La "reforma"

Luis Javier Garrido


La "reforma política" de Felipe Calderón, que éste urge al Congreso le apruebe –junto con las llamadas "reformas" laboral y de seguridad–, y que el escritor Javier Sicilia en nombre de su movimiento exigió al Senado el día 22 sea aprobada cuanto antes, es una verdadera contrarreforma, contraria a los intereses del pueblo mexicano, y al margen de que es fundamental se discutan en México, de la manera más amplia y democrática posible, los cambios políticos y electorales que urgen al país para tener un régimen democrático (lo que no haría este gobierno), hay que reiterar que no existe la posibilidad legal de que se aprueben cambios en materia política electoral para 2012.

1. La propuesta de establecer en México una democracia semi-directa en vez del régimen representativo que establece el artículo 40 constitucional, y en la que ahora busca montarse hipócritamente la derecha calderonista para vaciarla de contenido, surgió como en el resto del mundo históricamente de la izquierda.

2. En la primera fase de la mesa 2 de los diálogos de San Andrés entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal, llevada a cabo del 21 al 25 de marzo de 1996 –y que fue interrumpida por los zapatistas ante la intemperancia del gobierno zedillista para seguir dialogando y los signos de que no quería cumplir lo acordado en la mesa 1–, como integrante del cuerpo de asesores del EZLN hice el planteamiento de acordar una verdadera reforma para garantizar los derechos políticos como derechos fundamentales de los mexicanos, modificar el artículo 41 para establecer las candidaturas ciudadanas, el 71 para que tuviesen los ciudadanos participación en el proceso de iniciativa y formación de las leyes y el 97 a fin de que pudiesen poner éstos en acción la maquinaria judicial para que se investigara cualquier violación del voto público.

3. En esta ponencia publicada en Democracia y Justicia. Diálogos de Sacam Ch’en (Ce-Ácatl, 1996, pp. 27-29), hice asimismo el planteamiento de que se estableciera en México el principio de la revocación del mandato, que en el país han rechazado con vehemencia el PAN y el PRI, y en el mundo la mayor parte de los partidos políticos; que no figura desde luego en la iniciativa de Calderón de 2010 que apoya Sicilia, y que es clamor de diversos sectores de mexicanos que no quieren verse obligados a sufrir a un mal gobernante por un periodo determinado cuando ha mostrado su venalidad o su incompetencia, como dan cuenta en nuestro país múltiples casos en los tiempos recientes, incluyendo el de Felipe Calderón.

4. En esta ponencia propuse que al lado de la democracia representativa se establecieran formas de democracia directa o semidirecta, desde el plebiscito y el referéndum, que de alguna manera han permanecido en los usos y costumbres de los pueblos indígenas de México, y que existen en buena parte de los regímenes euro-occidentales como vía para dirimir cuestiones legislativas de gran importancia, pero haciendo el señalamiento de que estos mecanismos deberían estar no en manos del poder, como lo pretende la propuesta de la derecha, sino del pueblo.

5. El EZLN, ante la cerrazón oficial, buscó desde entonces desarrollar estas prácticas de democracia directa y semidirecta en los territorios zapatistas, por lo que tales formas de toma de decisiones forman parte de manera cada vez más arraigada de la vida cotidiana de sus comunidades, en tanto que la derecha oficial buscó desde entonces tergiversar su sentido.

6. Al Estado policial que pretende Calderón ante la crisis económica y financiera que se avecina, le interesan ahora prioritariamente dos cambios: a) los tendientes a permitir la relección inmediata de diputados y senadores, exigidos desde hace años por Washington y el capital trasnacional para tener un cuerpo legislativo permanente y "confiable", los que como se sabe son contrarios a nuestra historia, y que Carlos A. Madrazo como jefe del PRI logró echar abajo en 1965, y b) los de las candidaturas independientes, tanto para cumplir con el fallo de San José que condenó a México por no admitirlas, como para poder presentar como "independiente" en 2012 a un candidato del yunquismo y del PAN tras el fracaso de los llamados "siete enanos", que ya no son más que seis.

7. Las candidaturas independientes son objeto de un manoseo por parte de la derecha, ya que en un régimen electoral determinado por el dinero y la impunidad de los medios, los grupos oligárquicos las ven como una salida ante la crisis de los partidos. En el perverso marco jurídico actual no se podrían propiciar candidaturas obreras o campesinas sino de grandes empresarios, por lo que atisbando esto, el ex canciller Jorge G. Castañeda intentó ser en 2006 candidato "independiente" por el financiamiento millonario que le brindara el magnate estadunidense George Soros. La clave de las candidaturas independientes está por lo mismo en modificar en profundidad las leyes y establecer reglas de equidad para equipararlas a las de los partidos, y éstos no están dispuestos a ello, pues sólo las quieren, como Calderón, en tanto que figura decorativa.

8. Una reforma no se limita a un simple enunciado sino que debe precisarse su sentido, lo mismo en la Constitución que en la ley reglamentaria, en este caso el Cofipe, y en la actualidad no es viable hacerlo, como quiere Calderón, antes de los comicios de 2012. No sólo por la falta de tiempo para discutirla sino por el principio legal de que la legislación no puede modificarse sino hasta seis meses antes del proceso. La propuesta formulada el 14 de julio por el académico Diego Valadés para darle la vuelta a esta regla, consignándola en la Constitución y, a pesar del acotamiento legal, disponiendo en un transitorio que ésta sería posible en 2012, no es viable, porque la misma no sería factible si no es reglamentada en la ley secundaria y modificadas las leyes en su conjunto.

9. Una contrarreforma política como la del PAN, apoyada por el movimiento de Sicilia, en vez de abrir vías de participación las restringiría fortaleciendo el régimen oligárquico. Lo que urge es por el contrario una amplia discusión sobre la reforma política que requiere nuestro país, pues los cambios hechos desde 1989 por la alianza de los salinistas y el PAN no abrió la vía a ninguna transición o democracia sino a otra forma de autoritarismo. El IFE y el tribunal electoral están desde entonces en manos de los partidos, y cuando este partido es el del gobierno, como ahora el PAN, todo sigue como antes del 88: el gobierno oligárquico lo controla todo. De ahí la urgencia de una verdadera reforma para que cambie el régimen autoritario y demagógico que asfixia al país, a la que se opondrían sin duda el PAN y el PRI y un sector del PRD,

10. Ante estas tentativas de los panistas para seguir confundiendo a los mexicanos, además de actuar hay que espetar por eso una vez más, con fuerza y claridad, un contundente: "¡Ya basta!"

La depredación

Luis Javier Garrido

El mayor riesgo que tiene el país en esta larga agonía del gobierno calderonista lo constituye el intento de las fuerzas de la extrema derecha por hacer aprobar al Congreso una serie de contrarreformas neoliberales con las que pretende terminar de desmantelar al Estado mexicano, culminando así su labor depredadora de estos años.

1. El riesgo de que a espaldas y en contra de los mexicanos se aprueben algunas de las contrarreformas urdidas por la derecha yunquista es muy grande, pues a pesar de que hay de continuo declaraciones en el sentido de que no habrá en agosto un periodo extraordinario para ello, las filtraciones de Los Pinos pretenden que ya tienen el consenso del PRI para algunas de ellas y se habla de la contrarreforma laboral y de la relativa a seguridad nacional.

2. La nueva "legislación" en materia de seguridad nacional que Calderón pretende le apruebe el Congreso abriría, como se ha señalado, la vía para crear en México el Estado policiaco de carácter totalitario en el que sueñan los panistas en previsión de la crisis social que los tecnócratas neoliberales advierten como consecuencia del colapso de la economía mexicana, uncida al desastre que se ve venir de las finanzas internacionales a consecuencia de la imposición del modelo neoliberal.

3. La contrarreforma calderonista de supuesta "seguridad nacional" no es otra cosa que un nuevo blindaje a los actos ilegales del Ejecutivo, pues supone aberraciones inaceptables en un régimen constitucional de derecho, que han sido descalificadas tanto por juristas como por agrupaciones defensoras de derechos humanos, y es poco probable que la mayoría de los legisladores del PRI y del PRD autoricen dicha pretensión, por la regresión histórica que significaría. Calderón demanda el establecimiento de un régimen en el cual exista una discrecionalidad absoluta del Ejecutivo para suspender de hecho las garantías individuales y una plena libertad del gobierno federal para violentar la autonomía de los estados y los municipios, la actuación del Ejército y la Marina como fuerzas policiales en un marco absoluto de impunidad y la prerrogativa presidencial de determinar cuándo se violan las garantías constitucionales.

4. El Ejército y la Marina, como todas las fuerzas policiales del gobierno calderonista, han actuado estos cuatro años en abierta violación al orden constitucional de México y violentando múltiples pactos y tratados internacionales, y lo que Felipe Calderón plantea es que se modifiquen la Constitución y las leyes de la nación nada menos que para adecuarlas al estado de ilegalidad y de violencia impune en el que han venido manifestándose marinos y militares. En otras palabras, para que las leyes se adecuen a la realidad, y se dé una apariencia de "legalidad" a la violencia criminal del gobierno.

5. Una de las mayores perversiones del actual gobierno panista, que ha depredado no sólo la vida social y la economía del país sino las instituciones de la República, la ha constituido la subordinación que ha logrado de los ministros de la Suprema Corte de Justicia no nada más en función de sus pretensiones políticas (lo que era ya un rasgo del régimen del PRI) sino llevándolos a actuar en contra de la Constitución en función de los intereses de la derecha trasnacional, lo mismo en materia de energía que de los derechos fundamentales de los mexicanos, todo con el objetivo de acelerar el desmantelamiento del Estado nacional, avalando así la legalidad prevaleciente, y eso se ve sobre todo en materia de "seguridad nacional", en donde la Corte no actúa como una instancia de control de la constitucionalidad ni de las leyes ni de los actos del gobierno. Calderón critica todo el tiempo a los jueces de primera instancia acusándolos de corruptos, pero no se da cuenta de que los mexicanos ven sobre todo la corrupción de arriba: la que vincula a la Corte con Los Pinos.

6. El fallo impreciso y ambiguo de la Suprema Corte del 12 de julio determinando que los militares deben ser juzgados en los tribunales civiles "si violan garantías" pretende ser una respuesta a la exigencia nacional e internacional de que se termine en México la prerrogativa aberrante, que se ha ampliado de hecho, del fuero castrense, y los marinos y militares sean sometidos en todos los casos a los tribunales ordinarios, pero no lo es, como muchos han supuesto, pues busca tergiversar lo establecido en el artículo 13 constitucional, que niega la existencia del fuero en los delitos de militares contra civiles. Al no fallar con claridad la cuestión, los ministros no hicieron más que abrir la vía para que se pueda legislar en el sentido que pretende el gobierno panista: estableciendo una discrecionalidad absoluta de las autoridades para que ellas mismas puedan determinar en qué casos, durante las supuestas acciones de la “guerra contra el narco”, los militares violaron las garantías individuales.

