Carlos Fazio
El affaire de esta semana de la narcolancha hundida en altamar
y el
despliegue de tropas y barcos estadounidenses en el Caribe
apuntarían
sobre todo a aislar a Venezuela del eje Rusia-China y a reforzar
el
control de Washington sobre una zona estratégica.
El 2 de setiembre, el presidente estadounidense, Donald Trump,
publicó en su red Truth Social un video de 30 segundos,
aparentemente grabado desde un dispositivo militar de la Marina de
Guerra, en el que se observa una pequeña embarcación con cuatro
motores con unos bultos y unas difusas siluetas a bordo. El metraje
avanza y se observa una explosión, y a continuación la lancha rápida
encendida en llamas. En la publicación que acompañaba el video,
Trump escribió: «Esta mañana temprano, siguiendo mis órdenes, las
Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque cinético
contra narcoterroristas del Tren de Aragua [TDA] identificados
positivamente en el área de responsabilidad del Southcom. El TDA es
una organización designada como terrorista extranjera, que opera
bajo el control de Nicolás Maduro y es responsable de asesinatos en
masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y
terrorismo en todo Estados Unidos y el hemisferio occidental. El
ataque se produjo mientras los terroristas se encontraban en aguas
internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a
Estados Unidos. El ataque se saldó con la muerte de 11 terroristas
en acción». Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio,
señaló que el incidente se produjo en el sur del Caribe y que había
sido un «ataque letal».
El video exhibido por la Casa Blanca carece de información
verificable y no aporta pruebas de que el bote transportara drogas,
ni que proviniera de Venezuela, ni datos sobre su destino, y se
desconocen las coordenadas del lugar donde habría ocurrido el hecho.
Incluso no hay forma de comprobar quiénes eran los tripulantes de la
embarcación, porque fueron «eliminados». Tampoco hay contexto. Y
además, con la moderna tecnología de la Armada estadounidense, ¿por
qué degradar de manera deliberada la nitidez y la claridad del video
al extremo de hacerlo inservible para el análisis?
Lo anterior permite conjeturar que bien podría tratarse de un video
fake, de una operación de guerra híbrida y psicológica cuyo objetivo
es manipular a la opinión pública y escalar la violencia imperial,
de un incidente fabricado, tal como ocurrió en el golfo de Tonkín en
1964, cuando Washington inventó un ataque norvietnamita para
justificar la escalada de la guerra en Vietnam y décadas después se
comprobó que había sido falso.
En la noche del martes 2, el ministro de Comunicación de Venezuela,
Freddy Ñáñez, afirmó que el video podría haber sido creado por
inteligencia artificial (IA). «Parece que Marco Rubio sigue
mintiéndole a su presidente: luego de meterlo en un callejón sin
salida, ahora le da como “prueba” un video con IA», escribió en su
canal de Telegram. Ñáñez mostró además una consulta a Gemini, la
inteligencia artificial de Google, a la que le pidió analizar el
video. La respuesta fue que «es muy probable que se haya creado
mediante IA».
Un día antes, Maduro había alertado que el despliegue militar
estadounidense en el Caribe buscaba generar un falso positivo, es
decir, una operación de bandera falsa para justificar una escalada
de agresión a Venezuela. Señaló como ejemplos históricos el
incidente del acorazado Maine en la bahía de La Habana, que dio pie
al inicio de la guerra hispano-estadounidense en 1898 y es el origen
del periodismo amarillo de William Randolph Hearst, y el citado
incidente del golfo de Tonkín.
No obstante, parece improbable que en el corto y mediano plazo el
Comando Sur contemple ejecutar una operación militar formal contra
Venezuela, que es lo que quieren hacer ver como inminente. Lo que
puede haber es una intensificación de la guerra no convencional. El
escenario previsible es un recrudecimiento de la «máxima presión»,
que incluye el aumento en las operaciones psicológicas para
tensionar (recordar la strategia della tensione usada por la OTAN en
Italia en los años sesenta y setenta como instrumento de
desestabilización).
TRUMP, EL ZAR DE LA POSVERDAD
La puesta a punto de la renovada «estrategia de máxima presión» de
la administración Trump 2.0 sobre Venezuela se montó sobre varios
ejes. Uno de ellos fue la reactivación de bulos
ideológico-propagandísticos de InSight Crime y la Fundación
Heritage, que aluden a la fábula que ubica a Maduro como jefe de los
cárteles de los Soles y TDA, y a Venezuela como un «narco-Estado».
