Mostrando las entradas con la etiqueta Fraude electoral. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Fraude electoral. Mostrar todas las entradas

2.7.21

5 tesis políticas sobre el obradorismo / Más tesis políticas sobre el obradorismo en el epílogo de la gran elección

21.04.21
Arsinoé Orihuela Ochoa

Envueltos en la bandera del obradorismo, desfilan en la tribuna pública toda suerte de disímiles e inverosímiles ejemplares políticos: desde el indócil militante hasta el jurásico saltimbanqui, y todas las estaciones intermedias: experimentados apparatchik, neófitos del espectáculo, intelectuales orgánicos e inorgánicos, luchadores sociales, pueblo raso etc.

Unos blasfeman en su nombre; otros ascienden al paroxismo patriótico; no pocos trepan acomodaticiamente sus enaguas; ninguno es indiferente a sus venturas y desventuras. Parece tan elástico e inescrutable como los accidentados caminos del señor. Y tal cualidad es parcialmente tributaria de la figura a la que debe su inspiración. Dicen los que saben –y los que no también– que Andrés Manuel López Obrador recuerda al peronismo por su extraordinaria capacidad de agrupar a una serie de corrientes tan diversas, a veces antagónicas, sin sacrificar –a pesar de tal talante camaleónico– la coherencia programática y la competitividad electoral. Sin duda el liderazgo carismático es un aspecto común a los dos movimientos e ideologías políticas. Pero eso es apenas la punta del iceberg (aunque con frecuencia la única variable que consiguen “desentrañar” ciertas producciones analíticas mediocres). Por supuesto, difieren uno del otro por el peso histórico del sindicalismo, columna del peronismo y apenas un actor periférico del obradorismo –si bien es posible conjeturar que ello se debe a la debilidad del movimiento obrero mexicano y no tanto al capricho unipersonal del dirigente–. Pero más allá del improbable pelaje de la heterogénea militancia obradorista, y de las no menos intricadas indefiniciones del partido-movimiento, el obradorismo es el fenómeno político nacional más importante de nuestra época, y ello nos impone la obligatoriedad de una disección rigurosa. Lejos de los manuscritos de cabecera o los modelos de análisis convencionales, propongo 5 tesis políticas para pensar el obradorismo. Tales proposiciones se suman a las 10 tesis que sobre la elección de 2018 expuse en otro espacio (https://bit.ly/3tyVUlc). Y vendrán más en próximas entregas.

Tesis 1: Los Estados latinoamericanos son esencialmente conservadores: desde sus orígenes, la formación de tales unidades estatales respondió al imperativo de proteger los intereses de las metrópolis de turno, primero, y los privilegios de las clases tradicionales heredadas del coloniaje, después. Desde los insurgentes de la Guerra de Independencia Mexicana hasta Benito Juárez y Francisco I. Madero, el liberalismo asaltó la escena política nacional con altos contenidos de transgresión. En un sistema de castas como el mexicano, la consigna programática de “primero los pobres”, y la defensa de la igualdad ante la ley del individuo “sin distinción de raza o condición social” configuran, por sí solas, una subversión del status quo. En este sentido, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador se inscribe en aquellos paréntesis democratizadores de la historia de México en los que “la acción igualitaria […] desordena el reparto jerárquico de lugares, roles sociales y funciones, abriendo el campo de lo posible y ampliando las definiciones de la vida común” (Rancière).

Tesis 2: En cuanto “campo de lo posible”, el obradorismo naturalmente tiene alcances y limitaciones inmanentes. Por un lado, la relevancia política de ese movimiento radica en que ensancha el campo de la vida común: reconoce e integra a una franja de excluidos –ancianos, jóvenes, indígenas, mujeres–. Por otro, considera abstractamente al “pueblo de los pobres”. Excluye. Básicamente porque en la visión de subalternidad del Presidente (sí, a veces desactualizada), los reclamos sociales de última generación (feminismo, ambientalismo, autonomismo, etc.) no tienen un sitio asignado en la “verdadera lucha política”: la del pueblo. Vale decir: el obradorismo amplía restrictivamente las definiciones de la vida común. Allí ancla la ambivalencia que, desde ciertas trincheras, y legítimamente, le atribuyen al partido-movimiento.

