Orlando Delgado Selley
MÉXICO, 7 de enero (apro).- Europa vivió en 2010 un encarnizado enfrentamiento entre la población y los mercados. Desde febrero, cuando el recién llegado gobierno socialista griego destapó el problema de las finanzas públicas, heredado por el gobierno conservador saliente, los grandes inversionistas internacionales, advertidos por las agencias calificadoras de posibles dificultades para que se cumplieran los compromisos crediticios en ese país, demandaron mayores intereses y, al mismo tiempo, menor gasto público.
MÉXICO, 7 de enero (apro).- Europa vivió en 2010 un encarnizado enfrentamiento entre la población y los mercados. Desde febrero, cuando el recién llegado gobierno socialista griego destapó el problema de las finanzas públicas, heredado por el gobierno conservador saliente, los grandes inversionistas internacionales, advertidos por las agencias calificadoras de posibles dificultades para que se cumplieran los compromisos crediticios en ese país, demandaron mayores intereses y, al mismo tiempo, menor gasto público.
Con ello, lo que hacían era obligar al gobierno griego a destinar los recursos que se habían presupuestado para atemperar los impactos sociales de la crisis entre la población con mayores dificultades.
La recesión provocada por la contracción crediticia, que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007, provocó la pérdida de millones de empleos en el mundo entero. Europa construyó, después de la segunda guerra mundial, un conjunto de instituciones destinadas a defender el nivel de vida de la población frente a cualquier circunstancia crítica.
La crisis en esos países, en consecuencia, no afecta a la población en la misma medida que en América Latina, porque el Estado está obligado por ley a responder a la pérdida de empleo con pagos a los afectados, durante el tiempo que duren en la condición de desempleados, es decir mientras estén en paro.
Esto implica que frente a la reducción del gasto privado, derivada de la contracción económica, automáticamente se incrementa el gasto público. La crisis, pues, se suaviza para la gente. Naturalmente, este aumento automático del gasto, en condiciones en las que la actividad económica se contrae y, por lo tanto, se reduce el pago de impuestos, obliga a que el gobierno demande recursos en los mercados financieros para hacer frente a sus requerimientos de gasto.
Ello trae como consecuencia finanzas públicas deficitarias, lo que significa incrementar su endeudamiento. Pero ese déficit no se debe a irresponsabilidad gubernamental, sino al cumplimiento de responsabilidades legalmente establecidas, acordes con un modelo social en el que la búsqueda de la equidad es un propósito fundamental.
Por eso en Europa no existen niveles de concentración del ingreso, como los estadunidenses o los de América Latina.
En 2007 estalló una crisis provocada por una expansión colosal del crédito, explicada por un cambio en la forma de operar de los bancos y por la eliminación de la regulación preventiva creada después de la crisis de 1929-33.
A esto se añadió la aparición de entidades financieras de nuevo tipo y de innovaciones financieras que crearon nuevos instrumentos de inversión que podían ser colocados en cualquier lugar del mundo instantáneamente, ofreciendo rendimientos extraordinarios.
La nueva etapa del capitalismo presenció una redistribución de recursos desde los sectores productivos hacia el sector financiero. La lucha por el excedente económico ya no sólo era entre el trabajo y el capital, sino entre los capitales productivos y los financieros.
La crisis se concentró en Europa en 2010, y actualmente vive dificultades derivadas de la deuda de los gobiernos, la llamada deuda soberana, así como de las principales empresas bancarias, empezando por los acontecimientos griegos, que terminaron con el rescate de ese país después de tres difíciles meses.
Enseguida, la presión de los mercados se expandió a los otros países de la periferia europea: Portugal, España e Irlanda. Los mercados atacaron tras las declaraciones de las empresas calificadoras, exigiendo mayores tasas de interés, derivadas de que se había incrementado la posibilidad de incumplimiento de los pagos comprometidos.
