Veracruz, estado de censura

Jenaro Villamil

 

MÉXICO, D.F. (apro).- La madrugada del 11 de octubre de 2002 explotó el boiler en el departamento del periodista veracruzano José Miranda Virgen, autor de la columna “Espejo de Poder”. El estallido le causó quemaduras en 98% ciento de su cuerpo. Vivía solo. Fue trasladado al Hospital ABC de la Ciudad de México, pero fueron inútiles los intentos por mantenerlo con vida. Murió a los cinco días.

Uno de sus últimos textos fue el involucramiento de personajes del entonces gobierno de Miguel Alemán Valdés con el crimen organizado. Aludió la vecindad del mandatario estatal con Jesús Albino Quintero Meraz, El Beto, entonces uno de los narcotraficantes más buscados.

La Asociación de Periodistas de Veracruz denunció que Miranda Virgen no murió por accidente, sino que fue víctima de un atentado. Pidieron la intervención de la PGR y de la CNDH. Representantes de Reporteros sin Fronteras (RSF) acudieron con el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, para solicitar su intervención en el caso. El gobierno foxista no se involucró.

La Procuraduría de Veracruz concluyó que la explosión “fue un accidente provocado por una fuga de gas”. No hubo investigación y el caso quedó cerrado. Sus archivos fueron sustraídos por agentes policiacos. En ese entonces, el jefe de la policía estatal era José Alejandro Montano Guzmán, amigo del entonces gobernador.

Trece años después, Montano Guzmán subió a la tribuna de la Comisión Permanente, el pasado 5 de agosto, para defender a su gobernador, Javier Duarte, de cualquier responsabilidad en el multihomicidio de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.

Montano Guzmán, exjefe policiaco de Veracruz y señalado como uno de los personajes incómodos del priismo veracruzano que se sumó al peñismo, pidió “un voto de confianza” para la Procuraduría capitalina. Insistió que todo hacía pensar en el móvil del robo como causa del brutal atentado contra la vida de Rubén Espinosa, Nadia Vera –ambos desplazados internos por amenazas recibidas en Veracruz– y tres mujeres más.

Ese ha sido el estilo y el sello de la casa en casi todos los atentados y crímenes contra periodistas en Veracruz: desde la época de Miguel Alemán, incluyendo el sexenio criminógeno de Fidel Herrera y, sobre todo, durante la administración de Duarte de Ochoa (los tres priistas), la insistencia de los procuradores y jefes de la policía estatales de Veracruz ha sido menospreciar el ejercicio periodístico como la principal línea de investigación.

Con Duarte se dio un salto cualitativo: a la persecución a comunicadores se agregó la intimidación y acoso a activistas de derechos humanos, la criminalización a organizaciones y agrupaciones estudiantiles. Los crímenes de Rubén Espinosa y de Nadia Vera (fotoperiodista y activista de #YoSoy132, respectivamente) combinan a los dos sectores más criminalizados y perseguidos por su gobierno.

Algo de esto debe saber también su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien mantiene una estrategia férrea de control y de censura hacia todo lo relacionado con los excesos de sus agentes y las arbitrariedades cometidas.

No en balde los abogados de Nadia Vera Pérez, así como el diputado local del PT, Fidel Robles Guadarrama, han demandado que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no solamente llame a declarar a Javier Duarte sino también a su jefe de la policía, Bermúdez Zurita, y a su antecesor en el cargo, Sergio López Esquer.

“Hemos solicitado desde la coadyuvancia que se cite al exsecretario de Seguridad Pública (general López Esquer) y al actual secretario (Arturo Bermúdez Zurita) justo porque las denuncias públicas de Nadia y de Rubén señalan a elementos de Seguridad Pública, porque justo lo que nos interesa es profundizar en la actuación de estos elementos”, declararon los abogados David Peña y Karla Michelle.

La agrupación Periodistas de a Pie también ha señalado que desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal se lleva un registro fotográfico de reporteros y activistas incómodos para el gobierno de Javier Duarte.

El mismo Rubén Espinosa había recibido información de que su denuncia interpuesta en 2013 por las amenazas recibidas no prosperó precisamente porque “desde la Secretaría de Seguridad Pública” la habían bloqueado. En ese momento, Bermúdez Zurita ya encabezaba la dependencia.

El estado de censura en Veracruz tiene nombres, apellidos y posibles responsables. El problema fundamental es que los encargados de investigar en esa entidad son jueces y parte del problema. Prácticamente todos los procuradores y jefes de la policía estatal de 2000 a la fecha han minimizado los crímenes, han entablado una campaña soterrada para criminalizar a los propios periodistas asesinados, vinculándolos con el narcotráfico, o bien, señalándolos como “revoltosos”.

Antes del homicidio de Regina Martínez, corresponsal de Proceso, excolaboradora de La Jornada y una de las periodistas más respetadas por su honestidad en una entidad donde las redes de corrupción y de cooptación son comunes, ya había una lista de 15 periodistas masacrados en Veracruz.

En abril de 2012 habían sido asesinados Jesús Miranda Virgen, Raúl Gibb Guerrero, Hugo Barragán Ortiz, Roberto Marco García, Alfonso Sánchez Guzmán, Raúl Martínez López, Luis Daniel Méndez Hernández, Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco, alias Milo Vera, su hijo Misael y su esposa, así como Yolanda Ordaz de la Cruz, estos tres últimos del periódico Notiver.

En medio de la ola de indignación por el crimen de Regina Martínez, asesinada el 28 de abril de 2012, el 3 de mayo del mismo año fueron asesinados los fotógrafos Gabriel Huge Córdova, Guillermo Luna Varela y Esteban Rodríguez Rodríguez. Trabajaron en Notiver bajo las órdenes de Yolanda Ordaz de la Cruz. En menos de un año este periódico perdió a cinco trabajadores en forma violenta.

En todos los casos se “filtró” que la mayoría de los crímenes no fueron por el ejercicio periodístico sino por “venganzas” del crimen organizado.

Ahora, con el multihomicidio en la colonia Narvarte tratan de cerrar el caso desvinculándolo de la crisis de seguridad pública y persecución a informadores en Veracruz y remitirlo a un expediente de robo, cuyo móvil no aparece por ninguna parte.

El estado de censura ha llegado al Distrito Federal.

La responsabilidad del gobierno capitalino es revertir, al menos en el caso de la Narvarte, este guión persistente en el caso de las autoridades de Veracruz.

A menos que esperemos que otro boiler explote en la casa de algún periodista y nos digan: “Ustedes disculpen, fue un accidente”.