Ramón César González Ortiz
Esta acción criminal de asesinatos masivos y de desaparición forzada, se debe circunscribir en el marco de la "nueva contrainsurgencia" instaurada en América Latina con Reagan cuando declaró, en febrero de 1982, la Guerra contra las drogas, como "objetivo urgente" de Seguridad Nacional, donde se califica como meta central la detención de la cocaína que ingrese a Estados Unidos, con lo cual se responsabilizará a partir de entonces a la oferta, es decir, a los países productores, y no a la demanda (los países consumidores), generándo, desde entonces, aparte de los "terroristas", al narcotraficante como un nuevo enemigo externo, alterno al comunismo y al terrorismo, pero particularizado para el patio trasero de Norteamérica [3].
De forma tal que la guerra contra las drogas le ha permitido continuar a Norteamérica, en América Latina con la doctrina de contrainsurgencia, implementada por John Fitzgerald Kennedy en los años de 1961-1963 [4], en la cual los ejércitos latinoamericanos pasaron de la “defensa del hemisferio” [5] , a una misión de "seguridad interna" dando forma a la llamada vietnamización de Latinoamérica que ha significado en los hechos, que los ejércitos de cada país sean los principales responsables del combate contrainsurgente rural o urbano y ya no las tropas estadounidenses. En segundo lugar están las fuerzas policiacas, constituyendo la primera línea ante situaciones complicadas. Y tercer lugar, EEUU, se abstiene de invadir, aunque no descarta del todo, esta posibilidad en casos de emergencia [6] .
Todo ajustado al esquema de la redemocratización-militarización, que se dio en El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá [7] , cuando las dictaduras militares en América Latina se fueron desgastando, mostrándose incapaces, incluso allí donde fueron efectivas en la detención del movimiento revolucionario, de asegurar las condiciones de una dominación política estable que por supuesto, fuera acorde a los intereses norteamericanos en el curso de 1980. Así, la difusión del término Narcotráfico como un mecanismo homogenizante ha permitido asimilar y dramatizar una gran serie de elementos disímiles, con lo cual se ha construido hasta la fecha un sinónimo del Imperio del Mal. [8]
Además, los “regímenes democráticos” han prevalecido tanto tiempo, a pesar de las políticas neoliberales que han impulsado afectando a una gran parte de la población latinoamericana, gracias además del manto democrático, ha el apoyo que han recibido las Fuerzas Armadas latinoamericanas por parte de los estadounidenses. En este sentido, Reagan en la búsqueda de dar continuidad a una política exterior norteamericana para América Latina, que restableciera el énfasis en la cuestión de la seguridad, la implantación de democracias viables en la región, con particular interés en Centroamérica, impulsa la relación Fuerzas Armadas-narcotraficantes en Colombia que se logra después de que declara la guerra al narcotráfico, ya que encubierta en esta guerra se da la relación de varios cárteles colombianos como el de Medellín y Cali, con agencias de seguridad norteamericanas como la CIA, para desatar una devastadora guerra sucia y terrorista contra el pueblo de Nicaragua, después de que la guerrilla sandinista tomara el poder en 1979. Para financiar a “La Contra”, Pablo Escobar Gaviria entregaba cocaína a la CIA, que viajaba en aviones pertenecientes a esta agencia de seguridad para ser camuflados, hasta Centroamérica, para luego ser enviadas hasta aeropuertos militares en Estados Unidos. De ahí salía para la venta en las calles, y con las ganancias se financiaba a la “Contra”.
Asimismo, la guerra al narcotráfico ha servido toda vez que el Estado colombiano y sus aparatos represivos fueron cuestionados por su relación con el paramilitarismo y la guerra sucia, ya que el Estado: “…aparece como el gran pacificador dentro de una situación de violencia generalizada, lo cual justifica cualquier reforzamiento autoritario del mismo […] En nombre de la “guerra a la mafia” y aprovechando el consenso frente a la lucha contra el narcotráfico, se justifica la expedición de medidas autoritarias que finalmente afectan a sectores mucho más amplios de la población […] El nuevo ambiente de guerra ha permitido así que las Fuerzas Armadas recuperen y amplíen sus facultades políticas e investigativas, al tiempo que su imagen ante la opinión pública surge de tal forma que inhibe la capacidad crítica frente a los potenciales desmanes de las tropas. No solo aparecen ahora ante la ciudadanía como la institución con la cual hay que solidarizarse para hacer frente al narcotráfico sino que, además […] la militarización de la vida política aumenta considerablemente […] De esta manera las Fuerzas Armadas han comenzado a utilizar las facultades concedidas por los nuevos decretos para allanar y capturar a miembros de organizaciones populares, sindicándolos de apoyar a grupos guerrilleros y de tener alianzas con el narcotráfico”. [9]
La guerra contra las drogas circunscrita en la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por EE.UU, de esta manera ha servido en Latinoamérica para la instauración de “modelos estables” que restablezcan la hegemonía burguesa en la sociedad y la hegemonía norteamericana en la región. Particularmente en Colombia, que aun sin contar con una dictadura formal en los años sesenta y setenta, se impuso esta doctrina llegando hasta los cimientos del Estado mismo, por las élites y las Fuerzas Armadas de ese país. A esto respondieron los nombramientos de alcaldes militares, designados en reuniones de mandos militares con gobernadores, quienes estos últimos se encargaban de designarlos.
