En 1992 se debatió
la problemática de la "invasión del Amerindia"
(denominada eurocéntricamente el "descubrimiento de América")
a 500 años de 1492. Sería bueno que en estos dos años (2019-2021)
rememoremos la problemática todavía actual por sus efectos de la
sangrienta conquista de las grandes culturas de Mesoamérica (la
azteca, maya, zapoteca, otomí, etcétera) que fue un genocidio de
significación mundial, porque aquí se produjo el choque y la
dominación violenta del extremo occidente de Eurasia (España) sobre
las culturas del extremo oriente del Asia (ya que nuestros pueblo
originarios posiblemente llegaron procedentes del Asia oriental por
el estrecho de Bering).
Ciertamente España
(por su ocupación militar) y Roma (por la organización de la
Cristiandad de las Indias occidentales) son autoras y cómplices de
un genocidio.
En efecto, no bien
conocidas las "Islas del Mar Océano" al occidente del
recién descubierto Océano Atlántico, el Papa concede a los reyes
de España por la bula Inter caetera del 3 de mayo de 1493 las
tierras recién descubiertas con la obligación de evangelizar a sus
habitantes. Aquí se encuentra ya el primer motivo que justifica
"pedir perdón a los pueblos originarios" por parte del
Papa. El mismo Bartolomé de las Casas se preguntaba qué: ¿con qué
derecho el Papado otorgaba o donaba al rey de España tierras y
pueblos sobre los que no tenía ningún conocimiento, posesión o
dominio? Bartolomé le negaba al Papa este derecho, que además lo
hacía cómplice del crimen injusto y genocida de la conquista, con
sus matanzas y por la horrible servidumbre a la que habían reducido
a los pueblos originarios del continente.
Y, con respecto a
España y Portugal, y muy especialmente sus reyes y al Consejo de
Indias, fueron responsables de la ferocidad, violencia, sangrientos
enfrentamientos con armas desconocidas para los indígenas (tales
como los cañones, ballestas, caballos, etcétera), y todo tipo de
vejámenes que se cumplieron.
Valgan unas citas de
cartas que tuve en mis manos en el Archivo de Indias de Sevilla,
enviadas al rey mostrando la situación: "Mucha de la plata que
de acá se saca y va a esos Reynos, se beneficia con la sangre de os
indios y va envuelta en sus cueros"(Carta del obispo mechoacano
Don Juan de Medina y Rincón del 13 de octubre de 1583; AGI, México
374).
Y otro: "Avra
quatro años que, para acabarse de perder esta tierra, se descubrió
un aboca del infierno por la qual entra cada año gran cantidad de
gente, que la cobdicia de los españoles sacrifica a su dios, y es
una mina de plata que se llama Potosí" (Carta del obispo
Domingo de Santo Tomás, del 1 de julio de 1550; AGI, Charcas 313) .
Quien ignore la
violencia e injusticia de la conquista de Latinoamérica, y muy
especialmente de México, lo mínimo que puede decirse que es un
ignorante, y que al no tener mala conciencia de un verdadero crimen
se hace hoy culpable de ese mismo crimen, aunque sea, y en mayor
medida, el rey de España. He leído miles de Reales Cédulas en las
que los reyes españoles estampaban un gran firma y que decía: YO EL
REY, sin mayor indicación (había que averiguar por la fecha del
documento el nombre del personaje).
Los conocidos
historiadores demógrafos, Cook-Borah y Simpson dan para México una
población de 11 millones de habitantes en 1519, que decreció en
1607 a los 2 millones de indígenas. Claro es que hubo enfermedades
contra las cuales la población indígenas no estaba protegida, pero
las matanzas en las guerras narradas por el Chalan Balam, el mal
trato en la mita, la encomienda y las haciendas e ingenios, y el
trabajo doméstico de las mujeres indígenas en las casas de los
blancos (que se quedan amancebadas obligándolas a dejar a sus
maridos para ser vejadas por los españoles y criollos), el cambio de
territorio agrícola de los más fecundos a los desiertos estériles
(lo que produjo hambrunas mortales como entre los tarahumaras)
significará una crisis demográfica gigantesca.
Todo esto nos
sugiere que es muy conveniente en México comenzar a tener presente,
día a día, el 500 aniversario de la horrenda Conquista de México.
