Notas sobre el conflicto, la paz y la violencia en México
Fernando Montiel T.
Desde luego que el objetivo del Gobierno Federal es recuperar la seguridad pública y reducir los niveles de violencia. Esa es nuestra meta.
Felipe Calderón
Introducción
El discurso presidencial con motivo de la presentación del V Informe de Gobierno permite un análisis detallado de la visión que priva en el gobierno federal en materia de resolución de conflictos. En otras palabras: el mensaje oficial ofrece una radiografía del modo en el que la presidencia valora las raíces del conflicto del narcotráfico, su violencia asociada y las vías para su resolución.
En poco menos de 100 párrafos, el titular del ejecutivo presentó en a lo largo de siete ejes un recuento más o menos articulado de su visión de la realidad. Los ejes son los siguientes:
Un diagnóstico del conflicto
Una teoría para dar cuenta del fenómeno
Una historia de la evolución del narcotráfico en los gobiernos pasados
Un recuento de la evolución del narcotráfico durante su gestión
Un catálogo de las raíces de la violencia
Un pronóstico de lo que podría haber ocurrido
Una terapia detallada -o modelo de intervención- para su resolución
Desde la perspectiva de los Estudios de Paz y Resolución de Conflictos (área de las ciencias sociales fundada en 1959 con el nacimiento del Peace Research Institute de Oslo –PRIO- por Johan Galtung y que hoy se estudia en no menos de 500 programas de postgrado en todo el mundo) se pueden identificar vicios de origen en todos y cada uno de los ejes; vicios que explican en buena medida la incapacidad gubernamental para atender el problema desde la raíz y de forma no violenta como veremos a continuación. En breve: con la visión vigente del conflicto aún si la estrategia presidencial tiene éxito, está condenada al fracaso.
A continuación, algunas razones del por qué.
El inicio y el fin del problema
En esencia la idea es la siguiente: un conflicto puede ser atendido de forma adecuada sí y sólo sí el diagnóstico es correcto. La mecánica tiene un correlato en los estudios médicos: para aliviar una enfermedad es menester saber cuál es la causa real del malestar. El diagnóstico presidencial del conflicto del narcotráfico en México:
“La inseguridad es un problema complejo, con raíces muy profundas,
y también, de muy larga incubación”
La declaración es correcta aunque inútil por su vaguedad. Como sea, la solución general que propone es más detallada:
“Para corregir de fondo el problema, el de la seguridad, debemos generar mayores oportunidades. Mayores oportunidades educativas, de esparcimiento, de trabajo, en particular mayores oportunidades de formación y educación para los jóvenes. Y por eso, en este Gobierno hemos dado un fuerte impulso a la creación de bachilleratos y universidades”.
Más allá de la veracidad y/o de la efectividad de las acciones gubernamentales en materia de “generación de oportunidades”, a primera vista, ni el diagnóstico ni la solución general planteada por el titular del ejecutivo parecen controvertibles. Sin embargo, es en la forma de atender el primero y de concretizar lo segundo en donde surgen los problemas. La visión presidencial en materia de delincuencia organizada es elocuente al respecto.
Deshumanización y la generación de la imagen del enemigo
El discurso presidencial muestra desde el inicio sesgos en su abordaje del conflicto. Haciendo referencia a los sucesos de Monterrey en donde 52 personas perdieron la vida en un atentado contra un casino:
“Tan terribles actos describen la crueldad y la barbarie
que son capaces de alcanzar los criminales”
Una cosa es lamentar la muerte de 52 personas víctimas de la delincuencia organizada y otra sembrar la semilla de la deshumanización de los criminales. En este sentido, las palabras presidenciales se inscriben en un fenómeno llamado generación de la imagen del enemigo: “el enemigo –los delincuentes- no son como nosotros, no son humanos” es el mensaje que se localiza en el subtexto. (Es este el fundamento ideológico de la política represiva de la que nos ocuparemos más adelante)
Por otra parte. Las palabras del presidente no consideraron el otro lado de la moneda. ¿Sólo los criminales? Una presentación completa y honesta del conflicto haría referencia a la crueldad y la barbarie que son capaces de alcanzar también las fuerzas de seguridad civiles y militares: detenciones arbitrarias –básicamente secuestros-, actos tortura, allanamientos ilegales, desapariciones forzadas, extorsiones y amenazas por parte de las fuerzas del orden debieron también ser mencionadas. Y entonces una segunda objeción desde la perspectiva de los Estudios de Paz puede ser colocada sobre la mesa: Las visiones partisanas del conflicto tienen una alta rentabilidad política pero nulo valor para la atención del problema.
El presidente no sólo no condena las acciones de las fuerzas de seguridad, sino que incluso las aplaude:
“Y quiero hacer un reconocimiento a la lealtad y al patriotismo de las Fuerzas Armadas en México: al Ejército y a la Marina. Su participación firme y valiente ha sido decisiva en la defensa de México”
A lo largo de su discurso, el titular del ejecutivo refiere en múltiples ocasiones los peligros de la corrupción y las políticas que se están instrumentando para evitarla. Sin embargo, nada dice en materia de respeto a derechos humanos y garantías individuales en el combate al narcotráfico: pareciera ser que el problema no es que en su actuar las fuerzas militares y policiacas sea atroz en su ejecución, el problema es que actúen a favor del enemigo. Tercer apunte desde los Estudios de Paz: La violencia debe condenarse independientemente de su origen: un criminal torturado por el ejército es tan víctima como un secuestrado lo es de su secuestrador.
La raíz del conflicto: El narcotráfico es secundario
En el mensaje presidencial es clara la visión unidimensional y monocausal que se tiene en el gobierno federal respecto del origen de la violencia: una y otra vez Felipe Calderón repite que el origen de la violencia se encuentra en la expansión de las organizaciones criminales y en su lucha por el control territorial. Si esta es una fuente de violencia, lo es sólo de forma secundaria.
El análisis presidencial comete el error de confundir un proceso (la violencia) con sus perpetradores (los criminales) y es esa la razón por la que su estrategia está condenada al fracaso… aún si tiene éxito: el gobierno federal puede ya haber capturado o “abatido” (otra forma de llamar al asesinato) a “21 de los 37 líderes criminales más peligrosos que operaban en México” y puede ir por los que faltan y eso no cambiará las cosas. ¿Por qué? Porque los criminales son sólo el síntoma de un conflicto sin resolver. ¿Qué conflicto? El que lleva a decenas de miles a integrarse a las organizaciones de la delincuencia organizada: exclusión social, marginación económica y represión política. El narcotráfico conjura –al menos en el corto plazo aunque de forma ilusoria- estos tres problemas: no es casual que se trate de la industria generadora de “empleo” más boyante del país (industria en la que además entran todos: mano de obra calificada y no calificada, urbana y rural, choferes, contadores, administradores, ingenieros en sistemas, politólogos y políticos, comerciantes… para todos hay un lugar).
El conflicto del narcotráfico en estos términos es secundario, pues deriva de razones estructurales que le allanan el camino: se pueden matar o encarcelar de un día para otro a todos y cada uno de los líderes criminales (y en un cierto sentido, esto tal vez ya haya ocurrido, después de todo -pensando en el Cártel del Golfo- después de Juan N. Guerra, vino Juan García Ábrego y después de García Ábrego vino Osiel Cárdenas Guillén y después de Cárdenas Guillén vino Jorge Eduardo Costilla Sánchez, etc.) y nada va a cambiar. ¿Cuántas veces tiene que “limpiar” la lista el gobierno federal antes de darse cuenta que el conflicto no son los actores? Esta confusión oficial es la que convierte a la política anti-narcótica en superficial, sangrienta e inútil. En este mismo sentido se pueden aprobar de un día para otro todas las leyes que el presidente propone (“Combate al Lavado de Dinero, la del Mando Único Policial, la Iniciativa de Ley Anticorrupción…”) y se puede hacer uso de la mejor, más equipada y más sofisticada policía y del mejor, más equipado y más sofisticado ejército y el resultado será el mismo: los conflictos se transforman atendiendo sus causas, no sus consecuencias. La metáfora sería una fogata: el conflicto es el fuego y la violencia el humo: disipando el humo no sólo no se elimina el fuego, sino que con frecuencia se le alimenta.
La complejidad que la presidencia no ve
En el discurso de presentación el V Informe de Gobierno el Presidente Calderón señala que:
“Hay quién dice que la violencia es consecuencia de la acción del Gobierno. No es así. La violencia se da no por la intervención de las Fuerzas Federales, al contrario, las Fuerzas Federales intervienen donde hay violencia y porque hay violencia en un lugar determinado”
Y continúa:
“La acción del Estado así, contra los criminales es una consecuencia y no una causa del problema. La violencia se da por la expansión del crimen organizado. Y en ese marco, la presencia de las Fuerzas Federales no es parte del problema, sino parte de la solución”
Sencillamente, el presidente está equivocado. Y el fundamento de su equivocación, más que operativo es perceptivo.
La equivocación del presidente no radica en su visión del debate del primer párrafo respecto de si la violencia es causa o consecuencia de la intervención de las fuerzas federales –lo que en el siguiente párrafo expresa en términos de “la presencia de las Fuerzas Federales no es parte del problema, sino parte de la solución”; la equivocación radica en su incapacidad de ver que ambas cosas pueden tener lugar de forma simultánea. La reflexión presidencial en este sentido pone al descubierto que su análisis del conflicto es mecánico y no dinámico, simple y no complejo, dicotómico, unidireccional y limitado. Para ilustrar este punto valdría la pena preguntarse qué va a hacer la Procuraduría Social para la Atención de Víctimas de la Violencia -que anunció el titular del ejecutivo en el discurso de marras- para ayudar a los sobrevivientes de la matanza del 1º. de Junio de 2007 en La Joya de los Martínez (Sinaloa) en la que los perpetradores fueron 19 soldados actuando en el marco de la guerra contra las drogas. Dice el presidente que la procuraduría estará para “potenciar la atención del Gobierno Federal, a quienes han sido lastimados por la violencia de los criminales” pero ¿y si es el propio gobierno federal, por medio de sus agentes y sus estrategias, el perpetrador de la violencia criminal? En materia de resolución de conflictos, las caricaturas de la realidad en términos de “buenos” (policías, militares, gobierno federal) y “malos” (criminales) son disfuncionales pues alimentan la polarización con lo que distorsionan la realidad. Más atención habría que prestar a la multitud de tonos grises que existen entre el “blanco” y el “negro”, tonos que hacen mejor justicia a la complejidad del problema, que existen en la realidad aunque no tengan lugar en la estrategia presidencial.
La violencia genera violencia
En materia de Estudios de Paz –como prácticamente en cualquier ciencia social- el establecimiento de relaciones causales para dar cuenta de fenómenos humanos puede ser controvertido: lo que es válido en un determinado contexto, con ciertos actores y ciertas condiciones, puede no serlo en otro. Esto es tan válido en la ciencia política como en las relaciones internacionales entre otras disciplinas. Sin embargo, en Estudios de Paz y Conflictos existe un principio básico, fundamental, que se cumple casi sin excepción: la violencia genera violencia. Y de aquí se desprende que si se busca la paz, el medio para alcanzarla tiene que ser compatible con el resultado esperado: Paz por medios pacíficos. Gandhi lo expresó diciendo “No hay camino a la paz, la paz es el camino” y esa es la aproximación adoptada como política por el movimiento que encabeza Javier Sicilia. La violación a este principio explica la espiral de violencia que se vive como consecuencia de la política anti-narcótica del gobierno federal. Dice el presidente:
“Las capacidades, la organización, la disciplina, la lealtad, el armamento de nuestras fuerzas del orden son muy, muy superiores a las de los delincuentes”
Y remata:
“Por eso, por muy difícil que parezca la lucha. Ténganlo por seguro, vamos a vencer a esos criminales”.
Independientemente de quién hizo el primer disparo, al combatir la violencia de unos con la violencia de los otros –lo que el presidente Calderón ha llamado “la guerra contra el narcotráfico”- el gobierno federal se equivoca: las guerras, en términos humanos, no las ganan unos y las pierden otros: en la guerra todos pierden, unos la vida, y otros la dignidad.
Como si no hubiera opciones.
Vino viejo en botellas nuevas
El uso que hace el presidente de conceptos como “Estado” y “seguridad” cuando se refiere al narcotráfico en el discurso de presentación del V Informe de Gobierno es muy revelador: el Estado pareciera ser igual al gobierno –su gobierno- y la seguridad la toma en su dimensión más estrecha: la policiaco-militar. En este sentido, pareciera que el entendimiento que tiene la presidencia de la política y lo político en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico” es aquél que privó en los llamados “Estados de seguridad nacional” latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX: la seguridad nacional ante todo, incluso por encima -y a pesar- de la seguridad humana. En este contexto, no sería un error decir que la presidencia opera con marcos teóricos con al menos medio siglo de atraso, y que sobre ellos diseña sus políticas. Esto puede explicar el cómo han de entenderse -aunque fueron cuidadosamente depurados del discurso referido- expresiones que el titular del ejecutivo ha utilizado repetidamente en el pasado como “amenaza”, “peligro”, “crueldad”, “inhumanidad”, “cobardía”, “peligrosidad”, “cáncer”, “depuración” e incluso “limpieza”.
Si en el pasado “el enemigo” eran las organizaciones político-militares y en el presente son los narcotraficantes, y si en los Estados Unidos –matriz de la actual política “de seguridad”- los enemigos son “los terroristas”, entonces no resulta extraño que hoy se comiencen a acuñar conceptos ambiguos –pero de alta utilidad política- como “narcoterrorismo”, “narcoguerrilla” y que se comience a utilizar “terroristas” y “guerrilleros” como sinónimos… como Chile bajo Pinochet.
Y es entonces que debe tomarse con mucha suspicacia pedidos presidenciales como la Iniciativa de Cadenas Delictivas que a decir del Presidente Calderón:
“…permitirá, por ejemplo, que un miembro de un grupo delictivo también pague por los delitos que cometa ese grupo al que pertenece”
Un par de párrafos antes, el presidente hace un llamado:
“Es necesario, también, que el Congreso dote a los gobiernos y, en particular a las Fuerzas Federales, de plena certidumbre jurídica en su actuar y de atribuciones legales indispensable para enfrentar la delicada situación que hoy vivimos”
Lo legal no necesariamente es legítimo. Y olvidar esto puede conducir a la posibilidad de que las fuerzas policiacas y militares violen derechos humanos con la ley en la mano. La ley no es la única fuente de legitimidad, y en ocasiones, ni siquiera es la más importante: primero están las necesidades básicas (alimentación, vestido, salud, educación, vivienda, libertad e identidad), luego los derechos humanos (hay necesidades básicas específicas que no están consideradas en los instrumentos de protección de derechos humanos) y luego entonces están las demás disposiciones legales.
Vuelta al origen
Dice Felipe Calderón:
“La recomposición del tejido social es lo que realmente le va a dar una solución estructural al problema de la seguridad, pero también, hay que reconocerlo, es la que más tiempo tardará en rendir los frutos deseados”
Si es tal el caso –que lo es sin duda- entonces el pilar de la estrategia de combate al narcotráfico debería ser el desarrollo social y no el reclutamiento, capacitación y equipamiento de cuerpos policiacos, el endurecimiento de las leyes, la restricción de libertades y la militarización rampante. Una vez más: la violencia genera violencia y los conflictos se resuelven en sus causas no en sus consecuencias.
La política anti-narcótica oficial entonces, en un cierto sentido, es neurótica: su voluntad va por un lado y sus acciones van por otro.
Vale la pena recuperar una de las citas iniciales:
“Para corregir de fondo el problema, el de la seguridad, debemos generar mayores oportunidades. Mayores oportunidades educativas, de esparcimiento, de trabajo, en particular mayores oportunidades de formación y educación para los jóvenes. Y por eso, en este Gobierno hemos dado un fuerte impulso a la creación de bachilleratos y universidades”.
El aspecto clave aquí son las oportunidades de trabajo (porque de nada sirven las oportunidades educativas y de formación sin el último eslabón de la cadena: la inserción en el mercado laboral), pero no lo son todo.
En materia educativa no es la creación de centros los centros de estudio de los que se ufana el titular del ejecutivo lo que va a dar una respuesta directa al problema de la violencia, sino la educación en tres esferas:
Cultura de la Legalidad
Cultura de la Transformación de Conflictos
Cultura de la Paz
La Cultura de la Legalidad tiene que ver con el conocimiento de las leyes, con el reconocimiento de su legitimidad (en caso de que la tengan) y con la promoción de las mismas en el espacio público.
La Cultura de la Transformación de Conflictos tiene que ver con el desarrollo de habilidades y conocimientos para la atención de conflictos por medios no-violentos desde diversas áreas del conocimiento. Existen muchos instrumentos en diferentes campos:
Ciencias Sociales Estudios de paz y conflictos
Ciencias Políticas No-violencia y resistencia pacífica
Comunicación Comunicación no-violenta
Periodismo Periodismo de la paz y sensible al conflicto
Derecho Medios Alternos de Solución de Conflictos
Trabajo Social Sistemas de reconciliación y mecánicas de diálogo
Economía Economías alternativas y autosustentables
Sociología Prevención de la violencia
Tecnología Redistribución del poder técnico y del conocimiento
Teología Diálogo interreligioso y ecumenismo
Su utilidad es evidente y su rango de acción es también muy amplio.
Finalmente, la Cultura de la Paz tiene que ver con la deslegitimación de la violencia como vehículo de resolución de conflictos. En este sentido es la formación ética y moral en valores como la solidaridad y la cooperación y no la competencia el aspecto fundamental.
Relación entre cultura de la legalidad, cultura de transformación de conflictos y cultura de la paz
Se trata de tres esferas interconectadas e interdependientes cuya enseñanza rinde frutos en muy poco tiempo.
El punto principal es que hay muchos medios alternativos para prevenir el surgimiento de la violencia ahí en donde hay conflicto; para manejarla ahí en donde ya existe (con un mínimo de intervención policiaca y prácticamente sin intervención militar) y para atender sus consecuencias (reconciliación, reconstrucción del tejido social) una vez que ha cesado.
El único problema es que poco o nada de esto se enseña en las universidades y bachilleratos que tanto presume la presidencia.
(fernando.montiel.t@gmail.com)
7.9.11
Was There an Alternative?
Looking Back on 9/11, a Decade Later
by NOAM CHOMSKY
We are approaching the 10th anniversary of the horrendous atrocities of September 11, 2001, which, it is commonly held, changed the world. On May 1st, the presumed mastermind of the crime, Osama bin Laden, was assassinated in Pakistan by a team of elite US commandos, Navy SEALs, after he was captured, unarmed and undefended, in Operation Geronimo.
A number of analysts have observed that although bin Laden was finally killed, he won some major successes in his war against the U.S. “He repeatedly asserted that the only way to drive the U.S. from the Muslim world and defeat its satraps was by drawing Americans into a series of small but expensive wars that would ultimately bankrupt them,” Eric Margolis writes. “‘Bleeding the U.S.,’ in his words.” The United States, first under George W. Bush and then Barack Obama, rushed right into bin Laden’s trap… Grotesquely overblown military outlays and debt addiction… may be the most pernicious legacy of the man who thought he could defeat the United States” — particularly when the debt is being cynically exploited by the far right, with the collusion of the Democrat establishment, to undermine what remains of social programs, public education, unions, and, in general, remaining barriers to corporate tyranny.
That Washington was bent on fulfilling bin Laden’s fervent wishes was evident at once. As discussed in my book 9-11, written shortly after those attacks occurred, anyone with knowledge of the region could recognize “that a massive assault on a Muslim population would be the answer to the prayers of bin Laden and his associates, and would lead the U.S. and its allies into a ‘diabolical trap,’ as the French foreign minister put it.”
The senior CIA analyst responsible for tracking Osama bin Laden from 1996, Michael Scheuer, wrote shortly after that “bin Laden has been precise in telling America the reasons he is waging war on us. [He] is out to drastically alter U.S. and Western policies toward the Islamic world,” and largely succeeded: “U.S. forces and policies are completing the radicalization of the Islamic world, something Osama bin Laden has been trying to do with substantial but incomplete success since the early 1990s. As a result, I think it is fair to conclude that the United States of America remains bin Laden’s only indispensable ally.” And arguably remains so, even after his death.
The First 9/11
Was there an alternative? There is every likelihood that the Jihadi movement, much of it highly critical of bin Laden, could have been split and undermined after 9/11. The “crime against humanity,” as it was rightly called, could have been approached as a crime, with an international operation to apprehend the likely suspects. That was recognized at the time, but no such idea was even considered.
In 9-11, I quoted Robert Fisk’s conclusion that the “horrendous crime” of 9/11 was committed with “wickedness and awesome cruelty,” an accurate judgment. It is useful to bear in mind that the crimes could have been even worse. Suppose, for example, that the attack had gone as far as bombing the White House, killing the president, imposing a brutal military dictatorship that killed thousands and tortured tens of thousands while establishing an international terror center that helped impose similar torture-and-terror states elsewhere and carried out an international assassination campaign; and as an extra fillip, brought in a team of economists — call them “the Kandahar boys” — who quickly drove the economy into one of the worst depressions in its history. That, plainly, would have been a lot worse than 9/11.