Y dentro de la guerra contra el narcotráfico, el eje central de su estrategia ha sido la “guerra sucia”. Dentro del terrorismo de Estado colombiano han jugado un importante papel las estructuras criminales clandestinas y el paramilitarismo. Al tener como objetivo camuflar acciones para que no sean atribuidas a personas que trabajen dentro de la estructura estatal, y por lo tanto lo comprometan: “Este objetivo de encubrimiento de responsabilidades, respecto a actos que no tienen ninguna presentación legal ni legítima, ni siquiera dentro de fuertes confrontaciones bélicas, hace que se confundan y se complementen dos tipos de procedimientos: el accionar de los militares camuflados de civiles y el accionar militar de civiles protegidos clandestinamente por militares. Ambos procedimientos tienden al mismo objetivo: el encubrimiento que salvaguarde la impunidad”. [10]
Este accionar fue inaugurado por Belisario Betancur Cuartas, presidente colombiano quien en 1982 después de decretar una amnistía que saca de la cárcel a aproximadamente 500 presos políticos, se lava las manos por el asesinato, desaparición, o exilio, de estos liberados, y se responsabiliza de estos actos a paramilitares, sicarios, pistoleros a sueldo o escuadrones de la muerte.
Así, en Colombia, tras el impulso de los paramilitares que se ponen al frente del narcotráfico de drogas, remplazando a los tradicionales carteles y la violencia generada por estos grupos conforma el discurso de que el Estado débil, casi indefenso es victima, tanto como la población de los “violentos”, sin embargo las Fuerzas Armadas no actuaban para evitar las masacres cometidas por los paramilitares, y con su omisión aportaban a su realización: “El cinismo del terrorismo de Estado en Colombia es inimaginable. Ello fue palpable durante las masacres cometidas por los paramilitares contra los pobladores de varios caseríos a orillas del río Naya, en las selvas del suroeste del país, no lejos del océano Pacífico. Cuando las autoridades judiciales al fin llegaron hasta esos lejanos y olvidados parajes, “las escenas que encontraron fueron macabras: una niña de 16 años con los brazos serruchados, unas tenían el estómago abierto y otros con señas de tortura […] Sucedió en abril de 2001, en plena Semana Santa…Era otra masacre anunciada, pues desde meses antes se había denunciado ante las autoridades esa posibilidad y, como en tantas otras ocasiones, no se movió un dedo para la protección de la población. Al final fueron asesinados unos 130 afrocolombianos e indígenas y más de tres mil tuvieron que desplazarse”. [11]
Consolidada esta estructura en Colombia, en la supuesta lucha contra el narcotráfico se atacó primero a consumidores de droga y a ladronzuelos, acciones conocidas en Colombia como “limpieza social”, para luego desplazar su violencia hacia campesinos, activistas comunitarios, miembros de base de la iglesia y políticos de izquierda. El complemento fundamental de este accionar fue la legalización de mercenarios y la elaboración de su conflicto interno de manera privatizada. Acción impulsada por George Walker Bush, quien a mediados de 2005 anuncia la ampliación del Plan Colombia, sustentado en los atentados del 11 de septiembre a las torres gemelas, con lo cual desde entonces lo que se intenta permee es que: “…no existe un conflicto armado en Colombia sino una “guerra contra el terrorismo”. Todo el aparato estatal y la población deben estar al servicio del esfuerzo militar y político del Estado para derrotar a los terroristas. Se debe otorgar los más amplios poderes a las Fuerzas Militares para vencer “al enemigo terrorista”. Deben reajustarse los recursos judiciales, las facultades de la Corte Constitucional y de los órganos de control del Estado para que no sean un obstáculo de la acción del Poder Ejecutivo en la guerra contra el terrorismo”. [12]
Así, en el 2002 el presidente Álvaro Uribe Vélez, impulso en Colombia como premisa fundamental los cánones prescritos por Washington respecto a que no existe en Colombia un conflicto armado interno, sino una amenaza terrorista, para lo cual afirmaba que quien sostuviera que en el país existía un conflicto armado le hacia el juego al terrorismo.
Acorde ha esta lógica, el Plan Colombia tuvo como complemento el Plan Patriota, que elimina el límite que existía sobre la cantidad de mercenarios contratados por las Compañías Militares Privadas (CMP). Lo cual solo sirvió para aumentar y agudizar los graves efectos el Plan Colombia; desplazamiento forzado, confinamiento de poblaciones e incremento de la pobreza y la miseria en el sur del país.
Para el caso de México es preciso que recordemos como en la década de los ochenta las instituciones públicas en los sectores de salud, educación, trabajo y desarrollo social fueron privatizadas de facto, para ser entregadas a mafias privadas legalizadas, así como a mafias legales empresariales que unieron sus intereses con grupos criminales, que a su vez comienzan a competir por el poder político como extensión de su fuerza económica [13] . En este contexto se han enriquecido un puñado de familias a costa del futuro del país, a este respecto publicó Mr. Harry Hurt la manera en que Salinas le permitió a su amigo Slim Helú adquirir Teléfonos de México en 400 millones de dólares, siendo que en realidad valía 8,000 millones. A un hijo de Carlos Hank González le remató en 10 millones una concesión de telefonía celular que luego fue revendida en 100 millones [14] .
Conforme estos ejemplos, se puede observar como en el México neoliberal, el aparato de justicia se ha puesto al servicio de los intereses de los grandes empresarios, algunos de ellos ligados al sector financiero, y mientras saquean a la nación, hacen fraudes millonarios y evaden impuestos han impuesto en nuestro país la visión de lo que es la delincuencia así como la manera de combatirla, mediante políticas de mano dura. Acorde con esta visión conservadora y empresarial en materia de seguridad pública, durante su campaña Felipe Calderón ya prometía mano dura contra la delincuencia, y ya una vez que asume la presidencia declara una lucha frontal contra el crimen organizado, sacando al ejército para combatir a la delincuencia.
Más aun, en nuestro país viene causando conflictos la insistencia de empresarios por reactivar la explotación minera en lugares como el predio La Revancha, del ejido Gracia, en el municipio de Chicomuselo, ubicado en el estado de Michoacán. Lo cual ha derivado en confrontaciones según reportan desde el 21 de septiembre de 2013, cuando se presento el señor Fernando Coello Pedrero, abuelo del gobernador Manuel Velazco Coello, ante un grupo de jóvenes amenazando con que se explotarían las minas de esa región “aun sin el permiso de las comunidades que ahí habitan” [15] .
En esta misma lógica, desde 2010 se ha venido presentando la extracción “irregular” de hierro en los estados de Jalisco, Michoacán y Colima, según indica la Secretaría de Economía. Lo relevante es que ésta extracción se le achaca a él cártel de los Caballeros Templarios y su predecesor, el de la Familia, al estar robando u obteniendo por extorción contenedores de mineral de hierro, o extrayéndolo ellos mismos, para venderlo en los puertos sobre el Pacífico [16] . Ante estos hechos y la ausencia de autoridad en Michoacán (como en otros Estados de la República) se ha sumado al conflicto el surgimiento de las llamadas “autodefensas comunitarias”. Lo cual pese a sus buenas intenciones, se corre el riesgo de que estos grupos de autodefensa no lo sean, y que sean infiltradas por Los caballeros templarios, la familia michoacana, zetas o el cártel Jalisco nueva generación conformando en realidad brazos armados de estos, para realizar distintas actividades ilícitas y de despojo en algunas comunidades. En un contexto donde políticos pactan con narcotraficantes, narcotraficantes financiando grupos de alzados, políticos acusándose de pactar con criminales, y criminales afirmando que ellos no pactan con políticos [17] .
