en 1995, científicos del Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola (CNBA) “encargados de aprobar los permisos de siembra, propusieron una moratoria de facto a la siembra experimental y comercial de maíz transgénico”, explicaba la revista Metodhos, de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal.

Esta moratoria la retomó la hoy extinta Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a finales de 1998 y se extendió hasta el 6 de marzo de 2009, cuando se reforma la Ley de Bioseguridad y se permite entonces “la entrada de maíz transgénico a suelo mexicano”. Enseguida se dieron 24 permisos en 24 localidades de estados como Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas “para experimentar con maíz transgénico”, continúa el texto.

El 8 de marzo de 2011, Sagarpa “otorgó a Monsanto el primer permiso para la siembra piloto de maíz amarillo transgénico (MON603) en una superficie menor a una hectárea” entre Tamaulipas y Nuevo León, advierte la revista. Para 2012 ya eran 248 permisos, de los cuales se aprobaron 195, añade el Laboratorio de estudios sobre empresas transnacionales de la UNAM.

Tal escalada en favor de los intereses del capital urgió a la sociedad organizada a realizar una demanda colectiva. Cincuenta y tres personas ­–desde campesinos hasta investigadores– demandaron el 5 de julio de 2013 a Sagarpa, Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales), “así como [a] empresas transnacionales que buscaban instalarse junto a sus transgénicos en México”.

La demanda buscaba, de acuerdo con la colectiva Semillas de Vida en su página web, la declaración de que “se han liberado al ambiente de forma voluntaria o involuntaria organismos genéticamente modificados de maíz en lugares no permitidos y en actividades no autorizadas”.

De igual manera, que esos OGM afectan “al derecho humano de conservación, utilización sostenible y participación justa y equitativa de la diversidad biológica de los maíces nativos ya que sobrepasa los límites permitidos por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM)”; y que “con mayor razón se afectará la agrobiodiversidad si se liberan a gran escala maíces transgénicos”, puntualiza el texto.

Por tanto, se pretendía que “con base en las propias leyes se nieguen los permisos de liberación o siembra de maíz transgénico en todo el país”, explica la colectiva. Esto a través del juzgado federal doceavo de Distrito en materia Civil del Distrito Federal.

El Consejo de la Judicatura, en el documento DGCS/NI: 41/2013, fechado el 14 de octubre de 2013, confirmó que el 17 de septiembre de ese año, se ordenó a las secretarías “abstenerse de realizar actividades tendentes a otorgar permisos de liberación al ambiente de Organismos Genéticamente Modificados del maíz”, así como liberación comercial, piloto y experimental “sin que esta medida implique revocar los ya dictaminados o concedidos”.

“Esta decisión es en tanto el juicio no acabe”, explica Montserrat Téllez. Entonces [la lógica fue]: como la materia del juicio puede verse afectada si no ponemos este freno, cuando terminemos el juicio ya va a estar contaminado todo el maíz si permitimos que siembre”.

El 13 de octubre de 2021 se negaron cuatro amparos promovidos por Monsanto, Syngenta, Dow AgroSciences y PHI México en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad. El amparo en revisión era el 1023/2019.

El 4 de enero de este año, la Suprema Corte votó en contra de “la resolución de un juicio de amparo a favor de la empresa Bayer-Monsanto contra el decreto presidencial para la sustitución progresiva del uso de glifosato y prohibición de maíz transgénico, presentado por el magistrado Ricardo Gallardo Vara”, lo cual celebró la colectiva.

Sin embargo, la integrante de Semillas de vida alerta que también “el año pasado se dio una primera decisión del juez en la que pues no se nos da la razón a la colectividad demandante”. Y, si bien fueron a otra instancia, tampoco les favoreció la decisión. “Ahora vamos a ver cómo nos va. Se está dando la lucha en otra instancia” junto a un grupo de abogadas y abogados que apoyan.

“Debemos seguir […] apoyando esta demanda de los pequeños productores y de los campesinos para que el maíz se declare casi como un cultivo de seguridad nacional y la base de la alimentación, que lo es, y por lo mismo cuidarlo”, indica la doctora Arcelia González Merino.
La lucha trasciende fronteras

El 31 de diciembre de 2020, el presidente publicó un decreto en el DOF con el fin de establecer los lineamientos de las dependencias para sustituir gradualmente el uso de glifosato y la siembra de maíz transgénico en México, así como su consumo en personas con fecha límite al 31 de enero de 2024.

Para el 13 de febrero de 2023, se remplazó con otro decreto que agrega la prohibición de la importación de ambas tecnologías, sólo que en el caso de maíz transgénico se permite el destinado para alimentación animal y uso industrial, con la promesa de que desaparezca gradualmente; esta vez se fijó el plazo límite al 31 de marzo de 2024. No cumplieron con las fechas establecidas.

A nivel nacional ocasionó una serie de amparos. “Buscaban que el decreto fuera declarado inconstitucional y quedara sin efectos”. Uno fue por parte de Semillas y Agroproductos Monsanto y Monsanto Comercial, filiales de la transnacional Bayer, explica Conahcyt en su comunicado 544, de junio pasado.

El instituto aportó evidencia científica en favor de la postura del gobierno mexicano. Luego de disputas legales, Monsanto Company desistió de la demanda, lo que significó un triunfo “a favor de la vida, la salud, la naturaleza, la riqueza biocultural y la soberanía alimentaria”, celebró Conahcyt.

A nivel internacional, el decreto llevó Estados Unidos a comenzar una controversia en un panel del T-MEC, principalmente por el tema de la prohibición de maíz transgénico en tortillas y masa, bajo el argumento de que las acciones de México “carecen de evidencia científica” y no están acorde los lineamientos del Tratado, así como afectan a los agricultores estadounidenses. Tal controversia comenzó otra etapa a finales de junio pasado.

“Para nosotras, esta controversia es una expresión más de que las grandes corporaciones van por todo. No van a dar ni un paso atrás en su afán imperialista de controlar por completo el mercado de maíz en nuestro país a través de los genéticamente modificados”, exhibe Montserrat Téllez.

Los primeros tropiezos en la guerra de la tortilla con México

Ernesto Hernández López*
   

La semana pasada comenzó una batalla internacional por la tortilla. EU afirma que el gobierno mexicano viola obligaciones comerciales

Estados Unidos ignora las cifras comerciales y tergiversa la política mexicana sobre el maíz.

La semana pasada comenzó una batalla internacional por la tortilla. Por un ingrediente fundamental de los tacos, Estados Unidos inició una disputa comercial con México.

En 2023, mediante un decreto, el gobierno mexicano prohibió el maíz modificado genéticamente (OMG) para consumo humano. Estados Unidos afirma que esto viola las obligaciones comerciales. Preocupado por sus exportaciones de maíz transgénico, formó un panel comercial en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-mec). La semana pasada se celebraron audiencias durante dos días.

Incluso antes de esto, la controversia estaba sobrecargada; era un lío chapucero. Hasta la fecha, los documentos jurídicos presentados por Estados Unidos y México contienen 586 páginas, 758 pruebas documentales y casi 2 mil notas a pie de página.

Asimismo, los argumentos abarcan más de 20 disposiciones del T-mec y varios anexos. Canadá y las organizaciones no gubernamentales han aportado documentos adicionales. Es difícil de seguir, ya seas un experto en comercio, un científico o simplemente te preocupe la seguridad alimentaria.

La postura estadunidense tiene dos puntos débiles: errores económicos y tergiversaciones sobre el decreto. Se trata de fallas básicas, propias de una clase de introducción al Comercio Internacional, sobre lesiones y política. Las torpezas sobresalen de la jerga jurídica y científica de los expedientes. Estados Unidos debería abandonar el caso.

Un buen lugar para empezar a entender la lucha es el propio decreto. El artículo sexto prohíbe el maíz transgénico para consumo humano, definido precisamente como ingrediente para tortillas o masa. Detiene las aprobaciones de maíz transgénico para estos dos productos; eso es todo. El decreto es explícito al no tocar los OGM para alimentación animal o uso industrial; mercados a los cuales los productores estadunidenses exportan principalmente.

Las motivaciones del decreto incluyen la protección de la salud humana, la biodiversidad y la seguridad alimentaria. La prohibición responde a los riesgos del glifosato, un herbicida necesario para cultivar maíz transgénico. El mismo es considerado como una causa probable de cáncer por las agencias sanitarias internacionales y los tribunales estadunidenses.

