El sismo y el derrumbe de la información

Fernando Buen Abad Domínguez

En una situación de emergencia, de consternación y miedo como la que se produce con un sismo, la información es un aliado o es un enemigo según los intereses de quien la genera o manipula. Lo que debería ser un derecho inalienable y una responsabilidad social obligatoria, pasa a ser una mercancía lábil ahogada en mares de incertidumbre y angustia. Los monopolios mediáticos aprendieron a hacer, de esto, un festín comercial muy peligroso. México, tal cual. Poco es más desesperante que la insoportable levedad de la información mercantilizada. Avasalla conciencias para que reine el desconcierto. Toda información que se distribuya sobre México a partir del sismo debe ser verificada. Respeto por las víctimas y los damnificados.


Saber qué pasa, quiénes son los protagonistas, qué hacen, qué dicen, qué temen y qué necesitan. Objetivamente, concretamente. El maremágnum de acontecimientos es un desafío metodológico si se quiere contribuir a despejar confusiones pero es un caldo de cultivo idóneo si de lo que se trata es de que impere el desorden, el oportunismo y la proverbial manía burguesa de comerciar con las mentiras. En cada víctima del sismo está la sombra de la corrupción con las mafias inmobiliarias y gubernamentales. Ayudar no es sinónimo de cómplices.

Hay muchos presupuestos que deben ser tratados con destreza de quirófano si se quiere ser útil a las víctimas y a la justicia luego de que un fenómeno telúrico (o cualquier otro) hace de las suyas e impone sus consecuencias más duras (o menos) según su tamaño y según mil condiciones. Eso incluye la dialéctica entre la información y la opinión, entre los hechos y sus interpretaciones, entre la realidad y las ideologías. Eso incluye el acuerdo sobre principios universales que deben ser referentes y orientadores para que lo humano no se subordine a los negocios de los mercachifles, a los negociados políticos de sectas burguesas, o al “opio de los pueblos” en cualquiera de sus presentaciones. Son presupuestos teórico-metodológicos inexcusables a sabiendas de que, bajo el capitalismo que es mentiroso por definición, “por el engaño nos han dominado más que por la fuerza”. Por cierto, ¿alguien sabe qué relación hay entre sismos y fracking yanqui? (fractura de placas tectónicas para obtener petróleo). Toneladas de dinamita.

Y resulta que los gobiernos, que se han dedicado a defraudar a los pueblos al servicio de los empresarios, piden confianza en sus destrezas técnicas y administrativas para resolver o paliar las penurias, el duelo y las pérdidas que sufren las personas bajo esas condiciones duras. Piden “unidad” y “solidaridad” a-críticas para postergar debates, reclamaciones o denuncias a cambio de una reconciliación de clase coyuntural, ficticia y muy conveniente para el momento. A cambio de eso promesas, promesas y más promesas. Todo con sus cartas (de industrias inmobiliarias, de la construcción y del crédito) meticulosamente escondidas bajo la manga, para sacar jugo comercial al dolor de la gente. Todo con un decorado fastuoso de cámaras y micrófonos para simular el “derecho a la información” con gran tecnología mientras se distorsiona la semiología. CNN miserable -como es su naturaleza mercantil- comercia con el sismo y juega al “raiting” amarillista. Sus periodistas disléxicos terribles.

Un capítulo especial merece México, ensangrentado por el crimen organizado, golpeado por uno y otro fenómeno de la naturaleza (huracanes, terremotos, plagas…) aniquilado por las hambrunas, el desempleo, la expulsión de mexicanos a USA, el analfabetismo, la inflación, la especulación, la corrupción, los fraudes… ese México, pues, sacudido por el terremoto del neoliberalismo salvaje y que tiene millones y millones de damnificados. Ese México, en suma, que hoy padece en unos cuantos días dos terremotos, ahora vuelve a ser presa de las jugarretas informativas más irritantes y más dolorosas, porque han jugado con la esperanza del pueblo para volver a derrotarlo anímicamente en plena etapa pre-electoral. A esa clase de bajezas juegan los gerentes neoliberales cuando se juega con la información en medio de la tragedia. Son los amigos de Trump, cómplices del Muro. Quiere Peña Nieto un “padrón” de damnificados para “canalizar” la ayuda. ¿Pensará en créditos bancarios de sus cuates “inmobiliarios”? En México, ¿la urgencia de la demolición es urgencia de la contratación de negocios inmobiliarios? ¿Nuevos negocios con oficinas y viviendas? Cuando digan “es mala la calidad de la construcción” están queriendo culpar a los albañiles para esconder funcionarios.

A estas alturas de nuestra experiencia “informativa” global, después de que la bomba de Hiroshima se vendió como salvación de la humanidad; después de las “armas de destrucción masiva”; después de la ofensiva mediática contra Gadafi; después del ataque mediático monstruoso contra Venezuela… después de tanta falacia y tanto engaño, no podemos enfrentar acontecimiento alguno con ingenuidad ni lamentaciones a la hora en que se desnudan las mentiras y nos muestran el “estiércol del diablo” con que han sido fabricadas.

Y con esos antecedentes, con marcos teóricos y metodológicos pertinentes, con imaginación y suspicacia, con experiencia y con principios éticos sabemos que todo episodio será usado como emboscada para arrodillarnos ante los negocios de unos cuantos vivales que secuestraron el poder para extorsionar a los pueblos. Con esos antecedentes ya podemos ratificar que el “Derecho a la Información” es también un territorio de disputa social y que se trata de una disputa entre un pueblo urgido de orientación y claridad, frente a un puñado de comerciantes, para quienes los derechos humanos son sólo pretextos para negocios, para manipular, para extorsionar y para derrotar a los pueblos.

No se usen las imágenes duras para solazar morbos sino para sensibilizar solidaridades. El terremoto no es un “reality show” y nada de construir un muro, lo que nos urge es re-construir a México. Basta de saquear la riqueza del pueblo. Todo el dinero debe ir a las a las víctimas todas. Además de las necesidades que deja un terremoto a la vista, se hace visible también la necesidad del abrazo solidario de los pueblos hermanos. El sismo de 1985 produjo una sacudida nacional de la conciencia. Hoy, la auto-organización del pueblo superó al gobierno miserable. Saldremos de los escombros mediáticos.

¿Quién mató a Meztli Sarabia?

Aurelio Fernández

En Puebla existe un clima propicio para que se cometa cualquier tipo de crimen. El asesinato ayer de Meztli Sarabia Reyna, y el gravísimo daño que sufrió su compañero de organización, Pablo Alfredo Barrientos, quien tiene alojada una bala en el cráneo y se debate entre la vida y la muerte, así lo comprueba. Rafael Moreno Valle es el primer responsable de esta situación: persiguió encarnizadamente a la familia Sarabia, metiendo a la cárcel a Rubén, Simitrio, padre de la víctima fatal y dirigente histórico de la principal organización opositora al gobierno del estado, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, y le siguieron a la prisión la mitad de sus hijos y otros compañeros; prohijó el crecimiento exponencial del robo de combustible y con él la instalación de las mafias prácticamente a las puertas de la capital poblana –-recordemos que su jefe de policía fue detenido por el Ejército cuando daba protección a los huachicoleros, por lo que su secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, debió abandonar el puesto–; redujo en más de 95 por ciento las agencias del Ministerio Público, dejando únicamente las que tenían menor incidencia delictiva y desanimando a miles de personas a acudir a grandes distancias a presentar las denuncias, todo para maquillar en las cifras el número real de delitos; capacitó y controló a las policías para la represión de los movimientos sociales pero no para combatir los delitos que más afectan a la gente.

Logró, con estas medidas, que Puebla subiera aceleradamente en el ranking de estados donde se roba combustible, hasta alcanzar el primer lugar. Hoy, la tendencia a los feminicidios también tiene un comportamiento inercial, y a medio año ya hay 57 mujeres asesinadas por odio de género. La seguridad de la población es una de las principales preocupaciones de los poblanos, los robos de toda índole ocurren con tal frecuencia que son el principal tema de conversación en todas partes de la entidad. La eficiencia de las instancias de procuración de justicia es deliberadamente mala y sesgada. Mientras se mantienen desde el sexenio pasado 366 presos, procesados y perseguidos políticos sin aplicar la justicia, se libera por falta de pruebas a un reo que, se aseguró, mató, torturó, descuartizó y disolvió en ácido a seis personas; se asegura que este hombre prestó sus camionetas blindadas y dio dinero y otros servicios para la campaña de Rafael Moreno Valle, ahí se explicaría el por qué de su total exoneración.

En este ambiente de enrarecimiento social e impunidad, ayer se presentaron cuatro individuos en el mercado Hidalgo preguntando por Meztli y le descargaron un tiro en el abdomen, otro en la nuca, y dispararon contra Pablo Alfredo, quien se encontraban con ella. Sicarios profesionales, sin duda. Dejaron un papel diciendo que el que seguía era Simitrio; más que una amenaza. ¿Quiénes fueron; quién fue? Dudo que las autoridades encuentren a los culpables, pero ellas son las responsables de hacerlo. Lo cierto es que esta irrespirable atmósfera de miedo tiene en hechos como éste su explicación. Aunque yo señalo sin ambages a Moreno Valle como el responsable de esta situación, Antonio Gali es quien debe dar la cara por ella, y su secretario de Gobierno, Diódoro Carrasco, heredado por el anterior gobernador, no puede hacerse a un lado.

Meztli tenía 42 años, tres hijos, uno de 15, uno de 11 y otro pequeño. La semana pasada la vi en casa de los Sarabia, donde Rubén purga una injustificable condena en la modalidad de prisión domiciliaria. Los fuimos a visitar en ese departamento de interés social en el que también vivía ella, la saludé al salir con su hijo pequeño rumbo al mercado. Pablo Alfredo se fue a un hospital privado, porque, a decir de la organización, le negaron la atención en el hospital de traumatología General Rafael Moreno Valle –inaugurado por el anterior gobernador y hoy aspirante a la Presidencia de la República con grandes fastos y en compañía de Peña Nieto–, aunque versiones extraoficiales del gobierno actual niegan esta versión. La Fiscalía del estado pone entre sus líneas de investigación el narcomenudeo, una acusación hecha sin pruebas desde hace años; los otros sicarios, lo de la tecla, dan por hecho esta versión, y los bots salieron casi al mismo tiempo que apareció la noticia en el portal lajornadadeoriente.com a dar esta versión por cierta acusando a Meztli de ser la culpable de su propia muerte; por cierto, investigar a estos bots sí es una línea seria para la Fiscalía, pero no hablan de ella.

Es demasiado. No debemos tolerar el nivel al que han llegado las cosas.

Después de Ayotzinapa, el terror interminable

Arturo Rodríguez García

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aún no ocurrían los operativos policiacos contra maestros disidentes en Oaxaca y Chiapas (en junio), ni su extensión a los pobladores que los apoyaban en la sangrienta jornada de Nochixtlán, pero la estadística dejaba ver que las violaciones a los derechos humanos de quienes se dedican a defenderlos se mantenían como parte de una espiral represiva iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, aunque nunca tan radical y dispuesta a asumir los costos políticos como ocurrió a partir del 1 de diciembre de 2012.

Cada año las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y el Comité Cerezo México, emiten el único informe que documenta –con nombre, fecha y lugar– la represión contra dirigentes sociales y defensores de derechos humanos en el país.

En su edición 2016, dicho informe fue intitulado “Defender los derechos humanos en México: la normalización de la represión política”, y sus conclusiones parten de interpretar los datos obtenidos mediante el registro de los casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, prisión política, así como de las diferentes modalidades de agresiones cometidas contra defensores de derechos humanos.

Desde sus primeras páginas el documento da cuenta de las diferencias entre el sexenio de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto: con el primero se llamaba la atención sobre una guerra contra el narco que servía para “normalizar” la violencia; con el segundo, la violencia ya normalizada, se ha concentrado en configurar al enemigo en quienes se oponen a las reformas y políticas derivadas de éstas, centrando el discurso político en los beneficios que habrá con la implementación.