Esto ha devenido de manera tal que desde los inicios del gobierno de Enrique Peña Nieto el estado de Michoacán, resulto ser el laboratorio de lo nuevo en materia de seguridad. Ya que Fuerzas armadas “disfrazadas de carteles” que fueron activadas por el ejército, los gobiernos locales y el gobierno central durante el sexenio anterior, se resistieron a pasar a una nueva etapa dictada por la política de las transnacionales, cuyo objetivo último es concentrar el poder en el gobierno y desaparecer a las autonomías para repartirse los territorios y los recursos. Más aun, bajo las confrontaciones, se intenta ocultar que es una política útil para el reparto de tierras y recursos, ya logrados entre pequeños grupos de grandes capitalistas, sobre todo los vinculados a mineras, trazado de carreteras y presas, que lucran con políticas estatales [18] .
Así, refuncionalizada la estrategia de Guerra de Baja Intensidad en la “guerra contra las drogas”, tenemos que recordar que cuando el michoacano Felipe Calderón asumió el poder, surgió el cartel la Familia Michoacana, cartel “que en su primera aparición pública dijo que no estaba contra el gobierno federal ni contra las instituciones armadas, como el ejército, que simplemente querían practicar la ley y la seguridad donde el Estado no alcanzaba a resguardar la seguridad de los ciudadanos, y que enfrentaría a expresiones foráneas –como los Zetas o el cartel de Sinaloa”. Y dentro de los mismos parámetros se destaca que, los grupos La Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, Jalisco Nueva Generación y los Zetas cumplieron una función dentro del plan de guerra de Calderón, “que por vía paralela fue la expresión no armada para la guerra sucia de los organismos de seguridad del Estado; es decir, que fueron funcionales a la política represiva que bajo la pantalla de la guerra a las drogas, se llevó a cabo bajo el gobierno de Calderón” [19] .
De esta manera los operativos contra el narcotráfico en México han tomado forma institucional a partir de la “Iniciativa Mérida”. Con este plan en el sexenio de Calderón, 50% de los recursos de las fuerzas de México fueron destinados a combatir el narco. Además de que le abrió las puertas a la intervención directa de diversas agencias de seguridad norteamericanas. Desde abril de 2009, opera en el Distrito Federal una Oficina Binacional de la Iniciativa Mérida; donde trabajan “45 funcionarios estadounidenses de distintas agencias con sus contrapartes mexicanos. A este respecto en febrero de 2009, el entonces secretario de Seguridad Pública (SSP) de Calderón, Genaro García Luna, le prometió a Michel Chertoff, secretario de Seguridad Interior de EEUU: "Usted tendrá acceso libre a nuestra información de inteligencia en seguridad pública". Lo cual confirma la forma en que México ha puesto a disposición del Pentágono los sistemas de inteligencia de nuestra nación sin autorización del Congreso, resultando en una violación de la soberanía, estipulado en el artículo 123 del Código Penal como un acto de traición a la Patria [20] . Además de que Calderón según un informe dado el 15 de diciembre de 2013, por agentes de la DEA, CIA, FBI, señalan otorgó permiso a aviones espías estadounidenses al espacio aéreo mexicano para operaciones de inteligencia, de vuelos de drones (aviones no tripulados) desde bases estadounidenses en apoyo a operaciones militares y de policías federales mexicanos, como también una amplia gama de aparatos de alta tecnología para recopilar información de inteligencia. De manera tal ha sido el uso de los drones incrementándose desde el 2010, que según The Washington Post las autoridades mexicanas han comprado sus propios drones [21] .
Esto unido al armamento, adquirido de distribuidores y en las mismas fábricas por los cárteles mexicanos en EEUU, por su volumen, (imposible de escapar detección), alto calibre, junto con un probable despliegue de mercenarios y/o fuerzas especiales bajo cubierta, han sido ingredientes centrales de los esquemas de “ampliación militar” por la vía de un programa de “estabilización y reconstrucción” del Departamento de Defensa en curso en México [22] .
Conformado el enorme trauma humano que abarrota las morgues del país y la aun más grave multiplicación de cementerios clandestinos, de lo cual ahora forma parte Ayotzinapa, entre otros casos como los siguientes, sin que ahonden las investigaciones en los factores de las muertes violentas:
·
"Sonora 18 de enero. Cinco cadáveres (dos mujeres y tres hombres) fueron ubicados entre Rosario Tesopaco y Esperanza, unos 200 kilómetros al sur de Hermosillo, en Sonora, junto a un campo de tiro, baleados y maniatados.
16 de marzo. Los cuerpos de Rafael Samaniego, El Lito, Tiburcio Olivares y dos de sus hijos, Manuel Ángel y Eduardo, aparecieron sepultados en un ejido cercano a agua prieta. Los tres últimos habían sido levantados el 4 de octubre de 2009.
