Ya nada es igual

Abel Barrera Hernández*

Toparnos con la cerrazón del Ejército y con las pésimas actuaciones de la Fiscalía General de la República han sido las pruebas más duras que como padres de los 43 normalistas desaparecidos enfrentamos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En los cuatro años de intensas batallas, Enrique Peña Nieto se empeñó en destruir nuestras vidas con su falsa versión de la verdad histórica. Torturaron a los detenidos para que se autoinculparan y se encargaran de describir las atrocidades que cometieron contra nuestros hijos. Nos taladraron el alma, nos desangraron y nos colocaron al borde de la exasperación. No pudieron vencernos. Nuestro amor inquebrantable y nuestro afán de justicia nos mantienen con gran firmeza y en pie de lucha. La solidaridad de innumerables organizaciones nos reanimó y nos ayudaron a cruzar el pantano de la muerte.

El informe que presentó Alejandro Encinas desenmascaró la urdimbre delincuencial que se teje en los gobiernos federal y estatal. Las autoridades civiles y militares de Guerrero trabajan coordinadamente desde hace décadas, no para proteger la vida de los ciudadanos, sino para destruir a quienes consideran sus enemigos, para afianzar los intereses económicos de caciques y capos delictivos. Los actores armados del estado se han especializado en la guerra sucia. Son expertos en desaparecer a luchadores sociales y a quienes consideran que amenazan al gobierno. Para nosotros no fue una novedad que el informe señalara a militares como responsables de la desaparición de nuestros 43 hijos.

Desde un inicio dijimos que era un crimen de Estado; sin embargo, los políticos guardaron silencio y hasta se unieron para encubrir a los criminales. Enterraron en nuestro corazón la daga de los horrores que cometieron contra nuestros hijos. Nos desquiciaron los actos perversos de los políticos mal nacidos y de los policías asesinos. Quedaron evidenciados los guachos que siempre han estado coludidos con los jefes de las bandas criminales para desaparecer y enterrar a inocentes en fosas clandestinas.

El oro y la droga que se vende en Iguala y se llevan a Chicago, Atlanta y Nueva York es un negocio bien armado entre políticos y delincuentes, que son de la misma calaña. Por décadas, los caciques abrieron rutas nacionales e internacionales, con sus autobuses y camiones de carga para asegurar la droga que se procesa en la sierra. Es una calamidad padecer el flagelo de la delincuencia que controla las policías y las presidencias municipales. José Luis Abarca es el clásico político guerrerense que se encumbra en el poder con la protección y apoyo de caciques, militares y jefes de la delincuencia. En Iguala Guerreros Unidos desplazaron a Los Rojos, para controlar la zona norte hasta Cuernavaca, Morelos. Eso lo lograron con apoyo de los caciques, el Ejército, los policías de varios municipios, los ministeriales y la entonces procuraduría del estado. Hasta hoy las autoridades federales no se atreven a desmantelar estas redes criminales. Continúan las desapariciones, los asesinatos, los periodistas desplazados y privados de la vida. Las mismas empresas mineras se han beneficiado del crimen organizado para pactar con los criminales y asegurar sus meganegocios en los municipios de Cocula, Teloloapan y Eduardo Neri.

No entendemos por qué se sigue protegiendo tanto a los delincuentes como a los que armaron la verdad histórica y están dentro de la fiscalía general. También quisiéramos saber por qué se protege tanto al Ejército. En Guerrero sabemos todo lo que han hecho y ningún gobierno los castigó. Ahora con López Obrador les dieron más poder y más dinero. El mismo general Cresencio se engalló más. Apenas dijo que el Ejército vela por la seguridad nacional y la unión de los mexicanos y que los que defendemos nuestros derechos tenemos intereses y ambiciones personales. Que queremos desprestigiarlos para que la gente ya no confíe en ellos. Dice que el Ejército y la Guardia Nacional tienen como misión respetar los derechos humanos. Entonces, ¿por qué no quieren que se investigue al ejército? ¿Por qué se niegan a proporcionar toda la información que tienen? y ¿por qué no cumplen con el compromiso que asumieron de colaborar con la comisión de Ayotzinapa brindado toda la información que hay en sus archivos?

Como padres de los 43 vemos que hay enojo del Ejército. Nosotros somos los que estamos ofendidos por todo lo que hicieron con nuestros hijos. No nos pueden impedir que protestemos y que manifestemos nuestro dolor y nuestro coraje. No vamos a permitir que la fiscalía general pisotee nuestros derechos, que ellos mismos se pongan del lado de quienes tienen órdenes de aprehensión. ¿Por qué, ante el reclamo del general Cresencio de que hay personajes interesados en afectar la imagen de las fuerzas armadas, a los tres días se da el desistimiento de las órdenes de aprehensión contra los militares?

¿Queremos saber qué intereses defienden los funcionarios de la fiscalía que pidieron que se cancelaran las órdenes de aprehensión contra 16 militares y contra los ex funcionarios de Guerrero como Iñaki y Lambertina? Con esto vemos que no se quiere avanzar en las investigaciones y mucho menos detener a los militares. ¿Dónde está el compromiso con nuestros derechos humanos?

Ahora el Presidente dice que en nuestro movimiento hay infiltrados, que hay intereses ajenos que pretenden desestabilizar su gobierno. Estamos realmente preocupados, porque más bien vemos que muchos quieren descalificar nuestras protestas, para que no se haga visible nuestro enojo. En verdad estamos muy molestos, porque la fiscalía nos ha pegado con la puerta en la cara al cancelar las órdenes de aprehensión. Ni siquiera se toman la molestia de explicarnos por qué lo hicieron. El fiscal siempre nos ha ignorado. Vemos que hay intereses políticos muy grandes que obligan a los funcionarios de la vieja procuraduría, a maniobrar de manera sucia para que no metan a la cárcel a los militares ni a los funcionarios que tienen órdenes de aprehensión.

Ya nada es igual en nuestras vidas desde que desaparecieron a nuestros 43 hijos. Dejamos a nuestras familias y parcelas, perdimos a tres papás y una mamá. Nos han golpeado los políticos con sus desprecios y traiciones, y las enfermedades nos quieren tumbar. Aunque se inunden nuestras casas con las lluvias y se agrieten nuestras paredes por los temblores no dejaremos de luchar, hasta saber dónde están nuestros amados hijos.

* Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan