24.2.11

US Savage imperialism I,II,III

The U.S. Empire, the Mideast, and the world

18.2.11

México, entregado por su propia clase política a la intervención de EU

Pedro Miguel

Nadie resiste el llamado: gobernantes y opositores, funcionarios y empresarios, jefes de policía y cabezas de ONG, periodistas y encuestadores, todos por igual, acuden ante diplomáticos de Estados Unidos para contarles lo que deseen saber sobre los asuntos de México. La embajada y los consulados de Washington son confesionario, diván, ventanilla de gestiones y paño de lágrimas, para la clase política y para los notables. En no pocas ocasiones, políticos y altos funcionarios comunican a los diplomáticos estadunidenses cosas que no se atreverían a sostener en público; les adelantan, además, intenciones legislativas, les consultan esbozos de programas oficiales o les exponen situaciones de las que la sociedad mexicana no tiene conocimiento. Los representantes de Estados Unidos acreditados en México son, en conjunto, el más importante interlocutor en la vida institucional de este país. Posiblemente no sea una revelación, pero resulta, en todo caso, una confirmación de lo que siempre se ha sospechado y dicho, y que ahora se documenta en un paquete de dos mil 995 cables informativos, redactados por diplomáticos estadunidenses de diverso rango. y que fueron enviados al Departamento de Estado desde México o desde terceros países.
Este material informativo fue proporcionado a La Jornada por Sunshine Press Productions, que preside Julian Assange, portavoz y fundador de Wikileaks, y abarca cables fechados desde 1989 hasta 2010. 24 de ellos están clasificados como secretos; 461 se consideran confidenciales; 870 son clasificados y mil 588 han sido desclasificados. Es razonable suponer que se trata de un segmento de algo más amplio; así lo deja ver la disparidad numérica por años de emisión (un solo cable de 1989, 38 de 2005 y mil 206 de 2009, por ejemplo) y las referencias a documentos que no están en el conjunto. El material recibido consiste, en su gran mayoría, de reportes sobre pláticas con personalidades políticas, administrativas, mediáticas, policiales y militares, informes de reuniones, análisis regionales o temáticos de distinto calado y extensión, apuntes sobre pequeñas gestiones o bien simples reseñas insípidas de los medios nacionales. Lo que los documentos revelan, en forma aislada o leídos en conjunto, es lo siguiente:
Clase política de informantes
Existe una casi absoluta disposición de políticos, legisladores y funcionarios mexicanos para informar extensamente a los diplomáticos del gobierno estadunidense, así como una generalizada obsecuencia para con sus interlocutores de esa nacionalidad; resulta un tanto sorprendente que ninguno de los cables consigne, por parte de los informantes mexicanos, una sola crítica hacia Estados Unidos, prácticamente ningún reclamo y ni una sola expresión de hostilidad. En varios casos, los connacionales citados comparten con sus interlocutores extranjeros la preocupación por eventuales reacciones adversas de la opinión pública local hacia el gobierno del país vecino, y se esfuerzan por presentarse como socios confiables. En ocasiones, y con tono de disculpa, advierten de antemano a sus entrevistadores que tendrán que formular, en público, alguna divergencia con respecto a Washington, a fin de no parecer demasiado proestadunidenses ante la sociedad.
En no pocos de los cables se consigna la sorpresa de los autores por la inesperada expresividad y el espíritu de colaboración de sus entrevistados, quienes por lo general responden a cuanta pregunta se les haga, pero no formulan ninguna. La masa de documentos proporcionados a este diario por Sunshine Press Productions no incluye comunicaciones relativas al espionaje propiamente dicho, pero queda claro que la locuacidad de políticos, funcionarios y comunicadores mexicanos casi podría ahorrarles el trabajo a los espías procedentes de la otra orilla del río Bravo.
De la lectura del material se desprende que en México, por lo que toca a la clase política, el tan citado sentimiento antiestadunidense es un mito urbano. Hace medio siglo, las izquierdas, el centro y hasta las derechas convergían en una animadversión variopinta hacia Estados Unidos que se originaba, respectivamente, en el antimperialismo, en el nacionalismo revolucionario y en el rechazo católico y castizo al protestantismo anglosajón. Bajo esas expresiones ideológicas subyacía una constante incuestionable de la realidad: a lo largo de la historia de México como nación independiente, las más graves y abundantes amenazas a su seguridad, integridad y soberanía han provenido del vecino del norte.
A lo que puede verse, la era del Tratado de Libre Comercio ha producido en México una casta dominante que, o bien se quedó sin memoria histórica, o bien perdió el sentido de pertenencia a su propio país. Los entrevistados hablan mal unos de otros; los funcionarios estatales y municipales acuden directamente a los representantes de Washington para pedir ayuda ante la inseguridad y el acoso de la delincuencia, y se brincan olímpicamente a la Federación; los empleados federales se quejan de los estatales y municipales; en el curso de los contactos, cada cual vela por sus propios intereses –nadie invoca la defensa o la promoción del interés nacional– y la vista de conjunto podría describirse con la expresión cada quien para su santo.
El proconsulado, al desnudo
En contraste, los representantes diplomáticos estadunidenses operan, casi invariablemente, con un sentido de Estado y con una cohesión que sólo se rompe en lo estilístico. Una expresión recurrente: en beneficio de nuestros intereses. Más allá de eso, el material informativo pone de manifiesto la insaciable curiosidad de los personeros de Washington, su avidez –casi podría decirse: su morbo– por conocer a detalle los asuntos mexicanos, y su obsesión por armar visiones de conjunto de los temas de nuestro país. Paradójicamente, el rigor empeñado en la recopilación de información no necesariamente se traduce en agudeza de entendimiento: con frecuencia, los diplomáticos dejan de ver el bosque por observar los árboles. Dan por sentado que los fenómenos delictivos se corregirán mediante acciones meramente policiales y militares; se empeñan en hurgar en el desempeño en materia de derechos humanos de miles de policías, militares y funcionarios, aunque olvidan averiguar sus antecedentes penales; en primera intención, suelen observar a sus interlocutores con distancia y escepticismo, pero acaban por creer lo que éstos les platican y, con una inocencia casi conmovedora, informan a Washington que los problemas están en vías de solución gracias al programa fulano, que hay voluntad política para enfrentar los obstáculos y terminan, de esa forma, por convertirse en creyentes casi únicos de un credo dudoso: el discurso oficial.
Otra inconsecuencia notable es el prurito de los diplomáticos del norte por mostrarse neutrales en materia de política partidista mientras que, al mismo tiempo, exhiben una insistencia monolítica en promover, en lo económico, las reformas que preconiza la doctrina neoliberal. De los documentos se infiere que sus redactores realmente creen que el Consenso de Washington es consenso, y no alcanzan a ver que las tomas de posición en favor o en contra del neoliberalismo se traducen en programas partidistas; en consecuencia, ellos, los diplomáticos, se convierten en instrumentos de una flagrante intervención de su gobierno en asuntos políticos de México.
A la embajada de Estados Unidos en México, es decir, a la representación del Departamento de Estado, no parece importarle que el poder público se tiña de azul, de tricolor o de amarillo, siempre y cuando la autoridad resultante se conduzca con apego a las tendencias privatizadoras, desreguladoras y depredadoras vigentes en forma declarada desde 1988. En ese punto, la injerencia es descarnada y abierta, y los funcionarios estadunidenses actúan como procónsules y, en no pocas situaciones, como gestores de los intereses empresariales de su país en un territorio intervenido desde hace lustros, no mediante el despliegue de fuerzas militares, sino por medio de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En los días que corren, la intervención extranjera resulta particularmente inocultable en materia de seguridad y de combate a la delincuencia y al tráfico de drogas. En este terreno, los estadunidenses no se cuidan de guardar las formas y se revelan, una y otra vez, como los verdaderos conductores de la guerra contra la criminalidad organizada. Esa guerra es el más reciente conducto para la injerencia y el creciente control de Estados Unidos sobre México. Muy anterior a ella es el sometimiento voluntario a Washington por parte de políticos representantes populares, funcionarios, mandos policiales y castrenses, así como de algunos comentaristas y directivos de medios. Eso se ha dicho muchas veces y en muchos tonos, y se ha evidenciado, una vez más, en las declaraciones formuladas el lunes por el subsecretario de la Defensa del país vecino, Joseph Westphal, y complementadas el martes por la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, sobre perspectivas de ocupación militar masiva. Los casi tres mil cables diplomáticos que Sunshine Press Productions facilitó a La Jornada permiten corroborar que la intervención política y económica se adelantó, por mucho, a tales escenarios.