10 de abril. A espaldas de las colonias CTS-CROC y Colinas del Sol, una narcofosa con al menos cuatro cadáveres fue descubierta tras una denuncia anónima, en Nogales.
28 de abril. Se hallan seis cuerpos enterrados clandestinamente en el ejido Agua Zarca, por la carretera que va de Puerto Peñasco a Caborca" [23] .
Así, la guerra contra las drogas ha venido marcando una nueva manera de intervenir en asuntos internos por parte de Norteamérica en México, perfilándose como una estrategia global estadounidense desde 2006. Que toma forma en la doctrina de guerras irregulares, a partir de que en 2008, la Estrategia de Defensa Nacional de Washington ha planteado que <>. Pero para poder realizar estas metas, las guerras convencionales, no son la prioridad, además de resultarle más caras e insostenibles:
-Hasta agosto de 2009, Estados Unidos había gastado más de 173 billones de dólares en la guerra de Afganistán (unos 20 billones anuales).
-Mantener una semana las guerras de Irak y Afganistán costaba 3.5 billones de dólares en 2009.
-EL nobel Joseph Stiglitz calcula que la guerra de Afganistán costará más de 3 billones de dólares ($3, 000, 000, 000, 000.00) y podría llegar a 5 o 7 trillones [24] .
Por lo tanto, en su intento de controlar a las masas de inconformes por las políticas económicas neoliberales, y bajar los costos de la guerra convencional, desde 2009 la Casa Blanca ha venido reformulando la estrategia de guerra irregular, que tiene como particularidad: usar fuerzas no militares; guerra de guerrillas; guerras mercenarias; intervención paramilitar; guerras contra las drogas. Donde también incluye operaciones mediáticas o guerras de cuarta generación, impulsadas desde 1991, por el teórico especialista en guerra, Martín van Creveld, quien publico "La transformación de la guerra", en la que planteó que, ante la ineficacia de los grandes ejércitos, la población podría ser controlada por medio de una guerra que maneje una combinación de propaganda y terror: las guerras de cuarta generación, también llamadas guerras asimétricas o guerras sin fusiles, donde las operaciones militares son reemplazadas, o complementadas, por operaciones con unidades mediáticas y operativos sicológicos dirigidos por expertos en comunicación y psicología de masas [25] .
Bibliografía
-Barajas Rafael, “Narcotráfico para inocentes. El narco en México y quien lo U.S.A”. El chamuco y los hijos del averno, 2011.
-Calvo Ospina Hernando. “El terrorismo de Estado en Colombia.” Editorial el perro y la rana, 2007.
-Oikión Solano Verónica, García Ugarte Marta Eugenia. (Editoras) “Movimientos armados en México, siglo XX”. Vol. I, El Colegio de Michoacán CIESAS, 2006.
-Marini Ruy Mauro. “La lucha por la democracia en América Latina”. www.marini-escritos.unam.mx/018_democracia_es.htm
-Álvarez Gómez Ana Josefina (compiladora), “Tráfico y consumo de drogas. Una visión alternativa.” UNAM, ENEP ACATLAN, 1991.
-Reveles José, “Levantones, narcofosas y falsos positivos”. Grijalbo, 2011.
-Saxe-Fernández John, “ Diseños imperiales sobre México y América Latina”. Trabajo presentado a las Jornadas Bolivarianas, Instituto de Estudios Latino Americanos, Universidad de Sta. Catarina, Florianópolis, Brasil, Abril 6-10, 2009.
-Borrego Salvador, “México en guerra ajena”. México D.F, 2ª edición 2011.
Hemerografía
La Jornada, “Ajustes en inteligencia entre México y EU pondrían en jaque la cooperación: TWP. Política, lunes 29, de abril de 2013. Pág. 8
En Desinformémonos, periodismo de abajo. “Michoacán, el laboratorio peñista para acabar con las autonomías”. Por Carlos Fazio.
La Jornada, viernes 8 de sep. De 2013. “Chicomuselo, bajo asedio de mineras”.
La Jornada, domingo 1 de dic. De 2013. “Reconocen autoridades la incursión de cárteles de la droga en la minería: Ap”.
La Jornada, domingo 1 de dic. De 2013. “De cárteles y autodefensas”.
Excélsior en línea, especiales. “Cronología: Paso a paso del caso de los normalistas de Ayotzinapa”. 17-11-2014.
