Pierre Dardot y Christian Laval
Desde hace una decena de años viene anunciándose regularmente el fin del neoliberalismo:
la crisis financiera mundial de 2008 se presentó como el último
estertor de su agonía, después le tocó el turno a la crisis griega en
Europa (al menos hasta julio de 2015), sin olvidar, por supuesto, el
seísmo causado por la elección de Donald Trump en EE UU en noviembre de
2016, seguido del referéndum sobre el Brexit en marzo de 2017. El
hecho de que Gran Bretaña y EE UU, que fueron tierras de promisión del
neoliberalismo en tiempos de Thatcher y Reagan, parezcan darle la
espalda mediante una reacción nacionalista tan repentina, marcó los
espíritus debido a su alcance simbólico. Después, en octubre de 2018, se
produjo la elección de Jair Bolsonaro, quien promete tanto el retorno
de la dictadura como la aplicación de un programa neoliberal de una
violencia y una amplitud muy parecidas a las de los Chicago boys de Pinochet.
El neoliberalismo no solo sobrevive como sistema de poder, sino que se
refuerza. Hay que comprender esta singular radicalización, lo que
implica discernir el carácter tanto plástico como plural del
neoliberalismo. Pero hace falta ir más lejos todavía y percatarse del
sentido de las transformaciones actuales del neoliberalismo, es decir,
la especificidad de lo que aquí llamamos el nuevo neoliberalismo.
La crisis como modo de gobierno
Recordemos de entrada qué significa el concepto de neoliberalismo, que
pierde gran parte de su pertinencia cuando se emplea de forma confusa,
como sucede a menudo. No se trata tan solo de políticas económicas
monetaristas o austeritarias, de la mercantilización de las relaciones
sociales o de la dictadura de los mercados financieros. Se trata
más fundamentalmente de una racionalidad política que se ha vuelto
mundial y que consiste en imponer por parte de los gobiernos, en la
economía, en la sociedad y en el propio Estado, la lógica del capital
hasta convertirla en la forma de las subjetividades y la norma de las
existencias.
Proyecto radical e incluso, si se quiere,
revolucionario, el neoliberalismo no se confunde, por tanto, con un
conservadurismo que se contenta con reproducir las estructuras
desigualitarias establecidas. A través del juego de las relaciones
internacionales de competencia y dominación y de la mediación de las
grandes organizaciones de gobernanza mundial (FMI, Banco Mundial,
Unión Europea, etc.), este modo de gobierno se ha convertido con el
tiempo en un verdadero sistema mundial de poder, comandado por el
imperativo de su propio mantenimiento.
Lo que caracteriza este
modo de gobierno es que se alimenta y se radicaliza por medio de sus
propias crisis. El neoliberalismo solo se sostiene y se refuerza porque
gobierna mediante la crisis. En efecto, desde la década de 1970, el
neoliberalismo se nutre de las crisis económicas y sociales que genera.
Su respuesta es invariable: en vez de poner en tela de juicio la lógica
que las ha provocado, hay que llevar todavía más lejos esa misma lógica y
tratar de reforzarla indefinidamente. Si la austeridad genera déficit
presupuestario, hay que añadir una dosis suplementaria. Si la
competencia destruye el tejido industrial o desertifica regiones, hay
que agudizarla todavía más entre las empresas, entre los territorios,
entre las ciudades. Si los servicios públicos no cumplen ya su misión,
hay que vaciar esta última de todo contenido y privar a los servicios de
los medios que precisan. Si las rebajas de impuestos para los ricos o
las empresas no dan los resultados esperados, hay que profundizar
todavía más en ellas, etc.
Este gobierno mediante la crisis
solo es posible, claro está, porque el neoliberalismo se ha vuelto
sistémico. Toda crisis económica, como la de 2008, se interpreta en los
términos del sistema y solo recibe respuestas que sean compatibles con
el mismo. La ausencia de alternativas no es tan solo la
manifestación de un dogmatismo en el plano intelectual, sino la
expresión de un funcionamiento sistémico a escala mundial. Al amparo de
la globalización y/o al reforzar la Unión Europea, los Estados han
impuesto múltiples reglas e imperativos que los llevan a reaccionar en
el sentido del sistema.
Pero lo que es más reciente y sin duda
merece nuestra atención es que ahora se nutre de las reacciones
negativas que provoca en el plano político, que se refuerza con la misma
hostilidad política que suscita. Estamos asistiendo a una de sus
metamorfosis, y no es la menos peligrosa. El neoliberalismo ya no
necesita su imagen liberal o democrática, como en los buenos tiempos de lo que hay que llamar con razón el neoliberalismo clásico.
Esta imagen incluso se ha convertido en un obstáculo para su
dominación, cosa que únicamente es posible porque el gobierno neoliberal
no duda en instrumentalizar los resentimientos de un amplio sector de
la población, falto de identidad nacional y de protección por el Estado,
dirigiéndolos contra chivos expiatorios.
En el pasado, el neoliberalismo se ha asociado a menudo a la apertura, al progreso, a las libertades individuales, al Estado de derecho. Actualmente se conjuga con el cierre de fronteras, la construcción de muros,
el culto a la nación y la soberanía del Estado, la ofensiva declarada
contra los derechos humanos, acusados de poner en peligro la seguridad.
¿Cómo es posible esta metamorfosis del neoliberalismo?
Trumpismo y fascismo
Trump marca incontestablemente un hito en la historia del
neoliberalismo mundial. Esta mutación no afecta únicamente a EE UU, sino
a todos los gobiernos, cada vez más numerosos, que manifiestan
tendencias nacionalistas, autoritarias y xenófobas hasta el punto de
asumir la referencia al fascismo, como en el caso de Matteo Salvini, o a
la dictadura militar en el de Bolsonaro. Lo fundamental es comprender
que estos gobiernos no se oponen para nada al neoliberalismo como modo
de poder. Al contrario, reducen los impuestos a los más ricos, recortan
las ayudas sociales y aceleran las desregulaciones, particularmente en
materia financiera o ecológica. Estos gobiernos autoritarios, de los que
forma parte cada vez más la extrema derecha, asumen en realidad el
carácter absolutista e hiperautoritario del neoliberalismo.
Para comprender esta transformación, primero conviene evitar dos
errores. El más antiguo consiste en confundir el neoliberalismo con el ultraliberalismo, el libertarismo, el retorno a Adam Smith o el fin del Estado,
etc. Como ya nos enseñó hace mucho tiempo Michel Foucault, el
neoliberalismo es un modo de gobierno muy activo, que no tiene mucho que
ver con el Estado mínimo pasivo del liberalismo clásico. Desde este
punto de vista, la novedad no consiste en el grado de intervención del
Estado ni en su carácter coercitivo. Lo nuevo es que el antidemocratismo
innato del neoliberalismo, manifiesto en algunos de sus grandes
teóricos, como Friedrich Hayek, se plasma hoy en un cuestionamiento
político cada vez más abierto y radical de los principios y las formas
de la democracia liberal.
El segundo error, más reciente, consiste en explicar que nos hallamos ante un nuevo fascismo neoliberal, o bien ante un momento neofascista del neoliberalismo 2/. Que sea por lo menos azaroso, si no peligroso políticamente, hablar con Chantal Mouffe de un momento populista para presentar mejor el populismo como un remedio
al neoliberalismo, esto está fuera de toda duda. Que haga falta
desenmascarar la impostura de un Emmanuel Macron, quien se presenta como
el único recurso contra la democracia iliberal de Viktor Orbán y
consortes, esto también es cierto. Pero, ¿acaso esto justifica que se
mezcle en un mismo fenómeno político el ascenso de las extremas derechas y la deriva autoritaria del neoliberalismo?
La asimilación es a todas luces problemática: ¿cómo identificar si no es mediante una analogía superficial el Estado total
tan característico del fascismo y la difusión generalizada del modelo
de mercado y de la empresa en el conjunto de la sociedad? En el fondo,
si esta asimilación permite arrojar luz, centrándonos en el fenómeno Trump, sobre cierto número de rasgos del nuevo neoliberalismo,
al mismo tiempo enmascara su individualidad histórica. La inflación
semántica en torno al fascismo tiene sin duda efectos críticos, pero
tiende a ahogar los fenómenos a la vez complejos y singulares en
generalizaciones poco pertinentes, que a su vez no pueden sino dar lugar
a un desarme político.
Para Henry Giroux 3/, por ejemplo, el fascismo neoliberal
es una “formación económico-política específica” que mezcla ortodoxia
económica, militarismo, desprecio por las instituciones y las leyes,
supremacismo blanco, machismo, odio a los intelectuales y amoralismo.
Giroux toma prestada del historiador del fascismo Robert Paxton (2009)
la idea de que el fascismo se apoya en pasiones movilizadoras que volvemos a encontrar en el fascismo neoliberal: amor al jefe, hipernacionalismo, fantasmas racistas, desprecio por lo débil, lo inferior, lo extranjero, desdén por los derechos y la dignidad de las personas, violencia hacia los adversarios, etc.
Si bien hallamos todos estos ingredientes en el trumpismo y más todavía
en el bolsonarismo brasileño, ¿acaso no se nos escapa su especificidad
con respecto al fascismo histórico? Paxton admite que “Trump retoma
varios motivos típicamente fascistas”, pero ve en él sobre todo los
rasgos más comunes de una “dictadura plutocrática” 4/. Porque
también existen grandes diferencias con el fascismo: no impone el
partido único ni la prohibición de toda oposición y de toda disidencia,
no moviliza y encuadra a las masas en organizaciones jerárquicas
obligatorias, no establece el corporativismo profesional, no practica
liturgias de una religión laica, no preconiza el ideal del ciudadano soldado totalmente consagrado al Estado total, etc. (Gentile, 2004).
A este respecto, todo paralelismo con el final de la década de 1930 en
EE UU es engañoso, por mucho que Trump haya hecho suyo el lema de America first,
el nombre dado por Charles Lindbergh a la organización fundada en
octubre de 1940 para promover una política aislacionista frente al
intervencionismo de Roosevelt. Trump no convierte en realidad la ficción
escrita por Philip Roth (2005), quien imaginó que Lindbergh triunfaría
sobre Roosevelt en las elecciones presidenciales de 1940. Ocurre que
Trump no es a Clinton o a Obama lo que fue Lindbergh a Roosevelt y que
en este sentido toda analogía es endeble. Si Trump puja cada vez más en
la escalada antiestablishment para halagar a su clientela
electoral, no trata, sin embargo, de suscitar revueltas antisemitas,
contrariamente al Lindbergh de la novela, inspirada directamente en el
ejemplo nazi.
Pero, sobre todo, no estamos viviendo un momento polanyiano,
como cree Robert Kuttner (2018), caracterizado por la recuperación del
control de los mercados por los poderes fascistas ante los estragos
causados por el no intervencionismo. En cierto sentido ocurre todo lo
contrario, y el caso es bastante más paradójico. Trump pretende ser el
campeón de la racionalidad empresarial, incluso en su manera de llevar a
cabo su política tanto interior como exterior. Vivimos el momento en
que el neoliberalismo segrega desde el interior una forma política
original que combina autoritarismo antidemocrático, nacionalismo
económico y racionalidad capitalista ampliada.
Una crisis profunda de la democracia liberal
Para comprender la mutación actual del neoliberalismo y evitar
confundirla con su fin es preciso tener una concepción dinámica del
mismo. Tres o cuatro decenios de neoliberalización han afectado
profundamente a la propia sociedad, instalando en todos los aspectos de
las relaciones sociales situaciones de rivalidad, de precariedad, de
incertidumbre, de empobrecimiento absoluto y relativo. La generalización
de la competencia en las economías, así como, indirectamente, en el
trabajo asalariado, en las leyes y en las instituciones que enmarcan la
actividad económica, ha tenido efectos destructivos en la condición de
los personas asalariadas, que se han sentido abandonadas y traicionadas.
Las defensas colectivas de la sociedad, a su vez, se han debilitado.
Los sindicatos, en particular, han perdido fuerza y legitimidad.
Los colectivos de trabajo se han descompuesto a menudo por efecto de
una gestión empresarial muy individualizadora. La participación política
ya no tiene sentido ante la ausencia de opciones alternativas muy
diferentes. Por cierto, la socialdemocracia, adherida a la racionalidad
dominante, está en vías de desaparición en un gran número de países. En
suma, el neoliberalismo ha generado lo que Gramsci llamó monstruos mediante un doble proceso de desafiliación de la comunidad política y de adhesión a principios etnoidentitarios y autoritarios, que ponen en tela de juicio el funcionamiento normal
de las democracias liberales. Lo trágico del neoliberalismo es que, en
nombre de la razón suprema del capital, ha atacado los fundamentos
mismos de la vida social, tal como se habían formulado e impuesto en la
época moderna a través de la crítica social e intelectual.
Por
decirlo de manera un tanto esquemática, la puesta en práctica de los
principios más elementales de la democracia liberal comportó rápidamente
bastantes más concesiones a las masas que lo que podía aceptar el
liberalismo clásico. Este es el sentido de lo que se llamó justicia social o también democracia social, a las que no cesó de vituperar precisamente la cohorte de teóricos neoliberales. Al querer convertir la sociedad en un orden de la competencia que solo conocería hombres económicos o capitales humanos
en lucha unos contra otros, socavaron las bases mismas de la vida
social y política en las sociedades modernas, especialmente debido a la
progresión del resentimiento y de la cólera que semejante mutación no
podía dejar de provocar.
¿Cómo extrañarse entonces ante la respuesta de la masa de perdedores
al establecimiento de este orden competitivo? Al ver degradarse sus
condiciones y desaparecer sus puntos de apoyo y de referencia
colectivos, se refugian en la abstención política o en el voto de
protesta, que es ante todo un llamamiento a la protección contra las
amenazas que pesan sobre su vida y su futuro. En pocas palabras, el
neoliberalismo ha engendrado una crisis profunda de la democracia liberal-social,
cuya manifestación más evidente es el fuerte ascenso de los regímenes
autoritarios y de los partidos de extrema derecha, respaldados por una
parte amplia de las clases populares nacionales. Hemos dejado atrás la época de la posguerra fría, en la que todavía se podía creer en la extensión mundial del modelo de democracia de mercado.
