Ayotzinapa, terror clasista II

Carlos Fazio

El Estado mexicano vive una profunda crisis. A raíz de los graves hechos de Iguala ha quedado exhibida, una vez más, la violencia de un Estado terrorista asentado en la cadena corrupción-impunidad-simulación. Con su sistema de tapaderas y su fachada seudodemocrática, el pacto de impunidad de la clase política le reventó en la cara a Enrique Peña Nieto, el estadista del año. La catástrofe humanitaria del calderonismo, profundizada durante su mandato, obligó al jefe del Ejecutivo a realizar operaciones de control de daños. ¿Objetivo? Eludir su responsabilidad en los crímenes de Estado y lesa humanidad configurados tras las ejecuciones extrajudiciales de seis personas, la práctica de la tortura y la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala.

Por acción u omisión, la responsabilidad del Eje­cutivo federal es ineludible. Según el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de abril, las fuerzas armadas, por sus características –entrenamiento, disciplina, inteligencia, logística, espíritu de cuerpo, movilidad y capacidad de respuesta y de fuego−, son el cuerpo necesario e indispensable para reducir la violencia y garantizar la paz social en México. Desde las 21 horas del 26 de septiembre el gabinete de Seguridad Nacional recibió reportes y comunicaciones sobre qué estaba ocurriendo en Iguala. La detención-desaparición de los 43 normalistas ocurrió con el conocimiento, en tiempo real, de agentes de la Procuraduría General de la República y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen/Gobernación), y los mandos de la Se­cretaría de la Defensa Nacional. No se puede argüir fallas de inteligencia; tampoco dudar de la movilidad y capacidad de respuesta del batallón de infantería 27 acantonado en esa ciudad desde los años 70. Es previsible que alguien haya informado al responsable de la cadena de mando y comandante supremo, el Presidente de la República.

Peña Nieto cambió la narrativa, pero no la esencia represiva del Estado y su gobierno. Huelga decir que la figura de la desaparición forzada, como instrumento y modalidad represiva del poder instituido, no es un exceso de grupos fuera de control, sino una tecnología represiva adoptada racional y centralizadamente, que entre otras funciones persigue la diseminación del terror. El Estado terrorista encarna una filosofía que aparece cuando la normatividad pública autoimpuesta por los que mandan es incapaz de defender el orden social capitalista y contrarrestar con eficacia necesaria la contestación de los de abajo. Por ende, debe incorporarse una actividad permanente y paralela del Estado mediante una doble faz de actuación de sus aparatos coercitivos: una pública y sometida a las leyes (que en México no se cumple) y otra clandestina, al margen de toda legalidad formal.

Es un modelo de Estado público y clandestino. Como un Jano bifronte. Con un doble campo de actuación, que adquiere modos clandestinos estructurales e incorpora formas no convencionales (o irregulares) de lucha. Un instrumento clave del Estado clandestino es el terror como método. El crimen y el terror. Se trata de una concepción arbitraria, pero no absurda. Responde a una necesidad imperiosa del imperialismo y de las clases dominantes. Aparece cuando el control discrecional de la coerción y de la subordinación de la sociedad civil ya no resulta eficaz. Cuando el modelo de control tradicional se agota y el sistema necesita una reconversión. No tiene que ver con fuerzas oscuras enquistadas en los sótanos del viejo sistema autoritario. Tampoco con grupos de incontrolados o algunas manzanas podridas dentro del Ejército y la policía.

Tiene que ver, fundamentalmente, con la reconversión del modelo de concentración del capital monopólico y la imposición de políticas de transformación del aparato productivo acorde con la nueva división internacional del trabajo. Y con la imposición del paquete de contrarreformas neoliberales, que incluye la apropiación de la tierra por grandes latifundistas y corporaciones trasnacionales que profundizarán el saqueo de los recursos geoestratégicos de la nación.

Pero el terror del Estado es también una respuesta al ascenso de las luchas políticas y reivindicativas de las masas populares; a la protesta de los de abajo, como la de los normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Frente a la resistencia y la contestación, los amos del país necesitan una adecuación del Estado represivo. Entonces aparece el terror como fuerza disuasoria. La otra faz del Estado, la clandestina. La que recurre a fuerzas paramilitares. A los escuadrones de la muerte. A los grupos de limpieza social y los sicarios. A la guerra sucia. A los fantasmas sin rastro que ejecutan operaciones encubiertas de los servicios de inteligencia del Estado. A fuerzas anónimas que gozan de una irrestricta impunidad fáctica y jurídica. Aparece la otra cara de un Estado que construye su poder militarizando la sociedad y desarticulándola mediante el miedo y el horror. De manera selectiva o masiva, según las circunstancias. Pero siempre con efectos expansivos, haciéndole sentir al conjunto social que ese terror puede alcanzarlo.