Tesis 3: Ideológicamente, no es tan fácil de caracterizar al obradorismo. Desde la Revolución Francesa, la política ha gravitado alrededor de tres columnas ideológicas: conservadurismo (derecha), liberalismo (centro) y socialismo (izquierda). En el ocaso del siglo XX, Occidente registró la irrupción de un cuarto programa-ideología: a saber, los movimientos anti-sistémicos (izquierda autogestionaria) representado en México por los neozapatistas. El ascenso al poder del obradorismo significó el tránsito del conservadurismo al liberalismo, es decir, un deslizamiento de la derecha hacia el centro. Trátase, por consiguiente, de un corrimiento en dirección a la izquierda. Del Estado neoliberal al Welfare State. Sí, es cierto: apenas un modesto desplazamiento dentro del «andamiaje capitalista». Pero no por ello menos trascendente. La condición de posibilidad de un programa más radical pasa por la defensa del «cambio posible» que entraña el obradorismo. Liberalismo nacional-popular es la coordenada ideológica que mejor representa al movimiento. Y la historia enseña fehacientemente que tal programa es adverso a la naturaleza de nuestras élites políticas poscoloniales.

Tesis 4: El «cambio posible» que encierra el obradorismo –y que ciertos sectores de la izquierda menosprecian a veces muy livianamente– comporta tres momentos cruciales: (i) la repolitización de la política; (ii) la moralización de la política; y (iii) la territorialización de la política. El obradorismo(i) restaura la centralidad de la política frente a un trasfondo epocal que profetizaba el agotamiento o el destierro de la política (antipolítica); (ii) restaura la dimensión ética de la política en una época marcada a fuego por el realismo de los poderes fácticos, el cinismo, y una amplia gama de nihilismos pasivos; y (iii) restaura la dimensión territorial de la política bajando a ras de suelo al representante ante el auge de la digitalidad remota y la inmemorial brecha entre dirigentes y dirigidos. El «cambio posible» obradorista es la coronación de 50 años de resistencia política y social (del 68 al 2018), y condensa en esos tres momentos los más sonoros reclamos de la sociedad mexicana. Sí: apenas los más sonoros.

Tesis 5: La gran aportación política del obradorismo a la vida pública del país –y sobre la que casi nadie ha reparado– es la transmutación radical del sistema político: acaso muy tardíamente –en relación con nuestros pares latinoamericanos– el obradorismo selló en México el concepto de «oposición». Hasta 1982, la transmisión de poder se rigió por el dedazo y la elección de Estado. Ya en 1988 –más tarde admitiría el propio Carlos Salinas de Gortari–, el partido único-hegemónico enfrentó los primeros comicios verdaderamente competitivos. Y, aunque perdió en las urnas, ganó espuriamente en el cómputo oficial. De allí en adelante las elecciones se dirimieron por fraude, concesiones oscuramente negociadas, y alianzas al más alto nivel, incluido el maridaje con el partido de la derecha confesional y los cárteles del narcotráfico. Todo con el propósito de contener la consolidación de una auténtica «oposición». La insurrección electoral del obradorismo en 2018 inaugura una era en la historia política del país: la de la «competencia electoral». Binaria e insuficiente, sin duda. Pero competencia al fin. En el medio de un océano conservador y minúsculos e invisibilizados archipiélagos de resistencia, el obradorismo trastocó el ecosistema político del país. Pulverizó el consenso neoliberal. Afianzó a la «oposición» ideológico-partidista. Y tales conquistas son irreversibles.

02.07.21
Más tesis políticas sobre el obradorismo en el epílogo de la gran elección
Arsinoé Orihuela Ochoa

Tesis VI: Si la gran aportación política del obradorismo a la vida pública es el afianzamiento de una «oposición» y –su correlato– la «competencia electoral», tal conquista solo fue posible gracias a la construcción exitosa de una fórmula movilizadora e intrépida. Movilizadora e intrépida en el sentido de que condensa una vasta gama de reivindicaciones, y que tal condensación tiene eco entre las multitudes. Y exitosa porque gana elecciones con insospechada solvencia. ¡Y en el país del fraude electoral! Vale decir: redefine el horizonte del «cambio posible», y actualiza las posibilidades institucionales del cambio. La hazaña es acaso doblemente meritoria: la fórmula prosperó en el contexto de un reflujo del impulso progresista en la región y el mundo.