Es decir, después de Calderón el proceso represivo entró a un segundo momento: “Lo que estamos viendo no es sólo un aumento en las estrategias represivas y una mayor selectividad, sino que estamos presenciando que el Estado llegó a una fase en la que está dispuesto a pagar los altos costos políticos que le trae el ejercer sus actos represivos”.

Desaparecer la disidencia

Cuando cinco jóvenes desaparecieron en Tierra Blanca, Veracruz, Claudia Ivonne Vera García se sumó a la búsqueda. Desde 2011, cuando su sobrina de seis años desapareció en esa entidad, reclamaba al gobierno su inacción y participaba en iniciativas ciudadanas de localización, algo que siguió haciendo hasta que el pasado 23 de marzo ella misma desapareció.

Veracruz es uno de los estados con mayor registro de agresiones contra defensores de derechos humanos y dirigentes sociales desde que Javier Duarte asumió el poder, y en su último año de gobierno la entidad ascendió al primer lugar en desapariciones de personas activas en el movimiento social.

Además de Claudia Ivonne, también desaparecieron el académico René Hernández Luis (en agosto de 2015) y el activista Naviel Pérez Pérez (el 3 de enero), aunque sólo en ese caso se le localizó sin vida 10 días después. Con ese registro, Veracruz concentró tres de las siete desapariciones contabilizadas en el país de junio de 2015 a mayo pasado.

Los otros estados donde ocurrieron hechos con el mismo tinte son: Tamaulipas, donde en julio de 2015 desapareció Enrique López Gutiérrez; Jalisco, Mirian Patricia Almanza Cruz, en octubre siguiente; Ciudad de México, donde la Policía Federal desapareció a Julio Emmanuel Marcel de Jesús, quien luego quedó en libertad, y Chiapas, entidad en la que Fidencio Gómez Santís fue desaparecido en marzo pasado.

La edición anterior del informe mencionaba que desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto a mayo de 2015, 81 personas defensoras de los derechos humanos o dirigentes sociales habían sido víctimas de desaparición forzada. Entre junio de 2014 y mayo de 2015 fueron 52, es decir, la mayor parte de los casos que hasta ahora se han contabilizado.

Este año hay una diferencia, pues entre junio de 2015 y mayo de 2016 desaparecieron sólo siete personas (el informe anterior incluía a los 43 estudiantes de Ayotzinapa), lo que indica una disminución significativa respecto del período anterior. Pero en suma se trata de 89 víctimas en lo que va del sexenio, de las cuales, tras su desaparición, 17 fueron víctimas de ejecución extrajudicial, nueve más fueron liberadas y siete quedaron presas. Del resto, su paradero sigue siendo una incógnita.

La desaparición de dirigentes sociales en la última década se observa en 15 estados de la República, pero son Guerrero (69), Michoacán (16), Oaxaca (14), Veracruz (ocho) y Chiapas (siete), los que encabezan la lista de entidades donde ocurre con mayor incidencia esa grave violación a los derechos humanos.

Adiós al refugio

Rubén Espinosa era un fotorreportero cercano al movimiento social veracruzano y su trabajo se había vuelto incómodo al gobierno de Javier Duarte, así que, amenazado, decidió trasladarse a la Ciudad de México, el refugio de los periodistas que en el resto del país se encuentran en riesgo.

Semanas después se reunió con Nadia Vera, una joven que acompañaba diferentes movimientos sociales, y en especial el universitario veracruzano, que mediante los cauces regulares de la protesta social confrontaba al mismo mandatario. La joven radicaba en la Ciudad de México desde que su vivienda en Jalapa fue allanada y las acciones violentas contra estudiantes se radicalizaron.

El 31 de julio de 2015, Rubén y Nadia aparecieron muertos junto con tres mujeres, dos que compartían la renta con Nadia y la empleada doméstica. El refugio capitalino fue vulnerado y el multihomicidio continúa impune.

Las ejecuciones extrajudiciales cometidas contra defensores de derechos humanos y dirigentes sociales registran un incremento notable en la administración de Peña Nieto:

En 2007, apenas se registraron tres casos; entre 2008 y 2010, hubo en total 21. Pero a partir de 2011, la incidencia creció hasta sumar 20 casos, y la tendencia se mantiene, pues en 2012 hubo 21 ejecuciones extrajudiciales, 20 en 2013, 19 en 2014, 18 en 2015, y en los primeros cinco meses de 2016 ya sumaban nueve.

Al comparar por sexenio, con Calderón fueron asesinadas 67 personas. En lo que iba del gobierno peñanietista, hasta mayo pasado sumaban 66, una cifra que se incrementó en los meses siguientes.

Sólo con los casos de mayor cobertura, de junio a la fecha –que no son contemplados aun por el Informe–, el incremento es claro en 2016, pues a los nueve casos mencionados se suman los ocho muertos en Nochixtlán, Oaxaca, entidad donde al menos dos personas más murieron en junio.

Para mayo pasado, el informe había documentado siete casos en Oaxaca, la entidad con más ejecuciones extrajudiciales; cuatro en Chiapas; tres en Guerrero, y dos casos más en la Ciudad de México.

Redadas y prisión

Durante la jornada electoral del 7 de junio de 2015, integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) se manifestaron por el desarrollo comicial. Cuando regresaban a sus casas fueron embestidos por un operativo policiaco que detuvo a 75 personas, de las cuales 25 fueron consignadas y siguen presas.

El FPR es una de las organizaciones sociales que más ha padecido de represiones en el país, y en Oaxaca suele ser objeto de las distintas formas de represión. En el caso de los 25 presos de aquella jornada electoral, el proceso no avanzó porque el juez tercero de distrito, Amado Chiñas, argumentó que no tenía traductores de mixe y zapoteco, lengua materna de varios miembros del grupo. Pero los mandaron a penales de alta seguridad, sin proceso y sin sentencia.

Por ser una detención masiva y haber sucedido en Oaxaca, el caso es emblemático. Y es que al aspecto de la masificación enfatizado por el informe, se suma el hecho de que se trata de una de las entidades con mayor registro de defensores de derechos humanos o miembros de movimientos sociales presos.

Junto con Oaxaca, el Distrito Federal, Guerrero y Chiapas son los estados donde el uso de las detenciones arbitrarias y la prisión por motivos políticos es mayor. Pero en el último año el encarcelamiento de dirigentes se amplió a los estados de Michoacán, Jalisco y Morelos.

En el informe anterior, Guerrero tuvo el primer lugar en detenciones arbitrarias, todas relacionadas con el movimiento magisterial, precisamente el que en el último año sumó más de cien casos, sólo en Oaxaca y Michoacán.

En el rubro no sólo se contabilizan los casos de quienes son sujetos a proceso penal, sino de aquellos que aun siendo detenidos por unas horas, lo son a consecuencia de su participación en el movimiento social. No obstante, los redactores del informe previenen que muchas de las detenciones ocurren en lugares aislados, no siempre es posible documentarlos y la estadística podría ser superior.

Hasta el pasado mayo sumaban 497 casos de detenciones arbitrarias ocurridas en los 12 meses previos, por lo que la cifra aumentó, dado que en 2015 se documentaron 459 casos.

Respecto de quienes están sometidos a proceso penal o fueron sentenciados, hasta el 31 de mayo de 2015 estaban presas 224 personas por motivos políticos en México, y actualmente, hasta el 31 de mayo de 2016, suman 277. La cifra incluye a todos las personas que están detenidas desde 1995, algunas de los cuales llevan ya alrededor de 21 años en prisión.

El incremento en las detenciones y prisión para dirigentes sociales es notorio en la estadística. Los informes de represión abarcan cada año de junio a mayo siguiente, y por lo que respecta al período 2012-2013, se registraron sólo 50 casos, para 2014 sumaron 175, en 2015 la cifra ascendió a 224, y en el año próximo pasado, hasta mayo, se acumularon 277 casos.

En el tiempo que lleva Peña Nieto, el número de detenciones arbitrarias aumentó casi al doble respecto del sexenio anterior, pues en tres años y medio se realizaron mil 635 detenciones arbitrarias, lo que por otra parte representa 62% del total de detenciones arbitrarias realizadas desde 2006.

Un dato adicional es que alrededor del 70% de los detenidos están libres sin cargo alguno, es decir, no existió ningún elemento para mantenerlos en prisión y ese simple hecho convierte en arbitraria una detención. De acuerdo con los redactores del informe, constata el hecho de que se utiliza como un mecanismo para inhibir las manifestaciones organizadas de descontento, y sobre todo el ejercicio al derecho humano a la protesta.

Hasta el cierre de este informe, el número de personas que fueron detenidas de manera arbitraria y que se encuentran en prisión asciende a 81; además, 67 personas que están libres bajo caución o con reservas de ley.

Finalmente, a diferencia del informe anterior, donde la mayoría de las personas fueron detenidas bajo delitos del fuero común –lo que señalaba que eran ejecutadas por las autoridades y policías de los estados–, actualmente hay un porcentaje similar entre aquellos a los que les fueron imputados delitos del fuero común y aquellos imputados por delitos del fuero federal.

Ataques, amenazas, hostigamiento…

A unos cien metros del caserío, en la villa de Cloete, en Coahuila, los caciques de la región intentan extraer carbón. Sin embargo, un grupo de deudos de mineros muertos en los socavones y la defensora de derechos humanos Cristina Auerbach Benavides se han opuesto por la vía judicial.

Los priistas Antonio Nerio, padre e hijo homónimo, cuando no son alcaldes son diputados. Ambos controlan parte del transporte carbonero y también tienen minas irregulares, una de las cuales exhibió Auerbach. La concesión es del regidor Álvaro Jaime, también priista, en el municipio de Sabinas.

Además de las amenazas, demandas, vigilancias y difamaciones en medios de comunicación, Auerbach Benavides también fue víctima –el pasado 30 de marzo– del allanamiento de las oficinas de la Organización Familia Pasta de Conchos, por parte de un grupo clientelar del PRI regional. El caso concentra todos los tipos de agresión que documenta el informe de la represión, pero es apenas uno de los ataques a defensores de derechos humanos en todo el país.

Se trata de 136 eventos que contienen 446 ataques que afectaron a 165 personas, 48 organizaciones y 15 comunidades. En 2015 se habían documentado 330 ataques que afectaron a 248 personas, 47 organizaciones y 35 comunidades.

La aparente disminución en los eventos y los actos registrados del informe de 2015 al de 2016, muestra que los ataques fueron masivos.
Sobre los estados en los que ocurrieron, Guerrero concentra 18.6% (83 ataques) de todos los actos documentados, seguido de Chiapas con 15% (67), Oaxaca con 12.3% (55), Michoacán (48) con 10.7%, Veracruz con 8.9% (40) y la Ciudad de México con 7.8% (35).

El informe expresa su convicción de que la alta concentración de casos en Guerrero es una respuesta del Estado a la efervescencia del movimiento social motivada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la reforma educativa, lo que también explica que sean los estados con movimiento magisterial los que registraron más ataques.

Por su tipología, se observa una intensificación de la violencia represiva, pues a diferencia del año pasado, cuando el hostigamiento fue el tipo de ataque más utilizado, actualmente son las agresiones las que se presentan como el acto más usado con 261 casos (58.5% del total), seguido de la amenaza, con 62 casos (13.9%); criminalización, con 61 (13.6%), y hostigamiento, con 43 episodios (9.6%).

Para las organizaciones que emitieron el informe, la estadística en general no es sólo un recuento o exposición de datos. Se trata, en síntesis, de un gobierno que intenta imponer las reformas estructurales y sus políticas y programas derivados, mediante una estrategia de control social que con militarización, paramilitarismo y la construcción de un enemigo –en lo que llama “inercias y resistencias que deben vencerse”– perfeccionó un modelo represivo que pretende normalizar.

