En la medianoche del domingo, y tras meses de fuertes tensiones diplomáticas, los gobiernos de los Estados Unidos y de Canadá adoptaron un nuevo acuerdo comercial preliminar, junto con México, que ahora se llamaría United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA, el Acuerdo de los Estados Unidos con México y Canadá), reafirmando el papel hegemónico estadounidense. Este tipo de acuerdos provocan la precarización laboral, la bajada de salarios y daños ambientales irreversibles.
Al final no se rompió el NAFTA, acuerdo comercial entre los tres países norteamericanos que provocó en 1994 el levantamiento zapatista en Chiapas. Le han dado un nuevo nombre. Las amenazas y los chantajes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han funcionado. El “nuevo” acuerdo muestra cómo avanza la captura corporativa de los Estados y la imposición de los intereses corporativos.
Tampoco es cierta la narrativa de las élites europeas que se quejan del “proteccionismo” de Trump. Él mas bien representanta la máxima expresión del “Estado corporativo”. Los EEUU acaban de lanzar también negociaciones comerciales con Japón y siguen negociando con la UE sin mandato un “TTIP por la puerta trasera”. Así que se impone la continuidad de las políticas neoliberales con una mayor dosis de nacionalismo económico de la Casa Blanca, más ventajas para el sector exportador de EEUU así como el fortalecimiento del capital transnacional estadounidense y especialmente del dólar como moneda internacional hegemónica.
EE UU restringe los tribunales de arbitraje
Durante muchos años, movimientos sociales, ONG, sindicatos y una parte de la academia han hecho campaña contra los privilegios escandalosos de las corporaciones transnacionales y han abogado por eliminar el capítulo 11 del tratado comercial NAFTA, que permitía a los inversores demandar a los Estados ante tribunales privados si alguna ley o regulación de interés general afectaba sus beneficios privados. Inversores han robado cientos de millones de dólares de los contribuyentes mediante sus ataques a políticas ambientales y de salud en estos tribunales corporativos.
La inclusión de privilegios especiales para inversionistas en NAFTA en 1993 generó un nuevo modelo de acuerdo comercial corporativo por golpe de estado que se ha seguido desde entonces.
Durante años, Canadá, por ejemplo, se vio afectada por demandas de multinacionales estadounidenses ante tribunales de arbitraje que obligaron a las provincias a renunciar a un seguro público de automóviles, a aceptar químicos tóxicos (impidiendo su prohibición) y a pagar indemnizaciones por rechazar canteras peligrosas o prohibiendo la extracción de gas mediante el Fracking cumpliendo con normativas ambientales.
Ahora, a instancia de Estados Unidos, no habrá un mecanismos de solución de controversias inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) entre EE.UU. y Canadá. Este es un cambio importante para ambos Estados, pero concretamente para Canadá, que ha estado promoviendo activamente el peligroso mecanismo en acuerdos como CETA (el Acuerdo Económico y Comercial Global UE-con la Unión Europea) y el nuevo TPP (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico). Considerando que Canadá es el país más demandado entre los tres países del NAFTA, con 37 casos de ISDS —en su mayoría demandas de compañías estadounidenses— será beneficioso para el interés público de Canadá. Los Estados Unidos han tenido 21 casos y nunca han perdido uno.
Que incluso la administración Trump elimine las normas de arbitraje de
inversiones significa que un futuro presidente demócrata no puede dar
marcha atrás y envía una señal poderosa a los países que también buscan
eliminar del odioso régimen de ISDS. Sin embargo, todas las reglas del
capítulo de inversiones siguen favoreciendo a inversores por encima de
los derechos humanos.
El régimen ISDS se mantiene entre México y EE UU, aunque se ha reducido su alcance, limitando el tipo de demandas que se podrán presentar ante tribunales privados de arbitraje, planteando, por ejemplo, que los inversionistas realmente sean del país que dicen que son, y asegurándose que los inversores tengan que pleitear primero en los tribunales nacionales.
Fue especialmente la industria petrolera estadounidense quien hizo presión para mantener las demandas inversor-Estado respecto a contratos públicos. Bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, el gobierno neoliberal de México reformó ansiosamente su política energética y el nuevo presidente Andrés López Obrador desea ahora revisar la privatización del petróleo y gas. Los contratos gubernamentales en energía, telecomunicaciones e infraestructura estarán sujetos a las disposiciones del arbitraje inversor-estado.
No se frenarán las exportaciones de combustibles fósiles
Se han eliminado los términos que obligaban a los países a continuar exportando los recursos naturales que buscan conservar. No está en el nuevo acuerdo la “proporcionalidad energética” que obliga a Canadá a exportar una cantidad determinada de energía a los Estados Unidos.