7. La resolución busca dar respuesta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a México en 2009 tras el caso Radilla, pretendiendo que la cuestión ha sido resuelta y las normas y prácticas mexicanas son ya conformes al derecho internacional, aunque no se haya cancelado por completo la pretensión de las fuerzas armadas mexicanas de conservar todo tipo de fuero de hecho y de derecho. De ahí otro motivo más de urgencia que tiene Felipe Calderón para que el Congreso expida la nueva legislación en materia de seguridad nacional, que él exige a fin de poder hacer del "nuevo Estado" panista un Estado policial.

8. La respuesta de las fuerzas armadas ante la gravísima situación institucional creada por el inepto gobierno panista, que con sus políticas de violencia las ha llevado a actuar de manera ilegal e inconstitucional para servir a intereses extranjeros, no podía ser otra. Un grupo de altos mandos militares demandaron el miércoles 13 ante la Comisión bicameral de Seguridad Nacional del Congreso que se apruebe un marco jurídico que legalice la lucha anticonstitucional que dicen librar "contra el narcotráfico", y que sea mucho más amplio que el de la contrarreforma calderonista que queda "muy corta" para ellos (La Jornada del 14 de julio), sin entender que amplios sectores de mexicanos se han dado ya cuenta de que lo que están haciendo es otra cosa, y fundamentalmente el crear un clima de terror en el país para someter a los mexicanos al proyecto trasnacional y para reordenar al narco en función de los intereses estadunidenses.

9. Esos militares se equivocan, pues ni soldados ni marinos deben actuar en un régimen democrático como cuerpos policiales, y mucho menos impunemente como ellos siguen pretendiendo hacerlo. El marco jurídico en materia de seguridad nacional ya existe en México y está claramente determinado por la Constitución, pisoteada en este sexenio, y basta con respetarlo, por lo que ellos deben regresar a sus cuarteles conforme al marco constitucional actual.

Sueños y pesadillas del imaginario reaccionario

Alejandro Nadal

Los soñadores, los especuladores y los reaccionarios acabaron por hundir al mundo en la segunda Guerra Mundial. Esa es la gran enseñanza de la controvertida obra del historiador A. J. P. Taylor sobre Los orígenes de la Segunda guerra mundial (publicada en 1961). Sólo le habría faltado añadir como telón de fondo de ese proceso a la Gran Depresión. Una vez que completamos el cuadro, las semejanzas con los acontecimientos de nuestros días comienzan a delinearse de manera más clara y alarmante.

Hoy todos los indicadores importantes sobre el desempeño de la economía mundial indican que la crisis se profundiza. Desde Estados Unidos hasta Europa, pasando por Japón y China, el barómetro anuncia una tormenta que amenaza convertirse en huracán global. Ya llevamos tres años de estancamiento, regresión y desempleo agudo, y los gobiernos de las economías capitalistas desarrolladas han sido incapaces de presentar soluciones para salir del agujero. Lo más grave es que han hecho suyo el sueño del sistema financiero para agravar la crisis y hacerla más duradera.

El ataque de los especuladores en Europa muestra que al sector financiero la crisis no le asusta. Quizás está acostumbrado a vivir con la inestabilidad pues sabe aprovechar el descalabro en los sistemas de precios, aunque se lleve a economías enteras a la ruina. Lo cierto es que los técnicos del Banco Central Europeo (BCE) y de los gobiernos de Europa siguen rendidos a los pies de los agentes financieros. Pero eso no resuelve la crisis, sólo la agrava.

El BCE acaba de subir las tasas de interés, hundiendo las perspectivas de una salida más o menos airosa para España e Italia. El BCE hizo esto a sabiendas de que la tasa Euribor subiría inmediatamente y 90 po ciento de las hipotecas en España están ligadas a dicha tasa. El impacto será brutal, profundizando la recesión y el desempleo.

El diferencial entre los bonos de largo plazo de Alemania y de países como Italia y España anuncia lo difícil que será para éstos países mediterráneos enfrentar sus compromisos de pagos en agosto y septiembre. Italia debe reciclar 70 mil millones de euros en esos meses y el costo en intereses adicionales será insoportable.

En los casos de Grecia, Portugal e Irlanda, se podía pensar que el sistema financiero europeo podría subsistir. Pero cuando hablamos de Italia y España, las cosas cambian. El ajuste o reestructuración o como quieran llamarle a la debacle de la deuda en estos países podrían arrastrar a toda la Unión Europea al abismo. Las reverberaciones sacudirán el planeta entero.

Para colmo de males, los gobiernos europeos han escogido la austeridad y la depresión prolongada. Sin el apoyo del gasto público, la demanda seguirá en el piso. El crecimiento será todavía más mediocre y el desempleo repuntará. La recaudación se desplomará, el peso de la deuda se elevará y las primas de riesgo harán lo mismo. Los sueños de los reaccionarios serán la pesadilla de los ciudadanos.

En Estados Unidos el retroceso pasa por la rendición incondicional de Barack Obama frente a los soñadores y reaccionarios del partido republicano. Frente a la transferencia de cifras astronómicas para los bancos y Wall Street, los republicanos piden recortes en los programas sociales Medicare y Medicaid y Obama acepta el reto. Hasta el sacrosanto seguro social, tan venerable para los demócratas, ha sido ofrendado en bandeja de plata a los cuchilleros de los republicanos. Obama anuncia que se necesita "reformar" el seguro social para alcanzar la estabilidad que requiere la "comunidad de negocios" para poder invertir y llevar a la economía estadounidense al crecimiento y la prosperidad. ¿De dónde sacó ese sueño? Las cifras de desempleo en Estados Unidos anunciadas la semana pasada más bien confirman que ese país vive una pesadilla y está muy lejos de haber salido de la crisis.

Obama zozobra en el mismo razonamiento que domina el ideario reaccionario: si damos estabilidad y tranquilidad a los empresarios, las inversiones fluirán por sí solas y todo se arreglará. Es lo que claman los halcones en el Congreso. No importa que su país se vaya a la cloaca de la segunda Gran Depresión.

Si algo han demostrado los gigantescos paquetes de rescate para el sector financiero es que la actual no es una crisis de liquidez. En realidad, el histérico reclamo de austeridad en Europa y Estados Unidos traduce una visión equivocada de la crisis. Se quiere negar que ésta es una peligrosa crisis estructural de todo el modelo económico neoliberal.

De no superarse, la crisis actual terminará por salirse del cauce financiero-económico y conducirá a distorsiones políticas y hasta conflictos armados. La histeria de la austeridad (y el afán de destruir lo que queda del estado de bienestar en Europa y Estados Unidos) es comparable a lo que Taylor calificó como "la neblina moral e intelectual en la que se movieron los estadistas europeos" en el período 1925-1939. Ya conocemos el trágico resultado.

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El "nuevo Estado"

Luis Javier Garrido

El rechazo nacional a las políticas de Felipe Calderón en su quinto año es el más elevado en casi medio siglo, el desprestigio personal del titular del Ejecutivo de facto y de los principales miembros de su gabinete no tiene parangón, su guerra “contra el narco” –que es el eje de su proyecto– es repudiada por todos los sectores y el desastre institucional es cada vez mayor, pero la derecha en el poder no quiere ceder y él sigue echado para adelante.

1. El caso del desfase de Felipe Calderón de la realidad no podría explicarse, sin embargo, si no se analiza la prepotencia, impunidad y fanatismo de las fuerzas de la extrema derecha que gobiernan a México. El gobernante de facto no oculta que todavía sueña con trascender como el hombre que liquidó al Estado surgido de la Revolución Mexicana, para lo que le urge acelerar las contrarreformas e imponer a un sucesor que garantice los intereses de sus aliados y protectores y al mismo tiempo le cubra las espaldas, de ahí que en el marco del no tan novedoso “tapadismo blanquiazul” haya lanzado a Ernesto Cordero, su titular de Hacienda, para ver si logra el respaldo del capital financiero.

2. El proyecto de la ultraderecha mexicana tiene en su desmesura rasgos que muy pocos han querido advertir, aunque no se hayan ocultado. El desprecio de los gobernantes actuales al orden constitucional de la República y su descalificación de todos los regímenes del pasado ha ido acompañado en los últimos meses por la pretensión de edificar no un nuevo régimen sino "otro Estado", y la jerigonza que utilizan es por ello preocupante, por sus resonancias mussolinianas. Alejandro Poiré, vocero de seguridad nacional, afirmó por ejemplo sin ambages, en un acto en el PAN capitalino el sábado 25, que un objetivo central del gobierno es edificar "un nuevo Estado".

3. Las fuerzas económicas neoliberales han ido delineando a través de la experiencia de los últimos 30 años el "modelo político" que buscan imponer a los estados nacionales, sin que haya todavía un consenso en todos sus aspectos, pues dicho "modelo", como se ha visto, supone el desmantelamiento de dichos estados para reducirlos a su mínima expresión: subordinando su orden jurídico interno a un derecho supranacional, cancelando los derechos originarios de las naciones a sus recursos estratégicos, desapareciendo en aras del mercado las entidades públicas, y reduciendo la vida democrática a una elección entre candidatos con propuestas similares funcionales al capitalismo neoliberal.

4. En el caso de México los panistas han sido más neoliberales que los miembros del PRI, a) porque en las condiciones de ilegitimidad en las que asumieron el gobierno, han estado más subordinados que ellos a los organismos financieros y al gobierno de Washington; b) porque a su vocación derechista, antinacional y entreguista se agrega el odio patológico que históricamente han tenido por las instituciones en que se apoyaron los regímenes priístas: la reforma agraria, el petróleo nacionalizado, las garantías laborales y el derecho del trabajo, los sindicatos; y, en fin, c) porque han resultado tanto o más voraces para los negocios con las trasnacionales que aquellos. A lo que se agrega otro factor: d) su vinculación con el sector más retrógrado de la jerarquía eclesiástica, cuyo activismo político es ya una preocupación nacional. De ahí la confusión entre lo público y lo privado que deliberadamente Calderón y sus amigos han impulsado con actitud patrimonialista buscando seguir prevaleciendo.

5. El supuesto éxito de Calderón en 2012 lo niega sin embargo la realidad, pues con toda seguridad Acción Nacional va a perder todas las elecciones estatales de este año, empezando por la mexiquense –que se dirimirá el 3 de julio entre Alejandro Encinas, vencedor de los debates, y el priísta Eruviel Ávila–, por lo que el gobierno panista tendría que recurrir el año que entra a una violencia extrema para salirse con la suya.