Traición a la patria

Gilberto López y Rivas

En la Ciudad de México, siendo el día 15 del mes de septiembre de 2016, el suscrito comparece nuevamente ante las autoridades que correspondan y ante el pueblo de México, para exponer e interponer, con fundamento en lo establecido en los artículos 8 y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2º. fracción I, 113, 116, 118 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales, una ratificación y ampliación de denuncia de hechos por la posible comisión del delito de traición a la patria, tipificado en el artículo 123 del Código Penal Federal, contra Enrique Peña Nieto, sus funcionarios y quienes resulten responsables de anteriores gobiernos, por acción u omisión en el ejercicio de sus funciones en los actos que a continuación se describen:

1.- Alentar, permitir y coadyuvar para que un porcentaje considerable del territorio nacional sea entregado a corporaciones extranjeras mineras, en 70 por ciento canadienses, que contaminan aguas, flora y fauna y atentan gravemente contra la salud de los habitantes de su entorno, despojando en los hechos a los legítimos dueños de las tierras de propiedad ejidal, comunal y privada, mediante concesiones otorgadas a esas empresas, sin tomar en consideración que las mismas se encuentran protegidas por el artículo 27 de la Constitución. Otras corporaciones, como la Coca-Cola y cerveceras, al igual que las mineras, se han adueñado de numerosas fuentes de agua, privatizando este líquido vital en perjuicio de millones de mexicanos. Igualmente, enormes extensiones de litorales y playas, han sido adjudicados a corporaciones extranjeras. Estas acciones violentan gravemente la independencia, soberanía e integridad de la nación mexicana, al enajenar y gravar territorio nacional y sus recursos, y contribuir con ello a su desmembración.

2.- Ratificar y continuar cumpliendo lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio (TLC), la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan), y la Iniciativa Mérida, que dañan gravemente la soberanía económica y política de la nación, en beneficio del gobierno y las corporaciones de Estados Unidos, particularmente, sin que estos tratados y mecanismos injerencistas hayan sido sancionados por el Congreso de la Unión ni hayan sido consultados a la ciudadanía. Por medio de Aspan y la Iniciativa Mérida, impuestas por los gobiernos anteriores, y aceptados por el titular del Poder Ejecutivo federal en funciones, agentes de corporaciones militares, policiacas y de inteligencia extranjeros actúan en territorio nacional, algunos de ellos presuntamente armados; estos agentes realizan tareas de seguridad e inteligencia e interfieren y monitorean nuestras comunicaciones desde la Oficina Binacional de Inteligencia, con sede en la Ciudad de México, donde actúan la Agencia de Inteligencia Militar (DIA), la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y la Agencia Nacional de Seguridad Nacional, dependientes del Departamento de la Defensa de Estados Unidos. Asimismo, están presentes agentes de la Agencia Federal Antinarcóticos (DEA), la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que responden al Departamento de Justicia de ese país, y, claro, la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Estos organismos mantienen enlaces que consiguen información requerida por los extranjeros en todas las dependencias militares, de seguridad e inteligencia mexicanas, en una clara violación a la soberanía y a la seguridad nacionales.

Ya en 2007 emplazamos al entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, a responder sobre el hecho de que el gobierno de Estados Unidos contrató a la empresa Verint Technology Inc para intervenir todos los sistemas de comunicación de nuestro país, según el contrato 5-INLEC-07-M-0002, por un monto de 2 millones 963 mil 438 dólares. El anuncio del contrato que ganó la licitación fue publicado el 23 de febrero de 2007, en el sitio web de la administración pública estadunidense. De lo que se desprende que dicha empresa, u otra similar, continúa trabajando en el escrutinio de las comunicaciones de los ciudadanos, afectando las garantías individuales y, nuevamente, la soberanía nacional, sin que el gobierno actual haya dado cuenta de esta denuncia pública. En ese entonces planteamos estas interrogantes, hoy vigentes: ¿Quiénes deciden qué particulares, organizaciones u organismos deben ser vigilados? ¿Qué marco legal permite o no estas interferencias? ¿Quién clasifica la información y bajo qué criterios? ¿Qué organismo local o extranjero interpreta los datos obtenidos? ¿Es legal que un gobierno extranjero contrate una compañía también foránea para intervenir comunicaciones nacionales? ¿Qué opinan al respecto la CNDH, los integrantes del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes sin duda también serán intervenidos en sus comunicaciones, en razón de la seguridad nacional y lucha contra el terrorismo?

3.- Otro hecho que configura el delito de traición a la patria es la reforma energética que modificó los artículos 27 y 28 constitucionales, que ha profundizado la privatización de Pemex en beneficio de corporaciones extranjeras y firmas privadas de los allegados de Peña Nieto. Esta reforma constituye en los hechos un acto de desnacionalización del petróleo y su entrega a las grandes corporaciones estadunidenses, como Exxon, Mobil y Chevron, acorde con los documentados artículos de mi colega y experto en el tema John Saxe-Fernández (La Jornada, 25 de julio y 22 de agosto de 2013). Con la entrega de Pemex se complementó el ciclo de la ocupación integral del país que ha venido denunciando el grupo Paz con Democracia (La Jornada, 16/11/ 07).

4.- Recibir al candidato republicano Donald Trump en la residencia oficial de Los Pinos, quien es un abierto y autodeclarado enemigo de México y los mexicanos, suceso también censurable de traición nacional. Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente pido se sirvan: Único.- Tener por interpuesta la presente denuncia, solicitando a las autoridades competentes de los poderes Judicial y Legislativo, en virtud de su interposición, procedan a efectuar todas las diligencias pertinentes para que se acredite de manera fehaciente la responsabilidad de los acusados en el delito que se les imputa.

El gobierno fabricó la “rebeldía” del SNTE

Mathieu Tourliere

La noticia cimbró: el SNTE –domado y sometido tras la detención de Elba Esther Gordillo– se alebrestó de pronto contra la reforma educativa, esgrimiendo argumentos parecidos a los de la CNTE. Parecía que al gobierno federal le estallaba de pronto un nuevo frente de batalla… Pero no es así. La oportuna rebeldía del sindicato oficialista le permitirá a la Segob, a la SEP y a Presidencia dividir a los profesores, fingir que atiende las exigencias de los inconformes, postergar los cambios de calado, fortalecer al gremio “charro” y ganar tiempo.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El jueves 7, el oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE, que defendió a capa y espada la reforma educativa) desplegó en los principales periódicos una lista de 10 “resolutivos” que exigen la modificación de aspectos fundamentales de esa reforma.

Por medio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el gobierno federal expresó su entera disposición a discutir estos puntos e instaló de inmediato una mesa de trabajo con el gremio.

Sin embargo, gran parte de los reclamos son idénticos a los que detonaron la insurrección de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) contra la reforma educativa hace tres años, y que la administración de Peña Nieto siempre rechazó negociar.

Es más: también son los mismos que denunció Elba Esther Gordillo Morales –la exdirigente del SNTE– a finales de 2012 e inicios de 2013, cuando anunció que derrumbaría la reforma educativa. Días más tarde, la líder fue detenida y posteriormente encarcelada por desvío de dinero.

El SNTE integró el diálogo en medio de la propagación del movimiento magisterial disidente en el país –que en las últimas dos semanas reportó acciones en la zona metropolitana de la Ciudad de México y los estados de Nuevo León, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Baja California, Sinaloa y Veracruz–, en el que los docentes rebasaron a los líderes oficialistas.

Según Francisco Bravo, integrante de la Dirección Política Nacional de la CNTE, el despliegue formó parte de una estrategia del gobierno para desactivar el conflicto magisterial y reinstalar al SNTE –al que tiene controlado– como interlocutor en materia educativa.

Argumentos idénticos

Entre los planteamientos más importantes del SNTE destacaron los resolutivos tercero, cuarto y quinto, en los que el sindicato oficialista exigió “replantear todo el proceso” de evaluación docente, para eliminar en ello “toda visión o acción sancionadora o punitiva”. Planteó la necesidad de “contextualizar” la evaluación para hacerla “más realista” y que garantice “el respeto a la dignidad y prestigio profesional de los maestros”.

Ello contrasta con la postura de apoyo incondicional al proceso de evaluación que adoptó el SNTE desde inicios de 2013, y que el propio Juan Díaz de La Torre resaltó el pasado 23 de junio en un acto conjunto con Aurelio Nuño Mayer, el secretario de Educación, en el que el sindicalista aseveró que los “verdaderos maestros” participaron en la evaluación docente.

Bravo denuncia en entrevista que la eliminación de la evaluación punitiva “es una de nuestras principales insistencias”, y recordó que “hasta hace unas semanas el SNTE decía que la evaluación estaba fabulosa”.

El SNTE no se limitó a pedir modificaciones al proceso de evaluación, sino también a encontrar soluciones “a los distintos problemas que han surgido en torno” a su aplicación.

Entre ellos, exigió que las autoridades educativas abran espacios a los profesores para revisar su proceso de evaluación, con la finalidad de evitar “ceses injustificados y descuentos indebidos”, otro reclamo que viene denunciando la CNTE desde hace meses.

“Para nosotros cada uno de los 3 mil 360 despidos fue injustificado, en tanto que no derivó del mal trabajo en las aulas, de algún delito o de falta grave”, recordó Bravo, al añadir: “Sólo fue porque no presentaron esto que llamaron evaluación”.

El sindicato oficialista también pidió al gobierno “que se respeten los derechos adquiridos por los docentes en el programa de Carrera Magisterial”, y solicitó que se tome en cuenta este estímulo en el momento de calcular las primas vacacionales, el aguinaldo o la cotización para la jubilación.

Durante el conflicto, la CNTE ha denunciado que esta separación del estímulo al salario base es parte de las consecuencias de la reforma educativa y genera una caída en los ingresos de miles de maestros. Este punto originó el levantamiento del magisterio en entidades como Nuevo León, Coahuila o Chihuahua, donde los docentes prácticamente nunca se movilizan.

Bravo subrayó que varias reivindicaciones de la CNTE no figuran en los resolutivos del SNTE, entre ellos el fundamental: la abrogación de la reforma.

El sindicato oficialista tampoco exigió suprimir la modificación del artículo 73 constitucional, que instaura la autonomía de gestión de las escuelas, no considera el acceso directo de los egresados de las normales al servicio educativo ni plantea una visión precisa sobre el modelo educativo.

Estrategia gubernamental

El sindicalista sostiene que “este documento no lo elaboró el SNTE sino el gobierno”, ya que el sindicato oficial “no tiene decisiones propias”. Explicó que todos los líderes seccionales del SNTE “están metidos en corruptelas” y desvían parte de los 160 millones de pesos mensuales que recibe el sindicato cada mes como cuotas, por lo que el gobierno los tiene maniatados.

“¿Por qué estos puntos? Porque son los que causan el mayor reclamo entre los maestros. El gobierno hizo un análisis previo y determinó que son las medidas que más lastiman a los maestros”, plantea Bravo.

Agrega que en las últimas semanas, los líderes del SNTE fueron rebasados por la inconformidad de los maestros y se descubrieron incapaces de controlar las movilizaciones. “Los docentes ya no confían en sus representaciones seccionales en los estados y toman la protesta por sí mismos en las calles”, insistió.

Según el profesor, los planteamientos del SNTE responden a una estrategia “integral” de la administración de Peña Nieto, a través de la cual alcanzaría tres objetivos: no dar “muestras de debilidad” ante la CNTE ni “admitir una derrota en una de las 11 reformas estructurales que planteó”; recomponer el sindicalismo institucional como instrumento de control de los maestros, y detener el rebase al SNTE.

“Son dos vías: Nuño cita al sindicato oficial para que entregue la petición formal, y por otro lado la Secretaría de Gobernación atiende a la CNTE y crea condiciones que afectan la capacidad de negociación, porque el mensaje que quieren dar a los maestros es ‘ya lo estamos trabajando’.”

A raíz de la apertura de la mesa de negociaciones entre la Segob y la CNTE, el pasado 22 de junio –tres días después de la violenta represión en Nochixtlán–, el magisterio disidente se convirtió de nuevo en interlocutor del gobierno federal, por primera vez desde el inicio del paro nacional, el 15 de mayo anterior.

Ésa fue una de las razones por las cuales el gobierno reactivó el SNTE: “Hay una disputa por la interlocución entre el SNTE y la CNTE”, dice.

Según él, el gobierno busca demostrar que se puede cambiar la reforma educativa “desde adentro” y con el SNTE, y con ello aislar a la CNTE, que exige su abrogación o suspensión.

“Darán la impresión de que atienden las exigencias de los maestros, y algunas se van a atender. Pero estas medidas no tocan el corazón de la reforma y pueden ser pasajeras, y dentro de un año o dos, cuando el asunto se haya descompuesto, pueden volver a aplicar la ley como la conciben ahora.”