Tesis VII: Al actualizar las posibilidades institucionales del cambio, el obradorismo resignifica la noción de «crítica»: básicamente la integra al «orden político». La «crítica» deja de situarse «afuera» de la política o “tan evidentemente” en las antípodas del Estado. Expira la idea de que la crítica política es sólo acabada e incontaminada si comparece fuera de la política. La «crítica» desciende del más allá y ancla en el más acá. Agoniza el espejismo del «afuera». Y se produce un cisma en el campo intelectual en el momento en que la acostumbrada «unanimidad opositora» actualiza/resignifica posiciones. Dicho de otro modo, el obradorismo pluraliza la «crítica». E integra identidades políticas otrora inconexas.

Tesis VIII: Si el neoliberalismo consistió en ponerle límites al poder político, el obradorismo es la apuesta por ponerle límites al poder económico. No pretende abolirlo; ni siquiera obstruirlo. Si acaso aspira a establecer los contornos de cada «campo». Y, en este sentido, la radicalidad de los programas sociales descansa precisamente allí: no tanto en el efecto ecualizador o el carácter redistributivo –aunque tampoco cabe desconsiderar tales propiedades–, sino esencialmente porque engendran nuevas relaciones entre gobernantes-gobernados, sujetando el presupuesto público a la fiscalización y «participación» ciudadana –participación de los beneficios y no tan sólo de los costos–, y, por consiguiente, escalando el control que sobre la cosa pública ejerce el soberano. Al potenciar la presencia de intereses populares en las acciones de gobierno, el programa social obradorista decomisa a los dueños del dinero una columna neurálgica del Estado –el presupuesto público– otrora capturada ilícitamente por ellos. Excluye e integra. Establece fronteras.

Tesis IX: Los programas de bienestar del obradorismo también envuelven una función pedagógico-política. Si –como ya se ha dicho– un momento crucial del continuum obradorista es la repolitización de la política, este fenómeno no es producto de una circunstancia puramente inmaterial: reposa en resortes concretos. El programa social es uno de tales resortes. Así, la política concreta resuelve problemas concretos del ciudadano concreto. Y ello contribuye decisivamente a restaurar la confianza de las mayorías en la política. Si el neoliberalismo alentó la radical despolitización de los pueblos e individuos, profetizando el agotamiento de la política e inoculando artificialmente una repulsa por ella (antipolítica), los programas sociales desafían osadamente el espectro epocal. En este sentido, el obradorismo significó –significa– una inmunización colectiva contra el virus de la antipolítica, efectiva tanto para la cepa del apoliticismo burgués como para la variante más maligna del “odio por lo público-estatal”.

Tesis X: Incluso tales niveles de autonomía de la dimensión político-estatal no garantizan una «ruptura» con el «sistema de explotación». Y también es claro que el obradorismo no aspira al rompimiento radical de ese orden ni a suplantar la ruta revolucionaria del cambio. De hecho, la desavenencia que a menudo asoma entre las izquierdas, y en particular respecto al capítulo obradorista, radica esencialmente allí: unos creen que se trata de un reformismo fútil e intrascendente; otros consideran que es la condición de posibilidad del desencadenamiento de cambios más profundos o prometedores. La furia de las derechas mexicanas comporta un indicador de que el segundo razonamiento es plausible: el «cambio posible» obradorista no es una fuerza disuasoria sino un potencial catalizador de voluntades transformadoras. El obradorismo sembró expectativas de cambio. Ya nadie tiene control de la cosecha.

18.4.18

El Tribunal Electoral valida el fraude

 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las autoridades electorales son las responsables de inyectarles certidumbre a los procesos electorales. Sin embargo, en la presente elección federal son éstas las que están generando la incertidumbre porque, en lugar de prevenir, impedir y sancionar las irregularidades que se presenten, están pavimentando el camino para que el gobierno y su coalición Todos por México implementen todas las acciones fraudulentas a su alcance en su afán de no perder la Presidencia de la República.