Hay fechas emblemáticas: el 18 de febrero hace 500 años Hernán
Cortés salía de La Habana con 600 hombres, 16 caballos, 10 cañones,
32 ballestas. El próximo 22 de abril hace 500 años que desembarcó
en Veracruz; estando ya asentado en México Tenochtitlán vence el 30
de junio a Pánfilo Narváez. El próximo año, el 30 de junio se
cumplirán los 500 años de los comienzos del asedio de México con
el auxilio de los tlaxcaltecas y otros pueblos dominados por los
aztecas. El 13 de agosto de 1521 tomarán y destruirán Tenochtitlán
hace 500 años. Deben ser fechas recordadas y estudiadas día a día
para tomar conciencia de que fuimos colonia, y después no hemos
dejado de ser neocolonias del que no se tiene autoconciencia por el
eurocentrismo cultural de nuestros criollos (los mexicanos blanco
americanos hijos de españoles que quedan después en el poder hasta
el presente).
La plena
descolonización política, económica y cultural es necesaria en el
futuro después de 500 años de la Conquista. Debe ser un propósito
de la Cuarta Transformación.
¡Es tiempo ya que
el rey de España y el Papa romano pidan perdón, no sólo por medio
de palabras sino por actos objetivos, a los pueblos originarios por
el crimen de la Conquista! ¡Pero también que pidamos perdón los
criollos mexicanos, los blancos y principalmente los racistas a los
pueblos originarios cumpliendo con los acuerdos de San Andrés y
dando plena autonomía a los nobles y cultos herederos de las altas
culturas milenarias mesoamericanas!
Rusia y China dejaron claro esta semana que hay
que tomarlos en cuenta y son básicos para la solución de la crisis de
Venezuela. La línea de fuego la corrió Rusia, que hoy está en frente del
patio trasero de EEUU y el fantasma de la Crisis de los Misiles de
octubre de1962 atemoriza al mundo entero.
Los analistas y los
diplomáticos se mantienen alertas: EEUU perdió a Venezuela ya que Rusia
corrió la línea de fuego a Suramérica y el Caribe y la llevó al propio
territorio de los aliadosde Washington, tras obligar a salir a los
estadounidenses de Siria.
Desviando la atención de
Venezuela, EEUU rompió con décadas de consenso mundial y se convierte en
el primer país en reconocer la soberanía de Israel sobre una área siria
que ocupa desde 1967. El presidente Donald Trump, firmó un
decreto por el que reconoce oficialmente la soberanía israelí sobre los
Altos del Golán, medida que justificó por lo que calificó como las
agresivas acciones de Irán y de grupos terroristas contra Israel.
“Esto
es algo que debería haberse hecho hace muchas décadas”, dijo Trump al
rubricar la proclamación presidencial, junto al primer ministro de
Israel, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca. La ONU advirtió, sin
embargo, que la decisión estadounidense no cambia en absoluto el estatus
internacional de esta zona arrebatada a Siria en 1967.
Volviendo a
la crisis latinoamericano-caribeña, el gobierno chino replicó al
consejero de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton: "América
Latina no es propiedad de ningún país ni tampoco es el patio trasero de
ningún Estado", dijo el portavoz de la cancillería chinal Geng Shuang.
Bolton había declarado que "EEUU no tolerará la injerencia de potencias
militares extranjeras hostiles en los objetivos compartidos del
hemisferio occidental" en alusión a dos aviones de Rusia que llegaran a
Venezuela.
Washington insiste en que Latinoamérica y el Caribe es
su patio trasero y necesita a la región porque va perdiendo la
competición contra China y Rusia. Desconoce que los países son soberanos
e independientes y pueden decidir por ellos mismos con qué naciones
cooperar.
El gobierno estadounidense mantiene desde 2017 un
bloqueo financiero contra Venezuela que prohíbe las transacciones con el
gobierno de ese país y la petrolera estatal PDVSA (le congeló siete mil
millones de dólars yh bloqueó todas los pagos de empresas
estadounidenses por el petróleo venezolano) y en noviembre de 2018, la
Casa Blanca prohibió a sus compañías realizar transacciones con el oro
venezolano.