La Jornada en línea, opinión. “ La matanza de Iguala y el Ejército”. Hernández Navarro Luis. Martes 18 de noviembre de 2014.
González Ortiz Ramón César. “La Iniciativa Mérida: Estado, militarización y contrainsurgencia en México”. Tesis de Maestría, UNAM, FCPyS. 2014.
Notas
[1] Excélsior en línea, especiales. “Cronología: Paso a paso del caso de los normalistas de Ayotzinapa”. 17-11-2014.
[2] La Jornada en línea, opinión. “ La matanza de Iguala y el Ejército”. Hernández Navarro Luis. Martes 18 de noviembre de 2014.
[3] González Ortiz Ramón César. La Iniciativa Mérida: Estado, militarización y contrainsurgencia en México. Tesis de Maestría, UNAM, FCPyS. 2014. Pág. 63
[4] En la academia militar de West Point, en 1962 Kennedy dejaba en claro sus intenciones: “La subversión es otro tipo de guerra, nueva en su intensidad aunque de antiguo origen […] Estamos obligados a emplear una nueva estrategia para contrarrestar este tipo de guerra, una fuerza militar diferente, una preparación y adiestramiento militar nuevos y distintos.”
[5] Calvo Ospina Hernando. “El terrorismo de Estado en Colombia.” Editorial el perro y la rana, 2007. Pág. 89
[6] Oikión Solano Verónica, García Ugarte Marta Eugenia. (Editoras) “Movimientos armados en México, siglo XX”. Vol. I, El Colegio de Michoacán CIESAS, 2006.
[7] Ruy Mauro Marini, “La lucha por la democracia en América Latina”. www.marini-escritos.unam.mx/018_democracia_es.htm
[8] Álvarez Gómez Ana Josefina (compiladora), “Tráfico y consumo de drogas. Una visión alternativa.” UNAM, ENEP ACATLAN, 1991. Pp. 54-55
[9] Citado en: Calvo Ospina Hernando. “El terrorismo de Estado en Colombia.” Editorial el perro y la rana, 2007. Pág. 205.
[10] Citado en: Calvo Ospina Hernando. “El terrorismo de Estado en Colombia.” Editorial el perro y la rana, 2007. Pág. 142
[11] Ibíd. 265
[12] Ibíd. 296
[13] Reveles José, “Levantones, narcofosas y falsos positivos”. Grijalbo, 2011. Pág. 10
[14] Borrego Salvador, “México en guerra ajena”. México D.F, 2ª edición 2011. Pág. 74
[15] La Jornada, viernes 8 de sep. De 2013. “Chicomuselo, bajo asedio de mineras”.
[16] La Jornada, domingo 1 de dic. De 2013. “Reconocen autoridades la incursión de cárteles de la droga en la minería: Ap”.
[17] La Jornada, domingo 1 de dic. De 2013. “De cárteles y autodefensas”.
[18] En Desinformémonos, periodismo de abajo. “Michoacán, el laboratorio peñista para acabar con las autonomías”. Por Carlos Fazio.
[19] En Desinformémonos, periodismo de abajo. “Michoacán, el laboratorio peñista para acabar con las autonomías”. Por Carlos Fazio.
[20] Barajas Rafael, “Narcotráfico para inocentes. El narco en México y quien lo U.S.A”. El chamuco y los hijos del averno, 2011. Pp. 46-47 Citado en: González Ortiz Ramón César. “La Iniciativa Mérida: Estado, militarización y contrainsurgencia en México”. Tesis de Maestría, UNAM, FCPyS. 2014.
[21] Ibíd. La Jornada, “Ajustes en inteligencia entre México y EU pondrían en jaque la cooperación: TWP. Política, lunes 29, de abril de 2013. Pág. 8
[22] Ibíd. Saxe-Fernández John, “ Diseños imperiales sobre México y América Latina”. Trabajo presentado a las Jornadas Bolivarianas, Instituto de Estudios Latino Americanos, Universidad de Sta. Catarina, Florianópolis, Brasil, Abril 6-10, 2009.
[23] Reveles José, “Levantones, narcofosas y falsos positivos”. Grijalbo, 2011. Pág. 45
[24] Barajas Rafael, “Narcotráfico para inocentes. El narco en México y quien lo U.S.A”. El chamuco y los hijos del averno, 2011. Pp. 110-111
[25] Barajas Rafael, “Narcotráfico para inocentes. El narco en México y quien lo U.S.A”. El chamuco y los hijos del averno, 2011. Pp. 124-125
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