Las evidencias prueban que el gobierno y la coalición encabezada por el PRI pretenden replicar, casi en los mismos términos, los operativos que les permitieron mantener en su poder las gubernaturas del Estado de México y Coahuila el año pasado.

Lo que ya está en marcha son campañas de desprestigio en contra de los candidatos opositores, básicamente utilizando como ariete a la Procuraduría General de la República, como ya sucedió en el caso del Partido del Trabajo y los Cendis y, muy especialmente, en el caso en contra del candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya; la pulverización del voto de los opositores, para lo cual impulsaron el registro de las candidaturas independientes; manipulación de las encuestas para crear la sensación de que su candidato tiene más preferencias de las que en realidad consigue; uso de programas sociales federales y estatales para condicionar el voto, y levantamiento de padrones acompañado de reparto de tarjetas entre ciudadanos para comprar el voto con la promesa de que, si ganan, aquellos recibirán dinero en efectivo para satisfacer sus necesidades (Proceso 2162).

Varios de estos operativos sólo pueden implementarse si la autoridad electoral decide no sancionarlos o, al menos, ignorarlos. En el caso de las elecciones estatales, las autoridades decidieron soslayarlos a lo largo del proceso electoral, y cuando quisieron sancionar, además de que ya era demasiado tarde y poco se podía remediar, mostraron claramente las diferencias entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).


En las elecciones del año pasado, la única que intentó hacer algo que hubiese inhibido la comisión de los delitos de compra y coacción del voto fue la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), cuyos esfuerzos fueron inútiles pues no logró integrar las averiguaciones previas oportunamente, y cuando su titular se disponía a consignarlas fue destituido.

Sin embargo, hay que señalar que el reparto de responsabilidades es muy dispar, ya que el Consejo General del INE impulsó (aunque fuese por mayoría de votos en algunos casos) diversas resoluciones que sancionaban las irregularidades que se detectaron en las elecciones del Estado de México y Coahuila en 2017, así como varios acuerdos que buscaban prevenir que estas prácticas se repitiesen en el caso de las elecciones presidenciales, y todas las revocó el tribunal. En el caso de la FEPADE, que sí pretendía perseguir los delitos electorales, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó destituir al anterior titular para colocar a uno más controlable.

Entre las acciones que implementó el INE para combatir estas prácticas fraudulentas destacan las sanciones al reparto de las tarjetas rosas, aunque únicamente pudieron aprobar la resolución en el caso de Coahuila; el acuerdo de cancha pareja, que pretendía normar la operación y difusión de los programas sociales durante los procesos electorales, y la prohibición del reparto de los monederos electrónicos, que fueron pieza central tanto en la elección presidencial de 2012 como en las estatales de 2017.

Al revocar las sanciones y los acuerdos, el TEPJF no sólo evitó sancionar una práctica claramente ilegal (Proceso 2162), sino que en realidad legalizó su utilización en el actual proceso electoral.

Y por si eso fuese poco, ahí está la resolución del TEPJF de la madrugada del martes 10 mediante la cual se le otorgó el registro como candidato presidencial a Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, aun cuando no cumplió con el requisito del número de firmas ni de dispersión de un mínimo de 1% de éstas en al menos 17 estados. El argumento: violación al debido proceso. Con ello se permite que otra de las estrategias de manipulación de la voluntad popular entre en acción.

En mi colaboración en el número 2160, al analizar el proceso de revisión de las firmas de los candidatos independientes, y ante la posibilidad de que el tribunal revocara la decisión, concluía: “En vísperas del inicio de las campañas electorales las autoridades electorales están a prueba: la ratificación de las decisiones del INE fortalecería a las autoridades del ramo, pero la revocación de las mismas, fuese por detectar errores graves en el procedimiento del INE o por otra decisión formalista del tribunal, las dejaría en una debilidad extrema”. Lamentablemente sucedió lo segundo.

La Sala Superior recurrió a una formalidad: según sus miembros el INE violentó el debido proceso de Rodríguez Calderón porque no le concedió el derecho de audiencia para revisar la totalidad de las firmas que le invalidaron. Aunque el INE argumenta que ese proceso de audiencia para la primera etapa de la revisión estuvo abierto a lo largo de todo el proceso de recolección de firmas y que los representantes del candidato acudieron en 12 ocasiones a revisarlo, le negó la solicitud de darle una oportunidad adicional después de los cinco días que le habían otorgado para pronunciarse sobre la segunda revisión.