Además, México es el centro de origen y diversidad del maíz, una designación científica que indica una vulnerabilidad genética extrema. En 2021, el Tribunal Supremo de México dictaminó que los OMG amenazan con dañar esta biodiversidad. Más inmediato, el maíz proporciona la mitad de la ingesta diaria de proteínas de los ciudadanos.

Con el artículo sexto, el gobierno reduce estas amenazas al prohibir los OMG en las tortillas y la masa que comen millones de personas cada día. Por estos riesgos científicamente establecidos, adaptó el decreto para que sólo afectara a dos alimentos básicos.

De igual manera, Estados Unidos ignora las cifras económicas recientes. Las importaciones mexicanas de maíz han aumentado desde el decreto. La semana anterior a las audiencias, el Departamento de Agricultura estadunidense informó sobre un “récord” de exportaciones para 2023 y 2024. Asimismo, prevé tendencias similares para el próximo año. Esto confirma los informes anteriores que citaban aumentos del 20 por ciento.

En pocas palabras, el decreto no tiene ninguna repercusión real en el comercio de maíz. ¿Por qué? Porque, en su inmensa mayoría, los agricultores estadunidenses exportan maíz para la alimentación animal y no para el consumo humano. Seamos claros, Estados Unidos lucha a medida que aumentan las exportaciones; no tiene sentido.

Además, tergiversa el decreto. Argumenta que México impone una “prohibición de la tortilla de maíz”, lo cual es falso. Sólo suspende las autorizaciones para el consumo humano; el maíz transgénico puede seguir importándose.

México describe esto como una “limitación de uso final”, ya que regula cómo se utiliza el maíz transgénico, lo cual se aplicaría a cualquier lugar, incluidas las granjas nacionales.

Además, Estados Unidos exagera lo que hace el decreto. Asimismo, discute sobre cuestiones que no vienen al caso. Lo que denomina “instrucciones de sustitución” para obligar a sustituir el maíz OGM en la alimentación animal. La queja es que las instrucciones no son claras.

Problema: el decreto no obliga a la sustitución. Lo que hace es describir las acciones futuras y los requisitos previos necesarios, con el objetivo de sustituir los piensos modificados genéticamente.

El artículo séptimo dice que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) seguirá aprobando el maíz transgénico en la alimentación animal, siempre y cuando no sea para tortillas. Aclara que las dependencias federales llevarán a cabo cualquier posible sustitución. Implícitamente, los gobiernos estatales no tienen ningún papel.

El artículo octavo explica los elementos necesarios antes de cualquier sustitución. También, designa los parámetros para sustituir el maíz OGM para animales. Las condiciones previas incluyen determinar la seguridad alimentaria nacional y cualquier impacto en la salud humana. En dos presentaciones, México explica que los prerrequisitos no se han dado. Por lo tanto, no ha fijado ninguna fecha para la sustitución, y mucho menos ninguna orientación.

El decreto no exige en ninguna parte alternativas a los OMG; no afecta al maíz para el ganado. Las quejas estadunidenses no dan en el blanco.

La disputa acaba de empezar a calentar el comal. El informe final del panel llegará en noviembre. Hasta entonces, espere un lío con más argumentos científicos y jurídicos amontonados. En términos más sencillos, Estados Unidos ignora la realidad comercial y tergiversa el decreto. Errores básicos que agravan los obstáculos en las normas de seguridad alimentaria del T-mec.

Esto debería inspirar resolución frente a la repetición de derrotas comerciales para Estados Unidos. Los agricultores estadunidenses y los consumidores mexicanos merecen algo mejor. Poner fin a la disputa asegura un comprador de maíz en un país vecino y promueve la salud pública en México. El rumbo actual sólo produce incertidumbre.

*Profesor de la Facultad de Derecho, de Chapman University, en California, Estados Unidos; investigador de derecho internacional privado

Aclaraciones y expectativas sobre el triunfo de Sheinbaum en México

Andrés Avila Armella

El tres de junio, los titulares de distintos medios de comunicación internacionales amanecieron anunciando la victoria contundente en las elecciones por parte de Claudia Sheinbaum, ubicándola en general como parte de la izquierda mexicana y del mundo, lo cual despierta tanto entusiasmo y simpatía entre quienes suelen ser simpatizantes de la izquierda, así como animadversiones entre quienes se ubican políticamente como parte de la derecha, o cuando menos como enemigos de la izquierda. A partir de ello se pueden tejer una serie de suposiciones y expectativas, por lo que este artículo pretende esclarecer algunos aspectos que seguramente no son tomados en cuenta por muchos medios de comunicación y articulistas de los medios con mayor difusión.

Por ello me propondré aclarar algunos puntos básicos sobre cómo es la política en México y cómo suelen alejarse en nuestra realidad política las apariencias de los hechos, y con ello evitar hacernos de expectativas fuera de la realidad y enfocarnos acertadamente dentro de ella.

Antes de entrar en las particularidades sobre México, me parece necesario aclarar que los resultados electorales son una forma dialécticamente inválida para analizar la voluntad popular, pues esto sólo se relaciona directamente a través de la ideología liberal burguesa. Si bien es posible que haya alguna influencia de la voluntad popular en los resultados electorales, esto se encuentra muy limitado, pues mucho antes de que la gente salga a votar, ha habido una serie de acuerdos entre grupos oligárquicos de poder, que van desde lo internacional hasta lo local, que son los que permiten explicar porque aparecen dos o tres nombres principales en la boleta de votación. Es todo un sistema donde se requiere financiamiento millonario, espacio en medios de comunicación, información privilegiada y muchísimas condiciones logísticas que nunca están al alcance de organizaciones populares, y menos aún de las que estén confrontadas con los dueños del dinero.

Es cierto que algunas veces en la historia se dan condiciones para que el terreno electoral sea, cuando menos por algún momento, la arena de confrontación de la lucha de clases, pero en México no es exactamente así y daremos algunas razones en las próximas líneas.

Generalidades de nuestro sistema político

En México, como en otros países de Nuestra América y del mundo, existen fuerzas que tradicionalmente se ubican en la derecha, es decir, abiertamente conservadoras, anti comunistas, ligadas a organismos religiosos y proclives a subordinarse abiertamente a potencias extranjeras, sobre todo a Estados Unidos; y hay fuerzas que se consideran a sí mismas de izquierda, por considerarse afines a las causas populares.

Pero en México hay algunas peculiaridades a tomar en cuenta y mencionaré solo algunas:

–          Desde el final de la guerra de intervención (1862-1867) en donde México sufrió y resistió a la invasión del ejército francés de Napoleón III, suceso dentro del cual los abiertamente conservadores fueron promotores y protectores de la invasión, en México ninguna fuerza política se reivindica a sí mismo como conservadora, pues inevitablemente se asocia el término a quienes provocaron una de las mayores tragedias nacionales.

–          El estado mexicano, su ideología y simbología son liberales, a pesar de ser un país de mayoría católica, los mexicanos crecemos y somos educados en las escuelas públicas en medio de una clara exaltación de los valores liberales entre los que está la necesaria separación de la Iglesia y el Estado, y somos educados en la admiración a Benito Juárez, quien luchó con vehemencia por dicha separación, razón por la cual, artimañas como la intentada al final de campaña por Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición, reivindicándose como la candidata de Dios, tienen menos impacto de lo esperado en otros países de Latinoamérica.

–          México paso por un período peculiar llamado Revolución Mexicana, en donde se formaron grandes ejércitos populares que lucharon contra una dictadura oligárquica. La Revolución mexicana concluyó con el asenso de un grupo de intelectuales y militares que por un lado habían combatido a los ejércitos liderados por Emiliano Zapata y Pancho Villa, pero que por otro lado reclamaban para sí el prestigio de haber encabezado y finalizado exitosamente una revolución social que al final trajo justicia y democracia al país. Con ello se creó la quimera del gobierno de la Revolución Mexicana, el cual se convirtió en un gobierno con discurso alineado a la social-democracia a nivel internacional, pero que internamente se destacó por asesinar y reprimir a luchadores sociales y a la izquierda revolucionaria del país.

–          Ese gobierno de la Revolución mexicana que se hizo partido, (Partido Nacional Revolucionario, PNR, Partido de la Revolución Mexicana, PRM, Partido Revolucionario Institucional, PRI), tenía internacionalmente la imagen de ser un gobierno progresista, pero internamente los mexicanos sabíamos que no correspondía su fama internacional con la realidad nacional.[ii]

–          Los fundadores de las coaliciones de izquierda electoral mexicana, que lograron colocarse como protagonistas de los procesos electorales, fueron personajes formados políticamente dentro del PRI, donde aprendieron la retórica liberal, nacionalista con tintes social demócratas. Dentro de ese grupo de personas, figuraban Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador.

