Revista Proceso # 1990
Como
en el caso Tlatlaya, el de Ayotzinapa revela una estrategia ya ensayada
por el gobierno de Enrique Peña Nieto: el encubrimiento de agentes del
Estado, señaladamente el Ejército y la Policía Federal. Como entonces,
hoy la Procuraduría General de la República descalifica, miente, oculta,
exonera por adelantado y sin investigación de por medio a otros
posibles responsables. A continuación se exponen de manera pormenorizada
los elementos fácticos y documentales que sirvieron de base al
reportaje publicado en la edición 1989 de Proceso y que sustentan la
tesis periodística de los reporteros Anabel Hernández y Steve Fisher,
junto con nuevas y sólidas evidencias que apuntan al entorpecimiento de
la búsqueda de los jóvenes en instalaciones militares y de la PF.
La estrategia de
ocultamiento, mentiras, descalificación a investigaciones periodísticas y
exoneraciones por adelantado al Ejército y a la Policía Federal (PF)
por el caso Ayotzinapa recuerda a la urdida por el gobierno federal en
el caso Tlatlaya, cuando militares ejecutaron de manera extrajudicial a
21 presuntos delincuentes en esa localidad del Estado de México.
Durante semanas, meses, autoridades estatales y federales
tergiversaron y/o negaron una y otra vez los hechos, hasta que una
investigación periodística y la presión internacional orillaron al
gobierno de Enrique Peña Nieto a emprender una indagatoria creíble, y
más tarde –muy tarde– a aceptar la responsabilidad de efectivos de las
Fuerzas Armadas en aquella masacre y su final enjuiciamiento.
Ahora, en el caso Ayotzinapa, el empecinamiento de la
Procuraduría General de la República (PGR) en darle carpetazo deja ver
la misma fórmula: el encubrimiento y la eventual impunidad de más
posibles responsables.
La investigación publicada en el número 1989 de Proceso
con el encabezado La historia no oficial mostró que la PF participó
activamente en el ataque contra los estudiantes de la Normal Rural de
Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre y madrugada del 27, con
la complicidad del Ejército; que contra lo dicho por el gobierno
federal, éste sí tuvo conocimiento de los hechos en tiempo real por
conducto de los funcionarios federales adscritos a los C4 de
Chilpancingo e Iguala, y que al menos cinco de los supuestos miembros de
Guerreros Unidos usados por la Procuraduría General de la República
(PGR) para dar forma a la versión oficial contra el alcalde de Iguala,
José Luis Abarca, y la policía de ese municipio, fueron torturados antes
de rendir sus declaraciones.
El martes 16, tras la publicación del reportaje y en
entrevista con Carmen Aristegui para CNN en Español, el procurador
general Jesús Murillo Karam declaró lo siguiente sobre el papel de la PF
el 26 de septiembre en Iguala: “… Sí, del conocimiento de que había una
manifestación (presencia de los estudiantes en la caseta 3 de la
carretera Chilpancingo-Iguala), sí, claro. De que estaban (la PF) del
lado de la caseta, sí, claro. Eso todo está en la averiguación; pero eso
no implica que hayan participado de ninguna manera”.
En su conferencia de prensa del 7 de noviembre último, el
funcionario había afirmado: “El grupo de jóvenes subió a bordo de dos
camiones Estrella de Oro de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en
Ayotzinapa, rumbo a la entrada de la ciudad de Iguala. Posteriormente,
se trasladaron a la terminal de autobuses, donde tomaron otros dos
camiones de otra empresa.
“El expresidente municipal de Iguala, quien tenía
designada en la comunicación interna de la Policía Municipal el código
A5, fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las
personas que viajaban en esos cuatro camiones, según declara el propio
operador de radio de la central de la Policía Municipal de Iguala, David
Hernández Cruz, y la ratifica uno de los vigilantes que ellos conocen
como halcones, que recibía comunicación. Es en este mismo evento, como
se ha informado, que los policías municipales de Iguala privaron de la
vida a tres normalistas.”
En su anuncio de conclusiones del caso Iguala, el
procurador no informó que desde las 20:00 horas seis policías federales,
a bordo de tres patrullas, monitorearon a los normalistas de
Ayotzinapa. Tampoco informó que éstos eran vigilados por los gobiernos
estatal y federal desde las 17:59 horas, cuando salieron de su escuela
rumbo a Iguala, por el C4 de Chilpancingo, donde hay presencia de
representantes de las policías Federal, Estatal, Municipal de
Chilpancingo y del Ejército.