Con los precedentes de los dictámenes de fiscalización de los gastos de campaña de la elección de gobernador de Coahuila, el Consejo General del INE sabía que tenía que ser sumamente riguroso en los procedimientos, so pena de ver revocadas sus decisiones. Lo fue a lo largo de todo el proceso y, en estricto sentido, sí le concedió el derecho de audiencia al candidato; sin embargo, el tribunal nuevamente escudriñó todo el procedimiento y se aferró al único pretexto que pudo encontrar, aunque sólo fuese parcialmente cierto.

Y aun cuando los consejeros del INE afirman que la FEPADE continuará con la integración de las averiguaciones previas de los presuntos delitos cometidos por Rodríguez Calderón en la recolección de las firmas, es un hecho que las mismas nunca serán consignadas ante un juez, por lo menos no antes de las elecciones del próximo 1 de julio.

La mayoría de los magistrados de la Sala Superior del tribunal, colocados allí por los legisladores priistas, están cumpliendo cabalmente su encomienda de preservar los triunfos del PRI, así tengan que recurrir a legalizar lo ilegal; pero, sobre todo, están validando por anticipado las irregularidades y delitos en los que incurra la coalición Todos por México.

Hasta el momento, la Sala Superior del Tribunal y la FEPADE han blindado los operativos de defraudación electoral de esa coalición y su candidato, José Antonio Meade, como lo confirma la resolución del pasado martes 10.

12.4.18

Ola de repudio a “El Bronco” y al fallo del Tribunal Electoral por el fraude a la ley

 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Apenas se supo que cuatro de los siete magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) votaron a favor de incluir a Jaime Rodríguez, El Bronco, para que su nombre se sumara a la lista de candidatos presidenciales, el repudio en las redes sociales se viralizó de manera intensa desde la madrugada de este martes 10 de abril.

Los cuatro magistrados que apoyaron el litigio del gobernador con licencia de Nuevo León dieron un golpe mortal a la credibilidad del propio TEPJF al ignorar la larga lista de anomalías cometidas por El Bronco en su recolección de firmas para llegar a las poco más de 860 mil necesarias para obtener el registro del INE.

Entre esas anomalías, el periódico Reforma enunció las siguientes:

1. 58% de sus firmas recolectadas fueron apócrifas, es decir, más de la mitad.
2.- 810 mil 995 firmas no fueron encontradas en la lista nominal de electores, es decir, eran fantasmas.
3.- 158 mil 532 fueron simulaciones de firmas.
4.- 205 mil 721 fueron fotocopias de firmas.
5.- 23 mil 644 documentos presentados no eran válidos.
6.- 17 millones 300 mil pesos fueron provenientes de financiamiento sospechoso.
7.- Al menos 680 mil pesos fueron triangulados por empresas sospechosas.
8.- 1.6 millones de pesos de gastos no fueron reportados.
9.- 1.1 millones de pesos en gastos a la plataforma de Facebook no fueron reportados.
10.- Utilizó a funcionarios del gobierno de Nuevo León en días y horas hábiles, así como captura de firmas en un mismo domicilio en la madrugada.

A pesar de estas anomalías, y otras muchas señaladas por el propio INE, el magistrado Felipe Fuentes Barrera, responsable de la sentencia, argumentó que el INE violó el “derecho de audiencia” de Jaime Rodríguez y con ello afectó “el debido proceso”. En otras palabras, comparó a El Bronco con un caso similar al de Florence Cassez o al de cientos de víctimas de la falta del debido proceso.

El magistrado ponente argumentó que Rodríguez Calderón se quedó a sólo 16 mil 656 firmas para completar “la meta”, ignorando que más de 58% de sus firmas recabadas fueron fraudulentas y sin respaldar de dónde sacó tal número.

De esta manera, el magistrado avaló el método del “haiga sido como haiga sido”: los candidatos independientes pueden inventar, comprar, fotocopiar y repetir cuantas firmas sean necesarias siempre y cuando cumplan con el mínimo necesario.

