La respuesta del gobierno federal a las amenazas en materia arancelaria por parte de Estados Unidos devino en la militarización fronteriza y en férreo control del tránsito de personas mediante la Guardia Nacional y organismos de inteligencia. Se acabó la política de puertas abiertas y trato digno a los migrantes que huyen de la miseria y la violecia centroamericana
El mayor riesgo a la seguridad nacional
de México no es ni el terrorismo ni los ataques económicos, sino la
intervención de potencias extranjeras, particularmente de Estados
Unidos, afirman especialistas y expertos en relaciones bilaterales.
Intervención que puede ser directa o indirecta, como la lograda por
Donald Trump y sus amenazas de imponer aranceles a los productos
mexicanos que ha devenido, inicialmente, en un cambio de rumbo en la
política migratoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Emilio Vizarretea Rosales, doctor en
ciencias políticas y catedrático en el Centro de Estudios Superiores
Navales (Cesnav), estima que lo más grave en el caso de los migrantes es
que “coloca a la Guardia Nacional como una especie de organismo de usos
múltiples, en lugar de ser preventiva, lo que genera dispersión de
fuerzas y significa que el trabajo de inteligencia pasa a un nivel de
obsolescencia porque los únicos que aparecen son los delincuentes, y se
dispersa la fuerza para su combate, sin logística”.
Es decir, antes de las presiones de
Trump en materia económica, no estaban contemplados 6 mil elementos para
la frontera Sur, lo cual impacta porque se distrae el tema migratorio
que conlleva a problemas de infraestructura para soldados, militares y
policías, considera el experto en temas de seguridad nacional.
Agrega que se ha dicho que no sólo se
busca contener, sino disuadir la migración, porque no hay frontera: hay
porosidad. Sin embargo, considera, la migración no desaparecerá con 6
mil elementos, porque hay 52 zonas de paso en la frontera Sur del país.
Es decir, queda desprotegida la zona selvática, la zona Norte de la
frontera Sur. Va a ser muy difícil que se pretenda poner un muro humano,
es muy costoso: el personal no va resistir 24 horas, aunque sean
militares.
El doctor Vizarretea Rosales explica que
López Obrador tendrá que cambiar su estrategia: “se fue a la basura, al
enajenar su política de puertas abiertas, de acompañamiento y buen
trato; eso se acabó, se llegó a un punto en que la frontera Sur tiende a
ser revisada como si fueran las Fuerzas Armadas: hemos cerrado la
frontera a cualquier migrante”.
El tema arancelario, estima, era de
resistir y plantear ante la Organización Mundial de Comercio, con lo
cual se hubiera obligado a Trump a tomar otras medidas. Eso le hubiera
costado más al presidente estadunidense en su proceso electoral de
reelección y se hubiera tenido una resistencia para valorar la medida y
el alcance incluso de efecto de unidad nacional en Latinoamérica.
Para el experto, lo que ocurrió es una
emboscada de Estados Unidos desde el lado más positivo; pero desde el
lado más grave: una capitulación, lo que significa –en términos de una
guerra– una derrota sin haber estado en combate, en la que México se
volvió el lugar de contención, todo un muro para la migración hacia
Estados Unidos.
Por su parte, el doctor y exinvestigador
del Instituto Nacional de Migración, Carlos Calleros Alarcón, observa
que la seguridad nacional se debe entender como la condición de
soberanía, integridad territorial y salvaguarda de instituciones
nacionales, así como gobernabilidad democrática y estado de derecho.
El también y exdirector General Adjunto
de la Oficina de la Presidencia de la República explica las diferencias
entre ambas naciones en seguridad nacional, al señalar que mientras
Estados Unidos habla de seguridad hemisférica de círculos concéntricos
en los cuales se incluye a sus vecinos del Norte (Canadá) y el Sur, para
México es de índole interna con temas domésticos de guerrilla,
migración y ciberseguridad, entre otros.
