El ABC de la reforma educativa: la ruina de la educación

Arsinoé Orihuela

La reforma educativa es una reforma tripartita: esto es, administrativa, laboral y pedagógica. Pero esta triple dimensión no se aprecia en la observación directa e inmediata, y menos cuando el canturreo mediático que envuelve a la controversia aspira a nublar los sentidos y la razón (por cierto, la misma aspiración que persigue la reforma). No basta con responder o desmentir los improperios de la prensa libertina, que miente, manipula, deforma, la naturaleza de la irrupción insurgente magisterial. Es necesario conocer el fondo oscuro de la reforma: sin un diagnóstico adecuado e integral, el paciente –la educación, el trabajador de la educación– se privará de recursos de solución acertados para enfrentar una iniciativa maquinada e impulsada desde los círculos económicamente más poderosos. Y esta es una cuestión que no debe desatenderse u omitirse: las fuerzas que actúan en la dirección de la iniciativa reformista tienen tanto poder que, allí donde la resistencia carezca de radicalidad, podrán imponer cómodamente intereses privados a expensas del derecho o el interés público.
Pero abordemos detalladamente, una por una, las tres dimensiones de la reforma, así como los actores e intereses que intervienen o intervendrían en el nuevo marco administrativo-laboral-pedagógico. Cabe advertir que la crispación ha escalado precisamente a causa de la insistencia del Estado en presentar las modificaciones a la ley como algo diametralmente opuesto a lo que real y empíricamente son: a saber, el encumbramiento del empresariado en el sistema educativo nacional, y la infracción del estatuto laboral de los trabajadores de la educación.
 
Dimensión administrativa

Si bien pareciera la consagración de un anhelo largamente incubado en el ámbito educativo nacional, la llamada “autonomía de gestión escolar” no es más que una sutileza lingüística con fines exactamente opuestos a los declarados. La propaganda oficial insiste en anunciar la recuperación de la rectoría en la educación. Pero si se observa cuidadosamente, se advertirá que en realidad la reforma entraña la renuncia casi total del Estado en el control-administración de la educación. El transitorio quinto, numeral 3, inciso A del artículo 73 constitucional establece: “Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos, y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta”. En lenguaje desencriptado, esta adecuación jurídica tiene tres implicaciones fundamentales: 1) formalización del cobro de cuotas a padres de familia (privatización en germen); 2) abdicación del Estado en las tareas de financiamiento y gestoría de la educación, y la consiguiente apertura de ocasiones para la intervención de la iniciativa privada (privatización cucaracha) y; 3) profundización de las asimetrías en el ámbito socioeducativo, condenando a los centros escolares en zonas vulnerables o marginales al eterno rezago infraestructural, presupuestal e instructivo (segregación socioespacial prematura).

Un autonomía de gestión auténtica involucraría el financiamiento estatal de los centros escolares, delegando a éstos la facultad de administrar los recursos de acuerdo a las necesidades específicas de la escuela o comunidad. La reforma enuncia explícita o tácitamente la renuncia del Estado en este renglón crucial, es decir, el administrativo-presupuestario, y en cambio anticipa la intervención del Estado allí donde no debiera intervenir, o intervenir sólo coligadamente con la institución escolar: a saber, en la elaboración de planes de estudio. En suma, la autonomía de gestión entraña un doble atropello: el abandono presupuestario de la educación pública, y la cancelación de la autogestión pedagógica en las escuelas.
 
Dimensión laboral

Otra modificación que en la letra (sin la pertinente exégesis) tiene visos de saneamiento, pero que en la práctica significa una profundización de la crisis laboral (invalidación de la estabilidad profesional-salarial), es la referente al artículo 3º constitucional, fracción III, que señala: “…Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan… La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional…”

Traducido al cristiano, esta modificación implica la transferencia del poder decisor –en materia laboral– a un conciliábulo estatal externo a la actual estructura de trabajadores de la educación. En México esto significa el control monopólico del servicio docente, en manos de un órgano con tintes patronales, altamente centralizado, que redunda en una licencia a funcionarios educativos para decretar discrecionalmente la contratación-despido de los maestros. Esta dimensión laboral de la reforma tiene dos aristas: 1) el desplazamiento de los maestros en la disposición de criterios para la evaluación magisterial (¡sic!), ahora prerrogativa exclusiva de un elefante blanco supeditado a organismos nacionales e internacionales con filiaciones empresariales-patronales y; 2) el condicionamiento de la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación, a los caprichos y veleidades de funcionarios previsiblemente corruptos, gobiernos estatales sabidamente corruptos, y marcos jurídicos irrenunciablemente corruptos.

¿Qué implica, resumidamente, esta reforma? Respuesta: la derogación por decreto de derechos laborales históricamente adquiridos.
 
Dimensión pedagógica

La dimensión pedagógica de la reforma se advierte, aunque nebulosa e imprecisamente, en la adición al artículo 3º constitucional, fracción IX, a saber: “Corresponderá al Instituto [para la Evaluación de la Educación] evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá: a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema; b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y; c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación…”

Pero esta adición sólo refiere a la parte operativa de la reforma. Ahora, si se quiere conocer el contenido pedagógico de la iniciativa, es preciso mirar la baraja de agrupaciones que impulsan los “lineamientos”, “medidas”, “directrices” y ¨criterios de evaluación” de la “transformación educacional” (sic). La revista Proceso documenta: “Los documentos de la OCDE Mejorar las escuelas: estrategias para la acción en México (2010)… Getting it right: una agenda estratégica para las reformas en México (2012)… así como el estudio Ahora es cuando: Metas 2012-2014, elaborado por Mexicanos Primero, confirman acuerdos y reflejan directrices de la reforma educativa y las acciones que en esa materia ha asumido el gobierno federal”. El artículo de Proceso también desvela la identidad de este cónclave patronal –Mexicanos Primero: “Los patronos del organismo son… Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa; Claudio X. González, ex vicepresidente corporativo de la fundación de esa mismo empresa… Carlos Hank González, director general del Grupo Financiero Interacciones, nieto y homónimo del ex gobernador priista del Estado de México… Carlos Fernández González, presidente de Grupo Modelo, Eduardo Haro Tricio, presidente de Grupo Lala, y miembro del Consejo de Administración de Televisa… Alejandro Ramírez Magaña, presidente de Cinépolis… Daniel Servitje Montull, presidente de Bimbo… Ignacio Deschamps González, presidente ejecutivo de Grupo Financiero Santander… José Antonio Fernández Carbajal, presidente de FEMSA…”

La dimensión pedagógica de la reforma tiene, en suma, dos vértices: 1) la incautación de la instrucción académica, ahora en manos de organismos empresariales y; 2) la conversión de la educación pública en centros de transmisión de “valores” técnico-empresariales y capacitación de la fuerza laboral.

En síntesis, la defunción de la educación.