Asistimos ahora, y de forma acelerada, a un proceso inverso de salida de la democracia o de desdemocratización, por retomar la justa expresión de Wendy Brown. A los periodistas les gusta mezclar en el vasto marasmo de un populismo antisistema
a la extrema derecha y a la izquierda radical. No ven que la
canalización y la explotación de esta cólera y de estos resentimientos
por la extrema derecha dan a luz un nuevo neoliberalismo, aún más
agresivo, aún más militarizado, aún más violento, del que Trump es tanto
el estandarte como la caricatura.
El nuevo neoliberalismo
Lo que aquí llamamos nuevo neoliberalismo
es una versión original de la racionalidad neoliberal en la medida que
ha adoptado abiertamente el paradigma de la guerra contra la población,
apoyándose, para legitimarse, en la cólera de esa misma población e
invocando incluso una soberanía popular dirigida contra las
élites, contra la globalización o contra la Unión Europea, según los
casos. En otras palabras, una variante contemporánea del poder
neoliberal ha hecho suya la retórica del soberanismo y ha adoptado un
estilo populista para reforzar y radicalizar el dominio del capital
sobre la sociedad. En el fondo es como si el neoliberalismo aprovechara
la crisis de la democracia liberal-social que ha provocado y que no cesa
de agravar para imponer mejor la lógica del capital sobre la sociedad.
Esta recuperación de la cólera y de los resentimientos requiere sin
duda, para llevarse a cabo efectivamente, el carisma de un líder capaz
de encarnar la síntesis, antaño improbable, de un nacionalismo
económico, una liberalización de los mecanismos económicos y financieros
y una política sistemáticamente proempresarial. Sin embargo,
actualmente todas las formas nacionales del neoliberalismo experimentan
una transformación de conjunto, de la que el trumpismo nos ofrece la
forma casi pura. Esta transformación acentúa uno de los aspectos
genéricos del neoliberalismo, su carácter intrínsecamente estratégico.
Porque no olvidemos que el neoliberalismo no es conservadurismo. Es un
paradigma gubernamental cuyo principio es la guerra contra las
estructuras arcaicas y las fuerzas retrógradas que se
resisten a la expansión de la racionalidad capitalista y, más
ampliamente, la lucha por imponer una lógica normativa a poblaciones que
no la quieren.
Para alcanzar sus objetivos, este poder emplea
todos los medios que le resultan necesarios, la propaganda de los
medios, la legitimación por la ciencia económica, el chantaje y la
mentira, el incumplimiento de las promesas, la corrupción sistémica de
las élites, etc. Pero una de sus palancas preferidas es el recurso a las
vías de la legalidad, léase de la Constitución, de manera que cada vez más resulte irreversible el marco en el que deben moverse todos los actores.
Una legalidad que evidentemente es de geometría variable, siempre más
favorable a los intereses de las clases ricas que a los de las demás. No
hace falta recurrir, al estilo antiguo, a los golpes de Estado
militares para poner en práctica los preceptos de la escuela de Chicago
si se puede poner un cerrojo al sistema político, como en Brasil,
mediante un golpe parlamentario y judicial: este último permitió, por
ejemplo, al presidente Temer congelar durante 20 años los gastos
sociales (sobre todo a expensas de la sanidad pública y de la
universidad). En realidad, el brasileño no es un caso aislado, por mucho
que los resortes de la maniobra sean allí más visibles que en otras
partes, sobre todo después de la victoria de Bolsonaro como punto de
llegada del proceso. El fenómeno, más allá de sus variantes nacionales,
es general: es en el interior del marco formal del sistema político
representativo donde se establecen dispositivos antidemocráticos de una
temible eficacia corrosiva.
Un gobierno de guerra civil
La lógica neoliberal contiene en sí misma una declaración de guerra a todas las fuerzas de resistencia a las reformas
en todos los estratos de la sociedad. El lenguaje vigente entre los
gobernantes de todos los niveles no engaña: la población entera ha de
sentirse movilizada por la guerra económica, y las reformas del
derecho laboral y de la protección social se llevan a cabo precisamente
para favorecer el enrolamiento universal en esa guerra. Tanto en el
plano simbólico como en el institucional se produce un cambio desde el
momento en que el principio de competitividad adquiere un carácter casi
constitucional. Puesto que estamos en guerra, los principios de la
división de poderes, de los derechos humanos y de la soberanía del
pueblo ya solo tienen un valor relativo. En otras palabras, la
democracia liberal-social tiende progresivamente a vaciarse para
pasar a no ser más que la envoltura jurídico-política de un gobierno de
guerra. Quienes se oponen a la neoliberalización se sitúan fuera del
espacio público legítimo, son malos patriotas, cuando no traidores.
Esta matriz estratégica de las transformaciones económicas y sociales,
muy cercana a un modelo naturalizado de guerra civil, se junta con otra
tradición, esta más genuinamente militar y policial, que declara la seguridad nacional
la prioridad de todos los objetivos gubernamentales. El neoliberalismo y
el securitarismo de Estado hicieron buenas migas desde muy temprano. El
debilitamiento de las libertades públicas del Estado de derecho y la
extensión concomitante de los poderes policiales se han acentuado con la
guerra contra la delincuencia y la guerra contra la droga de la década de 1970. Pero fue sobre todo después de que se declarara la guerra mundial contra el terrorismo,
inmediatamente después del 11 de septiembre de 2001, cuando se produjo
el despliegue de un conjunto de medidas y dispositivos que violan
abiertamente las reglas de protección de las libertades en la democracia
liberal, llegando incluso a incorporar en la ley la vigilancia masiva
de la población, la legalización del encarcelamiento sin juicio o el uso
sistemático de la tortura.
Para Bernard E. Harcourt (2018),
este modelo de gobierno, que consiste en “hacer la guerra a toda la
ciudadanía”, procede en línea directa de las estrategias militares
contrainsurgentes puestas a punto por el ejército francés en Indochina y
en Argelia, transmitidas a los especialistas estadounidenses de la
lucha anticomunista y practicadas por sus aliados, especialmente en
América Latina o en el sudeste asiático. Hoy, la “contrarrevolución sin
revolución”, como la denomina Harcourt, busca reducir por todos los
medios a un enemigo interior y exterior omnipresente, que tiene más bien
cara de yihadista, pero que puede adoptar muchas otras caras
(estudiantes, ecologistas, campesinos, jóvenes negros en EE UU o jóvenes
de los suburbios en Francia, y tal vez, sobre todo en estos momentos,
migrantes ilegales, preferentemente musulmanes). Y para llevar a buen
término esta guerra contra el enemigo, conviene que el poder, por un
lado, militarice a la policía y, por otro, acumule una masa de
informaciones sobre toda la población con el fin de conjurar toda
rebelión posible. En suma, el terrorismo de Estado se halla de nuevo en
plena progresión, incluso cuando la amenaza comunista, que le había servido de justificación durante la Guerra Fría, ha desaparecido.
La imbricación de estas dos dimensiones, la radicalización de la
estrategia neoliberal y el paradigma militar de la guerra
contrainsurgente, a partir de la misma matriz de guerra civil,
constituye actualmente el principal acelerador de la salida de la
democracia. Este enlace solo es posible gracias a la habilidad con que
cierto número de responsables políticos de la derecha, aunque también de
la izquierda, se dedican a canalizar mediante un estilo populista los
resentimientos y el odio hacia los enemigos electivos, prometiendo a las
masas orden y protección a cambio de su adhesión a la política
neoliberal autoritaria.
El neoliberalismo de Macron
Sin embargo, ¿no es exagerado meter todas las formas de neoliberalismo en el mismo saco de un nuevo neoliberalismo?
Existen tensiones muy fuertes a escala mundial o europea entre lo que
hay que calificar de tipos nacionales diferentes de neoliberalismo. Sin
duda no asimilaríamos a Trudeau, Merkel o Macron con Trump, Erdogan,
Orbán, Salvini o Bolsonaro. Unos todavía permanecen fieles a una forma
de competencia comercial supuestamente leal, cuando Trump ha
decidido cambiar las reglas de la competencia, transformando esta última
en guerra comercial al servicio de la grandeza de EE UU (“America is
Great Again”); unos invocan todavía, de palabra, los derechos humanos,
la división de poderes, la tolerancia y la igualdad de derechos de las
personas, cuando a los otros todo esto les trae sin cuidado; unos
pretenden mostrar una actitud humana ante los migrantes (algunos
muy hipócritamente), cuando los otros no tienen escrúpulos a la hora de
rechazarlos y repatriarlos. Por tanto, conviene diferenciar el modelo
neoliberal.
El macronismo no es trumpismo, aunque solo fuera
por las historias y las estructuras políticas nacionales en las que se
inscriben. Macron se presentó como el baluarte frente al populismo de
extrema derecha de Marine Le Pen, como su aparente antítesis. Aparente,
porque Macron y Le Pen, si no son personas idénticas, en realidad son
perfectamente complementarias. Uno hace de baluarte cuando la otra
acepta ponerse los hábitos del espantajo, lo que permite al primero
presentarse como garante de las libertades y de los valores humanos. Si
es preciso, como ocurre hoy en los preparativos para las elecciones
europeas, Macron se dedica a ensanchar artificialmente la supuesta
diferencia entre los partidarios de la democracia liberal y la democracia iliberal
del estilo de Orbán, para que la gente crea más fácilmente que la Unión
Europea se sitúa como tal en el lado de la democracia liberal.
Sin embargo, tal vez no se haya percibido suficientemente el estilo
populista de Macron, quien ha podido parecer una simple mascarada por
parte de un puro producto de la élite política y financiera francesa. La
denuncia del viejo mundo de los partidos, el rechazo del sistema, la evocación ritual del pueblo de Francia,
todo esto era quizá suficientemente superficial, o incluso grotesco,
pero no por ello ha dejado de hacer gala del empleo de un método
característico, precisamente, del nuevo neoliberalismo, el de la
recuperación de la cólera contra el sistema neoliberal. No obstante, el
macronismo no tenía el espacio político para tocar esta música durante
mucho tiempo. Pronto se reveló como lo que era y lo que hacía.
En línea con los gobiernos franceses precedentes, pero de manera más
declarada o menos vergonzante, Macron asocia al nombre de Europa la
violencia económica más cruda y más cínica contra la gente asalariada,
pensionista, funcionaria y la asistida, así como la violencia
policial más sistemática contra las manifestaciones de oponentes, como
se vio, en particular, en Notre-Dame-des-Landes y contra las personas
migrantes. Todas las manifestaciones sindicales o estudiantiles, incluso
las más pacíficas, son reprimidas sistemáticamente por una policía
pertrechada hasta los dientes, cuyas nuevas maniobras y técnicas de
fuerza están pensadas para aterrorizar a quienes se manifiestan e
intimidar al resto de la población.
El caso de Macron está
entre los más interesantes para completar el retrato del nuevo
neoliberalismo. Llevando más lejos todavía la identificación del Estado
con la empresa privada, hasta el punto de pretender hacer de Francia una
start-up nation, no cesa de centralizar el poder en sus manos y
llega incluso a promover un cambio constitucional que convalidará el
debilitamiento del Parlamento en nombre de la eficacia. La
diferencia con Sarkozy en este punto salta a la vista: mientras que este
último se explayaba en declaraciones provocadoras, al tiempo que
afectaba un estilo relajado en el ejercicio de su función, Macron
pretende devolver todo su lustre y toda su solemnidad a la función
presidencial. De este modo conjuga un despotismo de empresa con la
subyugación de las instituciones de la democracia representativa en
beneficio exclusivo del poder ejecutivo. Se ha hablado con razón de bonapartismo
para caracterizarle, no solo por la manera en cómo tomó el poder
acabando con los viejos partidos gubernamentales, sino también a causa
de su desprecio manifiesto por todos los contrapoderes. La novedad que
ha introducido en esta antigua tradición bonapartista es justamente una
verdadera gobernanza de empresa. El macronismo es un bonapartismo
empresarial.
El aspecto autoritario y vertical de su modo de
gobierno encaja perfectamente en el marco de un nuevo neoliberalismo más
violento y agresivo, a imagen y semejanza de la guerra librada contra
los enemigos de la seguridad nacional. ¿Acaso una de las medidas más
emblemáticas de Macron no ha sido la inclusión en la ley ordinaria, en
octubre de 2017, de disposiciones excepcionales del estado de emergencia declarado tras los atentados de noviembre de 2015?
La aplicación de la ley en contra de la democracia
No cabe descartar que se produzca en Occidente un momento polanyiano,
es decir, una solución verdaderamente fascista, tanto en el centro como
en la periferia, sobre todo si se produce una nueva crisis de la
amplitud de la de 2008. El acceso al poder de la extrema derecha en
Italia es un toque de advertencia suplementario. Mientras tanto, en este
momento que prevalece hasta nueva orden, estamos asistiendo a una
exacerbación del neoliberalismo, que conjuga la mayor libertad del
capital con ataques cada vez más profundos contra la democracia
liberal-social, tanto en el ámbito económico y social como en el terreno
judicial y policial. ¿Hay que contentarse con retomar el tópico crítico
de que el estado de excepción se ha convertido en regla?
Al argumento de origen schmittiano del estado de excepción permanente,
retomado por Giorgio Agamben, que supone una suspensión pura y simple
del Estado de derecho, debemos oponer los hechos observables: el nuevo
gobierno neoliberal se implanta y cristaliza con la promulgación de
medidas de guerra económica y policial. Dado que las crisis sociales,
económicas y políticas son permanentes, corresponde a la legislación
establecer las reglas válidas de forma permanente que permitan a los
gobiernos responder a ellas en todo momento e incluso prevenirlas. De
este modo, las crisis y urgencias han permitido el nacimiento de lo que
Harcourt denomina un “nuevo estado de legalidad”, que legaliza lo que
hasta ahora no eran más que medidas de emergencia o respuestas
coyunturales de política económica o social. Más que con un estado de
excepción que opone reglas y excepciones, nos las tenemos que ver con
una transformación progresiva y harto sutil del Estado de derecho, que
ha incorporado a su legislación la situación de doble guerra económica y
policial a la que nos han conducido los gobiernos.
A decir
verdad, los gobernantes no están totalmente desprovistos para legitimar
intelectualmente semejante transformación. La doctrina neoliberal ya
había elaborado el principio de esta concepción del Estado de derecho.