10.2.11

Pronunciamiento de Carmen Aristegui

Muy buenos días amigos ciudadanos, colegas y periodistas…

Me permitiré dar lectura a un texto que he escrito para asumir una postura pública sobre mi despedida del noticiero matutino de Noticias MVS ocurrida este fin de semana, asunto que ha generado múltiples muestras de solidaridad que desde aquí agradezco. Este es un suceso que, si bien afecta la vida profesional y laboral de un grupo de personas, entre las que me incluyo, tiene una trascendencia mayor a ese mero alcance limitado.

Sobre lo que quiero pronunciarme es sobre el alcance mayor de este evento, que impacta de maneras diversas a la sociedad mexicana. Una sociedad que en estos días y horas ha dado muestras de determinación y capacidad de respuesta frente a un hecho que agravia y que lesiona sus derechos fundamentales. La vigorosa, fuerte y decidida voz de miles de personas en las redes sociales –Twitter, Facebook-, otras modalidades y las manifestaciones en las calles son, en sí mismas, un gran acontecimiento. La gran noticia de que estamos vivos. De que los mexicanos a pesar de la espiral de violencia, muerte y horror que nos acompaña todos los días estamos aquí para reconocernos en el espejo y luchar por un México mejor.
Agradezco todas estas expresiones y celebro aquí, entusiasmada, su existencia y el signo vital que las acompaña. Abrazo a quienes en todos los tonos y con diferentes lenguajes se han manifestado en contra de lo que es a todas luces un hecho autoritario, desmedido e inaceptable. Un hecho así, sólo es imaginable en las dictaduras que nadie desea para México. Castigar por opinar o por cuestionar a los gobernantes.

El tema nos pega a todos. No sólo nos afecta a nosotros como profesionales, y a los ciudadanos a los que se les quita un espacio, se afecta también a este medio de comunicación y al grupo empresarial que desarrolla diversas actividades productivas a favor del país.
Este grupo está encabezado por una familia a quien estimo y valoro. Fundada por uno de los hombres más queridos y respetados de la industria, como fue Don Joaquín Vargas Gómez. Lamento sinceramente que sus nombres estén siendo acribillados con insultos en las redes sociales por la decisión tomada.

El pasado viernes 4 de febrero, en mi libre derecho a la expresión formulé un comentario editorial que aludía a un incontrovertible hecho noticioso. A raíz de lo ocurrido en la Cámara de Diputados el día anterior, cuando un grupo de legisladores exhibió una manta con la foto de Felipe Calderón con los ojos enrojecidos en la que se leía: “¿Tú dejarías a un borracho conducir tu auto? ¿No, Verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir el país?" , naturalmente se produjo una gran rispidez que orilló a suspender la sesión en el recinto legislativo.

Había ahí ya una historia que contar a nuestras audiencias. Mi compañero Omar Aguilar presentó con gran profesionalismo ese hecho noticioso con pulcritud, con claridad y con suficiencia, jamás ocultó ni la manta, ni el contenido de la manta, ni a los autores de la manta, ni truqueo nada para que televidentes y radioescuchas no se enteraran de lo que decía la manta. No trampeó a nadie y presentó al público, como el público merecía, todas las expresiones que en diferentes sentidos se emitieron al respecto. Nuestro auditorio quedó perfectamente informado del acontecimiento y con elementos suficientes para hacer su propia valoración.

La información presentada me sirvió a mí de base para formular el citado comentario editorial: “Dejemos a un lado la caricatura, tomemos el asunto con seriedad”, e hice algunas otras consideraciones. Terminé con un cuestionamiento formal a las autoridades: “¿Tiene o no problemas de alcoholismo el presidente de la República?”

Yo no tengo manera de corroborarlo pero, si fuera el caso, sería algo delicado que debiéramos saber. No hay nada de ofensivo en la interrogante, especialmente si se trata de algo que, de existir, afectaría por su naturaleza la toma de decisiones que impactan en todo momento a millones de personas en el país.

El comentario editorial cerraba diciendo que el tema –y dada su exposición pública a través de la manta de los legisladores – merecía una respuesta sería, formal y oficial de la propia Presidencia de la República.

La Presidencia no respondió a la periodista, de inmediato exigió a los dueños –que no a la periodista- una disculpa pública inmediata por tremenda osadía.
Demostró con ello un grado de irritabilidad e intolerancia que por sí mismas hablan de algún tipo de problemática, que por supuesto, también debe ser analizada.

Reconozco que el cuestionamiento era duro, pero de ningún modo injurioso o difamatorio, tampoco se transgredía en ningún punto al código de ética que ha sido aludido. Era simple y llanamente la formulación de una pregunta válida. Pregunta hecha por una periodista cuya intención quedaba perfectamente delimitada.

El estado de salud y grado de equilibrio de un mandatario, por supuesto que es un asunto de claro interés público. La sociedad mexicana tiene derecho a saber con certeza, sin ofensas, sin caricaturizaciones, sobre las condiciones de salud de quien ha tomado y seguirá tomando todos los días decisiones gravísimas que impactan sobre el destino de una nación. Y vaya que sí ha impactado el destino de la nación las decisiones tomadas desde Los Pinos en este sexenio.

El motivo de mi despido, se dijo, fue haberme negado a ofrecer una disculpa y transgredir el código de ética, cosa que es falsa y se convirtió sólo en una coartada. En este momento no sólo no rectifico, ni me disculpo, porque no hay nada que disculpar; por el contrario, ratifico la pertinencia de que la presidencia de la República se manifieste al respecto.

Lamento si personalmente que el presidente y su familia se hayan sentido ofendidos por el cuestionamiento. No hay en la formulación de mi pregunta ninguna intención o ánimo de ofender. Lamento que ellos se sientan ofendidos, pero aún así, la pregunta sigue vigente.
El ejercicio del poder hace que las figuras públicas sean sujetas de escrutinios e interrogantes a los que no estarían sujetas otras personas por razón, precisamente, de sus responsabilidades y del impacto de sus decisiones. En una democracia esto forma parte del juego.

¿No tuvo Bill Clinton que hablar del semen depositado en el vestido azul de una muchacha ante una audiencia de millones de personas? ¿No acaso el estado de salud de Dilma Rousseff fue motivo de debate público antes de llegar a ser la presidenta de Brasil? ¿Acaso no son las francachelas y excesos de Silvio Berlusconi materia del debate nacional? ¿Por qué en México los empresarios de los medios pueden ser sometidos a presiones indebidas para que silencien a sus comunicadores? ¿Por qué la sociedad mexicana se tiene que conformar con una sola visión de las cosas? ¿Por qué fatalmente tenemos que vivir con la existencia de un duopolio televisivo que no sólo envilece las pantallas con programas denigrantes y nocivos como los de reciente estreno, sino que es ya en sí mismo un poder que ha dañado la vida democrática nacional?

¿Por qué México está entrampado en una espiral de degradación e infamia sin que hagamos nada al respecto? ¿Por qué seguimos dejándolos conducir de esta manera al país?
¿Qué clase de democracia es ésta que por un comentario editorial, que irritó al gobernante, se le corta la cabeza a quien opinó? ¿Por qué desde el poder político pueden llevar las cosas al extremo, escalando el conflicto, deliberadamente, hasta lograr hacerle las cosas imposibles tanto al empresario como al periodista ocasionando la ruptura?

La pregunta es: ¿Cómo es que pudieron elevar, desde Los Pinos, el grado de exigencia pidiendo casi la humillación por un hecho absolutamente sobredimensionado? ¿Cómo es que a un empresario a quien tenemos como decente lo llevaron a comportarse de esta manera? ¿Cómo pudieron lograr que se sintiera obligado a tal punto como para exigirme la lectura de una carta –obviamente no escrita por mí, en términos que me eran ajenos y que por supuesto no empataban con lo que dicta mi conciencia- para calmar la ira presidencial?

Una exigencia de la lectura indigna de esa carta que quien me lo formuló sabía de antemano que yo la rechazaría. Se llegó a ese extremo por el grado de vulnerabilidad en el que quedan quienes tienen negocios o concesiones en el mundo de las telecomunicaciones y los medios de comunicación. En este caso hay un conjunto de concesiones en juego y la resolución final sobre lo que pase con ellas se encuentra en el cajón del Presidente.

Lo que debería ser técnico, jurídico y legal, en realidad es un asunto político y discrecional. La aprobación que ha pasado por todos los filtros legales y técnicos está sujeta a los poderes dominantes en las telecomunicaciones, cuyo poder desmedido impide la entrada de nuevos competidores y a los que existen les hace la vida imposible.

Persiste hasta nuestros días, un elemento que condiciona y distorsiona la relación de los medios con el gobierno que es la discrecionalidad política en la toma de decisiones en materia de refrendo y otorgamiento de concesiones en el ámbito de las telecomunicaciones. Es ésta una de las razones fundamentales por las cuales en México no se despliega a plenitud un derecho fundamental como la libertad de expresión.

Asuntos que deberían resolverse con la mayor certidumbre jurídica, en materia de plazos, planes de cobertura, plan de negocios y de inversión, terminan siendo asuntos de decisión política y no de las áreas técnicas en la materia. Es el caso de las concesiones que en la banda de 2.5 GHz tienen varios operadores en el país del que MVS Comunicaciones posee la mayoría de ellas.

No obstante haber desahogado todos los requerimientos técnicos en materia de competencia, y de la opinión favorable de algunos comisionados de la Cofetel, de la opinión favorable de la Cofeco, y de tener a la espera –con riesgo de perderlas- cantidades millonarias de inversionistas nacionales y extranjeros a pesar de tener todo en regla y un mercado demandante.

Inexplicablemente, la decisión se ha retrasado por cinco años. Teniendo todo en regla, no hay razón técnica, jurídica, ni económica, que hoy no este satisfecha. La única razón que hoy impide a MVS Comunicaciones desplegar una red nacional de ancho de banda para Internet que compita con  los grandes conglomerados es total y absolutamente política.

Se coloca como una espada de Damocles en la vieja tesis autoritaria de la zanahoria y el garrote: Te portas bien, te refrendo la concesión. Te portas mal, te la niego. Este es el ambiente de presión en el que se desenvuelve la relación no sólo de concesionarios con el gobierno, sino es el ambiente en el que se desenvuelve el trabajo y el desempeño de cientos de profesionales en su relación con las empresas de comunicación.

Esa es la batalla diaria. En la medida en que los comunicadores y los empresarios batallan frente al gobierno, las audiencias ganan o pierden información. Lo más grotesco y paradójico es que los únicos beneficiados de esta herencia del viejo régimen son los grandes monopolios que ahora son capaces de mantener este diseño para evitar nuevos competidores.

Y aquí aparece de nueva cuenta la enorme responsabilidad de un poder legislativo que ha preferido el mantenimiento de reglas no escritas en lugar de una legislación moderna que de certidumbre jurídica a los empresarios, que tutele los derechos de los periodistas y garantice el acceso a la información de todos los ciudadanos.

Agradezco desde aquí el debate y los pronunciamientos que desde el Congreso se hicieron ayer por parte de los legisladores sobre el caso de nuestra despedida del noticiario; sin embargo, no sirve mucho a la democratización de los medios de comunicación condenar la censura por un hecho como este, al mismo tiempo que se coexiste con leyes que podrían y deberían ser modificadas en beneficio de toda la población y no de unos cuantos.

Sobre este ambiente de presión del gobierno hacia algunas empresas de comunicación actúa un fenómeno aún más grave que el antiguo control estatal sobre los medios. Se trata del debilitamiento del Estado y de sus instituciones por virtud de una supeditación política que parte desde el presidente de la República, atraviesa las Cámaras, amplias franjas del Poder Judicial, órganos reguladores a manos de nuevos poderes informales o fácticos que han logrado imponer su lógica de chantaje e intimidación, que los ha llevado a niveles de audacia y en un cálculo de poder, para sustituir –por lo menos parcialmente a poderes de la República.

Ahí está, por ejemplo, una tele bancada en el Congreso, algunos sujetos reguladores capturadas por sus regulados. Como nunca en la historia del Estado mexicano se han dejado crecer a estos poderes en México, que han llegado al punto, a la osadía, diría yo, de querer también apropiarse de la propia presidencia de la República. De otra manera no se explicaría la multimillonaria inversión que han  hecho de construirle una candidatura presidencial al gobernador mexiquense.

El trasfondo de lo sucedido en nuestro caso y que ha generado todas estas reacciones tiene que ver, precisamente, con este clima. Por esa razón es que una empresa decide, en sentido contrario a sus intereses, cancelar en el momento de mayor expansión, de mayor prestigio, de mayor influencia, un espacio de información crítica, de debate y opinión, que ha sido valorado por anunciantes y audiencias. Por eso toma una decisión suicida.

Como tantas obras ésta es una empresa sometida indebidamente a una presión incompatible con un régimen democrático y de Estado de Derecho. Mientras no cambiemos las estructuras que están en la base de esta relación insana, los espacios con influencia crítica se ven permanentemente hostilizados y en su conjunto los medios de comunicación terminan por estandarizar o uniformar sus coberturas informativas. Se achata la libre opinión, se merma el debate y se inhibe la conducta crítica. Eso daña seriamente la democracia y, por supuesto, los derechos fundamentales de las y los ciudadanos de este país.

¿Y bueno, me dirán, ahora que hacemos con lo sucedido? Aceptamos lo sucedido, que no le viene bien a nadie, u optamos por la ética de la responsabilidad y buscamos un camino? Sin claudicar pero sin exigir que el otro se arrodille.

Joaquín Vargas sabe perfectamente que yo no infringí ningún código de ética, sabe lo que sucedió, sabe que fue un coartada, sabe, porque las sufre todos los días, de las razones verdaderas que están detrás de la decisión que está a punto de costarnos la cabeza, y digo a punto porque voy a plantearle una salida, digna, decorosa e inteligente. Ya sabrá si la toma.
Joaquín sabe como pocos de lo que yo estoy hablando. Le digo a MVS que no le demos el gusto a los que saborean este fracaso.

Lo sucedido entre el viernes y el fin de semana entre Los Pinos, nuestras oficinas, no sé si también otras -La Destilería y el Meridien-, es algo que no se merece nadie, que nos daña a todos, y que para lo único que va a servir es para el desahogo absurdo de un berrinche presidencial y para beneplácito de los que prefieren que nadie compita, que nadie cuestione o que se cuestione poquito.

No se lo merece un grupo de profesionales que estaba haciendo su trabajo que se ve brutalmente interrumpido. No se lo merecen, por supuesto las audiencias, no se lo merece la familia Vargas porque han sido colocados en una disyuntiva perversa en donde tienen que calibrar como grupo empresarial qué les cuesta más frente al gobierno y poderes que lo presionan: si la cabeza de Aristegui o la banda de los 2.5 gigahertz. No se lo merece el país.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información, a la que pertenezco y que preside el maestro Raúl Trejo Delarbre ha dicho que la salida nuestra del aire es una pésima noticia para la sociedad mexicana. La decisión tomada es desafortunada para todos. “Pierde MVS, cuya independencia editorial queda en entredicho debido a la suspensión de este espacio; pierde la periodista y su amplia audiencia. Pierde la Presidencia de la República, de donde surgieron las exigencias para que Carmen Aristegui se disculpara por el comentario que hizo el viernes 4 de febrero”.