Reconoce que a través de esta estrategia el gobierno podría desactivar la propagación del movimiento magisterial en el país; sin embargo, afirma que los maestros sabrán que cualquier “solución real” a estas demandas será “producto de la CNTE”.

Reacción en cadena

En la noche del martes 5 la CNTE consiguió un nuevo encuentro con Osorio Chong, el cual duró menos de media hora. En este lapso el magisterio entregó al gobierno federal sus propuestas educativas y recibió a cambio la “contrapropuesta” de la administración, que consistió en un documento de una hoja y media, impreso en papel no membretado ni firmado, que aborda la educación en términos genéricos.

En ese documento la Segob evocó su disposición a “facilitar un proceso de diálogo con la Secretaría de Educación Pública en torno al modelo educativo” y aseguró “la participación del magisterio nacional y sociedad en general en esta materia”. Ambas partes acordaron que la CNTE consultaría con sus bases para elaborar una respuesta al documento del gobierno, por lo que la siguiente reunión con Osorio Chong se agendó para este lunes 11.

Sin embargo, el mismo martes el SNTE llevó a cabo una sesión extraordinaria, de la cual emanaron los 10 puntos mencionados previamente; el miércoles Nuño recibió en las instalaciones de la SEP a Juan Díaz de la Torre; y el jueves se instaló una mesa de trabajo SNTE-SEP.

En ese momento, los secretarios generales de la CNTE se encontraban en sus respectivos estados, iniciando el proceso de consulta sobre el documento de Gobernación. Bravo no cree que fuera una coincidencia: “El gobierno pensó en todos estos momentos, en las inercias que traíamos”.

Nuño afirmó el miércoles que la SEP analizaría “de manera detallada, puntual, sensible, profesional y responsable” cada uno de los puntos presentados por el SNTE.

El propio Peña Nieto, quien durante años asentó con firmeza que la reforma educativa “no se negocia”, dio un giro radical a su discurso, al declarar el miércoles 6 que la derogación o la abrogación de la reforma “no es competencia del Ejecutivo”; es decir, ni de la SEP ni de Segob, ni tampoco de la Presidencia de la República.

Desde el estallamiento del movimiento magisterial, Nuño adoptó una postura cerrada al diálogo con la CNTE. Nunca recibió a los integrantes del magisterio disidente en la SEP y, al contrario, repitió hasta el cansancio que no negociaría la reforma educativa.

Por su parte, el SNTE siempre salió a defender esa reforma –incluso la evaluación–, a condenar los brotes de violencia derivados de las acciones de la CNTE y a dar su pleno respaldo al Ejecutivo federal.

El pasado 18 de mayo, por ejemplo, De la Torre expresó duras críticas contra los líderes de la CNTE, al afirmar que “cometen un gran error, no sólo porque lesionan la imagen del magisterio, sino porque no consiguen absolutamente nada en términos de calidad de vida para los maestros”.

Conflicto añejo

Desde la llegada al poder de Enrique Peña Nieto, Elba Esther Gordillo se opuso a la reforma educativa. Dos meses más tarde el gobierno le cobró con cárcel los descarados actos de corrupción a los que se prestó durante sus 23 años al frente del magisterio.

El 20 de diciembre de 2012, un día después de la aprobación del texto en la Cámara de Diputados –con 351 votos a favor, 85 en contra y ocho abstenciones–, La Maestra arremetió contra “una reforma meramente administrativa” y planteó: “Yo, Elba Esther, asumo la responsabilidad de decir que no, porque ése es mi papel”.

El 14 de febrero de 2013 el SNTE de Gordillo distribuyó a los maestros agremiados el folleto ¿Por qué luchamos hoy? en el cual presentó los “riesgos y limitaciones” que contenía la recién aprobada reforma educativa, y anunció que el sindicato adoptaría una serie de medidas –tanto en el plano social y político como en los tribunales– para modificarla.

Tres años y medio más tarde, los mismos reclamos de Gordillo siguen siendo la base de las reivindicaciones de la CNTE.

El SNTE criticó entonces la creación del Sistema Nacional de Evaluación, cuyo proceso evaluativo se convertiría en “un instrumento para cancelar estímulos ganados, realizar despidos o evadir la responsabilidad del Estado a otorgar prestaciones de seguridad social”.

Asimismo, señaló que el sistema de autonomía de gestión de las escuelas sería una forma disfrazada para el Estado de “delegar en los padres de familia su responsabilidad de sostenimiento de las escuelas” y abriría la puerta a fenómenos como “contratación a prueba, despidos, pulverización de la jornada y outsourcing”.

El SNTE también advirtió que la reforma desaparecería el ingreso automático al servicio educativo de los egresados de las escuelas normales y denunció que la reforma educativa se había impulsado “desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”, argumento que se escucha en todas las manifestaciones de la CNTE en la capital.

En los párrafos finales del folleto de 14 cuartillas, se le recuerda al gobierno que “el SNTE ha sido garante de la estabilidad social y la gobernabilidad en México” y anunció que promovería un juicio de amparo.

Si bien Bravo reconoce que los argumentos de Gordillo coincidieron con los de la CNTE, afirmó que ambas partes seguían intereses encontrados. “Ella sabía que en el fondo querían desbaratar el sindicato, lo que afectaba a su poder. Anticipó lo que sucede hoy: iba a haber un rebase de los maestros respecto de sus dirigencias formales”.

El 26 de febrero de 2013, 12 días después de la distribución del folleto y en medio de la campaña de Gordillo para derrumbar la reforma, las autoridades la detuvieron en el aeropuerto de Toluca. La Procuraduría General de la República (PGR) de Jesús Murillo Karam la acusó de malversación de fondos provenientes del SNTE por un monto que supuestamente alcanza los 2 mil millones de pesos.

La detención y el procesamiento de la dirigente, tres meses después del regreso del PRI al poder, tuvieron buena recepción en la opinión pública nacional e internacional, ya que el enriquecimiento descarado de Gordillo y la corrupción en el SNTE eran conocidos por todos.

Sin embargo la PGR dejó intocado a Juan Díaz de la Torre, su delfín y mano derecha en el sindicato, y los demás dirigentes sectoriales, quienes también operaron estructuras opacas y desviaron millones de pesos.

“El encarcelamiento de Elba Esther fue para hacer una limpieza en el sindicato”, sostiene Bravo. “Lo que menos le interesa al gobierno es saber si hay corrupción en el sindicato. Lo que le interesa es saber cómo llevar a cabo su reforma, y si por ello tienen que mover gente, lo hacen; Elba Esther representaba un obstáculo”.

Hasta el pasado miércoles 6, el SNTE nunca había elevado la voz contra la reforma educativa.

Veracruz, estado de censura

Jenaro Villamil

 

MÉXICO, D.F. (apro).- La madrugada del 11 de octubre de 2002 explotó el boiler en el departamento del periodista veracruzano José Miranda Virgen, autor de la columna “Espejo de Poder”. El estallido le causó quemaduras en 98% ciento de su cuerpo. Vivía solo. Fue trasladado al Hospital ABC de la Ciudad de México, pero fueron inútiles los intentos por mantenerlo con vida. Murió a los cinco días.

Uno de sus últimos textos fue el involucramiento de personajes del entonces gobierno de Miguel Alemán Valdés con el crimen organizado. Aludió la vecindad del mandatario estatal con Jesús Albino Quintero Meraz, El Beto, entonces uno de los narcotraficantes más buscados.

La Asociación de Periodistas de Veracruz denunció que Miranda Virgen no murió por accidente, sino que fue víctima de un atentado. Pidieron la intervención de la PGR y de la CNDH. Representantes de Reporteros sin Fronteras (RSF) acudieron con el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, para solicitar su intervención en el caso. El gobierno foxista no se involucró.

La Procuraduría de Veracruz concluyó que la explosión “fue un accidente provocado por una fuga de gas”. No hubo investigación y el caso quedó cerrado. Sus archivos fueron sustraídos por agentes policiacos. En ese entonces, el jefe de la policía estatal era José Alejandro Montano Guzmán, amigo del entonces gobernador.

Trece años después, Montano Guzmán subió a la tribuna de la Comisión Permanente, el pasado 5 de agosto, para defender a su gobernador, Javier Duarte, de cualquier responsabilidad en el multihomicidio de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.

Montano Guzmán, exjefe policiaco de Veracruz y señalado como uno de los personajes incómodos del priismo veracruzano que se sumó al peñismo, pidió “un voto de confianza” para la Procuraduría capitalina. Insistió que todo hacía pensar en el móvil del robo como causa del brutal atentado contra la vida de Rubén Espinosa, Nadia Vera –ambos desplazados internos por amenazas recibidas en Veracruz– y tres mujeres más.

Ese ha sido el estilo y el sello de la casa en casi todos los atentados y crímenes contra periodistas en Veracruz: desde la época de Miguel Alemán, incluyendo el sexenio criminógeno de Fidel Herrera y, sobre todo, durante la administración de Duarte de Ochoa (los tres priistas), la insistencia de los procuradores y jefes de la policía estatales de Veracruz ha sido menospreciar el ejercicio periodístico como la principal línea de investigación.

Con Duarte se dio un salto cualitativo: a la persecución a comunicadores se agregó la intimidación y acoso a activistas de derechos humanos, la criminalización a organizaciones y agrupaciones estudiantiles. Los crímenes de Rubén Espinosa y de Nadia Vera (fotoperiodista y activista de #YoSoy132, respectivamente) combinan a los dos sectores más criminalizados y perseguidos por su gobierno.

Algo de esto debe saber también su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien mantiene una estrategia férrea de control y de censura hacia todo lo relacionado con los excesos de sus agentes y las arbitrariedades cometidas.

No en balde los abogados de Nadia Vera Pérez, así como el diputado local del PT, Fidel Robles Guadarrama, han demandado que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no solamente llame a declarar a Javier Duarte sino también a su jefe de la policía, Bermúdez Zurita, y a su antecesor en el cargo, Sergio López Esquer.

“Hemos solicitado desde la coadyuvancia que se cite al exsecretario de Seguridad Pública (general López Esquer) y al actual secretario (Arturo Bermúdez Zurita) justo porque las denuncias públicas de Nadia y de Rubén señalan a elementos de Seguridad Pública, porque justo lo que nos interesa es profundizar en la actuación de estos elementos”, declararon los abogados David Peña y Karla Michelle.

La agrupación Periodistas de a Pie también ha señalado que desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal se lleva un registro fotográfico de reporteros y activistas incómodos para el gobierno de Javier Duarte.

El mismo Rubén Espinosa había recibido información de que su denuncia interpuesta en 2013 por las amenazas recibidas no prosperó precisamente porque “desde la Secretaría de Seguridad Pública” la habían bloqueado. En ese momento, Bermúdez Zurita ya encabezaba la dependencia.

El estado de censura en Veracruz tiene nombres, apellidos y posibles responsables. El problema fundamental es que los encargados de investigar en esa entidad son jueces y parte del problema. Prácticamente todos los procuradores y jefes de la policía estatal de 2000 a la fecha han minimizado los crímenes, han entablado una campaña soterrada para criminalizar a los propios periodistas asesinados, vinculándolos con el narcotráfico, o bien, señalándolos como “revoltosos”.

Antes del homicidio de Regina Martínez, corresponsal de Proceso, excolaboradora de La Jornada y una de las periodistas más respetadas por su honestidad en una entidad donde las redes de corrupción y de cooptación son comunes, ya había una lista de 15 periodistas masacrados en Veracruz.

En abril de 2012 habían sido asesinados Jesús Miranda Virgen, Raúl Gibb Guerrero, Hugo Barragán Ortiz, Roberto Marco García, Alfonso Sánchez Guzmán, Raúl Martínez López, Luis Daniel Méndez Hernández, Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco, alias Milo Vera, su hijo Misael y su esposa, así como Yolanda Ordaz de la Cruz, estos tres últimos del periódico Notiver.