–          La mayoría de los personajes del partido MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) tienen su origen en el priísmo y no en la izquierda socialista ni comunista, y lo que ellos entienden por izquierda corresponde al pensamiento político de corrientes internas del PRI, quienes tienen en la figura del expresidente Lázaro Cárdenas del Río a su mayor referente moral, mismo que al interior de la historia del priísmo, fue muy útil para dar legitimidad a todas las medidas antipopulares que se tomaron por los gobiernos del PRI después de la exclusión de Lázaro Cárdenas y sus más allegados, de las decisiones trascendentes de  Estado. Lázaro Cárdenas ha sido el presidente de México cuyo programa ha sido más de izquierda y es un hito en la historia mexicana del siglo XX por haber impulsado la reforma agraria y la nacionalización del petróleo entre otras cosas. Los gobiernos posteriores a él siempre se fueron recorriendo hacia la derecha, pero todo presidente de México se reivindica cardenista, hasta los presidentes del partido de derecha, PAN, tuvieron que evitar criticar al General Cárdenas. Por otra parte, ningún candidato presidencial, ni siquiera los de MORENA, ha propuesto retomar las medidas impulsadas por Lázaro Cárdenas y mucho menos recorrerse a la izquierda de él.

–          Una parte de los cuadros de MORENA sí provienen de una parte de la izquierda en México que alguna vez militó en Partidos u organizaciones de ideología socialista, y que fueron disueltas asumiendo que la lucha histórica en contra del capitalismo no tenía más posibilidades y que era necesario aprovechar las ventajas de la llamada en esos años transición a la democracia. Sheinmbaum, a diferencia de López Obrador, no viene  del PRI, pero tampoco viene de la militancia socialista previa a la campaña de 1988, sino de una generación que su juventud la sorprendió en la Universidad Nacional Autónoma de México, en medio de la claudicación de personajes y organizaciones de la lucha comunista y que vieron aparecer dentro del Frente Democrático Nacional, después PRD (Partido de la Revolución Democrática) la única izquierda posible en México, tejida a partir de la alianza entre viejos priístas y personajes de ideología socialista buscando hogar político. Sheinbaum fue parte de un movimiento estudiantil universitario que defendió la gratuidad de la educación superior  en 1986- 1987, y se sumó al frente electoral del FDN con Cuauhtémoc Cárdenas (hijo de Lázaro Cárdenas y ex gobernador por el PRI en el estado de Michoacán) a la cabeza. Ya como parte del grupo de la burocracia de estado, a través del PRD, el grupo político del cual formaba parte en la UNAM, se volvió en contra del movimiento estudiantil de 1999-2000, por no alinearse a los tiempos y modos convenientes a la campaña electoral de Cuauhtémoc Cárdenas para el año 2000.[iii]

–          El partido MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) nació como una edición del PRD convocado directamente por López Obrador, al romper definitivamente con un grupo que se adueñó de sus órganos directivos excluyendo de ellos a sus principales ideólogos y fundadores.

–          MORENA creció en los últimos años incorporando a sus filas a miembros y grupos políticos locales y regionales que habían pertenecido al PRI, al PAN o al PRD, y que eran los operadores políticos en un sinnúmero de rincones del país. La dinámica de dichos grupos prácticamente no tiene nada de ideológica y son meramente pragmáticos, es decir, son coaliciones de personas que se suelen meter a las competencias electorales como una mera forma de ganar dinero, acaparar puestos públicos y distribuir a conveniencia favores y gestiones políticas. Es la forma en que funcionaron los gobiernos del PRI, y eso lejos de desaparecer, se ha acoplado a esta nueva coalición. Por supuesto, muchos de esos grupos están ligados al crimen organizado y son profundamente corruptos; este hecho no es ignorado por las esferas más altas del morenismo, quienes han visto en éste método el único posible para seguir ganando elecciones en ayuntamientos, gubernaturas y espacios de poder local, sumando votos de esta manera para las grandes competencias electorales como la presidencia de la república.

–          Muchos de esos grupos son oligárquico locales y son históricamente enemigos de las agrupaciones independientes de lucha popular, es decir, son enemigos históricos del sindicalismo independiente, de la lucha estudiantil popular, de los concejos campesinos e indígenas etc. Razón por la cual en dichos sectores se mantiene una clara distancia y desconfianza hacia el gobierno, a pesar de declararse de izquierda, elemento que por lo explicado anteriormente no es novedoso en México, sino que forma parte de la careta habitual desde hace cien años del estado mexicano. El gobierno de MORENA como lo hacía el priísmo en otras épocas, acusa a las organizaciones de izquierda independientes, de hacerle el juego a la derecha, al fascismo o al conservadurismo.[iv]

–          Las elecciones en México, como en  muchas partes del mundo, se asemejan más a un juego de apuestas que a un  proceso de participación democrática para reflejar la voluntad popular. La ventaja final de Sheinbaum no refleja necesariamente entusiasmo masivo, sino simplemente el hecho de que al aproximarse la recta final de la contienda y al estar claro que las tendencias favorecían claramente a ella, muchos de los grupos políticos que se mantenían indecisos o con unas fichas en un equipo y otras en el rival, se decantaron por operar políticamente en favor de quien llevaba la delantera, esperando  claro, ganar algo con ello.

El resultado de las elecciones exige para Sheinbaum y su partido, el pasar de la etapa de la recolección de apoyos a la etapa de pagar por esos apoyos; la forma de pago va desde no defraudar a la gran oligarquía imperialista quien confía en que no habrá un viraje hacia la izquierda respecto a las políticas seguidas por el gobierno de López Obrador, hasta complacer a todos esos grupos de poder local quienes demandan el respeto a sus privilegios y el apoyo del gobierno en sus disputas en contra de grupos similares y en contra de sectores populares no alineados.

Limitantes de nuestra posición económica y geopolítica

México es un país cuya economía es típica de un capitalismo dependiente, secundario exportador y con algunas áreas del país que aún es primario -exportador, dependiente como ningún otro de la economía de los Estados Unidos de América y compartiendo con éste más de tres mil kilómetros de frontera terrestre con el gigante imperialista.

México es para el Estado norteamericano, un país geoestratégicamente relevante, por su demografía, 127 millones de habitantes, su potencial productivo como país receptor de capital con fines de manufactura que puede aprovechar una fuerza de trabajo que puede realizar en muchas áreas las mismas funciones que la norteamericana pero a un costo mucho menor. México es para Estados Unidos parte de su reserva estratégica de recursos naturales y humanos que bien pueden ser empleados tanto en tiempos de paz como de guerra.

La oligarquía mexicana está subordinada a la norteamericana y ha preferido históricamente estar vinculada al comercio exterior de América del norte a intentar un mercado interno o a formar un bloque comercial adverso al norteamericano. El Estado mexicano sin embargo no se suele representar más que excepcionalmente por miembros de esa oligarquía, sino acorde a su narrativa histórica, ha preferido hacerse representar a través de intelectuales formados políticamente quienes utilizan  una retórica nacionalista y popular, a la vez que evitan confrontarse con dicha oligarquía. Así funcionó el PRI muchos años y así ha funcionado el gobierno actual.

Es por ello que ni a Trump ni a Biden les pareció que fuera necesario confrontarse con el gobierno de López Obrador, por conocer que en la historia de la política mexicana, es un requisito que el presidente  de México represente discursivamente independencia frente a  Whashington, situación que se puede ilustrar a través de una frase que se le  atribuye al ex presidente Gustavo Díaz Ordaz[v], todo presidente de México tiene que mentársela de vez en cuando a Estados Unidos.

México sigue siendo a nivel global un aliado de Estados Unidos y a nivel comercial parte del bloque de América del Norte, y en este momento representa para éste último, la posibilidad de competir contra China en algunos aspectos; ni López Obrador ni Sheinbaum, han planteado alejarse de Estados Unidos para acercarse a China por ejemplo, sino que han mantenido abiertamente su aceptación de que las cosas en ese sentido se mantengan como hasta ahora.