Unfortunately, it is not a thought experiment. It happened. The only inaccuracy in this brief account is that the numbers should be multiplied by 25 to yield per capita equivalents, the appropriate measure. I am, of course, referring to what in Latin America is often called “the first 9/11”: September 11, 1973, when the U.S. succeeded in its intensive efforts to overthrow the democratic government of Salvador Allende in Chile with a military coup that placed General Pinochet’s brutal regime in office. The goal, in the words of the Nixon administration, was to kill the “virus” that might encourage all those “foreigners [who] are out to screw us” to take over their own resources and in other ways to pursue an intolerable policy of independent development. In the background was the conclusion of the National Security Council that, if the US could not control Latin America, it could not expect “to achieve a successful order elsewhere in the world.”
The first 9/11, unlike the second, did not change the world. It was “nothing of very great consequence,” as Henry Kissinger assured his boss a few days later.
These events of little consequence were not limited to the military coup that destroyed Chilean democracy and set in motion the horror story that followed. The first 9/11 was just one act in a drama which began in 1962, when John F. Kennedy shifted the mission of the Latin American military from “hemispheric defense” — an anachronistic holdover from World War II — to “internal security,” a concept with a chilling interpretation in U.S.-dominated Latin American circles.
In the recently published Cambridge University History of the Cold War, Latin American scholar John Coatsworth writes that from that time to “the Soviet collapse in 1990, the numbers of political prisoners, torture victims, and executions of non-violent political dissenters in Latin America vastly exceeded those in the Soviet Union and its East European satellites,” including many religious martyrs and mass slaughter as well, always supported or initiated in Washington. The last major violent act was the brutal murder of six leading Latin American intellectuals, Jesuit priests, a few days after the Berlin Wall fell. The perpetrators were an elite Salvadorean battalion, which had already left a shocking trail of blood, fresh from renewed training at the JFK School of Special Warfare, acting on direct orders of the high command of the U.S. client state.
The consequences of this hemispheric plague still, of course, reverberate.
From Kidnapping and Torture to Assassination
All of this, and much more like it, is dismissed as of little consequence, and forgotten. Those whose mission is to rule the world enjoy a more comforting picture, articulated well enough in the current issue of the prestigious (and valuable) journal of the Royal Institute of International Affairs in London. The lead article discusses “the visionary international order” of the “second half of the twentieth century” marked by “the universalization of an American vision of commercial prosperity.” There is something to that account, but it does not quite convey the perception of those at the wrong end of the guns.
The same is true of the assassination of Osama bin Laden, which brings to an end at least a phase in the “war on terror” re-declared by President George W. Bush on the second 9/11. Let us turn to a few thoughts on that event and its significance.
On May 1, 2011, Osama bin Laden was killed in his virtually unprotected compound by a raiding mission of 79 Navy SEALs, who entered Pakistan by helicopter. After many lurid stories were provided by the government and withdrawn, official reports made it increasingly clear that the operation was a planned assassination, multiply violating elementary norms of international law, beginning with the invasion itself.
There appears to have been no attempt to apprehend the unarmed victim, as presumably could have been done by 79 commandos facing no opposition — except, they report, from his wife, also unarmed, whom they shot in self-defense when she “lunged” at them, according to the White House.
A plausible reconstruction of the events is provided by veteran Middle East correspondent Yochi Dreazen and colleagues in the Atlantic. Dreazen, formerly the military correspondent for the Wall Street Journal, is senior correspondent for the National Journal Group covering military affairs and national security. According to their investigation, White House planning appears not to have considered the option of capturing bin Laden alive: “The administration had made clear to the military’s clandestine Joint Special Operations Command that it wanted bin Laden dead, according to a senior U.S. official with knowledge of the discussions. A high-ranking military officer briefed on the assault said the SEALs knew their mission was not to take him alive.”
The authors add: “For many at the Pentagon and the Central Intelligence Agency who had spent nearly a decade hunting bin Laden, killing the militant was a necessary and justified act of vengeance.” Furthermore, “capturing bin Laden alive would have also presented the administration with an array of nettlesome legal and political challenges.” Better, then, to assassinate him, dumping his body into the sea without the autopsy considered essential after a killing — an act that predictably provoked both anger and skepticism in much of the Muslim world.
As the Atlantic inquiry observes, “The decision to kill bin Laden outright was the clearest illustration to date of a little-noticed aspect of the Obama administration’s counterterror policy. The Bush administration captured thousands of suspected militants and sent them to detention camps in Afghanistan, Iraq, and Guantanamo Bay. The Obama administration, by contrast, has focused on eliminating individual terrorists rather than attempting to take them alive.” That is one significant difference between Bush and Obama. The authors quote former West German Chancellor Helmut Schmidt, who “told German TV that the U.S. raid was ‘quite clearly a violation of international law’ and that bin Laden should have been detained and put on trial,” contrasting Schmidt with U.S. Attorney General Eric Holder, who “defended the decision to kill bin Laden although he didn’t pose an immediate threat to the Navy SEALs, telling a House panel… that the assault had been ‘lawful, legitimate and appropriate in every way.’”
The disposal of the body without autopsy was also criticized by allies. The highly regarded British barrister Geoffrey Robertson, who supported the intervention and opposed the execution largely on pragmatic grounds, nevertheless described Obama’s claim that “justice was done” as an “absurdity” that should have been obvious to a former professor of constitutional law. Pakistan law “requires a colonial inquest on violent death, and international human rights law insists that the ‘right to life’ mandates an inquiry whenever violent death occurs from government or police action. The U.S. is therefore under a duty to hold an inquiry that will satisfy the world as to the true circumstances of this killing.”
Robertson usefully reminds us that “[i]t was not always thus. When the time came to consider the fate of men much more steeped in wickedness than Osama bin Laden — the Nazi leadership — the British government wanted them hanged within six hours of capture. President Truman demurred, citing the conclusion of Justice Robert Jackson that summary execution ‘would not sit easily on the American conscience or be remembered by our children with pride… the only course is to determine the innocence or guilt of the accused after a hearing as dispassionate as the times will permit and upon a record that will leave our reasons and motives clear.’”
Eric Margolis comments that “Washington has never made public the evidence of its claim that Osama bin Laden was behind the 9/11 attacks,” presumably one reason why “polls show that fully a third of American respondents believe that the U.S. government and/or Israel were behind 9/11,” while in the Muslim world skepticism is much higher. “An open trial in the U.S. or at the Hague would have exposed these claims to the light of day,” he continues, a practical reason why Washington should have followed the law.
In societies that profess some respect for law, suspects are apprehended and brought to fair trial. I stress “suspects.” In June 2002, FBI head Robert Mueller, in what the Washington Post described as “among his most detailed public comments on the origins of the attacks,” could say only that “investigators believe the idea of the Sept. 11 attacks on the World Trade Center and Pentagon came from al Qaeda leaders in Afghanistan, the actual plotting was done in Germany, and the financing came through the United Arab Emirates from sources in Afghanistan.”
What the FBI believed and thought in June 2002 they didn’t know eight months earlier, when Washington dismissed tentative offers by the Taliban (how serious, we do not know) to permit a trial of bin Laden if they were presented with evidence. Thus, it is not true, as President Obama claimed in his White House statement after bin Laden’s death, that “[w]e quickly learned that the 9/11 attacks were carried out by al-Qaeda.”
There has never been any reason to doubt what the FBI believed in mid-2002, but that leaves us far from the proof of guilt required in civilized societies — and whatever the evidence might be, it does not warrant murdering a suspect who could, it seems, have been easily apprehended and brought to trial. Much the same is true of evidence provided since. Thus, the 9/11 Commission provided extensive circumstantial evidence of bin Laden’s role in 9/11, based primarily on what it had been told about confessions by prisoners in Guantanamo. It is doubtful that much of that would hold up in an independent court, considering the ways confessions were elicited. But in any event, the conclusions of a congressionally authorized investigation, however convincing one finds them, plainly fall short of a sentence by a credible court, which is what shifts the category of the accused from suspect to convicted.
There is much talk of bin Laden’s “confession,” but that was a boast, not a confession, with as much credibility as my “confession” that I won the Boston marathon. The boast tells us a lot about his character, but nothing about his responsibility for what he regarded as a great achievement, for which he wanted to take credit.
Again, all of this is, transparently, quite independent of one’s judgments about his responsibility, which seemed clear immediately, even before the FBI inquiry, and still does.
Crimes of Aggression
It is worth adding that bin Laden’s responsibility was recognized in much of the Muslim world, and condemned. One significant example is the distinguished Lebanese cleric Sheikh Fadlallah, greatly respected by Hizbollah and Shia groups generally, outside Lebanon as well. He had some experience with assassinations. He had been targeted for assassination: by a truck bomb outside a mosque, in a CIA-organized operation in 1985. He escaped, but 80 others were killed, mostly women and girls as they left the mosque — one of those innumerable crimes that do not enter the annals of terror because of the fallacy of “wrong agency.” Sheikh Fadlallah sharply condemned the 9/11 attacks.
One of the leading specialists on the Jihadi movement, Fawaz Gerges, suggests that the movement might have been split at that time had the U.S. exploited the opportunity instead of mobilizing the movement, particularly by the attack on Iraq, a great boon to bin Laden, which led to a sharp increase in terror, as intelligence agencies had anticipated. At the Chilcot hearings investigating the background to the invasion of Iraq, for example, the former head of Britain’s domestic intelligence agency MI5 testified that both British and U.S. intelligence were aware that Saddam posed no serious threat, that the invasion was likely to increase terror, and that the invasions of Iraq and Afghanistan had radicalized parts of a generation of Muslims who saw the military actions as an “attack on Islam.” As is often the case, security was not a high priority for state action.
It might be instructive to ask ourselves how we would be reacting if Iraqi commandos had landed at George W. Bush’s compound, assassinated him, and dumped his body in the Atlantic (after proper burial rites, of course). Uncontroversially, he was not a “suspect” but the “decider” who gave the orders to invade Iraq — that is, to commit the “supreme international crime differing only from other war crimes in that it contains within itself the accumulated evil of the whole” for which Nazi criminals were hanged: the hundreds of thousands of deaths, millions of refugees, destruction of much of the country and its national heritage, and the murderous sectarian conflict that has now spread to the rest of the region. Equally uncontroversially, these crimes vastly exceed anything attributed to bin Laden.
To say that all of this is uncontroversial, as it is, is not to imply that it is not denied. The existence of flat earthers does not change the fact that, uncontroversially, the earth is not flat. Similarly, it is uncontroversial that Stalin and Hitler were responsible for horrendous crimes, though loyalists deny it. All of this should, again, be too obvious for comment, and would be, except in an atmosphere of hysteria so extreme that it blocks rational thought.
Similarly, it is uncontroversial that Bush and associates did commit the “supreme international crime” — the crime of aggression. That crime was defined clearly enough by Justice Robert Jackson, Chief of Counsel for the United States at Nuremberg. An “aggressor,” Jackson proposed to the Tribunal in his opening statement, is a state that is the first to commit such actions as “[i]nvasion of its armed forces, with or without a declaration of war, of the territory of another State ….” No one, even the most extreme supporter of the aggression, denies that Bush and associates did just that.
We might also do well to recall Jackson’s eloquent words at Nuremberg on the principle of universality: “If certain acts in violation of treaties are crimes, they are crimes whether the United States does them or whether Germany does them, and we are not prepared to lay down a rule of criminal conduct against others which we would not be willing to have invoked against us.”
It is also clear that announced intentions are irrelevant, even if they are truly believed. Internal records reveal that Japanese fascists apparently did believe that, by ravaging China, they were laboring to turn it into an “earthly paradise.” And although it may be difficult to imagine, it is conceivable that Bush and company believed they were protecting the world from destruction by Saddam’s nuclear weapons. All irrelevant, though ardent loyalists on all sides may try to convince themselves otherwise.
We are left with two choices: either Bush and associates are guilty of the “supreme international crime” including all the evils that follow, or else we declare that the Nuremberg proceedings were a farce and the allies were guilty of judicial murder.
The Imperial Mentality and 9/11
A few days before the bin Laden assassination, Orlando Bosch died peacefully in Florida, where he resided along with his accomplice Luis Posada Carriles and many other associates in international terrorism. After he was accused of dozens of terrorist crimes by the FBI, Bosch was granted a presidential pardon by Bush I over the objections of the Justice Department, which found the conclusion “inescapable that it would be prejudicial to the public interest for the United States to provide a safe haven for Bosch.” The coincidence of these deaths at once calls to mind the Bush II doctrine — “already… a de facto rule of international relations,” according to the noted Harvard international relations specialist Graham Allison — which revokes “the sovereignty of states that provide sanctuary to terrorists.”
Allison refers to the pronouncement of Bush II, directed at the Taliban, that “those who harbor terrorists are as guilty as the terrorists themselves.” Such states, therefore, have lost their sovereignty and are fit targets for bombing and terror — for example, the state that harbored Bosch and his associate. When Bush issued this new “de facto rule of international relations,” no one seemed to notice that he was calling for invasion and destruction of the U.S. and the murder of its criminal presidents.
None of this is problematic, of course, if we reject Justice Jackson’s principle of universality, and adopt instead the principle that the U.S. is self-immunized against international law and conventions — as, in fact, the government has frequently made very clear.
It is also worth thinking about the name given to the bin Laden operation: Operation Geronimo. The imperial mentality is so profound that few seem able to perceive that the White House is glorifying bin Laden by calling him “Geronimo” — the Apache Indian chief who led the courageous resistance to the invaders of Apache lands.
The casual choice of the name is reminiscent of the ease with which we name our murder weapons after victims of our crimes: Apache, Blackhawk… We might react differently if the Luftwaffe had called its fighter planes “Jew” and “Gypsy.”
The examples mentioned would fall under the category of “American exceptionalism,” were it not for the fact that easy suppression of one’s own crimes is virtually ubiquitous among powerful states, at least those that are not defeated and forced to acknowledge reality.
Perhaps the assassination was perceived by the administration as an “act of vengeance,” as Robertson concludes. And perhaps the rejection of the legal option of a trial reflects a difference between the moral culture of 1945 and today, as he suggests. Whatever the motive was, it could hardly have been security. As in the case of the “supreme international crime” in Iraq, the bin Laden assassination is another illustration of the important fact that security is often not a high priority for state action, contrary to received doctrine.
Noam Chomsky is Institute Professor emeritus in the MIT Department of Linguistics and Philosophy. He is the author of numerous bestselling political works, including 9-11: Was There an Alternative? (Seven Stories Press), an updated version of his classic account, just being published this week with a major new essay — from which this post was adapted — considering the 10 years since the 9/11 attacks.
by NOAM CHOMSKY
We are approaching the 10th anniversary of the horrendous atrocities of September 11, 2001, which, it is commonly held, changed the world. On May 1st, the presumed mastermind of the crime, Osama bin Laden, was assassinated in Pakistan by a team of elite US commandos, Navy SEALs, after he was captured, unarmed and undefended, in Operation Geronimo.
A number of analysts have observed that although bin Laden was finally killed, he won some major successes in his war against the U.S. “He repeatedly asserted that the only way to drive the U.S. from the Muslim world and defeat its satraps was by drawing Americans into a series of small but expensive wars that would ultimately bankrupt them,” Eric Margolis writes. “‘Bleeding the U.S.,’ in his words.” The United States, first under George W. Bush and then Barack Obama, rushed right into bin Laden’s trap… Grotesquely overblown military outlays and debt addiction… may be the most pernicious legacy of the man who thought he could defeat the United States” — particularly when the debt is being cynically exploited by the far right, with the collusion of the Democrat establishment, to undermine what remains of social programs, public education, unions, and, in general, remaining barriers to corporate tyranny.
That Washington was bent on fulfilling bin Laden’s fervent wishes was evident at once. As discussed in my book 9-11, written shortly after those attacks occurred, anyone with knowledge of the region could recognize “that a massive assault on a Muslim population would be the answer to the prayers of bin Laden and his associates, and would lead the U.S. and its allies into a ‘diabolical trap,’ as the French foreign minister put it.”
The senior CIA analyst responsible for tracking Osama bin Laden from 1996, Michael Scheuer, wrote shortly after that “bin Laden has been precise in telling America the reasons he is waging war on us. [He] is out to drastically alter U.S. and Western policies toward the Islamic world,” and largely succeeded: “U.S. forces and policies are completing the radicalization of the Islamic world, something Osama bin Laden has been trying to do with substantial but incomplete success since the early 1990s. As a result, I think it is fair to conclude that the United States of America remains bin Laden’s only indispensable ally.” And arguably remains so, even after his death.
The First 9/11
Was there an alternative? There is every likelihood that the Jihadi movement, much of it highly critical of bin Laden, could have been split and undermined after 9/11. The “crime against humanity,” as it was rightly called, could have been approached as a crime, with an international operation to apprehend the likely suspects. That was recognized at the time, but no such idea was even considered.
In 9-11, I quoted Robert Fisk’s conclusion that the “horrendous crime” of 9/11 was committed with “wickedness and awesome cruelty,” an accurate judgment. It is useful to bear in mind that the crimes could have been even worse. Suppose, for example, that the attack had gone as far as bombing the White House, killing the president, imposing a brutal military dictatorship that killed thousands and tortured tens of thousands while establishing an international terror center that helped impose similar torture-and-terror states elsewhere and carried out an international assassination campaign; and as an extra fillip, brought in a team of economists — call them “the Kandahar boys” — who quickly drove the economy into one of the worst depressions in its history. That, plainly, would have been a lot worse than 9/11.
Unfortunately, it is not a thought experiment. It happened. The only inaccuracy in this brief account is that the numbers should be multiplied by 25 to yield per capita equivalents, the appropriate measure. I am, of course, referring to what in Latin America is often called “the first 9/11”: September 11, 1973, when the U.S. succeeded in its intensive efforts to overthrow the democratic government of Salvador Allende in Chile with a military coup that placed General Pinochet’s brutal regime in office. The goal, in the words of the Nixon administration, was to kill the “virus” that might encourage all those “foreigners [who] are out to screw us” to take over their own resources and in other ways to pursue an intolerable policy of independent development. In the background was the conclusion of the National Security Council that, if the US could not control Latin America, it could not expect “to achieve a successful order elsewhere in the world.”
The first 9/11, unlike the second, did not change the world. It was “nothing of very great consequence,” as Henry Kissinger assured his boss a few days later.
These events of little consequence were not limited to the military coup that destroyed Chilean democracy and set in motion the horror story that followed. The first 9/11 was just one act in a drama which began in 1962, when John F. Kennedy shifted the mission of the Latin American military from “hemispheric defense” — an anachronistic holdover from World War II — to “internal security,” a concept with a chilling interpretation in U.S.-dominated Latin American circles.
In the recently published Cambridge University History of the Cold War, Latin American scholar John Coatsworth writes that from that time to “the Soviet collapse in 1990, the numbers of political prisoners, torture victims, and executions of non-violent political dissenters in Latin America vastly exceeded those in the Soviet Union and its East European satellites,” including many religious martyrs and mass slaughter as well, always supported or initiated in Washington. The last major violent act was the brutal murder of six leading Latin American intellectuals, Jesuit priests, a few days after the Berlin Wall fell. The perpetrators were an elite Salvadorean battalion, which had already left a shocking trail of blood, fresh from renewed training at the JFK School of Special Warfare, acting on direct orders of the high command of the U.S. client state.
The consequences of this hemispheric plague still, of course, reverberate.
From Kidnapping and Torture to Assassination
All of this, and much more like it, is dismissed as of little consequence, and forgotten. Those whose mission is to rule the world enjoy a more comforting picture, articulated well enough in the current issue of the prestigious (and valuable) journal of the Royal Institute of International Affairs in London. The lead article discusses “the visionary international order” of the “second half of the twentieth century” marked by “the universalization of an American vision of commercial prosperity.” There is something to that account, but it does not quite convey the perception of those at the wrong end of the guns.
The same is true of the assassination of Osama bin Laden, which brings to an end at least a phase in the “war on terror” re-declared by President George W. Bush on the second 9/11. Let us turn to a few thoughts on that event and its significance.
On May 1, 2011, Osama bin Laden was killed in his virtually unprotected compound by a raiding mission of 79 Navy SEALs, who entered Pakistan by helicopter. After many lurid stories were provided by the government and withdrawn, official reports made it increasingly clear that the operation was a planned assassination, multiply violating elementary norms of international law, beginning with the invasion itself.
There appears to have been no attempt to apprehend the unarmed victim, as presumably could have been done by 79 commandos facing no opposition — except, they report, from his wife, also unarmed, whom they shot in self-defense when she “lunged” at them, according to the White House.
A plausible reconstruction of the events is provided by veteran Middle East correspondent Yochi Dreazen and colleagues in the Atlantic. Dreazen, formerly the military correspondent for the Wall Street Journal, is senior correspondent for the National Journal Group covering military affairs and national security. According to their investigation, White House planning appears not to have considered the option of capturing bin Laden alive: “The administration had made clear to the military’s clandestine Joint Special Operations Command that it wanted bin Laden dead, according to a senior U.S. official with knowledge of the discussions. A high-ranking military officer briefed on the assault said the SEALs knew their mission was not to take him alive.”
The authors add: “For many at the Pentagon and the Central Intelligence Agency who had spent nearly a decade hunting bin Laden, killing the militant was a necessary and justified act of vengeance.” Furthermore, “capturing bin Laden alive would have also presented the administration with an array of nettlesome legal and political challenges.” Better, then, to assassinate him, dumping his body into the sea without the autopsy considered essential after a killing — an act that predictably provoked both anger and skepticism in much of the Muslim world.