Así, Hayek subordinaba explícitamente el Estado de derecho a la ley: según él, la ley
no designa cualquier norma, sino exclusivamente el tipo de reglas de
conducta que son aplicables a todas las personas por igual, incluidos
los personajes públicos. Lo que caracteriza propiamente a la ley es, por
tanto, la universalidad formal, que excluye toda forma de excepción.
Por consiguiente, el verdadero Estado de derecho es el Estado de derecho
material (materieller Rechtsstaat), que requiere de la acción
del Estado la sumisión a una norma aplicable a todas las personas en
virtud de su carácter formal. No basta con que una acción del Estado
esté autorizada por la legalidad vigente, al margen de la clase de
normas de las que se deriva. En otras palabras, se trata de crear no un
sistema de excepción, sino más bien un sistema de normas que prohíba la
excepción. Y dado que la guerra económica y policial no tiene fin y
reclama cada vez más medidas de coerción, el sistema de leyes que
legalizan las medidas de guerra económica y policial ha de extenderse
por fuerza más allá de toda limitación.
Por decirlo de otra
manera, ya no hay freno al ejercicio del poder neoliberal por medio de
la ley, en la misma medida que la ley se ha convertido en el instrumento
privilegiado de la lucha del neoliberalismo contra la democracia. El
Estado de derecho no está siendo abolido desde fuera, sino destruido
desde dentro para hacer de él un arma de guerra contra la población y al
servicio de los dominantes. El proyecto de ley de Macron sobre la
reforma de las pensiones es, a este respecto, ejemplar: de conformidad
con la exigencia de universalidad formal, su principio es que un euro
cotizado otorga exactamente el mismo derecho a todos, sea cual sea su
condición social. En virtud de este principio está prohibido, por tanto,
tener en cuenta la penosidad de las condiciones de trabajo en el
cálculo de la cuantía de la pensión. También en esta cuestión salta a la
vista la diferencia entre Sarkozy y Macron: mientras que el primero
hizo aprobar una ley tras otra sin que les siguieran sendos decretos de
aplicación, el segundo se preocupa mucho de la aplicación de las leyes.
Ahí se sitúa la diferencia entre reformar y transformar,
tan cara a Macron: la transformación neoliberal de la sociedad requiere
la continuidad de la aplicación en el tiempo y no puede contentarse con
los efectos del anuncio sin más. Además, este modo de proceder comporta
una ventaja inapreciable: una vez aprobada una ley, los gobiernos
pueden esquivar su parte de responsabilidad so pretexto de que se
limitan a aplicar la ley. En el fondo, el nuevo neoliberalismo es
la continuación de lo antiguo en clave peor. El marco normativo global
que inserta a individuos e instituciones dentro de una lógica de guerra
implacable se refuerza cada vez más y acaba progresivamente con la
capacidad de resistencia, desactivando lo colectivo. Esta naturaleza
antidemocrática del sistema neoliberal explica en gran parte la espiral
sin fin de la crisis y la aceleración ante nuestros ojos del proceso de
desdemocratización, por el cual la democracia se vacía de su sustancia
sin que se suprima formalmente.
Pierre Dardot es filósofo y Christian Laval es sociólogo. Ambos son coautores, entre otras obras, de La nueva razón del mundo y Común
Traducción: viento sur
Referencias
Gentile, Emilio (2004) Fascismo: historia e interpretación. Madrid: Alianza.
Harcourt, Bernard E. (2018) The Counterrevolution, How Our Government Went to War against its Own Citizens. Nueva York: Basic Books.
Kuttner, Robert (2018) Can democracy survive Global Capitalism? Nueva York/Londres: WW. Norton & Company.
Paxton, Robert O. (2009) Anatomía del fascismo. Madrid: Capitán Swing.
Roth, Philip (2005) La conjura contra América. Barcelona: Mondadori.
Notas:
1/ Prefacio a la traducción en inglés, publicada por la editorial Verso, de La pesadilla que no acaba nunca (Gedisa, 2017), obra publicada originalmente por La Découverte, París, en 2016.
2/ Éric Fassin, “Le moment néofasciste du néolibéralisme”, Mediapart, 29 de junio de 2018, https://blogs.mediapart.fr/eric-fassin/blog/290618/le-moment-neofasciste-du-neoliberalisme .
3/ Henry Giroux, Neoliberal Fascism and the Echoes of History, https://www.truthdig.com/articles/neoliberal-fascism-and-the-echoes-of-history/ , 08/09/2018.
4/ Robert O. Paxton, “Le régime de Trump est une ploutocratie”, Le Monde, 6 de marzo de 2017.
15.7.19
Migración: la emboscada de Estados Unidos a México
La respuesta del gobierno federal a las amenazas en materia arancelaria por parte de Estados Unidos devino en la militarización fronteriza y en férreo control del tránsito de personas mediante la Guardia Nacional y organismos de inteligencia. Se acabó la política de puertas abiertas y trato digno a los migrantes que huyen de la miseria y la violecia centroamericana
El mayor riesgo a la seguridad nacional
de México no es ni el terrorismo ni los ataques económicos, sino la
intervención de potencias extranjeras, particularmente de Estados
Unidos, afirman especialistas y expertos en relaciones bilaterales.
Intervención que puede ser directa o indirecta, como la lograda por
Donald Trump y sus amenazas de imponer aranceles a los productos
mexicanos que ha devenido, inicialmente, en un cambio de rumbo en la
política migratoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Emilio Vizarretea Rosales, doctor en
ciencias políticas y catedrático en el Centro de Estudios Superiores
Navales (Cesnav), estima que lo más grave en el caso de los migrantes es
que “coloca a la Guardia Nacional como una especie de organismo de usos
múltiples, en lugar de ser preventiva, lo que genera dispersión de
fuerzas y significa que el trabajo de inteligencia pasa a un nivel de
obsolescencia porque los únicos que aparecen son los delincuentes, y se
dispersa la fuerza para su combate, sin logística”.
Es decir, antes de las presiones de
Trump en materia económica, no estaban contemplados 6 mil elementos para
la frontera Sur, lo cual impacta porque se distrae el tema migratorio
que conlleva a problemas de infraestructura para soldados, militares y
policías, considera el experto en temas de seguridad nacional.
Agrega que se ha dicho que no sólo se
busca contener, sino disuadir la migración, porque no hay frontera: hay
porosidad. Sin embargo, considera, la migración no desaparecerá con 6
mil elementos, porque hay 52 zonas de paso en la frontera Sur del país.
Es decir, queda desprotegida la zona selvática, la zona Norte de la
frontera Sur. Va a ser muy difícil que se pretenda poner un muro humano,
es muy costoso: el personal no va resistir 24 horas, aunque sean
militares.
El doctor Vizarretea Rosales explica que
López Obrador tendrá que cambiar su estrategia: “se fue a la basura, al
enajenar su política de puertas abiertas, de acompañamiento y buen
trato; eso se acabó, se llegó a un punto en que la frontera Sur tiende a
ser revisada como si fueran las Fuerzas Armadas: hemos cerrado la
frontera a cualquier migrante”.
El tema arancelario, estima, era de
resistir y plantear ante la Organización Mundial de Comercio, con lo
cual se hubiera obligado a Trump a tomar otras medidas. Eso le hubiera
costado más al presidente estadunidense en su proceso electoral de
reelección y se hubiera tenido una resistencia para valorar la medida y
el alcance incluso de efecto de unidad nacional en Latinoamérica.
Para el experto, lo que ocurrió es una
emboscada de Estados Unidos desde el lado más positivo; pero desde el
lado más grave: una capitulación, lo que significa –en términos de una
guerra– una derrota sin haber estado en combate, en la que México se
volvió el lugar de contención, todo un muro para la migración hacia
Estados Unidos.
Por su parte, el doctor y exinvestigador
del Instituto Nacional de Migración, Carlos Calleros Alarcón, observa
que la seguridad nacional se debe entender como la condición de
soberanía, integridad territorial y salvaguarda de instituciones
nacionales, así como gobernabilidad democrática y estado de derecho.
El también y exdirector General Adjunto
de la Oficina de la Presidencia de la República explica las diferencias
entre ambas naciones en seguridad nacional, al señalar que mientras
Estados Unidos habla de seguridad hemisférica de círculos concéntricos
en los cuales se incluye a sus vecinos del Norte (Canadá) y el Sur, para
México es de índole interna con temas domésticos de guerrilla,
migración y ciberseguridad, entre otros.
Agrega que en materia migratoria, México
ha avanzado en modernizar la verificación de documentación de
extranjeros en puntos de internación terrestre, marítimos y aéreos, para
detección de personas buscadas por delitos de contrabando,
narcotráfico, trata de personas, terrorismo, entre otros.
También se ha avanzado en el intercambio
de información con los servicios de inteligencia nacionales,
digitalización del Registro Nacional de Extranjeros, realización de
operativos coordinados con instituciones de seguridad nacional, que
forman parte del entramado de medidas de inteligencia puesto en marcha
por ambos gobiernos para el control del flujo migratorio.
No obstante, el experto advierte
problemas en materia de seguridad cibernética, como la confiabilidad de
listas de información avanzada de pasajeros, sistemas biométricos
confiables y verificables, homonimias y posibles errores en información
en sus fichas particulares de inteligencia, seguridad cibernética de que
pueda haber ataques a la base de datos. También, la ausencia de Habeas
Data en los derechos de los afectados: el mecanismo para que los
ciudadanos puedan revisar su información, porque pueden aparecer
erróneamente vinculadas con ataques terroristas o delictivos o en alerta
migratoria, como ha ocurrido con algunos extranjeros que han optado por
su naturalización, sin que haya mecanismos para que puedan corregirlo.
“Estados Unidos considera su seguridad
nacional fronteras afuera, mientras que en México la seguridad nacional
ha tenido que de ver fronteras adentro, con la búsqueda de enemigos
internos que pretenden desestabilizar al país, por vía guerrillera o
presencia comunista extranjera”, apunta el doctor Calleros Alarcón.
Al distinguir las amenazas a la
seguridad nacional de México, entre ellas la migración, el experto
señala que algunas son más probables que otras: algunos riesgos son
posibles pero no necesariamente probables, y algunos pueden ser de
seguridad pública, pero no de seguridad nacional.
Sin embargo, subraya necesario atender
las amenazas con responsabilidad y seriedad y sin caer en paranoias, ni
enfrascarse en una seguridad estricta. Del problema migratorio, dice, no
debe dislocar ni alterar la vida fronteriza, antes bien debe contribuir
al desarrollo económico regional, en el que la seguridad fronteriza
debe ir acompañada de respeto a los derechos humanos.
México ha reforzado la seguridad en las
fronteras Norte y Sur, incluye la revisión exhaustiva a pasajeros y
equipaje, lo cual ha dado lugar a la inclusión del control información
biométrica en pasaportes, visas y registro en la Lista de Información
Avanzada de Pasajeros, alimentadas por órganos y agencias de
inteligencia de todo el mundo, particularmente de Estados Unidos, Europa
e Israel, acota.
Asimismo, Calleros Alarcón destaca el
Sistema Integral de Operación Migratoria del INM, el Cobada en la
Secretaría de Gobernación, y la cooperación con Estados Unidos a través
de la Iniciativa Mérida, para reforzar los sistemas de software,
equipamiento y producción de visas con tecnología de punta para
detectar posibles internaciones a territorio mexicano con propósitos
lesivos a la seguridad nacional.
Para el especialista en seguridad
nacional e inteligencia, los nuevos paradigmas de amenazas para México
en la materia, además del acecho estadunidense permanente (espionaje,
intervención extranjera, bloqueo ante delincuencia organizada, entre
otros), que lo llevó a elaborar lo que considera la Agenda Nacional de
Riesgos que comparte con este semanario.
El reto de las Fuerzas Armadas frente a la seguridad pública
Yadira Gálvez Salvador, profesora
investigadora en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), señala que con la operación de la Guardia Nacional aún
hay muchas dudas e incertidumbre sobre su “conformación y desarrollo;
sus alcances, organización, estructura, doctrina, equipamiento,
mecanismos de control de confianza y certificación; protocolos de uso de
la fuerza, y de actuación con los detenidos”.
Agrega que “López Obrador apuesta por
dar un papel central a los militares en la estrategia de seguridad y
creación de la Guardia Nacional, a partir de considerar que las Fuerzas
Armadas son las instituciones más confiables; no hay policías capaces de
enfrentar a la criminalidad y éstas son corruptas o están infiltradas
por la delincuencia; y la crisis de inseguridad requiere de respuestas
inmediatas, incluyendo el despliegue de este cuerpo”.
Así, dice la catedrática, la ampliación
del rol de los militares en seguridad pública se debate entre los
referentes de la “policialización” militar y “militarización” de la
seguridad pública; relaciones civiles-militares, conducción y control
civil de las políticas de seguridad en un régimen democrático,
transparencia y rendición de cuentas; y los retos de conformación de la
Guardia Nacional en su estructura, diseño de fuerzas, reclutamiento y
capacitación.
Gálvez Salvador, quien participa en el proyecto de investigación Los regionalismos frente a los retos y la complejidad de las amenazas a la seguridad y la defensa contemporáneas, de la UNAM –parte del cual comparte con Contralínea–,
asegura que en el corto plazo es imposible prescindir del apoyo de las
Fuerzas Armadas para enfrentar a la delincuencia organizada.
“La capacidad de fuego, apropiación de
territorios y daños que provoca la convierten en un problema de
seguridad nacional que ha requerido de la participación militar para
enfrentarlo”, acota.
El punto fino al respecto, señala, es la
insistencia del Ejecutivo de apoyarse en las Fuerzas Armadas para
atender la seguridad pública a partir de su despliegue y presencia
permanente, situación que, si bien esta prevista en el artículo 5
transitorio de la reforma constitucional, no resuelve el problema de
fondo sobre la inexistencia de un marco legal que regule la
participación militar en estas tareas en términos de temporalidad, tipo
de operaciones y límites de su actuación.
Y el punto clave es el tipo de
participación que tienen los militares y su relación con las autoridades
civiles: “si se trata de apoyo logístico, operacional, de información e
inteligencia a las policías para actuar contra las organizaciones
criminales, con temporalidad determinada y acciones concretas; o bien si
su participación se profundiza, se mantiene en el tiempo y gradualmente
o se amplía hacia las tareas de seguridad pública, hasta llegar a
ejercer esas funciones que son propias de las autoridades civiles.