Agrega que en materia migratoria, México
ha avanzado en modernizar la verificación de documentación de
extranjeros en puntos de internación terrestre, marítimos y aéreos, para
detección de personas buscadas por delitos de contrabando,
narcotráfico, trata de personas, terrorismo, entre otros.
También se ha avanzado en el intercambio
de información con los servicios de inteligencia nacionales,
digitalización del Registro Nacional de Extranjeros, realización de
operativos coordinados con instituciones de seguridad nacional, que
forman parte del entramado de medidas de inteligencia puesto en marcha
por ambos gobiernos para el control del flujo migratorio.
No obstante, el experto advierte
problemas en materia de seguridad cibernética, como la confiabilidad de
listas de información avanzada de pasajeros, sistemas biométricos
confiables y verificables, homonimias y posibles errores en información
en sus fichas particulares de inteligencia, seguridad cibernética de que
pueda haber ataques a la base de datos. También, la ausencia de Habeas
Data en los derechos de los afectados: el mecanismo para que los
ciudadanos puedan revisar su información, porque pueden aparecer
erróneamente vinculadas con ataques terroristas o delictivos o en alerta
migratoria, como ha ocurrido con algunos extranjeros que han optado por
su naturalización, sin que haya mecanismos para que puedan corregirlo.
“Estados Unidos considera su seguridad
nacional fronteras afuera, mientras que en México la seguridad nacional
ha tenido que de ver fronteras adentro, con la búsqueda de enemigos
internos que pretenden desestabilizar al país, por vía guerrillera o
presencia comunista extranjera”, apunta el doctor Calleros Alarcón.
Al distinguir las amenazas a la
seguridad nacional de México, entre ellas la migración, el experto
señala que algunas son más probables que otras: algunos riesgos son
posibles pero no necesariamente probables, y algunos pueden ser de
seguridad pública, pero no de seguridad nacional.
Sin embargo, subraya necesario atender
las amenazas con responsabilidad y seriedad y sin caer en paranoias, ni
enfrascarse en una seguridad estricta. Del problema migratorio, dice, no
debe dislocar ni alterar la vida fronteriza, antes bien debe contribuir
al desarrollo económico regional, en el que la seguridad fronteriza
debe ir acompañada de respeto a los derechos humanos.
México ha reforzado la seguridad en las
fronteras Norte y Sur, incluye la revisión exhaustiva a pasajeros y
equipaje, lo cual ha dado lugar a la inclusión del control información
biométrica en pasaportes, visas y registro en la Lista de Información
Avanzada de Pasajeros, alimentadas por órganos y agencias de
inteligencia de todo el mundo, particularmente de Estados Unidos, Europa
e Israel, acota.
Asimismo, Calleros Alarcón destaca el
Sistema Integral de Operación Migratoria del INM, el Cobada en la
Secretaría de Gobernación, y la cooperación con Estados Unidos a través
de la Iniciativa Mérida, para reforzar los sistemas de software,
equipamiento y producción de visas con tecnología de punta para
detectar posibles internaciones a territorio mexicano con propósitos
lesivos a la seguridad nacional.
Para el especialista en seguridad
nacional e inteligencia, los nuevos paradigmas de amenazas para México
en la materia, además del acecho estadunidense permanente (espionaje,
intervención extranjera, bloqueo ante delincuencia organizada, entre
otros), que lo llevó a elaborar lo que considera la Agenda Nacional de
Riesgos que comparte con este semanario.
El reto de las Fuerzas Armadas frente a la seguridad pública
Yadira Gálvez Salvador, profesora
investigadora en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), señala que con la operación de la Guardia Nacional aún
hay muchas dudas e incertidumbre sobre su “conformación y desarrollo;
sus alcances, organización, estructura, doctrina, equipamiento,
mecanismos de control de confianza y certificación; protocolos de uso de
la fuerza, y de actuación con los detenidos”.
