Las Zonas Económicas Especiales y la represión a la CNTE

Agustín Ávila Romero

Ha pasado más de un mes y no hay diálogo ni menos solución a las demandas y movilizaciones del magisterio nacional, que se han dado en más de 27 estados de la república, pero que encuentran su mayor magnitud en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Como respuesta gubernamental los maestros han encontrado la violencia policiaca, la reiterada transgresión de sus derechos humanos y recientemente la detención de sus dirigentes. Ello junto con una campaña mediática ausente de ética y de principios periodísticos en los principales medios de comunicación del país, que recuerdan los ambientes autoritarios de las peores dictaduras del mundo.

Mucho se discute la ausencia de una verdadera reforma educativa y su uso laboral realmente. Poco se reflexiona finalmente sobre el papel de los maestros y maestras como formadores de una identidad nacional, de promotores de valores sociales como la solidaridad y la honestidad y como impulsores de una pedagogía comunitaria a favor de la autonomía y la autogestión territorial, precisamente, en estos espacios del sur-sureste de nuestro país donde predominan muchos grupos indígenas y la propiedad colectiva de la tierra.

Y es ahí donde toma relevancia la posibilidad de entender la cerrazón de la actuación gubernamental como parte de una necesidad de garantizar los flujos de capital que ya se impulsan en estas regiones y que vienen a generar profundas reconfiguraciones económicas y territoriales.

En esa estrategia la reciente aprobación y puesta en marcha de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (Publicada en el DOF el 01/06/2016)que otorga una serie de beneficios fiscales, aduaneros y financieros a las empresas que decidan hacer uso de la infraestructura que se encuentra en el Puerto Chiapas, el corredor Coatzacoalcos-Salina Cruz y el puerto de Lázaro Cardenas, forma parte de la estrategia de control, dominación y subordinación a cualquier acto de protesta social.

Ello puede ubicarse plenamente en un documento de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público(SHCP) conjuntamente con BANOBRAS, encargada la primera de los dictámenes de las ZEE´s, -al cual este articulista tuvo acceso- y que plantea claramente de que deben tomarse medidas fuertes en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán que permitan la seguridad y la estabilidad social. Para ello de manera coordinada la Secretaria de Gobernación (SEGOB) y la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) trabajan con el gabinete de Seguridad para contener y violentar cualquier manifestación social que dificulte la implementación de las Zonas Económicas Especiales.

Ya que dichas zonas no sólo vienen a entregar parte de nuestro territorio nacional a empresas extranjeras sino que sobre todo vienen a modificar la forma de vida campesina e indígena que se encuentra mayoritariamente en dichos estados de nuestro país. En ese sentido, maestros y maestras que promueven valores colectivos, el apego al territorio y prácticas culturales de reafirmación étnica y de relación armónica con la naturaleza son enemigos de este nuevo proceso de colonización y de cerco sobre los bienes comunes que se promueve desde el ejecutivo federal y sus grandes socios trasnacionales.

En el documento de la SHCP se reconoce que el Banco Mundial aporto elementos para reforzar la iniciativa de Ley, validar vocaciones productivas y conocer necesidades especificas de inversionistas potenciales. Y se señala que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no sólo esta apoyando el proceso de planeación de las Zonas Económicas Especiales en temas como el desarrollo urbano y las políticas públicas complementarias sino es el constructor de una estrategia de estabilidad social que garantice el flujo de las inversiones a las ZEE´s. Ello muestra la estrategia desarticuladora del movimiento social y por que se presenta con esta magnitud la criminalización de la protesta y la detención de los principales dirigentes magisteriales de la CNTE.

Es de llamar la atención que las Zonas Económicas Especiales implicarán también ordenamientos territoriales de las comunidades campesinas cercanas a la costa de Chiapas, Istmo de Tehuantepec y el puerto de Lazaro Cárdenas, en ello ya se contempla claramente propiedades mixtas de la tierra para los impulsos agroindustriales, mineros, hidro-energeticos y de construcción de infraestructura que ya se visualizan en el sur-sureste. Y que vienen a ubicar a estas regiones dentro de la estrategia extractivista para saquear sus minerales, petróleo, agua y fuerza de trabajo.

Para todo ese proceso de reconfiguración territorial y de acumulación por despojo que se viene, la existencia de una organización gremial como la CNTE que ahora suscita un amplio apoyo popular a sus demandas -debido a la brutalidad policiaca y a la negativa al diálogo del actual secretario de educación- es un estorbo.

Pero también los inversionistas de China, Estados Unidos, Medio Oriente y Europa interesados, deben poner atención al hecho de que la solución represiva y sangrienta de esta movilización social puede incendiar políticamente estas zonas y hacer que muchas de sus inversiones migren a naciones que puedan solucionar mediante el oficio político y la negociación los conflictos socio-territoriales.

La gran manifestación que se espera para el día 17 de junio en el zócalo de la ciudad de México debe alertar a los funcionarios gubernamentales sobre la necesidad de revisar su estrategia y evitar el desbordamiento social ante el hartazgo y la mala conducción económica y política del país. Aún hay tiempo para el diálogo y la solución justa. La polarización social y la campaña de odio que promuevan las televisoras puede tener consecuencias imprevistas y el descarrilamiento de las iniciativas económicas trasnacionales, habría que medir costos y beneficios.