6. La “guerra contra el narco”, concebida en 2006 para hacer prevalecer los intereses estadunidenses en México y para enquistar en el poder a la ultraderecha mexicana con un costo de decenas de miles de muertos, se podría muy bien terminar al llevarse a Calderón ante los tribunales.

7. El gobierno del PAN y el Yunque cree sin embargo después de Chapultepec que tiene la vía libre para proseguir con su estrategia de guerra, y no advierte la creciente oposición nacional a sus políticas. Es cierto que Javier Sicilia y sus compañeros no plantearon en el encuentro las que se suponía eran demandas centrales del movimiento y no presentaron las exigencias nacionales de que el gobierno panista respete el orden constitucional y se termine con el estado de excepción que hay en el país poniéndose un alto a la guerra criminal, como tampoco hicieron mención de los acuerdos de Ciudad Juárez que demandaron el fin de la Iniciativa Mérida y de la injerencia estadunidense en asuntos nacionales, no pidieron la renuncia de Genaro García Luna y de otros funcionarios, ni mucho menos hicieron mención del acuerdo de someter a Calderón a juicio político. Al carecer de una estrategia para la paz, no tuvieron argumentos ni disposición para refutarle al gobierno sus falacias, limitándose a demandar solución a casos particulares para terminar en un aparente entendimiento con el gobierno criminal empeñado en mostrarlos como sus aliados.

8. El desastre institucional lo sigue ilustrando mejor que ningún otro el caso del priísta Jorge Hank Rhon, detenido por un operativo militar ilegal que allanó su domicilio el 4 de junio y liberado 10 días después por orden de una juez, que el propio Calderón ha seguido mencionando: negando en Chapultepec el 23 de junio y luego en entrevista con Ciro Gómez Leyva de Milenio Televisión el 27 haber conocido dicho operativo. De manera que si fue así, según Calderón el Ejército es una fuerza autónoma que actúa en la ilegalidad por motivos políticos y él un inepto que lo tolera. Las acusaciones que lanzó entonces a Hank criminalizándolo bastarían por otra parte para que cualquier juez lo dejara en libertad ante cualquier acusación por la intervención del Ejecutivo federal en un asunto judicial.

9. El gobierno panista no tiene fuerza moral para imponer sus políticas y a fin de hacerlas valer sólo se puede apoyar en los medios que manipula de manera cada vez más obvia y en la jerarquía católica, pero sobre todo en la fuerza material de ese Estado que pretende desmantelar. El arma fundamental que tiene para seguirse imponiendo no es otra que la capacidad represiva de las fuerzas armadas y de las bandas y grupos paramilitares que ha creado en estos años, que le permitirían imponer un clima de amedrentamiento, de ahí la peligrosidad de lo que acontece. El proyecto del "nuevo Estado" no está, a pesar de todo, muerto.

10. La exigencia de los sectores conscientes de la nación para terminar con este desastre debe hacerse valer por lo mismo en los meses que le resten a este gobierno cada vez con mayor fuerza, diciéndole una y otra vez: "¡Ya basta!"

El retorno de los brujos

Alejandro Nadal

Los economistas conservadores han salido desprestigiados por la crisis. Después de todo, prometieron prosperidad, igualdad y hasta un mundo menos enfermo desde el punto de vista ambiental. Lo único que nos entregaron fue un colapso económico gigantesco, con desempleo y pobreza. Deberían estar escondidos, llenos de vergüenza.

Pero no es así. Todo lo contrario. Los economistas conservadores han tomado más fuerza. ¿Por qué? La razón es que los mitos en los que se fundan sus posturas están profundamente enraizados en una cosmovisión elemental de una gran cantidad de personas, por no decir de la mayoría de la gente.

En el arcón de mitos en los que se funda la economía conservadora o neoclásica existen tres particularmente importantes. No importa cuanta evidencia empírica en sentido contrario pueda usted encontrar, nunca podrá convencer a los fieles de estos dogmas. De todos modos, aquí les ofrecemos unas cuantas piedras para lanzar a las relucientes vitrinas de los que tienen estas creencias.

El primer mito está basado en la idea de que el mundo de lo económico forma un sistema autónomo que se regula a sí mismo. La metáfora más exitosa (y peligrosa) es que lo económico es una especie de máquina. Y como se autoregula, hay que dejarla trabajar sin estorbar su dinámica.

La teoría económica se ha pasado más de 200 años tratando de demostrar que efectivamente el sistema económico se auto-regula y que, por lo tanto, no necesita de la intervención del gobierno o de la esfera de la política. La evidencia de crisis recurrentes podía haber sido suficiente para demostrar lo contrario. Pero frente a las historias de crisis, los neoclásicos siempre podían argumentar que fueron provocadas precisamente por intervenciones irresponsables de los gobiernos.

El debate se desplazó al mundo de los modelos matemáticos. El programa de investigación de los economistas fue sencillo: construir un modelo matemático capaz de reproducir las condiciones bajo las cuales las fuerzas del mercado conducen al equilibrio. Pero el modelo más sofisticado y refinado de la teoría económica neoclásica ha demostrado que en general (salvo excepciones aberrantes) el sistema de mercado es inestable. Así que por donde lo vean: o historia económica, o modelos matemáticos puros, la verdad es que la idea de los mercados autoregulados que conducen al equilibrio no tiene ninguna base racional.

El segundo mito es que la economía de un gobierno es como la de un hogar. Y así como una familia tiene que medir su consumo, el gobierno también tiene que restringir su gasto para no rebasar el monto de sus ingresos. De esta visión procede la idea de que en tiempos de crisis, tal como lo haría una familia, hay que apretarse el cinturón. Es lo que recomiendan sin cesar los llamados halcones de la austeridad fiscal en el debate sobre política fiscal en todo el mundo.

La realidad es diferente. Para empezar, los hogares no pueden establecer gravámenes y recaudar ingresos a través de impuestos. Tampoco he visto familias que vivan cientos de años, que incurran en un déficit constante y que acumulen deuda, como hacen los gobiernos. Normalmente las deudas de los hogares tienen que resolverse de una u otra forma.

En el límite, los gobiernos pueden emitir moneda, algo que los particulares tampoco pueden hacer. Dirán algunos que precisamente para evitar abusos se le ha dado autonomía al banco central. Pero si se observa con cuidado el comportamiento de la Reserva federal en Estados Unidos, se puede constatar que la política monetaria no se parece en nada al comportamiento de una familia.

El tercer mito es que cada clase social o grupo recibe como remuneración lo que aporta a la economía. Esta creencia es la que está más profundamente enraizada en la gente y corta el espectro de todas las clases sociales. Parece que en alguna parte del imaginario colectivo habita la leyenda de que el ingreso de las personas es proporcional a su contribución al producto nacional. El corolario es que el orden económico es justo, pero la realidad es que nada en la teoría económica presta sustento a esta idea. La distribución del ingreso no está determinada por ninguna ley o mecanismo económico. Simple y sencillamente depende de relaciones de poder.

Lo anterior no quiere decir que las variables económicas no son importantes. Por el contrario. Son mucho más importantes de lo que se piensa cuando se coloca uno los lentes de esta mitología perniciosa que todo lo distorsiona. El saldo fiscal, la inflación, la creación monetaria y el nivel salarial, todo eso merece una atención cuidadosa, sin mitologías y creencias más relacionadas con la brujería que con el pensamiento racional.

Los mitos sobre la economía, que se han ido perpetuando en las escuelas y facultades de economía, se fundieron con las creencias más ingenuas y peligrosas de nuestros tiempos. Quizás esas creencias tienen más que ver con aquellas Forze elementari sobre las que escribió Gramsci en su análisis sobre el fascismo.

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US Working and Middle Class: Solidarity or Competition in the Face of Crisis?

James Petras

The near extinction of private sector unionism and the moribund millionaire leadership provides an opportunity to start anew with a horizontal leadership, accountable to the membership and integrated with community based co-op, ecologist, immigrant, consumer based organizations.

“I don’t think you realize how hard it is for the oppressed to become united. Their misery unites them (…) But otherwise their misery is liable to cut them off from one another, for they are forced to snatch the wretched crumbs from each other’s mouth”.
Bertolt Brecht Collected Plays Vol. 9. (Pantheon Books New York 1972) p. 379

Introduction

There are two uncontestable facts about the United States: the economy and the working class are experiencing a prolonged economic crisis which has lasted over three years and shows no signs of ending; there has been no major revolt, mass national resistance or even large scale protests of any consequence. Few writers have attempted to address this seeming paradox and those who do, have provided partial answers which in fact raise more questions than they answer.

Lines of Inquiry

Essentially most writers emphasize one of the two sides of the “paradox”. The ‘crises’ analysts focus on the extent, duration and enduring nature of the economic breakdown, outlining its harsh impact on the working and middle class in terms of losses of employment, benefits, wages, mortgages etc. Others, mostly left progressive, emphasize the local protests, critical responses registered in opinion polls, occasional complaints of trade union bureaucrats and the hopes and intimations of academics and pundits that a ‘revolt’ is on its way some time in the near future.

Among the minority of less sanguine critical analysts, there is despair, or at least a more pessimist view of the ‘paradox’. They point to several deep-seated psychological, organizational and political obstacles which prevent any revolt or mass unrest from taking hold among the United States’ public.

On the whole these critics see the working and middle class as ‘victims’ of the system, acted upon by false leaders, media manipulation, corporate capitalism and the two party system which prevent them from pursuing their class interests.

In this essay, I will pursue an alternative line of analysis which will argue that the “external enemies” blocking working and middle class resistance are aided and abetted by the behavior and perceived interest within the classes. In pursuit of this line of inquiry, I will argue that both the nature and scope of ‘the crises’ has been misunderstood in its impact on the working and middle class and as a consequence the degree of internal contradictions within those classes has not been adequately understood.

Key Concepts: Clarifying ‘Crises’ and its Impact

Economic crises, even severe, prolonged ones, such as is affecting the US today, do not have a uniform impact on all sectors of the working and middle class. The uneven impact has segmented the working and middle class, between those who are adversely affected and those not, or who in certain circumstances have benefited. This segmentation is one key factor accounting for the lack of class solidarity and has resulted in ‘contradictions’ within and between the working and middle class.

Secondly the uneven development of social organization – especially trade unionization – between public and private sector workers, has led to the former securing and retaining greater social benefits and increases and wages, while the former has lost ground. The public sector workers draw on public financing to fund their ‘corporate interests’ while private sector workers are forced to pay increased taxes, because of regressive fiscal legislation. The result is an apparent or real conflict of interest between well-organized public workers organized around a narrow set of (self) interests and the mass of unorganized private sector workers who, unable to increase their wages via class struggle, side with “fiscal conservatives” (funded by big business) to demand cutbacks from public sector workers.