Gálvez Salvador indica que la apuesta
por la Guardia Nacional debería ser hacia el primer escenario, con el
objetivo de consolidar una nueva fuerza que permita restituir las
fronteras entre seguridad interior y seguridad pública, y se acoten las
funciones militares en esta última hasta retirarlos.
“Los resultados dependerán tanto de la
implementación del nuevo cuerpo y de sus capacidades para desarticular
las organizaciones criminales, atender los delitos de alto impacto y
reducir la violencia, como de la trayectoria de las Fuerzas Armadas, en
la medida en que han señalado que la prioridad de éstas es la seguridad
de la población”, subraya.
Para la investigadora, el problema de
fondo es la brecha que existe en la concepción de la Guardia Nacional:
la oposición, las organizaciones civiles y organismos de derechos
humanos, pugnaron por garantizar el carácter civil de la misma y porque
se creara un cuerpo policial respetuoso de los derechos humanos.
“En cambio, el presidente y su equipo
mantienen la perspectiva de un cuerpo más apegado a la lógica militar,
para garantizar la disciplina interna y potenciar sus capacidades de
actuación, poniendo énfasis en que estarán apegados a las normas de uso
de la fuerza proporcional y al respeto de los derechos humanos”.
Agrega que “el mando de la Guardia
Nacional es importante, por las implicaciones que ello tiene en términos
operativos y sobre el tipo de doctrina, disciplina y formación que se
desarrollará al interior de este cuerpo. De nada servirá que sus
miembros se presenten como sumamente disciplinados y con capacidades
físicas (en términos militares), si su formación no va acompañada de
preparación para el ejercicio de tareas policiales, respeto a derechos
humanos y protección de personas.”
Al tiempo que, necesariamente, los
miembros de la Guardia Nacional tienen que pasar por medidas de control
de confianza y la institución debe establecer procesos de certificación,
tanto internos como externos. Por lo tanto, uno de los retos que tendrá
que enfrentar la Guardia Nacional será la capacitación de sus elementos
en tareas policiales, lo que incluye asuntos relativos a su
participación en investigación, manejo de los detenidos y su
presentación ante las autoridades correspondientes, y protocolos para el
uso de la fuerza.
El análisis de las relaciones
cívico-militares debe centrarse en prerrogativas militares de
organización interna, ejercicio de los recursos, participación en el
diseño de las políticas públicas de seguridad, seguimiento y control de
actividades y operaciones desplegadas, incluyendo transparencia y
rendición de cuentas. El ejercicio de estas funciones y la limitación de
las actividades militares es una clara responsabilidad de los civiles.
La Guardia Nacional tendrá que
desarrollarse a partir de una estructura que incluya capacidades de
atención a la población y proximidad, pero también de unidades
especializadas dedicadas a la atención de los delitos de alto impacto y
de las actividades de los grupos de delincuencia organizada.
La integración de los elementos
provenientes de tres distintas fuerzas es una cuestión que va más allá
de los números y se relaciona con la estructura, cultura organizacional,
formación, doctrina y disciplina de cada una de las corporaciones.
A mediano y largo plazo, la
consolidación de la Guardia Nacional requerirá de la homologación de la
doctrina, los elementos disciplinares, la estructura de mando y, lo más
difícil, el desarrollo del espíritu de cuerpo y de su identidad.
El reto que enfrenta el gobierno de
López Obrador no es menor: reducir la violencia, frenar la criminalidad,
consolidar un cuerpo de seguridad nacional en 5 años y, por supuesto,
impulsar un proyecto más amplio de seguridad para desarticular
organizaciones criminales, políticas de prevención de la delincuencia y
violencia, así como la atención a las causas profundas de estos
fenómenos, sin que se caiga en la criminalización de la pobreza.
Emilio Vizarretea Rosales, doctor en
ciencias políticas por la UNAM y experto en seguridad nacional, asegura
que la Guardia Nacional tenía dificultades menores, de opinión
ideológica y política que de pleno conocimiento de causa, pero ahora ya
están las cuatro leyes complementarias de la reforma al Artículo 21
constitucional. Por ello se recuperó la discusión sobre el uso de las
armas, letalidad, detención preventiva en primera instancia y cómo
construir el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que implica una
reestructuración de la forma en que participan los gobiernos de los
estados.
Había un modelo muy ambicioso de
seguridad nacional que permitía entender que se podía combatir a fondo
la delincuencia organizada con un trabajo sólido con las áreas de
inteligencia, sin embargo se ha limitado, sobre todo por los recursos
económicos; ése es el verdadero problema: están haciendo reservas de
dinero para que no les falte a los programas sociales y proyectos
prioritarios del presidente.
El catedrático indica que el problema de
la Guardia Nacional está en el reclutamiento, por la razón de que al
principio dijeron que ganarían 20 mil pesos al mes, luego lo bajaron a
10 mil, para quedar en 15 mil por recluta, lo cual no es atractivo para
los jóvenes y gente que deseara hacer carrera.
Así, la expectativa en ese cuerpo ha
decrecido rápidamente en todos los aspectos: “se buscaba una policía de
proximidad, de reconocimiento, intocables que conocieran el barrio y
actuaran en él, pero no se logrará integrar hasta dentro de 3 años, lo
cual va a chocar con la conformación de la Guardia Nacional”, concluye
el doctor Vizarretea Rosales.
8.7.19
Hegemonía financiera y neodesarrollismo subordinado en México
José Luis Ríos Vera
Muy distinto a las políticas del Estado desarrollista en las décadas de los sesenta y setenta, el neodesarrollismo mexicano de nuestros días se inscribe como un modelo de “desarrollo económico” relativamente permisible dentro del orden político y económico del neoliberalismo financierista hegemónico.
El nuevo gobierno mexicano de “reconciliación nacional”, es decir, un orden político de representación pluriclasista, implica una coexistencia compleja, contradictoria y desigual de intereses de distintas clases y sectores sociales.
Es necesario conocer la naturaleza viva de esta coexistencia, sus repercusiones en el Estado y en el desenvolvimiento de la economía, así como reflexionar sobre su dinámica, sus tendencias, y sus efectos en las luchas populares.
Subordinación neodesarrollista
Las “políticas sociales” defendidas y principalmente promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), coexisten dentro de una reingeniería presupuestal construida por la secretaría de Hacienda, acotada y subordinada a las políticas económicas (monetaria, fiscal, cambiaria) dominadas por el capital financiero local e internacional.
El alcance de los “programas de bienestar” y de las “políticas redistributivas” está sujeto a lo que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 denomina -desde el inicio de su lectura- como el aseguramiento primordial de “las finanzas públicas y del sistema financiero”.
En su Carta a los inversionistas nacionales y extranjeros (Abril/2018) [1] , y a partir de ahí, en distintos informes y discursos, AMLO se ha comprometido a respetar los imperativos neoliberales del capital financiero:
1. Respeta la independencia del Banco de México: con ello renuncia al papel dinamizador de la economía del Banco Central y acepta que un equipo de “técnicos” “independientes” subordinen el crecimiento y desarrollo de la economía a los principios de “estabilización”;
2. Acepta los dictados de la disciplina fiscal: con el dogma del “equilibrio fiscal” AMLO renuncia a utilizar un poderoso instrumento de apalancamiento y expansión económica supeditando el crecimiento económico;
3. Avala la ortodoxia de la política monetaria: respetando las “metas inflacionarias” reproduce las elevadas ganancias de la fracción financiera mediante altas tasas de interés. [2]
Sometidas las finanzas públicas a la ortodoxia financierista neoliberal, y renunciando a una Reforma Hacendaria progresiva que establezca impuestos a quien más tiene, AMLO estrecha sus márgenes de intervención y recurre al “combate a la corrupción” y a la “austeridad republicana” como “nuevas políticas económicas” para financiar y generar el “desarrollo”. En este sentido, la raíz de la austeridad se encuentra en el marco incólume y dominante de la hegemonía neoliberal, reconocida desde su Carta a los inversionistas.
Ahora bien, no obstante el predominio de los intereses de las fracciones dominantes, un gobierno de “unidad nacional” puede caracterizarse por una relación conciliatoria y al mismo tiempo contradictoria con las fracciones políticas y económicas del gran capital.
Neodesarrollismo: Convergencia y contradicciones
En el proyecto neodesarrollista y de conciliación de clases, además de una convergencia con las fracciones dominantes (que expusimos en un artículo anterior [3] ), pueden presentarse –y se presentan– fuertes disputas y divergencias entre éstas y el Estado neodesarrollista.
Disputas y tensiones
Existen tensiones entre el neodesarrollismo que defiende el papel del Estado en la regulación de la economía, su papel de “promotor del desarrollo”, la construcción de un nuevo andamiaje institucional para este efecto, el papel estatal en la soberanía energética, la “justicia social”, etc., frente al neoliberalismo ortodoxo que postula a sangre y fuego el adelgazamiento estatal, organismos “autónomos”, y la libertad de mercado como principio de “racionalización” social.
Dentro de este cuadro, es notorio el descrédito de la oligarquía a los “programas sociales” del nuevo gobierno, ya que considera que un mayor “gasto social” debilita la “inversión pública” (productiva) e inhibe el crecimiento económico. [4] Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), los recursos orientados a los “programas sociales” muestran “un uso irracional y poco efectivo de los recursos públicos”, por lo que demanda una austeridad “racional” y “estratégica”. [5]
Asimismo, dentro de estas contradicciones, se entienden las evaluaciones negativas de las calificadoras internacionales, verdaderas personificaciones del capital financiero.
A principios de junio, Moody’s y Fitch redujeron la calificación de la deuda de Pemex y CFE, así como de la deuda del Estado mexicano. [6] En su análisis, arguyen sobre el deterioro del marco crediticio de Pemex, el carácter “insuficiente” de su inversión en su actividad principal que “podría llevar a una mayor caída de la producción y disminución de las reservas”. Ante la situación que asumen de Pemex, sostienen que existen “riesgos” para las finanzas públicas, los cuales profundizan la debilidad macroeconómica, todo lo cual, según las calificadoras, presiona hacia un recorte en la calificación soberana de México.
A todas luces, el gran capital local e internacional es contrario a los proyectos de capitalización de Pemex, a los planes de incremento de su capacidad de producción y refinación, al fortalecimiento de CFE, en suma, de soberanía energética. Distintas fracciones del capital, y el capital financiero por delante, tienen enormes intereses en la riqueza energética de México. De ahí que rechacen que el gobierno intervenga y amenace la “autonomía” de órganos reguladores, tales como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Los grandes capitales asumen como prácticas que “dinamitan” la “certidumbre de los inversionistas”, los siguientes actos del gobierno: 1) sometió a revisión los contratos de participación privada originados con la Reforma Energética; 2) procedió –hasta ahora– a la cancelación de procesos de licitación para empresas privadas principalmente de gas programadas para octubre de este año –farmouts–; 3) puso fin –hasta ahora– a la creación de nuevas subastas eléctricas y petroleras; 4) Pemex declaró la suspensión de proyectos de inversión en aguas profundas, priorizando los trabajos en aguas someras y proyectos en tierra para este sexenio; 5) el ejecutivo canceló el permiso de la CNH para el uso del fracking en el campo de Humapa.
Más recientemente, los grandes capitales de la mano del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de la Cámara de Comercio de EEUU (US Chamber), y de la embajada de Canadá, han rechazado que el gobierno lleve a tribunales internacionales a la empresa Ienova (de Sempra Energy), Carso Energy –Grupo Carso–, TC Energy TransCanada, y Fermaca grupo Carso, por las “cláusulas abusivas” derivadas de “contratos leoninos” que el gobierno anterior estableció con dichas empresas para la construcción de gasoductos, como el de Texas-Tuxpan (800 km.), y el que atraviesa de Samalayuca (Chihuahua) a Sásabe (Sonora), con una extensión de 650 km., entre otros.
El papel de las Calificadoras y el “terrorismo económico”
Las tensiones son de tal magnitud, que vemos la permanente vigilancia y presión de las calificadoras internacionales y grupos empresariales para encauzar y disciplinar las políticas del actual gobierno. En terrenos fundamentales como los expuestos al inicio de este artículo, el capital financiero ha subordinado al Estado neodesarrollista. En otros terrenos, como en la política energética, el Estado busca actuar dentro de ciertos márgenes de maniobra.
Uno de los principales instrumentos de fuerza de que dispone el poder financiero es el “terrorismo económico” y el “chantaje catastrofista”. Estos amenazan con la pérdida de la calificación crediticia de las empresas del Estado (Pemex, CFE) o del endeudamiento público y externo, esto es, la deuda soberana del Estado.
El “costo económico” de la degradación de la nota crediticia de la deuda soberana residiría en la elevación del endeudamiento, la salida de capitales del país, devaluación de la moneda, quema de reservas internacionales, cierre de empresas, aumento de la desocupación, etcétera. Un país periférico con la mayor vulnerabilidad y dependencia externa está a merced del poder financiero transnacional.
Como se evidenció con las amenazas de Trump de imponer cuotas arancelarias a las exportaciones “de México”, que hizo capitular la política migratoria del Estado mexicano, el gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación tiene sobre sí la espada de Damocles de la finanza internacional, la cual, permanentemente busca su disciplinamiento ante cualquier movimiento que ponga en riesgo la “estabilidad financiera”. Es esta la siniestra dinámica del capital financiero internacional.
Ante ello, la pregunta es: ¿existen garantías locales o globales que aseguren la estabilidad económica? ¿Es posible contar con garantías contra la fuga de capitales? Si no existen tales garantías, ¿por qué el gobierno acepta el chantaje financierista?
La subordinación al poder financiero explica la abdicación del gobierno de “reconciliación nacional” respecto al trípode hegemónico neoliberal (fiscal, monetario, cambiario) e incluso en materia hacendaria, lo cual ha llevado a que el FMI, bancos comerciales y de inversión, celebren al nuevo gobierno por la “moderación” y “responsabilidad” del presupuesto público de 2019.
Cabe subrayar que desde la campaña electoral con su coalición “Juntos Haremos Historia”, AMLO se comprometió a respetar los compromisos suscritos por él y su secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, con el poder financiero.