AMEDI exigió a la Presidencia “que con hechos, y específicamente en este caso, garantice el derecho a la libertad de expresión, así como el derecho de los ciudadanos a la información”. Solicitó a MVS “que reconsidere el despido de Aristegui”. Y es exactamente lo mismo que solicito yo a ellos ahora desde aquí.

El país no está más para seguir perdiendo los espacios que hemos ganado; el país no está para que se nos sigan regateando los derechos que nos pertenecen. México atraviesa por un momento crítico, el nivel de descomposición, de violencia y de debilitamiento institucional es profundamente grave… como para quedarse parado… No nos puede ganar el pasmo cuando el futuro de México se ha ensombrecido. Nos necesitamos informados, en alerta, críticos, no nos podemos dar el lujo de tirar por la borda lo ganado ¿A cuenta de que lo justificaríamos?
Nuestra transición democrática ha adquirido un cariz trágico. Los niveles de violencia, de descomposición y de degradación de la vida pública están llegando a niveles de escándalo. La clase política mexicana, que no ha estado a la altura de los retos y desafíos nacionales, parece no darse cuenta del avance de estos nuevos fenómenos de poder que la han carcomido y debilitado como nunca antes. ¿Dejamos que sigan avanzando sin contraponer una fuerza social que, por lo menos los identifique, los discuta y los analice?

¿Nos quedamos a la sombra de políticos sometidos a intereses particulares porque antes que gobernar bien, hay que salir en la tele… o de gobernantes timoratos e irresponsables que lejos de atemperar concentraciones monopólicas, las han hecho crecer más creando monstruos de poder que los tienen sometidos y frente a los cuales no se atreven a dar ni un paso.

Esta mañana hago un llamado para revertir los efectos de este hecho ominoso. Yo tiendo la mano y escucho a los que están en la calle y me dicen “tienes que regresar”. Estoy dispuesta a regresar al aire este próximo lunes, siempre y cuando se cumpla una condición básica y única: Que MVS anuncie que retira de forma oficial el comunicado emitido junto con mi salida en el cual afirma falsamente que “transgredí nuestro código de ética y que promoví la difusión de rumores como noticias”.

Como consecuencia de ello, pido que se publique otro comunicado oficial de la empresa en donde la valoración sobre mi integridad ética que pretendieron dejar en entredicho quede resarcida.

Si MVS acepta hacerlo, se reconocerá tácitamente la naturaleza real de lo sucedido. Eso sería suficiente. Joaquín lo sabe muy bien. Mi integridad profesional y ética nunca estuvo en entredicho realmente, que fue una coartada para tomar una decisión que le imponían, que el verdadero problema está en otro lado. Regresemos al aire y quedará evidenciado.
La Presidencia tendrá que hacer una valoración de lo sucedido. Serenamente. Sin odios. Con la seriedad que implica tomar decisiones a nombre de los otros, y aceptando, aunque no agrade, que los ciudadanos y los periodistas tenemos derecho a preguntar, inquirir y criticar sobre lo que juzguemos pertinente.

Estoy aquí para hacer este llamado, para revertir un hecho ominoso como el que sucedió, de manera digna, decorosa e inteligente, apostando por la verdad pero sin romper lo construido.

Mi estimado amigo Jorge Ramos escribió un texto magnífico que tituló “El derecho a preguntar”, recordaba ahí a la maestra Oriana Fallacci quien decía que no debía existir ninguna pregunta prohibida. Todo se puede preguntar, con mayor razón si se trata de preguntarle a gente con poder.

Jorge contaba también de una entrevista realizada al presidente Vicente Fox, había interrogantes en el ambiente de por qué aparecía desanimado, sin ímpetu, sin grandes propuestas. El periodista le preguntó al mandatario, sin alimentar rumores: “¿Toma Prozac?” Fox miró al periodista y contestó simplemente: “No”. Por supuesto no le gustó la pregunta, pero la contestó. Tal como escribió Ramos: No hay pregunta prohibida. No hay pregunta tonta. Y cuando surge la oportunidad hay que hacerla, aunque sea la última vez.

A partir de aquí cierro mi comentario, no agregaría más porque el planteamiento esta formulado y lo que resta es esperar la respuesta…

Gracias a todos y buenos días.

7.2.11

Aristegui, los entretelones de una censura

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 7 de febrero (apro).- Dos años después de haber encabezado la emisión del noticiero Primera Edición, de 6 a 10 de la mañana, en la empresa MVS Radio, la conductora Carmen Aristegui fue abruptamente despedida, bajo la justificación de que “transgredió el código de ética de la empresa, al dar rumores como noticias”, según el spot divulgado por la empresa.
Informes internos de MVS revelan que las razones tuvieron que ver con presiones desde la presidencia de la República, que expresó su descontento ante la pregunta que lanzó la conductora el pasado viernes 4 de febrero a las 9 de la mañana: “¿Tiene o no Felipe Calderón un problema de alcoholismo?”.
Durante esa emisión Aristegui informó sobre una manta desplegada el jueves 3 de febrero en la tribuna de la Cámara de Diputados que hacía referencia a los problemas con el alcohol del primer mandatario. La conductora exhortó a que fuera la propia presidencia de la República la que respondiera “de manera seria” a este tipo de rumores que se han divulgado en redes sociales y en la propia Cámara de Diputados.
El despido de Aristegui fue, al parecer, la manera de responder de la Presidencia de la República. La conductora se negó leer una disculpa pública, cuyo texto respondió más a las presiones de Los Pinos que a razones de código de ética.
Por cierto, dicho código al que alude la empresa fue llevado por la misma Aristegui cuando se integró a MVS, después de un año de quedar fuera del aire, a raíz de otro caso de censura, pero con la empresa WRadio, de Televisa.
En ambas emisiones matutinas, el noticiero de Aristegui fue líder en audiencias dentro de la radio comercial. El último reporte  sobre el promedio de ratings, tanto de la empresa INRA como de IBOPE le daba el primer lugar en el horario matutino.
Por ejemplo, en diciembre de 2010 su rating promedio fue de 0.62 frente al 0.51 de la emisión de Oscar Mario Beteta y el 0.45 de Ricardo Rocha/Eduardo Ruiz Healy. En cuarto sitito aparece Leonardo Curzio con 0.45. Los cuatro en emisiones de FM.
En encuesta a automovilistas, el INRA ubicó a Aristegui como la más escuchada, seguida de 88.9 Noticias de Alejandro Cacho.
Las presiones a MVS están relacionadas también con la discusión sobre el refrendo de sus concesiones en la banda 2.5 Ghz. Esta empresa tiene 190 Mhz en esta banda que es considerada ahora una de las más valiosas para el internet en banda ancha.
Reacción en redes sociales
Desde la noche del domingo 6 de febrero, al darse a conocer la noticia a través de Twitter, cientos de usuarios de las redes sociales expresaron su descontento por el despido de Aristegui. En Facebook se creó la red “Apoyo Total a Carmen Aristegui” y convocó a una movilización de protesta este lunes 7 de febrero, a las 12 del día, frente a las instalaciones de MVS.
Uno de los mensajes en Twitter más divulgado fue el siguiente: “Vaya @FelipeCalderon sí puede acusar de narcos a los gobernadores, pero a él no se le puede preguntar si bebe”.
Otro fue el siguiente: “Piensan en Los Pinos que matando al mensajero se acaba el mensaje crítico. Solidaridad con Aristegui”.
Y más perspicaces: “Con la salida de Aristegui va implícita la respuesta afirmativa al alcoholismo de @FelipeCalderon”.
Decenas de mensajes recordaron que ésta era la forma de celebrar el Día de la Constitución y de violentar la libertad de expresión y el derecho a la información.
En su emisión matutina en Radio UNAM el columnista Miguel Angel Granados Chapa calificó como “lamentable noticia” la salida de Aristegui de MVS Radio, ya que la reportera representa una “voz emblemática”.
Hasta el momento, Aristegui no ha dado su versión sobre los sucesos.