El mismo martes 16, Murillo Karam le declaró a Carmen
Aristegui: “Después de haber oído la respuesta de la Policía Federal que
viene hoy en La Jornada, me queda claro que no hay modo de suponer la
actuación de la Policía Federal”, lo que indica que la PGR deslindó a la
PF sin haber llamado a declarar a los efectivos de esa corporación.
Del indicio periodístico al indicio oficial
La PGR envió a Proceso una breve nota aclaratoria: “La
investigación que lleva a cabo la Procuraduría se ha basado en
testimonios, revisión de documentos, videograbaciones, fotografías,
peritajes, inspecciones ministeriales, análisis técnicos y forenses,
entre otros.
“Ninguno de estos elementos arroja indicios de que
miembros de la Policía Federal o del Ejército Mexicano hayan participado
en los hechos delictivos del 26 y 27 de septiembre en Iguala,
Guerrero.”
Pese a las declaraciones públicas de Murillo Karam en
entrevista con la periodista Carmen Aristegui, donde pide que se le
muestren las evidencias de la investigación periodística sobre la
participación de la PF y el Ejército, tal solicitud no ha sido dirigida a
Proceso ni al Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad
de Berkeley.
El jueves 18 se envió una carta solicitando al procurador
general acceso a la investigación y a las pruebas que deslindan a la PF y
al Ejército. Aún se está en espera de la respuesta. Y cabe señalar que
no hubo ninguna carta aclaratoria por parte de la Secretaría de
Gobernación, responsable de la PF y de la coordinación de los C4 en
Guerrero.
Tampoco la hay de parte de la Policía Federal.
La investigación periodística publicada se basó en la
revisión de miles de hojas de averiguaciones previas, testimonios,
videos, informes y tarjetas informativas del gobierno de Guerrero. Se
hizo un recorrido por los lugares donde ocurrieron los hechos del 26 y
27 de septiembre y se verificó la información contenida en las
averiguaciones previas y causas penales. Se tomaron videos y
fotografías.
Durante todas las indagatorias oficiales fue patente la
ausencia de la PGR. Para entender lo ocurrido esa noche, no interrogó a
testigos imprescindibles, quienes contradicen la versión oficial del
ataque y desaparición de los estudiantes. No protegieron las pruebas ni
hicieron los análisis periciales con oportunidad. En todos sus informes
sobre el caso, la PGR omitió las primeras declaraciones ministeriales
rendidas por los estudiantes atacados, quienes imputaron, además de a la
Policía Municipal, a la Federal y denunciaron el hostigamiento del
Ejército. Ocultó la existencia de videos grabados por los estudiantes
esa noche –mostrados por Proceso– y nunca dio una versión del actuar de
la PF y el Ejército ese día.
Sin hacer una investigación completa y transparente de las
diferentes líneas de investigación que se desprendían de las
declaraciones ministeriales y elementos de prueba, la PGR adelantó
conclusiones y dio el caso por resuelto el pasado 7 de noviembre.
Sustento documental
A continuación se enumeran algunas de las pruebas
documentales con las que cuentan la reportera y el reportero, las cuales
sustentan la tesis periodística acerca de la participación de la PF y
el Ejército en el ataque, las graves deficiencias y omisiones de la PGR
en la investigación, el ocultamiento de información y declaraciones
ministeriales rendidas bajo violencia previa ante la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
Cualquier persona interesada en consultar directamente los
documentos puede contactar a la reportera y al reportero en el
Investigative Reporting Program, UC Berkeley, 2481 Hearst Avenue,
Berkeley, CA 94709 y en Proceso.
1. Declaración ministerial del estudiante Luis Pérez
Martínez rendida el 27 de septiembre ante la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Guerrero (PGJG) que obra en la causa penal
172/2014-I. Afirmó que en el ataque contra sus compañeros en la calle
Juan N. Álvarez, policías municipales les cerraron el paso, pero la PF
fue la que disparó contra ellos.
2. Declaración ministerial del estudiante Francisco
Chalma, rendida el mismo día –obra en la averiguación previa (AP)
HID/SC/02/0993/2014– sobre la actuación del Ejército en el hospital
Cristina e identifica la presencia de policías con pasamontañas,
pecheras y rodilleras, equipo del cual carece la Policía Municipal de
Iguala. Cabe señalar que Chalma fue golpeado la madrugada del 14 de
diciembre en Chilpancingo por policías federales aparentemente ebrios.
3. Declaración ministerial del estudiante Ángel Mundo
Francisco, en la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014. También
reconoce a policías con guantes negros y equipo antimotines, que no usa
la policía de Iguala.