Sin dudas, la crisis en Venezuela responde a
intereses económicos y geopolíticos de EEUU, que usa al autoproclamado
presidente interino Juan Guaidó para llevar adelante sus apetencias,
recurriendo incluso a sanciones secundarias a países que no están en
conflicto con el gobierno constitucional de Caracas.
Estados
Unidos trató de dividir el mundo en una reunión en Roma entre su asesor,
el genocida Elliott Abrams y el viceministro de Asuntos Exteriores de
Rusia Serguéi Riabkov, en busca de una “solución para
Venezuela”, que pasó a ser protagonista en esta lucha por la hegemonía
mundial. Pero no hubo acuerdo alguno.
Riabkov, tras señalar la
"inadmisibilidad" de una intervención militar en Venezuela, dijo que “la
conversación fue difícil, pero franca” y agregó que “por nuestra parte
tenemos una mejor comprensión de la postura de EEUU al respecto”. Rusia
ya ha manifestado que no aceptaría una intervención militar en
Venezuela: esa misma semana arribaron a Venezuela dos aviones rusos que
transportaban personal y equipo técnico militar.
EEUU comprendió que
deberá sentarse con Putin a negociar y en ese diálogo Venezuela estará
en el medio. La ONU volvió a reconocer a Maduro como el legítimo
presidente y Washington debió llamar al jefe de las fuerzas militares
venezolanas para pedirle permiso para retirar a los últimos funcionarios
de lo que era su embajada y pidió ser escoltados hacia el aeropuerto .
Los
analistas señalan recientes hechos mundiales relacionados con Venezuela
que dejan claro que el país es hoy protagonista de un resurgimiento de
la llamada Guerra Fría entre las potencias, solo que esta vez no son dos
bloques, sino tres: Estados Unidos, Rusia y China., con una tensión
creciente alimentada por las políticas agresivas del gobierno de Donald
Trump.
En la reunión de la Organización de Países Productores de
Petróleo en Bakú, Arzebaijian, el ministro de Petróleo declaraba que
Venezuela dejaba de vender crudo a India concentrándose únicamente en la
venta de petróleo a China y Rusia. Lo cierto es que India recibió un
ataque desde Paquistán, orquestado por la CIA estadounidenses, para
“convencerlos” de no comerciar con Venezuela.
Paralelamente, el
gobierno chino negó la visa a Ricardo Hausmann, representante de
Venezuela designado por Guaido ante el Banco Interamericano de
Desarrollo, para participar en la asamblea del organismo en China. Más
allá del desconocimiento a Guidó, la reunión fue suspendida.
Hay
que recordar que los principales socios en el Banco Interamericano de
Desarrollo, dirigido por el neoliberal colombiano Moreno Ocampo, son
EEUU con 30%, Argentina y Brasil con 11 cada uno, la Unión Europea con
10% : todos ellos habían manifestado el apoyo incondicional a Guaidó y
Hausmann, un exministro de Carlos Andrés Pérez (depuesto por corrupción)
y funcionario de organismo internacionales..
En este ajedrez
geopolítico mundial, no se puede olvidar que en EEUU existe una gran
polémica interna por la supuesta intervención de Rusia en las elecciones
del 2016 –las investigaciones del fiscal no hayan encontrado pruebas de
la presunta conspiración- y que luego del fracaso de las reuniones con
Corea del Norte y el tema del muro fronterizo con México, Trump arriesga
mucho en un acuerdo comercial con China.
Venezuela firmó con
Rusia un contrato de casi 300 mil millones de dólares para el suministro
de petróleo pagado por adelantado y otro por 40 mil millones de dólares
con los chinos por el petróleo.
Obviamente, a Washington poco le
interesa el pueblo venezolano. De lo intenta es el asalto de los más de
300.000 millones de barriles de la reserva petrolera prioritaria del
mundo. Pero la historia reciente muestra que EEUU no han podido ganar
una intervención solos (lo han hecho con aliados y al momento de
repartir el botín el fracaso fue nefasto, ejemplo en Irak y Libia).
Estados
Unidos perdió la vía diplomática que desechó desde el principio y,
siguiendo la lógica geopolítica, sólo le resta la guerra. No tiene
margen de maniobra mayor de Naciones Unidas, y donde Rusia y China
cuentan con poder de veto y también suma en contra a los países que han
sufrido impacto por intervenciones de la OTAN.