La génesis de ambas maquinaciones de desinformación (propaganda
gris), sin base empírica y carentes de una investigación seria, de
evidencia judicial y de pruebas forenses, remite a un informe
fraudulento redactado por Joseph Humire, director del Center for a
Secure Free Society, un think tank conservador ligado a la extrema
derecha estadounidense, que a su vez retomó una ficción ideológica
de InSight Crimeque, según el diario The Guardian de Londres, «se
basaba en fuentes no verificadas». Titulado «Descarrilando el Tren
de Aragua» y publicado por la Fundación Heritage el 5 de diciembre
de 2024, el informe de Humire se presentó como un documento
estratégico para la «seguridad hemisférica». Pero lo que revela,
según un análisis del 21 de agosto de la página web venezolana
Misión Verdad, «no es una amenaza criminal real, sino una mentira
calculada, construida a partir de supuestos, generalizaciones y una
manipulación descarada del lenguaje».
El texto reproduce, casi textualmente, las líneas centrales del
libro-reportaje El Tren de Aragua: la banda que revolucionó el
crimen organizado en América Latina, escrito por la periodista
venezolana Ronna Rísquez, que según el analista Diego Sequera
«cumple con todas las pulsiones confirmatorias que asocian el Tren
de Aragua con el gobierno [venezolano], con más de una pirueta que
le dé la cuadratura al círculo». El apoyo en fuentes secundarias y
una narrativa deliberadamente ficcional para la consideración de
políticas gubernamentales en Washington conjuga una deslegitimación
de esa misma matriz, tanto por origen como por sus consecuencias.
El informe de Humire se convirtió en documento rector para la
segunda administración Trump, que lo adoptó como base para una
estrategia de «seguridad integral» contra Venezuela. No se trata de
luchar contra el crimen organizado, sino de legitimar una política
de injerencia destructiva para un cambio de régimen. Entre sus
recomendaciones, figura la creación de un grupo de trabajo
hemisférico, inspirado en la Operación Resolución Inherente –la
campaña militar contra el Estado Islámico en Siria e Irak–, para
«derrotar al TDA» mediante una «aproximación de todo el gobierno»
(whole-of-government approach). Eso incluye, eventualmente, el
despliegue de fuerzas especiales, asesoría militar desde el Comando
Sur y la intervención directa en territorios de países vecinos.
Pero lo más grave es la instrumentalización del TDA para
criminalizar a toda una nación. Humire afirma que «el TDA es el
proxy perfecto y una herramienta de guerra asimétrica para
desestabilizar países democráticos mientras conserva un alto grado
de negación plausible». Y en un torpe giro ideológico añade que,
dado que está «vinculado» con el gobierno venezolano, el TDA tiene
«cimientos socialistas», una asociación absurda que enlaza el
anticomunismo del siglo pasado, actualizado con el lenguaje de la
«guerra al terrorismo», que cumple una doble función en la actual
administración Trump: por un lado, intenta asociar el chavismo con
la criminalidad; por otro, se convierte en un dispositivo para
generar pánico y justificar el endurecimiento de las políticas
migratorias. Así, de pronto, las olas migratorias venezolanas son
descritas como «invasiones híbridas», una amenaza existencial que
requiere respuestas militares.
EL FACTOR RUBIO
En relación con la actual política de máxima presión contra
Venezuela, el verdadero punto de inflexión llegó en mayo, tras un
reacomodo en la cúpula de seguridad de Washington que llevó a que
Marco Rubio fuera designado como asesor de seguridad nacional
interino, a la par de ejercer el cargo de secretario de Estado. Tal
dualidad de funciones, que recuerda el poder concentrado por Henry
Kissinger en la década del 70, le otorgó a Rubio un rango de acción
sin precedentes en materia de seguridad y política exterior, lo que
consolidó un viraje más agresivo y centralizado en la agenda de
Estados Unidos hacia América Latina, en particular hacia Cuba y
Venezuela.
Rubio coordina actualmente todas las agencias de seguridad y defensa
estadounidenses, además de articular las recomendaciones
estratégicas en materia militar y de inteligencia que recibe el
presidente. En este esquema, el asesor se convierte en el verdadero
filtro estratégico, capaz de orientar a Trump hacia decisiones más
agresivas, sobre todo cuando confluyen factores como la presión de
sectores militares y la narrativa de la guerra contra el terrorismo
y el narcotráfico. A la vez, esa condición lo ubica en una posición
privilegiada dentro del Ejecutivo para utilizar el aparato de
seguridad nacional como una herramienta de su propia agenda política
y sus ambiciones presidenciales.
El actual movimiento militar de Estados Unidos en el Caribe
–incluido el presunto incidente de la narcolancha–, cuya tutela la
lleva el exsenador republicano, puede tener un trasfondo estratégico
que sugiere que esas operaciones cumplen varias funciones
principales:
1) Se activó un nuevo escenario de operaciones psicológicas que
podría abarcar ciberataques, sabotajes contra infraestructura
crítica y focos de violencia armada urbana como parte de una
estrategia de desgaste. El despliegue militar naval en aguas
cercanas a Venezuela buscaría minar la moral y condicionar la toma
de decisiones de Caracas, así como enviar una señal de amenaza
latente sin disparar un solo misil. De todas maneras, la recompensa
de 50 millones de dólares por Maduro ofrecida por Trump podría
alentar a militares disidentes a dar un golpe de Estado con apoyo
naval in situ, sin descartar una operación de extracción del
mandatario por un comando de élite del Pentágono.