Dicho de otra manera y para explicárselo a quienes lean este artículo desde algún otro país; México es un país subordinado a la política exterior de Estados Unidos, pero no de la misma manera en que lo son otros gobiernos  de Latinoamérica; México y su cancillería suelen ser independientes en cuanto a algunos posicionamientos diplomáticos, pero esa independencia no llega a un nivel de confrontación con la cancillería norteamericana, incluso en muchos momentos, México ha servido como puente diplomático con Estados abiertamente confrontados con Estados Unidos. En este caso, se puede esperar que el asunto se mantenga de la misma manera, y que en algunos aspectos, dicha política exterior se torna más favorable a una agenda multipolar, a diferencia de lo practicado por los dos gobiernos panistas, aliados de la democracia cristiana internacional, quienes tuvieron una política exterior más similar al de cualquier gobierno latinoamericano subordinado a Washington.[vi]

Por otra parte, en este mismo punto es relevante señalar que la mayoría de los problemas que padece la población mexicana trabajadora y popular, son resultado de cuestiones estructurales que tienen que ver con ese tipo de economía dependiente y exportadora; me refiero por ejemplo al papel de los cárteles de la droga mexicanos y la forma en que accionan y amenazan la seguridad familiar, la precariedad laboral, la pobreza, la depredación ambiental, así como las formas concretas en que se combinan negativamente los factores macro-económicos con las situaciones locales. Dichos problemas no van a cambiar porque un partido u otro hayan ganado las elecciones, y no se pueden combatir dichos problemas albergando esperanzas en que se resolverán sin necesidad de entrar en una confrontación más abierta y más directa contra el gobierno norteamericano y la oligarquía mexicana aliada de éste.

De cualquier modo hay que ser claros en algo, ni Sheinbaum ni López Obrador han prometido ser ese tipo de gobierno, no han tratado de evocar a estados socialistas como la URSS, China o Cuba, ni siquiera a países que sin ser socialistas son no alineados como el de Venezuela de Chávez o Irán, sino que han insistido tanto en medios nacionales como internacionales que justamente no es  ese tipo de gobierno el que proponen ni  es esa relación con Whashington la que tendrían.

En materia macro-económica tampoco han buscado salirse del renglón y hasta ahora la llamada 4 T se ha comprometido a no aumentar los impuestos a los grandes empresarios, ni a privar de autonomía al Banco de México, ni a modificar sustancialmente la política hacia los trabajadores asalariados, ni los campesinos pobres del país, razón por la cual no es de esperarse que salga del gobierno electo alguna iniciativa para romper el Tratado Comercial de América del Norte (TMEC-TLCAN), ni para esperar que se preste ayuda energética significativa a Cuba, ni para que haya una reforma agraria, ni para que hayan cambios sustanciales en las relaciones capital – trabajo.

Por ahora, hemos cumplido los objetivos del presente artículo poniendo sobre la mesa datos sobre la situación política de México que no se están tomando mucho en cuenta en los análisis que se están promoviendo en las principales cadenas periodísticas. Por supuesto, el análisis amerita detenernos más a profundidad en cada punto y agregar otros tantos, pero eso se hará en lo sucesivo.

Por ahora, sólo concluiré señalando que de momento no está ganado que vaya a haber alguna reforma en favor de la clase trabajadora o de los sectores históricamente oprimidos en México, pues esa no es la razón por la que sucedieron las cosas así este 2 de junio, y que por tanto, si se aspira a ese tipo de reformas, se tiene que desatar la organización independiente de los trabajadores y del pueblo para exigir las reformas necesarias, para conducirlas y ser parte de ellas; es decir, la organización independiente tiene la tarea de orillar al gobierno electo a acercarse cuando menos a su agenda y a sus necesidades.  En materia internacional es importante recordar que, para lograr objetivos más relevantes para revertir el orden imperialista, se requiere mucho más y se requiere sobre todo que las organizaciones populares, independientes y revolucionarias vean a las organizaciones que luchan de manera independiente en México a sus pares y se realicen acciones para favorecer la cooperación entre ellas para fortalecer la agenda de la clase trabajadora.

Notas:

[ii] Sobre todo, a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas, el gobierno de México se caracterizó por su posición antifascista, apoyando la República española y recibiendo a los exiliados de la guerra civil, más tarde lo hizo también condenando las dictaduras militares y recibiendo perseguidos políticos principalmente del cono sur. México fue el único país que votó en contra de la expulsión de Cuba en la OEA. Internamente sin embargo el estado mexicano practicó los mismos métodos de tortura, asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzadas en contra de las guerrillas mexicanas.

[iii] En ese entonces, dicho grupo era conocido como PRD- Universidad. Y se sumó al clamor de los medios de comunicación muy ligados al PRI que se dedicaban a denostar al movimiento estudiantil y a clamar por la represión policíaca en su contra.

[iv] Para muestra se pueden buscar las intervenciones de Luis Echeverría, uno de los mayores asesinos en la historia de México, al referirse a los grupos estudiantiles que en la UNAM y la Universidad de Guadalajara luchaban contra los poderes fácticos del PRI.

[v] Gustavo Díaz Ordaz fue el presidente que ordenó la masacre de estudiantes en 1968 y que la CIA lo muestra en documentos desclasificados como informante junto con Luis Echeverría.

[vi] Aquí nos referimos a los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón

Andrés Avila Armella. Sociólogo y doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Secretario General de la UNIÓN COMUNISTA DE LA CLASE PROLETARIA (UCCP). Miembro de la Secretaría General Colegiada del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM (SITTAUNAM)

La ciencia justifica la precaución de México sobre el maíz transgénico

Lucy Sharratt

El propósito de las restricciones del maíz genéticamente modificado en México es salvaguardar la integridad del maíz nativo de la contaminación y proteger la salud humana. Lo que busca la impugnación estadounidense y canadiense es defender los intereses de la industria biotecnológica


CIUDAD DE MÉXICO. -En México, un decreto presidencial ha prohibido el uso de maíz genéticamente modificado (GM) para fines alimenticios, pero los gobiernos de Estados Unidos y Canadá están utilizando el acuerdo comercial (T-MEC) para impugnar estas acciones.

El propósito de las restricciones del maíz GM en México es salvaguardar la integridad del maíz nativo de la contaminación GM y proteger la salud humana. Lo que busca la impugnación estadounidense y canadiense es defender los intereses de la industria biotecnológica.

Estados Unidos y Canadá quieren obligar a México a abrir su mercado a todos los alimentos y semillas genéticamente modificados. Canadá respalda la impugnación de EE.UU. (como tercero en la controversia) a pesar de que no exporta maíz a México.

México tiene derecho a restringir el uso del maíz GM. Los Estados Unidos argumentan que las acciones de México no tienen fundamento científico, pero el gobierno cuenta con vasta evidencia científica para justificar sus políticas precautorias.  

Nuestra organización, la Canadian Biotechnology Action Network(Red Canadiense de Acción Biotecnológica), es una amplia red de grupos de agricultores y ecologistas que lleva 15 años vigilando los OGM, y apoyamos las restricciones de México. Fuimos uno de los dos grupos canadienses autorizados para enviar comentarios de expertos sobre los riesgos del maíz GM al panel de arbitraje en esta controversia. Sin embargo, en enero, a petición del gobierno de EE.UU. y con apoyo de Canadá, se les retiró la invitación a los grupos canadienses, basándose en la cuestión técnica de que la controversia es sólo entre EE.UU. y México.

Aun así, publicamos nuestro análisis para demostrar que la restricción de México está sustentada científicamente. Las investigaciones siguen encontrando indicios de daños potenciales para los seres humanos por el consumo de maíz GM resistente a los insectos. La ciencia también sigue advirtiendo acerca de los efectos que la exposición al herbicida glifosato, utilizado en la producción de maíz GM, puede tener en la salud.

La mayoría de las plantas de maíz GM están modificadas genéticamente para matar plagas de insectos. Las plantas GM expresan una toxina de la bacteria del suelo Bacillus thuringiensis (Bt), la cual se sabe que daña los intestinos de determinados tipos de insectos, pero no todos. Los agricultores han utilizado Bt en aerosol durante mucho tiempo para matar a las plagas, pero las toxinas Bt en los cultivos GM son diferentes de las Bt naturales en cuanto a estructura, función y efectos biológicos. De hecho, los estudios revisados por pares en la bibliografía científica demuestran que las toxinas Bt utilizadas en las plantas GM pueden dañar especies de insectos que no son sus objetivos previstos.

Prueba tras prueba quedan demostrados los impactos negativos del Bt donde se suponía que no los había. Por ejemplo, los resultados de una prueba publicada en 2023 por investigadores de Brasil y Colombia, apoyados por el gobierno de Brasil, encontraron [LS1] que el Bt había tenido muchos impactos significativos en la salud de las avispas, afectando incluso a la siguiente generación. Investigadores académicos de China y Pakistan también encontró una menor diversidad en el microbioma del intestino de las arañas lobo expuestas al Bt. Esto se suma a otra prueba de laboratorio publicada en 2023, financiada por el gobierno francés, que encontró que una toxina Bt en particular altera el crecimiento y funcionamiento normal de las células intestinales en las moscas de la fruta, lo que plantea la posibilidad de que las toxinas Bt puedan dañar el revestimiento intestinal de los animales, incluidos los humanos.