Colombia (socia de
la OTAN), que hasta intentó coparticipar en una invasión a Venezuela,
es la más preocupada hoy. El poder militar venezolano, superior al
colombiano, se ve ahora reforzado por el apoyo ruso, y Bogotá teme que
el conflicto se desplace de la frontera norte a la retaguardia
colombiana, explotando eventualmente en alguna base propia o
estadounidense.
Estados Unidos es consciente que Venezuela con el apoyo ruso y chino, no es Panamá, Granada, Irak o Libia. Álvaro Verzi Rangel:
Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y
Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El intenso debate en torno a la
creación de la Guardia Nacional, aprobada el 28 de febrero por el
Congreso de la Unión con un consenso generalizado también entre la
opinión pública, se redujo a dos puntos esenciales que, por lo menos al
nivel político, ya fueron resueltos. Primero, el Ejército, que aún
conduce tareas de seguridad en numerosas ciudades y regiones del país,
volverá a sus cuarteles en un plazo de cinco años. Y segundo, la Guardia
Nacional –adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana– obedecerá a un mando civil y sin fuero castrense para los 35
mil elementos de la Policía Militar y los 8 mil de la Policía Naval,
quienes junto con agentes de la Policía Federal y nuevos reclutas
integrarán un cuerpo de 80 mil oficiales a finales de 2019.
Aunque estos puntos son cruciales para garantizar el proceso de
desmilitarización de la seguridad pública del país, es necesario
examinar otro aspecto clave en la creación de la Guardia Nacional: la
cancelación del discurso oficial que durante 12 años de supuesta “guerra
contra el narco” movilizó a las Fuerzas Armadas por todo el territorio
nacional justificando incluso crímenes de lesa humanidad.
En una forma de reiterada narrativa que criminalizó a los sectores
más vulnerables del país, ese discurso de guerra legitimó el terrible
saldo de más 272 mil asesinatos y más de 40 mil desapariciones forzadas
en México.
Ahora que sabemos con mayor certeza que la violencia atribuida a los
“narcos” es resultado directo de la estrategia de militarización para
supuestamente combatirlos, tenemos el reto de exigir un lenguaje de
pacificación que impida a este y a cualquier otro gobierno la creación
de nuevos enemigos domésticos; que imposibilite, en suma, una nueva
declaración de guerra en contra de la sociedad.
Independientemente de afiliaciones políticas, los críticos de las
primeras propuestas para la creación de la Guardia Nacional externaron
en su momento, no sin razón, el temor de revivir la profunda herida
social de la siniestra “guerra contra el narco”. Sus objeciones marcaron
con claridad los peligros que conlleva dejar en manos de soldados
tareas de seguridad pública que siempre debieron estar bajo una
autoridad civil.
“Desmilitarizar militarizando no parecía la mejor receta porque
remite a una medicina que no funcionó: la política criminal de los
expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto –valorada por el
crecimiento de las muertes violentas, las ejecuciones extrajudiciales y
las desapariciones forzadas– implicó un trágico desastre”, observó el
académico y periodista Ricardo Raphael.
Pero aun con un mando civil y con el Ejército emplazado para regresar
a los cuarteles, es válido señalar, con el analista de seguridad Jaime
López Aranda, que el esquema de la Guardia Nacional recién aprobado
“operativamente no cambia nada”, pues se trata de una corporación
híbrida compuesta por soldados y policías que, según él, será “la misma
gente que va a hacer exactamente lo mismo”.
Aunque merecen ser considerados con seriedad, todos estos reparos
permanecen, en mi opinión, en la superficie del problema real: el
discurso de guerra que ha fundado el estado de excepción en México. Como
explica Giorgio Agamben, el estado de excepción es la función
constitutiva de todo Estado moderno, la condición que permite el
desborde entre lo inscrito en el derecho y el evento que no puede ser
anticipado por la ley.
Ese es el punto ciego de mucha de la crítica, pues sin detenerse en
el realismo político del estado de excepción y su discurso de guerra,
limita su reclamo a la constitucionalidad de la Guardia Nacional y a la
impunidad de los militares suplementando la función de las policías
civiles; es decir, al borde mismo del estado de excepción, pero sin
adentrarse en él.