Political partisanship, especially among middle and working class Democrats, undercuts class solidarity and weakens unified social resistance. This is evident in relation to issues of war and peace, the economic crises and cutbacks in social programs. When the Democrats hold office, as they do today ad the wars and war spending multiply, the bulk of the peace movement has disappeared, labor protests against budget cutbacks focus on Republican governors, not Democrats, even as the working and middle class (including public sector employees) are adversely affected.

The millionaire top trade union officials (average annual salary over $300,000 plus perks) further the division by prioritizing the security of their position via million dollar contributions to the Democrats, thus buying insurance on income flows from dues payments. Security of officialdom via alignment with Party legislators and governors, mayors and executive leaders contributes to a further division within the working class between ‘secure functionaries’ and their followers on the one hand, and the rest of the middle and working class.

Operating with these key concepts we will now turn to describing the ‘objective conditions of crises’, a critical survey of some explanations for the ‘paradox’, and follow with a detailed examination of the ‘internal contradictions’ and conclude by outlining some points of departure for resolving the paradox.

Economic Crisis is Real, Deep and Sustained

The symptoms and structures of a deep economic crisis are readily visible to any but the most obtuse government apologist or prestigious economist: un- and under-employment has reached between 18 to 20 percent. One out of three US families are directly affected by loss of employment. One out of ten American family homeowners are either behind in the mortgage payments or face foreclosure. Over half of the current unemployed (9.1 percent) have been out of work at least six months. Massive cutbacks in public expenditures and investments have led to the end of health, educational and welfare programs for tens of millions of low income families, children, the disabled, the elderly pensioners. Private firms have eliminated or reduced payments for health insurance, leaving over 50 million working Americans without health insurance and another 30 million with inadequate medical coverage. Tax exemptions, reduced and regressive taxation have increased tax payments by wage and salaried workers, reducing their net income. Increases in pension and health payments forced on middle and working class employees have further reduced net income. Increased spending for at least four wars (Iraq, Afghanistan, Pakistan, Libya) preparation for a fifth (Iran) and support for the world’s most militarist state (Israel) and a greatly expanded and costly domestic police state apparatus (Homeland Security alone costs $180 billion) has greatly deteriorated environmental, workplace and leisure space living standards.

Corporate political power and absolute tyrannical control over the workplace has increased fear, insecurity and virtual terror among employees facing increased speed-ups and arbitrary elimination of any say in health and workplace safety, work schedules, over and under time workloads. Low pay service jobs proliferate, high pay jobs are outsourced out of the country; manufacturing plants are relocated abroad; lower paid immigrant professionals and laborers are imported increasing pressure on US workers to compete for lower pay and lesser benefits. The ‘economic crises’ is embedded in the deep structure of US capitalism and is not a ‘cyclical phenomenon’ subject to a dynamic recovery, restoring lost jobs, homes, living standards and working conditions.

Middle and Working Class Responses to the Economic Crises

The profound, deep seated and pervasive economic crises has not elicited any commensurate revolts, rebellion or even sustained national protest movement. At best local protests by specific segments of the working and middle class have sought to defend narrow organizational and economic interests. The public employees in Wisconsin’s protest movement were as exceptional in its militancy as it was isolated and limited in its overall national impact. As California Republican and New York Democratic governors eliminate tens of billions of dollars in wages, pension and health benefits for hundreds of thousands of unionized public employees, union officials squawk impotently on the sidelines, incapable of mounting any serious protests let alone popular movements. Though public opinion polls register high levels of individual concern about the economic crises and dissatisfaction with both political parties the response to the crises has not led to practical activity, nor has any mass ‘movement’’ emerged – it remains private inconsequential discontent.

As much as millions of middle and working classes are deeply preoccupied with the ongoing economic crises there are no significant social or political repercussions past, present or in the foreseeable future.

All the inflated hopes and ‘ominous prognostications’ by liberals and leftists, socialists and progressives, who wrote and predicted a coming ‘revolt of the masses’ have been flat wrong. The crisis continues and the highly dissatisfied middle and working class remain privately suffering, muttering their grievances in isolation, unwilling to engage in any mass collective action.

Even as the mass media, even as the internet, Facebook and Tweeter, present millions demonstrating and striking and even toppling oppressive regimes in the Middle East and North Africa; even as news reports filter out of repeated general strikes and mass occupations of public plazas by employees and workers and unemployed in Greece, Spain, Portugal, Italy and France, the United States workers stand numb, indifferent and impotent to ‘learn the lessons’ and ‘take collective action’ even where the issues of employment and cutbacks are similar.

Explanations for Social Immobility in the Face of the Economic Crises

There is no lack of ‘recognition’ that ‘something is wrong’ in these United States. There is no lack of pundits attempting to grapple with the paradox of economic crises and social immobility.

Several explanatory forays are floating through the media and the internet. Some writers resort to psychological explanations of social passivity pointing to widespread ‘fear’ of employer retaliation, state repression, or a sense of ‘futility’ in the face of political party indifference and hostility. The psychological arguments have some merit as they point to some of the immediate causes of non-involvement but fail to explain what causes ‘fear’ and futility.

In response many critical progressive cite the absence or weakness of social organizations in particular they point to the decline of trade union organizations, leaving 93 percent of the private sector unorganized and the state sector unionized workers with limited bargaining powers. While these critics are right to emphasize the unwillingness of millionaire trade union officials to break new political ground and initiate new organizing efforts, one needs to explain why the unorganized middle and working class have not themselves launched any new initiatives? Union officials have a long history of “give backs” going back at least two decades and yet those who are directly adversely affected and those who have lost their jobs have not organized an alternative network of solidarity.

Political analysts emphasize the oligarchic and restrictive nature of the electoral system as pre-empting the emergence of new political initiatives. The multi-million dollar cost of running for office, the near monopoly dominance of the mass media by the corporate two-party elite and the legal obstacle to securing a place on the ballot, discourage disenchanted voters from supporting new political party initiatives. But the deeper question is why mass movements, outside of the party-electoral framework, have not emerged that might eventually challenge the political oligarchy, the corporate monopoly of media and change the legal constraints on effective entry into the electoral arena. Why do mass movements emerge in other even more repressive countries, facing similar constraints on legal access and confronted by entrenched oligarchies?

If similar ‘external constraints’ as those found in the US led to divergent behavioral responses, it raises the question of whether the differences within the middle and working class can be the source of passivity and immobility?

A few writers, principally on the Left, cite the divorce or distance between intellectuals/academics and the downwardly mobile middle and working class. In the United States there are few intellectuals – politically engaged writers and political lecturers.

What passes for the educated classes, are full-time professional academics who differ little in their social and everyday life, regardless of their stated ideological philosophies. The vast majority of leftist academics conceive of their ‘activism’ as reading papers to each other at ‘left’ or ‘social forums’, which differ little in format and consequences from mainstream professional meetings.

Even those left academics who take a political role, it is mostly in relation with the multi-millionaire senior trade union officials and their loyalist apparatus. As a result the progressive academics have ended up with little entrée into the vast majority of workers who are outside of the trade unions and those dissident union factions challenging the trade union – Democratic Party – corporate nexus.

An Alternate Explanation for the ‘Paradox’

One of the key problems inhibiting an understanding of the paradox is the treatment of the key concept – “crises”. Many writers conceive of the ‘crises’ in a ‘holistic’ way, presuming what is ‘general’ or ‘systemic’ has a homogenous effect on the middle and working class. In fact the vast majority, say three-quarters have not been seriously impacted by the “crises”. Assuming that the unemployed and under-employed comprise about twenty percent and adding those who have suffered serious downward mobility, we still have at least 70 percent whose main preoccupation is to retain their ‘privileged’ position and to disengage from those who have fallen out of their class-social orbit. In the US, more than any other country, the sharp internal differences, between employed and un-underemployed, has led to ‘competition’ not solidarity. In most countries of the world ‘unemployed’ and underemployed workers can expect backing, active support from unionized workers; in the US once middle class employees and workers lose their job and cannot pay dues they are dropped. Even in terms of social, family and neighborhood life, they are seen as a ‘cost’, a potential drain on the resources of those who are employed. The employed see the unemployed and poorly paid as a welfare cost , hence an added tax burden instead of as an ally in a struggle to make the corporate elite pay higher taxes and reduce war spending. Among employed workers higher taxes, means capital flight; lesser military expenditures mean few war industry jobs.

Segmentation within the middle and working class operates at many levels. The most striking is between the pay scale of top union officials which runs over $300,000 plus perks and the unemployed/underemployed living on less than $30,000. These economic differences are played out politically and socially. The trade union apparatus buys ‘job security’ by contributing tens of millions to mostly Democrats, to ensure that unions retain their formal legality and collective bargaining rights. In other words the ‘organized’ unions, all of 12% of the labor force, is a ‘captive force’ of the ‘crises ridden’ state, which excludes any new socio-political initiatives which would reflect the demands and interest of the under-unemployed and low paid non-unionized workers.

Middle and working class are differentially impacted by the crises: those with jobs and ties to the Democratic Party place their partisan loyalties above any notion of class solidarity. Job holders don’t support the jobless – they see them as competitors over a shrinking income pie.

If we examine these two groups in detail we find that the poorly paid and un and underemployed tend to be young people under 30 years, blacks, Hispanics and single parents; the better paid employed middle and working class tend to be older, white educated and of Anglo-Jewish background. The generational, racial, ethnic divisions play a far bigger role in the US than anywhere else, because of the obliteration of class identity and outlooks, which has diluted any notion of class solidarity.

The segmentation of the middle and working class is deepened in the US because those with stable employment in many cases benefit from the adverse consequences affecting downwardly mobile (unemployed) employees and workers.

Mortgage foreclosures affect over 10 million American families unable to meet their payments. Banks eager to recover some part of their loan, offer to sell houses at sharply reduced prices. Employed middle and working class home buyers are elated to purchase homes, even as their class members are evicted to the street or trailer camp. There is no movement to block or protest evictions from neighbors, workmates and/or relatives; instead discreet inquiries are made about the auction date.

Better paid workers look to secure cheaper consumer goods in super-stores that employ minimum wage workers. The ‘interests’ of workers are defined by immediate individual-consumer interests not in terms of the improvement of strategic interests resulting from the potential social and political power of an organized class.

Employed middle and working class homeowners see themselves as ‘tax payers’ allied with corporate and real estate moguls fighting to lower taxes by cutting welfare and social services for the low paid working class and unemployed. The growth of upper and middle/working class tax revolts against the welfare state is in effect a war of one segment of the class against another. Clearly one segment fights to grab the crumbs from the mouth of another segment.