28.1.11

La Traición

Luis Javier Garrido
La crisis nacional se ha ahondado al iniciar 2011 por las revelaciones de los actos indignos cometidos por Felipe Calderón que tipifican claramente el delito de traición a la patria.

1. Las nuevas filtraciones de papeles del Departamento de Estado estadunidense hechas por Wikileaks, y difundidas el lunes 24 por el diario español El País, revelan que Felipe Calderón, abdicando de sus responsabilidades y violando abiertamente la Constitución General de la República, autorizó, por un lado, a agentes de la FBI estadunidense a actuar en México interrogando a detenidos, y que por el otro solicitó en 2010 al gobierno de Barack H. Obama una intervención armada de Estados Unidos para pacificar Ciudad Juárez, decisiones que configuran una serie de abiertas violaciones a la Carta Magna, que lo ponen frente a la posibilidad de ser destituido bajo las más graves acusaciones.

2. Un presidente de la República, aun siendo espurio, no tiene facultad alguna para permitir a agentes de un Estado extranjero actuar en su territorio porque ello supone cancelar de un plumazo la soberanía nacional, de ahí el escándalo que se ha ido generando en nuestro país, ahondando la crisis nacional y las burlas a Calderón –y a México– en el extranjero. El País, que de manera continua lo ha encubierto, publica el lunes 24: El FBI interroga a sus anchas a los inmigrantes en territorio de México. A sus anchas, sí, se mueven los agentes de esa y de otras múltiples agencias estadunidenses, y los escándalos que están por venir son impredecibles.

3. Las revelaciones sitúan muy claramente a Felipe Calderón, mucho más que en casos precedentes, ante la posibilidad de ser acusado, en términos de los artículos 108, 110 y 111 constitucionales, para destituirlo y procesarlo penalmente por el delito gravísimo de traición a la patria, como han empezado a señalar múltiples juristas, y no podrá salvarse de ello si no es por el apoyo de los legisladores del PRI, quienes hasta la fecha han actuado como sus cómplices. La desastrosa gestión de facto de Calderón lo ha hecho actuar en una forma indigna y servil ante los poderes del exterior, que no puede excusarse por haber llegado de manera ilegítima y con extrema debilidad a la Presidencia de la República, y que tiene pocos antecedentes en la historia nacional, pues está generando a México una situación cada vez más complicada, hundiéndolo en un desastre de enormes dimensiones.

4. La llamada “guerra contra el narco” de Calderón, que con propósitos electorales ahora busca traer con una serie de operativos insensatos al Distrito Federal, es ya repudiada por todos los sectores del país, pues ha generado una violencia de extrema gravedad, conduciendo a un baño de sangre que viola garantías individuales y sociales de los mexicanos y lesiona no sólo la vida social y la economía de México, sino que compromete el futuro del país, por lo que resulta urgente ponerle un alto de inmediato.

5. El delito de traición a la patria no es definido por la Constitución General de la República, pero es claro que un gobernante que viola abiertamente el mandato de la misma, abdica de sus responsabilidades para servir a intereses del exterior, autoriza a agentes policiacos y militares de otro país a actuar en su territorio y a asumir funciones del Estado mexicano buscando hacer de su país un Protectorado, lo ha cometido.

6. La aterrada reacción del gobierno de facto ante las evidencias presentadas por Wikileaks sobre su nueva violación al orden constitucional de la nación dio cuenta, sin embargo, una vez más, del desprecio de la gente de Acción Nacional y El Yunque a las leyes y a la soberanía de México, pero también de su ineptitud, pues los subordinados de Calderón se enredaron en una serie de mentiras. Francisco Blake (secretario de Gobernación) aceptó en Tijuana el día 24 que agentes de la FBI interrogan a migrantes centroamericanos en oficinas del gobierno mexicano, pero trató de minimizar esa intervención sentenciando que se trataba de una práctica normal y legal, como confirmó el día 26 Cecilia Romero (ex comisionada del Instituto Nacional de Migración), dando múltiples detalles de la forma en que se produce la intervención estadunidense, pero ese mismo día su sucesor, Salvador Beltrán del Río Jr., negó los hechos y calificó de falsa la información de Wikileaks (La Jornada, 27/01/11).

7. El presidente Obama ha asumido que la nueva correlación de fuerzas en el Congreso estadunidense tras las elecciones de 2010 lo obliga a una completa derechización de su gobierno abandonando todas sus promesas de campaña, y así ha entregado el manejo directo de la economía estadunidense (y mundial) a los ejecutivos de la banca privada, que hace un año criticaba, y se ha sometido en lo relativo a las políticas con México a las tesis de los halcones republicanos, por lo que ha perdido toda noción de respeto a las formas. La visita de Hillary Clinton (secretaria de Estado) el miércoles 23, dos días después de la divulgación de la información de Wikileaks, llamó la atención, sin embargo, no por ser el colmo del intervencionismo, sino por la docilidad con que Calderón y sus colaboradores aceptaron todas las expresiones de injerencia de la esposa de Bill Clinton, asumiendo que había venido a respaldarlos tras el escándalo de las filtraciones y más aún: a anunciar que Washington respaldaría en 2012 el continuismo panista.

8. Hillary Clinton asumió el lunes 24 su papel de defensora del régimen espurio de Calderón y de sus acciones atroces contra el pueblo de México, pero con muy poco éxito, pues cometió múltiples deslices intervencionistas en sus discursos al dictarle prácticamente al gobierno las políticas que ha de seguir en la supuesta guerra contra el narco, diciendo que no hay otra alternativa y al insistir en hablar en plural para subrayar que tales políticas son las de Washington, como también al declarar a la CNN que quien gane en 2012 debe seguir en la misma línea, dictando así a México su programa para los próximos años. Nada diferente a lo que hizo en su anterior viaje a Afganistán el año pasado, donde igualmente colmó de elogios al también presidente espurio Hamid Karzai y, para no variar, anunció que las políticas impuestas ahí por el Pentágono proseguirían muchos años.

9. La carta dirigida el pasado lunes 24 a Hillary Clinton por Andrés Manuel López Obrador, quien es la principal voz de oposición en México, le recordaba que la inseguridad y violencia que padecemos los mexicanos tiene su origen en las políticas económica y social de elite que han impuesto los gobiernos del PRI y el PAN en los años recientes, y le demandaba un viraje de las políticas actuales de Washington, a fin de fincarla en lo sucesivo en el respeto a la soberanía, la cooperación económica y la solidaridad entre pueblos.

10. El futuro de México se está jugando en este 2011, pues el país requiere entrar a la legalidad para salvar su destino, lo que no es factible con la extrema derecha entreguista y traidora en el poder.