Agamben muestra que el estado de excepción –a la vez dentro y fuera
de lo establecido por una Constitución– es “aquello que funda el nexo
entre violencia y derecho y, a la vez, en el punto en el cual se vuelve
‘efectivo’ aquello que rompe este nexo”. En otras palabras, la pregunta
de fondo no se reduce al hecho de mantener o no al Ejército a cargo de
la seguridad pública del país. El problema de raíz tampoco se localiza
en la constitucionalidad de un mando militar o civil, temporal o
permanente.
La militarización, si hemos comprendido bien las lecciones históricas
de nuestra política de seguridad nacional, ha sido la forma más
reciente del estado de excepción, pero no su contenido. Este último no
reside en los mandos militares sino en el Poder Ejecutivo, en la razón
de guerra que se dicta a los soldados y en la construcción simbólica del
enemigo que se dice combatir.
La “guerra contra el narco” produjo ríos de sangre no por haber sido
ejecutada por militares, sino porque los militares fueron
instrumentalizados por el Poder Ejecutivo para ocupar el territorio
nacional en contra de un enemigo cuidadosamente confeccionado para ser
exterminado sin consideración legal, ética o política alguna. Dicho de
otro modo: la estrategia de militarización se basó en la invención de la
guerra que, como advirtió el propio Felipe Calderón desde el primer día
de su gobierno, sería larga, costosa, destructiva, implacable.
Un estudio mostró que los índices de letalidad de las Fuerzas Armadas
mexicanas entre 2008 y 2011 rebasaban los de la Policía Militar en
Brasil aun en sus más brutales operativos de exterminio en las favelas
de Río de Janeiro. Quedó evidenciado así el recurrente uso del asesinato
extrajudicial como método normalizado entre los soldados mexicanos.
Pero la letalidad de las Fuerzas Armadas en México fue apenas el
efecto, no la causa. “Un discurso de ‘guerra’ en contra de la
delincuencia que en el caso mexicano fue impulsado desde el propio
Ejecutivo federal y apoyado por buena parte de los actores políticos,
económicos y sociales del país” fue la razón fundamental de la oleada de
violencia. “Este discurso ha adoptado características del derecho penal
del enemigo”.
Así lo comprobaron los periodistas Daniela Rea, Mónica González y
Pablo Ferri en su extraordinaria investigación sobre la “cadena de
mando” establecida entre militares. Un soldado entrevistado resume el
terrible contenido de ese discurso durante los años de la “guerra contra
el narco”:
Tu enemigo es el sicario, es el narco. Te enseñan lenguaje corporal
para saber identificarlos, te dicen algunas señas. Al principio (los
narcos) traían camionetas o carros con potencia de arranque, de ocho
cilindros. Después todo eso cambió para despistarnos, ya andaban en
motos, en coches de cuatro cilindros. Después nos la cambiaron, andaban
una pareja con un niño, ya era bien difícil identificar a la maña. Antes
ocupaban al típico pelón, tatuado, rapado, después nos la cambiaron con
playeritas polo, bien cortaditos del pelo, los que eran sicarios de
élite.
Hasta donde podemos constatar, ese lenguaje está siendo transformado
tanto en materia legal como política. Los integrantes de la Guardia
Nacional, según se explicita en el dictamen aprobado por el Congreso de
la Unión, “se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a
la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al
imperio de la ley, al mando superior y en lo conducente a la perspectiva
de género”.
Por otra parte, y aunque no del todo exenta de ambigüedad e
imprecisión, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha
articulado también un cambio de paradigma en su plataforma de seguridad
que podría neutralizar el violento espacio de guerra construido por la
militarización de los gobiernos anteriores.
El Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado por el equipo de
transición de AMLO anunció el rechazo al prohibicionismo estadunidense
como problema de “seguridad nacional” para, en cambio, promover un
proceso de pacificación general de la sociedad considerando el tráfico
de drogas como un mero problema de salud pública.
“La única acción realista para reducir los niveles de consumo de
drogas reside en reorientar de manera negociada y bilateral los recursos
actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas
–masivos, pero personalizados– de reinserción y desintoxicación.”
Luego, desde agosto de 2018, la actual secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, propuso despenalizar la mariguana y la amapola
para la producción y consumo de drogas con fines medicinales. El
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño,
refrendó a su vez la propuesta ante gobernadores del país convocados por
el Consejo Nacional de Seguridad Pública –el órgano superior del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, encargado de establecer políticas
de seguridad– el 25 de enero de 2019.