Además de estos resultados, varios [LS2] ensayos de alimentación en animales de laboratorio también muestran que las toxinas Bt y los cultivos Bt GM pueden tener efectos tóxicos en los mamíferos. Se han observado diversos efectos tóxicos e indicios de toxicidad en sangre, estómago, intestino delgado, hígado, riñón, bazo y páncreas, así como respuestas inmunitarias, aunque el mecanismo no se ha dilucidado a partir de estos estudios. Resulta un tanto grave que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá no exijan estudios sobre alimentación animal para demostrar la seguridad de los alimentos genéticamente modificados. De hecho, existen muy pocas pruebas multigeneracionales y a largo plazo en animales en la bibliografía científica.

Pero la toxicidad de las Bt no es el único problema de seguridad. La producción de maíz GM también está vinculada al uso de glifosato y otros herbicidas relacionados con graves problemas de salud, como enfermedades neurológicas y algunos tipos de cáncer. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasifica el glifosato como “probable carcinógeno humano” y, como lo demuestran las demandas exitosas contra Bayer/Monsanto, existe amplia evidencia de que la exposición directa a herbicidas a base de glifosato puede derivar en linfoma no Hodgkin en específico. En esencia, la evidencia también señala el peligro de la exposición a residuos en los alimentos, que es la preocupación destacada por México en relación con el maíz GM.

Esta preocupación es particularmente apremiante porque los mexicanos comen más maíz que nadie en el mundo, en gran parte a manera de harina mínimamente procesada para hacer tortillas. Se trata de una forma de comer maíz GM totalmente diferente a la dieta de ingredientes de maíz en alimentos altamente procesados que se acostumbra en EE.UU. y Canadá. La particular exposición dietética de México al maíz GM requiere que este país determine su propio “nivel aceptable de protección” frente a los riesgos.

En su presentación frente al panel del litigio comercial, el gobierno estadounidense sostiene que no se han encontrado efectos adversos para la salud de los consumidores. No obstante, al no haber un seguimiento de los alimentos modificados genéticamente, no existe fundamento científico para hacer esta afirmación. No se han realizado estudios posteriores a la comercialización en poblaciones de seres humanos para determinar si se han presentado efectos adversos para la salud y, sin un seguimiento o etiquetado de los alimentos GM, dichos estudios no son factibles.

EE.UU. y Canadá argumentan esencialmente que, si ellos han decidido que un alimento modificado genéticamente es seguro, entonces México debería estar de acuerdo.

A principios de marzo se publicará la defensa formal de México para la restricción del maíz GM como parte del proceso de litigio comercial. Poco después escucharemos los argumentos de ocho grupos no gubernamentales autorizados para enviar comentarios. Esos documentos deberían explicitar que las restricciones a este tipo de maíz por parte de México están sustentadas por la ciencia y tienen justificación para defender el futuro del maíz y proteger la seguridad alimentaria.

Todo es según el color de clase con que se mira

Gilberto López y Rivas

El análisis marxista de una coyuntura socioeconómica y política determinada pasa por no quedarse en lo epidérmico, anecdótico y fenoménico, sino destacar lo esencial y estructural.

Evitar que los personajes y, sobre todo, sus narrativas –impuestas por los grandes medios de comunicación y las redes sociales– prevalezcan frente al peso que tienen la correlación de clases, los sistemas hegemónicos, las formas de acumulación, explotación y dominación capitalistas, imperialistas y neocoloniales, así como los procesos de lucha y resistencia antisistémicos de los pueblos y las clases trabajadoras.

Por ello el reciente viaje de AMLO a Estados Unidos y sus resultados deben observarse a partir de la histórica relación de dependencia estructural de México con respecto a nuestros buenos vecinos, misma que no ha sido superada por el gobierno de la Cuarta Transformación, que, en la reunión bilateral de presidentes, se comprometió a fortalecer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá, que el Tribunal Permanente de los Pueblos considera –en su histórica Audiencia Final: sentencia, fiscalías y relatorías– como marcado por la profunda desigualdad entre las economías de los países que lo firmaron, y que, como otras instituciones neoliberales, no está diseñado para promover el bien social, y, por el contrario, “son acuerdos que elevan el estatus legal de los grandes inversionistas y, simultáneamente, vinculan el poder económico del Estado a sus intereses, a la par de que erosionan el compromiso y las opciones de los estados nacionales para proteger a la ciudadanía (…) La impunidad trasnacional que el TLCAN regula permite afirmar que es un tratado tremendamente violento. La violencia estructural del sistema capitalista –que permite la acumulación de la riqueza de unos pocos a costa de la pobreza y la destrucción ambiental y cultural de los pueblos– se incorpora de manera trasversal a lo largo de todo el tratado” (Editorial Ítaca, 2016). Esta caracterización contrasta con la perspectiva sobre el TLCAN en el comunicado conjunto, en el cual se sostiene que: “la base de la competitividad de América del Norte es el Tratado entre México, Estados Unidos, Canadá y reafirmamos nuestro compromiso con su plena implementación en beneficio de las familias trabajadoras […] Al coordinar nuestras políticas económicas, podemos hacer que nuestras cadenas de suministro sean más resilientes y expandir la producción en América del Norte”. En el comunicado conjunto se hacen realidad las pretensiones de Donald Trump de que México debía de pagar el muro, al dar a conocer que México se ha comprometido a invertir mil 500 millones de dólares en infraestructura fronteriza entre 2022 y 2024.

También es significativo que, en el contexto de una reiterada imposición de megaproyectos en los territorios por el gobierno actual, que recientemente declaró de seguridad nacional las obras del Tren Maya, se afirme en ese comunicado: Enfocaremos nuestros esfuerzos de desarrollo en soluciones climáticas y el desarrollo del sur de México, con su vasto potencial humano e importantes oportunidades para el comercio, la conservación y la energía limpia.

No pasaron desapercibidos otros hechos recientes que dan cuenta de la relación subalterna de México ante Estados Unidos. Uno, por demás polémico, fue el ejercicio militar multinacional del Comando Sur estadunidense, en el mar Caribe mexicano, del 7 al 21 de mayo pasado, denominado Tradewinds, y el otro fue la sexta Reunión de Estados Mayores de la Secretaría de Marina (Semar) y la Marina de Guerra de Estados Unidos, en la cual se alcanzaron 26 acuerdos sobre operaciones, adiestramiento, educación, investigación y desarrollo tecnológico, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, guerra electrónica y tráfico marítimo. La Semar declaró que su relación con el país del norte es prioritaria y estratégica. Ya en enero pasado, Jorge Alejando Medellín anunciaba que el Ejército y la Armada de México estrechaban sus nexos con el Comando Norte de Estados Unidos, con grupos operativos conjuntos del más alto nivel, para afinar mecanismos de cooperación en áreas de seguridad de interés bilateral. Recordamos al respecto la obra pionera de Carlos Fazio, El tercer ­vínculo: de la teoría del caos a la militarización (Joaquín Mortiz-Planeta, 1996), donde se expone cómo México se involucra de manera directa en el proyecto de seguridad hemisférica encabezado por Estados Unidos. Es posible considerar que, con las políticas de militarización del actual gobierno y el visible papel subalterno de las fuerzas armadas con respecto a las estrategias del Pentágono, se ha completado ese tercer vínculo de la dependencia en el ámbito militar, además del económico y el político.

México en la última hora del intervencionismo

 Xicoténcatl



 Allí hay diez salas dedicadas a las agresiones extranjeras que,
 desde 1821, han perturbado la actividad política y social de lo que
 en un primer momento de vida independiente fue un  ensayo de
 Imperio, con inicio en los Tratados de Córdoba (1821), hasta la
 proclamación de la República federal en 1823.



 Desde las agresiones por parte de España cuando Fernando VII regresa
 al poder y se niega a aceptar la independencia de México, hasta las
 intrigas y presiones diplomáticas que los diferentes embajadores
 estadounidenses desplegaron para que el gobierno mexicano vendiera
 el territorio de Texas.



 Texas caería porque  era una fruta muy madura en términos
 demográficos y muy fuera del alcance geográfico en 1837, como para
 que México pudiera ensayar alguna alternativa. Era sólo el principio
 porque una década después, el 14 de agosto de 1847,  tropas del
 ejército norteamericano al mando del general Winfield Scott, izaban
 la bandera de las barras y las estrellas  en el Zócalo de Ciudad de
 México.