24.1.11

Hillary, la guerra y la sangre

Carlos Fazio
 
Eduardo del Río (Rius) explicó que la finalidad central de la campaña ¡Basta de sangre!, impulsada por él, Julio Scherer y los moneros de La Jornada, es sacudir a una sociedad de agachados que tiene miedo de protestar contra la violencia desatada por la estrategia contra el crimen del régimen de Felipe Calderón.
El punto de partida de la campaña es la condena de toda violencia criminal; está implícito en el mensaje. No obstante, con base en la tautológica retórica oficial (los responsables de la violencia son los violentos, Calderón dixit), los propagandistas del gobierno y sus papagayos orgánicos en los medios han deslizado que los cartonistas no se atreven a meterse con los homicidas que secuestran, balacean, degüellan, descuartizan o pozolean a sus víctimas; los verdaderos hijos de puta, según los definió Héctor Aguilar Camín. Si se trató de un coloquialismo trivial soltado sin pensar, que exhibe la debilidad del chascarrillo, el dicho está haciendo escuela entre los cultores de la guerra de Calderón contra los malos, autoerigidos en tribunal de facto para el linchamiento mediático de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por sus informes sobre las flagrantes violaciones humanitarias cometidas por el Ejército, la Marina y la Policía Federal.
En Twitter, el caricaturista José Hernández argumentó que a Calderón se le hace responsable de impulsar una falsa guerra, simulada con espots engañosos y estériles, que además de ser anticonstitucional es selectiva y electorera y no ha tocado la base patrimonial de los cárteles de la economía criminal. Recordó que los juguetes que presume Calderón son para matar seres humanos y que a los delincuentes hay que juzgarlos y condenarlos, no asesinarlos.
En abono de lo anterior, creemos que hace falta responder otras preguntas que expliquen los 40 mil muertos y ocho mil desaparecidos de la guerra irregular de Calderón. ¿Existen objetivos encubiertos que hacen explicable o necesaria la espiral de violencia desatada por la estrategia de seguridad calderonista? ¿Cómo intervienen en esta guerra los grandes empresarios? ¿A quiénes beneficia el terrorismo de Estado derivado de la aplicación de la tortura, los degollamientos, decapitaciones, desapariciones forzosas y ejecuciones sumarias practicadas indistintamente por fuerzas de seguridad del Estado y grupos paramilitares vinculados y/o bajo la protección de éstas?
Hemos insistido en que la estrategia de Calderón no es fallida. Responde a una práctica predeterminada de doble vía, que combina una guerra reguladora por el control de las rutas y los mercados de la economía criminal, con una guerra de contrainsurgencia basada en la estrategia estadunidense de consolidación de territorios, practicada en Colombia y Afganistán. La lucha (armada) de Calderón fue diseñada en Washington y forma parte de los acuerdos secretos en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte y el Plan México (Iniciativa Mérida).
La total subordinación del régimen entreguista de Calderón a las directivas de la Casa Blanca y el Pentágono ha posibilitado un acelerado proceso de reingeniería de las fuerzas militares y policiales locales, que ya son parte orgánica del modelo de privatización de la seguridad contrainsurgente y de control político-social militarizado, local, regional y nacional.
En pleno auge del capitalismo del desastre (Naomi Klein), como peón designado por los poderes fácticos para la reconfiguración violenta del territorio mexicano en función de los intereses (legales e ilegales) del capital transnacional, la política de shock y conmoción de Calderón ha sido desplegada para generar caos, confusión y terror en la población. La dualidad terror militar colectivo-tratamiento de shock económico (Milton Friedman/Escuela de Chicago) ha estado presente en el Chile de Pinochet, la Indonesia del general Suharto (Plan Yakarta) y en Irak invadido, bajo la inicial tutela neocolonial de Paul Bremer III.
La doctrina de shock y pavor responde a un modus operandi clásico. Necesita condiciones políticas autoritarias y se aprovecha de una crisis o un estado de shock colectivo, producto de una guerra, un colapso del mercado o una catástrofe (el Katrina en Estados Unidos), para combinar medidas de seguridad represivas con la venta al mejor postor de los pedazos de la red estatal, las tierras, las minas, el petróleo, el agua y otros recursos geoestratégicos a los agentes privados y pescadores de oportunidades como Carlos Slim.
Tras la ocupación militar de Irak, el ex agente de la CIA Mike Battles sintetizó: Para nosotros, el miedo y el desorden representaban una verdadera promesa. Así, la privatización del gobierno y de la guerra (de ejércitos y policías), y la introducción de un sistema de vigilancia agresiva, con limpieza social, ejecuciones en masa, desapariciones, tortura, fosas comunes, encarcelamiento, reducción de libertades civiles y violación flagrante de derechos humanos, son puestos al servicio del libre mercado por el nuevo Estado corporativista.
Con el aporte de un narcoparamilitarismo interrelacionado con grupos políticos, financieros, empresariales y núcleos del poder legal (incluidas porciones del Estado), el miedo y el desorden son los catalizadores de un nuevo salto hacia adelante. Si los grandes magnates (incluidos los de los grandes consorcios mediáticos) no se quejan, es porque en medio de la guerra de Calderón siguen haciendo pingües negocios. El trauma colectivo generado por la guerra urbana en Ciudad Juárez, Monterrey, Tijuana o Apatzingán ha servido, además, para dar el pistoletazo de salida a contrarreformas económicas y sociales de corte radical (ley Televisa, extinción de Luz y Fuerza del Centro, cerco al sindicato minero).
En ese contexto, ¿la señora Clinton llega a atizar el estigma de la narcoinsurgencia y el Estado fallido?

20.1.11

Farewell to the Utterly Unique John Ross

All the Right Enemies

By FRANK BARDACKE

John’s gone. John Ross. I doubt that we will ever see anyone remotely like him again.
The bare bones, as he would say, are remarkable enough. Born to show business Communists in New York City in 1938, he had minded Billie Holliday’s dog, sold dope to Dizzy Gillespie, and vigiled at the hour of the Rosenberg execution, all before he was sixteen years old. An aspiring beat poet, driven by D.H. Lawrence’s images of Mexico, he arrived at the Tarascan highlands of Michoacan at the age of twenty, returning to the U.S. six years later in 1964, there to be thrown in the Federal Penitentiary at San Pedro, for refusing induction into the army.
Back on the streets of San Francisco eighteen months later, he joined the Progressive Labor Movement, then a combination of old ex-CPers fleeing the debased party and young poets and artists looking for revolutionary action. For a few years he called the hip, crazy, Latino 24th and Mission  his “bio-region,” as he ran from the San Francisco police and threw dead rats at slumlords during street rallies of the once powerful Mission Coalition.
When the not so ex-Stalinists drove him and others out of P.L. (“break the poets’ pencils” was the slogan of the purge) he moved up north to Arcata where he became an early defender of the forest and the self-described town clown and poet in residence. From there it was Tangier and the Maghreb, the Basque country, anti-nuke rallies in Ireland, and then back to San Francisco, where he finally found his calling as a journalist. “Investigative poet” was the title he preferred, and in 1984, he was dispatched by Pacific News Service to Latin America, where he walked with the Sendero Luminoso, broke bread with the Tupac Amaru, and hung out with cadres of the M-19.
In 1985, after the earthquake, he moved into the Hotel Isabela in the Centro Historico of Mexico City, where for the next 25 years he wrote the very best accounts in English (no one is even a close second) of the tumultuous adventures of Mexican politics.
During the Mexican years, he managed to write nine books in English, a couple more in Spanish, and a batch of poetry chapbooks, all the while he was often on the road, taking a bus to the scene of a peasant rebellion or visiting San Francisco or becoming a human shield in Baghdad, or protecting a Palestinian olive harvest from marauding Israeli settlers.
He died this morning, a victim of liver cancer, at the age of 73, just where he wanted to, in the village of Tepizo, Michoacan, in the care of his dear friends, Kevin and Arminda.
That’s the outline of the story. Then there was John. Even in his seventies, a tall imposing figure with a narrow face, a scruffy goatee and mustache, a Che T-shirt covered by a Mexican vest, a Palestinian battle scarf thrown around his neck, bags of misery and compassion under his eyes, offset by his wonderful toothless smile and the cackling laugh that punctuated his comical riffs on the miserable state of the universe.
He was among the last of the beats, master of the poetic rant, committed to the exemplary public act, always on the side of the poor and defeated. His tormentors defined him. A sadistic prison dentist pulled six of his teeth. The San Francisco Tac Squad twice bludgeoned his head, ruining one eye and damaging the other. The guards of Mexico’s vain, poet-potentate Octavio Paz beat him to the ground in a Mexico City airport, and continued to kick him while he was down. Israeli settlers pummeled him with clubs until he bled, and wrecked his back forever.
He had his prickly side. He hated pretense, pomposity and unchecked power wherever he found it. Losing was important to him. Whatever is the dictionary opposite of an opportunist—that’s what John was. He never got along with an editor, and made it a matter of principle to bite the hand that fed him. It got so bad, he left so few bridges unburnt, that in order to read his wonderful weekly dispatches in the pre-internet years, I had to subscribe to an obscure newsletter, a compilation of Latin American news, and then send more money to get the editors to send along John’s column. [John had a relationship lasting many years with CounterPunch, publishing hundreds of dispatches, with only trifling hiccups with the editors. AC/JSC.]
He had his sweet side, too. He was intensely loyal to his friends, generous with all he had, proud of his children, grateful for Elizabeth’s support and collaboration, and wonderful, warm company at an evening meal. When my son, Ted, arrived in Mexico in 1990, John helped him get a job, find a place to live, introduced him around, and became his Sunday companion and confidant, as they huddled in front of John’s 11-inch TV watching the weekly broadcasts of NBA games.
He was a great, true sports fan, especially of basketball. One of the last times I saw him was at a friend’s house in San Francisco, in between radiation treatments, watching a Warriors game on a big screen TV, smoking what he still called the “killer weed.” Joe and I listened to him recount NY Knicks history, the origin of the jump shot,  and Kareem’s last game, which somehow led to a long complaint about kidneys for sale in Mexico that had been harvested in China out of the still warm body of some poor, rural immigrant who had been legally executed for jaywalking in Beijing.
The very last time I had the pleasure of his company was at breakfast in Los Angeles when Ted and I saw him off on his last book tour, promoting El Monstruo, his loving history of Mexico City. He was in great form. His cancer was in remission—a “cancer resister,” he called himself—and he entertained us with a preview of his trip: long, tiresome Greyhound rides, uncomfortable couches, talks to tiny groups of the marginalized, the last defenders of lost causes without the money to buy his books. It would be a losing proposition, like so many of his others, all of which secure his place among the angels.   