En medio de la ola de indignación por el crimen de Regina Martínez, asesinada el 28 de abril de 2012, el 3 de mayo del mismo año fueron asesinados los fotógrafos Gabriel Huge Córdova, Guillermo Luna Varela y Esteban Rodríguez Rodríguez. Trabajaron en Notiver bajo las órdenes de Yolanda Ordaz de la Cruz. En menos de un año este periódico perdió a cinco trabajadores en forma violenta.

En todos los casos se “filtró” que la mayoría de los crímenes no fueron por el ejercicio periodístico sino por “venganzas” del crimen organizado.

Ahora, con el multihomicidio en la colonia Narvarte tratan de cerrar el caso desvinculándolo de la crisis de seguridad pública y persecución a informadores en Veracruz y remitirlo a un expediente de robo, cuyo móvil no aparece por ninguna parte.

El estado de censura ha llegado al Distrito Federal.

La responsabilidad del gobierno capitalino es revertir, al menos en el caso de la Narvarte, este guión persistente en el caso de las autoridades de Veracruz.

A menos que esperemos que otro boiler explote en la casa de algún periodista y nos digan: “Ustedes disculpen, fue un accidente”.

Ayotzinapa: omisión criminal

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F. (apro).- La indolencia de Enrique Peña Nieto y todo su equipo de seguridad nacional no tiene límites. Insensibilidad o componenda pero a fin de cuentas un único resultado: impunidad que abona a desapariciones forzadas, asesinatos, levantones, persecución y abusos, por decir lo menos.

Desde hace seis meses, justo el 29 de octubre, el presidente de México, Peña Nieto; el titular de Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, y el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, sabían que en Chilapa, Guerrero, iban a desaparecer jóvenes en contra de su voluntad.

Lo supieron cuando don Clemente Rodríguez Moreno, padre del estudiante de 19 años, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, les informó, primero, y reclamo después, que algunos de los desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa habían sido vistos por los rumbos de Chilapa.

Y debió pasar un mes de la desaparición forzada de los 43 estudiantes para que Peña Nieto se dignara a recibir a los padres en Los Pinos. Ahí, don Clemente Rodríguez le narró lo que apenas tres días antes le comentó una vieja conocida de la familia.

“Nosotros pensamos que ya había regresado tu hijo porque el otro día pasó una camioneta por acá, por Tuxtla, rumbo a Chilapa, una camioneta de redilas, y su hijo me dijo adiós”. “¿Lo vio solo o con quién?”, preguntó enseguida don Clemente.

La mujer aclaró: “No, iba llena de muchachos, y atrás de ellos iba otro carro grande”.

Don Clemente no pudo explicar en aquellas cinco horas de su encuentro con Peña Nieto quién pudo haber trasladado a los jóvenes hacia Chilapa, pero sí le exigió que buscaran por ahí, y lanzó como hipótesis la participación del grupo delictivo de Los Rojos, según publicó Proceso en su edición 1983, de noviembre pasado.

Transcurría apenas el primer mes de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El gobierno federal y su comandante en jefe, Enrique Peña Nieto, no hicieron nada al respecto. Por lo menos oficialmente nada se supo de alguna búsqueda por la zona. Sí, en cambio, una semana después, el 7 de noviembre, el gobierno federal priista intentó convencer a padres y sociedad en general que los muchachos habían sido “quemados en una pila” con llantas y diesel.

En aquella ocasión nadie le creyó a Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República y quien lo mismo tiene la capacidad de indagar la desaparición de jóvenes que de presentar un análisis sobre las nuevas viviendas que recibirán los afectados por el tornado en Ciudad Acuña, Coahuila.

Seis meses después de que los padres de Ayotzinapa alertaran a Peña Nieto y al equipo de seguridad nacional que algo grave sucedía en Chilapa, vino otro evento llenando nuevamente de indignación a los mexicanos: la desaparición de 30 jóvenes de entre 25 y 30 años en el municipio de Chilapa.

Durante cinco días, a partir del sábado 9 de mayo, un grupo delictivo local se dedicó a catear casas y levantar jóvenes,  ante la mirada de elementos de Seguridad Pública, aparte de mofarse de los militares, quienes tienen retenes ahí, y todo ello como parte de la lucha que mantienen las bandas delictivas de Los Rojos y Los Ardillos por el control de la zona por ser un lugar de paso para el trasiego de la droga.

Lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 se pudo evitar lo mismo que lo sucedido el 9 de mayo en Chilapa. Sin embargo, la complicidad, inacción, omisión, indolencia e insensibilidad de algunas autoridades federales, estatales y/o municipales no hace sino abonar a que ello siga ocurriendo.

A Peña Nieto –un hombre que gusta de jugar golf tres veces por semana, que se levanta pasadas las diez de la mañana y que ahora, ante el temor de un ataque, ya no sólo tiene al edecán militar a sus espaldas en cada acto público, sino que además incluye a un elemento castrense camuflado en los presídium– no parece importarle lo que le suceda a los jóvenes. Su único fin parece ser el disfrute, actuar como un sibarita bien protegido.

Saber de su acceso a lo más caro mientras otros no pueden tener caso nada, parece ser el deleite de Peña Nieto y su equipo, incluyendo, por supuesto, el lujo de la seguridad y la evasión a la muerte.

Al sibarita de Peña Nieto don Clemente le narró ese 29 de octubre en Los Pinos cómo fue que ante su incredulidad por el dicho de su amiga, todavía le preguntó: “A lo mejor se equivocó”.

La mujer le respondió, “cómo cree, si yo conozco rebien a su hijo y él a mí, pues hasta me dijo adiós”.

Ese día don Clemente dijo en Los Pinos que termino creyéndole a su amiga. Y también expresó: “A mí me hace pensar que se lo llevaron por Chilapa porque allá hay muchos pueblos, y creo que por allá han de estar, porque ahí en Chilapa esta la mera plaza de Los Rojos. Es la base de ellos; como en Iguala, la de Guerreros Unidos. Los rumores de la gente que va para Chilapa es que ven gente armada y los militares a un lado, o sea, con ellos, haciéndose como que no ven. Yo no sé si están involucrados o están recibiendo dinero o alguna cuota”.

El 26 de octubre pasado, la amiga de don Clemente le dijo que hacía “dos semanas” había visto a su hijo camino a Chilapa, custodiado por otros vehículos. Es decir, 15 días después del 26 de septiembre.

Todo esto se narró a Peña Nieto, e incluso el padre de familia le reclamó: “¿Cómo es posible que no puedan entrar y que el Ejército está a un lado y los delincuentes, Los Rojos, estén ahí. ¡Voy a creer que no se den cuenta de que está el enemigo ahí!”.

A Peña Nieto le recriminaron, le pidieron que fueran a Chilapa pero no actuó. Sólo seis meses después, cuando de nueva cuenta desapareció una treintena de jóvenes de los cuales se sabe el nombre de 16, el sibarita del presidente decidió actuar… demasiado tarde.

Caso Aristegui: Fue Peña

Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F. (apro).- Pocos se enteraron porque Carmen Aristegui no lo denunció, pero la investigación de su equipo sobre la Casa Blanca de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto no se difundió nunca en MVS por una razón de poder: Por censura directa de los dueños de la empresa, sometidos por la Presidencia de la República.

Alejandro Vargas, presidente de MVS Radio, advirtió a Aristegui que si difundía el reportaje de su unidad de investigación, coordinada por Daniel Lizárraga, serían despedidos ella y todo su equipo. Por eso, el domingo 9 de noviembre sólo se publicó en la página de Internet de Aristegui Noticias y en la revista Proceso.

El lunes 10, en la Primera Emisión de MVS Noticias, Aristegui habló de la investigación subrayando que se dio a conocer en esos medios, y así lo discutió su mesa de análisis, pero no la transmitió íntegra, ni siquiera fragmentos. La página de la empresa y sus cuentas de Facebook y Twitter ignoraron el tema, lo mismo que los conductores Luis Cárdenas y Ezra Shabot, que sólo reprodujeron posteriormente las reacciones oficiales.

Esta elocuente omisión de MVS y sus conductores sobre el más documentado caso de corrupción de Peña fue hecha notar por este reportero en su cuenta de Twitter en esos días. Era claro que MVS se deslindaba del caso, pese a que había sido hecho con recursos de la propia empresa.

El presidente y sus funcionarios se enteraron de la investigación del equipo de Aristegui cuando les fue solicitada su opinión sobre el tema y, además de tratar de hacer un control de daños cancelando el tren rápido a Querétaro, de inmediato presionaron a los dueños de MVS, encabezados por Joaquín Vargas Guajardo, presidente del consejo de administración, para parar lo que sería –como fue– un golpe al corazón de Peña y su gobierno.

Uno de los operadores de Peña para imponer la censura fue Eduardo Sánchez Hernández, vocero del gobierno de la República y desde hace diez días coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, quien fue vicepresidente de Asuntos Jurídicos de Grupo MVS.

Sánchez Hernández inició el sexenio de Peña como subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación y en su lugar dejó a Andrés Chao Ebergenyi, hermano de Felipe, vicepresidente de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa… de MVS.

Otro de los operadores de la censura fue David López, excoordinador de Comunicación Social de la Presidencia y ahora candidato priista a diputado por Sinaloa, quien intimidó a directivos de algunos medios para que no se sumaran a la difusión de la investigación de la Casa Blanca, con quienes Aristegui había hablado unos minutos antes.

Así, sometida a un espionaje permanente, a mensajes intimidatorios y un sospechoso robo en las instalaciones de su página de Internet –que hasta ahora no ha hecho públicos–, Aristegui logró sortear la censura en la empresa que ya la había corrido una vez, en febrero de 2011, por presiones de Felipe Calderón y su testaferro Javier Lozano –del PAN–, y difundió otros asuntos que incomodaban a Peña y sus secuaces.

La oportunidad de Peña para ajustar cuentas con Aristegui y su equipo llegó cuatro meses después de que detonó el mayor escándalo del sexenio: MVS tomó como pretexto el “abuso de confianza” para que el equipo de la periodista usara su marca en la plataforma MexicoLeaks.

Aunque el revire de Aristegui hubiera sido reconocer que cometió un error, la decisión de liquidarla ya estaba desde que los dueños de MVS censuraron la investigación sobre la Casa Blanca de Peña y sólo esperaron el momento propicio para ejecutarla. Ni siquiera le han dado la cara.

Los Vargas perderán audiencia, profundizarán su desprestigio, pero serán recompensados por ser verdugos de la periodista más incómoda de la radio en México, justo en vísperas de las elecciones y a la mitad del sexenio. La lógica de los corruptos es que todo lo que puede comprarse con dinero resulta barato y pronto sabremos en qué negocios ha sido favorecido ese clan… O si fueron amenazados tienen el deber de decirlo.

Por eso cuando hay quienes dicen, incluidos periodistas como Ciro Gómez y Luis Cárdenas –y otros neojacobos–, que el despido de Aristegui es un tema laboral o comercial, ni ellos lo creen. Es claramente una venganza de Peña tramada en Los Pinos.

Como antes fue una maniobra de Calderón despedirla de W Radio, en enero de 2008, en cuya empresa el cuñado de éste, Juan Ignacio Zavala, era directivo del Grupo Prisa, asociado a Televisa. Los intolerantes de cualquier partido actúan igualito.

Apuntes
Tras este zarpazo de Peña contra Aristegui es preciso recordar lo que el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, le advirtió al director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda: “Son enemigos del presidente Peña Nieto…” Que quede otra vez constancia.

El descontrol de daños de peña nieto

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Que se calle el Papa, que se calle Obama, que se calle Clinton, que enmudezca González Iñárritu, que dejen de indagar los reporteros extranjeros, que se vayan los forenses argentinos, que la ONU deje de juzgar y que dejen en paz a este gran gobierno que ha decidido responder “golpe por golpe” la ola de críticas y animadversión que genera su actitud ante cada expediente conflictivo.

Esta parece ser “la línea” de Los Pinos. No lo dicen así, por supuesto, pero las respuestas y las correcciones tienen el tufo regañón de quien no sabe cómo salir de una para entrar a otra crisis.

