Desde
finales de los años 80, ante las amenazas a su hegemonía por
competidores
inter-imperialistas, Estados Unidos (EU) ha venido desplegando
una renovada
estrategia de apropiación neocolonial de territorios y
refuncionalización del
espacio a escala mundial.
Como
las dos
caras de un mismo proyecto hegemónico, el reposicionamiento
militar de EU en el
área llegó acompañado de una serie de planes geoestratégicos
que combinan
intereses de seguridad y económicos relacionados con el acceso
a zonas
privilegiadas por sus recursos geoestratégicos e
infraestructura crítica
instalada, con una acción de control directo sobre poblaciones
y puntos
geográficos determinantes, para los que han sido diseñados
megaproyectos de
infraestructura (redes multimodales de carreteras, puertos,
aeropuertos, vías
de ferrocarril, canales, cables de fibra óptica, etcétera).
Desde entonces asistimos a una
nueva fase de acumulación capitalista que remite a la
acumulación originaria
descrita por Marx en el
capítulo 24 de El
Capital (basada en
el saqueo, la depredación, el fraude y la violencia), y que
David Harvey ha
denominado “acumulación por desposesión” o despojo, lo que
junto con la
financiarización y reprimarización de la economía (con eje en
el
extractivismo), implica una mercantilización y privatización
de territorios,
incluida la tierra como mercancía y otros recursos
geoestratégicos de ámbitos
hasta entonces cerrados al mercado, así como la expulsión del
campesinado de
tierras bajo propiedad ejidal, y su utilización como una
mercancía más
susceptible de ser desechada (matable,
diría Agamben) o como fuerza de trabajo excedente, en algunos
casos bajo
regímenes de semiesclavitud.
Del nuevo “arreglo espacial” se
deriva que la acumulación de capital construye una geografía a
la medida de sus
necesidades, y que en momentos de crisis sistémica como el
actual, el capital
desplaza sus contradicciones mediante un proceso de
construcción violenta del
espacio. En ese marco,
la irrupción de
nuevas formas de acumulación legales, que muchas veces derivan
de actividades
ilegales, ha propiciado una nueva geografía del capital
generada a base de una
violencia criminal que es utilizada para la ocupación de
nuevos territorios,
así como para la desocupación o reocupación de otros.
Lázaro
Cárdenas: un
ejemplo
Un
caso paradigmático era el de Los
Caballeros Templarios, que según la versión oficial
difundida, controlaban
“todas” las operaciones del estratégico puerto de Lázaro
Cárdenas, en
Michoacán, que por razones de soberanía y seguridad nacional
estaban −o
deberían estar− bajo control constitucional de la Marina de
Guerra y del Centro
de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, la policía
política).
Ubicado
en una de las nuevas zonas de influencia geopolítica en
disputa entre EU,
Canadá y China –con eje en la pelea por
materias primas y las rutas comerciales marítimas−, Lázaro
Cárdenas es el
segundo puerto industrial y comercial del continente americano
sobre el Océano
Pacífico, después de Long Beach, en Los Ángeles, California.
Asiento
de uno de los puntos principales de la industria siderúrgica
nacional, Lázaro
Cárdenas se conecta a través de una red multimodal de
transporte a 13 estados
del centro-norte de la República mexicana que generan 60 por
ciento del
producto interno bruto nacional.
En sus
muelles se descargan materias primas y manufacturas que
abastecen el mercado
nacional, y los componentes que demandan las plantas
maquiladoras instaladas en
la región del Bajío, principalmente empresas ensambladoras de
automóviles y del
rubro aeroespacial. Y
a través de una
red ferroviaria controlada por la empresa estadunidense Kansas
City Southern de
México (KCSM), se enlaza a través de dos ramales (cuyos
destinos son Nuevo
Laredo y Matamoros) con la frontera norte, pero en particular
con la costa este
de EU y Asia, gracias a una conexión transfronteriza con el
mundialmente
conocido corredor Singapur-Kansas City.
El puerto de Lázaro Cárdenas fue
rediseñado como una pieza clave en la dinámica
desordenar/destruir/reconstruir/reordenar iniciada por Felipe
Calderón, que
tuvo continuidad en el Plan de Desarrollo 2013-2018 del
presidente Enrique Peña
Nieto, donde anunció la creación de tres Zonas Económicas
Especiales (ZEE). Publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 1 de junio de 2016, la Ley
Federal de Zonas
Económicas Especiales responde al capitalismo criminal y
militarizado de
nuestros días y a la nueva fase de acumulación por desposesión
o despojo
neocolonial.
Sus
escenarios principales serán el puerto de Lázaro Cárdenas,
abarcando los
municipios colindantes de la Tierra Caliente y la Costa Grande
de Michoacán y
Guerrero; Puerto Chiapas (antes Puerto Madero), en el
municipio chiapaneco de
Tapachula; el corredor industrial interoceánico
Coatzacoalcos-Salinas Cruz en
el istmo de Tehuantepec, que unirá el estado de Veracruz sobre
el golfo de
México con el Pacífico oaxaqueño, y el corredor
petrolero que irá desde Coatzacoalcos hasta Ciudad del Carmen,
Campeche,
pasando por Tabasco.