Even among the organized working class, there is segmentation. Pockets of better paid unionized public sector workers secured pay raises and pension and health plans via collective struggle, ignoring the interests, demands and needs of the sea of non-unionized workers, who were in the process of downward mobility while paying higher taxes. Hence their socio-economic differences were politicized and exploited by the Right – and the public-private sectors of the middle and working class competed over the crumbs of a shrinking budget.

As public facilities for health and education declined, the middle and working class divided between those who turned to private clinics and schools and those who remained dependent on public facilities, based on state expenditures. Those segments tied to the ‘private’ rejected taxes to fund the ‘public’; undercutting any class solidarity to improve the financing and quality of public health and education.

Conclusion

It is clear that the crisis of capitalism has evoked contradictory responses among different segments of the middle and working class based on its differential impact. Pre-existing non-class identities, internal economic division between leaders and followers and generational divisions and party partisan loyalties have undermined class solidarity and led to inconsequential complaints and diffuse hostility.

Competition- not solidarity- within and among the middle and working class is the reason for the profound immobility of Americans in the face of a prolonged and deepening economic crises.

That is now and in the past. Are there any prospects for a different future? Is there any possibility for uniting middle and working class segments in any sustained struggle? Are there alternative roads to class solidarity and popular mobilizations?

The most promising direction is to start at the local and regional level and involve local community organizations and dissident rank and file trade unions and progressive professionals (lawyer, doctors, etc.) in struggles, which resonate with the most adversely affected groups facing unemployment, foreclosures, no health plans, etc. All polls show a deep divergence between the vast majority of Americans and the political elite of both parties on issues of bank bailouts, tax exemptions for the rich, “reforms” (privatizations and cut backs), Medicare, Medicaid, and Social Security. Divergences exist over the loss of life and expenditures in America’s multiple and longest wars (Afghanistan). Referendums proposing (1) to end the cap on social security taxes for the rich would end the so-called “social security crises”. (2) A sales tax on financial transactions would fund the Medicare deficit. Public investments in our deteriorating infrastructure based on the transfer of war funds ($790 billion) would create jobs, increase demand in the domestic economy and augment the productivity and competitiveness of the US economy. Support for public health is an issue that unites most segments of the middle and working class, unionized health workers and community organizations in a potential confrontation with Big Pharma and the private corporate health industries.

A higher minimum wage – starting at $12 an hour – could mobilize most middle and working class segments, and initiatives at the local level could bring in the immigrant and domestic low paid workers.

The interview data demonstrate that most Americans have apparently ‘contradictory’ attitudes: supporting progressive and regressive policies. For example many support Medicare and ‘small government’; federal job creation and deficit reduction; import tariffs and cheap consumer imports. An comprehensive activist political educational program, that demonstrates that progressive social reforms are feasible and fundable, based on a sustained fiscal struggle against corporate and financial capital, can be converted into organization and direct action. We start with an objective reality, demonstrating that the sustained crisis of capitalism does not and cannot deliver the most elementary demands: jobs, housing, security, peace and growth. That is a big advantage over the advocates of the system who argue for prolonged and deeper regressive measures for the foreseeable future.

Secondly, we start with the advantage of knowing that the country has the potential wealth, skills and resources to overcome the crises. Thirdly, we can argue from relatively successful popular programs which have vast support – social security, Medicare, Medicaid – as ‘examples’ to extend and deepen social coverage.

For most Americans, the fight today, to the extent that it exists is defensive – efforts to preserve the last vestiges of independent organization, to defend social security, health programs, affordable public education, pensions. The corporate offensive is increasingly ‘homogenizing’ the organized middle and working class with the lowest paid unorganized segments. There are fewer ‘privileged workers’ even as they are still in self-denial.

The near extinction of private sector unionism and the moribund millionaire leadership provides an opportunity to start anew with a horizontal leadership, accountable to the membership and integrated with community based co-op, ecologist, immigrant, consumer based organizations. What is absolutely clear is that ‘crises’ alone will not result in any mass upheaval; nor do ‘enlightened’ progressive academics holed up in their micro-world offer any leadership.

The road forward starts with local leaders emerging from local coalitions, building organizations on the bases of independent political and social initiatives which resonate with their neighbors, fellow workers and the organized and unorganized downwardly mobile Americans. I see no easy or quick solutions to the ‘paradox’ but I do see the objective conditions, for building a movement. I hear a multitude of angry and discordant voices. Above all, I hope the oppressed will stop “snatching the crumbs from each other”.

El espejo

Luis Javier Garrido

La pretensión de la ultraderecha yunquista por conservar el control del aparato estatal tras el 2012 está llevando al país a un desastre cada vez mayor.

1. La obsesión de Felipe Calderón y de su grupo de allegados por alcanzar el poder los llevó a aceptar en 2006 la tesis estadunidense de la militarización de México y la falsa “guerra contra el narco” delineada por la Iniciativa Mérida, y lo que ahora es una obsesión delirante por acabar históricamente con el PRI, imponerse en las elecciones, y aquerenciarse en Los Pinos en el 2012 los está llevando a una serie de acciones desquiciadas que pretenden alcanzar el respaldo de Washington pero que lejos de ello están hundiendo cada vez más al país.

2. La “guerra contra el narco” le ha permitido hasta ahora al grupo de Felipe Calderón someter por el miedo a amplios sectores de mexicanos atemorizados por los miles de inocentes asesinados por fuerzas oficiales y paramilitares del gobierno y, al mismo tiempo, crear una cortina de humo para encubrir la entrega del sector energético a trasnacionales a las que se hallan vinculados él y sus amigos, y delegar funciones del Estado mexicano a agencias gubernamentales estadunidenses. Ésta no le garantiza sin embargo que pueda imponer a su sucesor, ni siquiera por la campaña de miedo que lleva a cabo en Estados Unidos pregonando que sólo los panistas, por su servilismo, pueden satisfacer las ambiciones de Washington y ahondar el escenario de violencia en nuestro país.

3. En los cuatro años y medio que van hasta ahora del sexenio perdido de Felipe Calderón hemos visto un manejo faccioso de las políticas gubernamentales, pero también de los medios entregados a hacer de manera abierta la propaganda presidencial, a instrumentar las campañas negras de Los Pinos y a engañar con cifras falsas sobre el desempeño oficial, negándole así a los mexicanos el derecho a la información, y todo hace ver que estas políticas van a extremarse al acercarse 2012, sin que esto les reditúe a quienes usufructúan el poder.

4. La guerra sucia en los medios contra Andrés Manuel López Obrador, continuada desde el 2006, y que ahora busca hacerla extensiva al PRI y al gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, no le garantizará a todas luces a Calderón poder imponer a un delfín azul en Los Pinos, pues el repudio nacional a los panistas es muy grande por las tropelías cometidas y su ineptitud en el ejercicio del poder. La única forma en que el Presidente de facto y los yunquistas podrían aspirar a colocar a un incondicional suyo en la silla presidencial sería por consiguiente la de intensificar las maniobras para impedir que Andrés Manuel sea candidato, lo que han venido haciendo en los últimos meses los operadores de Los Pinos impulsando a Marcelo Ebrard, empresa en la que hasta ahora han fracasado, pero también tratando de impedir que Enrique Peña Nieto sea el abanderado del PRI, lo que es la obsesión enfermiza actual de los jefes panistas, que buscan sea sustituido por un candidato débil como el de 2006, y que no oculte que está dispuesto a perder para que los panistas-yunquistas sigan en el poder.

5. A la ultraderecha no le basta para imponerse en 2012 tener el control del aparato estatal y de los recursos públicos o de los medios, y ni siquiera agandallarse el IFE y el Tribunal Electoral, como lo están buscando hacer este año en sendas maniobras: requieren después de su desastre en estos años el que no haya una contienda real. La única forma en que los panistas podrían prevalecer sería en el escenario que ellos buscan crear para 2012 y que describen con sus actos, impidiendo que haya una elección real y todo se negocie previamente con el aval de Washington: sin que haya un candidato de izquierda y con el PRI con un candidato descalificado de antemano y que acepte servir como comparsa asumiendo que los priístas deben replegarse a los enclaves locales.

6. El discurso de Stanford, durante la inauguración de cursos en esa universidad el 12 de junio, en la que para vergüenza de la misma se le invitó a pesar de las protestas estudiantiles, lo hizo actuando como jefe de una facción y no como jefe de Estado, buscando al hacer del tema del mismo nada menos que una descalificación histórica de los regímenes del PRI con brocha gorda, plagada de mentiras e inexactitudes, pretendiendo concitarse así el respaldo de la clase política de Washington y de los medios de ese país, como pelele que ha aceptado ser de las políticas estadunidenses, soñando con poder así tener su aval para imponer por los medios que sea al PAN en 2012, pero fracasó en ese intento, como era de esperarse, no sólo porque un personaje como él, que llegó al cargo por un megafraude electoral no tiene autoridad moral, o porque su gobierno ha sido más corrupto, antidemocrático y venal que cualquiera del PRI, sino porque con su guerra contra el pueblo de México ha llevado a un desastre institucional y a la muerte de miles de mexicanos: como se lo recordó la manta desplegada ahí por una avioneta: "40 000 dead. How many more?"

7. La desastrosa intentona de Los Pinos por encarcelar a Jorge Hank Rhon, a fin de intensificar la campaña mediática contra el PRI, tras un operativo torpe en el que se violó el orden constitucional del país (4 de junio), no logró más que poner en ridículo a las fuerzas armadas (calificadas de mentirosas por una juez) y exhibir la ineptitud y corrupción de su propio gobierno y del gobierno panista de Baja California, a lo que ahora se agrega otro elemento que hunde más a los blanquiazules: la descalificación que están haciendo desde la PGR y Los Pinos del sistema judicial de México, tras la puesta en libertad del turbulento político-empresario (14 de junio). En los cuatro años de Calderón, el Ejecutivo espurio ha descalificado como nunca al Poder Legislativo y ahora la emprende contra el Judicial, al que están descalificando con vehemencia.

8. La pregunta surge entonces de manera obligada: ¿no podría el gobierno actual verse en un espejo antes de seguir deturpando, como lo ha hecho, al pueblo, a la Constitución y ahora a las instituciones?

9. La liberación de Hank fue consecuencia de la ineptitud de la PGR para formularle una acusación creíble y cualquier juez lo tendría que haber puesto en libertad, no obstante lo cual ante el escándalo que crecía Felipe Calderón al parecer negoció con los priístas su libertad a cambio de que acepten que el Congreso discuta el paquete de leyes que no ha aprobado esencialmente porque son leyes contra los intereses del pueblo mexicano y de la nación: la contrarreforma laboral, la contrarreforma electoral y la fascista legislación en materia de seguridad.