As the Atlantic inquiry observes, “The decision to kill bin Laden outright was the clearest illustration to date of a little-noticed aspect of the Obama administration’s counterterror policy. The Bush administration captured thousands of suspected militants and sent them to detention camps in Afghanistan, Iraq, and Guantanamo Bay. The Obama administration, by contrast, has focused on eliminating individual terrorists rather than attempting to take them alive.” That is one significant difference between Bush and Obama. The authors quote former West German Chancellor Helmut Schmidt, who “told German TV that the U.S. raid was ‘quite clearly a violation of international law’ and that bin Laden should have been detained and put on trial,” contrasting Schmidt with U.S. Attorney General Eric Holder, who “defended the decision to kill bin Laden although he didn’t pose an immediate threat to the Navy SEALs, telling a House panel… that the assault had been ‘lawful, legitimate and appropriate in every way.’”
The disposal of the body without autopsy was also criticized by allies. The highly regarded British barrister Geoffrey Robertson, who supported the intervention and opposed the execution largely on pragmatic grounds, nevertheless described Obama’s claim that “justice was done” as an “absurdity” that should have been obvious to a former professor of constitutional law. Pakistan law “requires a colonial inquest on violent death, and international human rights law insists that the ‘right to life’ mandates an inquiry whenever violent death occurs from government or police action. The U.S. is therefore under a duty to hold an inquiry that will satisfy the world as to the true circumstances of this killing.”
Robertson usefully reminds us that “[i]t was not always thus. When the time came to consider the fate of men much more steeped in wickedness than Osama bin Laden — the Nazi leadership — the British government wanted them hanged within six hours of capture. President Truman demurred, citing the conclusion of Justice Robert Jackson that summary execution ‘would not sit easily on the American conscience or be remembered by our children with pride… the only course is to determine the innocence or guilt of the accused after a hearing as dispassionate as the times will permit and upon a record that will leave our reasons and motives clear.’”
Eric Margolis comments that “Washington has never made public the evidence of its claim that Osama bin Laden was behind the 9/11 attacks,” presumably one reason why “polls show that fully a third of American respondents believe that the U.S. government and/or Israel were behind 9/11,” while in the Muslim world skepticism is much higher. “An open trial in the U.S. or at the Hague would have exposed these claims to the light of day,” he continues, a practical reason why Washington should have followed the law.
In societies that profess some respect for law, suspects are apprehended and brought to fair trial. I stress “suspects.” In June 2002, FBI head Robert Mueller, in what the Washington Post described as “among his most detailed public comments on the origins of the attacks,” could say only that “investigators believe the idea of the Sept. 11 attacks on the World Trade Center and Pentagon came from al Qaeda leaders in Afghanistan, the actual plotting was done in Germany, and the financing came through the United Arab Emirates from sources in Afghanistan.”
What the FBI believed and thought in June 2002 they didn’t know eight months earlier, when Washington dismissed tentative offers by the Taliban (how serious, we do not know) to permit a trial of bin Laden if they were presented with evidence. Thus, it is not true, as President Obama claimed in his White House statement after bin Laden’s death, that “[w]e quickly learned that the 9/11 attacks were carried out by al-Qaeda.”
There has never been any reason to doubt what the FBI believed in mid-2002, but that leaves us far from the proof of guilt required in civilized societies — and whatever the evidence might be, it does not warrant murdering a suspect who could, it seems, have been easily apprehended and brought to trial. Much the same is true of evidence provided since. Thus, the 9/11 Commission provided extensive circumstantial evidence of bin Laden’s role in 9/11, based primarily on what it had been told about confessions by prisoners in Guantanamo. It is doubtful that much of that would hold up in an independent court, considering the ways confessions were elicited. But in any event, the conclusions of a congressionally authorized investigation, however convincing one finds them, plainly fall short of a sentence by a credible court, which is what shifts the category of the accused from suspect to convicted.
There is much talk of bin Laden’s “confession,” but that was a boast, not a confession, with as much credibility as my “confession” that I won the Boston marathon. The boast tells us a lot about his character, but nothing about his responsibility for what he regarded as a great achievement, for which he wanted to take credit.
Again, all of this is, transparently, quite independent of one’s judgments about his responsibility, which seemed clear immediately, even before the FBI inquiry, and still does.
Crimes of Aggression
It is worth adding that bin Laden’s responsibility was recognized in much of the Muslim world, and condemned. One significant example is the distinguished Lebanese cleric Sheikh Fadlallah, greatly respected by Hizbollah and Shia groups generally, outside Lebanon as well. He had some experience with assassinations. He had been targeted for assassination: by a truck bomb outside a mosque, in a CIA-organized operation in 1985. He escaped, but 80 others were killed, mostly women and girls as they left the mosque — one of those innumerable crimes that do not enter the annals of terror because of the fallacy of “wrong agency.” Sheikh Fadlallah sharply condemned the 9/11 attacks.
One of the leading specialists on the Jihadi movement, Fawaz Gerges, suggests that the movement might have been split at that time had the U.S. exploited the opportunity instead of mobilizing the movement, particularly by the attack on Iraq, a great boon to bin Laden, which led to a sharp increase in terror, as intelligence agencies had anticipated. At the Chilcot hearings investigating the background to the invasion of Iraq, for example, the former head of Britain’s domestic intelligence agency MI5 testified that both British and U.S. intelligence were aware that Saddam posed no serious threat, that the invasion was likely to increase terror, and that the invasions of Iraq and Afghanistan had radicalized parts of a generation of Muslims who saw the military actions as an “attack on Islam.” As is often the case, security was not a high priority for state action.
It might be instructive to ask ourselves how we would be reacting if Iraqi commandos had landed at George W. Bush’s compound, assassinated him, and dumped his body in the Atlantic (after proper burial rites, of course). Uncontroversially, he was not a “suspect” but the “decider” who gave the orders to invade Iraq — that is, to commit the “supreme international crime differing only from other war crimes in that it contains within itself the accumulated evil of the whole” for which Nazi criminals were hanged: the hundreds of thousands of deaths, millions of refugees, destruction of much of the country and its national heritage, and the murderous sectarian conflict that has now spread to the rest of the region. Equally uncontroversially, these crimes vastly exceed anything attributed to bin Laden.
To say that all of this is uncontroversial, as it is, is not to imply that it is not denied. The existence of flat earthers does not change the fact that, uncontroversially, the earth is not flat. Similarly, it is uncontroversial that Stalin and Hitler were responsible for horrendous crimes, though loyalists deny it. All of this should, again, be too obvious for comment, and would be, except in an atmosphere of hysteria so extreme that it blocks rational thought.
Similarly, it is uncontroversial that Bush and associates did commit the “supreme international crime” — the crime of aggression. That crime was defined clearly enough by Justice Robert Jackson, Chief of Counsel for the United States at Nuremberg. An “aggressor,” Jackson proposed to the Tribunal in his opening statement, is a state that is the first to commit such actions as “[i]nvasion of its armed forces, with or without a declaration of war, of the territory of another State ….” No one, even the most extreme supporter of the aggression, denies that Bush and associates did just that.
We might also do well to recall Jackson’s eloquent words at Nuremberg on the principle of universality: “If certain acts in violation of treaties are crimes, they are crimes whether the United States does them or whether Germany does them, and we are not prepared to lay down a rule of criminal conduct against others which we would not be willing to have invoked against us.”
It is also clear that announced intentions are irrelevant, even if they are truly believed. Internal records reveal that Japanese fascists apparently did believe that, by ravaging China, they were laboring to turn it into an “earthly paradise.” And although it may be difficult to imagine, it is conceivable that Bush and company believed they were protecting the world from destruction by Saddam’s nuclear weapons. All irrelevant, though ardent loyalists on all sides may try to convince themselves otherwise.
We are left with two choices: either Bush and associates are guilty of the “supreme international crime” including all the evils that follow, or else we declare that the Nuremberg proceedings were a farce and the allies were guilty of judicial murder.
The Imperial Mentality and 9/11
A few days before the bin Laden assassination, Orlando Bosch died peacefully in Florida, where he resided along with his accomplice Luis Posada Carriles and many other associates in international terrorism. After he was accused of dozens of terrorist crimes by the FBI, Bosch was granted a presidential pardon by Bush I over the objections of the Justice Department, which found the conclusion “inescapable that it would be prejudicial to the public interest for the United States to provide a safe haven for Bosch.” The coincidence of these deaths at once calls to mind the Bush II doctrine — “already… a de facto rule of international relations,” according to the noted Harvard international relations specialist Graham Allison — which revokes “the sovereignty of states that provide sanctuary to terrorists.”
Allison refers to the pronouncement of Bush II, directed at the Taliban, that “those who harbor terrorists are as guilty as the terrorists themselves.” Such states, therefore, have lost their sovereignty and are fit targets for bombing and terror — for example, the state that harbored Bosch and his associate. When Bush issued this new “de facto rule of international relations,” no one seemed to notice that he was calling for invasion and destruction of the U.S. and the murder of its criminal presidents.
None of this is problematic, of course, if we reject Justice Jackson’s principle of universality, and adopt instead the principle that the U.S. is self-immunized against international law and conventions — as, in fact, the government has frequently made very clear.
It is also worth thinking about the name given to the bin Laden operation: Operation Geronimo. The imperial mentality is so profound that few seem able to perceive that the White House is glorifying bin Laden by calling him “Geronimo” — the Apache Indian chief who led the courageous resistance to the invaders of Apache lands.
The casual choice of the name is reminiscent of the ease with which we name our murder weapons after victims of our crimes: Apache, Blackhawk… We might react differently if the Luftwaffe had called its fighter planes “Jew” and “Gypsy.”
The examples mentioned would fall under the category of “American exceptionalism,” were it not for the fact that easy suppression of one’s own crimes is virtually ubiquitous among powerful states, at least those that are not defeated and forced to acknowledge reality.
Perhaps the assassination was perceived by the administration as an “act of vengeance,” as Robertson concludes. And perhaps the rejection of the legal option of a trial reflects a difference between the moral culture of 1945 and today, as he suggests. Whatever the motive was, it could hardly have been security. As in the case of the “supreme international crime” in Iraq, the bin Laden assassination is another illustration of the important fact that security is often not a high priority for state action, contrary to received doctrine.
Noam Chomsky is Institute Professor emeritus in the MIT Department of Linguistics and Philosophy. He is the author of numerous bestselling political works, including 9-11: Was There an Alternative? (Seven Stories Press), an updated version of his classic account, just being published this week with a major new essay — from which this post was adapted — considering the 10 years since the 9/11 attacks.
Torres Gemelas: el derrumbe de las mentiras
Alejandro Nadal
Cualquiera que tenga dudas sobre el colapso de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 conoce el síndrome. Sus conocidos le preguntarán invariablemente: ¿entonces tú crees en la teoría de la conspiración?
Y aquí es donde no debe flaquear. Las dudas son sobre el colapso. No hay que moverse ni un ápice de ese terreno: el derrumbe de las Torres Gemelas y del rascacielo WTC 7 (de 47 pisos, que no fue impactado por los aviones) no ha recibido una explicación adecuada. Eso no hay que perderlo de vista. Y las discusiones sobre conspiraciones no ayudan en nada a aclarar la forma y velocidad de dicho colapso.
Este es el punto central sobre el cual se concentra el análisis de los miembros de la organización Arquitectos e Ingenieros por la Verdad del 9/11. Cualquiera puede examinar el voluminoso expediente de pruebas que ha reunido esa organización en su sitio, www.ae911truth.org. Ya son mil 549 ingenieros, arquitectos y físicos estadunidenses los que han firmado una petición para reclamar una investigación seria sobre lo ocurrido ese día en Manhattan. Nadie puede dejar de revisar el material en ese portal.
Todo esto merece una explicación más detallada. Los aviones que fueron estrellados contra las Torres Gemelas provocaron una fuerte explosión y un gran incendio. Los informes oficiales de las agencias estadunidenses se limitan a examinar qué pasó en los edificios en el lapso transcurrido entre el impacto de los aviones y el inicio del colapso. Una vez que comienza el desplome de las Torres Gemelas, los informes abandonan el relato.
Tal pareciera que al hablar de los impactos y el incendio que les siguió se hubiera agotado el tema y ya no fuera necesario seguir el análisis. Los informes del Instituto de normalización y tecnología, NIST, de la Agencia de manejo de emergencias, FEMA, y de la Comisión especial nombrada por el entonces presidente Bush tienen diferencias. Pero coinciden en que los incendios no fundieron la estructura de acero, y que el impacto y el fuego debilitaron los amarres de los pisos directamente afectados, haciendo que cedieran y que se desplomaran los edificios. Hasta aquí su explicación.
Pero esto es lo esencial: los informes no dicen nada sobre la forma en que se desenvuelve el colapso de las Torres Gemelas o del edificio WTC 7. Entre otras cosas, no explican por qué los tres edificios se desplomaron a la velocidad de una caída libre. La evidencia de las filmaciones de los tres derrumbes es clarísima. En los tres casos, el colapso se lleva a cabo como si entre los pisos superiores y la planta baja no hubiera nada que ofreciera resistencia. Eso es una anomalía que sorprende a cualquier arquitecto o ingeniero. Las estructuras de acero de los pisos inferiores están hechas para resistir y estaban intactas después del impacto de los aviones. Tuvieron que ofrecer resistencia. Los informes oficiales no dicen nada sobre esto.
Por otra parte, las dos Torres Gemelas se componían de varios cientos de miles de toneladas de concreto que fueron pulverizadas en el derrumbe. Los ingenieros, físicos y arquitectos que han examinado la evidencia después del colapso saben bien que, si se arroja un bloque de concreto desde una altura de cien pisos, lo único que se va a lograr es que se despedace. Pero no se va a pulverizar. Para ello se requiere una fuente de energía adicional. ¿Pudieron los pisos superiores comprimir y pulverizar el concreto de los pisos inferiores? La respuesta es negativa: si los pisos superiores hubieran comprimido los pisos inferiores, provocando la pulverización, la caída no se hubiera llevado a cabo a la velocidad gravitacional.
¿Cómo fue eliminada la resistencia de los pisos inferiores para permitir el colapso a la velocidad de caída libre? ¿De dónde salió la energía que permitió pulverizar los cientos de miles de toneladas de concreto de las dos torres? Esas dos preguntas carecen de respuesta oficial. Varios estudios serios apuntan en una dirección: explosivos.
No se trata de explosivos convencionales, como los usados en cualquier demolición controlada. El análisis de muestras de polvo y de fragmentos de las construcciones revela la presencia de microesferas de hierro fundido y aluminio, testimonio de reacciones con el explosivo incendiario termita. Varios estudios sobre muestras de polvo concluyen sobre la presencia de virutas con compuestos de nanotermita (partículas de óxido ferroso incrustadas en una matriz rica en carbono). Todo eso indica, según esos estudios, que estuvieron presentes explosivos no convencionales en los sucesos del 11 de septiembre y que podrían haber eliminado la resistencia de los pisos inferiores, explicando así la velocidad de caída libre del colapso.
El gobierno más mentiroso en la historia de Estados Unidos puso sobre la mesa tres informes para "aclarar" lo que había acontecido el 11 de septiembre de 2001. Lo que dicen es muy sencillo. Ese día es realmente histórico porque se rompieron las leyes más elementales de la física.
http://nadal.com.mx
Cualquiera que tenga dudas sobre el colapso de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 conoce el síndrome. Sus conocidos le preguntarán invariablemente: ¿entonces tú crees en la teoría de la conspiración?
Y aquí es donde no debe flaquear. Las dudas son sobre el colapso. No hay que moverse ni un ápice de ese terreno: el derrumbe de las Torres Gemelas y del rascacielo WTC 7 (de 47 pisos, que no fue impactado por los aviones) no ha recibido una explicación adecuada. Eso no hay que perderlo de vista. Y las discusiones sobre conspiraciones no ayudan en nada a aclarar la forma y velocidad de dicho colapso.
Este es el punto central sobre el cual se concentra el análisis de los miembros de la organización Arquitectos e Ingenieros por la Verdad del 9/11. Cualquiera puede examinar el voluminoso expediente de pruebas que ha reunido esa organización en su sitio, www.ae911truth.org. Ya son mil 549 ingenieros, arquitectos y físicos estadunidenses los que han firmado una petición para reclamar una investigación seria sobre lo ocurrido ese día en Manhattan. Nadie puede dejar de revisar el material en ese portal.
Todo esto merece una explicación más detallada. Los aviones que fueron estrellados contra las Torres Gemelas provocaron una fuerte explosión y un gran incendio. Los informes oficiales de las agencias estadunidenses se limitan a examinar qué pasó en los edificios en el lapso transcurrido entre el impacto de los aviones y el inicio del colapso. Una vez que comienza el desplome de las Torres Gemelas, los informes abandonan el relato.
Tal pareciera que al hablar de los impactos y el incendio que les siguió se hubiera agotado el tema y ya no fuera necesario seguir el análisis. Los informes del Instituto de normalización y tecnología, NIST, de la Agencia de manejo de emergencias, FEMA, y de la Comisión especial nombrada por el entonces presidente Bush tienen diferencias. Pero coinciden en que los incendios no fundieron la estructura de acero, y que el impacto y el fuego debilitaron los amarres de los pisos directamente afectados, haciendo que cedieran y que se desplomaran los edificios. Hasta aquí su explicación.
Pero esto es lo esencial: los informes no dicen nada sobre la forma en que se desenvuelve el colapso de las Torres Gemelas o del edificio WTC 7. Entre otras cosas, no explican por qué los tres edificios se desplomaron a la velocidad de una caída libre. La evidencia de las filmaciones de los tres derrumbes es clarísima. En los tres casos, el colapso se lleva a cabo como si entre los pisos superiores y la planta baja no hubiera nada que ofreciera resistencia. Eso es una anomalía que sorprende a cualquier arquitecto o ingeniero. Las estructuras de acero de los pisos inferiores están hechas para resistir y estaban intactas después del impacto de los aviones. Tuvieron que ofrecer resistencia. Los informes oficiales no dicen nada sobre esto.
Por otra parte, las dos Torres Gemelas se componían de varios cientos de miles de toneladas de concreto que fueron pulverizadas en el derrumbe. Los ingenieros, físicos y arquitectos que han examinado la evidencia después del colapso saben bien que, si se arroja un bloque de concreto desde una altura de cien pisos, lo único que se va a lograr es que se despedace. Pero no se va a pulverizar. Para ello se requiere una fuente de energía adicional. ¿Pudieron los pisos superiores comprimir y pulverizar el concreto de los pisos inferiores? La respuesta es negativa: si los pisos superiores hubieran comprimido los pisos inferiores, provocando la pulverización, la caída no se hubiera llevado a cabo a la velocidad gravitacional.
¿Cómo fue eliminada la resistencia de los pisos inferiores para permitir el colapso a la velocidad de caída libre? ¿De dónde salió la energía que permitió pulverizar los cientos de miles de toneladas de concreto de las dos torres? Esas dos preguntas carecen de respuesta oficial. Varios estudios serios apuntan en una dirección: explosivos.
No se trata de explosivos convencionales, como los usados en cualquier demolición controlada. El análisis de muestras de polvo y de fragmentos de las construcciones revela la presencia de microesferas de hierro fundido y aluminio, testimonio de reacciones con el explosivo incendiario termita. Varios estudios sobre muestras de polvo concluyen sobre la presencia de virutas con compuestos de nanotermita (partículas de óxido ferroso incrustadas en una matriz rica en carbono). Todo eso indica, según esos estudios, que estuvieron presentes explosivos no convencionales en los sucesos del 11 de septiembre y que podrían haber eliminado la resistencia de los pisos inferiores, explicando así la velocidad de caída libre del colapso.
El gobierno más mentiroso en la historia de Estados Unidos puso sobre la mesa tres informes para "aclarar" lo que había acontecido el 11 de septiembre de 2001. Lo que dicen es muy sencillo. Ese día es realmente histórico porque se rompieron las leyes más elementales de la física.
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5.9.11
Incendio y terror
Carlos Fazio
El pasado 25 de agosto, por alguna razón que en apariencia escapaba a la lógica del hecho, Felipe Calderón definió el incendio intencional del casino Royale, en Monterrey, Nuevo León, que cobró la vida de 52 personas, como "un aberrante acto de terror y barbarie". Así lo escribió en su cuenta de Twitter a pocas horas de la abominable acción gansteril, propia de una economía mafiosa que utiliza la "protección extorsiva" y la violencia reguladora para disciplinar los mercados de la ilegalidad.
Al día siguiente, muy temprano en la mañana, después de una reunión con el gabinete de seguridad nacional, en un discurso tan bien estructurado que parecía haber sido manufacturado con antelación, Calderón afirmó: “No debemos confundirnos ni equivocarnos: fue un acto de terrorismo (…) perpetrado por homicidas incendiarios y verdaderos terroristas”. Después pidió al Congreso la aprobación de la iniciativa de ley sobre Seguridad Nacional y el mando único policial, y llamó a la "unidad nacional" y al alineamiento de todos "los mexicanos de bien" detrás de su cruzada contra la criminalidad.
En el marco de lo que Denis Muzet ha denominado la "hiperpresidencia" –en alusión a la forma mediática de gobernar, sazonada en la ocasión por una campaña de intoxicación propagandística con eje en la seguridad en torno al quinto Informe–, no puede pensarse que hubo un uso ingenuo o errático de las palabras. Máxime, cuando el discurso debió haber sido consultado con los jefes militares de "su" guerra, reunidos ante la emergencia. Allí se decretó el escalamiento de la confrontación fratricida: se decidió enviar 3 mil efectivos federales más a Monterrey, profundizándose su militarización mediante un virtual estado de sitio.
