La megaminería depredadora frente a la cuarta República

Juan Carlos Ruiz Guadalajara*

 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó en 2014 su libro Neoporfirismo. Hoy como ayer, se trata de una revisión histórica del régimen político y económico que en México ejerció Porfirio Díaz entre 1876 y 1910, pero también de una interpretación del actual régimen neoliberal mexicano visto en el espejo de aquella época. En su visión histórica, AMLO concluyó que la enseñanza mayor del modelo económico porfirista es que la apuesta al progreso material, sin justicia, nunca será una opción política viable y siempre estará condenada al fracaso. Para el autor, el porfiriato se caracterizó por la entrega de los recursos naturales y humanos del país al vandalismo y explotación que ejercieron inversionistas, predominantemente extranjeros y sus aliados mexicanos, a los que se sumaron grupos de intermediarios políticos y traficantes de influencias, quienes alabaron el poder dictatorial de Porfirio por su capacidad para garantizar el saqueo y enriquecimiento de unos pocos.

Ese fue el caso de la minería metalífera. Entre 1884 y 1892 Díaz impulsó reformas al código minero para centralizar en manos del gobierno federal las decisiones sobre explotación de minerales, revocar las facultades de los estados para legislar en la materia, reducir impuestos a las mineras, simplificar la obtención de concesiones y ampliar la superficie territorial amparada por las mismas. La reforma final, nos dice AMLO, se dictó en 1892, cuando Díaz aprobó una nueva Ley Minera que otorgaba la propiedad segura, perpetua e irrevocable del subsuelo a particulares, y de paso quitó límites a la extensión territorial explotable. Cien años después, y sin considerar los sacrificios que hicieron generaciones de mexicanos en el siglo XX para detener la entrega y destrucción del país, los neoliberales encabezados por Carlos Salinas de Gortari impulsaron reformas legales que trajeron de regreso el despojo y el saqueo de nuestra nación.

Así sucedió con la nueva Ley Minera de 1992, cuyo artículo sexto definió como causa de utilidad pública la exploración, explotación y beneficio de minerales, actividades que además fueron de manera demencial declaradas como preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. La entrega de los minerales al gran capital financiero fue complementada con la nueva Ley de Inversión Extranjera y con la reforma al artículo 27 constitucional. La primera autorizó empresas mineras en México con ciento por ciento de capital foráneo, y la segunda vulneró las formas de propiedad social de la tierra, haciendo posible su conversión en propiedad privada sujeta a todo tipo de actos mercantiles, incluida su venta. Las consecuencias de esto han sido devastadoras para la biodiversidad y la viabilidad ambiental del territorio mexicano. AMLO lo expresó en su libro con estas palabras: en los últimos 30 años, también con reformas a la Constitución y a las leyes, y con la misma política entreguista, se han concesionado a particulares, principalmente a compañías extranjeras, sobre todo canadienses, 62 millones de hectáreas para la explotación minera, 30 por ciento del territorio nacional.

En su mayoría, dichas concesiones se han otorgado para proyectos de megaminería de tajo a cielo abierto para la obtención de oro y plata, metales cuyas últimas reservas se encuentran dispersas a manera de nubes de partículas contenidas en grandes volúmenes de subsuelo, y que sólo se pueden extraer mediante la destrucción y contaminación irreversible de miles de hectáreas de territorio. Ha sido tal la estela de violencia y destrucción generada por estos proyectos de muerte, que cientos de poblaciones han respondido con organización y resistencia activa para impedir que en sus territorios se implanten. Sin embargo, la resistencia a la megaminería depredadora en México ha tenido que luchar no sólo contra las trasnacionales mineras, sino también contra el régimen político neoliberal que las ha servido, al solaparles incluso delitos y violaciones a los derechos humanos.

¿Cuál será el futuro de la megaminería depredadora en el contexto del cambio político que impulsamos millones de mexicanos para lograr justicia, soberanía y erradicación de los proyectos de muerte? El mensaje sobre el advenimiento de la cuarta República no responde por el momento a la pregunta, si bien permite mantener la convicción de que la verdadera transformación dependerá de la sociedad civil. Por ejemplo, el Proyecto de Nación 2018-2024 reconoce como depredador el actual modelo extractivo minero, así como la necesidad urgente de una nueva Ley Minera hecha desde los pueblos. En otro documento se establece que la Cuarta República garantizará la justicia ambiental y tendrá como prioridad la conservación del territorio para el sustento y beneficio colectivo de la nación, además de que protegerá y defenderá a las comunidades afectadas por acciones que vulneren sus territorios.

En contraste, los mismos documentos plantean la necesidad de desarrollar la minería pero cuidando el medio ambiente (sic). Tal vez a eso responda el mensaje que, en representación de las principales mineras que operan en México, envió la Cámara Minera a AMLO ya como candidato ganador, al manifestarle su compromiso de trabajar en el diseño de una política minera de Estado para garantizar y estimular el desarrollo de la industria. Lo cierto es que para millones de ciudadanos, en la Cuarta República no existe espacio alguno para la megaminería depredadora. Es fundamental reiterarlo con firmeza en este Día mundial contra la megaminería de tajo a cielo abierto.

* Investigador de El Colegio de San Luis, AC.