Los mercados, que en realidad son personas de carne y hueso perfectamente identificadas en los grandes bancos internacionales, demandaron, además, que los gobiernos redujeran su déficit.
Su preocupación tiene una explicación simple: la garantía del pago de los intereses se logra haciendo que se reduzcan otros renglones del gasto público. Se trata de una sencilla operación redistributiva: lo que antes se había presupuestado para destinarse a amplios sectores sociales y había sido aprobado por los respectivos parlamentos, ahora se requería que se les retirara para poder destinarlo al mayor pago de intereses, previa aprobación de los mismos parlamentos.
Los gobiernos fueron respondiendo uno a uno con un importante recorte al gasto público, lo que implica que las partidas presupuestales destinadas a apoyos sociales de diverso tipo se reducen, incluyendo pensiones, apoyo a desempleados, servicios sociales y --la medida estelar-- aumento a la edad de jubilación y disminución de pensiones.
Esta medida se ha aplicado no sólo en los países que enfrentan dificultades de costo para fondearse, sino también en los países más fuertes, como Alemania, Reino Unido y Francia.
En todos esos países, estas medidas aprobadas por los respectivos parlamentos han sido enfrentadas con acciones de resistencia de diverso tipo: manifestaciones, paros de ciertos sectores, huelgas generales, y en algunos casos, como el inglés, incluso con acciones violentas.
La resistencia se ha dado en todos lados y en todos ha sido infructuosa. Gobiernos de distinto signo ideológico argumentan las mismas razones: no es posible seguir con un sistema que jubila a sus trabajadores a los 63 años, no pueden sostenerse ajustes automáticos a las pensiones derivadas de la pérdida de capacidad adquisitiva.
En consecuencia, dicen los gobiernos de derechas y también los de izquierdas, la responsabilidad gubernamental es alargar los tiempos de jubilación, limitar los ajustes a las pensiones, reducir los tiempos del pago por estar desempleado, etc.
Lo que no dicen es que en realidad esos gastos se reducen porque ha aumentado el costo de la deuda, de modo que lo que pierden las poblaciones lo ganan los inversionistas. Los gobiernos se doblegan ante los mercados, abdicando de su responsabilidad social. Ese giro es asombrosamente aprobado por parlamentos elegidos como representaciones de los ciudadanos, lo que pone de relieve la crisis de ese mecanismo de representación política.
La resistencia, por lo mismo, ocurre extra parlamentariamente, pero los resultados son nulos. Los mercados siguen ganado y las sociedades perdiendo. El 2011, por desgracia, seguirá ese camino.
o_selley2001@yahoo.com
La recesión provocada por la contracción crediticia, que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007, provocó la pérdida de millones de empleos en el mundo entero. Europa construyó, después de la segunda guerra mundial, un conjunto de instituciones destinadas a defender el nivel de vida de la población frente a cualquier circunstancia crítica.
La crisis en esos países, en consecuencia, no afecta a la población en la misma medida que en América Latina, porque el Estado está obligado por ley a responder a la pérdida de empleo con pagos a los afectados, durante el tiempo que duren en la condición de desempleados, es decir mientras estén en paro.
Esto implica que frente a la reducción del gasto privado, derivada de la contracción económica, automáticamente se incrementa el gasto público. La crisis, pues, se suaviza para la gente. Naturalmente, este aumento automático del gasto, en condiciones en las que la actividad económica se contrae y, por lo tanto, se reduce el pago de impuestos, obliga a que el gobierno demande recursos en los mercados financieros para hacer frente a sus requerimientos de gasto.
Ello trae como consecuencia finanzas públicas deficitarias, lo que significa incrementar su endeudamiento. Pero ese déficit no se debe a irresponsabilidad gubernamental, sino al cumplimiento de responsabilidades legalmente establecidas, acordes con un modelo social en el que la búsqueda de la equidad es un propósito fundamental.
Por eso en Europa no existen niveles de concentración del ingreso, como los estadunidenses o los de América Latina.