El sábado 27, respondiendo a lo que Marco Lara Klahr ha llamado la "militarización informativa" (la diseminación uniforme de la versión oficial de la "guerra"), las ocho columnas de los diarios recogieron sin ambages la consigna presidencial: "terrorismo". Incluso se habló de "narcoterrorismo", según la matriz de opinión sembrada por el Pentágono y Hillary Clinton tiempo atrás. Y el lunes 29, el Consejo Coordinador Empresarial y otras corporaciones del ramo reforzaron el llamado de "unidad" a nombre de "México", como suelen generalizar los amos del país.
Conviene aclarar que terrorismo es el uso calculado y sistemático del terror para inculcar miedo e intimidar a una sociedad o comunidad. Es una clase específica de violencia. Como táctica, es una forma de violencia política contra civiles y otros objetivos no combatientes, perpetrada por organizaciones no gubernamentales, grupos privados (por ejemplo, guardias blancas o mercenarios a sueldo de compañías trasnacionales) o agentes clandestinos que pueden ser incluso estatales o paraestatales. Se trata de una acción indirecta, ya que el blanco instrumento (víctimas que no tienen nada que ver con el conflicto causante del acto terrorista) es usado para infundir miedo, ejercer coerción o manipular a una audiencia o un blanco primario, a través del efecto multiplicador de los medios masivos de difusión, que pueden ser utilizados además como vehículos de publicidad o propaganda armada para desacreditar y/o desgastar a un gobierno o grupo rebelde.
En ese sentido, el término terrorismo puede aludir a acciones violentas perpetradas por unidades irregulares secretas o grupos independientes de un Estado (autorganizados por motivaciones políticas), pero también abarca una categoría importante de actos realizados o patrocinados de manera directa o indirecta por un Estado, o implícitamente autorizados por un Estado contra sus súbditos, con el fin de imponer obediencia y/o una colaboración activa de la población, aun cuando las fuerzas militares o policiales no estén involucradas (verbigracia, escuadrones de la muerte o grupos paramilitares). En esa acepción, el terrorismo puede ser deseado para detonar y/o legitimar acciones gubernamentales ya planeadas, y en muchos casos las propias autoridades utilizan al "agente provocador" o llevan a cabo atentados terroristas bajo banderas falsas. Cargada de connotaciones negativas o peyorativas, aplicada de manera discrecional y maniquea, la palabra terrorismo es aplicada siempre para el terrorismo del otro, mientras que el propio es encubierto mediante eufemismos.
Exaltada por los medios en tiempo real, en otra versión de la noticia como espectáculo, la acción del comando que incendió el casino Royale generó miedo y desestabilización. Sin olvidar el nudo que entrelaza al capital con la violencia, el crimen y la política –la cleptocracia como mecanismo único de la corrupción entre economía y política, diría Giulio Sapelli–, en apariencia el móvil político no formó parte de la trama: en sí, el hecho remite más al uso de la violencia mafiosa para regular la competencia en los mercados ilegales. No obstante, en un año prelectoral, de manera demagógica, pero para nada irreflexiva o ingenua, la acción fue rápidamente capitalizada por Calderón con fines político-ideológicos, dando de paso una nueva vuelta de tuerca a la militarización del país.
Sin caer en teorías conspirativas (que al final casi siempre terminan confirmándose), y sumado a una sucesión de acciones desestabilizadoras (el "secuestro" de empleados de Parametría, Mitofsky y la Sección Amarilla en Michoacán, la explosión en el Tec campus estado de México, el fantasmal tiroteo en el estadio Corona, etcétera), en el caso del casino no se pueden descartar las variables del agente provocador y el acto desestabilizador con bandera falsa. Sin olvidar que Washington ha sido el principal promotor de la matriz de opinión sobre la existencia de "narcoterrorismo" en México, y que, como reveló en dos ocasiones The New York Times en agosto, agentes clandestinos de la CIA, la DEA y el Pentágono están utilizando las "lecciones" de Afganistán en el territorio nacional.
El pasado 25 de agosto, por alguna razón que en apariencia escapaba a la lógica del hecho, Felipe Calderón definió el incendio intencional del casino Royale, en Monterrey, Nuevo León, que cobró la vida de 52 personas, como "un aberrante acto de terror y barbarie". Así lo escribió en su cuenta de Twitter a pocas horas de la abominable acción gansteril, propia de una economía mafiosa que utiliza la "protección extorsiva" y la violencia reguladora para disciplinar los mercados de la ilegalidad.
Al día siguiente, muy temprano en la mañana, después de una reunión con el gabinete de seguridad nacional, en un discurso tan bien estructurado que parecía haber sido manufacturado con antelación, Calderón afirmó: “No debemos confundirnos ni equivocarnos: fue un acto de terrorismo (…) perpetrado por homicidas incendiarios y verdaderos terroristas”. Después pidió al Congreso la aprobación de la iniciativa de ley sobre Seguridad Nacional y el mando único policial, y llamó a la "unidad nacional" y al alineamiento de todos "los mexicanos de bien" detrás de su cruzada contra la criminalidad.
En el marco de lo que Denis Muzet ha denominado la "hiperpresidencia" –en alusión a la forma mediática de gobernar, sazonada en la ocasión por una campaña de intoxicación propagandística con eje en la seguridad en torno al quinto Informe–, no puede pensarse que hubo un uso ingenuo o errático de las palabras. Máxime, cuando el discurso debió haber sido consultado con los jefes militares de "su" guerra, reunidos ante la emergencia. Allí se decretó el escalamiento de la confrontación fratricida: se decidió enviar 3 mil efectivos federales más a Monterrey, profundizándose su militarización mediante un virtual estado de sitio.
El sábado 27, respondiendo a lo que Marco Lara Klahr ha llamado la "militarización informativa" (la diseminación uniforme de la versión oficial de la "guerra"), las ocho columnas de los diarios recogieron sin ambages la consigna presidencial: "terrorismo". Incluso se habló de "narcoterrorismo", según la matriz de opinión sembrada por el Pentágono y Hillary Clinton tiempo atrás. Y el lunes 29, el Consejo Coordinador Empresarial y otras corporaciones del ramo reforzaron el llamado de "unidad" a nombre de "México", como suelen generalizar los amos del país.
Conviene aclarar que terrorismo es el uso calculado y sistemático del terror para inculcar miedo e intimidar a una sociedad o comunidad. Es una clase específica de violencia. Como táctica, es una forma de violencia política contra civiles y otros objetivos no combatientes, perpetrada por organizaciones no gubernamentales, grupos privados (por ejemplo, guardias blancas o mercenarios a sueldo de compañías trasnacionales) o agentes clandestinos que pueden ser incluso estatales o paraestatales. Se trata de una acción indirecta, ya que el blanco instrumento (víctimas que no tienen nada que ver con el conflicto causante del acto terrorista) es usado para infundir miedo, ejercer coerción o manipular a una audiencia o un blanco primario, a través del efecto multiplicador de los medios masivos de difusión, que pueden ser utilizados además como vehículos de publicidad o propaganda armada para desacreditar y/o desgastar a un gobierno o grupo rebelde.
En ese sentido, el término terrorismo puede aludir a acciones violentas perpetradas por unidades irregulares secretas o grupos independientes de un Estado (autorganizados por motivaciones políticas), pero también abarca una categoría importante de actos realizados o patrocinados de manera directa o indirecta por un Estado, o implícitamente autorizados por un Estado contra sus súbditos, con el fin de imponer obediencia y/o una colaboración activa de la población, aun cuando las fuerzas militares o policiales no estén involucradas (verbigracia, escuadrones de la muerte o grupos paramilitares). En esa acepción, el terrorismo puede ser deseado para detonar y/o legitimar acciones gubernamentales ya planeadas, y en muchos casos las propias autoridades utilizan al "agente provocador" o llevan a cabo atentados terroristas bajo banderas falsas. Cargada de connotaciones negativas o peyorativas, aplicada de manera discrecional y maniquea, la palabra terrorismo es aplicada siempre para el terrorismo del otro, mientras que el propio es encubierto mediante eufemismos.
Exaltada por los medios en tiempo real, en otra versión de la noticia como espectáculo, la acción del comando que incendió el casino Royale generó miedo y desestabilización. Sin olvidar el nudo que entrelaza al capital con la violencia, el crimen y la política –la cleptocracia como mecanismo único de la corrupción entre economía y política, diría Giulio Sapelli–, en apariencia el móvil político no formó parte de la trama: en sí, el hecho remite más al uso de la violencia mafiosa para regular la competencia en los mercados ilegales. No obstante, en un año prelectoral, de manera demagógica, pero para nada irreflexiva o ingenua, la acción fue rápidamente capitalizada por Calderón con fines político-ideológicos, dando de paso una nueva vuelta de tuerca a la militarización del país.
Sin caer en teorías conspirativas (que al final casi siempre terminan confirmándose), y sumado a una sucesión de acciones desestabilizadoras (el "secuestro" de empleados de Parametría, Mitofsky y la Sección Amarilla en Michoacán, la explosión en el Tec campus estado de México, el fantasmal tiroteo en el estadio Corona, etcétera), en el caso del casino no se pueden descartar las variables del agente provocador y el acto desestabilizador con bandera falsa. Sin olvidar que Washington ha sido el principal promotor de la matriz de opinión sobre la existencia de "narcoterrorismo" en México, y que, como reveló en dos ocasiones The New York Times en agosto, agentes clandestinos de la CIA, la DEA y el Pentágono están utilizando las "lecciones" de Afganistán en el territorio nacional.
4.9.11
Asesinan a dos periodistas más, mujeres y batalladoras por los derechos a ser periodista
Casa de los Derechos de Periodistas
Comunicado
México, D.F. a 1 de septiembre de 2011
Consternación, impotencia, ira, causó entre el periodismo mexicano confirmar el asesinato en la Ciudad de México de Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, periodistas de formación, practica constante y defensoras sistemáticas de las libertades de prensa y de expresión. Yarce Viveros se desempeñaba como colaboradora de la revista "Contralínea" mientras que González Trápaga era reportera independiente.
La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal está obligada a esclarecer con celeridad y rigor los motivos de este doble homicidio y encontrar a los perpetradores que, según todos los indicios, actuaron con dolo y saña. Las autoridades federales tienen también una gran responsabilidad para garantizar la seguridad e integridad de todos los comunicadores del país y para evitar que estos hechos sigan como una constante contra las y los periodistas.
Los periodistas, abogados y defensores de la libertad de expresión que integramos la Casa de los Derechos de Periodistas nos sumamos a la indignación general y alertamos que este crimen también aumenta la atmósfera de agravios, acoso y riesgos que padecen los colegas de la revista Contralínea por el tipo de periodismo de investigación que realizan.
No cejaremos en demandar justicia para las colegas ultimadas y en la exigencia a todas las autoridades, tanto locales como federales, para que hagan menos discursos y cumplan mejor su obligación de proporcionar seguridad a todos los mexicanos, pero especialmente a quienes tenemos la responsabilidad y el derecho de informar, profesionalmente, de los asuntos de interés público.
Abrazamos y acompañamos en su dolor a las familias de nuestras colegas y al personal de Contralínea, cuyo Director es socio fundador e integrante del consejo de esta asociación, y por los esfuerzos que hacen por ganar el derecho a ejercer periodismo de investigación.
Asamblea General de Asociados y Equipo Ejecutivo de la Casa de los Derechos de Periodistas: Amado Avendaño Villafuerte, Agustín Miguel Badillo Cruz, Judith Calderón Gómez, María de los Ángeles Eréndira Cruz Villegas Fuentes, Balbina Flores Martínez, Manuel Eduardo Fuentes Muñiz, Perla Gómez Gallardo, Jaime Guerrero García, Rogelio Hernández López, Sara Lovera López, Omar Raúl Martínez Sánchez, Jorge Mélendez Preciado, Rogaciano Méndez González, David Peña Rodríguez, Graciela Ramírez Romero, José Leobardo Reveles Morado, Amalia Rivera de la Cabada, Edgar Omar Viniegra, Amalia Zavala Soto.
Comunicado
México, D.F. a 1 de septiembre de 2011
Consternación, impotencia, ira, causó entre el periodismo mexicano confirmar el asesinato en la Ciudad de México de Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, periodistas de formación, practica constante y defensoras sistemáticas de las libertades de prensa y de expresión. Yarce Viveros se desempeñaba como colaboradora de la revista "Contralínea" mientras que González Trápaga era reportera independiente.
La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal está obligada a esclarecer con celeridad y rigor los motivos de este doble homicidio y encontrar a los perpetradores que, según todos los indicios, actuaron con dolo y saña. Las autoridades federales tienen también una gran responsabilidad para garantizar la seguridad e integridad de todos los comunicadores del país y para evitar que estos hechos sigan como una constante contra las y los periodistas.
Los periodistas, abogados y defensores de la libertad de expresión que integramos la Casa de los Derechos de Periodistas nos sumamos a la indignación general y alertamos que este crimen también aumenta la atmósfera de agravios, acoso y riesgos que padecen los colegas de la revista Contralínea por el tipo de periodismo de investigación que realizan.
No cejaremos en demandar justicia para las colegas ultimadas y en la exigencia a todas las autoridades, tanto locales como federales, para que hagan menos discursos y cumplan mejor su obligación de proporcionar seguridad a todos los mexicanos, pero especialmente a quienes tenemos la responsabilidad y el derecho de informar, profesionalmente, de los asuntos de interés público.
Abrazamos y acompañamos en su dolor a las familias de nuestras colegas y al personal de Contralínea, cuyo Director es socio fundador e integrante del consejo de esta asociación, y por los esfuerzos que hacen por ganar el derecho a ejercer periodismo de investigación.
Asamblea General de Asociados y Equipo Ejecutivo de la Casa de los Derechos de Periodistas: Amado Avendaño Villafuerte, Agustín Miguel Badillo Cruz, Judith Calderón Gómez, María de los Ángeles Eréndira Cruz Villegas Fuentes, Balbina Flores Martínez, Manuel Eduardo Fuentes Muñiz, Perla Gómez Gallardo, Jaime Guerrero García, Rogelio Hernández López, Sara Lovera López, Omar Raúl Martínez Sánchez, Jorge Mélendez Preciado, Rogaciano Méndez González, David Peña Rodríguez, Graciela Ramírez Romero, José Leobardo Reveles Morado, Amalia Rivera de la Cabada, Edgar Omar Viniegra, Amalia Zavala Soto.
26.8.11
Los riesgos
Luis Javier Garrido
El gobierno de la derecha panista está tratando de venderle a Washington la tesis de que su proyecto de intervención militar y económica en México y en otros países del continente, sustentado en la Iniciativa Mérida, estaría en grave riesgo de no imponerse a otro miembro del PAN en Los Pinos en 2012, y esto lo está llevando a un mayor entreguismo y a intensificar la violencia originada por el Estado.
1. Las elecciones presidencial y legislativas de 2012 se están presentando de esta manera, desde hace tiempo, como coyuntura crucial no nada más para los intereses de los grupos mafiosos en el poder en México sino también para las políticas de Washington tendientes a controlar América Latina, en vistas a disponer de los recursos estratégicos del continente, y es cada vez mayor la injerencia de múltiples grupos de interés extranjeros en el proceso político de México, de manera que los meses previos a los comicios se presentan bajo el signo de múltiples conflictos.
2. La administración Reagan impuso desde inicios de los años 80 del siglo pasado la tesis de que políticos de derecha, por muy ineptos e ineficientes que fuesen, servirían mejor en México a sus intereses que los surgidos del PRI, marcado a juicio de Washington por el estatismo y el populismo –sobre todo tras la nacionalización de la banca de 1982– o desde luego que políticos con un compromiso social y una visión de Estado que respondieran a las expectativas populares. Fue así que las siguientes administraciones de George Bush (1989-1993) y William Clinton (1993-2001) impulsaron decididamente ese objetivo, que más tarde las de George Bush Jr. (2001-2009) y Barack Obama (2009-…) han buscado consolidar con ese mismo criterio de que personajes mediocres de la derecha oscurantista, clerical y fanática del PAN, como Felipe Calderón, son más útiles y efectivos para sus intereses.
3. La pretensión de Felipe Calderón de que luego del desastre absoluto de su administración en todos los órdenes, Estados Unidos, avale su pretensión de dejar a un panista en Los Pinos, y que ha sido vista como descabellada hasta para el mismo capital nacional y trasnacional, sigue vigente por lo mismo, por mucho que aparezca como un absurdo. Eso explica que dos aspirantes señalados como ineptos, como el titular de Hacienda, Ernesto Cordero (candidato de Felipe), y el secretario de Educación, Alonso Lujambio (candidato de Margarita), se sientan con posibilidades. O que Slim (es decir, Salinas) coquetee con el senador Beltrones (un candidato para perder) a fin de enviarle señales a Peña Nieto (un candidato para pelearla) de que no está todo decidido.
4. O, lo que es todavía más grave, que se estén multiplicando una serie de iniciativas políticas, que comprometen no nada más a Calderón y a los panistas sino también al PRI, las que atentan abiertamente contra el porvenir del país como una nación libre y soberana, pues al parecer ambas fuerzas políticas están dispuestas a hacer las mayores concesiones a Estados Unidos con tal de tener el respaldo de la administración de Obama en 2012.
5. El PAN y el PRI, según todos los indicios, están buscando en esta coyuntura hacer prevalecer los intereses facciosos que representan –y que en el fondo son los mismos–, y para ello no están dudando en hacer entrar de manera cada vez más abierta y peligrosa a Washington en el proceso mexicano.
6. Washington está teniendo que enfrentar en el norte de África y en el Medio Oriente nuevas y riesgosas guerras de intervención en su diseño de controlar el petróleo y los principales recursos estratégicos del planeta, pues la mascarada de "la primavera" de los pueblos árabes se ha desvanecido ante la realidad de la intervención armada extranjera, y el proyecto de instaurar en esos países con facilidad un nuevo autoritarismo (pro Estados Unidos) en vez del antiguo autoritarismo (menos dependiente), se está complicando de fea manera en Libia y en Siria, en donde está apareciendo el riesgo de que se iraquicen los conflictos, mientras en Túnez y Egipto las cosas no están tan claras para las corporaciones estadunidenses.
7. En México, por el contrario, con Felipe Calderón y un puñado de políticos fanáticos, sumisos y traidores de la ultraderecha mexicana, la administración Obama está teniendo con facilidad todo lo que en Libia le ha llevado meses de guerra con un resultado aún incierto: el control militar de fronteras, aeropuertos, costas y mar territorial; la sumisión a sus agencias del Ejército, la Marina y la Policía Federal mexicana, así como el establecimiento de una base camuflada; la penetración sin problemas en la organización y estructura de gobiernos locales y municipales; la entrega a las trasnacionales del petróleo, la minería y otros recursos estratégicos pasando por encima del marco constitucional y legal mexicano; y, por último, un enclave estratégico para profundizar su proyecto en América Central y el Caribe.
8. Los meses que van desde este retorno a la actividad parlamentaria el próximo primero de septiembre y las elecciones de 2012 aparecen ya en consecuencia a) como un riesgo mayor para la sociedad mexicana, puesto que el gobierno calderonista está dispuesto a multiplicar las acciones violentas y atentados de su falsa “guerra contra el narco” para atemorizar a todos y convencer de que sólo los panistas pueden luchar contra el "crimen organizado"; b) un riesgo mayor para la nación de que un PRI doblegado ante el chantaje en Washington acepte fácilmente votar en las cámaras legislativas las iniciativas anticonstitucionales y antinacionales en materia laboral, político-electoral y de seguridad nacional, lo que llevaría a un desastre social e institucional aún mayor que el actual; c) un riesgo de que el proceso de fascistización del país se extreme a todos los niveles, como se ve ya en la política que están siguiendo los medios masivos de comunicación; d) un riesgo de que los entreguistas calderonistas multipliquen las concesiones ilegales a Washington, a espaldas y en contra de los mexicanos; e) un riesgo de que el proceso electoral del año próximo se violente como nunca antes en nuestra historia, lo que ya es mucho decir, y f) un riesgo, en fin, para América Latina de que un México, instaurado como un protectorado, sirva como base para combatir a los gobiernos que tienen aspiraciones nacionales.
9. Las señales ominosas se ven ya todos los días. Calderón entregó este mes de agosto, para vergüenza de la nación, a corporaciones multinacionales los primeros tres campos maduros de Pemex yendo en contra de lo establecido por la Constitución mexicana, y en otra dimensión de la vida pública nadie duda de que la violencia que se está incrementando sea generada desde el poder. Y aún falta casi un año para los comicios.
10. Los peligros que se ciernen sobre la nación y los mexicanos en los próximos meses son muy grandes, por mucho que algunos se resistan a reconocerlo, y se puede decir que como nunca está en juego el futuro del país, por lo que deben multiplicarse las iniciativas para impedirlo sin dejar de espetarles a Calderón y a sus cómplices lo que el pueblo una y otra vez está gritando: "¡Ya basta!"
El gobierno de la derecha panista está tratando de venderle a Washington la tesis de que su proyecto de intervención militar y económica en México y en otros países del continente, sustentado en la Iniciativa Mérida, estaría en grave riesgo de no imponerse a otro miembro del PAN en Los Pinos en 2012, y esto lo está llevando a un mayor entreguismo y a intensificar la violencia originada por el Estado.