Compromisos y límites para el bienestar
Además de la “disciplina fiscal” y los “equilibrios macroeconómicos”, los compromisos abarcan la estabilidad del endeudamiento público, la sumisión acrítica e incuestionable del saldo histórico de la deuda pública, y por consecuencia, del costo financiero de este endeudamiento (que incluye pago de intereses, comisiones, amortizaciones), y las metas del superávit primario, compromisos que en conjunto representan sólidas limitantes para el establecimiento de un Estado social de bienestar.
Es por ello el mayor énfasis puesto por AMLO a los “mecanismos de ahorro” y “financiamiento del gasto”, como son, el “combate a la corrupción” y la “austeridad republicana”. Esta última, lejos de limitarse a la llamada esfera dorada de la burocracia, impacta con fuerza en los trabajadores del servicio público del Estado, en su mayor parte en los trabajadores precarizados, sin organización sindical, y de la base de la estructura salarial (médicos, profesores, administrativos, artistas, etc.). En este cuadro de austeridad, agudizado en el contexto actual de desaceleración económica y ajuste, se intensifica su repercusión en el deterioro de los servicios esenciales del Estado (salud, educación, medio ambiente, cultura, ciencia y tecnología, deporte, etc.,) que reproducen la penuria social legada por el neoliberalismo, y que acrecienta las manifestaciones de rechazo.
La oligarquía financiera subordina la política social
Los 18 proyectos sociales prioritarios del gobierno (entre los que destacan, Pensiones para Adultos Mayores, Tren Maya, Corredor Transístmico, Sembrando vida, Caminos rurales y modernización de Infraestructura, Universidades para el Bienestar, Internet para todos, Jóvenes Construyendo el Futuro, etc.), representan según datos de la secretaría de Hacienda, el 1% del PIB (equivalente a 251 mil millones de pesos) [7] . En contraste, el pago por el costo financiero de la deuda pública cubre el 3% del PIB, y es equivalente a poco más de 749 mil millones de pesos (mmp) en 2019. (Ibid, p. 132)
Si consideramos el superávit primario, que representa la diferencia entre los gastos del gobierno respecto a sus ingresos (sin considerar el pago de la deuda), el cual es transferido al pago de la deuda pública, asciende en este año al 1% del PIB, equivalente a poco más de 240mmp (Ibid, p. 132). Tan solo este superávit primario –otra raíz de la austeridad–, es equivalente a los programas sociales prioritarios de AMLO.
Al sumar el costo financiero y superávit primario (2019) y contrastarlo en relación a los programas sociales prioritarios, la proporción es de 4 a 1. Un billón de pesos que se transfiere a la oligarquía financiera frente a 251mmp en los programas de desarrollo social en el año de 2019. La oligarquía financiera subordina la política social de bienestar.
Al considerar solo el presupuesto de 2019 aprobado para Cultura, equivalente a $12 mil 894 millones de pesos, vemos que éste representa el 5% del superávit primario que el gobierno mexicano se comprometió a transferir a la esfera financiera. Si contrastamos el presupuesto de Cultura con el costo financiero del endeudamiento público en 2019, vemos que éste último representa más de 50 veces el presupuesto destinado al desarrollo de Cultura de la sociedad mexicana.
Como puede observarse, dada la hegemonía neoliberal en el orden de “las finanzas públicas y del sistema financiero”, son manifiestas las limitaciones en las políticas redistributivas y de bienestar promovidas por el gobierno dirigido por AMLO. Más que un modelo “posneoliberal”, lo que tenemos es un bienestarismo neoliberal.
Las tendencias del bienestarismo neoliberal bajo la hegemonía financiera
Son de gran significación las críticas y cuestionamientos al gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación dada sus limitaciones respecto a la doctrina neoliberal y el poder financiero local e internacional, los cuales repercuten en la restricción del bienestar social.
De acuerdo con las “perspectivas económicas y fiscales de mediano plazo” elaboradas por la propia Secretaría de Hacienda dirigida por Carlos Urzúa, un hombre comprometido con el sistema financiero, el gobierno de la Cuarta Transformación estima mantener para el periodo 2020-2024, una transferencia de riqueza (en promedio anual) hacia la oligarquía financiera por concepto de costo financiero, el 3% del PIB, y por concepto de superávit primario, el 1% del PIB [8] . Se trata de exorbitantes montos de riqueza muy cercanos a los de 2019. Esto es, en conjunto suman alrededor de un billón de pesos anuales! ¿A título de quién acepta el nuevo gobierno estas transferencias que atentan contra la nación?
En este orden, si sumamos las transferencias estimadas para el conjunto del sexenio de la Cuarta Transformación, tenemos una transferencia programada de alrededor de 6 billones de pesos, ¡más de un Presupuesto Público de la Federación para la economía improductiva!
Llama la atención que el gobierno anterior que elevó el endeudamiento público cerca del 100% (más de 5 billones de pesos sin contrapartida en el crecimiento económico), solo en el año de 2017 y 2018 realizó superávit primario (1.4% y 0.6%, respectivamente). Además de que estableció un costo financiero mayor al sexenio de Felipe Calderón y mucho menor al programado por el nuevo gobierno. Son evidentes los compromisos del nuevo gobierno con la disciplina fiscal y financiera.
Como resultado, tenemos que el saldo histórico de los requerimientos del sector público en 2019 equivale al 45.3% del PIB, y se estima para el año 2024 en 44.9% del PIB (Ibid. p.106). Se entregaría más del 100% del Presupuesto Púbico (por ejemplo, el relativo al año 2019) en el sexenio, y se reducen solo cuatro décimas. ¡Es la dinámica del imperialismo financiero!
De acuerdo con estas tendencias, es fundamental cuestionar la naturaleza del endeudamiento público, su carácter antisocial, monopólico, corrupto e ilegítimo. Desde la socialización de las pérdidas de los bancos (Fobaproa/IPAB), hasta las prácticas monopólicas en que incurren intermediarios financieros con bonos que emite el Estado [9] , el nulo beneficio social y ambiental por el endeudamiento, entre otras muy distintas razones y argumentos, puede y debe ponerse en cuestionamiento el pago de las deudas heredadas por el “viejo régimen”.
Así como se ha llevado a arbitraje internacional cuestionándose los contratos “leoninos” en megaproyectos como los gasoductos, o se ha optado por la revisión de los contratos de inversión originados con la reforma energética, es de vital trascendencia demandar auditorías transparentes sobre el histórico endeudamiento público, e impugnar su pago en las partes y segmentos que requieran ser objetados.
Como señala el especialista en el problema de la Deuda y el sistema financiero, Eric Toussaint, miembro del Comité para la Abolición de las Deudas ilegítimas (CADTM), la historia de México encierra una rica historia de impago. Benito Juárez, V. Carranza, A. Obregón, reclamando las facultades soberanas de la nación, impugnaron en su momento el pago de las deudas ilegítimas. Y más recientemente, Argentina (2001) y Ecuador (2007), en ejercicio de su soberanía, rechazaron el pago de las deudas ilegales. Contrario a las bravatas catastrofistas de “caos económico” e “inestabilidad financiera”, el resultado de estas experiencias fue la recuperación económica, el crecimiento sostenido del PIB, la creación de empleo, y la mejora de los indicadores sociales. [10]
El endeudamiento ilegítimo y su costo financiero socava el bienestar y reproduce el subdesarrollo. Las transferencias de riqueza hacia oligarquías locales y extranjeras acentúan la desigualdad y agravan la dependencia y vulnerabilidad respecto al exterior. Con la subordinación financierista, la economía mexicana agudiza los procesos de desacumulación consustanciales a la incesante dialéctica del capitalismo mundial que opera de modo estructural profundizando el divorcio entre el mundo subdesarrollado-dependiente y los países centrales-desarrollados.
El cuestionamiento del endeudamiento público, de las transferencias de valor y de los dictados del capital financiero, aún no emergen en la Cuarta Transformación.
Notas
[1] Léase la Carta, https://www.elfinanciero.com.
[2] Ver, “AMLO, la deuda pública y el imperialismo financiero”, 29/05/2019, http://www.cadtm.org/AMLO-la-
[3] Ver nuestro artículo, “Neodesarrollismo y reproducción ampliada de la dependencia”, 6/6/2019, https://www.lahaine.org/mundo.
[4] Susana González G., “Critican empresarios que la mayor parte del presupuesto se destine a gasto social”, La Jornada, 24/6/2019. https://www.jornada.com.mx/
[5] “Austeridad sí, pero racional”, 29/05/2019. https://coparmex.org.mx/
[6] El Financiero, 6/6/2019, https://www.elfinanciero.com.
[7] Secretaría de Hacienda: Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Correspondientes Al Ejercicio Fiscal 2019, https://www.finanzaspublicas.
[8] Estimado del Costo financiero (2020-2024) respecto al PIB: Año 2020 (3%); 2021 (2.8%); 2022 (2.8%); 2023 (2.7%); 2024 (2.7%). Estimado del superávit primario respecto al PIB: Año 2020 (1.1%); 2021 (1.1%); 2022 (1.1%); 2023 (0.9%); 2024 (0.9%). Ibid, p. 106.
[9] En abril de 2017, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) anunció el inicio de una investigación “por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano”, esto es, la colusión entre intermediarios bancarios para manipular el mercado de bonos cuyas operaciones son de alrededor de 100 mil millones de pesos diarios y por tanto, repercuten en graves daños al erario público. Los intermediarios financieros investigados son: Banco Santander, BBVA, JP Morgan Chase & Co, HSBC Holdings Pie, Barclays Pie, Citigroup lnc y Bank of America Corp, e involucra todos los instrumentos emitidos por el gobierno federal, estados y municipios, el IPAB, la banca de desarrollo, Pemex y CFE. Ver la “Proposición” por la que se exhorta a la COFECE, a informar al Senado sobre la investigación, http://infosen.senado.gob.mx/
[10] Sobre esto véase la entrevista (completa) a Eric Toussaint, 4/10/2018: https://aristeguinoticias.com/
Muy distinto a las políticas del Estado desarrollista en las décadas de los sesenta y setenta, el neodesarrollismo mexicano de nuestros días se inscribe como un modelo de “desarrollo económico” relativamente permisible dentro del orden político y económico del neoliberalismo financierista hegemónico.
El nuevo gobierno mexicano de “reconciliación nacional”, es decir, un orden político de representación pluriclasista, implica una coexistencia compleja, contradictoria y desigual de intereses de distintas clases y sectores sociales.
Es necesario conocer la naturaleza viva de esta coexistencia, sus repercusiones en el Estado y en el desenvolvimiento de la economía, así como reflexionar sobre su dinámica, sus tendencias, y sus efectos en las luchas populares.
Subordinación neodesarrollista
Las “políticas sociales” defendidas y principalmente promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), coexisten dentro de una reingeniería presupuestal construida por la secretaría de Hacienda, acotada y subordinada a las políticas económicas (monetaria, fiscal, cambiaria) dominadas por el capital financiero local e internacional.
El alcance de los “programas de bienestar” y de las “políticas redistributivas” está sujeto a lo que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 denomina -desde el inicio de su lectura- como el aseguramiento primordial de “las finanzas públicas y del sistema financiero”.
En su Carta a los inversionistas nacionales y extranjeros (Abril/2018) [1] , y a partir de ahí, en distintos informes y discursos, AMLO se ha comprometido a respetar los imperativos neoliberales del capital financiero:
1. Respeta la independencia del Banco de México: con ello renuncia al papel dinamizador de la economía del Banco Central y acepta que un equipo de “técnicos” “independientes” subordinen el crecimiento y desarrollo de la economía a los principios de “estabilización”;
2. Acepta los dictados de la disciplina fiscal: con el dogma del “equilibrio fiscal” AMLO renuncia a utilizar un poderoso instrumento de apalancamiento y expansión económica supeditando el crecimiento económico;
3. Avala la ortodoxia de la política monetaria: respetando las “metas inflacionarias” reproduce las elevadas ganancias de la fracción financiera mediante altas tasas de interés. [2]
Sometidas las finanzas públicas a la ortodoxia financierista neoliberal, y renunciando a una Reforma Hacendaria progresiva que establezca impuestos a quien más tiene, AMLO estrecha sus márgenes de intervención y recurre al “combate a la corrupción” y a la “austeridad republicana” como “nuevas políticas económicas” para financiar y generar el “desarrollo”. En este sentido, la raíz de la austeridad se encuentra en el marco incólume y dominante de la hegemonía neoliberal, reconocida desde su Carta a los inversionistas.
Ahora bien, no obstante el predominio de los intereses de las fracciones dominantes, un gobierno de “unidad nacional” puede caracterizarse por una relación conciliatoria y al mismo tiempo contradictoria con las fracciones políticas y económicas del gran capital.
Neodesarrollismo: Convergencia y contradicciones
En el proyecto neodesarrollista y de conciliación de clases, además de una convergencia con las fracciones dominantes (que expusimos en un artículo anterior [3] ), pueden presentarse –y se presentan– fuertes disputas y divergencias entre éstas y el Estado neodesarrollista.
Disputas y tensiones
Existen tensiones entre el neodesarrollismo que defiende el papel del Estado en la regulación de la economía, su papel de “promotor del desarrollo”, la construcción de un nuevo andamiaje institucional para este efecto, el papel estatal en la soberanía energética, la “justicia social”, etc., frente al neoliberalismo ortodoxo que postula a sangre y fuego el adelgazamiento estatal, organismos “autónomos”, y la libertad de mercado como principio de “racionalización” social.
Dentro de este cuadro, es notorio el descrédito de la oligarquía a los “programas sociales” del nuevo gobierno, ya que considera que un mayor “gasto social” debilita la “inversión pública” (productiva) e inhibe el crecimiento económico. [4] Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), los recursos orientados a los “programas sociales” muestran “un uso irracional y poco efectivo de los recursos públicos”, por lo que demanda una austeridad “racional” y “estratégica”. [5]
Asimismo, dentro de estas contradicciones, se entienden las evaluaciones negativas de las calificadoras internacionales, verdaderas personificaciones del capital financiero.
A principios de junio, Moody’s y Fitch redujeron la calificación de la deuda de Pemex y CFE, así como de la deuda del Estado mexicano. [6] En su análisis, arguyen sobre el deterioro del marco crediticio de Pemex, el carácter “insuficiente” de su inversión en su actividad principal que “podría llevar a una mayor caída de la producción y disminución de las reservas”. Ante la situación que asumen de Pemex, sostienen que existen “riesgos” para las finanzas públicas, los cuales profundizan la debilidad macroeconómica, todo lo cual, según las calificadoras, presiona hacia un recorte en la calificación soberana de México.