En 2007 estalló una crisis provocada por una expansión colosal del crédito, explicada por un cambio en la forma de operar de los bancos y por la eliminación de la regulación preventiva creada después de la crisis de 1929-33.
A esto se añadió la aparición de entidades financieras de nuevo tipo y de innovaciones financieras que crearon nuevos instrumentos de inversión que podían ser colocados en cualquier lugar del mundo instantáneamente, ofreciendo rendimientos extraordinarios.
La nueva etapa del capitalismo presenció una redistribución de recursos desde los sectores productivos hacia el sector financiero. La lucha por el excedente económico ya no sólo era entre el trabajo y el capital, sino entre los capitales productivos y los financieros.
La crisis se concentró en Europa en 2010, y actualmente vive dificultades derivadas de la deuda de los gobiernos, la llamada deuda soberana, así como de las principales empresas bancarias, empezando por los acontecimientos griegos, que terminaron con el rescate de ese país después de tres difíciles meses.
Enseguida, la presión de los mercados se expandió a los otros países de la periferia europea: Portugal, España e Irlanda. Los mercados atacaron tras las declaraciones de las empresas calificadoras, exigiendo mayores tasas de interés, derivadas de que se había incrementado la posibilidad de incumplimiento de los pagos comprometidos.
Los mercados, que en realidad son personas de carne y hueso perfectamente identificadas en los grandes bancos internacionales, demandaron, además, que los gobiernos redujeran su déficit.
Su preocupación tiene una explicación simple: la garantía del pago de los intereses se logra haciendo que se reduzcan otros renglones del gasto público. Se trata de una sencilla operación redistributiva: lo que antes se había presupuestado para destinarse a amplios sectores sociales y había sido aprobado por los respectivos parlamentos, ahora se requería que se les retirara para poder destinarlo al mayor pago de intereses, previa aprobación de los mismos parlamentos.
Los gobiernos fueron respondiendo uno a uno con un importante recorte al gasto público, lo que implica que las partidas presupuestales destinadas a apoyos sociales de diverso tipo se reducen, incluyendo pensiones, apoyo a desempleados, servicios sociales y --la medida estelar-- aumento a la edad de jubilación y disminución de pensiones.
Esta medida se ha aplicado no sólo en los países que enfrentan dificultades de costo para fondearse, sino también en los países más fuertes, como Alemania, Reino Unido y Francia.
En todos esos países, estas medidas aprobadas por los respectivos parlamentos han sido enfrentadas con acciones de resistencia de diverso tipo: manifestaciones, paros de ciertos sectores, huelgas generales, y en algunos casos, como el inglés, incluso con acciones violentas.
La resistencia se ha dado en todos lados y en todos ha sido infructuosa. Gobiernos de distinto signo ideológico argumentan las mismas razones: no es posible seguir con un sistema que jubila a sus trabajadores a los 63 años, no pueden sostenerse ajustes automáticos a las pensiones derivadas de la pérdida de capacidad adquisitiva.
En consecuencia, dicen los gobiernos de derechas y también los de izquierdas, la responsabilidad gubernamental es alargar los tiempos de jubilación, limitar los ajustes a las pensiones, reducir los tiempos del pago por estar desempleado, etc.
Lo que no dicen es que en realidad esos gastos se reducen porque ha aumentado el costo de la deuda, de modo que lo que pierden las poblaciones lo ganan los inversionistas. Los gobiernos se doblegan ante los mercados, abdicando de su responsabilidad social. Ese giro es asombrosamente aprobado por parlamentos elegidos como representaciones de los ciudadanos, lo que pone de relieve la crisis de ese mecanismo de representación política.
La resistencia, por lo mismo, ocurre extra parlamentariamente, pero los resultados son nulos. Los mercados siguen ganado y las sociedades perdiendo. El 2011, por desgracia, seguirá ese camino.
o_selley2001@yahoo.com
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