1. Las elecciones presidencial y legislativas de 2012 se están presentando de esta manera, desde hace tiempo, como coyuntura crucial no nada más para los intereses de los grupos mafiosos en el poder en México sino también para las políticas de Washington tendientes a controlar América Latina, en vistas a disponer de los recursos estratégicos del continente, y es cada vez mayor la injerencia de múltiples grupos de interés extranjeros en el proceso político de México, de manera que los meses previos a los comicios se presentan bajo el signo de múltiples conflictos.
2. La administración Reagan impuso desde inicios de los años 80 del siglo pasado la tesis de que políticos de derecha, por muy ineptos e ineficientes que fuesen, servirían mejor en México a sus intereses que los surgidos del PRI, marcado a juicio de Washington por el estatismo y el populismo –sobre todo tras la nacionalización de la banca de 1982– o desde luego que políticos con un compromiso social y una visión de Estado que respondieran a las expectativas populares. Fue así que las siguientes administraciones de George Bush (1989-1993) y William Clinton (1993-2001) impulsaron decididamente ese objetivo, que más tarde las de George Bush Jr. (2001-2009) y Barack Obama (2009-…) han buscado consolidar con ese mismo criterio de que personajes mediocres de la derecha oscurantista, clerical y fanática del PAN, como Felipe Calderón, son más útiles y efectivos para sus intereses.
3. La pretensión de Felipe Calderón de que luego del desastre absoluto de su administración en todos los órdenes, Estados Unidos, avale su pretensión de dejar a un panista en Los Pinos, y que ha sido vista como descabellada hasta para el mismo capital nacional y trasnacional, sigue vigente por lo mismo, por mucho que aparezca como un absurdo. Eso explica que dos aspirantes señalados como ineptos, como el titular de Hacienda, Ernesto Cordero (candidato de Felipe), y el secretario de Educación, Alonso Lujambio (candidato de Margarita), se sientan con posibilidades. O que Slim (es decir, Salinas) coquetee con el senador Beltrones (un candidato para perder) a fin de enviarle señales a Peña Nieto (un candidato para pelearla) de que no está todo decidido.
4. O, lo que es todavía más grave, que se estén multiplicando una serie de iniciativas políticas, que comprometen no nada más a Calderón y a los panistas sino también al PRI, las que atentan abiertamente contra el porvenir del país como una nación libre y soberana, pues al parecer ambas fuerzas políticas están dispuestas a hacer las mayores concesiones a Estados Unidos con tal de tener el respaldo de la administración de Obama en 2012.
5. El PAN y el PRI, según todos los indicios, están buscando en esta coyuntura hacer prevalecer los intereses facciosos que representan –y que en el fondo son los mismos–, y para ello no están dudando en hacer entrar de manera cada vez más abierta y peligrosa a Washington en el proceso mexicano.
6. Washington está teniendo que enfrentar en el norte de África y en el Medio Oriente nuevas y riesgosas guerras de intervención en su diseño de controlar el petróleo y los principales recursos estratégicos del planeta, pues la mascarada de "la primavera" de los pueblos árabes se ha desvanecido ante la realidad de la intervención armada extranjera, y el proyecto de instaurar en esos países con facilidad un nuevo autoritarismo (pro Estados Unidos) en vez del antiguo autoritarismo (menos dependiente), se está complicando de fea manera en Libia y en Siria, en donde está apareciendo el riesgo de que se iraquicen los conflictos, mientras en Túnez y Egipto las cosas no están tan claras para las corporaciones estadunidenses.
7. En México, por el contrario, con Felipe Calderón y un puñado de políticos fanáticos, sumisos y traidores de la ultraderecha mexicana, la administración Obama está teniendo con facilidad todo lo que en Libia le ha llevado meses de guerra con un resultado aún incierto: el control militar de fronteras, aeropuertos, costas y mar territorial; la sumisión a sus agencias del Ejército, la Marina y la Policía Federal mexicana, así como el establecimiento de una base camuflada; la penetración sin problemas en la organización y estructura de gobiernos locales y municipales; la entrega a las trasnacionales del petróleo, la minería y otros recursos estratégicos pasando por encima del marco constitucional y legal mexicano; y, por último, un enclave estratégico para profundizar su proyecto en América Central y el Caribe.
8. Los meses que van desde este retorno a la actividad parlamentaria el próximo primero de septiembre y las elecciones de 2012 aparecen ya en consecuencia a) como un riesgo mayor para la sociedad mexicana, puesto que el gobierno calderonista está dispuesto a multiplicar las acciones violentas y atentados de su falsa “guerra contra el narco” para atemorizar a todos y convencer de que sólo los panistas pueden luchar contra el "crimen organizado"; b) un riesgo mayor para la nación de que un PRI doblegado ante el chantaje en Washington acepte fácilmente votar en las cámaras legislativas las iniciativas anticonstitucionales y antinacionales en materia laboral, político-electoral y de seguridad nacional, lo que llevaría a un desastre social e institucional aún mayor que el actual; c) un riesgo de que el proceso de fascistización del país se extreme a todos los niveles, como se ve ya en la política que están siguiendo los medios masivos de comunicación; d) un riesgo de que los entreguistas calderonistas multipliquen las concesiones ilegales a Washington, a espaldas y en contra de los mexicanos; e) un riesgo de que el proceso electoral del año próximo se violente como nunca antes en nuestra historia, lo que ya es mucho decir, y f) un riesgo, en fin, para América Latina de que un México, instaurado como un protectorado, sirva como base para combatir a los gobiernos que tienen aspiraciones nacionales.
9. Las señales ominosas se ven ya todos los días. Calderón entregó este mes de agosto, para vergüenza de la nación, a corporaciones multinacionales los primeros tres campos maduros de Pemex yendo en contra de lo establecido por la Constitución mexicana, y en otra dimensión de la vida pública nadie duda de que la violencia que se está incrementando sea generada desde el poder. Y aún falta casi un año para los comicios.
10. Los peligros que se ciernen sobre la nación y los mexicanos en los próximos meses son muy grandes, por mucho que algunos se resistan a reconocerlo, y se puede decir que como nunca está en juego el futuro del país, por lo que deben multiplicarse las iniciativas para impedirlo sin dejar de espetarles a Calderón y a sus cómplices lo que el pueblo una y otra vez está gritando: "¡Ya basta!"
25.8.11
COMUNICADO DE PRENSA DE LA RED VOLTAIRE
Trípoli: la Red Voltaire expresa inquietud ante amenazas de muerte contra Mahdi Darius Nazemroaya y Thierry Meyssan, nuestro colega
Red Voltaire, lunes 22 de agosto de 2011, 13h20 GMT – La Red Voltaire expresa por este medio su inquietud ante las amenazas de muerte que pesan sobre dos de sus colaboradores en Trípoli. Mahdi Darius Nazemroaya, investigador asociado del Center for Research on Globalization, y Thierry Meyssan, presidente-fundador de la Red Voltaire y de la conferencia Axis for Peace, se encuentran en el hotel Rixos, alrededor del cual se están desarrollando intensos combates. Se ha ordenado, al parecer, la eliminación física de ambos miembros de la Red Voltaire.
BREAKING NEWS : Voltaire Network Denounces the Attempt by the "Rebels" to Arrest Thierry Meyssan"
August 25, 2011
Voltaire Networks
Voltaire Network, Thursday, 25 August 25, 2011, 3:25 p.m. - The journalists who had been trapped inside the hotel Rixos in Tripoli since Sunday were evacuated yesterday, 24 August 2011, at 5 p.m, by the International Committee of the Red Cross (ICRC). The four members of the Voltaire Network team - journalists Thierry Meyssan, Mahdi Darius Nazemroaya, Mathieu and Julien Ozanon Teil - were among them.
However, after their release, the rebels tried to detain Thierry Meyssan, well known for his articles exposing the crimes of NATO. The ICRC intervened to prevent his arrest.
The journalists were taken to another hotel, where they are no longer under ICRC protection.
The journalists have thus far been unable to reach the ship chartered by the International Organization for Migration (IOM), which is supposed to have already docked in Tripoli.
Voltaire Network is extremely concerned about the attitude showed by the rebels towards its journalists. It is hereby launching an international appeal to the international community urging for the protection of its journalists and for their safe departure from Libya.
Red Voltaire, lunes 22 de agosto de 2011, 13h20 GMT – La Red Voltaire expresa por este medio su inquietud ante las amenazas de muerte que pesan sobre dos de sus colaboradores en Trípoli. Mahdi Darius Nazemroaya, investigador asociado del Center for Research on Globalization, y Thierry Meyssan, presidente-fundador de la Red Voltaire y de la conferencia Axis for Peace, se encuentran en el hotel Rixos, alrededor del cual se están desarrollando intensos combates. Se ha ordenado, al parecer, la eliminación física de ambos miembros de la Red Voltaire.
BREAKING NEWS : Voltaire Network Denounces the Attempt by the "Rebels" to Arrest Thierry Meyssan"
August 25, 2011
Voltaire Networks
Voltaire Network, Thursday, 25 August 25, 2011, 3:25 p.m. - The journalists who had been trapped inside the hotel Rixos in Tripoli since Sunday were evacuated yesterday, 24 August 2011, at 5 p.m, by the International Committee of the Red Cross (ICRC). The four members of the Voltaire Network team - journalists Thierry Meyssan, Mahdi Darius Nazemroaya, Mathieu and Julien Ozanon Teil - were among them.
However, after their release, the rebels tried to detain Thierry Meyssan, well known for his articles exposing the crimes of NATO. The ICRC intervened to prevent his arrest.
The journalists were taken to another hotel, where they are no longer under ICRC protection.
The journalists have thus far been unable to reach the ship chartered by the International Organization for Migration (IOM), which is supposed to have already docked in Tripoli.
Voltaire Network is extremely concerned about the attitude showed by the rebels towards its journalists. It is hereby launching an international appeal to the international community urging for the protection of its journalists and for their safe departure from Libya.
23.8.11
Dos operativos
Pedro Miguel
A uno le llamaron balacera y al otro asalto. El primero tuvo lugar afuera del estadio Santos Modelo, de Torreón, Coahuila, el sábado, cuando en ese recinto se disputaba un partido de futbol entre el equipo anfitrión, el Santos Laguna, y el Morelia. El segundo ocurrió al día siguiente en la Plaza Las Américas de Morelia, donde un grupo de siete hombres con armas largas sustrajo con violencia alhajas y relojes de una joyería.
En forma excepcional, para los estilos corrientes de la delincuencia en México, ninguno de esos hechos se saldó con víctimas mortales. Fueron acciones "limpias" o casi limpias (en la capital michoacana, los vigilantes de la joyería fueron golpeados en la cabeza), pero ambas produjeron estados de pánico y zozobra en las localidades respectivas. No hubo detenidos pese a que ocurrieron, ambas, en ciudades que han sido escenario de extensos despliegues policiales y militares. Con la pena, pero estos ataques suenan más a acciones de desestabilización que a meros episodios de una criminalidad descontrolada.
Es un viejo saber que forma parte del repertorio de algunas de las agencias estadunidenses policiales, de seguridad e inteligencia que operan en México (CIA, DEA y fuerzas especiales del Pentágono) y que consta en los manuales de cualquier ejército regular, en el capítulo de Operaciones Sicológicas: realizar acciones de desestabilización y zozobra, orientadas más a un gran impacto mediático que a la destrucción de objetivos físicos y humanos.
Claro que las casualidades existen, y posiblemente sean meras coincidencias el que ambas acciones hayan resultado incruentas hasta el punto de parecer cuidadosamente orquestadas, el que ambas hayan generado terror en la sociedad, el que se hayan registrado con un día de diferencia, el que hayan sido equipos de futbol de Coahuila y de Michoacán los que disputaban el partido suspendido en Torreón, y el que esas entidades sean cuna de dos políticos de primera fila claramente enfrentados entre sí en el momento actual: Humberto Moreira y Felipe Calderón.
Si faltaba contexto político, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, y el propio Calderón, se encargaron de establecerlo. El primero regañó a las autoridades estatales y municipales, a las cuales responsabilizó de manera elíptica por lo ocurrido, y las instó a "fortalecer sus lazos institucionales y de cooperación", en tanto que el segundo llamó, horas después, a "la unidad". Y la pregunta es obligada: ¿a cuál de todas las divisiones que afectan al país alude esa "unidad"? ¿A la división entre ciudadanos buenos y delincuentes malísimos que pregona el régimen? ¿A la división entre quienes aún puedan creerle a la estrategia oficial de seguridad y quienes la cuestionan e impugnan? ¿A la división entre cárteles? ¿A la división entre partidos? ¿A la pugna entre las facciones tricolor y blanquiazul del régimen oligárquico?
¿Estamos ante un correlato violento de las agrias disputas político-judiciales que libran las distintas facciones que ocupan las instancias de gobierno? ¿Vivimos, como ha ocurrido en Líbano, un laberíntico entramado entre facciones partidistas y brazos armados, o entre grupos armados y brazos partidistas, pero con la variedad de los cárteles? ¿O serán los nervios?
A uno le llamaron balacera y al otro asalto. El primero tuvo lugar afuera del estadio Santos Modelo, de Torreón, Coahuila, el sábado, cuando en ese recinto se disputaba un partido de futbol entre el equipo anfitrión, el Santos Laguna, y el Morelia. El segundo ocurrió al día siguiente en la Plaza Las Américas de Morelia, donde un grupo de siete hombres con armas largas sustrajo con violencia alhajas y relojes de una joyería.
En forma excepcional, para los estilos corrientes de la delincuencia en México, ninguno de esos hechos se saldó con víctimas mortales. Fueron acciones "limpias" o casi limpias (en la capital michoacana, los vigilantes de la joyería fueron golpeados en la cabeza), pero ambas produjeron estados de pánico y zozobra en las localidades respectivas. No hubo detenidos pese a que ocurrieron, ambas, en ciudades que han sido escenario de extensos despliegues policiales y militares. Con la pena, pero estos ataques suenan más a acciones de desestabilización que a meros episodios de una criminalidad descontrolada.
Es un viejo saber que forma parte del repertorio de algunas de las agencias estadunidenses policiales, de seguridad e inteligencia que operan en México (CIA, DEA y fuerzas especiales del Pentágono) y que consta en los manuales de cualquier ejército regular, en el capítulo de Operaciones Sicológicas: realizar acciones de desestabilización y zozobra, orientadas más a un gran impacto mediático que a la destrucción de objetivos físicos y humanos.
Claro que las casualidades existen, y posiblemente sean meras coincidencias el que ambas acciones hayan resultado incruentas hasta el punto de parecer cuidadosamente orquestadas, el que ambas hayan generado terror en la sociedad, el que se hayan registrado con un día de diferencia, el que hayan sido equipos de futbol de Coahuila y de Michoacán los que disputaban el partido suspendido en Torreón, y el que esas entidades sean cuna de dos políticos de primera fila claramente enfrentados entre sí en el momento actual: Humberto Moreira y Felipe Calderón.
Si faltaba contexto político, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, y el propio Calderón, se encargaron de establecerlo. El primero regañó a las autoridades estatales y municipales, a las cuales responsabilizó de manera elíptica por lo ocurrido, y las instó a "fortalecer sus lazos institucionales y de cooperación", en tanto que el segundo llamó, horas después, a "la unidad". Y la pregunta es obligada: ¿a cuál de todas las divisiones que afectan al país alude esa "unidad"? ¿A la división entre ciudadanos buenos y delincuentes malísimos que pregona el régimen? ¿A la división entre quienes aún puedan creerle a la estrategia oficial de seguridad y quienes la cuestionan e impugnan? ¿A la división entre cárteles? ¿A la división entre partidos? ¿A la pugna entre las facciones tricolor y blanquiazul del régimen oligárquico?
¿Estamos ante un correlato violento de las agrias disputas político-judiciales que libran las distintas facciones que ocupan las instancias de gobierno? ¿Vivimos, como ha ocurrido en Líbano, un laberíntico entramado entre facciones partidistas y brazos armados, o entre grupos armados y brazos partidistas, pero con la variedad de los cárteles? ¿O serán los nervios?
22.8.11
La intervención va
Carlos Fazio
La confirmación, por conducto de The New York Times, de que grupos de tarea del Pentágono, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de otras dependencias del área de seguridad estadunidense –junto con mercenarios subcontratados bajo el disfraz de contratistas privados– operan directamente en territorio nacional al margen de la Constitución Política Mexicana ha convertido al país en la república bananera más grande de Centroamérica.
Según la versión del 7 de agosto en el rotativo neoyorquino, un equipo de 24 agentes de la CIA, la DEA y militares jubilados del Comando Norte del Pentágono estarían dirigiendo labores de inteligencia (y de espionaje político sobre determinados objetivos, incluidas las misiones diplomáticas acreditadas en México) desde un centro de fusión binacional instalado en una base militar en la región norte del país, que el diario no identificó, pero que podría estar ubicada en la sede del 22 batallón de infantería de la séptima zona militar en Escobedo, Nuevo León.
Similar a los que Estados Unidos instaló en Colombia, Afganistán e Irak para vigilar y atacar a grupos insurgentes, el nuevo puesto de inteligencia –que se suma a tres similares ubicados en Reforma 265 (Distrito Federal), Tijuana y Ciudad Juárez– opera con tecnología de punta que permite interceptar comunicaciones confidenciales y codificadas, bajo estricto control de personal estadunidense. La información complementará la que recaban por todo el territorio nacional un millar y medio de agentes estadunidenses, y la suministrada por aviones espías no tripulados (drones) que sobrevuelan el espacio aéreo mexicano.
El reportaje destacaba, además, que Washington planea insertar un equipo de contratistas privados de seguridad estadunidenses (ex agentes de la CIA, la DEA y de las fuerzas especiales del Pentágono) para que brinden capacitación dentro de una unidad policiaca antinarcóticos mexicana especializada, no identificada.
La subcontratación de los llamados perros de guerra por el Pentágono y el Departamento de Estado, para que realicen tareas de espionaje y otras propias de la guerra sucia, comenzó en México antes de la firma de la carta de intención secreta (septiembre de 2007) que oficializó la Iniciativa Mérida.
Como se reveló en febrero de ese año, la empresa Verint Technology Inc instaló un sofisticado centro de intercepción de comunicaciones en la sede de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Después se supo que la empresa SY Coleman Corporation, con sede en Arlington, Virginia, estaba reclutando mercenarios para ocupar puestos de vigilancia aérea en Veracruz, para proteger instalaciones de Pemex. Ambas informaciones fueron puestas bajo reserva por razones de seguridad nacional. Con posterioridad, diversas informaciones dieron cuenta de la presencia en México de la firma Blackwater (o Xe Services), una de las favoritas del Pentágono para la mercenarización de conflictos.
El 17 de agosto, en Ciudad Juárez, William Brownsfield, secretario asistente para la Oficina de Narcóticos y Procuraduría de Justicia Internacional de Estados Unidos, declaró que su gobierno capacitará y equipará policías municipales, estatales y federales mexicanos, dentro de la nueva estrategia de la Iniciativa Mérida. Según Brownfield, los policías mexicanos serán entrenados en el territorio nacional por agentes del condado Webb, en Texas.
La nueva etapa de la Iniciativa Mérida coincidirá con la llegada al país del embajador estadunidense Earl Anthony Wayne. El relevista de Carlos Pascual es un diplomático de carrera pragmático, experto en terrorismo, contrainsurgencia y energía. Su misión más reciente fue en Kabul, Afganistán, país al que la comunidad de inteligencia y el Pentágono en Washington identificaron en enero-febrero de 2009, junto con México, como un Estado fallido a punto de colapsar, situación que justificaba la intervención militar estadunidense.
En mayo siguiente, en Washington DC, generales del Pentágono revelaron a un grupo de empresarios y líderes políticos de Florida que soldados del Grupo Séptimo de Fuerzas Especiales (boinas verdes) venían actuando en México desde 2006, bajo la cobertura de misiones antinarcóticos.
Wayne se apoyará en el segundo hombre de la embajada, John Feeley, el ex marine que sobrevivió al affaire Calderón-Pascual, pese a haber sido exhibido por las filtraciones de Wikileaks publicadas en La Jornada. Otra pieza clave en la transición será el ex militar Keith W. Mines, quien estuvo en Irak y fungió luego como director de la Sección Antinarcóticos de la misión diplomática en México.
Mines monitoreará la Academia Nacional de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida, que se construye en Amozoc, y que ha sido publicitada como la primera del mundo en su tipo. Según Ardelio Vargas Fosado, actual secretario de seguridad pública en Puebla y viejo amigo de Washington, la academia alojará al consejo de coordinación regional de las policías municipales y estatales, y servirá para el intercambio de información policial preventiva, reactiva y proactiva. ¿Será la sede antinarcóticos a la que llegarán los mercenarios que, según The New York Times, capacitarán a policías mexicanos?
En el contexto de la Iniciativa Mérida, los asesores de inteligencia estadunidenses recolectan información estratégica en tiempo real, guían y participan de manera encubierta en operaciones tácticas, entrenan a oficiales locales en áreas de análisis, interrogatorio e inteligencia técnica. Debido a la asimetría de poder que existe en la colaboración bilateral en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, sumada a la debilidad institucional mexicana y al acendrado cipayismo de Felipe Calderón, la situación derivará en lo que ya John Saxe-Fernández advirtió en estas páginas, a saber, la transición de nación soberana a protectorado bajo la Homeland Security.