A todas luces, el gran capital local e internacional es contrario a los proyectos de capitalización de Pemex, a los planes de incremento de su capacidad de producción y refinación, al fortalecimiento de CFE, en suma, de soberanía energética. Distintas fracciones del capital, y el capital financiero por delante, tienen enormes intereses en la riqueza energética de México. De ahí que rechacen que el gobierno intervenga y amenace la “autonomía” de órganos reguladores, tales como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Los grandes capitales asumen como prácticas que “dinamitan” la “certidumbre de los inversionistas”, los siguientes actos del gobierno: 1) sometió a revisión los contratos de participación privada originados con la Reforma Energética; 2) procedió –hasta ahora– a la cancelación de procesos de licitación para empresas privadas principalmente de gas programadas para octubre de este año –farmouts–; 3) puso fin –hasta ahora– a la creación de nuevas subastas eléctricas y petroleras; 4) Pemex declaró la suspensión de proyectos de inversión en aguas profundas, priorizando los trabajos en aguas someras y proyectos en tierra para este sexenio; 5) el ejecutivo canceló el permiso de la CNH para el uso del fracking en el campo de Humapa.
Más recientemente, los grandes capitales de la mano del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de la Cámara de Comercio de EEUU (US Chamber), y de la embajada de Canadá, han rechazado que el gobierno lleve a tribunales internacionales a la empresa Ienova (de Sempra Energy), Carso Energy –Grupo Carso–, TC Energy TransCanada, y Fermaca grupo Carso, por las “cláusulas abusivas” derivadas de “contratos leoninos” que el gobierno anterior estableció con dichas empresas para la construcción de gasoductos, como el de Texas-Tuxpan (800 km.), y el que atraviesa de Samalayuca (Chihuahua) a Sásabe (Sonora), con una extensión de 650 km., entre otros.
El papel de las Calificadoras y el “terrorismo económico”
Las tensiones son de tal magnitud, que vemos la permanente vigilancia y presión de las calificadoras internacionales y grupos empresariales para encauzar y disciplinar las políticas del actual gobierno. En terrenos fundamentales como los expuestos al inicio de este artículo, el capital financiero ha subordinado al Estado neodesarrollista. En otros terrenos, como en la política energética, el Estado busca actuar dentro de ciertos márgenes de maniobra.
Uno de los principales instrumentos de fuerza de que dispone el poder financiero es el “terrorismo económico” y el “chantaje catastrofista”. Estos amenazan con la pérdida de la calificación crediticia de las empresas del Estado (Pemex, CFE) o del endeudamiento público y externo, esto es, la deuda soberana del Estado.
El “costo económico” de la degradación de la nota crediticia de la deuda soberana residiría en la elevación del endeudamiento, la salida de capitales del país, devaluación de la moneda, quema de reservas internacionales, cierre de empresas, aumento de la desocupación, etcétera. Un país periférico con la mayor vulnerabilidad y dependencia externa está a merced del poder financiero transnacional.
Como se evidenció con las amenazas de Trump de imponer cuotas arancelarias a las exportaciones “de México”, que hizo capitular la política migratoria del Estado mexicano, el gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación tiene sobre sí la espada de Damocles de la finanza internacional, la cual, permanentemente busca su disciplinamiento ante cualquier movimiento que ponga en riesgo la “estabilidad financiera”. Es esta la siniestra dinámica del capital financiero internacional.
Ante ello, la pregunta es: ¿existen garantías locales o globales que aseguren la estabilidad económica? ¿Es posible contar con garantías contra la fuga de capitales? Si no existen tales garantías, ¿por qué el gobierno acepta el chantaje financierista?
La subordinación al poder financiero explica la abdicación del gobierno de “reconciliación nacional” respecto al trípode hegemónico neoliberal (fiscal, monetario, cambiario) e incluso en materia hacendaria, lo cual ha llevado a que el FMI, bancos comerciales y de inversión, celebren al nuevo gobierno por la “moderación” y “responsabilidad” del presupuesto público de 2019.
Cabe subrayar que desde la campaña electoral con su coalición “Juntos Haremos Historia”, AMLO se comprometió a respetar los compromisos suscritos por él y su secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, con el poder financiero.
Compromisos y límites para el bienestar
Además de la “disciplina fiscal” y los “equilibrios macroeconómicos”, los compromisos abarcan la estabilidad del endeudamiento público, la sumisión acrítica e incuestionable del saldo histórico de la deuda pública, y por consecuencia, del costo financiero de este endeudamiento (que incluye pago de intereses, comisiones, amortizaciones), y las metas del superávit primario, compromisos que en conjunto representan sólidas limitantes para el establecimiento de un Estado social de bienestar.
Es por ello el mayor énfasis puesto por AMLO a los “mecanismos de ahorro” y “financiamiento del gasto”, como son, el “combate a la corrupción” y la “austeridad republicana”. Esta última, lejos de limitarse a la llamada esfera dorada de la burocracia, impacta con fuerza en los trabajadores del servicio público del Estado, en su mayor parte en los trabajadores precarizados, sin organización sindical, y de la base de la estructura salarial (médicos, profesores, administrativos, artistas, etc.). En este cuadro de austeridad, agudizado en el contexto actual de desaceleración económica y ajuste, se intensifica su repercusión en el deterioro de los servicios esenciales del Estado (salud, educación, medio ambiente, cultura, ciencia y tecnología, deporte, etc.,) que reproducen la penuria social legada por el neoliberalismo, y que acrecienta las manifestaciones de rechazo.
La oligarquía financiera subordina la política social
Los 18 proyectos sociales prioritarios del gobierno (entre los que destacan, Pensiones para Adultos Mayores, Tren Maya, Corredor Transístmico, Sembrando vida, Caminos rurales y modernización de Infraestructura, Universidades para el Bienestar, Internet para todos, Jóvenes Construyendo el Futuro, etc.), representan según datos de la secretaría de Hacienda, el 1% del PIB (equivalente a 251 mil millones de pesos) [7] . En contraste, el pago por el costo financiero de la deuda pública cubre el 3% del PIB, y es equivalente a poco más de 749 mil millones de pesos (mmp) en 2019. (Ibid, p. 132)
Si consideramos el superávit primario, que representa la diferencia entre los gastos del gobierno respecto a sus ingresos (sin considerar el pago de la deuda), el cual es transferido al pago de la deuda pública, asciende en este año al 1% del PIB, equivalente a poco más de 240mmp (Ibid, p. 132). Tan solo este superávit primario –otra raíz de la austeridad–, es equivalente a los programas sociales prioritarios de AMLO.
Al sumar el costo financiero y superávit primario (2019) y contrastarlo en relación a los programas sociales prioritarios, la proporción es de 4 a 1. Un billón de pesos que se transfiere a la oligarquía financiera frente a 251mmp en los programas de desarrollo social en el año de 2019. La oligarquía financiera subordina la política social de bienestar.
Al considerar solo el presupuesto de 2019 aprobado para Cultura, equivalente a $12 mil 894 millones de pesos, vemos que éste representa el 5% del superávit primario que el gobierno mexicano se comprometió a transferir a la esfera financiera. Si contrastamos el presupuesto de Cultura con el costo financiero del endeudamiento público en 2019, vemos que éste último representa más de 50 veces el presupuesto destinado al desarrollo de Cultura de la sociedad mexicana.
Como puede observarse, dada la hegemonía neoliberal en el orden de “las finanzas públicas y del sistema financiero”, son manifiestas las limitaciones en las políticas redistributivas y de bienestar promovidas por el gobierno dirigido por AMLO. Más que un modelo “posneoliberal”, lo que tenemos es un bienestarismo neoliberal.
Las tendencias del bienestarismo neoliberal bajo la hegemonía financiera
Son de gran significación las críticas y cuestionamientos al gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación dada sus limitaciones respecto a la doctrina neoliberal y el poder financiero local e internacional, los cuales repercuten en la restricción del bienestar social.
De acuerdo con las “perspectivas económicas y fiscales de mediano plazo” elaboradas por la propia Secretaría de Hacienda dirigida por Carlos Urzúa, un hombre comprometido con el sistema financiero, el gobierno de la Cuarta Transformación estima mantener para el periodo 2020-2024, una transferencia de riqueza (en promedio anual) hacia la oligarquía financiera por concepto de costo financiero, el 3% del PIB, y por concepto de superávit primario, el 1% del PIB [8] . Se trata de exorbitantes montos de riqueza muy cercanos a los de 2019. Esto es, en conjunto suman alrededor de un billón de pesos anuales! ¿A título de quién acepta el nuevo gobierno estas transferencias que atentan contra la nación?
En este orden, si sumamos las transferencias estimadas para el conjunto del sexenio de la Cuarta Transformación, tenemos una transferencia programada de alrededor de 6 billones de pesos, ¡más de un Presupuesto Público de la Federación para la economía improductiva!
Llama la atención que el gobierno anterior que elevó el endeudamiento público cerca del 100% (más de 5 billones de pesos sin contrapartida en el crecimiento económico), solo en el año de 2017 y 2018 realizó superávit primario (1.4% y 0.6%, respectivamente). Además de que estableció un costo financiero mayor al sexenio de Felipe Calderón y mucho menor al programado por el nuevo gobierno. Son evidentes los compromisos del nuevo gobierno con la disciplina fiscal y financiera.
Como resultado, tenemos que el saldo histórico de los requerimientos del sector público en 2019 equivale al 45.3% del PIB, y se estima para el año 2024 en 44.9% del PIB (Ibid. p.106). Se entregaría más del 100% del Presupuesto Púbico (por ejemplo, el relativo al año 2019) en el sexenio, y se reducen solo cuatro décimas. ¡Es la dinámica del imperialismo financiero!
De acuerdo con estas tendencias, es fundamental cuestionar la naturaleza del endeudamiento público, su carácter antisocial, monopólico, corrupto e ilegítimo. Desde la socialización de las pérdidas de los bancos (Fobaproa/IPAB), hasta las prácticas monopólicas en que incurren intermediarios financieros con bonos que emite el Estado [9] , el nulo beneficio social y ambiental por el endeudamiento, entre otras muy distintas razones y argumentos, puede y debe ponerse en cuestionamiento el pago de las deudas heredadas por el “viejo régimen”.
Así como se ha llevado a arbitraje internacional cuestionándose los contratos “leoninos” en megaproyectos como los gasoductos, o se ha optado por la revisión de los contratos de inversión originados con la reforma energética, es de vital trascendencia demandar auditorías transparentes sobre el histórico endeudamiento público, e impugnar su pago en las partes y segmentos que requieran ser objetados.
Como señala el especialista en el problema de la Deuda y el sistema financiero, Eric Toussaint, miembro del Comité para la Abolición de las Deudas ilegítimas (CADTM), la historia de México encierra una rica historia de impago. Benito Juárez, V. Carranza, A. Obregón, reclamando las facultades soberanas de la nación, impugnaron en su momento el pago de las deudas ilegítimas. Y más recientemente, Argentina (2001) y Ecuador (2007), en ejercicio de su soberanía, rechazaron el pago de las deudas ilegales. Contrario a las bravatas catastrofistas de “caos económico” e “inestabilidad financiera”, el resultado de estas experiencias fue la recuperación económica, el crecimiento sostenido del PIB, la creación de empleo, y la mejora de los indicadores sociales. [10]
El endeudamiento ilegítimo y su costo financiero socava el bienestar y reproduce el subdesarrollo. Las transferencias de riqueza hacia oligarquías locales y extranjeras acentúan la desigualdad y agravan la dependencia y vulnerabilidad respecto al exterior. Con la subordinación financierista, la economía mexicana agudiza los procesos de desacumulación consustanciales a la incesante dialéctica del capitalismo mundial que opera de modo estructural profundizando el divorcio entre el mundo subdesarrollado-dependiente y los países centrales-desarrollados.
El cuestionamiento del endeudamiento público, de las transferencias de valor y de los dictados del capital financiero, aún no emergen en la Cuarta Transformación.
Notas
[1] Léase la Carta, https://www.elfinanciero.com.
[2] Ver, “AMLO, la deuda pública y el imperialismo financiero”, 29/05/2019, http://www.cadtm.org/AMLO-la-
[3] Ver nuestro artículo, “Neodesarrollismo y reproducción ampliada de la dependencia”, 6/6/2019, https://www.lahaine.org/mundo.
[4] Susana González G., “Critican empresarios que la mayor parte del presupuesto se destine a gasto social”, La Jornada, 24/6/2019. https://www.jornada.com.mx/
[5] “Austeridad sí, pero racional”, 29/05/2019. https://coparmex.org.mx/
[6] El Financiero, 6/6/2019, https://www.elfinanciero.com.
[7] Secretaría de Hacienda: Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Correspondientes Al Ejercicio Fiscal 2019, https://www.finanzaspublicas.
[8] Estimado del Costo financiero (2020-2024) respecto al PIB: Año 2020 (3%); 2021 (2.8%); 2022 (2.8%); 2023 (2.7%); 2024 (2.7%). Estimado del superávit primario respecto al PIB: Año 2020 (1.1%); 2021 (1.1%); 2022 (1.1%); 2023 (0.9%); 2024 (0.9%). Ibid, p. 106.
[9] En abril de 2017, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) anunció el inicio de una investigación “por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano”, esto es, la colusión entre intermediarios bancarios para manipular el mercado de bonos cuyas operaciones son de alrededor de 100 mil millones de pesos diarios y por tanto, repercuten en graves daños al erario público. Los intermediarios financieros investigados son: Banco Santander, BBVA, JP Morgan Chase & Co, HSBC Holdings Pie, Barclays Pie, Citigroup lnc y Bank of America Corp, e involucra todos los instrumentos emitidos por el gobierno federal, estados y municipios, el IPAB, la banca de desarrollo, Pemex y CFE. Ver la “Proposición” por la que se exhorta a la COFECE, a informar al Senado sobre la investigación, http://infosen.senado.gob.mx/
[10] Sobre esto véase la entrevista (completa) a Eric Toussaint, 4/10/2018: https://aristeguinoticias.com/
6.7.19
Neoliberalismo estilo 4T
José Raúl Linares
El pasado marzo, el presidente López Obrador habló de la construcción en su gobierno de una “política posneoliberal”, con lo que dio por terminado el “pillaje” del neoliberalismo. Pero especialistas advierten que esa corriente de pensamiento económico y político –cuya fecha de nacimiento es precisa: 1938– no podrá desaparecer por decreto. Y abundan: las medidas aplicadas en los primeros seis meses del lopezobradorismo son esencialmente neoliberales.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó el “fin de la política neoliberal”, pero especialistas y estudiosos de dicho modelo dudan que el neoliberalismo pueda ser eliminado en seis meses de gobierno.