 Scott partió desde Veracruz y para llegar al corazón de la República
 siguió exactamente el mismo recorrido que hiciera Hernán Cortés en
 1521. Pero esta vez Estados Unidos se llevó varias ramas del joven
 árbol nacional que tan tiernas crecían al norte del río Bravo: dos
 millones cuatrocientos mil kilómetros cuadrados perdió México al
 ceder por la fuerza California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah
 y parte de Colorado y Wyoming.



 El Museo de las Intervenciones se ubica en un antiguo convento que
 los frailes franciscanos cedieron a la Orden de los dieguinos en
 1580. Los dieguinos establecieron allí el colegio de misioneros que
 se lanzarían a la evangelización (léase preparación para la
 ocupación militar) de Filipinas, China y Japòn.



 Para 1847 era un cuartel militar, objetivo de las tropas invasoras
 estadounidenses que se enfrentaron a una dura resistencia de parte
 de unos mil trescientos defensores mexicanos, un regimiento formado
 por civiles españoles armados (Piquetes de Tlapa) y el contingente
 de los San Patricios, desertores del ejército gringo,  formado por
 irlandeses, alemanes y otros inmigrantes europeos que abandonaron al
 ejército invasor y se unieron a la defensa del Ex Convento
 Churubusco.



 El Museo de las Intervenciones, inaugurado en abril de 2006, está en
 continua reedición de sus obras, algunas en pleno desarrollo, por lo
 que usted no las encontrará registradas aún en el Centro de Consulta
 el Catalejo de la Historia.



 El México presidido por Andrés Manuel López Obrador y su denominada
 Cuarta Transformación, está entrando en una fase crítica, con un
 angosto margen de soberanía que  va transitando por terracerías
 convenientemente señalizadas con  avisos de  ¡zona resbaladiza!
 ¡Peligro, Ejército!  y otros de ¡sin salida!



 La  Embajada de los Estados Unidos de América  se encuentra en Paseo
 de la Reforma 305, Ciudad de México,  y puede considerarse como una
 extensión  viva y actualizada del Museo de las Intervenciones. Desde
 allí opera el exfiscal general de Colorado y hoy embajador Ken
 Salazar, que ya elevó su tono de voz acompañada del dedo amenazante:
 ¡No debe haber cercanía entre México y Rusia!  “En medio de la
 guerra, México no puede estar cercano a Rusia, eso no puede pasar”
 expresó el embajador en funciones de Prefecto el 24 de marzo, cuando
 se instaló en el Congreso de los Diputados el Grupo de Amistad
 México-Estados Unidos, el cual estará presidido por el diputado de
 MORENA, Miguel Torruco Garza.  El día anterior diputados de MORENA,
 PRI y PT, instalaron el Grupo de Amistad México-Rusia con la
 presencia del embajador ruso Viktor V. Koronelli.



 Dentro de los dictados de línea del vigilante embajador está
 presionar para garantizar que el proyecto de Reforma eléctrica
 propuesto por el Presidente López  Obrador, quede suficientemente
 ajustado a las necesidades del Imperio del Norte;  es por eso que en
 las últimas semanas ha tenido las puertas abiertas de las oficinas
 de empresarios, políticos, legisladores y dos veces las de Palacio
 Nacional. Transitando con reiterados avisos de ¡zona resbaladiza!,
 la Reforma pretende dar prioridad a la Comisión Federal de
 Electricidad, CFE, sobre los generadores privados para alimentar el
 sistema eléctrico nacional.  Con todo y su tinte nacionalista, la
 Reforma eléctrica concede el 46% de la generación de la electricidad
 para las empresas privadas.



 La argolla comercial. El Tratado de Libre Comercio Estados Unidos,
 México, Canadá  (T-MEC).



 La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, lanzó
 un elotazo claro y directo:



 La Reforma eléctrica que planea el presidente Andrés Manuel López
 Obrador será perjudicial para la competencia del sector, la
 inversión en América del Norte y el medio ambiente. Así se expresó
 en un comunicado emitido por la Oficina de Comercio de Estados
 Unidos… “estos temas (litio, petróleo y generación de electricidad)
 están debilitando la confianza de los inversionistas en México a
 expensas del medio ambiente, restringiendo las exportaciones de
 combustible de Estados Unidos y perjudicando los esfuerzos para
 mejorar la competitividad de América del Norte, a medida que el
 gobierno de Estados Unidos busca implementar plenamente el T-MEC y
 cumplir objetivos ambientales”.



 Breve  cronología de las objeciones



 – 5 de febrero de 2021: La Cámara de Comercio de Estados Unidos
 calificó de “profundamente preocupante” el proyecto de reforma a la
 ley del sector eléctrico, al sostener que “tales cambios drásticos”
 abrirían la puerta para el restablecimiento de un monopolio en el
 sector eléctrico y contravendrían directamente los compromisos de
 México bajo el T-MEC.



 – 31 de marzo de 2021:  Declaraciones de Katherine  Tai en el
 Comunicado de la Oficina de Comercio de Estados Unidos.



 – 3 de noviembre: El embajador Ken Salazar expresó las “serias
 preocupaciones” de su país sobre la reforma planteada por el
 Ejecutivo mexicano, al sostener que limita la competencia en el
 sector de la energía eléctrica.



 – 22 de enero de 2022:  La Secretaria de Energía de Estados Unidos,
 Jennifer M. Granholm, señaló que “la reforma propuesta podría
 obstaculizar los esfuerzos conjuntos entre Estados Unidos y México,
 relacionados con las energías limpias y el clima.



 Máxima tensión



 Fue  tras el encuentro en Palacio Nacional, el día 31 de marzo.



 Durante más de cuatro horas una misión de empresarios
 estadounidenses de los sectores eléctricos, manufacturero y
 automotor, encabezados por Ken Salazar y John Forbes Kerry,
 exmilitar, exsenador demócrata y exsecretario de Estado, ahora
 presentado con la amable encomienda de  “Comisionado especial para
 asuntos del clima”, mantuvieron una  intensa plática injerencista
 con el Presidente López Obrador y los titulares de Energía, Rocío
 Nahle y de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.  Protocolos correctos
 y foto de grupo sonriendo se quebraron cuando a la salida del
 encuentro en Palacio, John Kerry hizo unas declaraciones a la
 prensa:  “Acordamos tener un equipo encabezado por el embajador Ken
 Salazar aquí en México, que trabajará con la Casa Blanca y nuestra
 oficina (la del propio Kerry), para asegurarnos de que lo que salga
 de este esfuerzo de reforma refleje la mejor forma de avanzar. “La
 discusión (planteó/advirtió), está sobre la mesa, aquí en México”.



 Al día siguiente, en la conferencia de prensa que López Obrador
 ofrece cada mañana, el Presidente mexicano desmintió con rotundidad
 a John Kerry.  “Pues eso, como es lógico, nosotros no podríamos
 aceptarlo, ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de China, ni de
 Rusia…   a lo mejor ellos pensaban que eso iba a ser aceptado y
 alguien se adelantó a decir que nosotros íbamos a aceptar de que un
 grupo vigilara nuestra actuación”.



 El grillete militar. México y el Comando Norte.



 Para entender el grosor y las características de este grillete, hay
 que entender que para los Estados Unidos, México y Canadá forman
 parte de su Seguridad Interior  y es así que participan desde el año
 2002 en el Comando Norte de la Secretaría de la Defensa de la Unión
 Americana. Todo el resto de América, incluyendo El Caribe forman
 parte del Comando Sur.



 Especialmente preocupantes fueron las declaraciones el día 1 de
 marzo, del Jefe del Comando Norte de Estados Unidos, general Glen D.
 VanHerck, durante una sesión del Comité de Servicios Armados del
 Senado estadounidense:  “Hay actores como Rusia y China que son muy
 agresivos y activos en toda el área de responsabilidad del Comando
 Norte, incluidos Bahamas y México”.



 Imagina uno al grupo de senadores receptores de tremenda información
 con cejas arqueadas, entrecejos fruncidos y encogido el corazón.
 “…México es la base de operaciones más grande de las agencias de
 espionaje ruso…”, “… la inestabilidad generada por el narcotráfico
 crea condiciones que pueden ser aprovechadas por agentes de Rusia y
 China que afectan nuestra Seguridad Nacional”.  Y  así se va el
 general.