“Más allá del narcotráfico y el crimen organizado, la vida del
ciudadano está impactada por los delitos del orden común”, dijo Durazo
Montaño. “Proponemos pasar de un concepto militar de combate a la
violencia a uno de carácter consistente en construir la paz a partir de
garantizar empleo, salud, bienestar y educación, especialmente en las
comunidades donde los criminales se han convertido en la autoridad”.
Esta transformación del discurso de “seguridad nacional”, que no debe
subestimarse como algo meramente simbólico, llegó a su punto más
relevante con una rueda de prensa mañanera del 31 de enero de 2019,
cuando AMLO anunció el fin de la política antidrogas de los gobiernos
anteriores: “Ya no hay guerra (contra el narcotráfico), oficialmente ya
no hay guerra. Nosotros queremos la paz y vamos a conseguirla”.
(La aparente contradicción de AMLO al pronunciarse a favor de un
mando militar para la Guardia Nacional podría explicarse, como lo hace
Jorge Volpi, suponiendo que los congresistas de Morena votaron por un
mando civil con el consentimiento implícito del presidente y como parte
de “un meticuloso plan para arrebatarles (a los militares) la seguridad
pública sin perder su apoyo”).
De este modo, sin la construcción simbólica de ese ubicuo “narco” que
se extrapolaba a casi cualquier ciudadano del país, la violencia podría
disminuir aún con el Ejército patrullando en las calles porque
carecería precisamente de un escenario de guerra y de un enemigo
doméstico a combatir. Esto dependerá, desde luego, de que este nuevo
lenguaje funcione verdaderamente como el principio rector del
entrenamiento y las estrategias de operatividad de la Guardia Nacional.
En tanto, quienes insisten en que el problema esencial es la
militarización por si sola, pueden remitirse a los sistémicos abusos
policiales que cotidianamente martirizan la vida de la población negra e
hispana minoritaria en Estados Unidos. Sin militares de por medio, el
alarmante número de asesinatos de ciudadanos desarmados se debe en buena
medida a una codificación simbólica del negro y del hispano
precarizados como enemigos del orden social.
En ese contexto, el mando civil tiene escasa relevancia entre
corporaciones policiacas con altos grados de impunidad, con deliberadas
políticas de ocultamiento de información sobre los asesinatos de civiles
y con una continua militarización de sus agentes por medio de
entrenamiento y equipo proveniente de las zonas de guerra controladas
por el ejército estadunidense.
Intercambiar militares por policías con un mando civil o militar en
nuestro país, igualmente acostumbrado a la impunidad policiaca y militar
como expresión normalizada del aparato judicial, no hará mella en la
ola de violencia si primero no cambia nuestra percepción de aquellos a
quienes nos hemos acostumbrado a imaginar como enemigos de la sociedad
(“narcos”, migrantes indocumentados, “huachicoleros”, pandilleros,
etcétera) negándoles el derecho a la ciudadanía que nos apresuramos a
defender para nosotros mismos.
El filósofo francés Étienne Balibar concibe los procesos de
emancipación no como el desarrollo depurado de un mejor gobierno
estructurado en nobles políticas de bienestar social. De hecho, explica,
“la historia entera de la emancipación no está tanto en la historia de
los reclamos de derechos desconocidos sino en la verdadera lucha por
gozar de los derechos que ya se han declarado. Y agrega: “la batalla en
contra de la negación de la ciudadanía es de hecho el corazón vital de
las políticas de emancipación”.
Sin un discurso de guerra, ya no habrá un enemigo doméstico
supuestamente acechándonos en las orillas de la sociedad civil.
Completemos el proceso de pacificación impidiendo que el Estado declare
otra vez su violencia en contra de quienes no podrán defenderse, de
quienes de hecho no pudieron defenderse en los últimos 12 años: los
pobres, los desplazados, los que no recibieron una educación, los faltos
de recursos, y luego, trágicamente, de futuro. Obliguemos a la Guardia
Nacional a reconocer para todos, sin excepción, las garantías de una
misma ciudadanía en tiempos de paz.