Frank Bardacke taught at Watsonville Adult School, California’s Central Coast,  for 25 years. His history of the United Farm Workers and Cesar Chavez, Trampled in the Vintage, is forthcoming from Verso. He can be reached at bardacke@sbcglobal.com

12.1.11

El gran negocio de la venta doméstica y global de armas por EU y su cultura de la muerte

Alfredo Jalife-Rahme
Desde la cárcel iraquí de Abu Ghraib hasta Arizona, Estados Unidos ha mostrado ser un país gravemente enfermo y su principal patología es la violencia doméstica y global que exacerba su nada boyante estado de salud mental, cuando la mitad de sus adolescentes cumplen los criterios de un trastorno mental (AFP, 14/10/10) y Uno de cada cinco adultos padeció una enfermedad mental en 2009 (CNBC, 18/11/10). Tal es el entorno de Jared Lee Loughner, multihomicida juvenil de Arizona y presunto sicópata.
Hace cuatro meses el ex presidente Carter había advertido que Estados Unidos estaba más polarizado que durante la Guerra Civil (prisonplanet.com, 21/9/10).
El nivel de violencia ha infectado a los políticos (el caso de la furibunda amazona Sarah Palin es para manicomio), a sus comentaristas y a sus multimedia, donde descuella Fox News, consagrado a los tambores de guerra domésticos y globales.
El blog de Stephen Gandel en la revista Time (19/10/10) se alarmaba de que las medidas monetaristas de Ben Shalom Bernanke, gobernador de la Reserva Federal, pudieran provocar una guerra civil al favorecer unilateralmente a la plutocracia.
No se debe imputar únicamente a la supuesta insanidad mental del joven desempleado (un clásico nini gringo) de 22 años como factor primordial de su multihomicidio, sin considerar su medio circundante en Arizona, que exhibe una desconcertante desregulación en la venta de armas de alto poder, que pueden ser portadas hasta en los bares, al unísono de la mayor regulación a los migrantes mexicanos y latinos.
Arizona es un estado política y mentalmente enfermo. Su gobernadora, Jan Brewer, epitomiza la misantropía y el racismo mexicanófobo, mientras su senador John McCain, fracasado ex candidato presidencial por el Partido Republicano, durante su campaña se puso a bailotear (literal) con el cántico bélico bombardeemos, bombardeemos Irán. Este es el entorno ultrabélico donde fue criado y creado Jared Lee Loughner.
La misma representante Gabrielle Giffords, del Partido Demócrata, estaba a favor de la desregulación de las armas y, por desgracia, fue víctima de su credo.
Por enésima vez han sido puestos en la picota la cultura de la muerte y el culto fálico a las armas en manos civiles por la poderosa Asociación Nacional del Rifle –que, con el lobby israelí AIPAC, constituye uno de los principales grupos cabilderos de presión en Estados Unidos–, muy cercano al Partido Republicano y a la ideología racista WASP (blanco protestante anglosajón). Este también es otro entorno violento de Jared Lee Loughner.
Una pesadilla es la posesión obsesiva de 270 millones de armas en Estados Unidos para una población de 310 millones, lo cual no tiene parangón (Small Arms Survey, 2007) y se ha vuelto, a nuestro juicio, un asunto pandémico de salud pública y una amenaza a la seguridad planetaria.
Detrás de los hidrocarburos y el narcotráfico, el negocio de la venta de armas es el tercero más lucrativo del planeta: supera los 1.5 billones de dólares, lo cual corresponde a 2.7 por ciento del PIB global (Anup Shah, World military spending, globalissues.org, 7/7/10).
La distribución global del gasto militar en 2009 coloca en un insuperable primer lugar a Estados Unidos con 46.5 por ciento del total, seguido muy lejos por China (6.6), Francia (4.2), Gran Bretaña (3.8), Rusia (3.5), los siguientes 10 países combinados (20.7) y el resto del mundo (14.7 por ciento). Esto es muy discutible ya que Estados Unidos gasta en realidad el doble de lo presupuestado (más de 1.2 billones de dólares, es decir, 12 veces más que China), que oculta mediante artilugios contables en el rubro de investigación y desarrollo. Este es el entorno global bélico de Jared Lee Loughner, oriundo de Tucson.
Según SIPRI Arms Industry Database, las 100 principales trasnacionales productoras de armas en el mundo (top 100) incrementaron sus ventas y alcanzaron 385 mil millones de dólares en 2008, cantidad que equivale al PIB de 105 países en vías de desarrollo.
De las 20 primeras trasnacionales proliferadoras de la muerte, 16 son apabullantemente anglosajonas: dos británicas (BAE Systems y Rolls Royce) y 14 estadunidenses (Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics, Raytheon, L-3 Communications, United Technologies, SAIC, KBR/Halliburton, Computer Sciences Corp., Honeywell, ITT Corporation, AM General y Navistar).
Los seis primeros lugares de ventas anualizadas, en orden descendente, son anglosajones: la británica BAE Systems (que carga a cuestas el pestilente escándalo Al-Yamamah y que realiza la mitad de sus ventas en Estados Unidos) con 32 mil 420 millones de dólares; y las estadunidenses Lockheed Martín (29 mil 880 millones), Boeing (29 mil 200 millones), Northrop Grumman (26 mil 90 millones), General Dynamics (22 mil 780 millones) y Raytheon (21 mil 30 millones).
Solamente estas seis trasnacionales anglosajonas detentan 161 mil millones de dólares, 42 por ciento del total.
En 2008, los fabricantes de armas de Estados Unidos produjeron 1.4 millones de pistolas, 432 mil revólveres, 1.6 millones de carabinas, 753 mil fusiles y 176 mil de otro tipo de armas de fuego. De este apabullante total de 4.36 millones de pequeñas (sic) armas, según una muy cuestionada definición, solamente fueron exportadas 245 mil (5.6 por ciento del total y cuyo principal mercado es México), es decir, el uso es prácticamente doméstico.
Las armas de fuego son responsables de 30 mil muertes cada año en Estados Unidos (¡le ganaron al genocidio de Calderón, hoy su principal socio latinoamericano!): la mitad por suicidios y más de 10 mil homicidios (lorientlejour.com, 10/1/11).
¿Y los heridos? De acuerdo con Brady Campaign, que aboga por su regulación y/o su abolición, 300 personas son heridas o asesinadas cada día (¡súper sic!) por una arma de fuego en Estados Unidos, entre ellos 67 menores de edad.
Supuestamente desde 1994 –lo cual se volvió sumamente laxo en 2004, en la etapa bushiana de la hollywoodense Seguridad del Hogar–, una ley federal obliga a los armeros a verificar los antecedentes de los adquirientes y prohíbe su compra a criminales condenados, toxicómanos, autores de violencias conyugales y a individuos con deficiencias mentales (whatever that means).
Con tantas limitaciones teóricas, las ventas deberían ser mínimas, pero sucede que los armeros sedientos de ganancias no son nada estrictos en la aplicación federal que puede ser modificada por una legislación estatal muy laxa, como son los casos específicos de Arizona y de Jared Lee Loughner, quien con inquietante facilidad adquirió en una tienda de deportes (sic) su ametralladora con 30 balas, pese a su presunta sicopatía.
La gravedad del asunto es que la laxitud paranoica y lucrativa de Arizona ha infectado a su vecino México, donde 70 por ciento de las armas capturadas fueron adquiridas principalmente en tres estados: Texas, California y Arizona (El Paso Times, 1/11/10).
¿De dónde proviene el otro 30 por ciento, cuya gran parte es presuntamente provista por Israel a los cárteles de la droga mexicanos, según Stratfor?
Por cierto, Houston es el primer lugar abastecedor de armas a los cárteles mexicanos (Houston Chronicle, 4/1/11), que son compradas legalmente (sic) y luego transportadas en forma clandestina en la frontera (La globalización del crimen, UNODC, 2010).
Lo peor: la cultura de la muerte y la enfermedad global de Estados Unidos y doméstica de Arizona han alcanzado al México neoliberal calderonista, hoy más itamita que nunca. ¡Viva el lucro letal!