Iguala exhibe la cara oculta de un Estado que hace un uso sistemático, calculado y racional de la violencia, de acuerdo con una concepción y una ideología que se enseña en las academias militares. Que forman parte de una doctrina de contrainsurgencia. De la guerra sicológica que experimentó Estados Unidos en Vietnam, cuando la Operación Ojo Negro desplegada por escuadrones clandestinos puso en práctica la fórmula: contraguerrilla=demagogia+terror. En ese contexto, quedan para la reflexión o interpretación las palabras del secretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos, ante Peña Nieto en el Campo Militar número uno: no se puede combatir la ilegalidad con ilegalidad; las fuerzas armadas no pueden cometer actos propios de delincuentes.

Un Estado fallido planificado

Raúl Zibechi

El Estado se ha convertido en una institución criminal donde se fusionan el narco y los políticos para controlar la sociedad. Un Estado fallido que ha sido construido en las dos últimas décadas para evitar la mayor pesadilla de las elites: una segunda revolución mexicana.

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, grita María Ester Contreras, mientras veinte puños en alto corean la consigna sobre el estrado de la Universidad Iberoamericana de Puebla, al recibir el premio Tata Vasco en nombre del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), por su trabajo contra las desapariciones forzadas. La escena es sobrecogedora, ya que los familiares, casi todas madres o hermanas, no pueden contener llantos y lágrimas cada vez que hablan en público en el XI Foro de Derechos Humanos.

Nada que ver con la genealogía de las desapariciones que conocemos en el Cono Sur. En México no se trata de reprimir, desaparecer y torturar militantes sino algo mucho más complejo y terrible. Una madre relató la desaparición de su hijo, un ingeniero en comunicaciones que trabajaba para IBM, secuestrado por el narco para forzarlo a construir una red de comunicaciones a su servicio. “Le puede tocar a cualquiera”, advierte, diciendo que toda la sociedad está en la mira y que, por lo tanto, nadie debería permanecer ajeno.

Fundem nace en 2009, en Coahuila, y ha logrado reunir a más de 120 familias que buscan a 423 personas desaparecidas, que a su vez trabajan con la Red Verdad y Justicia, que busca a 300 migrantes centroamericanos desaparecidos en territorio mexicano. “Daños colaterales” los llamó el expresidente Felipe Calderón, tratando de minimizar la tragedia de las desapariciones. “Son seres que nunca tuvieron que haber desaparecido”, replica Contreras.

Peor que el Estado Islámico

Un comunicado de Fundem, con motivo de la Tercera Marcha de la Dignidad celebrada en mayo, destaca que “según la Secretaría de Gobernación, hasta febrero de 2013, se contaban 26.121 personas desaparecidas”, desde que Calderón declaró la “guerra al narcotráfico” en 2006. En mayo de 2013, Christof Heyns, relator especial de ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas dijo que el gobierno reconoció 102.696 homicidios en el sexenio de Calderón (un promedio de 1.426 víctimas por mes). Pero en marzo pasado, tras 14 meses del actual gobierno de Peña Nieto, el semanario Zeta contabilizaba 23.640 homicidios (1.688 al mes).

La cadena informativa Al Jazeera difundió un análisis donde se comparan las muertes provocadas por el Estado Islámico (EI) con las masacres del narco mexicano. En Irak, en 2014, el EI ha acabado con la vida de 9.000 civiles, en tanto el número de víctimas de carteles mexicanos en 2013 sobrepasó las 16.000 (Russia Today, 21 de octubre de 2014).

Los carteles llevan a cabo cientos de decapitaciones todos los años. Han llegado a desmembrar y mutilar los cuerpos de las víctimas, para después exponerlos para atemorizar a la población. “Con el mismo propósito, los carteles también atacan a niños y mujeres, y, al igual que el EI, publican las imágenes gráficas de sus delitos en las redes sociales”.

