Antiterrorismo en EU, anticonstitucional

27.09.2001
INDICADOR POLITICO
Carlos Rámirez
Antiterrorismo en EU, anticonstitucional

La lucha contra el terrorismo en Estados Unidos ha ido de la mano de la conculcación de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Pero ha servido para poco: a pesar de que el FBI tiene un Sistema de Información Terrorista (ITS en inglés) que ha fichado a 200 mil personas y a más de 3 mil organizaciones, el ataque del martes rompió el escudo de seguridad y es la hora en que EU no sabe aún por qué ocurrió el ataque del 11 de septiembre y quién lo hizo.


Lo peor, sin embargo, no fue el ridículo. Lo más grave radica en el hecho de que el endurecimiento de la lucha interna contra el terrorismo en Estados Unidos se ha logrado a costa de minar los derechos constitucionales de los estadunidenses. El domingo, el The New York Times hablaba de "balancear" seguridad y libertades constitucionales. "La peor cosa que nosotros podríamos hacer para premiar a nuestros enemigos sería comprometer nuestros compromisos de defender las libertades", declaró en senador demócrata Russ Feingold, presidente de la subcomisión Constitucional.


La guerra interna que viene es un ejemplo de lo que ha apenas ocurrido. El Center for National Security Satudies (CNSS) de EU, un organismo privado dedicado a defender los derechos humanos (acceder a través del National Security Institute´s (http://nsi.org/terrorism.html), ha publicado, entre otros, dos documentos fundamentales: las restricciones a las libertades con la ley antiterrorista del presidente Clinton de febrero de 1995 y los métodos de la oficina de contraterrorismo del FBI. Y los dos explican como el gobierno ha dañado, en el país de las libertades, a los ciudadanos porque pueden ser detenidos, juzgados y condenados por las simples sospechas de terrorismo.


Sin embargo, las fallas de seguridad gubernamental han sido escandalosas. Por ejemplo, el presidente Bush ordenó el lunes la congelación de fondos de 27 organizaciones e individuos por la sospecha de pertenecer a grupos vinculados a terroristas árabes que presuntamente realizaron la operación de los aviones-misiles del martes 11 de septiembre. Entre esas organizaciones aparece el grupo Al Jihad, una rama del islamismo radical egipcio vinculado a Osama Ben Laden.


Sin embargo, el 24 de enero de 1995 el presidente Clinton prohibió las transacciones con grupos terroristas palestinos señalados de amenazar las pláticas de paz en el Medio Oriente. En la orden ejecutiva, Clinton incluyó al grupo Jidah, cuya rama se rehizo dentro de EU y presuntamente se vinculó a Ben Laden. Al final no se cumplió con la orden de Clinton y ese grupo se consolidó.


De acuerdo con el CNSS, la política antiterrorista ha sido fijada en términos de la doctrina conservadora de gobernantes republicanos. Las tareas antiterroristas del FBI se definieron en 1983 por el procurador general del gobierno de Ronald Reagan, William French Smith. Y estas reglas apenas modificaron las emitidas en 1976 por el procurador del gobierno republicano de Gerald Ford, Edward Levi. La esencia de esta línea de acción contra el terrorismo es preventiva y afecta las garantías individuales de los ciudadanos.


Las leyes han disminuido los requisitos para operaciones policiacas. Los rangos legales para abrir una investigación son bajos: sólo si "hechos y circunstancias indiquen razonablemente que dos o más personas están comprometidas en una empresa con el propósito de llevar más allá sus metas políticas y sociales a través de actividades que involucren fuerza o violencia y una violación de las leyes delictivas de EU". Más aún: el FBI puede abrir investigaciones basado solamente en material público o en informes de grupos de derechos civiles privados o hasta en las noticias.


Lo más peligroso, sin embargo, radica en la ley Clinton contra el terrorismo de 1995, aprobada al calor del juicio contra Timothy McVeigh, acusado y condenado a muerte por el bombazo contra el edificio federal de Oklahoma. Esa ley, que va a ser más endurecida por el presidente Bush a raíz de los ataques contra el World Trade Center y el Pentágono, erosiona, dice el CNSS, el proceso constitucional y legal de EU. Asimismo, lastima los valores fundamentales de la libertad: la diversidad, la libertad religiosa, la tolerancia étnica, la aceptación del cambio, la apertura a las nuevas ideas, los límites constitucionales a la discreción gubernamental, la confianza en el sistema legal abierto al escrutinio público.
El Centro encontró nueve peligros para la libertad en la ley contra el terrorismo:


--Autoriza al Departamento de Justicia a escoger los crímenes a investigar basado en las creencias políticas y en las asociaciones.


--Revoca el viejo principio de excluir a los militares de la persecución de delitos por los civiles.


--Extiende el esquema de pre-encarcelamiento que pone la carga de la prueba en el acusado y no en el acusador, violentando el principio de que toda persona es inocente hasta que el acusador prueba la culpabilidad.


--Relaja el cuidadoso sistema de intercepciones telefónicas en violación a la Cuarta Enmienda.


--Establece Cortes especiales para usar evidencia confidencial no criminal para deportaciones, violando procedimientos legales.


--Permite la detención permanente por la procuraduría de extranjeros no declarados criminales y sin revisión judicial.


--Permite al Presidente un poder especial para criminalizar la recaudación de fondos para actividades legales con causas impopulares.


--Niega la aprobación gubernamental de proveer la seguridad de que el FBI no investigaría actividades basadas en la Primera Enmienda.


--Y resucita la desacreditada ideología respecto a al Acta McCarren Walter para obstruir portavoces extranjeros.


Si esto fue con Clinton, lo que viene con Bush será peor para los derechos constitucionales. Y todo en nombre del contraterrorismo.