8.1.11

Mercados y resistencia civil

Orlando Delgado Selley


MÉXICO, 7 de enero (apro).- Europa vivió en 2010 un encarnizado enfrentamiento entre la población y los mercados. Desde febrero, cuando el recién llegado gobierno socialista griego destapó el problema de las finanzas públicas, heredado por el gobierno conservador saliente, los grandes inversionistas internacionales, advertidos por las agencias calificadoras de posibles dificultades para que se cumplieran los compromisos crediticios en ese país, demandaron mayores intereses y, al mismo tiempo, menor gasto público.
Con ello, lo que hacían era obligar al gobierno griego a destinar los recursos que se habían presupuestado para atemperar los impactos sociales de la crisis entre la población con mayores dificultades.
         La recesión provocada por la contracción crediticia, que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007, provocó la pérdida de millones de empleos en el mundo entero. Europa construyó, después de la segunda guerra mundial, un conjunto de instituciones destinadas a defender el nivel de vida de la población frente a cualquier circunstancia crítica.
La crisis en esos países, en consecuencia, no afecta a la población en la misma medida que en América Latina, porque el Estado está obligado por ley a responder a la pérdida de empleo con pagos a los afectados, durante el tiempo que duren en la condición de desempleados, es decir mientras estén en paro.
Esto implica que frente a la reducción del gasto privado, derivada de la contracción económica, automáticamente se incrementa el gasto público. La crisis, pues, se suaviza para la gente. Naturalmente, este aumento automático del gasto, en condiciones en las que la actividad económica se contrae y, por lo tanto, se reduce el pago de impuestos, obliga a que el gobierno demande recursos en los mercados financieros para hacer frente a sus requerimientos de gasto.
Ello trae como consecuencia finanzas públicas deficitarias, lo que significa incrementar su endeudamiento. Pero ese déficit no se debe a irresponsabilidad gubernamental, sino al cumplimiento de responsabilidades legalmente establecidas, acordes con un modelo social en el que la búsqueda de la equidad es un propósito fundamental.
Por eso en Europa no existen niveles de concentración del ingreso, como los estadunidenses o los de América Latina.
En 2007 estalló una crisis provocada por una expansión colosal del crédito, explicada por un cambio en la forma de operar de los bancos y por la eliminación de la regulación preventiva creada después de la crisis de 1929-33.
A esto se añadió la aparición de entidades financieras de nuevo tipo y de innovaciones financieras que crearon nuevos instrumentos de inversión que podían ser colocados en cualquier lugar del mundo instantáneamente, ofreciendo rendimientos extraordinarios.
La nueva etapa del capitalismo presenció una redistribución de recursos desde los sectores productivos hacia el sector financiero. La lucha por el excedente económico ya no sólo era entre el trabajo y el capital, sino entre los capitales productivos y los financieros.
La crisis se concentró en Europa en 2010, y actualmente vive dificultades derivadas de la deuda de los gobiernos, la llamada deuda soberana, así como de las principales empresas bancarias, empezando por los acontecimientos griegos, que terminaron con el rescate de ese país después de tres difíciles meses.
Enseguida, la presión de los mercados se expandió a los otros países de la periferia europea: Portugal, España e Irlanda. Los mercados atacaron tras las declaraciones de las empresas calificadoras, exigiendo mayores tasas de interés, derivadas de que se había incrementado la posibilidad de incumplimiento de los pagos comprometidos.
Los mercados, que en realidad son personas de carne y hueso perfectamente identificadas en los grandes bancos internacionales, demandaron, además, que los gobiernos redujeran su déficit.
Su preocupación tiene una explicación simple: la garantía del pago de los intereses se logra haciendo que se reduzcan otros renglones del gasto público. Se trata de una sencilla operación redistributiva: lo que antes se había presupuestado para destinarse a amplios sectores sociales y había sido aprobado por los respectivos parlamentos, ahora se requería que se les retirara para poder destinarlo al mayor pago de intereses, previa aprobación de los mismos parlamentos.
Los gobiernos fueron respondiendo uno a uno con un importante recorte al gasto público, lo que implica que las partidas presupuestales destinadas a apoyos sociales de diverso tipo se reducen, incluyendo pensiones, apoyo a desempleados, servicios sociales y --la medida estelar-- aumento a la edad de jubilación y disminución de pensiones.
Esta medida se ha aplicado no sólo en los países que enfrentan dificultades de costo para fondearse, sino también en los países más fuertes, como Alemania, Reino Unido y Francia.
         En todos esos países, estas medidas aprobadas por los respectivos parlamentos han sido enfrentadas con acciones de resistencia de diverso tipo: manifestaciones, paros de ciertos sectores, huelgas generales, y en algunos casos, como el inglés, incluso con acciones violentas.
La resistencia se ha dado en todos lados y en todos ha sido infructuosa. Gobiernos de distinto signo ideológico argumentan las mismas razones: no es posible seguir con un sistema que jubila a sus trabajadores a los 63 años, no pueden sostenerse ajustes automáticos a las pensiones derivadas de la pérdida de capacidad adquisitiva.
En consecuencia, dicen los gobiernos de derechas y también los de izquierdas, la responsabilidad gubernamental es alargar los tiempos de jubilación, limitar los ajustes a las pensiones, reducir los tiempos del pago por estar desempleado, etc.
         Lo que no dicen es que en realidad esos gastos se reducen porque ha aumentado el costo de la deuda, de modo que lo que pierden las poblaciones lo ganan los inversionistas. Los gobiernos se doblegan ante los mercados, abdicando de su responsabilidad social. Ese giro es asombrosamente aprobado por parlamentos elegidos como representaciones de los ciudadanos, lo que pone de relieve la crisis de ese mecanismo de representación política.
La resistencia, por lo mismo, ocurre extra parlamentariamente, pero los resultados son nulos. Los mercados siguen ganado y las sociedades perdiendo. El 2011, por desgracia, seguirá ese camino.
o_selley2001@yahoo.com