10. El escenario que se presenta para los próximos meses no podría, por lo mismo, ser más oscuro: el gobierno panista va a buscar incrementar la violencia con su “guerra contra el narco” y al mismo tiempo actuar de la manera más antidemocrática para imponerse en 2012, y es por ello que son cada vez más los mexicanos que le dicen: "¡Ya basta!"

REDD: nombres para el despojo

Silvia Ribeiro

No hay nada más imprevisible que el pasado. Ahora parece que los lacandones conservan la selva, por lo que el gobierno de Chiapas, a nombre del programa REDD, les paga en "reconocimiento de su espíritu de preservación ambiental". También los entrena para inventariar especies y combatir otros pueblos indios que habitan la región, incluyendo comunidades zapatistas. Esos otros, afirman gobierno y trasnacionales conservacionistas, destruyen la selva. La verdad es muy distinta y contradice la versión oficial y la de los traficantes de conservación. La mayor deforestación de la selva Lacandona la ha producido históricamente la prospección petrolera, los latifundistas, las empresas madereras, chicleras, grandes ganaderos y las carreteras que estas actividades demandaban. Los lacandones sirvieron de encubrimiento para que las madereras siguieran deforestando impunemente.

Los habitantes originarios de la selva Lacandona fueron extinguidos por los conquistadores en el siglo XVII y los ahora llamados lacandones llegaron desde Guatemala y Yucatán. Llegaron también otros pueblos indios buscando refugio, entre otros, choles, tzotziles, tojolabales y tzeltales. Eran perseguidos de guerra, desalojados de su tierra por la codicia de viejos y nuevos conquistadores, rebeldes y escapados de la esclavitud de las haciendas.

Cuando en 1972 el gobierno decidió titular a favor de 66 lacandones más de 614 mil hectáreas fue para dar tranquilidad y negociar la selva con madereros y ganaderos, como ahora lo quiere hacer con los mercaderes del carbono. Ni entonces ni ahora fue por el espíritu de conservación de los llamados lacandones. El decreto de 1972 convirtió en "invasores ilegales" a las otras comunidades que estaban allí. Los lacandones sólo constituían 6 por ciento de la población, pero su espíritu ancestral no les impidió aceptar este acuerdo tan injusto contra los otros indígenas. Luego sirvieron de coartada para que la explotación maderera pudiera seguir, incluso se hicieron socios de la Compañía Forestal de la Lacandona SA.

Ahora, avizorando nuevos negocios con la biodiversidad y los mercados de carbono, el gobierno estatal vuelve a arremeter contra las comunidades de la selva, comprando a quien se deje y reprimiendo a los demás. Mientras da a lacandones dinero y ambulancias, a la comunidad de Amador Hernández, que no acepta sus negociados, les retira los pocos servicios de salud y transporte médico que tenían. Como desde hace siglos, si los indios no quieren someterse, hay que sacarlos de esa riquísima selva. Los nombres cambian, las intenciones no.

El gobierno chiapaneco llama a esto proyectos REDD (Reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada de bosques) y se ufana de un acuerdo firmado con el gobierno de California en 2010, para venderle a empresas contaminantes de allá bonos de carbono de la selva Lacandona. Pero la Suprema Corte de San Francisco, California, sentenció en marzo 2011 que el marco general por el cual el gobierno californiano firmó el acuerdo con Chiapas viola el Acta de Calidad Ambiental de California, al no buscar alternativas de reducción de emisiones domésticas y sólo basarse en mercados de carbono.

No obstante, el gobernador Sabines sigue propagandeando el acuerdo y aunque no tenga contraparte segura en Estados Unidos, ni las bases técnicas para REDD, paga con dinero público a los lacandones. La venta de bonos de carbono de la selva le da una excusa nacional e internacional (lucha contra el cambio climático global) para sacar a los indios que no colaboran y facilitar el acceso a la biodiversidad a las trasnacionales. Su versión del futuro sustentable de la entidad se basa en entregar la decisión sobre el uso de la selva a los empresarios de los bonos de carbono.

Un colaborador esencial de estas políticas de cambio climático del gobierno de Chiapas es Conservación Internacional (CI), famosa, junto a otras ONG trasnacionales, como WWF y The Nature Conservancy, por promover la privatización y mercantilización de la naturaleza, bajo la cobertura de conservación. Un concepto útil para justificar el desalojo de comunidades de áreas que interesan a las trasnacionales que las financian. Obviamente, las tres integran el comité REDD nacional del gobierno mexicano.

Un botón de muestra sobre CI. El 14 de mayo pasado dos periodistas de la revista Don’t Panic fingieron ser representantes de la trasnacional de armas y guerra Lockheed Martin, grabando una entrevista donde solicitan a CI "limpiar" su imagen. CI no se inmutó y les ofreció varios servicios para ello, entre otros participar en su Consejo de Negocios y Sustentabilidad, donde ya integraron a Monsanto, Cargill, Chevron, Shell, Walmart y otras similares. (Vea la entrevista en www.dontpaniconline.com )

Según el gobierno de Chiapas, Conservación Internacional es un aliado estratégico, que le está facilitando el desarrollo de bases científicas, con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), La Universidad Autónoma de México (UNAM) y el Colegio de Posgraduados (COLPOS). CI es también su contrapartida para financiamientos internacionales y nacionales. Por si fuera poco, Conservación Internacional y la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAVIHN) son quienes informan y brindan espacios de participación a la sociedad chiapaneca. Ya vemos qué tipo de información.

Todos esos actores convergen en promover los programas REDD, una nueva cobertura para viejos saqueos, no solamente en Chiapas.

Imperialism: Bankers, Drug Wars and Genocide

By Prof. James Petras

In May 2011, Mexican investigators uncovered another mass clandestine grave with dozens of mutilated corpses; bringing the total number of victims to 40,000 killed since 2006 when the Calderon regime announced its “war on drug traffickers”. Backed by advisers, agents and arms, the White House has been the principal promotor of a ‘war’ that has totally decimated Mexico ’s society and economy.

If Washington has been the driving force for the regime’s war, Wall Street banks have been the main instruments ensuring the profits of the drug cartels. Every major US bank has been deeply involved in laundering hundreds of billions of dollars in drug profits, for the better part of the past decade.

Mexico ’s descent into this inferno has been engineered by the leading US financial and political institutions, each supporting ‘one side or the other’ in the bloody “total war” which spares no one, no place and no moment in time. While the Pentagon arms the Mexican government and the US Drug Enforcement Agency enforces the “military solution”, the biggest US banks receive, launder and transfer hundreds of billions of dollars to the drug lords’ accounts, who then buy modern arms, pay private armies of assassins and corrupt untold numbers of political and law enforcement officials on both sides of the border.

Mexico’s Descent in the Inferno

Everyday scores, if not hundreds, of corpses – appear in streets and or are found in unmarked graves; dozens are murdered in their homes, cars, public transport, offices and even hospitals; known and unknown victims in the hundreds are kidnapped and disappear; school children, parents, teachers, doctors and businesspeople are seized in broad daylight and held for ransom or murdered in retaliation. Thousands of migrant workers are kidnapped, robbed, ransomed, murdered and evidence is emerging that some are sold into the illegal ‘organ trade’. The police are barricaded in their commissaries; the military, if and when it arrives, takes out its frustration on entire cities, shooting more civilians than cartel soldiers. Everyday life revolves around surviving the daily death toll; threats are everywhere, the armed gangs and military patrols fire and kill with virtual impunity. People live in fear and anger.

The Free Trade Agreement: The Sparks that lit the Inferno

In the late 1980’s, Mexico was in crisis, but the people chose a legal way out: they elected a President, Cuahtemoc Cardenas, on the basis of his national program to promote the economic revitalization of agriculture and industry. The Mexican elite, led by Carlos Salinas of the Institutional Revolutionary Party (PRI) chose otherwise and subverted the election: The electorate was denied its victory; the peaceful mass protests were ignored. Salinas and subsequent Mexican presidents vigorously pursued a free trade agreement (NAFTA) with the US and Canada , which rapidly drove millions of Mexican farmers, ranchers and small business people into bankruptcy. Devastation led to the flight of millions of immigrant workers. Rural movements of debtors flourished and ebbed, were co-opted or repressed. The misery of the legal economy contrasted with the burgeoning wealth of the traffickers of drugs and people, which generated a growing demand for well-paid armed auxiliaries as soldiers for the cartels. The regional drug syndicates emerged out of the local affluence.

In the new millennium, popular movements and a new electoral hope arose: Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO). By 2006 a vast peaceful electoral movement promised substantial social and economic reforms to ‘integrate millions of disaffected youth’. In the parallel economy, the drug cartels were expanding and benefiting from the misery of millions of workers and peasants marginalized by the Mexican elite, who had plundered the public treasury, speculated in real estate, robbed the oil industry and created enormous privatized monopolies in the communication and banking sectors.

In 2006, millions of Mexican voters were once again denied their electoral victory: The last best hope for a peaceful transformation was dashed. Backed by the US Administration, Felipe Calderon stole the election and proceeded to launch the “War on Drug Traffickers” strategy dictated by Washington .

The War Strategy Escalates the Drug War: The Banking Crises Deepens the Ties with Drug Traffickers

The massive escalation of homicides and violence in Mexico began with the declaration of a war on the drug cartels by the fraudulently elected President Calderon, a policy pushed initially by the Bush Administration and subsequently strongly backed by the Obama – Clinton regime. Over 40,000 Mexican soldiers filled the streets, towns and barrios – violently assaulting citizens - especially young people. The cartels retaliated by escalating their armed assaults on police. The war spread to all the major cities and along the major highways and rural roads; murders multiplied and Mexico descended further into a Dantesque inferno. Meanwhile, the Obama regime ‘reaffirmed’ its support for a militarist solution on both sides of the border: Over 500,000 Mexican immigrants were seized and expelled from the US ; heavily armed border patrols multiplied. Cross border gun sales grew exponentially .The US “market” for Mexican manufactured goods and agricultural products shrank, further widening the pool for cartel recruits while the supply of high powered weapons increased. White House gun and drug policies strengthened both sides in this maniacal murderous cycle: The US government armed the Calderon regime and the American gun manufacturers sold guns to the cartels through both legal and underground arms sales. Steady or increasing demand for drugs in the US – and the grotesque profits derived from trafficking and sales--- remained the primary driving force behind the tidal wave of violence and societal disintegration in Mexico .