____________ * Oswaldo Zavala es periodista y profesor investigador en la City
University of New York (CUNY). Parte de esta reflexión proviene de su
más reciente libro Los cárteles no existen. Narcotráfico y cultura en
México (Malpaso 2018). Twitter: @oswaldo_zavala. Publicado en la edición 2211 de Proceso
1 “Guardia Nacional contará con 80 mil oficiales para fin de año, prevé Durazo”, Notimex (28 de febrero, 2019).
2 Isaí Lara Bermúdez, “150 mil 992 ejecutados: la herencia de Peña”, Zeta (3 de diciembre, 2018).
3 Véase, entre otros estudios: Valeria Espinosa y Donald B. Rubin,
“Did the Military Interventions in the Mexican Drug War Increase the
Violence?”, The American Statistician, 69.1 (2015): 17-27.
4 Ricardo Raphael, “Guardia Nacional: ¿desmilitarizar militarizando?”, Proceso (15 de enero, 2019).
5 Kirk Semple y Paulina Villegas, “México aprueba una Guardia
Nacional de sesenta mil elementos que, según sus críticos, es más de lo
mismo”, The New York Times (1 de marzo, 2019).
6 Giorgio Agamben, Estado de excepción. Homo sacer II, I (Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2005, p. 15).
7 “Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que
tomará tiempo, que costará mucho dinero e incluso, por desgracia, vidas
humanas. Pero ténganlo por seguro: ésta es una batalla en la que yo
estaré al frente, es una batalla que debemos librar y que unidos los
mexicanos vamos a ganar a la delincuencia”. “Presidente Calderón:
discurso completo en el auditorio”, El Universal (1 de diciembre, 2006).
8 Carlos Silva Forné, Catalina Pérez Correa y Rodrigo Gutiérrez
Rivas, “Índice de letalidad 2008-2014: menos enfrentamientos, misma
letalidad, más opacidad”, Perfiles Latinoamericanos (25.50. Flacso
México, pp. 331-359, p. 334).
9 Daniela Rea, Mónica González y Pablo Ferri, Cadena de mando (cadenademando.org.).
10 “El Senado aprueba por unanimidad la creación de la Guardia Nacional con mando civil”, Animal Político (21 de febrero, 2019).
11 Andrés Manuel López Obrador, “Plan nacional de paz y seguridad. 2018-2024”, Transición.mx, 2018.
12 Idem, pp. 8-9.
13 “El próximo gobierno planteará a la ONU despenalizar drogas: Sánchez Cordero”, Proceso (22 de agosto, 2018).
14 Dennis A. García y Fabiola Martínez, “Cesará persecución a
consumidores de droga: Durazo Montaño”, La Jornada (25 de enero, 2019).
15 Rubén Mosso y Jannet López, “Ya no hay guerra: AMLO”, Milenio (31 de enero, 2019).
16 Jorge Volpi, “Civil”, Reforma (23 de febrero, 2019).
17 Germán López, “American police shoot and kill far more people
than their peers in other countries”, Vox (14 de noviembre, 2018).
18 Étienne Balibar, Politics and the Other Scene (New Yok: Verso, 2002, p. 6).
Washington, D.C.— Andrés Manuel López Obrador me hace recordar al Rey
Canuto, el Príncipe de los Mares, quien según la leyenda promulgó una
ley para regular el movimiento de las mareas y tratar luego de
detenerlas alzando su mano sobre las olas. “…Ordeno al mar que no toque
el borde de mi túnica”, dijo, y con firmeza plantó el trono en la orilla
del mar, y se sentó. Una ola llegó y mojó su túnica. “El mar no me
obedece. El mar obedece sólo a Dios, como lo hace el sol, la luna y las
estrellas,” exclamó. López Obrador no puede alzar su mano sobre las
olas del neoliberalismo y hacer que la marea arrase los cimientos sobre
los que está sólidamente cimentada la economía mexicana. Por lo tanto,
su edicto de abolición del modelo neoliberal–que dio a conocer en un
acto protocolario en Palacio Nacional el domingo–debe entenderse más
como un intento por ganar la narrativa evocando un epíteto que enarboló
la izquierda para descalificar a sus adversarios políticos en los
noventa y menos como una declaración vinculante. Si fuera algo más que
retórica, hubiera validado el anuncio con un plan para nacionalizar la
banca nacional en manos de extranjeros. Cuando México liberalizó los
servicios financieros en 1993 en preparación a la entrada en vigencia
del TLCAN salinista, la propiedad extranjera de los bancos aumentó en 85
por ciento en 10 años, pero los prestamos a las empresas mexicanas
cayeron 10 por ciento del PIB. Actualmente, los capitales extranjeros
son dueños de casi todos los bancos. Al vendérselos a Wall Street,
México perdió la capacidad de decidir sus finanzas y su balanza de pago.