Desde su toma de posesión, el pasado 1 de diciembre, hasta la “abolición” del neoliberalismo el 17 de marzo –durante las reuniones preparatorias del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024–, López Obrador ha insistido en que su gobierno rompió con un régimen de “pillaje”, “antipopular” y “entreguista”, lo que daría paso a la construcción de una “política posneoliberal”.
Para el doctor en sociología Fernando Escalante Gonzalbo, autor de diversas obras consagradas a explicar esta “revolución económica”, como Historia mínima del neoliberalismo (El Colegio de México, 2015), los efectos de este modelo son todavía más agresivos en la nueva administración.
–¿Ve una política posneoliberal en el nuevo gobierno?
–No. Básicamente porque no hay un programa mínimamente claro, consistente, ni mucho menos una alternativa –asegura.
“La mayor parte de las políticas que se han adoptado en los primeros meses son estrictamente neoliberales, empezando por la de austeridad draconiana, siguiendo con la sustitución de las mediaciones institucionales por el reparto en efectivo. Hay retórica contra el neoliberalismo, invectivas, frases huecas, pero hasta ahora nada más”, añade.
Esta incredulidad es compartida por la doctora María Eugenia Romero Sotelo, especialista en historia económica mexicana y autora de Los orígenes del neoliberalismo en México. La escuela austriaca (UNAM-Fondo de Cultura Económica, 2016).
“Me cae muy bien el presidente, pero el neoliberalismo no lo saca uno con una patada”, asegura en entrevista.
“El presidente se está enfrentando a poderes muy fuertes. Le cambiaron la Constitución y ahora existe un nuevo marco de diseño institucional. Esto va a tardar mucho, porque la política económica neoliberal es institucional y ahí se mantiene. A los neoliberales les costó 30 años desmontar el estado de bienestar y desmontar el neoliberalismo es un proceso que va a llevar tiempo. Es una cultura y un proceso. Es algo más complejo porque también implica una visión del mundo”, señala.
“No obstante, el enfrentamiento contra el modelo dominante sufre también el riesgo de disolverse en diversas batallas ideológicas, insultos y epítetos que no conducen al diseño de una ‘alternativa’ y surgimiento de una política ‘posneoliberal’”, advierte el politólogo Alberto Fernández, candidato a doctor por The New School for Social Research, de Nueva York. Según el ensayista, el término “neoliberal” se ha vulgarizado hasta perder sentido.
“Ahora hablamos del neoliberalismo en términos casi estrictamente morales: una inmoralidad, una tendencia a la corrupción, como un término oscuro y difuso que termina siendo culpable de los divorcios, los secuestros, desapariciones y demás calamidades”, señala en entrevista.
“Desde la Cuarta Transformación, especialmente por el presidente y muchos de sus simpatizantes, se habla del neoliberalismo no como un conjunto de políticas económicas, medidas de gobierno y uso de valores, que entendíamos como la valorización del individuo, desregulación del mercado y desmantelamiento del estado de bienestar”, añade.
Para Escalante, el neoliberalismo fue planteado originalmente como un programa intelectual, una idea del hombre, de la sociedad y la economía y del derecho. “Y es también un programa político derivado de esas ideas. Tiene la misma amplitud y la misma complejidad que otros programas, como el marxismo”, explica.
Advierte que las políticas neoliberales en México se adaptaron al desarrollo de este modelo que se asentó en otros países en los setenta y ochenta: “Privatizaciones, desregulación de mercados, liberalización y apertura comercial; las peculiaridades derivan de lo que quedaba del arreglo institucional del régimen revolucionario”.
Coloquio Lippmann
A diferencia de otros movimientos, cuyo arranque no se puede datar con exactitud, el neoliberalismo sí tuvo una fecha de nacimiento que puede rastrearse en las actas del Coloquio Lippmann, celebrado entre el 26 y el 30 de agosto de 1938 en París, y que reunió a una gran cantidad de intelectuales liberales.
El coloquio convocó a pensadores como Raymond Aron, Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, Étienne Mantoux, Louis Rougier, Michael Polanyi, entre otros, en homenaje a la publicación del libro The Good Society, del periodista financiero estadunidense Walter Lippmann.
Añade Escalante: “A partir de ese momento se adoptó el término ‘neoliberalismo’ y se perfiló un programa que compartieron la mayoría de sus asistentes, cuyo epicentro es la centralidad del individuo sobre el colectivo. El individuo sobre el Estado. Y el mercado como la relación que confiere la libertad económica y política que subrayaron los fundadores del movimiento”.
Los puntos centrales del programa, según el sociólogo, fueron: la necesidad de un Estado fuerte para proteger y ampliar el mercado; la necesidad de poner a las libertades económicas por encima de las políticas; y la convicción de que lo privado es moral y técnicamente superior a lo público.
Hasta los setenta y ochenta, durante los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y en América Latina el golpe de Estado en Chile que instaló a Augusto Pinochet, el neoliberalismo se mantuvo como una teoría marginal, que se fortaleció con el ocaso de los modelos de desarrollo inspirados en la teoría keynesiana, enfocada en financiar el gasto público mediante la intervención estatal.
–¿Por qué el neoliberalismo ha sufrido tanto descrédito y ha generado tanta polémica? –se le pregunta a Escalante.
–En los setenta –explica–, el gobierno del general Pinochet en Chile fue asesorado por un grupo de economistas de Chicago, discípulos de Milton Friedman, que se llamaban neoliberales, y se estableció la asociación: puesto que los neoliberales asesoran a Pinochet, Pinochet es neoliberal, por lo tanto el neoliberalismo equivale a pinochetismo.
“Más tarde, a partir de finales de los ochenta, el programa básico del neoliberalismo se impuso en todo el mundo con estrategias de liberalización comercial, desregulación de los mercados, y privatización de bienes y servicios públicos. Fue el modelo dominante durante tres décadas, hasta la crisis de 2008”, dice.
Historia de élites
Entre el 5 y el 10 de enero de 1953, el banquero y economista Luis Montes de Oca escribió una serie de artículos en el periódico Excélsior, enfocada a criticar la política económica del gobierno de Miguel Alemán, basada en el financiamiento del gasto público mediante la emisión de moneda.
“Sin estar de acuerdo con la fórmula, puede expresarse como sigue: menos gobierno en los negocios y más negocios en el gobierno”, escribió en uno de sus artículos, el 10 de enero de 1953, Montes de Oca, quien fungió como director del Banco de México en el gobierno de Lázaro Cárdenas, pero terminó distanciado de éste.
La anterior es parte de la historia del neoliberalismo en México, que nació arropado por el surgimiento de un sector bancario privado, explica la doctora Romero Sotelo. “Si hay algo que odiaron esos intelectuales y banqueros fue al cardenismo. Al presidente, desde entonces, lo empezaron a llamar ‘populista’, ‘intervencionista’, etcétera. Él, en efecto, se propone intervenir en la economía desde las fuerzas del Estado”.
A partir de las crisis económicas que padeció el país en los setenta y ochenta, durante los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, las ideas neoliberales se volverían dominantes mediante ajustes estructurales que impuso el Banco Mundial: la privatizaciones de industrias estatales y la autonomía del Banco de México, entre otras.
“Hubo un ambiente internacional que también permitió el ascenso del neoliberalismo; no sólo fueron los excesos de Luis Echeverría y José López Portillo. En ellos hubo un desfase cuando el mundo estaba cambiando. Los países desarrollados habían comenzado a aceptar los postulados neoliberales; en México el terreno de las ideas se preparó tres década antes”, explica Romero.
La historiadora sostiene que Montes de Oca fue difusor, enlace y uno de los principales polemistas del naciente movimiento neoliberal en el país, cuyas ideas, de hecho, trajo y ayudó a conservar mediante instituciones educativas, como el Instituto Tecnológico de México (antecedente del Instituto Tecnológico Autónomo de México), cuya fundación trataba de alejarse del pensamiento marxista, que decían que se había “colado” en las escuelas públicas.
Montes de Oca también tradujo la obra de pensadores de la ortodoxia neoliberal, según Romero Sotelo, como el economista austriaco Ludwig von Mises y el pensamiento de Lippmann. Su difusión estuvo a cargo de otros intelectuales fincados en México, como Faustino Ballvé, Gustavo R. Velasco y Aníbal de Iturbide.
“Muchos piensan que el neoliberalismo significa la no intervención del Estado. No, ellos creen que la intervención del Estado debe fortalecer al mercado y al capital y tenemos que crear las instituciones que impulsen este planteamiento. También que tienen que formar sus élites”, explica Romero.
Según la también economista, la herencia del pensamiento económico revolucionario fue el parteaguas para iniciar un debate con los diversos secretarios de Hacienda emanados del nacionalismo revolucionario. La polémica muchas veces fue impulsada por banqueros. Por ejemplo, el apoyo que recibieron del llamado grupo BUDA, encabezado por el empresario Raúl Bailleres (padre de Alberto Bailleres), seguido de Salvador Ugarte, Mario Domínguez y Ernesto J. Amezcua, quienes apoyaron el proyecto intelectual de Montes de Oca. También Manuel Gómez Morin, quien fue pieza importante en la fundación de ese grupo de banqueros, aunque posteriormente se inclinó a la militancia política a través del PAN.
“Si hay una disputa que pervive hasta nuestros días se centra en el gasto público; es decir el gasto por parte del Estado para financiar el desarrollo”, señala. “Especialmente porque los herederos y portadores del pensamiento neoliberal, actualmente, forman un poderoso sector económico y concentran buena parte de la economía mexicana”.
Futuro incierto
El politólogo Alberto Fernández advierte que la posibilidad de la construcción de una política “posneoliberal” se encuentra estancada a nivel mundial. No sólo porque existe una discusión “estéril que se reduce a hashtags en Twitter”, sino también porque los cambios en la política continúan “sin lanzar un nuevo horizonte político y económico”, y “existen vacíos en la historia reciente que es necesario llenar ante la falta de alternativas”.
–¿El neoliberalismo se puede acabar por decreto? –se le pregunta al académico.
–Yo creo que no –señala el articulista de Letras Libres. El neoliberalismo se puede acabar al presentar un modelo alternativo de desarrollo que no resulta de sólo anunciar una mañana: “Desde el día de hoy todo lo que haga para adelante es posneoliberal”. Más bien tiene que ver con el contenido concreto de las medidas a impulsar. Creo que el momento decisivo en la batalla contra la política neoliberal, en los últimos 20 años, han sido las movilizaciones contra las cumbres de la Organización Mundial de Comercio y las protestas de Seattle o Génova, un poco al lado del zapatismo.
“Pero a partir de la gran crisis económica de 2008, aun los más grandes creyentes de las recetas neoliberales, como los funcionarios del FMI o del Banco Mundial, comenzaron a tener sus crisis de fe. Me parece que desde ahí se empezó a socavar la hegemonía del pensamiento neoliberal y el problema fue que las alternativas no empezaron a surgir con claridad. Ahí estamos”, finaliza.
Pero el problema persiste. Según datos de la organización Oxfam México, nos encontramos en la lista de los 25 países más desiguales del mundo y el descenso de los salarios y el estancamiento económico coinciden precisamente con los 36 años que el presidente López Obrador señala como “neoliberales”.
El pasado marzo, el presidente López Obrador habló de la construcción en su gobierno de una “política posneoliberal”, con lo que dio por terminado el “pillaje” del neoliberalismo. Pero especialistas advierten que esa corriente de pensamiento económico y político –cuya fecha de nacimiento es precisa: 1938– no podrá desaparecer por decreto. Y abundan: las medidas aplicadas en los primeros seis meses del lopezobradorismo son esencialmente neoliberales.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó el “fin de la política neoliberal”, pero especialistas y estudiosos de dicho modelo dudan que el neoliberalismo pueda ser eliminado en seis meses de gobierno.
Desde su toma de posesión, el pasado 1 de diciembre, hasta la “abolición” del neoliberalismo el 17 de marzo –durante las reuniones preparatorias del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024–, López Obrador ha insistido en que su gobierno rompió con un régimen de “pillaje”, “antipopular” y “entreguista”, lo que daría paso a la construcción de una “política posneoliberal”.
Para el doctor en sociología Fernando Escalante Gonzalbo, autor de diversas obras consagradas a explicar esta “revolución económica”, como Historia mínima del neoliberalismo (El Colegio de México, 2015), los efectos de este modelo son todavía más agresivos en la nueva administración.
–¿Ve una política posneoliberal en el nuevo gobierno?
–No. Básicamente porque no hay un programa mínimamente claro, consistente, ni mucho menos una alternativa –asegura.
“La mayor parte de las políticas que se han adoptado en los primeros meses son estrictamente neoliberales, empezando por la de austeridad draconiana, siguiendo con la sustitución de las mediaciones institucionales por el reparto en efectivo. Hay retórica contra el neoliberalismo, invectivas, frases huecas, pero hasta ahora nada más”, añade.
Esta incredulidad es compartida por la doctora María Eugenia Romero Sotelo, especialista en historia económica mexicana y autora de Los orígenes del neoliberalismo en México. La escuela austriaca (UNAM-Fondo de Cultura Económica, 2016).
“Me cae muy bien el presidente, pero el neoliberalismo no lo saca uno con una patada”, asegura en entrevista.
“El presidente se está enfrentando a poderes muy fuertes. Le cambiaron la Constitución y ahora existe un nuevo marco de diseño institucional. Esto va a tardar mucho, porque la política económica neoliberal es institucional y ahí se mantiene. A los neoliberales les costó 30 años desmontar el estado de bienestar y desmontar el neoliberalismo es un proceso que va a llevar tiempo. Es una cultura y un proceso. Es algo más complejo porque también implica una visión del mundo”, señala.