Drug profits, in the most basic sense, are secured through the ability of the cartels to launder and transfer billions of dollars through the US banking system. The scale and scope of the US banking-drug cartel alliance surpasses any other economic activity of the US private banking system. According to US Justice Department records, one bank alone, Wachovia Bank (now owned by Wells Fargo), laundered $378.3 billion dollars between May 1, 2004 and May 31, 2007 (The Guardian, May 11, 2011). Every major bank in the US has served as an active financial partner of the murderous drug cartels – including Bank of America, Citibank, and JP Morgan, as well as overseas banks operating out of New York , Miami and Los Angeles , as well as London .

While the White House pays the Mexican state and army to kill Mexicans suspected of drug trafficking, the US Justice Department belatedly slaps a relatively small fine on the major US financial accomplice to the murderous drug trade, Wachovia Bank, spares its bank officials from any jail time and allows major cases to lapse into dismissal.

The major agency of the US Treasury involved in investigating money laundering, the Undersecretary for Terrorism and Financial Intelligence, deliberately ignored the blatant collaboration of US banks with drug terrorists, concentrating almost their entire staff and resources on enforcing sanctions against Iran . For seven years, Treasury Undersecretary Stuart Levey used his power as head of the Department for Terrorism and Financial Intelligence to pursue Israel ’s phony “war on terrorism” against Iran , rather than shut down Wachovia’s money-laundering operations with the Mexican drug terrorists. In this period of time an estimated 40,000 Mexican civilian have been killed by the cartels and the army.

Without US arms and financial services supporting both the illegitimate Mexican regimes and the drug cartels – there could be no “drug war”, no mass killings and no state terror. The simple acts of stopping the flood of cheap subsidized US agriculture products into Mexico and de-criminalizing the use and purchase of cocaine in the US would dry up the pool of ‘cartel soldiers’ from the bankrupted Mexican peasantry and the cut back the profits and demand for illegal drugs in the US market.

The Drug Traffickers, the Banks and the White House

If the major US banks are the financial engines which allow the billion dollar drug empires to operate, the White House, the US Congress and the law enforcement agencies are the basic protectors of these banks. Despite the deep and pervasive involvement of the major banks in laundering hundreds of billions of dollars in illicit funds, the “court settlements” pursued by US prosecutors have led to no jail time for the bankers. One court’s settlement amounted to a fine of $50 million dollars, less than 0.5% of one of the banks (the Wachovia/Wells Fargo bank) $12.3 billion profits for 2009 (The Guardian, May 11, 2011). Despite the death of tens of thousands of Mexican civilians, US executive branch directed the DEA, the federal prosecutors and judges to impose such a laughable ‘punishment’ on Wachovia for its illegal services to the drug cartels. The most prominent economic officials of the Bush and Obama regimes, including Summers, Paulson, Geithner, Greenspan, Bernacke et al, are all long term associates, advisers and members of the leading financial houses and banks implicated in laundering the billions of drug profits.

Laundering drug money is one of the most lucrative sources of profit for Wall Street; the banks charge hefty commissions on the transfer of drug profits, which they then lend to borrowing institutions at interest rates far above what – if any – they pay to drug trafficker depositors. Awash in sanitized drug profits, these US titans of the finance world can easily buy their own elected officials to perpetuate the system.

Even more important and less obvious is the role of drug money in the recent financial meltdown, especially during its most critical first few weeks.

According to the head of United Nation’s Office on Drugs and Crime, Antonio Maria Costa, “In many instances, drug money (was)… currently the only liquid investment capital…. In the second half of 2008, liquidity was the banking system’s main problem and hence liquid capital became an important factor…interbank loans were funded by money that originated from drug trade and other illegal activities… (there were) signs that some banks were rescued in that way.” (Reuters, January 25,2009. US edition). Capital flows from the drug billionaires were key to floating Wachovia and other leading banks. In a word: the drug billionaires saved the capitalist financial system from collapse!

Conclusion

By the end of the first decade of the 21st century, it has become clear that capital accumulation, at least in North America, is intimately linked to generalized violence and drug trafficking. Because capital accumulation is dependent on financial capital, and the latter is dependent on the industry profits from the multi-hundred-billion dollar drug trade, the entire ensemble is embedded in the ‘total war’ over drug profits. In times of deep crises the very survival of the US financial system – and through it, the world banking system – is linked to the liquidity of the drug “industry”.

At the most superficial level the destruction of Mexican and Central American societies – encompassing over 100 million people – is a result of a conflict between drug cartels and the political regimes of the region. At a deeper level there is a multiplier or “ripple effect” related to their collaboration: the cartels draw on the support of the US banks to realize their profits; they spend hundreds of millions on the US arms industry and others to secure their supplies, transport and markets; they employ tens of thousands of recruits for their vast private armies and civilian networks and they purchase the compliance of political and military officials on both sides of the borders

For its part, the Mexican government acts as a conduit for US Pentagon/Federal police, Homeland Security, drug enforcement and political apparatuses prosecuting the ‘war’, which has put Mexican lives, property and security at risk. The White House stands at the strategic center of operations – the Mexican regime serves as the front-line executioners.

On one side of the “war on drugs” are the major Wall Street banks; on the other side, the White House and its imperial military strategists and in the ‘middle’ are 90 million Mexicans and 40,000 murder victims and counting.

Relying on political fraud to impose economic deregulation in the 1990’s (neo-liberalism), the US policies led directly to the social disintegration, criminalization and militarization of the current decade. The sophisticated narco-finance economy has now become the most advanced stage of neo-liberalism. When the respectable become criminals, the criminals become respectable.

The issue of genocide in Mexico has been determined by the empire and its “knowing” bankers and cynical rulers.

Diez formas distintas de manipulación mediática

Noam Chomsky

Noam Chomsky elaboró la lista de las “10 Estrategias de Manipulación” a través de los medios. En su libro “Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas” Chomsky hace referencia a ese escrito en su decálogo de las “Estrategias de Manipulación”.

1- LA ESTRATEGIA DE LA DISTRACCIÓN.

El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes.

La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología o la cibernética.

“Mantener la Atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a granja como los otros animales (cita del texto 'Armas silenciosas para guerras tranquilas')”.

2- CREAR PROBLEMAS Y DESPUÉS OFRECER SOLUCIONES.

Este método también se denomina “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el que demande las medidas que se desea hacer que se acepten. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el que demande leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad.

O también: crear una crisis económica para hacer que se acepten como manes necesarios el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.

3- LA ESTRATEGIA DE LA GRADUALIDAD.

Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta con aplicarla gradualmente, con cuentagotas, por años consecutivos. De esa manera las condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) se impusieron durante las décadas de 1980 y 1990

Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo masivo, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que habrían provocado una revolución si se hubieran aplicado de una sola vez.

4- LA ESTRATEGIA DE DIFERIR.

Otra manera de hacer que se acepte una decisión impopular es la de presentarla como "dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato.

Primero porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá mejorar mañana” y que el sacrificio exigido se podría evitar. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y aceptarla con resignación cuando llegue el momento.

5- DIRIGIRSE Al PÚBLICO COMO A CRIATURAS DE POCA EDAD.

La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental.

Cuanto más se pretende engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. Por qué? “Si uno se dirige a una persona como si ésta tuviese 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestión, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos (ver “Armas silenciosas para guerras tranquilas”)”.

6- UTILIZAR EL ASPECTO EMOCIONAL MUCHO MÁS QUE LA REFLEXIÓN.

Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional, y finalmente en el sentido critico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos…

7- MANTENER AL PÚBLICO EN LA IGNORANCIA Y LA MEDIOCRIDAD.

Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la mas pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores (ver ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.

8- ESTIMULAR AL PÚBLICO A SER COMPLACIENTE CON LA MEDIOCRIDAD.

Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto…

9- REFORZAR LA AUTOCULPABILIDAD.

Hacer creer al individuo que sólo él es el culpable de su propia desgracia debido a la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se minusvalora y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. ¡Y sin acción no hay revolución!

10- CONOCER A LOS INDIVIDUOS MEJOR DE LO QUE SE CONOCEN ELLOS MISMOS.

En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y los que poseen y utilizan las elites dominantes.

Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológica. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que éste se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos.

"No existe diferencia entre crimen organizado y fuerzas federales"

Julián Contreras Alvarez

Monterrey, NL, 14 de mayo. La guerra contra el narcotráfico ha logrado que la sociedad proteste porque su vida está en peligro, en lugar de hacerlo por los más de 50 millones de pobres, los despidos masivos de trabajadores, la contrarreforma laboral y la destrucción de sindicatos, puntualizó Julián Contreras Álvarez, representante del Frente Plural Ciudadano de Ciudad Juárez, durante el foro Militarización y violencia en México.

Consideró que para entender la situación de extrema violencia que vive el país es necesario echar una mirada al contexto global, ya que Estados Unidos, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, inició una estrategia de "guerras preventivas contra el terrorismo".

Con el argumento de evitar nuevos ataques contra su seguridad nacional, el vecino país emprendió reformas que culminaron con la Ley Patriótica, que implicó la anulación de los derechos civiles de los estadunidenses, y que ahora en México, con el pretexto de enfrentar al narcotráfico, el gobierno de Felipe Calderón impulsa una reforma similar bajo el nombre de Ley de Seguridad Nacional.

El Plan Mérida y la guerra contra el narcotráfico emprendida por Calderón Hinojosa forman parte de la política de seguridad nacional de Estados Unidos, pero el pretexto de la iniciativa es ayudar a México a enfrentar al crimen organizado, cuando son los estadunidenses los principales consumidores.

La estrategia se da en el contexto de la peor crisis económica internacional desde la gran depresión, pues ante la inestabilidad y el descontento social en distintos puntos del planeta, es prioridad para la seguridad de Estados Unidos tener el control mediante una política de terror contra la población para evitar que la gente proteste por cuestiones que en otras condiciones lo haría.

La lógica de la guerra, alimenta la violencia y una estrategia de metralletas en las calles beneficia a la industria militar, a la industria de la seguridad "y a quien tal parece que le sale más barato matar pobres que acabar con la pobreza".

...

En el caso de Ciudad Juárez, con la militarización empezamos a ver que la gente moría ejecutada sin defenderse; esto echa por tierra cualquier lógica de guerra, donde ambos bandos se disparan. “Empezamos a documentar la presencia de escuadrones de paramilitares que actuaban con total impunidad, protegidos por fuerzas militares y federales para cometer masacres como la de Salvárcar.

También "fuimos demostrando la participación de fuerzas policiacas federales y militares en extorsiones, secuestros, robos y cateos ilegales, amedrentamiento de la población, desplazamientos, desapariciones forzadas y otras prácticas".

En Ciudad Juárez “hemos llegado a la conclusión de que la diferencia entre el crimen organizado y las fuerzas federales no existe, sino que forma parte de una misma política de terror contra la población.