 Preocupante su discurso porque en lo tocante al narcotráfico y la
 guerra contra las drogas que inició su fase más aguda en 2006, con
 el respaldo económico de los millones de dólares de la Iniciativa
 Mérida y el masivo flujo de armamento procedente de Estados Unidos,
 México sigue con varios volcanes activos que lanzan oleadas
 piroclásticas muy ensangrentadas, tales como los de Zacatecas,
 Colima, Guanajuato, Estado de México, Tamaulipas, Michoacán y
 Guerrero. En Chiapas hay trayectos en algunas carreteras donde
 advierten al automovilista del peligro de transitar después de las 5
 de la tarde, porque nadie se hace responsable si grupos armados te
 adentran en la extendida y densa región de los desaparecidos.



 Ejercicios militares en el Caribe mexicano



 Delegados de Defensa y seguridad pública de veinte países se
 reunieron entre el 31 de enero y el 4 de febrero en Chetumal,
 México, para llevar a cabo la fase de planificación del ejercicio
 Tradewinds, a realizarse entre el 7 y el 21 de mayo de 2022.



 Este ejercicio anual, organizado por el Comando Sur de Estados
 Unidos, que cuenta con un enfoque de colaboración multinacional y
 multidominio (terrestre, aéreo, marítimo, anfibio y escenarios de
 ciberseguridad), se lleva a cabo desde 1984. En la edición de este
 año, serán co-anfitriones México y Belice; correspondiendo a México
 las actividades de los ejercicios navales, mientras que el país
 centroamericano será sede de las actividades terrestres.



 A México le corresponde realizar las actividades de los ejercicios
 navales. Tradewinds 2022 contará con mil quinientos participantes,
 entre uniformados y civiles.



 Los países invitados son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados,
 Bermuda, Brasil, Canadá, Colombia, Dominica, República Dominicana,
 Francia, Granada, Guyana, Jamaica, Países Bajos, Santa Lucía, San
 Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad
 y Tobago y el Reino Unido de Gran Bretaña. Por parte de Estados
 Unidos estarán presentes el Ejército, la Fuerza Aérea, la Infantería
 de Marina, la Armada, la Guardia Costera y personal de equipos de
 operaciones especiales; además de la Guardia Nacional de Alabama,
 Florida, Kentucky, Louisiana, Missouri, Rhode Island, South Carolina
 y del Distrito de Columbia.



 Se trata de la primera vez que México cumple con ese rol desde la
 primera edición del ejercicio, en 1984;  la diferencia es un
 contexto internacional peligrosamente inducido y exacerbado para la
 generalización de la guerra que puede decidir el destino del poder
 hegemónico mundial y coloca a países como México en una situación de
 absoluta dependencia con respecto a Estados Unidos. En un contexto
 internacional tan complicado y agresivo es posible que en los
 caminos iniciados por la Cuarta Transformación de López Obrador
 vayan apareciendo las señales que indiquen ¡sin salida!



 En esta  hora de altos riesgos todos los Estados están sobreaviso,
 porque en cualquier momento el Imperio de las Sanciones te puede
 intervenir.



 Referencias:

https://geopolitica.iiec.unam.mx/sites/geopolitica.iiec.unam.mx/files/2022-03/cecenaybarrios-mexico_3.pdf

 La Jornada  (México SA  26.03.2022  y  Astillero 1.04.2022)

 Cronología de las objeciones.  (La Jornada  1.04.2022)

 SPUTNIK  1.04.2022  «EEUU analiza sanciones contra México por
 Reforma energética de AMLO.

 Para más información sobre la Reforma eléctrica se recomienda el
 artículo de Eduardo Peralta Villegas publicado en la Revista
 Rebelión.
 https://rebelion.org/reforma-electrica-avanzar-hasta-donde/

El T-MEC y la urgencia mexicana de pensar con cabeza propia

Isaac Enríquez Pérez

En el horizonte lejano se perpetúa la incapacidad –no sólo intelectual, sino también política– de una sociedad como la mexicana para pensar e imaginar su desarrollo sobre bases dadas por un pensamiento crítico propio que apueste a mínimos márgenes de autonomía de cara a los condicionamientos exógenos. Pensar con cabeza propia no solo es un imperativo instrumental relacionado con las decisiones públicas, sino que es una urgencia histórica de cara a la crisis civilizatoria que se cierne sobre las sociedades contemporáneas. 

Este colonialismo mental autoimpuesto por las mismas élites políticas y empresariales no sólo se limita al ámbito de las políticas públicas, sino que también se extiende a imaginarios, comportamientos, prácticas y hábitos en los que se asume que lo ajeno es «lo mejor» y que es “lo adecuado” a seguir por una sociedad dotada de rasgos sui géneris en sus necesidades, problemáticas, formas y estilos de vida. 

Las relaciones económicas y políticas internacionales sostenidas por México, evidencian –cuando menos desde hace tres décadas y media– esta tendencia. El cambio de modelo económico hacia mediados de la década de los ochenta, no solo significó la apertura respecto a los mercados internacionales, sino que representó el desmantelamiento de la política industrial, el desmonte del Estado desarrollista, la desarticulación del mercado interno y las desnacionalización de las decisiones y sectores económicos estratégicos. Este modelo económico aperturista, que se introdujo con el ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y que se afianzó con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en enero de 1994, se acompañó de la austeridad fiscal, la estabilización de las variables macroeconómicas, la privatización del sector público, y del cambio profundo en las regulaciones económicas que apuntalaron a los capitales privados volcados hacia el exterior. Los rasgos de esta modalidad de política económica se perpetúan hasta la actualidad (https://bit.ly/3j0hj1P) y lo mismo sus efectos negativos trazados en el estancamiento económico (https://bit.ly/3j1N1eR), pese a la llegada de una élite política progresista que, en el discurso, alega distanciarse de las miradas y concepciones de la racionalidad tecnocrática. 

La integración silenciosa –sea comercial, educativa, política o cultural– entre los Estados Unidos y México, es un proceso de larga data. Solo se comprende en la perspectiva histórica dada por el surgimiento de los Estados Unidos como nación hacia finales del siglo XVIII. México fue parte de la expansión territorial y de la política anexionista del vecino del norte practicada a lo largo del siglo XIX. A la par, es necesario tomar en cuenta la simbiosis entre dos macrorregiones fronterizas como la del sur de los Estados Unidos y la del norte de México. Los lazos entre ambas formaciones regionales se extendieron a lo largo del siglo XX, de tal modo que, hacia la década de los sesenta, se establecieron las primera plantas maquiladores en las tierras norteñas de la nación Azteca.  

Hacia 1993, las exportaciones de México a Estados Unidos alcanzaron –según datos de la Secretaría de Economía– un monto de 42 935 millones de dólares (mdd) –algo así como el 82,75 % del total de intercambios–; en tanto que las importaciones de México provenientes de Estados Unidos alcanzaron un monto de 48 321 mdd –74,03% del total importado. Hacia el año 2003, estas exportaciones llegaron a los 144 293.4 mdd; en tanto que las importaciones ascendieron a 105 723 mdd. De tal manera que para el año 2019 los intercambios comerciales entre ambos países –sumando exportaciones e importaciones– alcanzaron los 614 500 mdd (358 126 mdd de exportaciones desde México y 256 374 mmd en importaciones provenientes de los Estados Unidos). Un incremento del 650% entre ambos países desde 1994 hasta la actualidad. En tanto que el comercio entre México y Canadá creció en más del 800%; sin embargo, las transacciones entre estos socios es 22 veces menor que el protagonizado por los cruces de mercancías en torno al río Bravo. 

Si bien crecieron las exportaciones, los flujos de inversión extranjera directa establecidos en México, así como la transferencia tecnológica y la competitividad de los sectores y ramas económicos orientados hacia las exportaciones, ello no redundó –desde 1994– en la creación de empleos de calidad y bien remunerados. Más bien, buena parte del comercio entre ambos socios es intra-industrial o intra-firma, y no contribuye a los eslabonamientos de las cadenas productivas ni al fortalecimiento del mercado interno. Más aún, los ancestrales rezagos del campo mexicano derivaron en su colapso y en la agudización de la dependencia alimentaria en aras de privilegiar las importaciones de granos provenientes de los Estados Unidos. Salvo el aguacate y ciertas hortalizas, el resto de la producción agrícola está condicionada por el comercio internacional y por los subsidios recibidos entre los agricultores estadounidenses.  