Los magos de la comunicación presidencial han decidido no sólo controlar hasta la última línea ágata de los medios impresos y cada segundo en los medios electrónicos financiados con dinero público (no con el de Peña Nieto) sino también responder con singular torpeza a quienes cuestionan, documentan, denuncian o simplemente exponen un punto de vista crítico. Confunden al país con el presidente. Y creen que las críticas a su gobierno son una afrenta a la soberanía.

En comunicación política uno de los elementos fundamentales de las crisis es el llamado “control de daños”. Se trata de tomar una serie de medidas para aminorar, amortiguar y aislar el efecto causado por un escándalo, un imprevisto, un accidente, una tragedia o una ruptura en el aparato político.

El control de daños, por supuesto, incluye que alguien se haga responsable, se le sancione y se adopten medidas correctivas. Algo que no ha pasado en ninguno de los casos mexicanos recientes: ni en Ayotzinapa, ni en los escándalos de las casas, ni en el descarrilamiento del tren de alta velocidad México-Querétaro ni en la reiterada violencia en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas y menos en la pésima conducción de la política económica mexicana.

Todos los responsables siguen inmóviles, como estatuas de sal. Paralizados como si nada hubiera sucedido. Como la orquesta del Titanic, siguen tocando aunque el barco se hunda.

Para operar el “control de daños” primero debe asumirse que se está frente a una crisis. Peña Nieto, ya lo dijo en su célebre discurso del #YaSeQueNoAplauden: su gobierno no vive una crisis de corrupción sino un problema de “mala percepción” de sus acciones. Nada de lo que han hecho es ilegal y menos cuestionable éticamente. El problema es que los demás no entienden. Tener bienes raíces patrocinados, financiados o regalados por los grandes contratistas de obra pública no es un conflicto de interés. Es un conflicto de percepción.

Para Peña Nieto no hay crisis en el escándalo internacional que se ha convertido el expediente Ayotzinapa y las compuertas que se abrieron sobre los expedientes de miles de desaparecidos (todavía hay columnistas financiados desde Los Pinos que niegan lo evidente: hay miles de desaparecidos). No hay crisis en la falta de crecimiento económico (son las variables externas las que cambiaron). No hay crisis en el desplome de las promesas de la reforma energética que se abarataron más que el barril de petróleo. No hay crisis cuando la primera dama se convierte en el Meme más criticado en la historia reciente.

Todo esto no es crisis. La crisis es producto de una mala opinión orquestada, quizá, por alguien que se ve afectado en sus intereses (ahí han filtrado que todo se debe a Carlos Slim que resultó ser un “genio” para maniobrar en la prensa anglosajona), por adversarios que quieren derrocar al Grupo Atlacomulco, por resentidos como el exjefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard o que simplemente por quienes le tiene mala fe al “Salvador de México”.

Desde ahí, el error de diagnóstico convierte al control de daños en un descontrol. En lugar de aislar, aminorar y corregir el origen de la crisis lo agrandan, lo expanden y reiteran con su discurso y su actitud el enojo de los ciudadanos.

En cada uno de los casos mencionados, los geniecillos de Los Pinos potencian el daño al querer “controlar” lo que no pueden: la indignación generalizada, la decepción frente a las promesas, el enojo empresarial con una reforma fiscal recesiva, a los medios internacionales que, en efecto, creyeron en Peña Nieto y ahora lo cuestionan con singular desengaño.

Quieren controlar hasta las opiniones del Papa Francisco en su correspondencia privada. Quieren maniobrar al estilo priista para transformar las palabras de González Iñárritu en el evento con mayor rating en la televisión global (la entrega de los premios Oscar) para convencernos que su crítica fue hacia Estados Unidos. Quieren que las expresiones de Obama, Clinton y los medios no se divulguen en sus medios-espejo.

Transforman a los embajadores en correctores de estilo de los corresponsales extranjeros. Convierten a los secretarios de Estado en pugilistas en rounds de sombra. Y transforman cada crisis en una debacle.

Ahí está el error de creer que todo es percepción pública. También los hechos cuentan. Y cuando éstos son reiteradamente autoritarios y cínicos, reiteradamente generan una reacción de sentido inverso y de mayor intensidad en su contra.

Equipo Argentino revira a la PGR y tumba su “verdad histórica” sobre Ayotzinapa

Marcela Turati

 

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) respondió a las críticas que le hizo la PGR este día por contradecir su “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y el grupo de expertos reiteró en entrevista*, que el gobierno interpreta las evidencias para que coincidan con su propia versión, a pesar de que la interpretación de la evidencia es más compleja.

El sábado pasado el equipo había manifestado que la PGR erró en 20 perfiles genéticos de los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa enviados a Austria para ser identificados; omitió decir que el basurero –donde supuestamente fueron calcinados los 43 estudiantes– ha sido un lugar de quema desde hace cuatro años y que al menos contenía el cadáver de una persona que no es ninguna de los estudiantes.

También recolectó evidencias balística y tierra a espaldas del EAAF; dejó sin vigilancia el basurero, a pesar de ser un “sitio clave” para la investigación; sigue sin constar de dónde salió el hueso que supuestamente corresponde al estudiante identificado Alexander Mora Venancio, “entre otras serias dificultades” mencionadas.

El EAAF había señalado en su informe que para dar conclusiones aún falta por procesar una cantidad importante de evidencia física que debe ser interpretada “en todas sus posibilidades” y con “rigor científico”, en vez de forzarlas para que coincidan con los testimonios de los supuestos asesinos que dan sustento a la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa presentada por el procurador Jesús Murillo Karam el 27 de enero pasado.

Esta mañana, Proceso pudo consultar a un integrante del equipo internacional de expertos designado por los familiares de los 43 para que participe con la PGR en las investigaciones, como coadyuvantes independientes.

La persona autorizada para hablar a nombre del equipo de 30 especialistas provenientes de ocho países (expertos en antropología forense, medicina forense, arqueología forense y criminalística expertos en fuego, genética forense, botánica y entomología forense) respondió a cada uno de los reclamos de la PGR.

“Peritos de las familias, no del gobierno”
La PGR destacó este lunes que “el Equipo Argentino de Antropología Forense en ningún momento ha actuado como perito independiente de las familias de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos en los hechos de Iguala y Cocula, ya que desde el primer momento se les incorporó a la investigación como peritos habilitados de esta institución”.

Ante ello, el entrevistado por parte del EAAF puntualizó:

“Es obvio que somos los peritos por parte de las familias y no de la institución. Contamos con un papel legal firmado por las familias, solicitando legalmente el ingreso del equipo como sus peritos en la PGJ de Guerrero”.

Presencia en levantamiento de restos
La PGR resaltó hoy que “con relación al señalamiento de que el EAAF no estuvo presente cuando se recuperó la bolsa con fragmentos óseos en el río San Juan, se señala que no estuvieron presentes en el momento del hallazgo (que fue realizado dentro de una diligencia ministerial) a pesar de que les fue comunicado el inicio de la diligencia la noche anterior”.

El equipo argentino puntualiza que “ratificamos que no se nos avisó la inspección en el río San Juan. Estábamos trabajando en el basurero de Cocula y al momento en que lo hacíamos un ministerio público llegó a pedirnos que fuéramos porque ‘había una situación en el río que luego nos explicarían’. Llegamos y vimos los restos que decían que habían localizado. Lo otro, de que nos habían llamado para avisarnos, no es cierto”.

Según la PGR, “esta Procuraduría actuó conforme a sus facultades y no acepta duda alguna en que la diligencia practicada (en el río San Juan) y los indicios encontrados tienen validez jurídica dentro de la investigación, a pesar de no haber estado presente el EAAF.”

El equipo argentino aclara que “nadie cuestiona la validez jurídica de sus diligencias, nosotros lo que decimos es que no presenciamos el momento del hallazgo de los restos y, a pesar de nuestras peticiones, hasta ahora tampoco nos fue mostrado el documento firmado por los marinos que los localizaron”.

Cadena de custodia
“Con relación al señalamiento del EAAF, respecto de que no firmó la cadena de custodia de los hallazgos encontrados en el río San Juan (en referencia al papel que debieron de haber entregado los buzos marinos que hallaron los restos), la PGR señala que el EAAF no es autoridad y su función se circunscribe únicamente al análisis antropológico y genético, además de que la cadena de custodia fue iniciada por el agente del Ministerio Público de la Federación que condujo la diligencia quien, además de ser el responsable de la misma, tiene fe pública, por lo que la PGR les recuerda que la petición hecha de que les sea entregada la cadena de custodia de dicha diligencia rebasa con creces su función de peritos habilitados”.

La EAAF subraya que “nosotros sí firmamos todas las cadenas de custodia de las diligencias en las que sí hemos estado presentes”.

Expertos en balistica
En su comunicado de este lunes, la PGR advierte: “Respecto de la diligencia para practicar un dictamen en las inmediaciones del basurero de Cocula, el 15 de noviembre, se señala que el EAAF no fue convocado, lo cual es correcto, dado que NO se encontraban acreditados peritos en materia de balística ni de ninguna otra disciplina que no fuera antropología, criminalística y genética dentro de su grupo, y el propósito de la diligencia era la recolección de elementos balísticos, por lo que no era necesario que ellos estuvieran presentes”.

Ante ello, el EAAF sostiene que “nosotros tenemos un área de criminalística en la que típicamente está incluida balística. Incluso uno de los integrantes es uno de los expertos en balística muy experimentado y fue por más de una década jefe de balística de la morgue de uno de los países más violentos. Esta persona tuvo reuniones con los expertos en balística de la PGR en sus laboratorios y participó con la PGR en la recolección de evidencias durante toda la primera etapa del trabajo en el basurero de Cocula, hasta que decidieron actuar por su cuenta. Otra duda que salta es ¿cómo sabía la PGR que iba a encontrar balas en esa inspección y que era innecesario invitarnos? En esa diligencia no sólo levantaron balas, también muestras de tierra que corresponden al área de criminalística”.

El cierre del basurero
La PGR admitió hoy que “respecto del resguardo del sitio, efectivamente, una vez que se habían concluido los peritajes en el basurero de Cocula, de común acuerdo los miembros del EAAF y los peritos de la Procuraduría General de la República determinaron que ya no era necesario mantener preservado el lugar, dado que se habían practicado en su totalidad las pruebas y no había mayores indicios que aportaran a la investigación; por tal razón pudieron acceder al sitio medios de comunicación y familiares; cabe recordar que dicho lugar fue localizado después de un mes de sucedido el evento criminal. Sin embargo, su petición de volverlo a resguardar fue atendida, y los días que no se contó con seguridad en el lugar no representan ninguna afectación al resultado de la investigación.”

El EAAF responde a esta cuestión que “no es correcto que hubiera habido un acuerdo común para dejar el basurero sin vigilancia; al contrario: tardaron por lo menos 20 días en volver a cerrar el basurero que estaba abierto al público cuando recogieron las evidencias balísiticas y muestras de tierra. ¿Cómo saber que no afectó a la investigación? Nosotros reiteramos lo dicho sobre la importancia de mantener cerrado el sitio por ser un lugar clave para la investigación”.

Llegada al basurero
Cabe hacer mención, advierte la PGR, “de que quienes llegaron primero al lugar (al basurero de Cocula) fueron los miembros del EAAF, y quien los recibió fue el procurador general de la República, dándoles en todo momento las facilidades para realizar su trabajo inmediatamente, incluyendo dos helicópteros permanentemente a su disposición.”

Sin embargo, precisa el equipo argentino, “cuando llegó el EAAF estaba el procurador, Tomas Zerón, una perito en antropología y mucha gente de seguridad. Cuando llegamos había ya todo un operativo”.

Errores en perfiles genéticos
La PGR planteó este día que “respecto de las diferencias encontradas en 20 de 134 perfiles genéticos tomados a los familiares y enviados a la Universidad de Innsbruck por parte del EAAF y la PGR, se señala que este error administrativo de trascripción fue detectado y corregido en menos de 24 horas, y no afectó el resultado de ninguna de las 17 muestras enviadas, incluyendo la que dio positivo al perfil genético de uno de los estudiantes, por lo que es inaceptable la aseveración de que ‘no hubo una explicación clara al respecto’. Aclarando también que corregida la inconsistencia, los 134 registros genéticos correspondientes a familiares podrán ser utilizados en futuras comparaciones”.