La confirmación, por conducto de The New York Times, de que grupos de tarea del Pentágono, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de otras dependencias del área de seguridad estadunidense –junto con mercenarios subcontratados bajo el disfraz de contratistas privados– operan directamente en territorio nacional al margen de la Constitución Política Mexicana ha convertido al país en la república bananera más grande de Centroamérica.
Según la versión del 7 de agosto en el rotativo neoyorquino, un equipo de 24 agentes de la CIA, la DEA y militares jubilados del Comando Norte del Pentágono estarían dirigiendo labores de inteligencia (y de espionaje político sobre determinados objetivos, incluidas las misiones diplomáticas acreditadas en México) desde un centro de fusión binacional instalado en una base militar en la región norte del país, que el diario no identificó, pero que podría estar ubicada en la sede del 22 batallón de infantería de la séptima zona militar en Escobedo, Nuevo León.
Similar a los que Estados Unidos instaló en Colombia, Afganistán e Irak para vigilar y atacar a grupos insurgentes, el nuevo puesto de inteligencia –que se suma a tres similares ubicados en Reforma 265 (Distrito Federal), Tijuana y Ciudad Juárez– opera con tecnología de punta que permite interceptar comunicaciones confidenciales y codificadas, bajo estricto control de personal estadunidense. La información complementará la que recaban por todo el territorio nacional un millar y medio de agentes estadunidenses, y la suministrada por aviones espías no tripulados (drones) que sobrevuelan el espacio aéreo mexicano.
El reportaje destacaba, además, que Washington planea insertar un equipo de contratistas privados de seguridad estadunidenses (ex agentes de la CIA, la DEA y de las fuerzas especiales del Pentágono) para que brinden capacitación dentro de una unidad policiaca antinarcóticos mexicana especializada, no identificada.
La subcontratación de los llamados perros de guerra por el Pentágono y el Departamento de Estado, para que realicen tareas de espionaje y otras propias de la guerra sucia, comenzó en México antes de la firma de la carta de intención secreta (septiembre de 2007) que oficializó la Iniciativa Mérida.
Como se reveló en febrero de ese año, la empresa Verint Technology Inc instaló un sofisticado centro de intercepción de comunicaciones en la sede de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Después se supo que la empresa SY Coleman Corporation, con sede en Arlington, Virginia, estaba reclutando mercenarios para ocupar puestos de vigilancia aérea en Veracruz, para proteger instalaciones de Pemex. Ambas informaciones fueron puestas bajo reserva por razones de seguridad nacional. Con posterioridad, diversas informaciones dieron cuenta de la presencia en México de la firma Blackwater (o Xe Services), una de las favoritas del Pentágono para la mercenarización de conflictos.
El 17 de agosto, en Ciudad Juárez, William Brownsfield, secretario asistente para la Oficina de Narcóticos y Procuraduría de Justicia Internacional de Estados Unidos, declaró que su gobierno capacitará y equipará policías municipales, estatales y federales mexicanos, dentro de la nueva estrategia de la Iniciativa Mérida. Según Brownfield, los policías mexicanos serán entrenados en el territorio nacional por agentes del condado Webb, en Texas.
La nueva etapa de la Iniciativa Mérida coincidirá con la llegada al país del embajador estadunidense Earl Anthony Wayne. El relevista de Carlos Pascual es un diplomático de carrera pragmático, experto en terrorismo, contrainsurgencia y energía. Su misión más reciente fue en Kabul, Afganistán, país al que la comunidad de inteligencia y el Pentágono en Washington identificaron en enero-febrero de 2009, junto con México, como un Estado fallido a punto de colapsar, situación que justificaba la intervención militar estadunidense.
En mayo siguiente, en Washington DC, generales del Pentágono revelaron a un grupo de empresarios y líderes políticos de Florida que soldados del Grupo Séptimo de Fuerzas Especiales (boinas verdes) venían actuando en México desde 2006, bajo la cobertura de misiones antinarcóticos.
Wayne se apoyará en el segundo hombre de la embajada, John Feeley, el ex marine que sobrevivió al affaire Calderón-Pascual, pese a haber sido exhibido por las filtraciones de Wikileaks publicadas en La Jornada. Otra pieza clave en la transición será el ex militar Keith W. Mines, quien estuvo en Irak y fungió luego como director de la Sección Antinarcóticos de la misión diplomática en México.
Mines monitoreará la Academia Nacional de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida, que se construye en Amozoc, y que ha sido publicitada como la primera del mundo en su tipo. Según Ardelio Vargas Fosado, actual secretario de seguridad pública en Puebla y viejo amigo de Washington, la academia alojará al consejo de coordinación regional de las policías municipales y estatales, y servirá para el intercambio de información policial preventiva, reactiva y proactiva. ¿Será la sede antinarcóticos a la que llegarán los mercenarios que, según The New York Times, capacitarán a policías mexicanos?
En el contexto de la Iniciativa Mérida, los asesores de inteligencia estadunidenses recolectan información estratégica en tiempo real, guían y participan de manera encubierta en operaciones tácticas, entrenan a oficiales locales en áreas de análisis, interrogatorio e inteligencia técnica. Debido a la asimetría de poder que existe en la colaboración bilateral en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, sumada a la debilidad institucional mexicana y al acendrado cipayismo de Felipe Calderón, la situación derivará en lo que ya John Saxe-Fernández advirtió en estas páginas, a saber, la transición de nación soberana a protectorado bajo la Homeland Security.
19.8.11
La "ley"
Luis Javier Garrido
El gobierno calderonista ha reaccionado de manera cínica ante las evidencias publicadas sobre el proceso de militarización de México orquestado por Washington para apoderarse de los recursos estratégicos del país –del petróleo al oro–, y está ahora auspiciando la intervención del gobierno de Obama a escala local, para lo que le urge también la aprobación de su totalitaria Ley de Seguridad Nacional.
1. Las fuerzas militares y policiacas de Estados Unidos están asumiendo en México funciones privativas del Estado mexicano y ejerciendo actos de autoridad que sólo competen en nuestro régimen constitucional a funcionarios mexicanos, y lo han hecho desde los primeros años del gobierno de Felipe Calderón, por lo que Francisco Blake (secretario de Gobernación), Patricia Espinosa (titular de Relaciones Exteriores) y el vocero Alejandro Poiré mintieron abiertamente al país y a los legisladores al negarlo el miércoles 17, como lo hicieron después en sendas conferencias de prensa creyendo que engañaban a alguien al desconocer los acuerdos del gobierno panista con la Casa Blanca y tratar de minimizar la presencia de los agentes estadunidenses en México.
2. La estrategia escogida por Felipe Calderón ha sido la peor para dar respuesta a los reclamos que crecen en el país. Haciéndose el escondido, bajo pretexto de estar tomando sus vacaciones de verano en el Caribe y filmando un documental para una cadena estadunidense en el que pretende mostrarse como un deportista de elite en espeleología (Milenio Televisión, 17 de agosto), Calderón confió en que los desmentidos de Washington diciendo que Estados Unidos está sólo brindando asistencia técnica a México y compartiendo información (casualmente mismo discurso que la administración Johnson usó en los años 60 durante la escalada militar en Vietnam), bastarían tras una amplia campaña de desinformación en los medios para calmar el descontento, por lo que al enviar a tres de sus empleados al Congreso a negar lo revelado en los medios, creyó aplacarlo todo, cuando lo único que ha logrado es exasperar aún más a amplios sectores.
3. Las evidencias contra estas pueriles negativas son contundentes, y en México todo mundo sabe ya que la violencia fue instaurada en el país de manera artificial por el gobierno de Calderón debido a sus acuerdos con Washington: que él tiene la responsabilidad criminal por haber llevado al país a este baño de sangre con la utilización ilegal del Ejército y sus grupos paramilitares y parapoliciales.
4. La escalada de Washington en México va a toda prisa, y por eso le urge a su gobierno la aprobación de la nueva ley, que no sólo echaría abajo principios que salvaguardan los derechos individuales, le daría al Ejecutivo las facultades de un monarca del siglo XVIII, legalizaría la impunidad de las fuerzas armadas para hacer la guerra contra el pueblo, legitimaría un régimen de tropelías en la persecución de los delitos y abriría una vía legaloide más para la criminalización de los movimientos sociales, sino que haría más fácil en los hechos la acción de las fuerzas estadunidenses en territorio mexicano al hacer inviable al régimen federal.
5. La administración Obama no ha tardado mucho en anunciar una nueva escalada en su intervención, que estaría amparada en la nueva ley, y el miércoles 17, durante una conferencia de prensa en Ciudad Juárez durante una visita sorpresiva a territorio mexicano, William Brownfield (subsecretario para Asuntos de Antinarcóticos y Seguridad) confirmó lo que ya se había filtrado: a) que recursos de la Iniciativa Mérida serían canalizados directamente a estados y municipios; b) que se les entregarían a éstos directamente equipamiento militar y otros bienes y servicios, y c) que se empezaría a entrenar y equipar a policías estatales y municipales. Existe una transición de la Iniciativa Mérida, dijo, y la nueva colaboración (que no se sabe quién la aprobó), se ufanó, viene a nivel estatal y municipal (Milenio Diario, 18 de agosto).
6. Las intervenciones de Estados Unidos en los estados federales han pasado siempre por la búsqueda del desmembramiento de éstos, tratando de autonomizar a las entidades miembros (la URSS luego de 1991, Yugoslavia a partir de 1994), y México no sería la excepción. Este injerencismo se sustenta en la doctrina Reagan sobre lo que éste llamó nuevo federalismo, que preconizaba la necesidad de que en el mundo globalizado tanto Washington como las grandes corporaciones pudiesen relacionarse directamente con los gobiernos locales sin necesidad de pasar por la autoridad central, lo que impulsó Washington en México desde los años de Salinas a pesar de los obstáculos legales que hay en el marco jurídico mexicano, buscando intervenir cada vez más, en particular en los estados del norte y del Golfo.
7. En México, el narcotráfico y los delitos contra la salud son federales, y compete por lo mismo investigarlos y perseguirlos al Ministerio Público Federal y a la PGR: es decir, al gobierno federal y no a los gobiernos de las entidades, lo que muchos ignoran. Es por ello que a fin de ensanchar la vía a la intervención estadunidense en estados y municipios, el gobierno ha buscado modificar distintos cuerpos legales para tratar de involucrar a los gobiernos locales en su supuesta “guerra contra el narco”, y así se legisló hace unas semanas para hacerlos responsables del narcomenudeo.
8. La ideología reaccionaria de Calderón, que como los conservadores del siglo XIX detesta al Estado federal y busca destruirlo, se identifica así con las políticas expansionistas de Washington, como en muchos otros aspectos del proyecto neoliberal.
9. La intervención estadunidense a escala de los estados no se ha hecho en consecuencia esperar, y esta vez sus cómplices son los priístas. Con el operativo llevado a cabo por la policía mexiquense para detener al capo El Compayito, a todas luces dirigido por la DEA, el gobernador Peña Nieto buscaba enviar a Washington el mensaje de que de ser ayudado para llegar a Los Pinos está dispuesto a ser tanto o más obsecuente con las agencias estadunidense que Calderón: y en consecuencia, a proseguir la guerra en los mismos términos. El operativo falló empero no nada más por la barbarie con la que actuaron los agentes mexiquenses allanando tres domicilios de gente acomodada en Tlalpan y muchos otros de personas modestas, y violentando los derechos de muchos mexicanos, sino porque ignoró los principios centrales del régimen federal, pues la policía mexiquense no tiene atribución alguna para actuar en el Distrito Federal.
10. La gravedad de la situación es cada vez mayor, y lo que está en juego con la guerra de Calderón y con su Ley de Seguridad Nacional no sólo son los derechos de los mexicanos sino la existencia misma de México como una nación libre, por lo que no debe escatimarse esfuerzo alguno para impedirlo, sin dejar de gritarles a Calderón y a sus cómplices que: ¡Ya basta!
El gobierno calderonista ha reaccionado de manera cínica ante las evidencias publicadas sobre el proceso de militarización de México orquestado por Washington para apoderarse de los recursos estratégicos del país –del petróleo al oro–, y está ahora auspiciando la intervención del gobierno de Obama a escala local, para lo que le urge también la aprobación de su totalitaria Ley de Seguridad Nacional.
1. Las fuerzas militares y policiacas de Estados Unidos están asumiendo en México funciones privativas del Estado mexicano y ejerciendo actos de autoridad que sólo competen en nuestro régimen constitucional a funcionarios mexicanos, y lo han hecho desde los primeros años del gobierno de Felipe Calderón, por lo que Francisco Blake (secretario de Gobernación), Patricia Espinosa (titular de Relaciones Exteriores) y el vocero Alejandro Poiré mintieron abiertamente al país y a los legisladores al negarlo el miércoles 17, como lo hicieron después en sendas conferencias de prensa creyendo que engañaban a alguien al desconocer los acuerdos del gobierno panista con la Casa Blanca y tratar de minimizar la presencia de los agentes estadunidenses en México.
2. La estrategia escogida por Felipe Calderón ha sido la peor para dar respuesta a los reclamos que crecen en el país. Haciéndose el escondido, bajo pretexto de estar tomando sus vacaciones de verano en el Caribe y filmando un documental para una cadena estadunidense en el que pretende mostrarse como un deportista de elite en espeleología (Milenio Televisión, 17 de agosto), Calderón confió en que los desmentidos de Washington diciendo que Estados Unidos está sólo brindando asistencia técnica a México y compartiendo información (casualmente mismo discurso que la administración Johnson usó en los años 60 durante la escalada militar en Vietnam), bastarían tras una amplia campaña de desinformación en los medios para calmar el descontento, por lo que al enviar a tres de sus empleados al Congreso a negar lo revelado en los medios, creyó aplacarlo todo, cuando lo único que ha logrado es exasperar aún más a amplios sectores.
3. Las evidencias contra estas pueriles negativas son contundentes, y en México todo mundo sabe ya que la violencia fue instaurada en el país de manera artificial por el gobierno de Calderón debido a sus acuerdos con Washington: que él tiene la responsabilidad criminal por haber llevado al país a este baño de sangre con la utilización ilegal del Ejército y sus grupos paramilitares y parapoliciales.
4. La escalada de Washington en México va a toda prisa, y por eso le urge a su gobierno la aprobación de la nueva ley, que no sólo echaría abajo principios que salvaguardan los derechos individuales, le daría al Ejecutivo las facultades de un monarca del siglo XVIII, legalizaría la impunidad de las fuerzas armadas para hacer la guerra contra el pueblo, legitimaría un régimen de tropelías en la persecución de los delitos y abriría una vía legaloide más para la criminalización de los movimientos sociales, sino que haría más fácil en los hechos la acción de las fuerzas estadunidenses en territorio mexicano al hacer inviable al régimen federal.
5. La administración Obama no ha tardado mucho en anunciar una nueva escalada en su intervención, que estaría amparada en la nueva ley, y el miércoles 17, durante una conferencia de prensa en Ciudad Juárez durante una visita sorpresiva a territorio mexicano, William Brownfield (subsecretario para Asuntos de Antinarcóticos y Seguridad) confirmó lo que ya se había filtrado: a) que recursos de la Iniciativa Mérida serían canalizados directamente a estados y municipios; b) que se les entregarían a éstos directamente equipamiento militar y otros bienes y servicios, y c) que se empezaría a entrenar y equipar a policías estatales y municipales. Existe una transición de la Iniciativa Mérida, dijo, y la nueva colaboración (que no se sabe quién la aprobó), se ufanó, viene a nivel estatal y municipal (Milenio Diario, 18 de agosto).
6. Las intervenciones de Estados Unidos en los estados federales han pasado siempre por la búsqueda del desmembramiento de éstos, tratando de autonomizar a las entidades miembros (la URSS luego de 1991, Yugoslavia a partir de 1994), y México no sería la excepción. Este injerencismo se sustenta en la doctrina Reagan sobre lo que éste llamó nuevo federalismo, que preconizaba la necesidad de que en el mundo globalizado tanto Washington como las grandes corporaciones pudiesen relacionarse directamente con los gobiernos locales sin necesidad de pasar por la autoridad central, lo que impulsó Washington en México desde los años de Salinas a pesar de los obstáculos legales que hay en el marco jurídico mexicano, buscando intervenir cada vez más, en particular en los estados del norte y del Golfo.
7. En México, el narcotráfico y los delitos contra la salud son federales, y compete por lo mismo investigarlos y perseguirlos al Ministerio Público Federal y a la PGR: es decir, al gobierno federal y no a los gobiernos de las entidades, lo que muchos ignoran. Es por ello que a fin de ensanchar la vía a la intervención estadunidense en estados y municipios, el gobierno ha buscado modificar distintos cuerpos legales para tratar de involucrar a los gobiernos locales en su supuesta “guerra contra el narco”, y así se legisló hace unas semanas para hacerlos responsables del narcomenudeo.
8. La ideología reaccionaria de Calderón, que como los conservadores del siglo XIX detesta al Estado federal y busca destruirlo, se identifica así con las políticas expansionistas de Washington, como en muchos otros aspectos del proyecto neoliberal.
9. La intervención estadunidense a escala de los estados no se ha hecho en consecuencia esperar, y esta vez sus cómplices son los priístas. Con el operativo llevado a cabo por la policía mexiquense para detener al capo El Compayito, a todas luces dirigido por la DEA, el gobernador Peña Nieto buscaba enviar a Washington el mensaje de que de ser ayudado para llegar a Los Pinos está dispuesto a ser tanto o más obsecuente con las agencias estadunidense que Calderón: y en consecuencia, a proseguir la guerra en los mismos términos. El operativo falló empero no nada más por la barbarie con la que actuaron los agentes mexiquenses allanando tres domicilios de gente acomodada en Tlalpan y muchos otros de personas modestas, y violentando los derechos de muchos mexicanos, sino porque ignoró los principios centrales del régimen federal, pues la policía mexiquense no tiene atribución alguna para actuar en el Distrito Federal.
10. La gravedad de la situación es cada vez mayor, y lo que está en juego con la guerra de Calderón y con su Ley de Seguridad Nacional no sólo son los derechos de los mexicanos sino la existencia misma de México como una nación libre, por lo que no debe escatimarse esfuerzo alguno para impedirlo, sin dejar de gritarles a Calderón y a sus cómplices que: ¡Ya basta!
17.8.11
Crisis de legitimidad y democracia radical
Alejandro Nadal
La crisis económica y la respuesta de política económica han terminado por evaporar la legitimidad de un gran número de estructuras gubernamentales en las economías capitalistas. Ahora es claro que la crisis económica es esencialmente política.
El neoliberalismo acabó por destruir el pacto social keynesiano del que el capitalismo podía sacar algo de legitimidad. Pero la crisis barrió con las endebles bases sobre las que todavía hoy pretende asentarse el neoliberalismo. Se ha generado así una crisis de legitimidad que alcanzará dimensiones históricas. Llegó el momento de aprovecharla para avanzar en la lucha por un mundo alternativo.
Si hubo un gran triunfo ideológico del capitalismo moderno fue imponer la idea de que frente al neoliberalismo no había alternativa. La "globalización" se convirtió en eficaz máquina de la lucha ideológica porque difundía la idea de que el modelo neoliberal respondía a una razón técnica que no dependía de la política.
Hoy los vínculos entre el modelo económico y el mundo de la política han quedado a la vista de todos con la respuesta a la crisis. Por eso el colapso se ha transformado en la crisis de legitimidad política de los gobiernos.
Para enfrentar el derrumbe económico, los ministerios de hacienda o del tesoro y los cuerpos parlamentarios o congresos destinaron cantidades astronómicas de recursos públicos para rescatar a los agentes privados que provocaron la crisis y luego pasaron la factura al pueblo. En el salvamento de bancos y especuladores, los gobiernos impusieron un récord en materia de corrupción y mostraron a quién rinden pleitesía. Los pobres y desempleados, clases medias, campesinos, pequeñas empresas y los jóvenes sin acceso a una educación universitaria, no tuvieron quién les ayudara. ¿Puede así un gobierno conservar su legitimidad?
Este 2011 ha sido testigo de rebeliones que, a pesar de su diversidad, comparten un mismo hilo conductor: en todas se impugna la legitimidad de los gobiernos. Las manifestaciones y revueltas en Grecia marcaron la pauta, mostrando que la gente rechaza el castigo cuando existen alternativas como la restructuración de la deuda. En España el movimiento de los indignados hace patente su repudio a un esquema de capitalismo que no resuelve, desde hace años, los problemas más elementales de desempleo o educación. Los estudiantes en Chile protestan porque el gobierno en turno transforma la educación pública en espacio de rentabilidad privada.
En Túnez y Egipto las revueltas fueron precedidas por una serie de huelgas obreras en demanda de mejores condiciones de trabajo. Pero muy rápidamente el descontento desbordó el marco laboral y condujo a una sublevación de mayor amplitud. Las manifestaciones de los indignados en varias ciudades de Israel están directamente impugnando el modelo neoliberal, pero también se están convirtiendo en protestas que se conectan con el drama del pueblo palestino.
En Madison, Wisconsin, frente a un gobierno local decidido a desmantelar lo que queda de un sistema de respaldo social, maestros de escuela, estudiantes y empleados del gobierno llevaron la lucha hasta el capitolio del estado. Hoy no pierden de vista la huelga de más de 45 mil trabajadores contra la empresa Verizon, uno de los episodios más importantes en este abanico de luchas en Estados Unidos: la empresa anunció ganancias por 20 mil millones de dólares, pero insiste en recortar beneficios a sus trabajadores.