Agrega que “López Obrador apuesta por
dar un papel central a los militares en la estrategia de seguridad y
creación de la Guardia Nacional, a partir de considerar que las Fuerzas
Armadas son las instituciones más confiables; no hay policías capaces de
enfrentar a la criminalidad y éstas son corruptas o están infiltradas
por la delincuencia; y la crisis de inseguridad requiere de respuestas
inmediatas, incluyendo el despliegue de este cuerpo”.
Así, dice la catedrática, la ampliación
del rol de los militares en seguridad pública se debate entre los
referentes de la “policialización” militar y “militarización” de la
seguridad pública; relaciones civiles-militares, conducción y control
civil de las políticas de seguridad en un régimen democrático,
transparencia y rendición de cuentas; y los retos de conformación de la
Guardia Nacional en su estructura, diseño de fuerzas, reclutamiento y
capacitación.
Gálvez Salvador, quien participa en el proyecto de investigación Los regionalismos frente a los retos y la complejidad de las amenazas a la seguridad y la defensa contemporáneas, de la UNAM –parte del cual comparte con Contralínea–,
asegura que en el corto plazo es imposible prescindir del apoyo de las
Fuerzas Armadas para enfrentar a la delincuencia organizada.
“La capacidad de fuego, apropiación de
territorios y daños que provoca la convierten en un problema de
seguridad nacional que ha requerido de la participación militar para
enfrentarlo”, acota.
El punto fino al respecto, señala, es la
insistencia del Ejecutivo de apoyarse en las Fuerzas Armadas para
atender la seguridad pública a partir de su despliegue y presencia
permanente, situación que, si bien esta prevista en el artículo 5
transitorio de la reforma constitucional, no resuelve el problema de
fondo sobre la inexistencia de un marco legal que regule la
participación militar en estas tareas en términos de temporalidad, tipo
de operaciones y límites de su actuación.
Y el punto clave es el tipo de
participación que tienen los militares y su relación con las autoridades
civiles: “si se trata de apoyo logístico, operacional, de información e
inteligencia a las policías para actuar contra las organizaciones
criminales, con temporalidad determinada y acciones concretas; o bien si
su participación se profundiza, se mantiene en el tiempo y gradualmente
o se amplía hacia las tareas de seguridad pública, hasta llegar a
ejercer esas funciones que son propias de las autoridades civiles.
Gálvez Salvador indica que la apuesta
por la Guardia Nacional debería ser hacia el primer escenario, con el
objetivo de consolidar una nueva fuerza que permita restituir las
fronteras entre seguridad interior y seguridad pública, y se acoten las
funciones militares en esta última hasta retirarlos.
“Los resultados dependerán tanto de la
implementación del nuevo cuerpo y de sus capacidades para desarticular
las organizaciones criminales, atender los delitos de alto impacto y
reducir la violencia, como de la trayectoria de las Fuerzas Armadas, en
la medida en que han señalado que la prioridad de éstas es la seguridad
de la población”, subraya.
Para la investigadora, el problema de
fondo es la brecha que existe en la concepción de la Guardia Nacional:
la oposición, las organizaciones civiles y organismos de derechos
humanos, pugnaron por garantizar el carácter civil de la misma y porque
se creara un cuerpo policial respetuoso de los derechos humanos.
“En cambio, el presidente y su equipo
mantienen la perspectiva de un cuerpo más apegado a la lógica militar,
para garantizar la disciplina interna y potenciar sus capacidades de
actuación, poniendo énfasis en que estarán apegados a las normas de uso
de la fuerza proporcional y al respeto de los derechos humanos”.
Agrega que “el mando de la Guardia
Nacional es importante, por las implicaciones que ello tiene en términos
operativos y sobre el tipo de doctrina, disciplina y formación que se
desarrollará al interior de este cuerpo. De nada servirá que sus
miembros se presenten como sumamente disciplinados y con capacidades
físicas (en términos militares), si su formación no va acompañada de
preparación para el ejercicio de tareas policiales, respeto a derechos
humanos y protección de personas.”