Sin embargo, el acuerdo no permite limitar las exportaciones o importaciones de combustibles fósiles, ni tampoco hace una referencia vinculante a cumplir con objetivos de lucha contra el cambio climático.
La Agenda del comercio digital amenaza a la cultura
Canadá dice que ha mantenido su exención cultural que establecía el tratado comercial NAFTA original contra la presión de la administración de los Estados Unidos. Esto significa que Canadá puede mantener políticas que protegen la cultura del mercado y de las mega industrias culturales de los Estados Unidos (cine, música, etc.).
Si bien esto es cierto, tiene la debilidad del acuerdo original. Es decir, define las industrias culturales de la manera en que las se definieron en la década de 1990 antes de la expansión de Netflix, HBO, los videojuegos y los gigantes de la economía de datos (Google, Facebook, Amazon, etc).
Es una gran amenaza para la diversidad cultural, la libertad de expresión y el movimiento de software de código abierto (entendiendo internet como un bien común). La sección de comercio digital del USMCA no permite restricciones al comercio digital, lo que impide que Canadá promulgue políticas futuras que protejan la cultura local ante la ofensiva de las grandes multinacionales en el mundo digital.
Las compañías tecnológicas suelen proyectar una imagen “moderna”, “juvenil” y “progresista” pero bajo la superficie, compañías como Google, Facebook, Amazon y Uber se comportan como una industria extractiva transferiendo enormes beneficios económicos de las clases populares a las cuentas de ejecutivos multi-billonarios. Además están imponiendo a los gobiernos una agenda política que les da niveles muy peligrosos de control sobre nuestras vidas y están causando impactos profundos en el desarrollo económico en el mundo, y más aún en el Sur global.
Capítulos ambientales y laborales
No es sorprendente que el "cambio climático" esté ausente en el acuerdo del Presidente Trump. Si bien hay un capítulo ambiental, nada se refiere al insuficiente Acuerdo climático de París. El capítulo es débil y sólo hace alguna referencia a la contaminación, el tráfico marítimo, los animales en peligro de extinción, el ozono, etc., pero no hay medidas vinculantes que antepongan la protección ambiental al derecho mercantil.
Los capítulos de los temas laborales y ambientales están llenos con términos no vinculantes y tampoco hay mecanismos de implementación o sanción.
El acuerdo perpetuaría la externalización de la contaminación y los empleos, ofrece ayudas especiales a los contaminadores corporativos y extendería el legado contaminante de Trump por años después de que haya dejado su cargo. Prolongaría la contribución del comercio trilateral a la crisis climática.
El tratado incluye una innovación: por primera vez se condiciona el intercambio comercial de un porcentaje de automóviles y piezas de automóviles al pago de un salario mínimo de 16 dolares USA por hora o más. Se abordan los problemas de seguridad y contaminación ambiental de camiones con domicilio en México que circulan por las carreteras de los Estados Unidos. Se ajustan también las reglas de origen que permiten discriminar a mercancías comercializadas entre los tres países que contienen altos porcentajes fabricados en China u otros países.
El oro azul: el agua sin protección
El movimiento mundial por un agua pública lleva años argumentando que el agua es un derecho humano, debe ser protegida y excluida de cualquier acuerdo comercial. En el NAFTA original, había un anexo que definía el agua como un “bien comercializable” y, por lo tanto, Canadá no podía limitar las privatizaciones y exportaciones de agua a los EE UU. Además, Canadá estaría sujeta a disposiciones de proporcionalidad para exportar agua.
En el nuevo acuerdo comercial, hay una carta complementaria sobre el agua, pero sólo son buenas palabras, no está muy claro hasta qué punto es exigible su no mercantilización. Y solo se aplica al agua natural, no al agua embotellada o cualquier otra agua que se haya convertido en un producto básico.
Impactos sobre la soberanía alimentaria y el mundo rural
El nuevo acuerdo permitiría a la agroindustria de los EE UU realizar una inmersión masiva en el sistema de gestión de suministros alimentario de Canadá y México.
A las grandes multinacionales tales como Bayer-Monsanto, Cargill, Tyson Foods, Archer Daniels Midland Company (ADM), DuPont, CHS, Dole Food o Chiquita Brands se les permitirá un todavía mayor acceso al mercado agrícola de sus países vecinos, lo que impactará sobre todo sobre la agricultura familiar provocando el cierre de pequeñas granjas y aumentando la concentración empresarial.
Un ejemplo: la ganadería canadiense y mexicana tendrán que competir —todavía más— con la leche industrial estadounidense, que está subvencionada y utiliza hormonas BHG para aumentar la producción, una sustancia no permitida en Canadá, por ejemplo, debido a sus efectos negativos sobre la salud.