Muchos medios de comunicación han sido silenciados a través de sobornos o intimidaciones y desde 2006 los carteles han sido responsables del asesinato de 57 periodistas. El Estado Islámico asesinó dos estadounidenses, cuyos casos ganaron los grandes medios, pero pocos saben que los carteles mexicanos asesinaron 293 ciudadanos estadounidenses entre 2007 y 2010.

La pregunta no es, no debe ser, quiénes son más sanguinarios, sino porqué. Desde que sabemos que Al Qaeda y el Estado Islámico han sido creados por la inteligencia estadounidense, bien vale la pregunta sobre quiénes están detrás del narcotráfico.

Diversos estudios y artículos periodísticos de investigación destacan la fusión entre autoridades estatales y narcos en México. La revista Proceso destaca en su última edición que “desde el primer trimestre de 2013 el gobierno federal fue alertado por un grupo de legisladores, activistas sociales y funcionarios federales acerca del grado de penetración del crimen organizado en las áreas de seguridad de varios municipios de Guerrero”, sin obtener la menor repuesta (Proceso, 19 de octubre de 2014).

Analizando los vínculos detrás de la reciente masacre de los estudiantes de Ayotzinapa (seis muertos y 43 desaparecidos), el periodista Luis Hernández Navarro concluye que el hecho “ha destapado la cloaca de la narcopolítica guerrerense” (La Jornada, 21 de octubre de 2014). En ella participan miembros de todos los partidos, incluyendo al PRD, de centro izquierda, donde militaba el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, directamente implicado en la masacre.

Raúl Vera fue obispo en San Cristóbal de las Casas cuando la jerarquía decidió apartar de esa ciudad a Samuel Ruiz. Pero Vera siguió el mismo camino de su antecesor y ahora ejerce en Saltillo, la ciudad del estado de Coahuila de donde provienen varias madres que integran Fundem. Ellas no tienen local propio y reúnen en el Centro Diocesano para los Derechos Humanos. El obispo y las madres trabajan codo a codo.

En 1996 Vera denunció la masacre de Acteal, donde 45 indígenas tzotziles fueron asesinados mientras oraban en una iglesia de la comunidad, en el estado de Chiapas, entre ellas 16 niños y adolescentes y 20 mujeres. Pese a que la masacre fue perpetrada por paramilitares opuestos al EZLN, el gobierno intentó presentarlo como un conflicto étnico.

Controlar la sociedad

Por su larga experiencia, sostiene que la masacre de Ayotzinapa, “es un mensajito al pueblo, es decirnos: vean de lo que somos capaces”, como sucedió en San Salvador Atenco en 2006, cuando militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que participaban en La Otra Campaña zapatista, fueron brutalmente reprimidos con un saldo de dos muertos, más de 200 detenidos, 26 de ellas violadas. El gobernador a cargo del entuerto era Enrique Peña Nieto, el actual presidente.

Esos “mensajes” se repiten una y otra vez en la política mexicana. El padre Alejandro Solalinde, quien participó en el Foro de Derechos Humanos, coordina la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano y dirige un alberque para migrantes que pasan por México hacia Estados Unidos, asegura que recibió información de que los estudiantes fueron quemados vivos. Luego de ser ametrallados, los heridos fueron quemados, como le relataron policías que participaron en los sucesos y “reventaron por conciencia” (Proceso, 19 de octubre de 2014).

Si el modo de asesinar revela un claro mensaje mafioso, deben develarse los objetivos, hacia quiénes apuntan y porqué. La respuesta viene de la mano del obispo Vera. Destaca la íntima relación entre los carteles y las estructuras política, judicial y financiera del Estado, al punto que es imposible saber dónde comienza uno y acaba el otro. Constatar esa realidad lo lleva a asegurar que los dirigentes de su país “son el crimen organizado” y que, por lo tanto, “no estamos en democracia” (Proceso, 12 de octubre de 2014).

Pero el obispo enfoca su reflexión hacia un punto neurálgico que permite desatar el nudo. “El crimen organizado ha ayudado al control de la sociedad y por eso es socio de la clase política. Ellos han conseguido que el pueblo no se organice, no crezca”. Palabras más o menos, es lo mismo que ha señalado el subcomandante Marcos.

Por último, no se trata de una confluencia casual sino de una estrategia. Uno de sus constructores sobre el terreno, es el general Oscar Naranjo, quien fue uno de los más destacados “arquitectos de la actual narcodemocracia colombiana” bajo el gobierno de Álvaro Uribe, como lo denunciara Carlos Fazio (La Jornada, 30 de junio de 2012). Naranjo, un protegido de la DEA y “producto de exportación” de Estados Unidos para la región, se convirtió en asesor del gobierno de Peña Nieto.