Enclaves productivos de
exportación
Promovidos por el Banco Mundial
(BM), la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y la Universidad de Harvard, y con
financiamiento del Banco
Interamericano de
Desarrollo (BID) y el sector público y privado, los
territorios incluidos en
las ZEE serán tomados por el gran capital y funcionarán como
enclaves
productivos de exportación al gusto del capital transnacional,
con eje en
empresas maquiladoras.
Las inversiones incluirán
importantes autopistas (como la que conecta Michoacán con
Puerto Chiapas), la
modernización de Tuxtla Gutiérrez, obras de infraestructura,
gasoductos y la
rehabilitación del Ferrocarril del Istmo.
En junio de 2014, Petróleos
Mexicanos (Pemex) informó que había comenzado la operación del
poliducto del
Corredor Transístmico (o Cinturón Transoceánico), que a lo
largo de 381
kilómetros enlazará por un lado la terminal logística de
Pajaritos, en
Coatzacoalcos, Veracruz, con la refinería Antonio Dovalí Jaime
en el puerto de
Salina Cruz, en Oaxaca, lo que permitirá trasladar gas LP
hacia el litoral del
Pacífico y, por otro, un gasoducto de Chinameca, Veracruz, a
Salina Cruz, para
el traslado de gas natural. Ambos
gasoductos, que atravesarán 14 municipios veracruzanos y 13
oaxaqueños,
fueron proyectados
hacia la costa oeste
de Estados Unidos y el mercado del sureste asiático y
permitirán trasladar
hidrocarburos en sólo siete días, en comparación con los más
de 16 que requiere
un buque para cruzar por el canal de Panamá.
Con respecto a Chiapas, la ZEE
contempla la creación de un agroparque en el Soconusco
conectado con Puerto
Chiapas. También está
proyectado un
gasoducto que enlazará Salina Cruz con Puerto Chiapas y
Guatemala, cuyo
objetivo es transportar gas natural desde la terminal
oaxaqueña de Salina Cruz
a Guatemala a lo largo de 600 kilómetros.
El proyecto forma parte de una estrategia de encadenamiento
regional que involucra a
México con los países del Triángulo Norte de Centroamérica,
con asesoría y
apoyo financiero del BID y del Departamento de Estado de EU a
través del Buró
de Recursos Energéticos.
Las ZEE incluyen estados como
Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo,
Campeche y
Tabasco, ricos en biodiversidad, recursos forestales y que
albergan riquezas
arqueológicas y etnológicas que han sido permanentemente
amenazadas por el gran
capital. Más
del 50 por ciento de los terrenos
necesarios para las ZEE son una mezcla de propiedades estatal,
municipal y
privada, lo que emergerá como una nueva fuente de conflictos por la tenencia de la tierra y la
conservación de los
ecosistemas y las culturas locales.Según el
legislador Luis Sánchez, la ley afectará al menos a 5 mil 866
ejidos, a 37 mil
877 localidades en 266 municipios y 12 estados con previsiones
de gas o
petróleo.
El
8 de julio de 2016, el ex presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CEE),
Gerardo Gutiérrez Candiani, fue nombrado titular de la
Autoridad Federal para
el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE). El funcionario cuenta con
autonomía técnica,
operativa y de gestión, y desde allí tendrá oportunidad de
servir a los nuevos
zares energéticos mexicanos, que compartirán los negocios con
las
megapetroleras mundiales. Entre
ellos
destacan Carlos Slim (Grupo Carso Oil&Gas), Germán Larrea
(Grupo México),
Alberto Bailleres (Petrobal), Bernardo Quintana (Grupo ICA),
Armando Garza Sada
(Grupo Monterrey, Alfa), Ricardo Salinas Pliego (Grupo
Salinas, Typhoon), Pedro
Aspe (Evercore) y Luis Téllez (Monterra Energy/KKR).
Según
la gaceta parlamentaria del 8 de marzo de 2015, el ejemplo de
referencia de las
ZEE de México son las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico,
también conocido
como “ciudades Modelo”, aprobadas en Honduras en 2011. El modelo hondureño no se
restringe al sector
de las manufacturas, sino que puede incluir centros
financieros y centros
logísticos internacionales; ciudades autónomas; distritos
especiales de
inversión; distritos
de energéticos
renovables; zonas agroindustriales especiales; zonas
turísticas especiales; zonas
mineras sociales; zonas forestales sociales o cualquier otro
régimen especial
no especificado que incluya una combinación de varios de esos
regímenes, pero
además incluye zonas sujetas a un sistema jurídico especial,
que podrán
recurrir a cortes comerciales internacionales.
En
el caso mexicano el proyecto pretende formar zonas exclusivas
para el capital,
con excepcionalidad arancelaria, libres de impuestos, con
tribunales autónomos
e independientes con competencia exclusiva sobre las mismas,
que podrán adoptar
sistemas o jurisprudencia conforme a “las mejores prácticas
internacionales”. Contarán
además con reglas laborales propias
y los incrementos salariales de los trabajadores se
determinarán por
productividad y desarrollo de conocimientos.
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