En medio del maremágnum comercial, los grandes náufragos fueron los pequeños y medianos productores agrícolas que no pudieron competir contra los granos importados y altamente subsidiados; a su vez, se enfrentaron a la remoción de los precios de garantía y a la homogeneización de los precios de los productos agrícolas respecto a los precios internacionales. Sometidos a un destierro laboral, se vieron obligados a migrar a los campos estadounidenses o hacia la agroindustria del noroeste mexicano. Este destierro es el correlato de la dependencia alimentaria (hacia el 2018 fueron importadas 23 millones de toneladas de granos básicos) y de las epidemias de obesidad, diabetes, desnutrición e hipertensión derivadas de la drástica modificación de los hábitos de consumo y alimentación entre la población mexicana. Tan solo un indicador al respecto: para el 2015, sus habitantes consumieron diariamente, en promedio, 1 928 calorías de comida empaquetada y bebidas azucaradas (380 calorías más que en Estados Unidos) (https://nyti.ms/3f069a1).        

El otro eslabón perdido en este acuerdo comercial lo representa la libre movilidad de la fuerza de trabajo. 58 millones de mexicanos –entre documentados e indocumentados– (oficialmente se consideran entre 36 y 38 millones) radican en los Estados Unidos y contribuyen decisivamente al crecimiento económico de esa nación. Sin embargo, al ser ninguneados en los tratados comerciales y perseguidos en su vida cotidiana, se les priva de derechos en materia de educación, salud, seguridad social, así como de un tránsito seguro, certero y libre entre ambas fronteras.   

A grandes rasgos, lo que se pretendió con este tratado comercial desde sus orígenes fue reposicionar a las empresas de capitales estadounidenses –principalmente a la industrias automotriz, informática y electrónica– en el concierto de las redes empresariales globales La llegada del señor Donald J. Trump a la máxima magistratura de su país, significó –entre otras cosas– la renegociación del acuerdo comercial en aras de poner límites a los márgenes de maniobra adquiridos por las inversiones chinas que asumen a México como plataforma exportadora hacia los Estados Unidos. Ni las posibilidades de gestación de capacidades industriales y de capacidades tecnológicas estuvieron presentes a lo largo de los últimos 26 años; y ello –sin duda– impone grilletes a la posibilidad de vertebrar un proyecto de nación con mínimos márgenes de soberanía y maniobra.    

La firma y entrada en vigor del llamado T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) viene a actualizar estas relaciones y simbiosis históricas entre ambos países en el concierto de las disputas geoeconómicas globales. Cabe mencionar que las tres naciones concentran el 18,3% del mercado mundial y el 16% de las exportaciones plantearías; al tiempo que acumulan un PIB de 26 billones de dólares y concentran una riqueza mundial del 20%. Y que el telón de fondo de todo ello es la decadencia de los Estados Unidos como potencia hegemónica del sistema mundial; así como la lucha, a su interior, entre dos modelos de capitalismo: el financista/globalista/aperturista regido por la especulación y el rentismo, y el industrialista/nacionalista que ganó terreno en los últimos cinco años con la exacerbación nativista, nacionalista, supremacista y proteccionista. 

La puesta en marcha del llamado T-MEC el pasado primero de julio representa, también, la actualización y profundización de las relaciones de subordinación y dependencia de México hacia el vecino del norte. No solo es la claudicación de la posibilidad de resucitar una renovada política industrial que vertebre el mercado interno, sino que significa llevar hasta sus últimas consecuencias el estatus de plataforma maquiladora y exportadora regida por la perpetuación de las políticas económicas inspiradas en el fundamentalismo de mercado. Significa el reposicionamiento territorial actualizado de las redes empresariales globales de origen estadounidense y una remozada incursión de éstas corporaciones en torno a los recursos naturales y energéticos radicados al sur del río Bravo; así como en torno al trasiego de drogas y armas entre ambos países. 

Esto es, se trata de un acuerdo comercial proteccionista y extractivista para re-lanzar a las subsidiadas corporaciones estadounidenses –altamente contaminantes, por cierto– hacia el festín que representan las semillas nativas, el agua potable, las riquezas mineras, el litio –en tanto la energía del nuevo patrón tecnológico que se avecina– y los hidrocarburos como el gas y el petróleo. Con el agregado de que los grandes proyectos de infraestructura del actual gobierno mexicano –el Tren Maya y el Corredor Transístmico o Interoceánico– romperán con el carácter de espacio de reserva de la macrorregión Sur-Sureste de México al insertarla de manera definitiva en el patrón de acumulación extractivista y depredador del territorio, la naturaleza y de los bienes comunes. 

El otro gran tema relacionado con el T-MEC es el laboral. Es de llamar la atención que el grito desesperado en torno al llamado dumping laboral (competencia desleal) proviniese del gobierno estadounidense ante los persistentes salarios bajos percibidos por los trabajadores mexicanos, y que signan la desigualdad salarial en América del Norte –especialmente en el sector de la industria manufacturera. Los bajos salarios, desde 1994, fueron –junto con la cercanía geográfica y la dotación de infraestructura básica– el principal incentivo para el establecimiento de la inversión extranjera directa en México. Al tiempo que conformaron el principal mecanismo para la transferencia de excedentes desde México hacia los Estados Unidos. Y en esto –junto con la laxitud o ausencia de regulaciones ambientales– fueron obsequiosas las élites político/tecnocráticas de los sexenios previos. 

En 1993, Al Gore –entonces Vicepresidente de los Estados Unidos– comparó al NAFTA (TLCAN) con la compra, en 1803, de la Louisiana y con la adquisición de Alaska en 1867 (https://lat.ms/39qyk0E). De esa magnitud es el posicionamiento corporativo estadounidense en el territorio, infraestructuras, ferrocarriles, recursos naturales, y mano de obra mexicanos. El actual T-MEC extenderá estas pretensiones y representará un grillete más a la histórica dependencia comercial, financiera y tecnológica de México respecto al vecino del Norte.  

Pensar con cabeza propia el desarrollo nacional no es un asunto baladí, ni un mero ornato intelectual o academicista. Y menos lo es tratándose del diseño y ejercicio de políticas públicas que afectan a millones de mexicanos en el contexto de la reconfiguración de las relaciones económicas y políticas internacionales contemporáneas. Para una nación subdesarrollada como la mexicana –con sus ancestrales desiguales sociales y regionales–, ello supone un nuevo pacto social que reivindique –más allá del tradicional entreguismo– la necesidad de (re)pensar y reconfigurar el tipo de relación que se sostiene con los Estados Unidos.  

El actual gobierno federal argumentó que ante la amenaza de aranceles augurada por el señor Trump como respuesta a la laxitud de la política migratoria mexicana en la frontera sur, no restaba más que ceder a sus pretensiones, pues de lo contrario la economía nacional colapsaría. La realidad es que siempre existen alternativas –y no precisamente la sumisión y el envío de un muro cuasi militar a esta frontera. Las alternativas supondrían explorar y potenciar los 13 tratados comerciales que México tiene suscritos con 50 países; los 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (los llamados APPRIs) ostentados con 33 países; y los 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) que son parte de la Asociación Latinoamericana de Integración. La diversificación comercial –y no la dependencia comercial en un 80 o 90% respecto al vecino del norte– marcaría la pauta para un reposicionamiento y una inserción más ventajosa de México en los mercados internacionales; al tiempo que abriría el camino para que una Cuarta Transformación real se exprese en la remoción –o, en su defecto, la reconfiguración– de la institucionalidad y entramados jurídicos desprendidos del TLCAN y del T-MEC, los cuales pesan como una enorme lápida sobre cualquier posibilidad de vertebrar un proyecto de nación a partir de la soberanización de las decisiones económicas. Lo contrarío –como hasta ahora– será la perpetuación de la larga noche neo-liberal que el discurso oficial dio por terminada; así como la renuncia a toda posibilidad de articular una política industrial fundamentada en decisiones autónomas. 

Más aún, mirar al T-MEC como ese tanque de oxígeno que reflotará a la economía mexicana ante el azote de la pandemia, no solo es continuar en el mismo sendero de la dependencia comercial, sino tirarse un balazo en el pie y luego intentar correr con el daño autoinfligido. Es de una cortedad de miras por la obsesión de las élites políticas a aferrarse a los Estados Unidos como única opción en el concierto de la economía mundial, y por la incapacidad para explorar otros mercados. No solo estrecha los lazos asimétricos entre Estados Unidos y México; sino que inhibe toda posibilidad de estructurar un tejido empresarial propio y de detonar procesos de desarrollo que equilibren los endógeno con lo exógeno. 

Isaac Enríquez Pérez es académico en la Universidad Nacional Autónoma de México