“No obstante, el enfrentamiento contra el modelo dominante sufre también el riesgo de disolverse en diversas batallas ideológicas, insultos y epítetos que no conducen al diseño de una ‘alternativa’ y surgimiento de una política ‘posneoliberal’”, advierte el politólogo Alberto Fernández, candidato a doctor por The New School for Social Research, de Nueva York. Según el ensayista, el término “neoliberal” se ha vulgarizado hasta perder sentido.
“Ahora hablamos del neoliberalismo en términos casi estrictamente morales: una inmoralidad, una tendencia a la corrupción, como un término oscuro y difuso que termina siendo culpable de los divorcios, los secuestros, desapariciones y demás calamidades”, señala en entrevista.
“Desde la Cuarta Transformación, especialmente por el presidente y muchos de sus simpatizantes, se habla del neoliberalismo no como un conjunto de políticas económicas, medidas de gobierno y uso de valores, que entendíamos como la valorización del individuo, desregulación del mercado y desmantelamiento del estado de bienestar”, añade.
Para Escalante, el neoliberalismo fue planteado originalmente como un programa intelectual, una idea del hombre, de la sociedad y la economía y del derecho. “Y es también un programa político derivado de esas ideas. Tiene la misma amplitud y la misma complejidad que otros programas, como el marxismo”, explica.
Advierte que las políticas neoliberales en México se adaptaron al desarrollo de este modelo que se asentó en otros países en los setenta y ochenta: “Privatizaciones, desregulación de mercados, liberalización y apertura comercial; las peculiaridades derivan de lo que quedaba del arreglo institucional del régimen revolucionario”.
Coloquio Lippmann
A diferencia de otros movimientos, cuyo arranque no se puede datar con exactitud, el neoliberalismo sí tuvo una fecha de nacimiento que puede rastrearse en las actas del Coloquio Lippmann, celebrado entre el 26 y el 30 de agosto de 1938 en París, y que reunió a una gran cantidad de intelectuales liberales.
El coloquio convocó a pensadores como Raymond Aron, Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, Étienne Mantoux, Louis Rougier, Michael Polanyi, entre otros, en homenaje a la publicación del libro The Good Society, del periodista financiero estadunidense Walter Lippmann.
Añade Escalante: “A partir de ese momento se adoptó el término ‘neoliberalismo’ y se perfiló un programa que compartieron la mayoría de sus asistentes, cuyo epicentro es la centralidad del individuo sobre el colectivo. El individuo sobre el Estado. Y el mercado como la relación que confiere la libertad económica y política que subrayaron los fundadores del movimiento”.
Los puntos centrales del programa, según el sociólogo, fueron: la necesidad de un Estado fuerte para proteger y ampliar el mercado; la necesidad de poner a las libertades económicas por encima de las políticas; y la convicción de que lo privado es moral y técnicamente superior a lo público.
Hasta los setenta y ochenta, durante los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y en América Latina el golpe de Estado en Chile que instaló a Augusto Pinochet, el neoliberalismo se mantuvo como una teoría marginal, que se fortaleció con el ocaso de los modelos de desarrollo inspirados en la teoría keynesiana, enfocada en financiar el gasto público mediante la intervención estatal.
–¿Por qué el neoliberalismo ha sufrido tanto descrédito y ha generado tanta polémica? –se le pregunta a Escalante.
–En los setenta –explica–, el gobierno del general Pinochet en Chile fue asesorado por un grupo de economistas de Chicago, discípulos de Milton Friedman, que se llamaban neoliberales, y se estableció la asociación: puesto que los neoliberales asesoran a Pinochet, Pinochet es neoliberal, por lo tanto el neoliberalismo equivale a pinochetismo.
“Más tarde, a partir de finales de los ochenta, el programa básico del neoliberalismo se impuso en todo el mundo con estrategias de liberalización comercial, desregulación de los mercados, y privatización de bienes y servicios públicos. Fue el modelo dominante durante tres décadas, hasta la crisis de 2008”, dice.
Historia de élites
Entre el 5 y el 10 de enero de 1953, el banquero y economista Luis Montes de Oca escribió una serie de artículos en el periódico Excélsior, enfocada a criticar la política económica del gobierno de Miguel Alemán, basada en el financiamiento del gasto público mediante la emisión de moneda.
“Sin estar de acuerdo con la fórmula, puede expresarse como sigue: menos gobierno en los negocios y más negocios en el gobierno”, escribió en uno de sus artículos, el 10 de enero de 1953, Montes de Oca, quien fungió como director del Banco de México en el gobierno de Lázaro Cárdenas, pero terminó distanciado de éste.
La anterior es parte de la historia del neoliberalismo en México, que nació arropado por el surgimiento de un sector bancario privado, explica la doctora Romero Sotelo. “Si hay algo que odiaron esos intelectuales y banqueros fue al cardenismo. Al presidente, desde entonces, lo empezaron a llamar ‘populista’, ‘intervencionista’, etcétera. Él, en efecto, se propone intervenir en la economía desde las fuerzas del Estado”.
A partir de las crisis económicas que padeció el país en los setenta y ochenta, durante los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, las ideas neoliberales se volverían dominantes mediante ajustes estructurales que impuso el Banco Mundial: la privatizaciones de industrias estatales y la autonomía del Banco de México, entre otras.
“Hubo un ambiente internacional que también permitió el ascenso del neoliberalismo; no sólo fueron los excesos de Luis Echeverría y José López Portillo. En ellos hubo un desfase cuando el mundo estaba cambiando. Los países desarrollados habían comenzado a aceptar los postulados neoliberales; en México el terreno de las ideas se preparó tres década antes”, explica Romero.
La historiadora sostiene que Montes de Oca fue difusor, enlace y uno de los principales polemistas del naciente movimiento neoliberal en el país, cuyas ideas, de hecho, trajo y ayudó a conservar mediante instituciones educativas, como el Instituto Tecnológico de México (antecedente del Instituto Tecnológico Autónomo de México), cuya fundación trataba de alejarse del pensamiento marxista, que decían que se había “colado” en las escuelas públicas.
Montes de Oca también tradujo la obra de pensadores de la ortodoxia neoliberal, según Romero Sotelo, como el economista austriaco Ludwig von Mises y el pensamiento de Lippmann. Su difusión estuvo a cargo de otros intelectuales fincados en México, como Faustino Ballvé, Gustavo R. Velasco y Aníbal de Iturbide.
“Muchos piensan que el neoliberalismo significa la no intervención del Estado. No, ellos creen que la intervención del Estado debe fortalecer al mercado y al capital y tenemos que crear las instituciones que impulsen este planteamiento. También que tienen que formar sus élites”, explica Romero.
Según la también economista, la herencia del pensamiento económico revolucionario fue el parteaguas para iniciar un debate con los diversos secretarios de Hacienda emanados del nacionalismo revolucionario. La polémica muchas veces fue impulsada por banqueros. Por ejemplo, el apoyo que recibieron del llamado grupo BUDA, encabezado por el empresario Raúl Bailleres (padre de Alberto Bailleres), seguido de Salvador Ugarte, Mario Domínguez y Ernesto J. Amezcua, quienes apoyaron el proyecto intelectual de Montes de Oca. También Manuel Gómez Morin, quien fue pieza importante en la fundación de ese grupo de banqueros, aunque posteriormente se inclinó a la militancia política a través del PAN.
“Si hay una disputa que pervive hasta nuestros días se centra en el gasto público; es decir el gasto por parte del Estado para financiar el desarrollo”, señala. “Especialmente porque los herederos y portadores del pensamiento neoliberal, actualmente, forman un poderoso sector económico y concentran buena parte de la economía mexicana”.
Futuro incierto
El politólogo Alberto Fernández advierte que la posibilidad de la construcción de una política “posneoliberal” se encuentra estancada a nivel mundial. No sólo porque existe una discusión “estéril que se reduce a hashtags en Twitter”, sino también porque los cambios en la política continúan “sin lanzar un nuevo horizonte político y económico”, y “existen vacíos en la historia reciente que es necesario llenar ante la falta de alternativas”.
–¿El neoliberalismo se puede acabar por decreto? –se le pregunta al académico.
–Yo creo que no –señala el articulista de Letras Libres. El neoliberalismo se puede acabar al presentar un modelo alternativo de desarrollo que no resulta de sólo anunciar una mañana: “Desde el día de hoy todo lo que haga para adelante es posneoliberal”. Más bien tiene que ver con el contenido concreto de las medidas a impulsar. Creo que el momento decisivo en la batalla contra la política neoliberal, en los últimos 20 años, han sido las movilizaciones contra las cumbres de la Organización Mundial de Comercio y las protestas de Seattle o Génova, un poco al lado del zapatismo.
“Pero a partir de la gran crisis económica de 2008, aun los más grandes creyentes de las recetas neoliberales, como los funcionarios del FMI o del Banco Mundial, comenzaron a tener sus crisis de fe. Me parece que desde ahí se empezó a socavar la hegemonía del pensamiento neoliberal y el problema fue que las alternativas no empezaron a surgir con claridad. Ahí estamos”, finaliza.
Pero el problema persiste. Según datos de la organización Oxfam México, nos encontramos en la lista de los 25 países más desiguales del mundo y el descenso de los salarios y el estancamiento económico coinciden precisamente con los 36 años que el presidente López Obrador señala como “neoliberales”.
1.7.19
Trump y el Estado policiaco global
Carlos Fazio
En muy corto plazo, la
guerra de migrantes por aranceles desatada el 30 de mayo por Donald
Trump derivó en una grave crisis humanitaria en México. Y de manera
vertiginosa, también, la imagen progresista y humanista del gobierno de
Andrés Manuel López Obrador se trasmutó en la de un país que opera como
un módulo más del Estado policiaco global, como característica principal
del capitalismo actual, asentado en sistemas cada vez más ubicuos y
omnipresentes de control social de masas y humanidad superflua mediante
la represión estatal y guerras difusas, como forma militarizada de
acumulación de capital por despojo.
Más allá de la narrativa populista, el
neoliberalismo con esteroidesde Trump (William I. Robinson dixit) es una respuesta clasista de la ultraderecha a la crisis de legitimidad del sistema, que descansa sobre un mensaje nacionalista y proteccionista de corte neonazi, dirigido, en particular, a generar emociones y movilizar al sector más reaccionario de su electorado blanco, anglosajón y protestante (WASP, por sus siglas en inglés), que en 2016 resultó deslumbrado por el narcisismo, el rostro rosado, la gorra roja y el grito de campaña
America first!del actual inquilino de la Casa Blanca.
Entonces como ahora, la fanfarronería imperial y el discurso supremacista blanco y xenófobo de Trump −que criminaliza al Otro, ese extranjero− están dirigidos a despertar el sentimiento antimexicano y antinmigrante en ese sector de trabajadores estadunidenses perjudicados por el TLCAN, para que canalicen su temor e inseguridad hacia una conciencia racista de su condición; lo que alienta la reproducción de milicias privadas, organizaciones fundamentalistas de todo tipo y grupos de vigilancia antinmigrantes.
En la coyuntura, la retórica de
construir el muroy el fuerte incremento de las redadas y las detenciones de personas sin papeles que huyen del horror, la persecución y la violencia criminal (delincuencial y estatal) forman parte de una estrategia más amplia para desarticular en EU a las llamadas
minoríasen resistencia. A lo que se suma la necesidad de la economía estadunidense y la clase capitalista trasnacional, de remplazar el actual sistema de superexplotación de la mano de obra indocumentada con un masivo programa de
trabajadores con visas, que sería más eficaz en conjugar la superexplotación y nuevas formas autoritarias de disciplina laboral con la vigilancia en masa y el supercontrol social.
De allí la guerra (no) declarada de Trump contra los inmigrantes, los refugiados y las pandillas (los bad hombres), que se combina con la construcción de muros fronterizos, cárceles y centros de detención de inmigrantes (lucrativos negocios todos), incluso fuera de EU, como es el caso de México en la coyuntura. Un sistema concentracionario que se va gestando a la par del surgimiento de una cultura neofascista mediante la militarización de sociedades enteras, la xenofobia, la misoginia y la imposición de una ideología que abarca una supremacía racial/cultural que normaliza la guerra, la dominación y la violencia social.
Pero la cultura militarista y masculinista de Trump viene de atrás. Las políticas de Hitler se inspiraron en el racismo institucionalizado de EU y el pragmatismo del derecho consuetudinario; en Mein Kampf, el futuro führer alabó las restricciones de EU a la inmigración. Los nazis consideraban a EU modelo para la raza blanca, un imperio racial nórdico que había conquistado una ingente cantidad de lebensraum (
espacio vital). Rasse y raum −raza y espacio vital− eran para los nazis palabras claves tras el triunfo de EU en el mundo. Los nazis veían a los judíos, los zíngaros, etcétera, como inferiores, igual que los sureños blancos veían a los esclavos negros y sus descendientes como una
raza extranjerade invasores que amenazaba con
tomar la delantera.
Asimismo, y a la luz de la historia, el magnate especulador inmobiliario de Nueva York no habría llegado a la Oficina Oval, si antes el senador republicano Barry Goldwater no sentara las bases del neoconservadurismo extremista de estirpe racista, que abrazaría después Ronald Reagan. El eslogan Make America great again fue creado y usado por primera vez por Reagan en 1980. Por lo que Trump no es una falla crítica del sistema, sino la culminación de ese proceso.
Como dice James Petras, Trump está completamente integrado en la estructura más profunda del imperialismo estadunidense; durante su mandato, las
instituciones permanentesdel Estado se han mantenido sin cambios. A pesar de sus ocasionales referencias a la no intervención en guerras en el extranjero, Trump sigue los pasos de sus predecesores. Sus diferencias con Barack Obama se limitan al estilo y la retórica. Con su demagogia seudoprogresista Obama expulsó a una cifra récord de trabajadores mexicanos (2 millones en ocho años); Trump ha continuado la senda prometiendo aumentar las deportaciones. Pero inmigrantes y refugiados son producto del cambio climático, de la depredación ecológica, de la acumulación de capital por despojo. Y de las guerras directas y encubiertas de Obama; de sus políticas de
cambio de régimenque provocaron desplazamientos forzosos, la muerte de millones de civiles y miseria por doquier. Obama derramó la sangre y a Trump le toca
arreglar el caos. México no escapa a esa lógica.
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