Considera el FBI emplear tortura o drogas para interrogar a sospechosos

La Jornada
23 de octubre del 2001
Abogados y ONG, alarmados por violaciones a los derechos humanos de los arrestados
Considera el FBI emplear tortura o drogas para interrogar a sospechosos
Jim Cason y David Brooks

Washington y Nueva York, 22 de octubre. El Departamento de Justicia ha detenido a más de 830 personas en su investigación sobre los ataques del 11 de septiembre, pero hasta ahora no ha logrado obtener información sólida adicional de los "sospechosos" bajo custodia, y ahora agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) consideran emplear métodos "coercitivos", como drogas o tortura, para obligar a por lo menos cuatro detenidos a divulgar más sobre el complot "terrorista".

Las autoridades federales se han negado a ofrecer muchos detalles sobre los detenidos, pero según el diario Wall Street Journal, quizá hasta la mital del total de los arrestados han sido mantenidos bajo custodia como "testigos materiales", con lo cual pueden ser encarcelados durante tiempo indefinido sin cargos formales y sin necesidad de ofrecer pruebas de que cometieron algún crimen.

Además, alrededor de 150 personas están detenidas por violaciones migratorias, delitos que frecuentemente no resultan en arrestos.

Nadie informa

En la parte sur de Manhattan, detrás de los edificios del gobierno municipal y a unas cuantas cuadras del World Trade Center, está el centro de detención Manhattan Correctional Center, dentro del cual se supone están varios de los más de 800 detenidos en la redada nacional realizada durante la investigación de los ataques del 11 de septiembre.

No hay información detallada sobre los cargos en su contra, o si han sido presentados ante un juez o tribunal; no se sabe si han tenido acceso a abogados, ni si se les ha permitido comunicarse con sus familias. Hasta el momento se ignora la identidad de la mayoría y las condiciones en las que están. Todo se mantiene en secreto, lo que alarma a varios
abogados y organizaciones de derechos civiles.

Los fiscales federales justifican estas redadas como necesarias para investigar los horrendos crímenes y como una manera de intentar neutralizar a otros posibles "terroristas" de la red Al Qaeda, de Osama Bin Laden, que todavía podrían permanecer en este país. "Dado lo que ocurrió, no podemos jugar con las mismas reglas después de un ataque
como este", afirmó un funcionario federal. Pero el problema para las autoridades es que a pesar de estas redadas a escala nacional, aún no cuentan con información sólida sobre la amenaza "terrorista" que tanto buscan.

Además, gente inocente ha sido detenida en estas amplias redadas. Los medios locales han informado del arresto de repartidores de pizza, cocineros y hasta de médicos detenidos por tener un apellido parecido al de los aeropiratas o sus cómplices, o árabes que tomaban clases de aviación, que fueron liberados después de días o hasta semanas en la cárcel sin cargos en su contra.

La embajada de Arabia Saudita ha brindado asistencia legal a algunos de sus nacionales, y un consejero legal de esa misión informó al Wall Street Journal que habían logrado liberar a nueve sauditas encarcelados como "testigos materiales".

Pero la mayoría no han corrido con tanta suerte. Muchos no cuentan con acceso a abogados, y a los defensores se les ha negado acceso a los detenidos, violando así un principio fundamental del sistema judicial de este país. La FBI cree que unos 20 de los detenidos tienen algún vinculo con los secuestradores de los aviones del 11 de septiembre.

Pero los investigadores están descubriendo que esos vínculos parecen ser asociaciones casuales, o de coincidencia, ya que eran estudiantes que rentaron un departamento junto con algunos de los sospechosos, o participaban en servicios religiosos en la misma mezquita.

Se niegan a cooperar

No obstante, las autoridades mantienen detenidos a unos 12 sospechosos señalados por la FBI como testigos que pueden tener información significativa sobre los aerosecuestros o Al Qaeda, pero que se han negado a cooperar. De estos, cuatro han llamado atención especial, entre ellos Zacarias Moussaoui, ciudadano franco-marroquí arrestado después de intentar tomar clases de aviación en Minnesota antes de los ataques.

También hay dos ciudadanos indios que viajaban con pasaportes falsos y fueron detenidos un día después de los ataques, a quienes se les decomisaron navajas para cartón y 5 mil dólares en efectivo; el último es un taxista que trabajaba en Boston y que es sospechoso de estar vinculado con Al Qaeda.

Hasta la fecha, ninguno de estos detenidos ha cooperado con los investigadores y permanecen en sus celdas. "Ya van 35 días de que estamos en esto y nadie habla", declaró un agente de la FBI al diario The Washington Post.

Esta frustración ha llevado a que algunos de la FBI cuestionen las restricciones que imperan en este país sobre los interrogatorios de sospechosos. "Se nos reconoce por nuestro trato humanitario", indicó un veterano agente que participa en el caso. "Pero podría llegar a ese punto donde tendremos que presionar... donde no tendremos opción, y
probablemente estemos llegando ahí."

Según la ley estadunidense, a los investigadores y agentes de seguridad pública se les permite mentir a los sospechosos, pero las pruebas obtenidas como resultado de presión o tortura física, o por drogas, no son admisibles ante un tribunal.

No obstante, el Post señaló que los investigadores de este caso están considerando recurrir al uso de drogas o coerción física, e incluso a la extradición a países aliados donde las autoridades policiacas no están limitadas para interrogar a testigos. Por ejemplo, algunos servicios de seguridad pública en Medio Oriente suelen usar la tortura o las amenazas contra familiares para obtener información de los detenidos.

"Si hay otro gran ataque sobre suelo estadunidense, la población podría permitir (este tipo de técnicas de interrogación más severas)", indicó un agente de la FBI al Post.

"Las drogas podrían viciar una fiscalización, pero tal vez valga la pena." Varios agentes de la FBI dijeron que dudaban de la aplicación de la tortura, pero los fiscales federales subrayan que debe haber flexibilidad de las normas legales para permitir que las autoridades puedan capturar a más gente y prevenir otro ataque terrorista.

Lo más probable es que las autoridades estadunidenses usen la amenaza de deportar a algunos de los sospechosos a países donde podrían enfrentar la tortura o hasta la ejecución. Pero investigadores federales no descartan ninguna táctica y algunos abogados que tradicionalmente defienden los principios de los derechos civiles admiten que el esfuerzo para detectar y capturar a sospechosos, que podrían causar mayores daños en el futuro, es un tema difícil.

"Si hay una bomba haciendo tic-tac, no es asunto fácil", comentó David Cole, profesor de leyes en la Universidad de Georgetown. En entrevista con The Washington Post, Cole señaló que "el uso de la fuerza para extraer información podría ocurrir". Pero al mismo tiempo declaró a The New York Times que "obviamente, estos son tiempos extraordinarios... Pero es importante que al responder no violemos los principios que gobiernan a nuestra propia sociedad civilizada".