EAAF: “La PGR no dijo nada ni presentó dictamen sobre el error hasta que nuestro equipo detectó y expuso las diferencias varias semanas después de que las muestras habían sido enviadas. Hasta entonces reconocieron el error. Escribieron a Innsburck para notificarlo el 19 de enero, un mes después. Todavía la semana pasada cuando solicitamos estas correcciones nos dijeron que ya pronto los sumarían.

“El problema es que haya errores: hay errores de tipeo y otros más profundos. No todos los marcadores genéticos enviados por la PGR pudieron ser contrastados por el EAAF, porque el laboratorio que utilizamos y el que utiliza la PGR tienen 24 marcadores. Y el nuestro usa 16 de eso 24 marcadores. Chequeamos las diferencias entre los 16 marcadores que comparten los dos laboratorios, pero no los ocho restantes que usa la PGR, y que no sabemos si también incurrieron en otros errores que pudieran imposibilitar algunas de las identificaciones. Por eso, si no se limita a los 16 marcadores que sí pudimos verificar ya corregidos, no pueden asegurar que no afecta a futuras identificaciones de restos”.

Incendios y evidencias atemporales
La PGR argumenta en su comunicado de este día: “Respecto de la aseveración realizada en el comunicado (del EAAF) en la que señalan que ‘la PGR presentó conclusiones sobre la evidencia física recolectada en el basurero de Cocula, interpretándolas como perteneciente a un solo evento de fuego que habría ocurrido en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014’, en la conferencia de prensa del 27 de enero de 2015 (de Murillo Karam), se señaló que se encontraron tres zonas con ceniza dentro del basurero, haciéndose también la indicación del punto de origen del incendio e inclusive se señaló que el área principal de fuego abarcó 140 metros cuadrados en una superficie cercana a los 15 X 9 metros.

“La Procuraduría General de la República señala, tajantemente, que todos los exámenes indican que los elementos mostrados en la conferencia de prensa referida (sobre la pira fúnebre en el basurero), y los que integran la investigación, fueron analizados y relacionados directamente con la temporalidad del evento criminal del 26 y 27 de septiembre de 2014, y no es aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales se pretenda sembrar la duda de que en ese lugar fueron ejecutadas e incineradas alrededor de 40 personas, esto mismo corroborado por los materiales y exámenes científicos practicados en dicho lugar por esta Procuraduría”.

El EAAF aclara a la PGR: “Una cosa es decir que encontraron ‘tres zonas de ceniza’ en ese terreno y otra distinta es asegurar cuándo ocurrieron esos incendios. Ellos hablan de un tema espacial y no incluyen el factor cronológico; las imágenes satelitales que incluimos muestran que desde el 2010 el basurero ha sido lugar de incendios. La PGR no indica esos tres focos de ceniza a qué incendios corresponden y los presenta así en la conferencia sobre Ayotzinapa.

“¿Cómo están seguros de que el aluminio fundido presentado, por ejemplo, forma parte de los hechos del 26 y 27? Esa es una interpretación unidireccional. ¿Cómo se relaciona lo hallado con los eventos? ¿Cómo establecieron que eso se quemó esa noche si en ese lugar se quemaba permanentemente basura?

Temporalidad vs territorio
En la rueda de prensa en la PGR del 27 de enero, el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, afirmó: “Durante la investigación se han realizado 487 dictámenes periciales en distintas especialidades que soportan y validan científicamente cada parte de la narrativa de los hechos, destacando los que a continuación se describen: Dictamen químico mediante el cual se hicieron los siguientes hallazgos: 1. Residuos de diesel y gasolina en el suelo del basurero de Cocula. 2. Tres zonas con ceniza dentro del basurero. 3. Rocas con impacto térmico. 4. El punto de origen del incendio. 5. Residuos diversos con alto grado de deterioro por el fuego. 6. Aluminio fundido (principalmente latas) por la exposición al calor intenso. 7. Fragmentos de llantas con huellas de carbonización, así como residuos característicos de neumáticos. 8. Afectación del fuego sobre diversos restos óseos humanos. Todas estas características se encontraron en los restos del basurero y en río San Juan.

“Dictamen Biológico que indica que las plantas fueron afectadas por el calor en la zona y registran un crecimiento posterior al incendio, de treinta días de antigüedad al momento de ser realizado, con correspondencia a la fecha del incendio.” Y por cierto este fue uno de los puntos que refutó el equipo argentino en su comunicado del sábado 7.

Sobre este asunto, el comunicado de hoy de la PGR señala: “El EAAF emite un criterio aislado (al señalar que ‘los elementos tomados como diagnóstico por la PGR –aluminio, vidrio, dientes, etcétera– en su interpretación de la evidencia recogida en el basurero pueden corresponder a otros hechos ocurridos en otro tiempo). La PGR señala, tajantemente, que todos los exámenes indican que los elementos mostrados en la conferencia de prensa referida, y los que integran la investigación, fueron analizados y relacionados directamente con la temporalidad del evento criminal del 26 y 27 de septiembre de 2014, y no es aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales se pretenda sembrar la duda de que en ese lugar fueron ejecutadas e incineradas alrededor de 40 personas, esto mismo corroborado por los materiales y exámenes científicos practicados en dicho lugar por esta Procuraduría”.

El EAAF acota que “debemos conocer el dictamen para poder opinar”.

Mandíbula encontrada
PGR: “Las prótesis dentales halladas en el basurero de Cocula son parte de las evidencias aún en estudio. Según el EAAF, dichas prótesis no corresponden a ningún estudiante, sin embargo, la PGR es puntual en manifestar que no cuenta aún con historial físico, médico o dental de los estudiantes, porque ni los familiares ni el EAAF los han querido aportar a la investigación, razón por la cual no se puede confirmar o desestimar que dichos restos dentales pertenezcan o no a alguno de ellos.”

EAAF: “Si la PGR no tiene datos ante mórtem es algo que excede al EAAF porque fue decisión de las familias. En el análisis minucioso salió la mandíbula con las prótesis dentales. Esto significa que hay restos de otras personas, más allá de los normalistas, lo que puede implicar otras temporalidades. Con la evidencia física que estamos obteniendo se puede saber si tienen relación con el evento que estamos investigando, si parcialmente tienen relación, si eso ocurrió a una parte de los estudiantes y no a todos o si les ocurrió a todos; se abren muchas posibilidades. Por eso insistimos todo el tiempo en no interpretar evidencias unidireccionalmente, pues hay más de 200 personas desaparecidas en Iguala, la mayoría hombres. Mientras no se encuentre algo conclusivo o se pueda recuperar el ADN, no es posible asegurar que los restos del basurero correspondan a los 43 normalistas”.

Tras terminar de exponer cada punto, el experto entrevistado volvió a reiterar la invitación que se ha hecho a la dependencia que encabeza Murillo Karam: “Hacer una junta de peritos entre nosotros y los forenses de PGR para analizar y comparar los resultados alcanzados”.

*Nota para el lector: La entrevista con el representante del Equipo Argentino fue realizada en persona bajo una condición: permiso para revisarla por las cuestiones científicas que maneja. En este caso, y de manera excepcional, la condición fue aceptada. Además, el procurador Jesús Murillo Karam sigue sin atender la petición de entrevista de Proceso sobre el caso Ayotzinapa.

La investigación de la PGR encubre al Ejército y a la Policía Federal

Revista Proceso # 1990

Como en el caso Tlatlaya, el de Ayotzinapa revela una estrategia ya ensayada por el gobierno de Enrique Peña Nieto: el encubrimiento de agentes del Estado, señaladamente el Ejército y la Policía Federal. Como entonces, hoy la Procuraduría General de la República descalifica, miente, oculta, exonera por adelantado y sin investigación de por medio a otros posibles responsables. A continuación se exponen de manera pormenorizada los elementos fácticos y documentales que sirvieron de base al reportaje publicado en la edición 1989 de Proceso y que sustentan la tesis periodística de los reporteros Anabel Hernández y Steve Fisher, junto con nuevas y sólidas evidencias que apuntan al entorpecimiento de la búsqueda de los jóvenes en instalaciones militares y de la PF.

La estrategia de ocultamiento, mentiras, descalificación a investigaciones periodísticas y exoneraciones por adelantado al Ejército y a la Policía Federal (PF) por el caso Ayotzinapa recuerda a la urdida por el gobierno federal en el caso Tlatlaya, cuando militares ejecutaron de manera extrajudicial a 21 presuntos delincuentes en esa localidad del Estado de México.

Durante semanas, meses, autoridades estatales y federales tergiversaron y/o negaron una y otra vez los hechos, hasta que una investigación periodística y la presión internacional orillaron al gobierno de Enrique Peña Nieto a emprender una indagatoria creíble, y más tarde –muy tarde– a aceptar la responsabilidad de efectivos de las Fuerzas Armadas en aquella masacre y su final enjuiciamiento.

Ahora, en el caso Ayotzinapa, el empecinamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) en darle carpetazo deja ver la misma fórmula: el encubrimiento y la eventual impunidad de más posibles responsables.

La investigación publicada en el número 1989 de Proceso con el encabezado La historia no oficial mostró que la PF participó activamente en el ataque contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre y madrugada del 27, con la complicidad del Ejército; que contra lo dicho por el gobierno federal, éste sí tuvo conocimiento de los hechos en tiempo real por conducto de los funcionarios federales adscritos a los C4 de Chilpancingo e Iguala, y que al menos cinco de los supuestos miembros de Guerreros Unidos usados por la Procuraduría General de la República (PGR) para dar forma a la versión oficial contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y la policía de ese municipio, fueron torturados antes de rendir sus declaraciones.

El martes 16, tras la publicación del reportaje y en entrevista con Carmen Aristegui para CNN en Español, el procurador general Jesús Murillo Karam declaró lo siguiente sobre el papel de la PF el 26 de septiembre en Iguala: “… Sí, del conocimiento de que había una manifestación (presencia de los estudiantes en la caseta 3 de la carretera Chilpancingo-Iguala), sí, claro. De que estaban (la PF) del lado de la caseta, sí, claro. Eso todo está en la averiguación; pero eso no implica que hayan participado de ninguna manera”.

En su conferencia de prensa del 7 de noviembre último, el funcionario había afirmado: “El grupo de jóvenes subió a bordo de dos camiones Estrella de Oro de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, rumbo a la entrada de la ciudad de Iguala. Posteriormente, se trasladaron a la terminal de autobuses, donde tomaron otros dos camiones de otra empresa.

“El expresidente municipal de Iguala, quien tenía designada en la comunicación interna de la Policía Municipal el código A5, fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en esos cuatro camiones, según declara el propio operador de radio de la central de la Policía Municipal de Iguala, David Hernández Cruz, y la ratifica uno de los vigilantes que ellos conocen como halcones, que recibía comunicación. Es en este mismo evento, como se ha informado, que los policías municipales de Iguala privaron de la vida a tres normalistas.”

En su anuncio de conclusiones del caso Iguala, el procurador no informó que desde las 20:00 horas seis policías federales, a bordo de tres patrullas, monitorearon a los normalistas de Ayotzinapa. Tampoco informó que éstos eran vigilados por los gobiernos estatal y federal desde las 17:59 horas, cuando salieron de su escuela rumbo a Iguala, por el C4 de Chilpancingo, donde hay presencia de representantes de las policías Federal, Estatal, Municipal de Chilpancingo y del Ejército.

El mismo martes 16, Murillo Karam le declaró a Carmen Aristegui: “Después de haber oído la respuesta de la Policía Federal que viene hoy en La Jornada, me queda claro que no hay modo de suponer la actuación de la Policía Federal”, lo que indica que la PGR deslindó a la PF sin haber llamado a declarar a los efectivos de esa corporación.

Del indicio periodístico al indicio oficial

La PGR envió a Proceso una breve nota aclaratoria: “La investigación que lleva a cabo la Procuraduría se ha basado en testimonios, revisión de documentos, videograbaciones, fotografías, peritajes, inspecciones ministeriales, análisis técnicos y forenses, entre otros.

“Ninguno de estos elementos arroja indicios de que miembros de la Policía Federal o del Ejército Mexicano hayan participado en los hechos delictivos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.”