2) Al ubicar activos militares cerca de Venezuela (las versiones
indican alrededor de 4 mil marines, un número muy poco significativo
para una invasión), podría tratarse de una provocación calculada
mediante la cual Washington eleva la tensión y fuerza a los
gobiernos de la región a pronunciarse, lo que crea un clima de
hostigamiento e, incluso, empuja un casus belli.
3) Washington exhibe una capacidad de acción militar real; aunque
funcionarios estadounidenses insisten en que se trata de una
«demostración de fuerza», la orden ejecutiva de Trump habilita
operaciones militares directas.
4) Sumado a la puesta en escena de la lancha rápida, no se puede
descartar otra eventual operación de bandera falsa articulada entre
ExxonMobil y el gobierno de Guyana, cuyo objetivo sería escenificar
un ataque en zonas marítimas en disputa en el Esequibo. Tal
eventualidad responde al manual clásico de las operaciones de falsa
bandera que se inician con las acciones encubiertas que atribuyen la
culpa al adversario, utilizadas históricamente como justificación
para intervenciones, sanciones ilegales y guerras. En este caso,
Guyana aparece como punta de lanza de un dispositivo geopolítico
mayor en el que Washington y transnacionales como ExxonMobil
encuentran terreno fértil para avanzar su ofensiva.
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5) Otra variable más grave sería el uso por el Pentágono y la CIA de
las metodologías bélicas utilizadas por la OTAN en Siria, Ucrania y
Palestina ocupada, en particular, el empleo de drones, modalidad que
ha revolucionado las guerras actuales.
En suma, el actual despliegue naval y aéreo de Estados Unidos –que
incluye el crucero USS Lake Erie, con capacidad de disparar misiles
Tomahawk, aviones de reconocimiento P8 Poseidón y un submarino de
ataque nuclear, un verdadero exceso para la lucha contra el
narcotráfico– es multifacético y deliberadamente ambiguo: combina
disuasión, presión psicológica y preparación bélica, con un claro
trasfondo político de ataque contra el gobierno venezolano.
Pero la ficción acusatoria contra Maduro no es un error: es un plan,
dice Misión Verdad. Y mientras haya quien repita el guion sin
cuestionarlo, la mentira seguirá siendo política. De allí que, más
allá de la retórica antidrogas que se presenta como justificativo,
lo que está en marcha es un rediseño del tablero regional bajo la
impronta de Rubio y de los sectores de poder que lo respaldan («la
mafia de Miami», la llamó Maduro), para lo cual es condición sine
qua non ejecutar un cambio de régimen en Venezuela.
Desde hace décadas, Estados Unidos ha apelado al discurso antidrogas
y a la etiqueta del terrorismo como coartadas para justificar
intervenciones en América Latina y el Caribe. De allí que lo que hoy
se presenta como lucha contra el crimen transnacional o el
terrorismo no es más que una pantomima para revestir con apariencia
de «legitimidad» lo que en esencia sigue siendo un plan de cambio de
régimen, con la mira puesta en el petróleo, el gas y las tierras
raras del país sudamericano, así como el control del Mediterráneo de
Estados Unidos (el golfo de México y el Caribe), de cara a una
eventual guerra con China. En ese sentido, y dado que la operación
no responde a una lógica antinarcóticos –las evidencias públicas son
inexistentes–, ¿se montó la operación naval a la manera de un cordón
sanitario en el Caribe ante la urgencia de contener la
multipolaridad energética que se fraguó esta semana en Tianjin,
China, en el marco de la 25.a cumbre de la Organización de
Cooperación de Shanghái (OCS)?
Como señaló el analista Tito Ura, «el capitalismo estadounidense,
atravesado por sobreacumulación, deuda y pérdida de reservas de
petróleo pesado, recurre a la forma más extrema de su reproducción:
la guerra como valor de uso para restablecer la renta geopolítica»
(Rebelión, 28-VIII-25). ¿Funcionará el cerco naval como una valla
aduanera flotante sin necesidad de ocupar territorio venezolano?
¿Percibe Washington la posible incorporación de Venezuela como
observador pleno en la OCS como una réplica de la doctrina Monroe
invertida, con la multipolaridad desembarcando en su tradicional
patio trasero? ¿Quiere mostrar músculo ante su pérdida de hegemonía?
¿Se trata de un aviso preventivo no a los grupos criminales, sino al
eje Rusia-China-India-Irán, y a Brasil, mostrando que Washington
todavía tiene capacidad de presión militar? ¿Es un arma de disuasión
para frenar la expansión de China y Rusia en América Latina,
condicionar a Maduro y erosionar el relato multipolar de la OCS en
un momento clave?
1. Guyana apoyó el despliegue militar estadounidense
en el Caribe. ↩︎