Fazio destaca una información de The Washington Post donde el rotativo asegura que “siete mil policías y militares mexicanos fueron entrenados por asesores colombianos”. No hace falta hacer volar la imaginación para descubrir dónde se comenzó a fabricar el Estado fallido mexicano.

Pero hay más. “El gobierno de Estados Unidos ha ayudado a algunos cárteles a través de la Operación Rápido y Furioso”, por la cual “involuntariamente” dos mil armas fueron a parar a manos de los narcos, recuerda la página antiwar.com. Es posible, reflexionan sitios dedicados al análisis estratégico como el europeo dedefensa.org, que el caos mexicano sea favorecido por la creciente parálisis de Washington y la cacofonía que emiten sus diversos y contradictorios servicios. Sin embargo, todo indica que hay algo deliberado. Que pueda volverse boomerang a través de su extensa y porosa frontera, tampoco debería ponerse en duda.

Rector de la Universidad de Morelos llama a no votar en el 2015

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez llamó a los mexicanos a realizar “un boicot político” en las elecciones federales del 2015.

A continuación se reproduce el discurso íntegro pronunciado por el rector Vera Jiménez el miércoles 22 de octubre.

La comunidad universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ha tomado las calles de Cuernavaca y desde aquí, hermanada en una sola voz, con otras instituciones de educación superior en el país, más de 100, les expresa a los deudos de las 6 personas asesinadas en Iguala, el pasado 26 de septiembre, así como a los familiares, compañeros y amigos de los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa su más profunda solidaridad, y como bien lo expresó el Ejército Zapatista: su dolor es nuestro dolor, su rabia es nuestra rabia, sus exigencias son también las nuestras.

De manera especial, quiero enviar un saludo solidario y fraterno a la familia de José Luis Luna Torres, joven de 20 años, originario de Amilcingo Morelos y estudiante de la Normal “Raúl Isidro Burgos”, quien se encuentra entre los 43 desaparecidos.

Familiares de José Luis, familia Luna Torre, Marisol que estás aquí con nosotros, no estás sola, los universitarios de Morelos estamos con ustedes y con todas las víctimas del país, nos ponemos a sus órdenes para lo que necesiten y se les ofrezca, nos ponemos a sus órdenes para seguir luchando.

Ciudadanos de Morelos, colegas universitarios, jóvenes estudiantes.

Desde esta plaza pública exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales, la aparición con vida, ya, de los 43 jóvenes desaparecidos.

Exigimos también, el que se haga en este caso y en general en el caso de todas las víctimas que día a día se acumulan en las escandalosas cifras de desaparecidos y configuran una profunda emergencia nacional, justicia verdadera. Justicia para los familiares de Ricardo Esparza Villegas, alumno del Centro Universitario de Los Lagos, quien fue asesinado este lunes.

No nos van a callar, no nos van a desmovilizar, antes al contrario, junto con universidades hermanas, junto con estudiantes y jóvenes de todos los rincones del país, junto con la sociedad civil, nos daremos a la tarea de enfrentar la crisis de Estado en la que nuestro país está inmerso, dándonos desde abajo, nuevas instituciones.

Desafortunadamente los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, no son hechos aislados: “entre fines de 2006 y mediados de 2014 han desaparecido más de 22 mil personas en México. Es decir, llevamos poco menos de 8 años con un promedio de 240 desaparecidos al mes, lo cual equivale a un contingente como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa cada 6 días”.

Sin duda lo sucedido en Ayotzinapa es escalofriante, como lo es también lo sucedido en Tlatlaya, pero vistos en el contexto nacional no son particularmente excepcionales y ello es lo grave.

Ello es lo que nos indigna, ello es lo que no produce una profunda rabia, porque vemos que la clase política mexicana está más empeñada en defender sus cotos de poder, que en impulsar políticas que reviertan la dinámica de barbarie en la que nos encontramos.

La clase política se rasgó las vestiduras cuando se habló de que México era un Estado fallido y hoy, con los sucesos de Guerrero y antes en Michoacán y en Tamaulipas, y en el Estado de México, y en Veracruz y en nuestro propio Estado de Morelos, nos da elementos para afirmar que México es hoy, un narco Estado y no lo vamos a permitir.