4. Declaración ministerial del estudiante José de Jesús
Vázquez –en la AP HID/SC/02/0993/2014–, quien señala la existencia de
videos grabados por los estudiantes con celulares y afirma que entregó
uno a la PGJG.
5. Videos grabados con teléfonos celulares por los
estudiantes la noche del 26 de septiembre. En uno de ellos claramente un
normalista identifica la presencia de la PF. “Ya se están yendo los
policías… se van a quedar los federales y nos van a querer fastidiar”.
6. Entrevista con el licenciado Vidulfo Rosales, abogado
de los estudiantes y de los padres de los desaparecidos, quien afirmó
que desde sus primeras declaraciones ministeriales los normalistas
señalaron la participación de la PF y el Ejército, y que a finales de
noviembre ampliaron sus declaraciones al respecto ante la PGR, la cual
no quiso darles copia de las mismas.
7. Declaración ministerial de Osvaldo Arturo Vázquez,
escolta del exalcalde Abarca, quien declaró que éste y su esposa se
retiraron de la explanada del centro de Iguala a las 20:45 horas, al
terminar el informe de la gestión de ella al frente del DIF municipal, y
luego fueron a cenar a una taquería en la colonia Río Balsas.
8. Entrevista con la señora Lili, dueña de la mencionada
taquería, quien confirmó que el exalcalde y su familia fueron a cenar
esa noche y se retiraron a las 22:20 horas. Se le preguntó si la PGR la
había citado a declarar o si había ido a su local. Respondió que no.
9. Informe del gobierno de Guerrero que consta de más de
900 hojas en las que se desglosan las acciones realizadas durante el 26
de septiembre hasta el 4 de octubre, cuando la PGR atrajo el caso.
10. Tarjeta informativa (TI) número 02370, de dos hojas,
firmada por el coordinador operativo de la región norte de la Secretaría
de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero, José Adame
Bautista.
11. Se obtuvo información en los C4 de Chilpancingo e
Iguala acerca de que en sus instalaciones hay representantes de las
policías Federal, Estatal y Municipal, así como del Ejército. Todos
ellos reciben simultáneamente los reportes del 066.
12. Entrevista con Omar García, líder del Comité de
Orientación Política e Ideológica de la Normal Rural de Ayotzinapa,
quien afirma que 10 alumnos quedaron encerrados en un autobús que llegó a
la terminal de Iguala, que éstos llamaron para pedir ayuda a sus
compañeros y que los dos camiones monitoreados por la Policía Estatal y
la PF se movieron de la caseta 3 hacia la central de autobuses.
13. Declaración ministerial de Felipe Flores Velázquez
rendida el 27 de septiembre –AP HID/SC/0993/2014– en la cual asegura que
a las 21:24 horas informó al jefe de la base de la PF en Iguala, Luis
Antonio Dorantes, que los estudiantes estaban secuestrando camiones y
aquél respondió que estaría pendiente.
14. Constancia de actuaciones en la AP HID/SC/0993/2014
sobre nuevas diligencias. En el análisis de los hechos dentro de la
averiguación previa y “para la debida integración y perfeccionamiento”,
la agente del Ministerio Público del fuero común Maribel Morales García
solicitó con carácter de urgente las imágenes grabadas por las cámaras
del C4 instaladas en la calle Juan N. Álvarez, de Iguala.
15. Oficio 7314. El 28 de septiembre Morales García pidió
al titular de la PF en Iguala que informara urgentemente “si los
elementos a su mando participaron de manera activa en los hechos que se
registraron el 26 de septiembre”. Y en caso afirmativo, “señalar cuántos
elementos se movilizaron en estas acciones”. La PF no respondió.
16. Oficio 7324. En la misma fecha Morales García pidió de
manera urgente a la PF de Iguala copias certificadas de la bitácora de
registro de entrada y salida del personal que laboró los días 26 y 27 de
septiembre. La Policía Federal no respondió.
17. Oficio 7331. En la misma fecha Morales García pidió a
la PF de Iguala un informe con el número de patrullas, su fecha de
adquisición y asignación y copia de la licencia colectiva de resguardo
del armamento en uso dentro de la corporación, “con el fin de resolver
conforme a derecho la averiguación previa que se inició por los hechos
violentos registrados el día 26 de septiembre”. La Policía Federal no
contestó.
18. Seis hojas de la “Orden de los Servicios Operativos de
Vigilancia, así como de los Servicios Administrativos que con esta
fecha desempeñara el personal adscrito a esta corporación”. “Servicio de
las 8:00 horas del día 26 de septiembre a las 8:00 horas del día 27 de
septiembre del 2014”. Ninguno de los 165 efectivos de la SSP municipal
tiene el nombre de David Hernández Cruz, quien según Murillo Karam
señaló a Abarca como el que dio la orden de “contener” a los
estudiantes.