Si hay algo que los centros del poder reaccionario detestan y teme es que el pueblo delibere de manera directa, sin intermediarios, que se diga sus vivencias cara a cara. Y muchos de estos movimientos en 2011 permitieron al pueblo reflexionar en el marco de una embrionaria democracia directa. Desde la plaza Tahrir hasta Madison, pasando por Syntagma y Puerta del Sol, en su diversidad los manifestantes compartieron experiencias y aprendieron en colectivo no sólo que existen alternativas, sino que, en la democracia radical y directa, el valor es contagioso.
En ese deliberar directo y radical, el pueblo aprende que el trabajo en la fábrica no es lo natural, que las contrataciones en el "mercado laboral" no tienen nada que ver con los contratos civiles de venta y arrendamiento, que los desalojos de casas son la otra cara del rescate bancario, que un sistema educativo clasista y discriminatorio sólo fábrica rechazados, y que otras prioridades pueden guiar la asignación de recursos en el plano macroeconómico.
Pero para que todo esto fructifique en un movimiento capaz de convertir la enorme energía popular en cambio efectivo, será necesario inventar nuevas formas de organización y construir nuevas alianzas. La diversidad amalgamada en estos movimientos ha rebasado totalmente el viejo carromato de las democracias parlamentarias y sus partidos vendidos, anunciando un porvenir en el que otros sistemas de representación y de organización económica, más ligados a la democracia radical, dominarán el paisaje político. De las luchas del presente debemos desentrañar el futuro.
http://nadal.com.mx
La crisis económica y la respuesta de política económica han terminado por evaporar la legitimidad de un gran número de estructuras gubernamentales en las economías capitalistas. Ahora es claro que la crisis económica es esencialmente política.
El neoliberalismo acabó por destruir el pacto social keynesiano del que el capitalismo podía sacar algo de legitimidad. Pero la crisis barrió con las endebles bases sobre las que todavía hoy pretende asentarse el neoliberalismo. Se ha generado así una crisis de legitimidad que alcanzará dimensiones históricas. Llegó el momento de aprovecharla para avanzar en la lucha por un mundo alternativo.
Si hubo un gran triunfo ideológico del capitalismo moderno fue imponer la idea de que frente al neoliberalismo no había alternativa. La "globalización" se convirtió en eficaz máquina de la lucha ideológica porque difundía la idea de que el modelo neoliberal respondía a una razón técnica que no dependía de la política.
Hoy los vínculos entre el modelo económico y el mundo de la política han quedado a la vista de todos con la respuesta a la crisis. Por eso el colapso se ha transformado en la crisis de legitimidad política de los gobiernos.
Para enfrentar el derrumbe económico, los ministerios de hacienda o del tesoro y los cuerpos parlamentarios o congresos destinaron cantidades astronómicas de recursos públicos para rescatar a los agentes privados que provocaron la crisis y luego pasaron la factura al pueblo. En el salvamento de bancos y especuladores, los gobiernos impusieron un récord en materia de corrupción y mostraron a quién rinden pleitesía. Los pobres y desempleados, clases medias, campesinos, pequeñas empresas y los jóvenes sin acceso a una educación universitaria, no tuvieron quién les ayudara. ¿Puede así un gobierno conservar su legitimidad?
Este 2011 ha sido testigo de rebeliones que, a pesar de su diversidad, comparten un mismo hilo conductor: en todas se impugna la legitimidad de los gobiernos. Las manifestaciones y revueltas en Grecia marcaron la pauta, mostrando que la gente rechaza el castigo cuando existen alternativas como la restructuración de la deuda. En España el movimiento de los indignados hace patente su repudio a un esquema de capitalismo que no resuelve, desde hace años, los problemas más elementales de desempleo o educación. Los estudiantes en Chile protestan porque el gobierno en turno transforma la educación pública en espacio de rentabilidad privada.
En Túnez y Egipto las revueltas fueron precedidas por una serie de huelgas obreras en demanda de mejores condiciones de trabajo. Pero muy rápidamente el descontento desbordó el marco laboral y condujo a una sublevación de mayor amplitud. Las manifestaciones de los indignados en varias ciudades de Israel están directamente impugnando el modelo neoliberal, pero también se están convirtiendo en protestas que se conectan con el drama del pueblo palestino.
En Madison, Wisconsin, frente a un gobierno local decidido a desmantelar lo que queda de un sistema de respaldo social, maestros de escuela, estudiantes y empleados del gobierno llevaron la lucha hasta el capitolio del estado. Hoy no pierden de vista la huelga de más de 45 mil trabajadores contra la empresa Verizon, uno de los episodios más importantes en este abanico de luchas en Estados Unidos: la empresa anunció ganancias por 20 mil millones de dólares, pero insiste en recortar beneficios a sus trabajadores.
Si hay algo que los centros del poder reaccionario detestan y teme es que el pueblo delibere de manera directa, sin intermediarios, que se diga sus vivencias cara a cara. Y muchos de estos movimientos en 2011 permitieron al pueblo reflexionar en el marco de una embrionaria democracia directa. Desde la plaza Tahrir hasta Madison, pasando por Syntagma y Puerta del Sol, en su diversidad los manifestantes compartieron experiencias y aprendieron en colectivo no sólo que existen alternativas, sino que, en la democracia radical y directa, el valor es contagioso.
En ese deliberar directo y radical, el pueblo aprende que el trabajo en la fábrica no es lo natural, que las contrataciones en el "mercado laboral" no tienen nada que ver con los contratos civiles de venta y arrendamiento, que los desalojos de casas son la otra cara del rescate bancario, que un sistema educativo clasista y discriminatorio sólo fábrica rechazados, y que otras prioridades pueden guiar la asignación de recursos en el plano macroeconómico.
Pero para que todo esto fructifique en un movimiento capaz de convertir la enorme energía popular en cambio efectivo, será necesario inventar nuevas formas de organización y construir nuevas alianzas. La diversidad amalgamada en estos movimientos ha rebasado totalmente el viejo carromato de las democracias parlamentarias y sus partidos vendidos, anunciando un porvenir en el que otros sistemas de representación y de organización económica, más ligados a la democracia radical, dominarán el paisaje político. De las luchas del presente debemos desentrañar el futuro.
http://nadal.com.mx
Guerra de divisas: Gran Bretaña y USA socavan al euro; China lo sostiene
Alfredo Jalife-Rahme
Una serie de artículos de The Financial Times sobre Brasil no presagia nada bondadoso y pareciera que las aves de rapiña del financierismo global desregulado van a poner a prueba su exitoso modelo geoeconómico y, más que nada, su complementariedad con China.
Los dirigentes brasileños están conscientes de la brutal "guerra de las divisas", tema tratado por Bajo la Lupa desde hace 15 años, y profundizado el año pasado (21/11/10).
Círculos militares de Estados Unidos aseguran sotto voce que la degradación de "triple A" a "doble A" de S&P es todo un montaje teatral entre Obama y los republicanos para que el "supercomité" bipartidista posea la coartada política de reducir el déficit por una suma sustancial. Pronto lo sabremos.
A sus 81 años, Schwartz György (alias "George Soros") no descansa pese a su reciente escándalo erótico con una modelo brasileña y The Daily Mail On Line (Mark Duell, 9/8/11) lo señaló de haber descolgado mil millones de dólares de ganancias especulativas durante el bursátil "agosto negro" gracias a que recibió la anticipada información privilegiada (es aliado de Obama) de que S&P degradaría la calificación de la deuda soberana de Estados Unidos. ¡Así hasta mi abuelita fallecida se haría multimillonaria desde su tumba!
La conspicua ave de rapiña del financierismo global, el megaespeculador George Soros (presunto hombre de paja de los banqueros esclavistas Rothschild), apuesta contra Brasil, de donde ha sacado abruptamente sus tóxicos capitales golondrinos (como también de México en fechas recientes ante la impotencia de la "triple C" también "degradada" en las finanzas locales: Carstens-Cordero-Calderón, en ese orden).
"La guerra global de las divisas" se ha exacerbado y ha puesto en peligro de balcanización al euro, la única divisa competitiva del billete verde, con alrededor de 25 por ciento de los intercambios internacionales.
En forma anómala, para la época de la incipiente mutipolaridad, el dólar aún concentra 60 por ciento de los intercambios globales y se ha impuesto por default como "la reserva" financierista gracias a sus triunfos militares durante todo el siglo XX.
La libra esterlina y el yen nipón andan cada uno en alrededor de 3.5 por ciento de los intercambios y las restantes divisas de los otros 189 países de la ONU cuentan con 8 por ciento (incluidos los BRICS, el franco suizo, y el "superpeso" mexicano).
El disparo de la cotización del franco suizo refleja la fuga de capitales del vecino euro y el alza concomitante de oro y plata, mientras los exportadores helvéticos (sobre todo de alimentos) comienzan a sufrir sus estragos. Este axioma de auto-daño exportador es generalizado desde el yen nipón hasta el real brasileño (que se ha revaluado en forma espectacular 40 por ciento).
La prensa de Gran Bretaña en su conjunto sentencia ferozmente la defunción del euro (Jeremy Warner, The Daily Telegraph, 15/8/11).
Las grandes turbulencias, profundizadas por los programas de las supercomputadoras –transacciones de alta frecuencia (HFT, por sus siglas en inglés)–, tienen como resultado la fuga del euro hacia el dólar, que intenta colmar así transitoriamente sus agujeros negros de deuda impagable.
Se trata de una batalla entre un gigante en decadencia, el dólar, y la segunda divisa global, el euro, sin cobertura militar creíble y carente de cohesión política indivisa.
En una entrevista hipercínica a Der Spiegel (15/8/11), el megaespeculador con disfraz de "filántropo" (sic) George Soros diagnostica en forma financierista ultra-reduccionista "una triple crisis de la banca global, de las divisas (sic) y de la deuda soberana". ¡Qué novedad!
Luego de aconsejar recetas para el suicidio de Alemania y el rescate del euro para beneficiar en última instancia al sionismo jázaro y a sus políticos trasatlánticos controlados (Obama y Cameron), su entrevistador le refiere que "muchos ciudadanos (sic) europeos acusan a los especuladores" (cita al mismo Soros) "de tratar de socavar (sic) al euro".
Soros delata que China sostiene tras bambalinas al euro por "tener interés en una alternativa al dólar" y, en forma esotérica (al estilo de la "mano invisible" de Adam Smith del siglo XVIII) refiere que "existe un comprador misterioso (sic) que apuntala al euro". ¿Impidió China que Soros (léase: los banqueros Rothschild y el sionismo jázaro) aniquilara al euro?
Desde 2011, antes de que China tuviese la preponderancia global de hoy, ya habíamos detectado las selectivas triangulaciones geopolíticas con las divisas: "China con el euro y Japón con el dólar" (El Financiero, 25/11/2001).
Diez años más tarde, China –la gran triunfadora de la globalización geoeconómica– juega al precario equilibrio entre sus excesivas tenencias en dólares y sus recientes adquisiciones en euros.
Sea lo que fuere, "China se prepara ya a la tormenta" (Shi Jin, China Daily, 15/8/11), que sus funcionarios calculan será de pronóstico reservado en lo que queda de agosto y todo septiembre.
Tanto la degradación financiera de Estados Unidos, deliberada o no, como la crisis de la deuda soberana en la eurozona, afectarán las exportaciones de China, cuyos empresarios se preparan a la "recesión global de doble hundimiento", con un horizonte de tres años de "recuperación". La proporción de exportaciones de China a Estados Unidos (70 por ciento del total) –y prácticamente el restante a Europa– será dramáticamente reducida a la mitad.
Mientras el vicepresidente Joe Biden rinde pleitesías al uncido presidente Xi, China publicita el mismo día que "compró mas bonos del Tesoro de Estados Unidos en junio" (China Daily, 16/8/11).
China es gradualista y no arrojará al dólar por la borda porque acabaría por suicidarse. Su "diversificación" multipolar será paulatina y secuencial: triple compra de oro, activos europeos (nota: los activos petroleros y gaseros de Estados Unidos son inexpugnables debido a su "nacionalismo y seguridad económicos") y deuda de los países emergentes, al unísono de la tersa liberación para la convertibilidad del yuan/renminbi.
A mi juicio, Estados Unidos opera cuatro estratagemas mediante la guerra de las divisas: 1) aplaca a los multipolares; 2) demuestra la trágica inmutabilidad del dólar (paradójicamente una moneda-chatarra); 3) devalúa al billete verde (relativamente al grueso de las otras pequeñas divisas sobrevaluadas, en especial, de los BRICS y los "países emergentes") con el fin de exportar más, y 4) paga menos deuda a sus pletóricos acreedores (entre ellos el "itamita México neoliberal").
China ha abierto simbólicamente un poco más su válvula de revaluación del yuan frente al dólar para intentar apaciguar las tempestades foráneas y domésticas (riesgo latente de hiperinflación).
A final de cuentas la verdadera batalla supremacista no es entre el dólar y el euro (ambas condenadas en el mediano plazo por su mediocridad de crecimiento económico, su deuda impagable, su colapso juvenil y la ruptura de su pacto social) –de allí la explosión del oro y la plata–, sino el control mundial entre Estados Unidos y China.
No se dio el "G-2" que buscaba la insolvente banca transatlántica israelí-anglosajona. Estados Unidos y Gran Bretaña replicaron con "la guerra de las divisas" y hoy estamos en un "G-0" de lucha salvaje y caos global.
Una serie de artículos de The Financial Times sobre Brasil no presagia nada bondadoso y pareciera que las aves de rapiña del financierismo global desregulado van a poner a prueba su exitoso modelo geoeconómico y, más que nada, su complementariedad con China.
Los dirigentes brasileños están conscientes de la brutal "guerra de las divisas", tema tratado por Bajo la Lupa desde hace 15 años, y profundizado el año pasado (21/11/10).
Círculos militares de Estados Unidos aseguran sotto voce que la degradación de "triple A" a "doble A" de S&P es todo un montaje teatral entre Obama y los republicanos para que el "supercomité" bipartidista posea la coartada política de reducir el déficit por una suma sustancial. Pronto lo sabremos.
A sus 81 años, Schwartz György (alias "George Soros") no descansa pese a su reciente escándalo erótico con una modelo brasileña y The Daily Mail On Line (Mark Duell, 9/8/11) lo señaló de haber descolgado mil millones de dólares de ganancias especulativas durante el bursátil "agosto negro" gracias a que recibió la anticipada información privilegiada (es aliado de Obama) de que S&P degradaría la calificación de la deuda soberana de Estados Unidos. ¡Así hasta mi abuelita fallecida se haría multimillonaria desde su tumba!
La conspicua ave de rapiña del financierismo global, el megaespeculador George Soros (presunto hombre de paja de los banqueros esclavistas Rothschild), apuesta contra Brasil, de donde ha sacado abruptamente sus tóxicos capitales golondrinos (como también de México en fechas recientes ante la impotencia de la "triple C" también "degradada" en las finanzas locales: Carstens-Cordero-Calderón, en ese orden).
"La guerra global de las divisas" se ha exacerbado y ha puesto en peligro de balcanización al euro, la única divisa competitiva del billete verde, con alrededor de 25 por ciento de los intercambios internacionales.
En forma anómala, para la época de la incipiente mutipolaridad, el dólar aún concentra 60 por ciento de los intercambios globales y se ha impuesto por default como "la reserva" financierista gracias a sus triunfos militares durante todo el siglo XX.
La libra esterlina y el yen nipón andan cada uno en alrededor de 3.5 por ciento de los intercambios y las restantes divisas de los otros 189 países de la ONU cuentan con 8 por ciento (incluidos los BRICS, el franco suizo, y el "superpeso" mexicano).
El disparo de la cotización del franco suizo refleja la fuga de capitales del vecino euro y el alza concomitante de oro y plata, mientras los exportadores helvéticos (sobre todo de alimentos) comienzan a sufrir sus estragos. Este axioma de auto-daño exportador es generalizado desde el yen nipón hasta el real brasileño (que se ha revaluado en forma espectacular 40 por ciento).
La prensa de Gran Bretaña en su conjunto sentencia ferozmente la defunción del euro (Jeremy Warner, The Daily Telegraph, 15/8/11).
Las grandes turbulencias, profundizadas por los programas de las supercomputadoras –transacciones de alta frecuencia (HFT, por sus siglas en inglés)–, tienen como resultado la fuga del euro hacia el dólar, que intenta colmar así transitoriamente sus agujeros negros de deuda impagable.
Se trata de una batalla entre un gigante en decadencia, el dólar, y la segunda divisa global, el euro, sin cobertura militar creíble y carente de cohesión política indivisa.
En una entrevista hipercínica a Der Spiegel (15/8/11), el megaespeculador con disfraz de "filántropo" (sic) George Soros diagnostica en forma financierista ultra-reduccionista "una triple crisis de la banca global, de las divisas (sic) y de la deuda soberana". ¡Qué novedad!
Luego de aconsejar recetas para el suicidio de Alemania y el rescate del euro para beneficiar en última instancia al sionismo jázaro y a sus políticos trasatlánticos controlados (Obama y Cameron), su entrevistador le refiere que "muchos ciudadanos (sic) europeos acusan a los especuladores" (cita al mismo Soros) "de tratar de socavar (sic) al euro".
Soros delata que China sostiene tras bambalinas al euro por "tener interés en una alternativa al dólar" y, en forma esotérica (al estilo de la "mano invisible" de Adam Smith del siglo XVIII) refiere que "existe un comprador misterioso (sic) que apuntala al euro". ¿Impidió China que Soros (léase: los banqueros Rothschild y el sionismo jázaro) aniquilara al euro?
Desde 2011, antes de que China tuviese la preponderancia global de hoy, ya habíamos detectado las selectivas triangulaciones geopolíticas con las divisas: "China con el euro y Japón con el dólar" (El Financiero, 25/11/2001).
Diez años más tarde, China –la gran triunfadora de la globalización geoeconómica– juega al precario equilibrio entre sus excesivas tenencias en dólares y sus recientes adquisiciones en euros.
Sea lo que fuere, "China se prepara ya a la tormenta" (Shi Jin, China Daily, 15/8/11), que sus funcionarios calculan será de pronóstico reservado en lo que queda de agosto y todo septiembre.
Tanto la degradación financiera de Estados Unidos, deliberada o no, como la crisis de la deuda soberana en la eurozona, afectarán las exportaciones de China, cuyos empresarios se preparan a la "recesión global de doble hundimiento", con un horizonte de tres años de "recuperación". La proporción de exportaciones de China a Estados Unidos (70 por ciento del total) –y prácticamente el restante a Europa– será dramáticamente reducida a la mitad.
Mientras el vicepresidente Joe Biden rinde pleitesías al uncido presidente Xi, China publicita el mismo día que "compró mas bonos del Tesoro de Estados Unidos en junio" (China Daily, 16/8/11).
China es gradualista y no arrojará al dólar por la borda porque acabaría por suicidarse. Su "diversificación" multipolar será paulatina y secuencial: triple compra de oro, activos europeos (nota: los activos petroleros y gaseros de Estados Unidos son inexpugnables debido a su "nacionalismo y seguridad económicos") y deuda de los países emergentes, al unísono de la tersa liberación para la convertibilidad del yuan/renminbi.
A mi juicio, Estados Unidos opera cuatro estratagemas mediante la guerra de las divisas: 1) aplaca a los multipolares; 2) demuestra la trágica inmutabilidad del dólar (paradójicamente una moneda-chatarra); 3) devalúa al billete verde (relativamente al grueso de las otras pequeñas divisas sobrevaluadas, en especial, de los BRICS y los "países emergentes") con el fin de exportar más, y 4) paga menos deuda a sus pletóricos acreedores (entre ellos el "itamita México neoliberal").
China ha abierto simbólicamente un poco más su válvula de revaluación del yuan frente al dólar para intentar apaciguar las tempestades foráneas y domésticas (riesgo latente de hiperinflación).
A final de cuentas la verdadera batalla supremacista no es entre el dólar y el euro (ambas condenadas en el mediano plazo por su mediocridad de crecimiento económico, su deuda impagable, su colapso juvenil y la ruptura de su pacto social) –de allí la explosión del oro y la plata–, sino el control mundial entre Estados Unidos y China.
No se dio el "G-2" que buscaba la insolvente banca transatlántica israelí-anglosajona. Estados Unidos y Gran Bretaña replicaron con "la guerra de las divisas" y hoy estamos en un "G-0" de lucha salvaje y caos global.
5.8.11
La traición
Luis Javier Garrido
La aprobación de la nueva legislación sobre "seguridad nacional", impulsada desde Los Pinos, sería un acto de traición a México y a los mexicanos; de ahí la viva oposición a este engendro seudojurídico.
1. La decisión de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados de aprobar "en lo general" el martes 2, en un verdadero albazo, el proyecto de ley fascistoide "de seguridad nacional" que les fue remitido por el Senado, pasando por sobre las impugnaciones y señalamientos de las últimas semanas, constituye un verdadero desafío a la comunidad nacional e internacional, que había hecho severos señalamientos sobre el carácter totalitario de dicha "legislación", que a fin de legitimar la supuesta guerra de Washington y de Calderón “contra el narco” mexicano pretende "legitimar" la función policial de las fuerzas armadas y crear un marco de permisividad para que el Ejecutivo y los cuerpos militares pasen por sobre los derechos fundamentales de los mexicanos.