¿Cuál es el terreno que ha permitido que la semilla del narco estado crezca y florezca en nuestro país?

La desigualdad, la impunidad y la corrupción.

En México, la población más rica obtiene 19 veces más ingreso, que el 10% de la población más pobre. Eso es inadmisible ya, eso es inaceptable, es en verdad indigna una clase política que camina por la izquierda y después cambia para tomar camino por la derecha, que no es capaz de llevar a buen puerto, políticas distributivas y revertir en sus condiciones y raíces la creciente desigualdad.

Es en verdad inaceptable que como sociedad estemos sepultando la fraternidad, la solidaridad, la generosidad, acicateados por la caca del diablo, el dinero.
Es en verdad inaceptable que como país, estemos condenando a nuestros niños y jóvenes a la desesperanza, a la miseria y a la frustración.

¡Ya basta!

“La impunidad en México es total”, tituló ayer el periódico español El Mundo a la nota en la que informaba a sus lectores sobre los acontecimientos en Iguala, Guerrero.

No está lejos de la verdad, la PGR afirma que en México quedan en la impunidad el 93% de los delitos. A ello hay que añadir que el 92 % de los delitos no se denuncia.

Es en verdad una verdadera catástrofe, es la prueba fehaciente de que hoy en México, no hay Estado de Derecho, ¡Basta ya de simulaciones y mentiras!

Nuestra convivencia está seriamente lastimada por la impunidad y en especial la impunidad de quienes han propiciado el estado de cosas que hoy vivimos. Combatir la violencia con violencia es en verdad un despropósito, es querer apagar el fuego con gasolina.

Revelémonos en contra de la impunidad, no permitamos que se diluyan en la palabrería demagógica de la clase política y de los partidos que los cobijan, exijamos que quienes tienen responsabilidades, bien sea por un actuar ilícito, bien sea por omisión, reciban castigo. Y las víctimas de los familiares justicia verdadera.

No basta pedir perdón, hay que aceptar las responsabilidades y someterse al imperio de la ley. Es claro hoy, que en lo de Iguala hay muchos políticos omisos. Exigimos sean llevados ante la ley.

En el 2013, México se ubicó en la posición 106 de 177 países en la percepción de la corrupción.

Entre los países que integran la OCDE, México se ubica en la última posición de la tabla en materia de corrupción, por debajo de países como Italia y Grecia.

La corrupción en nuestro país es una verdadera gangrena que ha corroído la trama institucional y ha contaminado de manera brutal la relación de los ciudadanos con los gobernantes, con la clase política.

“El que no transa no avanza” decimos con cínica picardía los ciudadanos, pero la clase política en este país lo ha tomado como el lema de su actuar cotidiano.

¡Ya basta! México y los mexicanos no nos merecemos gobiernos y políticos tan corruptos como los que tenemos.

¡Ya basta! la corrupción es el agua que riega las semillas de la impunidad y es la impunidad la patente de corso para delinquir.

“La corrupción legalizada –dice Edgardo Buscaglia– es el aparato circulatorio de la delincuencia organizada y es lo primero que hay que cambiar”.

Desigualdad, impunidad y corrupción son sin lugar a dudas, los problemas estructurales que configuran la emergencia nacional en la que estamos inmersos.

Las fosas que a propósito de los hechos en Iguala el pasado 26 de septiembre, han aparecido, le dan la razón al Padre Solalinde, quien expresó en días recientes en la Ciudad de Puebla: “En este sistema económico político la gente no vale, no importa, y sólo es un instrumento para generar riqueza. Al mismo tiempo, vemos una degradación política. Vemos una función pública que va por el poder y el dinero. Vemos un país que es una fosa común general. Por donde rasquen, vemos muertos”.

Como dice el compañero Javier Sicilia: ¡Ya basta, estamos hasta la madre!

Y si los políticos no lo entienden y si los políticos no lo quieren entender porque en su decir cuentan con indicadores y encuestas que les muestran que las cosas marchan bien, que con su pan se lo coman.

Es hora de que los ciudadanos, de cara a las próximas elecciones de 2015, empecemos ya, a explorar alternativas.