Este argumento fue respaldado por los magistrados Indalfer Infante González, Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdez. Estos tres magistrados, junto con el ponente Felipe Fuentes Barrera, apoyaron así el evidente fraude a la ley, e ignoraron que la propia Fiscalía Especializada para la Atención a los Delitos Electorales (FEPADE) está realizando una investigación por la ilegalidad cometida por El Bronco.

Los cuatro magistrados del TEPJF prácticamente anularon el criterio y la importancia de los delitos electorales. Éstos no cuentan, siempre y cuando aritméticamente se cumpla con el requisito.

Los otros tres magistrados que votaron en contra –Janine Otálora, presidenta del Tribunal, Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón– consideraron que Jaime Rodríguez sí tuvo garantía de audiencia y acusaron al magistrado ponente de un “falso garantismo”. De hecho, Rodríguez Mondragón afirmó que era una “falacia” inferir que El Bronco estuvo a sólo 16 mil votos de lograr la meta, ya que no le corresponde al Tribunal determinar esto sino al propio INE.

La sentencia inapelable del TEPJF es un balde de agua fría para la credibilidad de todo el proceso electoral del 2018. Fueron ellos quienes “mandaron así al diablo a las propias instituciones”. Antes habían despertado una ola de críticas por autorizar la promoción de los programas sociales en plenas campañas, pero ahora provocaron una indignación generalizada en redes sociales.

En menos de una hora, el hashtag #ElBronco tuvo más de 120 mil réplicas, la mayoría negativas, repudiando la decisión de incluirlo en la boleta. Los hashtags #TRIFE y #TEPJF se sumaron a la ola de repudio, junto con una creciente demanda surgida entre los usuarios de Twitter: #MarichuyALaBoleta, al considerar que la candidata indígena tuvo más de 94% de firmas reales y no fraudulentas, como las de El Bronco o las de la expanista Margarita Zavala.

El primero en reaccionar de manera airada fue el aspirante independiente Pedro Ferriz de Con, quien consideró que la decisión del TEPJF “ofende la inteligencia y a la democracia mexicana”. Al mediodía de este 10 de abril, el periodista advirtió que las elecciones de este año constituyen “el proceso más sucio”. “Sí, El Bronco hizo trampa, ¿pero a quién le importa? Al parecer así piensa el Trife. Tristemente la política en nuestro país sigue siendo un fraude. Fraude electoral a eso redujeron las candidaturas independientes”.

El mismo Ferriz de Con afirmó que la candidatura de El Bronco constituye “un pacto con el gobierno de EPN” para golpear la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, mientras que Margarita Zavala divide el voto en el PAN. “¿Y todo para sumar a la pobre candidatura de José Antonio Meade?”.

El exjefe de Gobierno capitalino, Alejandro Encinas, afirmó en su cuenta de Twitter:

“Marichuy recolectó firmas honestamente y no obtuvo la candidatura. Bronco hizo trampas para recolectarlas y el TEPJF se las va a validar. La moraleja es funesta: violen la ley, que es más rentable que cumplirla”.

La analista política Denise Dresser afirmó, en su cuenta de la misma red social, generando más de 2 mil 600 réplicas:

“Con la decisión de incluir al Bronco en la boleta, el TEPJF se dispara en el pie, manda al diablo a las instituciones, avala las transas y demuestra su subyugación al PRI. Cree que todo contribuye a dispersar el voto opositor cuando lo único que logra es acabar con su credibilidad”.

En un tono similar, el sociólogo Raúl Trejo Delarbre sentenció en Twitter:

“Varios indignados tuiteros me dicen que la decisión del Tribunal Electoral manda al diablo a las instituciones. No tengo argumentos para desmentirlos”.

En la hora del repudio al Tribunal, a no pocos usuarios de las redes sociales les pareció más que una “casualidad” que el Broncazo coincidió con el cónclave en la casa del expresidente Carlos Salinas de Gortari, con el pretexto de celebrar sus 70 años. Los analistas de la situación en Nuevo León son muy claros: Jaime Rodríguez fue el “último producto” del salinismo para despertar confusión en los votantes.