Pese a las declaraciones públicas de Murillo Karam en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, donde pide que se le muestren las evidencias de la investigación periodística sobre la participación de la PF y el Ejército, tal solicitud no ha sido dirigida a Proceso ni al Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de Berkeley.

El jueves 18 se envió una carta solicitando al procurador general acceso a la investigación y a las pruebas que deslindan a la PF y al Ejército. Aún se está en espera de la respuesta. Y cabe señalar que no hubo ninguna carta aclaratoria por parte de la Secretaría de Gobernación, responsable de la PF y de la coordinación de los C4 en Guerrero.

Tampoco la hay de parte de la Policía Federal.

La investigación periodística publicada se basó en la revisión de miles de hojas de averiguaciones previas, testimonios, videos, informes y tarjetas informativas del gobierno de Guerrero. Se hizo un recorrido por los lugares donde ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre y se verificó la información contenida en las averiguaciones previas y causas penales. Se tomaron videos y fotografías.

Durante todas las indagatorias oficiales fue patente la ausencia de la PGR. Para entender lo ocurrido esa noche, no interrogó a testigos imprescindibles, quienes contradicen la versión oficial del ataque y desaparición de los estudiantes. No protegieron las pruebas ni hicieron los análisis periciales con oportunidad. En todos sus informes sobre el caso, la PGR omitió las primeras declaraciones ministeriales rendidas por los estudiantes atacados, quienes imputaron, además de a la Policía Municipal, a la Federal y denunciaron el hostigamiento del Ejército. Ocultó la existencia de videos grabados por los estudiantes esa noche –mostrados por Proceso– y nunca dio una versión del actuar de la PF y el Ejército ese día.

Sin hacer una investigación completa y transparente de las diferentes líneas de investigación que se desprendían de las declaraciones ministeriales y elementos de prueba, la PGR adelantó conclusiones y dio el caso por resuelto el pasado 7 de noviembre.

Sustento documental

A continuación se enumeran algunas de las pruebas documentales con las que cuentan la reportera y el reportero, las cuales sustentan la tesis periodística acerca de la participación de la PF y el Ejército en el ataque, las graves deficiencias y omisiones de la PGR en la investigación, el ocultamiento de información y declaraciones ministeriales rendidas bajo violencia previa ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

Cualquier persona interesada en consultar directamente los documentos puede contactar a la reportera y al reportero en el Investigative Reporting Program, UC Berkeley, 2481 Hearst Avenue, Berkeley, CA 94709 y en Proceso.

1. Declaración ministerial del estudiante Luis Pérez Martínez rendida el 27 de septiembre ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJG) que obra en la causa penal 172/2014-I. Afirmó que en el ataque contra sus compañeros en la calle Juan N. Álvarez, policías municipales les cerraron el paso, pero la PF fue la que disparó contra ellos.

2. Declaración ministerial del estudiante Francisco Chalma, rendida el mismo día –obra en la averiguación previa (AP) HID/SC/02/0993/2014– sobre la actuación del Ejército en el hospital Cristina e identifica la presencia de policías con pasamontañas, pecheras y rodilleras, equipo del cual carece la Policía Municipal de Iguala. Cabe señalar que Chalma fue golpeado la madrugada del 14 de diciembre en Chilpancingo por policías federales aparentemente ebrios.

3. Declaración ministerial del estudiante Ángel Mundo Francisco, en la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014. También reconoce a policías con guantes negros y equipo antimotines, que no usa la policía de Iguala.

4. Declaración ministerial del estudiante José de Jesús Vázquez –en la AP HID/SC/02/0993/2014–, quien señala la existencia de videos grabados por los estudiantes con celulares y afirma que entregó uno a la PGJG.

5. Videos grabados con teléfonos celulares por los estudiantes la noche del 26 de septiembre. En uno de ellos claramente un normalista identifica la presencia de la PF. “Ya se están yendo los policías… se van a quedar los federales y nos van a querer fastidiar”.

6. Entrevista con el licenciado Vidulfo Rosales, abogado de los estudiantes y de los padres de los desaparecidos, quien afirmó que desde sus primeras declaraciones ministeriales los normalistas señalaron la participación de la PF y el Ejército, y que a finales de noviembre ampliaron sus declaraciones al respecto ante la PGR, la cual no quiso darles copia de las mismas.

7. Declaración ministerial de Osvaldo Arturo Vázquez, escolta del exalcalde Abarca, quien declaró que éste y su esposa se retiraron de la explanada del centro de Iguala a las 20:45 horas, al terminar el informe de la gestión de ella al frente del DIF municipal, y luego fueron a cenar a una taquería en la colonia Río Balsas.

8. Entrevista con la señora Lili, dueña de la mencionada taquería, quien confirmó que el exalcalde y su familia fueron a cenar esa noche y se retiraron a las 22:20 horas. Se le preguntó si la PGR la había citado a declarar o si había ido a su local. Respondió que no.

9. Informe del gobierno de Guerrero que consta de más de 900 hojas en las que se desglosan las acciones realizadas durante el 26 de septiembre hasta el 4 de octubre, cuando la PGR atrajo el caso.

10. Tarjeta informativa (TI) número 02370, de dos hojas, firmada por el coordinador operativo de la región norte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero, José Adame Bautista.

11. Se obtuvo información en los C4 de Chilpancingo e Iguala acerca de que en sus instalaciones hay representantes de las policías Federal, Estatal y Municipal, así como del Ejército. Todos ellos reciben simultáneamente los reportes del 066.

12. Entrevista con Omar García, líder del Comité de Orientación Política e Ideológica de la Normal Rural de Ayotzinapa, quien afirma que 10 alumnos quedaron encerrados en un autobús que llegó a la terminal de Iguala, que éstos llamaron para pedir ayuda a sus compañeros y que los dos camiones monitoreados por la Policía Estatal y la PF se movieron de la caseta 3 hacia la central de autobuses.

13. Declaración ministerial de Felipe Flores Velázquez rendida el 27 de septiembre –AP HID/SC/0993/2014– en la cual asegura que a las 21:24 horas informó al jefe de la base de la PF en Iguala, Luis Antonio Dorantes, que los estudiantes estaban secuestrando camiones y aquél respondió que estaría pendiente.

14. Constancia de actuaciones en la AP HID/SC/0993/2014 sobre nuevas diligencias. En el análisis de los hechos dentro de la averiguación previa y “para la debida integración y perfeccionamiento”, la agente del Ministerio Público del fuero común Maribel Morales García solicitó con carácter de urgente las imágenes grabadas por las cámaras del C4 instaladas en la calle Juan N. Álvarez, de Iguala.

15. Oficio 7314. El 28 de septiembre Morales García pidió al titular de la PF en Iguala que informara urgentemente “si los elementos a su mando participaron de manera activa en los hechos que se registraron el 26 de septiembre”. Y en caso afirmativo, “señalar cuántos elementos se movilizaron en estas acciones”. La PF no respondió.

16. Oficio 7324. En la misma fecha Morales García pidió de manera urgente a la PF de Iguala copias certificadas de la bitácora de registro de entrada y salida del personal que laboró los días 26 y 27 de septiembre. La Policía Federal no respondió.

17. Oficio 7331. En la misma fecha Morales García pidió a la PF de Iguala un informe con el número de patrullas, su fecha de adquisición y asignación y copia de la licencia colectiva de resguardo del armamento en uso dentro de la corporación, “con el fin de resolver conforme a derecho la averiguación previa que se inició por los hechos violentos registrados el día 26 de septiembre”. La Policía Federal no contestó.

18. Seis hojas de la “Orden de los Servicios Operativos de Vigilancia, así como de los Servicios Administrativos que con esta fecha desempeñara el personal adscrito a esta corporación”. “Servicio de las 8:00 horas del día 26 de septiembre a las 8:00 horas del día 27 de septiembre del 2014”. Ninguno de los 165 efectivos de la SSP municipal tiene el nombre de David Hernández Cruz, quien según Murillo Karam señaló a Abarca como el que dio la orden de “contener” a los estudiantes.

19. Se visitó la base de la Policía Municipal de Iguala en Rayón 109. Se tomaron videos del exterior y del interior del inmueble que muestran lo modesto de las instalaciones, y que las casas y vecindades que la rodean tienen vista al patio central, donde supuestamente fueron llevados los estudiantes. Se cuenta con videos que demuestran que las patrullas con roll bar, como las usadas por la Policía Municipal y por la Federal –la cual ahora está encargada de esa base–, no caben por la puerta principal. Aunque aún no termina la investigación, las instalaciones están en remodelación.

20. Testimonios de personas ajenas al incidente, que vieron el ataque y señalaron la presencia de policías con uniformes distintos a los de los municipales.

21. Visita al corralón de Grúas Mejía Meta II, en Periférico Sur sin número, en Iguala, donde desde el 27 de septiembre hay cuatro autos particulares, una motocicleta, patrullas municipales y los tres camiones atacados en la calle Juan N. Álvarez. No fueron protegidos para preservar huellas y pruebas. Se constató directamente que apenas entre los pasados 12 y 14 de noviembre, peritos de la PGR acudieron al lugar a practicar pruebas periciales de los vehículos, una semana después de que el procurador general había anunciado en conferencia de prensa las conclusiones del caso.

22. Dictamen de integridad física número de folio 78336 realizado por la PGR a Néstor Napoléon Martínez Morales, a quien le atribuyeron el apodo de El Napo, detenido en Iguala y acusado de ser parte del grupo criminal Guerreros Unidos (AP PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014). En el documento se enumeran los daños físicos que presentaba.

23. Declaración ministerial de Martínez Morales donde afirma que las lesiones le fueron causadas con motivo de su detención y que fue golpeado por varios de los policías federales que lo aprehendieron.

24. Declaración ministerial de Raúl Núñez Salgado, alias El Camperra, detenido por la Marina en Acapulco y acusado por la PGR de ser operador financiero de Guerreros Unidos (AP PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014). Y “fe de integridad física” donde se enumeran todas las lesiones que presentaba. Su abogado pidió hacer un estudio de mecánica de lesiones.

25. Declaración ministerial de Sidronio Casarrubias Salgado rendida el 17 de octubre de 2014, causa penal 100/2014. Declaró que fue detenido en un restaurante y no en la carretera México-Toluca. Afirmó que apenas había salido de la cárcel hacía cinco meses y que no es líder de Guerreros Unidos. Fue quien declaró que supuestamente en los camiones donde viajaban los estudiantes iban integrantes del grupo delictivo Los Rojos y que por eso Guerreros Unidos, en complicidad con la Policía Municipal de Iguala, los atacó. Afirmó que los estudiantes fueron “asesinados”, “quemados” y arrojadas las cenizas al “río”. Y que supuestamente el procurador del estado, Iñaki Blanco, y el titular de la SSP de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez, estaban involucrados.

La PGR en sus conclusiones descartó que en los camiones hubieran viajado integrantes de Los Rojos y no ha presentado hasta ahora ninguna acusación contra Vázquez ni Blanco. Este último renunció al cargo a mediados de noviembre.

26. Declaración ministerial de Carlos Canto Salgado, alias El Pato, detenido en Iguala por marinos (PGR/SEIDO/UEID MS/816/2014). Dio una lista de supuestos integrantes de Guerreros Unidos, implicó a los comandantes de la Policía Municipal de Iguala, a Raúl Núñez Salgado, a José Luis Abarca, a El Napo y una decena más de personas identificadas por apodos.

27. Declaración preparatoria de Canto Salgado donde revela que efectivos de la Marina y funcionarios del gobierno federal lo torturaron sometiéndolo a asfixia, toques eléctricos, golpes y amenazas contra su familia. Que los marinos tenían una lista de nombres de personas contra las que debía declarar.

28. Dictamen de integridad física número de folio 78130 realizado por la PGR a Eury Flores López y Francisco Javier Lozano Cuevas, detenidos en Cuernavaca por la Marina (PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014). Se enumeran las múltiples lesiones con las que fueron presentados ante el MP.

29. Declaración ministerial de Lozano Cuevas, quien testificó que fue torturado por los marinos que lo detuvieron. El defensor público dejó asentado que pedía se le aplicara el Protocolo de Estambul, el procedente cuando hay tortura.