19. Se visitó la base de la Policía Municipal de Iguala en
Rayón 109. Se tomaron videos del exterior y del interior del inmueble
que muestran lo modesto de las instalaciones, y que las casas y
vecindades que la rodean tienen vista al patio central, donde
supuestamente fueron llevados los estudiantes. Se cuenta con videos que
demuestran que las patrullas con roll bar, como las usadas por la
Policía Municipal y por la Federal –la cual ahora está encargada de esa
base–, no caben por la puerta principal. Aunque aún no termina la
investigación, las instalaciones están en remodelación.
20. Testimonios de personas ajenas al incidente, que
vieron el ataque y señalaron la presencia de policías con uniformes
distintos a los de los municipales.
21. Visita al corralón de Grúas Mejía Meta II, en
Periférico Sur sin número, en Iguala, donde desde el 27 de septiembre
hay cuatro autos particulares, una motocicleta, patrullas municipales y
los tres camiones atacados en la calle Juan N. Álvarez. No fueron
protegidos para preservar huellas y pruebas. Se constató directamente
que apenas entre los pasados 12 y 14 de noviembre, peritos de la PGR
acudieron al lugar a practicar pruebas periciales de los vehículos, una
semana después de que el procurador general había anunciado en
conferencia de prensa las conclusiones del caso.
22. Dictamen de integridad física número de folio 78336
realizado por la PGR a Néstor Napoléon Martínez Morales, a quien le
atribuyeron el apodo de El Napo, detenido en Iguala y acusado de ser
parte del grupo criminal Guerreros Unidos (AP
PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014). En el documento se enumeran los daños
físicos que presentaba.
23. Declaración ministerial de Martínez Morales donde
afirma que las lesiones le fueron causadas con motivo de su detención y
que fue golpeado por varios de los policías federales que lo
aprehendieron.
24. Declaración ministerial de Raúl Núñez Salgado, alias
El Camperra, detenido por la Marina en Acapulco y acusado por la PGR de
ser operador financiero de Guerreros Unidos (AP
PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014). Y “fe de integridad física” donde se
enumeran todas las lesiones que presentaba. Su abogado pidió hacer un
estudio de mecánica de lesiones.
25. Declaración ministerial de Sidronio Casarrubias
Salgado rendida el 17 de octubre de 2014, causa penal 100/2014. Declaró
que fue detenido en un restaurante y no en la carretera México-Toluca.
Afirmó que apenas había salido de la cárcel hacía cinco meses y que no
es líder de Guerreros Unidos. Fue quien declaró que supuestamente en los
camiones donde viajaban los estudiantes iban integrantes del grupo
delictivo Los Rojos y que por eso Guerreros Unidos, en complicidad con
la Policía Municipal de Iguala, los atacó. Afirmó que los estudiantes
fueron “asesinados”, “quemados” y arrojadas las cenizas al “río”. Y que
supuestamente el procurador del estado, Iñaki Blanco, y el titular de la
SSP de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez, estaban involucrados.
La PGR en sus conclusiones descartó que en los camiones
hubieran viajado integrantes de Los Rojos y no ha presentado hasta ahora
ninguna acusación contra Vázquez ni Blanco. Este último renunció al
cargo a mediados de noviembre.
26. Declaración ministerial de Carlos Canto Salgado, alias
El Pato, detenido en Iguala por marinos (PGR/SEIDO/UEID MS/816/2014).
Dio una lista de supuestos integrantes de Guerreros Unidos, implicó a
los comandantes de la Policía Municipal de Iguala, a Raúl Núñez Salgado,
a José Luis Abarca, a El Napo y una decena más de personas
identificadas por apodos.
27. Declaración preparatoria de Canto Salgado donde revela
que efectivos de la Marina y funcionarios del gobierno federal lo
torturaron sometiéndolo a asfixia, toques eléctricos, golpes y amenazas
contra su familia. Que los marinos tenían una lista de nombres de
personas contra las que debía declarar.
28. Dictamen de integridad física número de folio 78130
realizado por la PGR a Eury Flores López y Francisco Javier Lozano
Cuevas, detenidos en Cuernavaca por la Marina
(PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014). Se enumeran las múltiples lesiones con las
que fueron presentados ante el MP.
29. Declaración ministerial de Lozano Cuevas, quien
testificó que fue torturado por los marinos que lo detuvieron. El
defensor público dejó asentado que pedía se le aplicara el Protocolo de
Estambul, el procedente cuando hay tortura.
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