Reconstruir el Estado

Alejandro Nadal

En 1981 la señora Margaret Thatcher explicó en una entrevista al periódico londinense Sunday Times: La economía es el método, el objetivo es cambiar el corazón y el alma de las personas. Para la entonces primera ministra el nuevo orden moral del neoliberalismo estaría cimentado en el individualismo y el interés personal como motor de la vida social. El alma de los miembros de la sociedad debía estar basada en las reglas y principios de ese egoísmo que define a los agentes de la teoría económica convencional.

No hay que subestimar la retórica de la señora Thatcher. Durante los 11 años que se mantuvo en el poder, cambió a Inglaterra para siempre. Y parte de su legado es que la agenda y la ideología del neoliberalismo invadieron las principales economías del planeta. Si hoy buscamos comprender por qué florecen la corrupción y el fraude, hay que voltear la mirada hacia esa ideología del neoliberalismo. Después de todo, el corazón al que se refería Thatcher está animado por las normas y valores del egoísmo y el materialismo individual.

En la esfera de la política económica el corolario de la ideología del neoliberalismo es que la regulación sobre la vida económica debe eliminarse y que el Estado debía reducirse a su mínima expresión. Por eso, después de tres décadas de sufrir una de las versiones más fanáticas de neoliberalismo en el mundo, el Estado mexicano necesita transitar por un proceso de reconstrucción. No es que el Estado haya sido desmantelado por completo, pero sí ha atravesado una larga etapa de debilitamiento y muchas de las instancias que han sobrevivido se encuentran atrofiadas. En México, el neoliberalismo alcanzó uno de sus principales objetivos: desarmar las instancias públicas que desempeñan un papel clave en la vida económica.

Para debilitar el Estado mexicano fue necesaria una acción deliberada y sistemática que remplazó las prioridades del desarrollo por la supuesta eficiencia de las fuerzas del mercado. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se estableció una Unidad de Desregulación Económica (UDE), adscrita a la antigua Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Este no es el único ejemplo, pero sí uno de los más significativos sobre el desmantelamiento del Estado mexicano. En teoría, la UDE debía eliminar los trámites engorrosos e inútiles que actuaban como obstáculo para la actividad económica. En la práctica, la UDE llevó a cabo una tarea más profunda de supresión sistemática del marco regulatorio en un amplio abanico de sectores y actividades de la economía. En el corazón de su mandato estaba la eliminación del papel rector que tenía la esfera pública sobre el proceso de desarrollo económico.

Más tarde, en 1999, se creó la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), dependiente de la Secretaría de Economía. Entre las funciones de ese organismo se encuentra administrar el Sistema de Manifestación de Impacto Regulatorio. A la fecha, el mandato de ese organismo es garantizar que los beneficios de cualquier nuevo instrumento regulatorio sean superiores a sus costos. En síntesis, se busca que el marco regulatorio no estorbe el eficiente funcionamiento de los mercados.

Aquí yace la esencia de las reformas introducidas en los pasados tres decenios. En apariencia son de índole administrativa, pero en el fondo modifican radicalmente la relación existente entre Estado y economía. Junto con otras prioridades de política macroeconómica, así como la apertura comercial, esta desregulación colocó el mercado en el centro de la vida social y lo consagró como el dispositivo social más importante. El funcionamiento eficiente de los mercados es el bien supremo al que debía subordinarse la sociedad entera.

Las unidades de mejora regulatoria carecen de herramientas analíticas serias para aplicar su mandato. Normalmente utilizan estudios de costo-beneficio, pero ese enfoque está plagado de problemas: su punto de partida es que los mercados son eficientes. Por eso se busca comparar el costo de la regulación con los beneficios del mercado sin restricciones. La conclusión ya está escrita antes de que comience el análisis: lo recomendable es una regulación minimalista para no distorsionar los procesos eficientes del mercado.

En síntesis, el objetivo central de la mejora regulatoria fue eliminar o reducir drásticamente la conducción de una política de desarrollo económico. Los resultados están a la vista. La economía mexicana se mantuvo en estado letárgico y las fuerzas económicas que debían impulsar el desarrollo no acudieron a la cita.

Las elecciones del domingo pasado demostraron que la mayoría del electorado rechaza este proceso de destrucción del espacio público y prefiere la promesa de la construcción de un Estado democrático. El electorado ha comprendido la lección histórica: corrupción y neoliberalismo van de la mano. No hay rodeos: no se podrá extirpar la corrupción si se deja intacto el entramado del neoliberalismo y su ideología.