2. La nueva legislación totalitaria la vislumbra la mafia en el poder como una garantía de la seguridad de sus intereses después de 2012, de ahí que no haya causado estupor el que la hayan aprobado legisladores del PRI, del PAN y del PVEM y los chuchos del PRD coludidos abiertamente con Los Pinos, con la sola oposición de legisladores del PT.
3. Un cuerpo legal debe entenderse, antes que por sus disposiciones secundarias –por muy graves que sean–, por el objetivo fundamental que persigue, y el de este mamotreto seudolegal, que ha sido descalificado por los juristas más eminentes del país y del extranjero, es más que evidente: pretende hacer legal la función policial y de Ministerio Público de las fuerzas armadas, lo que está terminantemente prohibido por la Constitución en sus artículos 21 y 129 y descalificado por la teoría, por el derecho penal internacional y por múltiples acuerdos y convenios internacionales, pues da a los cuerpos militares mexicanos, que en los hechos se hallan ya sometidos a las agencias policiales estadunidenses, la vía libre para intervenir en todo el territorio, pasando por sobre la autonomía de estados y municipios y los derechos de las personas.
4. Esta "ley" urdida por la extrema derecha mexicana no se oculta que busca amarrar las políticas del nuevo gobierno luego de 2012, al dar aliento y sustento por un largo periodo a la “guerra contra el narco”, que ya se sabe es contra el pueblo, alentando al sector más duro de las fuerzas armadas a actuar con impunidad, y allanando aún más el camino para la intervención estadunidense en México; de ahí su gravedad.
5. Las amenazas de esta iniciativa para la integridad de la nación y los derechos de los mexicanos fueron avistadas desde 2010 en que Felipe Calderón la envió al Senado, y suscitaron la oposición de múltiples analistas, de eminentes juristas, de instancias internacionales, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de un sinnúmero de agrupaciones defensoras de los derechos humanos y del movimiento encabezado por el escritor Javier Sicilia, que en su encuentro de Chapultepec con los legisladores hizo suyo el reclamo de que se enviara al basurero de la historia. México está al borde de "una represión sistematizada" si se sigue por esta pendiente y está en riesgo de vivir una situación similar a la del cono sur en los años 70 y 80, advirtió a su vez Amnistía Internacional el primero de agosto en Madrid.
6. La afirmación hecha a la defensiva y casi al unísono el día 3 por las legisladoras Beatriz Paredes (PRI) y Josefina Vázquez Mota (PAN) ante las acusaciones ese mismo día de Javier Sicilia de haber traicionado a los mexicanos, diciendo que sólo se le aprobó "en lo general" y pretendiendo que al no haberse discutido "en lo particular" aún puede cambiarse, es por lo tanto un absurdo, que sólo muestra la tontería y la perversidad de ambas, y constituye una burla a los mexicanos. La ley que se impugna se ha rechazado en su conjunto porque su objetivo fundamental es legalizar el principio aberrante de la actuación policial de las fuerzas armadas, y no se trata de ninguna manera de avalar esta barbaridad para, en "lo particular", buscar sólo suavizarla. La exigencia de que las fuerzas armadas regresen cuanto antes a sus cuarteles, y se respete el orden constitucional, no es negociable.
7. En un régimen constitucional de derecho no es admisible que se reglamenten, pretendiendo suavizarlos, principios aberrantes, y esa es la lógica con la que el poder panista busca que actúen los opositores: se puede transigir, se les está diciendo, en lo secundario; en lo fundamental, no. El 12 de julio la Suprema Corte pretendió con un fallo reglamentar el aberrante fuero militar, cuando lo que debió hacer es pronunciarse en contra de esa prerrogativa anacrónica conforme a los tratados suscritos por México, y ahora se quiere que se reglamente la aberrante participación policiaca de los militares, y con eso se dé por satisfecha la inconformidad social.
8. El error fundamental del movimiento de Sicilia es haber visto el sufrimiento de la víctimas de la violencia de Calderón pero no haber entendido las dimensiones ni la perversión de sus políticas, que son contra la nación. La “guerra contra el narco”, que no lo es, constituye una estrategia del capital multinacional y de Washington para adueñarse por completo del país, y Calderón es sólo un pelele de dichos intereses, por lo que él y los panistas criminales no van a dar marcha atrás con besuconeos y escapularios, sino mediante una vigorosa movilización social; de ahí la burla de que fue objeto el escritor.
9. La "ley" en proceso de aprobarse abriría también de manera más amplia la vía para que las agencias de Washington puedan, a través de la Marina y del Ejército mexicanos, cuerpos ya sometidos a ellas, intervenir más libremente con base en la Iniciativa Mérida, sobre todo ahora que Calderón autorizó a Washington incrementar su personal policiaco-militar en territorio mexicano, y ha aceptado que opere cada vez más libremente desde su búnker de Reforma 265 (Proceso 1812). De ahí la decisión del Senado estadunidense de ratificar de volada el mismo martes 2 al nuevo embajador Earl Anthony Wayne, experto en asuntos militares traído desde Afganistán, que viene no para recomponer ninguna relación (que no está descompuesta), sino para llenar el vacío de poder existente en México en lo relativo a la "seguridad nacional" (de Estados Unidos, naturalmente).
10. La “guerra contra el narco” es crucial para los intereses oligárquicos que dominan México, y la contrarreforma de seguridad nacional se ha tornado, desde su lógica perversa, indispensable para mantener el escenario de violencia en el que tienen hundido al país, por lo que ante el riesgo gravísimo de que el Congreso la apruebe es urgente una mayor movilización nacional, reiterando una y otra vez a Calderón y a sus aliados que: "¡Ya basta!"
La aprobación de la nueva legislación sobre "seguridad nacional", impulsada desde Los Pinos, sería un acto de traición a México y a los mexicanos; de ahí la viva oposición a este engendro seudojurídico.
1. La decisión de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados de aprobar "en lo general" el martes 2, en un verdadero albazo, el proyecto de ley fascistoide "de seguridad nacional" que les fue remitido por el Senado, pasando por sobre las impugnaciones y señalamientos de las últimas semanas, constituye un verdadero desafío a la comunidad nacional e internacional, que había hecho severos señalamientos sobre el carácter totalitario de dicha "legislación", que a fin de legitimar la supuesta guerra de Washington y de Calderón “contra el narco” mexicano pretende "legitimar" la función policial de las fuerzas armadas y crear un marco de permisividad para que el Ejecutivo y los cuerpos militares pasen por sobre los derechos fundamentales de los mexicanos.
2. La nueva legislación totalitaria la vislumbra la mafia en el poder como una garantía de la seguridad de sus intereses después de 2012, de ahí que no haya causado estupor el que la hayan aprobado legisladores del PRI, del PAN y del PVEM y los chuchos del PRD coludidos abiertamente con Los Pinos, con la sola oposición de legisladores del PT.
3. Un cuerpo legal debe entenderse, antes que por sus disposiciones secundarias –por muy graves que sean–, por el objetivo fundamental que persigue, y el de este mamotreto seudolegal, que ha sido descalificado por los juristas más eminentes del país y del extranjero, es más que evidente: pretende hacer legal la función policial y de Ministerio Público de las fuerzas armadas, lo que está terminantemente prohibido por la Constitución en sus artículos 21 y 129 y descalificado por la teoría, por el derecho penal internacional y por múltiples acuerdos y convenios internacionales, pues da a los cuerpos militares mexicanos, que en los hechos se hallan ya sometidos a las agencias policiales estadunidenses, la vía libre para intervenir en todo el territorio, pasando por sobre la autonomía de estados y municipios y los derechos de las personas.
4. Esta "ley" urdida por la extrema derecha mexicana no se oculta que busca amarrar las políticas del nuevo gobierno luego de 2012, al dar aliento y sustento por un largo periodo a la “guerra contra el narco”, que ya se sabe es contra el pueblo, alentando al sector más duro de las fuerzas armadas a actuar con impunidad, y allanando aún más el camino para la intervención estadunidense en México; de ahí su gravedad.
5. Las amenazas de esta iniciativa para la integridad de la nación y los derechos de los mexicanos fueron avistadas desde 2010 en que Felipe Calderón la envió al Senado, y suscitaron la oposición de múltiples analistas, de eminentes juristas, de instancias internacionales, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de un sinnúmero de agrupaciones defensoras de los derechos humanos y del movimiento encabezado por el escritor Javier Sicilia, que en su encuentro de Chapultepec con los legisladores hizo suyo el reclamo de que se enviara al basurero de la historia. México está al borde de "una represión sistematizada" si se sigue por esta pendiente y está en riesgo de vivir una situación similar a la del cono sur en los años 70 y 80, advirtió a su vez Amnistía Internacional el primero de agosto en Madrid.
6. La afirmación hecha a la defensiva y casi al unísono el día 3 por las legisladoras Beatriz Paredes (PRI) y Josefina Vázquez Mota (PAN) ante las acusaciones ese mismo día de Javier Sicilia de haber traicionado a los mexicanos, diciendo que sólo se le aprobó "en lo general" y pretendiendo que al no haberse discutido "en lo particular" aún puede cambiarse, es por lo tanto un absurdo, que sólo muestra la tontería y la perversidad de ambas, y constituye una burla a los mexicanos. La ley que se impugna se ha rechazado en su conjunto porque su objetivo fundamental es legalizar el principio aberrante de la actuación policial de las fuerzas armadas, y no se trata de ninguna manera de avalar esta barbaridad para, en "lo particular", buscar sólo suavizarla. La exigencia de que las fuerzas armadas regresen cuanto antes a sus cuarteles, y se respete el orden constitucional, no es negociable.
7. En un régimen constitucional de derecho no es admisible que se reglamenten, pretendiendo suavizarlos, principios aberrantes, y esa es la lógica con la que el poder panista busca que actúen los opositores: se puede transigir, se les está diciendo, en lo secundario; en lo fundamental, no. El 12 de julio la Suprema Corte pretendió con un fallo reglamentar el aberrante fuero militar, cuando lo que debió hacer es pronunciarse en contra de esa prerrogativa anacrónica conforme a los tratados suscritos por México, y ahora se quiere que se reglamente la aberrante participación policiaca de los militares, y con eso se dé por satisfecha la inconformidad social.
8. El error fundamental del movimiento de Sicilia es haber visto el sufrimiento de la víctimas de la violencia de Calderón pero no haber entendido las dimensiones ni la perversión de sus políticas, que son contra la nación. La “guerra contra el narco”, que no lo es, constituye una estrategia del capital multinacional y de Washington para adueñarse por completo del país, y Calderón es sólo un pelele de dichos intereses, por lo que él y los panistas criminales no van a dar marcha atrás con besuconeos y escapularios, sino mediante una vigorosa movilización social; de ahí la burla de que fue objeto el escritor.
9. La "ley" en proceso de aprobarse abriría también de manera más amplia la vía para que las agencias de Washington puedan, a través de la Marina y del Ejército mexicanos, cuerpos ya sometidos a ellas, intervenir más libremente con base en la Iniciativa Mérida, sobre todo ahora que Calderón autorizó a Washington incrementar su personal policiaco-militar en territorio mexicano, y ha aceptado que opere cada vez más libremente desde su búnker de Reforma 265 (Proceso 1812). De ahí la decisión del Senado estadunidense de ratificar de volada el mismo martes 2 al nuevo embajador Earl Anthony Wayne, experto en asuntos militares traído desde Afganistán, que viene no para recomponer ninguna relación (que no está descompuesta), sino para llenar el vacío de poder existente en México en lo relativo a la "seguridad nacional" (de Estados Unidos, naturalmente).
10. La “guerra contra el narco” es crucial para los intereses oligárquicos que dominan México, y la contrarreforma de seguridad nacional se ha tornado, desde su lógica perversa, indispensable para mantener el escenario de violencia en el que tienen hundido al país, por lo que ante el riesgo gravísimo de que el Congreso la apruebe es urgente una mayor movilización nacional, reiterando una y otra vez a Calderón y a sus aliados que: "¡Ya basta!"
3.8.11
Washington declara la guerra a su pueblo
Alejandro Nadal
En 1961 el presidente saliente Dwight Eisenhower pronunció un discurso de despedida y una famosa advertencia. En aquella ocasión previno sobre el poder desmedido del "complejo militar-industrial". Según uno de sus más importantes biógrafos, Geoffrey Perret, el borrador del discurso preparado por Eisenhower contenía la frase "complejo militar-industrial-congresional" para marcar el papel negativo que desempeñaba el Congreso como correa de transmisión del poder de la industria militar. En el último momento, el presidente prefirió eliminar la referencia al Poder Legislativo para no irritar demasiado.
Hoy Eisenhower habría dejado la referencia al Congreso en su discurso. Y es que por fin el Congreso estadunidense ha declarado abiertamente una guerra contra el pueblo de ese país, obedeciendo los designios del 5 por ciento más rico de su población. Aunque, pensándolo bien, la guerra comenzó hace mucho.
El fetichismo reaccionario ha logrado imponer como verdad la idea de que la causa del descalabro fiscal en Estados Unidos está en los programas sociales, en especial el sistema de seguridad social. Ha conseguido que el pueblo estadunidense considere que los derechohabientes del seguro social sean considerados parásitos sociales, a pesar de que una parte importante de sus prestaciones está cubierta con sus contribuciones a lo largo de su vida laboral. Eso no importa: la ideología reaccionaria insiste en que los pensionados son como sanguijuelas que consumieron más de lo que podían pagar y dejaron de ahorrar para enfrentar su vejez. Ésa es la más grande mentira que el pueblo estadunidense ha terminado por aceptar.
La realidad es que el sistema de seguridad social en Estados Unidos siempre se ha mantenido con superávit. El seguro social se alimenta con recursos provenientes del impuesto FICA que es pagado directamente por los trabajadores estadunidenses. Si se consultan las cifras oficiales (www.socialsecurity.gov) se puede comprobar que entre 1984 y 2009 los derechohabientes pagaron dos billones (castellanos) de dólares al seguro social y al programa Medicare por arriba de lo que recibieron como prestaciones. Dependiendo de los supuestos sobre evolución demográfica, empleo y crecimiento del PIB, así como el nivel del impuesto sobre nómina (15.3 por ciento en la actualidad), el seguro social estadunidense permanecerá con números negros hasta 2025 o 2035.
¿De dónde provenían esos recursos? En 1983 Reagan nombró a Greenspan presidente de una comisión para la reforma del seguro social. Esa comisión recomendó un incremento del impuesto sobre nómina que generó enorme superávit. Pero esos recursos no se mantuvieron en el fideicomiso especial del seguro social, sino que fueron desviados al fondo de ingresos generales. A cambio sólo quedaron pagarés inservibles del tesoro. Atención: no son bonos del Tesoro, son simples pagarés carentes de valor.
Es decir, el seguro social no contribuye al déficit, sino que ha subsidiado constantemente al gobierno federal y ese subsidio ha sido superior a los dos billones de dólares antes mencionados. Si el gobierno no hubiera usado esos recursos habría tenido que aumentar su endeudamiento, lo que habría implicado mayor carga financiera. El cálculo oficial indica que se habrían erogado otros 800 mil millones de dólares por el peso de la deuda si el gobierno no hubiera "usado" los recursos del fondo del seguro social.
En pleno debate sobre el techo de endeudamiento, el presidente Obama indicó que si no se llegaba a un acuerdo sería imposible garantizar que los cheques del seguro social fueran pagados a los derechohabientes. ¿Cómo es que no había dinero para pagar esos cheques si el seguro social tiene en teoría un superávit? La realidad es que ese fondo sólo contiene los pagarés que el Tesoro estadunidense ha entregado al seguro social a cambio de los recursos que se han captado por las cotizaciones individuales retenidas como impuesto.
En otras palabras, el superávit del fondo del seguro social ha sido saqueado para cubrir el costo de mantener bajos los impuestos a los ricos, para pagar el costo creciente de las aventuras militares imperiales y, más recientemente, para pagar los astronómicos rescates para el sector financiero.
En otras palabras, los recursos del seguro social fueron objeto de un desfalco, de una gigantesca malversación de fondos mientras el pueblo de Estados Unidos veía televisión y rendía homenaje a "sus" héroes caídos en guerras sobre las provincias más lejanas del imperio. A Obama le tocó la explosión de esta bomba de tiempo sembrada en 1983. En lugar de denunciarla, ha preferido abrazarla. La reacción en el congreso no ha titubeado y aprovechó bien la oportunidad para comenzar a desmantelar el seguro social. Es una forma de enterrar el problema.
Dicen que las guerras tienen la ventaja de quitar las máscaras. Así se conoce al enemigo, porque en la batalla lo que importa son las acciones, no las palabras. Ahora el saqueo del siglo ha quedado al descubierto.
http://nadal.com.mx
En 1961 el presidente saliente Dwight Eisenhower pronunció un discurso de despedida y una famosa advertencia. En aquella ocasión previno sobre el poder desmedido del "complejo militar-industrial". Según uno de sus más importantes biógrafos, Geoffrey Perret, el borrador del discurso preparado por Eisenhower contenía la frase "complejo militar-industrial-congresional" para marcar el papel negativo que desempeñaba el Congreso como correa de transmisión del poder de la industria militar. En el último momento, el presidente prefirió eliminar la referencia al Poder Legislativo para no irritar demasiado.
Hoy Eisenhower habría dejado la referencia al Congreso en su discurso. Y es que por fin el Congreso estadunidense ha declarado abiertamente una guerra contra el pueblo de ese país, obedeciendo los designios del 5 por ciento más rico de su población. Aunque, pensándolo bien, la guerra comenzó hace mucho.
El fetichismo reaccionario ha logrado imponer como verdad la idea de que la causa del descalabro fiscal en Estados Unidos está en los programas sociales, en especial el sistema de seguridad social. Ha conseguido que el pueblo estadunidense considere que los derechohabientes del seguro social sean considerados parásitos sociales, a pesar de que una parte importante de sus prestaciones está cubierta con sus contribuciones a lo largo de su vida laboral. Eso no importa: la ideología reaccionaria insiste en que los pensionados son como sanguijuelas que consumieron más de lo que podían pagar y dejaron de ahorrar para enfrentar su vejez. Ésa es la más grande mentira que el pueblo estadunidense ha terminado por aceptar.
La realidad es que el sistema de seguridad social en Estados Unidos siempre se ha mantenido con superávit. El seguro social se alimenta con recursos provenientes del impuesto FICA que es pagado directamente por los trabajadores estadunidenses. Si se consultan las cifras oficiales (www.socialsecurity.gov) se puede comprobar que entre 1984 y 2009 los derechohabientes pagaron dos billones (castellanos) de dólares al seguro social y al programa Medicare por arriba de lo que recibieron como prestaciones. Dependiendo de los supuestos sobre evolución demográfica, empleo y crecimiento del PIB, así como el nivel del impuesto sobre nómina (15.3 por ciento en la actualidad), el seguro social estadunidense permanecerá con números negros hasta 2025 o 2035.
¿De dónde provenían esos recursos? En 1983 Reagan nombró a Greenspan presidente de una comisión para la reforma del seguro social. Esa comisión recomendó un incremento del impuesto sobre nómina que generó enorme superávit. Pero esos recursos no se mantuvieron en el fideicomiso especial del seguro social, sino que fueron desviados al fondo de ingresos generales. A cambio sólo quedaron pagarés inservibles del tesoro. Atención: no son bonos del Tesoro, son simples pagarés carentes de valor.
Es decir, el seguro social no contribuye al déficit, sino que ha subsidiado constantemente al gobierno federal y ese subsidio ha sido superior a los dos billones de dólares antes mencionados. Si el gobierno no hubiera usado esos recursos habría tenido que aumentar su endeudamiento, lo que habría implicado mayor carga financiera. El cálculo oficial indica que se habrían erogado otros 800 mil millones de dólares por el peso de la deuda si el gobierno no hubiera "usado" los recursos del fondo del seguro social.
En pleno debate sobre el techo de endeudamiento, el presidente Obama indicó que si no se llegaba a un acuerdo sería imposible garantizar que los cheques del seguro social fueran pagados a los derechohabientes. ¿Cómo es que no había dinero para pagar esos cheques si el seguro social tiene en teoría un superávit? La realidad es que ese fondo sólo contiene los pagarés que el Tesoro estadunidense ha entregado al seguro social a cambio de los recursos que se han captado por las cotizaciones individuales retenidas como impuesto.
En otras palabras, el superávit del fondo del seguro social ha sido saqueado para cubrir el costo de mantener bajos los impuestos a los ricos, para pagar el costo creciente de las aventuras militares imperiales y, más recientemente, para pagar los astronómicos rescates para el sector financiero.
En otras palabras, los recursos del seguro social fueron objeto de un desfalco, de una gigantesca malversación de fondos mientras el pueblo de Estados Unidos veía televisión y rendía homenaje a "sus" héroes caídos en guerras sobre las provincias más lejanas del imperio. A Obama le tocó la explosión de esta bomba de tiempo sembrada en 1983. En lugar de denunciarla, ha preferido abrazarla. La reacción en el congreso no ha titubeado y aprovechó bien la oportunidad para comenzar a desmantelar el seguro social. Es una forma de enterrar el problema.
Dicen que las guerras tienen la ventaja de quitar las máscaras. Así se conoce al enemigo, porque en la batalla lo que importa son las acciones, no las palabras. Ahora el saqueo del siglo ha quedado al descubierto.
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