Las mujeres y los pueblos indígenas no existen
No hay mención a los impactos específicos de las políticas comerciales sobre las mujeres. Ni tampoco hay referencia al consentimiento indígena en el acuerdo. Dos temas que muestra no sólo que los gobiernos son profundamente misóginos y racistas, sino que no hay nada de “progresista” en los tratados comerciales, como muchos medios y líderes políticos nos intentan vender permanentemente. Recuerdan el mantra del presidente de gobierno Pedro Sánchez sobre CETA cuando visitó Canadá y la UE. Mentiras.
Aumentan los precios de los medicamentos por los patentes
Canadá y México cedieron ante las demandas de la poderosa industria farmacéutica de Estados Unidos. Las patentes sobre medicamentos irán hasta 10 años. En este momento, son sólo cinco años. Estos medicamentos, los más caros del mercado, son vitales para los tratamientos de artritis, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, entre otras patologías.
La protección de las patentes de las multinacionales farmacéuticas hará que los precios se incrementen y que sea imposible para el sistema público de salud cofinanciar o pagar ciertos medicamentos que son fundamentales para pacientes que sufren enfermedades pero no tienen el dinero para pagarse los tratamientos. Por ejemplo, el alargamiento de las patentes de medicamentos biológicos de cinco a ocho años aumenta el gasto público en Canadá en 800 millones de dólares USA al año.
El nuevo tratado comercial facilitará los patentes perennes o imperecederas. Este término, procedente del inglés “evergreening patents” hace referencia a aquellas regulaciones que permiten a las farmacéuticas titulares de patentes una extensión de estas patentes para nuevos usos de los fármacos.
Las patentes que no lleguen a caducar por la expiración que establece la ley permiten a su titular explotarlas de forma exclusiva y evitar que terceros sin su consentimiento lleven a cabo esa misma explotación sin su consentimiento. Ello permite a las farmacéuticas controlar el mercado de un producto e impide el desarrollo de medicinas genéricas, mucho más baratas y que incluso podrían ser fabricadas por empresas públicas.
En definitiva, para las personas que tienen que acceder a medicamentos es uno de los peores acuerdos comerciales.
Cooperación reguladora
El nuevo acuerdo está lleno de lenguaje ambiguos de cómo se deben manejar las regulaciones existentes: se debe “cooperar”en la seguridad para el consumidor, el medio ambiente, etiquetado de alimentos y otras reglas. También establece un abordaje de la regulación "basado en el riesgo", lo que significa que la responsabilidad de mostrar si un producto es tóxico recae en las personas y no en la industria.
La cooperación reguladora permite a las empresas pasar por alto los procesos parlamentarios e influir en los organismos oficiales para que establezcan reglas a medidas de las demandas corporativas. También contiene reglas de administración que facilitarán reglas "más simples" en asuntos tales como la construcción de oleoductos. Todo ello dificultará mantener regulaciones de interés general.
El acuerdo terminará 16 años después de la fecha de su entrada en vigor a no ser que los estados deciden renovarlo. Después de seis años se debe realizar una "revisión conjunta" para la cual los Estados pueden presentar recomendaciones.
Una política comercial que no defiende a la mayoría de los votantes de Trump
En las últimas décadas, especialmente a partir de los años 1980, las políticas comerciales fallidas de Estados Unidos, tanto del partido republicano como del demócrata, han aumentado dramáticamente el poder corporativo y han perjudicado a las mayorías sociales, y muy concretamente a las mujeres, la clase trabajadora, las personas dependientes, a los pueblos indígenas y al medio ambiente.
Las poblaciones de México, Canadá y los Estados Unidos han sufrido bajo las reglas de NAFTA durante décadas. En México la importación de productos agrícolas ha destruido millones de empleos agrarios y ha producido una migración forzada del campo a la ciudad. En EE UU casi un millón de empleos fueron destruidos en sectores industriales y los gobiernos han ayudado a las corporaciones a subcontratar empleos en México con salarios mucho más bajos y en condiciones lamentables.
La presión a la baja sobre los salarios en los tres países del NAFTA por la deslocalización sistemática de las empresas se ha intensificado a medida que los salarios manufactureros mexicanos ahora están un 40% por debajo de los salarios medios de China.
Nada de esto se cambiará con este nuevo tratado. Todo lo contrario. A pesar de la retórica racista y nacionalista de Donald Trump de "América Primero”, el nuevo acuerdo renuncia a una cláusula basada en la ley de contratación pública “Buy American Act” que requiere que el gobierno de EE UU, las administraciones federales y locales compren productos fabricados en Estados Unidos, lo que crearía más empleos y más ingresos para la economía local.
Tom Kucharz. Investigador y activista. Miembro de Ecologistas en Acción y de la campaña No al TTIP, CETA y TiSA.
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