Renunció a su derecho soberano a decidir el modelo económico a seguir.
Si fuera algo más que retórica, AMLO también hubiera anunciado el retiro
de México del recién renegociado TMEC que encarna el neoliberalismo
económico y el capitalismo de libre mercado que paradójicamente pretende
rescindir. Una de las metas prioritarias del Gobierno es lograr la
ratificación en el Senado de Estados Unidos de dicho proyecto
neoliberal. Si, como dicen los críticos, el libre comercio devastó el
campo mexicano y amplió la brecha entre ricos y pobres, entonces su
incondicional respaldo al TMEC es incompatible con sus políticas de
bienestar para los trabajadores y mayor equidad en el ingreso.
“Me parece que está haciendo una declaración política—enviando un
mensaje a sus simpatizantes más fervientes”, me dijo Michael Schifter,
Presidente del Diálogo Interamericano, “no basta con decirlo para que
suceda. El neoliberalismo se ha vuelto el grito de guerra y una palabra
en código para describir todos los males del capitalismo. A estas
alturas no tiene mucho significado”.
En términos similares se expresó Tony Payan, Director del Centro México
del Instituto para Políticas Públicas James A. Baker III de la
Universidad de Rice. “Ningún ‘-ismo’ se declara vivo o muerto. Es una
estrategia meramente retórica y no ayuda a nada. Los verdaderos cambios,
o son revolucionarios–algo que no veo aquí–o son evolucionarios. Es
decir, se dan con el tiempo y paulatinamente, conforme se integran
políticas públicas que tienen proponentes y detractores”. Payan advierte
que cambiar un sistema económico significa “trastocar muchos intereses y
las alternativas son: o se negocia con los detractores o se les
reprime. Aquí hay tentaciones que van más allá de la retórica.”
Payan ve otra riesgo en el mensaje de López Obrador contra el
neoliberalismo: pensar que sólo el Gobierno puede producir crecimiento y
que la iniciativa privada—donde están los personajes centrales del
neoliberalismo–no puede contribuir al crecimiento. “La experiencia
histórica, sin embargo, nos enseña que el mejor modelo de crecimiento, y
el más justo, es uno en donde la iniciativa privada hace su trabajo, es
decir, invierte en la economía y crea empleos, y el Gobierno hace el
suyo, es decir, regula el mercado, desmantela los monopolios y los
oligopolios, provee los bienes que la iniciativa privada no puede o no
quiere, e implementa políticas fiscales que redundan en una
redistribución de la riqueza nacional. Reconvertir al Estado en
inversor, productor, distribuidor, consumidor, patrón y empleador es
algo que ya sucedió en el Siglo XX y que no ha funcionado”. Payan
reconoce que el neoliberalismo falló. Sin embargo, matiza “el
neoliberalismo es el ejercicio excesivo de la libertad económica, sobre
todas las otras libertadas y sobre la justicia misma. Pero pretender
contraponer al Estado, o una economía dirigista, como alternativa al
liberalismo equilibrado, me parece que es un retroceso”.
En diciembre, durante su discurso inaugural, AMLO culpó a las “políticas
neoliberales” por los males de México y acusó a los gobiernos del
“periodo neoliberal” de cumplir las “recetas que enviaban desde el
extranjero”, presuntamente Wall Street y el FMI donde, denunció, “se
definía la agenda nacional y se imponían las políticas públicas…”. Creer
que todo se nos impone desde fuera puede ser un espejismo. Carlos
Salinas de Gortari, el padre del neoliberalismo criollo, fue quien
despachó a José Córdoba Montoya a Washington a suplicarle a George Bush
padre negociar el TLCAN. “Fueron políticas impulsadas por los mexicanos,
no al revés”, me dijo Shannon O’Neil, especialista sobre México en el
Consejo de Relaciones Exteriores.