Al tiempo que, necesariamente, los
miembros de la Guardia Nacional tienen que pasar por medidas de control
de confianza y la institución debe establecer procesos de certificación,
tanto internos como externos. Por lo tanto, uno de los retos que tendrá
que enfrentar la Guardia Nacional será la capacitación de sus elementos
en tareas policiales, lo que incluye asuntos relativos a su
participación en investigación, manejo de los detenidos y su
presentación ante las autoridades correspondientes, y protocolos para el
uso de la fuerza.
El análisis de las relaciones
cívico-militares debe centrarse en prerrogativas militares de
organización interna, ejercicio de los recursos, participación en el
diseño de las políticas públicas de seguridad, seguimiento y control de
actividades y operaciones desplegadas, incluyendo transparencia y
rendición de cuentas. El ejercicio de estas funciones y la limitación de
las actividades militares es una clara responsabilidad de los civiles.
La Guardia Nacional tendrá que
desarrollarse a partir de una estructura que incluya capacidades de
atención a la población y proximidad, pero también de unidades
especializadas dedicadas a la atención de los delitos de alto impacto y
de las actividades de los grupos de delincuencia organizada.
La integración de los elementos
provenientes de tres distintas fuerzas es una cuestión que va más allá
de los números y se relaciona con la estructura, cultura organizacional,
formación, doctrina y disciplina de cada una de las corporaciones.
A mediano y largo plazo, la
consolidación de la Guardia Nacional requerirá de la homologación de la
doctrina, los elementos disciplinares, la estructura de mando y, lo más
difícil, el desarrollo del espíritu de cuerpo y de su identidad.
El reto que enfrenta el gobierno de
López Obrador no es menor: reducir la violencia, frenar la criminalidad,
consolidar un cuerpo de seguridad nacional en 5 años y, por supuesto,
impulsar un proyecto más amplio de seguridad para desarticular
organizaciones criminales, políticas de prevención de la delincuencia y
violencia, así como la atención a las causas profundas de estos
fenómenos, sin que se caiga en la criminalización de la pobreza.
Emilio Vizarretea Rosales, doctor en
ciencias políticas por la UNAM y experto en seguridad nacional, asegura
que la Guardia Nacional tenía dificultades menores, de opinión
ideológica y política que de pleno conocimiento de causa, pero ahora ya
están las cuatro leyes complementarias de la reforma al Artículo 21
constitucional. Por ello se recuperó la discusión sobre el uso de las
armas, letalidad, detención preventiva en primera instancia y cómo
construir el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que implica una
reestructuración de la forma en que participan los gobiernos de los
estados.
Había un modelo muy ambicioso de
seguridad nacional que permitía entender que se podía combatir a fondo
la delincuencia organizada con un trabajo sólido con las áreas de
inteligencia, sin embargo se ha limitado, sobre todo por los recursos
económicos; ése es el verdadero problema: están haciendo reservas de
dinero para que no les falte a los programas sociales y proyectos
prioritarios del presidente.
El catedrático indica que el problema de
la Guardia Nacional está en el reclutamiento, por la razón de que al
principio dijeron que ganarían 20 mil pesos al mes, luego lo bajaron a
10 mil, para quedar en 15 mil por recluta, lo cual no es atractivo para
los jóvenes y gente que deseara hacer carrera.
Así, la expectativa en ese cuerpo ha
decrecido rápidamente en todos los aspectos: “se buscaba una policía de
proximidad, de reconocimiento, intocables que conocieran el barrio y
actuaran en él, pero no se logrará integrar hasta dentro de 3 años, lo
cual va a chocar con la conformación de la Guardia Nacional”, concluye
el doctor Vizarretea Rosales.