"No podemos negar que exista la posibilidad de que estemos viviendo eso que decían los propagandistas nazis: repetir una mentira muchas veces hasta que crean que es verdad. No vaya a ser que también aquí la gente crea que se está en una guerra contra el narcotráfico y no hay tal."

"Valdría el ejemplo del circo romano para ilustrar esta guerra. Los que mueren en la arena, mueren realmente, se desangran en combate, pero eso no significa que para los que estén en las gradas deje de ser un espectáculo macabro, sangriento".

"Torture Was Vital to Getting Bin Laden"

Global Research, May 9, 2011
Washington's Blog

War Criminals Try to Evade Prosecution By Pretending Torture Was Vital to Getting Bin Laden ... When It Actually Delayed the Hunt for YEARS

Dick Cheney, Donald Rumsfeld and John Yoo were all instrumental in implementing the U.S. torture program.

So it is no surprise that they are now pretending that torture helped get Bin Laden. See this, this and this.

They're trying to avoid war crimes prosecution.

As I noted in 2009:

Cheney was the main architect of the torture policy (according to the number 2 man at the State Department and others).

So of course he would defend torture - he's trying to keep his behind out of the defense chair at a war crimes tribunal.
Cheney defending torture is exactly like Charles Manson appearing on all of the news shows defending murder as a public policy.

Matthew Alexander - a former top Air Force interrogator who led the team that tracked down Abu Musab al-Zarqawi - agrees:

"These guys are trying to save their reputations, for one thing," Alexander said. "They have, from the beginning, been trying to prevent an investigation into war crimes."

As does Colonel Wilkerson, the former number two man at the State Department:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economy
Indeed, as Dan Froomkin notes in a little-noticed essay, torture actually delayed by years more effective intelligence-gathering methods which would have resulted in finding Bin Laden:

Defenders of the Bush administration’s interrogation policies have claimed vindication from reports that bin Laden was tracked down in small part due to information received from brutalized detainees some six to eight years ago.

But that sequence of events -- even if true -- doesn’t demonstrate the effectiveness of torture, these experts say. Rather, it indicates bin Laden could have been caught much earlier had those detainees been interrogated properly.

"I think that without a doubt, torture and enhanced interrogation techniques slowed down the hunt for bin Laden," said an Air Force interrogator who goes by the pseudonym Matthew Alexander and located Abu Musab al-Zarqawi, the leader of al Qaeda in Iraq, in 2006.

It now appears likely that several detainees had information about a key al Qaeda courier -- information that might have led authorities directly to bin Laden years ago. But subjected to physical and psychological brutality, "they gave us the bare minimum amount of information they could get away with to get the pain to stop, or to mislead us," Alexander told The Huffington Post.

"We know that they didn’t give us everything, because they didn’t provide the real name, or the location, or somebody else who would know that information," he said.

In a 2006 study by the National Defense Intelligence College, trained interrogators found that traditional, rapport-based interviewing approaches are extremely effective with even the most hardened detainees, whereas coercion consistently builds resistance and resentment.

"Had we handled some of these sources from the beginning, I would like to think that there’s a good chance that we would have gotten this information or other information," said Steven Kleinman, a longtime military intelligence officer who has extensively researched, practiced and taught interrogation techniques.

"By making a detainee less likely to provide information, and making the information he does provide harder to evaluate, they hindered what we needed to accomplish," said Glenn L. Carle, a retired CIA officer who oversaw the interrogation of a high-level detainee in 2002.

***

For Alexander, Kleinman and others, the key takeaway is not just that the torture didn't work, but that it was actually counterproductive.

"The question is: What else did KSM have?" Alexander asked. And he’s pretty sure he knows the answer: KSM knew the courier’s real name, "or he knew who else knew his real name, or he knew how to find him -- and he didn’t give any of that information," Alexander said.

Alexander’s book, "Kill or Capture," chronicles how the non-coercive interrogation of a dedicated al Qaeda member led to Zarqawi’s capture.

"I’m 100 percent confident that a good interrogator would have gotten additional leads" from KSM, Alexander said.

***

This new scenario hardly supports a defense of torture on the grounds that it’s appropriate in "ticking time bomb" scenarios, Alexander said. "Show me an interrogator who says that eight years is a good result."

Indeed, Froomkin points out that the type of torture used is a special type focused on obtaining false confessions:

Experts agree that torture is particularly good at one thing: eliciting false confessions.

Bush-era interrogation techniques, were modeled after methods used by Chinese Communists to extract confessions from captured U.S. servicemen that they could then use for propaganda during the Korean War.

And Froomkin notes that torture hurts national security:

"They don’t want to talk about the long term consequences that cost the lives of Americans," Alexander added. The way the U.S. treated its prisoners "was al-Qaeda’s number-one recruiting tool and brought in thousands of foreign fighters who killed American soldiers," Alexander said. "And who want to live with that on their conscience?"

For background, see this.

Note: Cheney and Rumsfeld were never very interested in capturing Bin Laden. Their focus was elsewhere. So their revisionist statements about the usefulness of torture for intelligence purposes must be taken with a grain of salt. In reality, their torture program was crafted to justify the Iraq war, not to catch Bin Laden (and see this.)

Sobre seguridad nacional

Carlos Fazio

La esencia de la contrarreforma en materia de seguridad nacional que la semana pasada entró en la congeladora legislativa es la pretendida reglamentación y/o "normalización" del régimen de excepción y el estado de inseguridad radical instaurado el 1º de diciembre de 2006. Desde entonces, la "democracia" en pie de guerra de Felipe Calderón ha ido desembocando en un creciente proceso de militarización, paramilitarización y mercenarización de la vida nacional. El riesgo latente, ahora, es que del Estado autoritario conservador construido durante los gobiernos del Partido Acción Nacional se pase a un régimen cívico-militar "legalizado", subordinado a la seguridad nacional de Estados Unidos.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Legislativo en abril de 2009 encarnaba una peligrosa militarización de la sociedad, con la consiguiente politización de las fuerzas armadas con base en el secreto y el mantenimiento del fuero de guerra. A partir de una rocambolesca "teoría de los grises" sobre guerra y paz, dicha iniciativa, profundizada ahora por aliados priístas, busca difuminar las fronteras y los límites entre seguridad pública y seguridad interior, lo que de facto implica entregar al Ejército y la Marina las funciones de Ministerio Público, con el riesgo de un deslizamiento hacia un Estado pretoriano.

A su vez, se busca otorgar al comandante en jefe de las fuerzas armadas un uso discrecional del estamento castrense con fines represivos, sin contrapesos ni controles institucionales (del Congreso, el Ifai, la CNDH, etcétera), lo que de aceptarse significaría el rompimiento del equilibrio entre el poder civil y el poder militar. Con eje en un pretendido "proyecto nacional" encarnado por el Ejecutivo, que lleva a una virtual personificación del Estado en el mandatario de turno, a quien se adjudicaría la preservación de la condición de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano (ya no de la nación), se abre las puertas a un régimen dictatorial.

Otra vertiente de la militarización y centralización represiva en el Ejecutivo y el Consejo Nacional de Seguridad, con base en una declaración de afectación como eufemismo de estado de excepción, es la que busca dotar a los integrantes de las fuerzas armadas de la atribución de solicitar a jueces civiles la autorización de espiar, grabar, registrar e intervenir comunicaciones privadas a cualquier persona o grupo considerados en cualquiera de los 21 supuestos constitutivos de "obstáculos" a la seguridad nacional que consigna el artículo quinto. En la lista de causas o factores que afectan la seguridad nacional se encuentran delitos ya tipificados en el Código Penal Federal (traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración) y se les agregan otros que exceden el listado y que podrán ser interpretados de forma abusiva dada su formulación ambigua o equívoca.

De aprobarse ese remedo de la Ley Patriótica estadunidense se profundizaría la criminalización de la protesta. En virtud de la interpretación discrecional del Ejecutivo y miembros del consejo, movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social podrían constituir un "desafío" o una "amenaza" a la seguridad nacional. Eso abriría la puerta a un mayor autoritarismo, con la consiguiente afectación de las libertades públicas, civiles y los derechos humanos.

La Ley de Seguridad Nacional tiene como fundamento una doctrina y una ideología. La doctrina de seguridad nacional de cuño estadunidense es una doctrina militar. Contiene una rigidez completamente militar: es una ciencia de la guerra. Fue concebida en el marco de la "guerra de espectro total" contra el comunismo y el terrorismo. Su esencia es contrarrevolucionaria, antisubversiva. Entre los elementos de esa doctrina figuran los "objetivos nacionales". Ergo, el interés nacional o proyecto nacional son la finalidad de la guerra y la finalidad de la política, con la absorción de la política por la guerra. En esa perspectiva, no hay razón para que la nación se comporte de manera diferente de las fuerzas armadas. También desaparecen las fronteras entre la guerra y la diplomacia, entre política exterior y política interior, entre la violencia reservada a las fuerzas armadas y la acción no violenta del Estado. Borra la distinción entre violencia preventiva y violencia represiva. La seguridad no conoce barreras: es constitucional o anticonstitucional. Si la Constitución molesta, se cambia.

Cabe recordar que en la guerra sólo cuentan los golpes dados al enemigo (devenido en "enemigo interno"). Y poco importan los medios empleados, sean represivos, militares o sicológicos. Su valor o su oportunidad es cuestión de estrategia. La necesidad de la victoria salta o suprime restricciones o límites legales y constitucionales. Según esa doctrina, el Estado encarna la voluntad de la nación, con lo cual desaparece el equilibrio de poderes. Toda oposición supone anarquía, subversión. La doctrina de la seguridad nacional tiene amigos y enemigos. Y dado que es un Estado en tiempo de guerra (o de "paz relativa", diría Alfonso Navarrete Prida), significa que no es sólo una "democracia" que hace la guerra, sino una "democracia" concebida en función de la guerra, sea ésta real, virtual o potencial. Así, la finalidad primordial de la nueva institucionalidad consiste en colocar la soberanía popular en manos de los militares.

Esa peligrosa fascinación por lo absoluto en clave castrense subyace en la iniciativa de Calderón. Sólo que el culto por la (in)seguridad calderonista fue construido para favorecer los privilegios y justificar el statu quo. El interés nacional sirve para negar o esconder los intereses de clase. Es la envoltura ideológica para ocultar un sistema de dominación y explotación vía las fuerzas armadas. Importada de Estados Unidos e impuesta por el Pentágono, la seguridad nacional de Felipe Calderón busca mantener sin alteraciones el funcionamiento de la economía de mercado y las instituciones de gobierno dadas… haiga sido como haiga sido.