Convoquemos a un gran debate nacional, convoquemos a múltiples movilizaciones nacionales que se ocupen del tema y, si la voluntad de los ciudadanos, nuestra voluntad, es ausentarnos de las urnas, hagámoslo, hagámosles a los políticos, un boicot político, un paro político, dejémoslos con su boletas y sus urnas, no nos convirtamos en cómplices, no los legitimemos. A los rectores de las más de 100 universidades les invito a que no aceptemos cargos de elección popular, que no nos hagamos cómplices. Compañeros rectores no aceptemos sus migajas sigamos luchando desde nuestra trinchera de la educación y el desarrollo de nuestro país, por nuestros jóvenes sigamos con el lápiz y el papel luchando para sacar adelante este país.

Hago mías las palabras de Edgardo Buscaglia y propongo que ustedes también se apropien de ellas: “Este tsunami de sangre ha despertado a la sociedad civil en México, ¬–dice Buscaglia– pero hay que ir más allá de pedir justicia por la tragedia en Iguala; hay que prevenir que más masacres ocurran. Hay que rescatar al Estado de los gobernantes que lo han secuestrado. Se trata de salvar vidas y para ello se necesita un movimiento social fuerte y unido desligado de estos poderes formales, cómplices de la delincuencia”.

Compañeros no nos presentamos a las urnas, no hagamos de esto un circo como el que han hecho tantos políticos, y mientras sigan sin aparecer los 43 compañeros de Ayotzinapa y mientras sigan presentándonos candidatos vinculados al narco y a los filtros de selección de candidatos de los partidos políticos no estén transparentados por la ciudadanía, digamos no a las elecciones.

Hoy, parafraseando al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los Universitarios de la UAEM les decimos a todas las víctimas de nuestro país, en especial a las que como dijera la hermana de José Luis Luna Torres, como dijera Marisol: “…su sufrimiento es como estar muriendo lento”, por los asesinatos en Iguala y por la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, que su dolor es nuestro dolor, que su rabia es nuestra rabia.

“Están muertos”

Álvaro Delgado

MEXICO, D.F. (apro).- “Todos están muertos”, afirmó el sacerdote Alejandro Solalinde, el viernes 17, y desnudó la estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto para pagar el menor costo político por los 43 normalistas de Ayotzinapa que siguen oficialmente desaparecidos desde el viernes 26 de septiembre.

Si de por sí tiene poca valía la palabra del gobierno federal, que tardó diez días en intervenir pese a la magnitud de la tragedia en Iguala –y sólo ante el escándalo mundial–, el macabro manejo de ésta para paliar los costos políticos, aun con el sufrimiento de las familias, corresponde a seres miserables.

El jueves 9, a 13 días de la desaparición de los normalistas a manos presuntamente de policías que los entregaron a sicarios de la banda criminal Guerreros Unidos, el propio Peña dejó entrever que estaban muertos, en un discurso en Irapuato, Guanajuato:

“Tenemos que ir a profundidad y, tope donde tope, llegar a los responsables, a aquellos que por negligencia o por actuación permitieron o solaparon que esto hubiese ocurrido en Iguala y que, lamentablemente, de confirmarse, jóvenes estudiantes hubiesen perdido la vida”.

Ese mismo día, el procurador Jesús Murillo Karam anunció la captura de cuatro implicados en la desaparición de los 43 estudiantes y la ubicación de otras cuatro fosas clandestinas, además de las halladas el sábado previo, donde presuntamente también fueron incinerados los cadáveres de personas no identificadas.

Desde entonces se hizo más ostensible en esa zona de Guerrero el despliegue del gobierno federal para, supuestamente, dar con el paradero de los “desaparecidos”: Más de mil 200 elementos de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República (PGR), el Ejército y la Marina buscaban por todas partes.

La propaganda gubernamental, difundida con gran despliegue en los medios televisivos, ha incluido que los elementos policiacos y militares están siendo auxiliados por helicópteros Black-Hawk y que, provistos de mapas de la geografía local, buscan también a los desaparecidos en ríos y presas de la sierra guerrerense.

Es un gran despliegue operativo, acompañado de una vasta estrategia mediática que comenzó cuando estaba ya en entredicho la imagen internacional de Peña.

Y es que tras la desaparición de los normalistas, el 26 de septiembre, Peña fue desdeñoso y su primera intervención al respecto se produjo hasta el 30 cuando, en una gira por el Estado de México, dijo que la responsabilidad era sólo del gobierno de Guerrero.

“Es muy claro que el gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios gobiernos estatales”, dijo ese martes, pero la condena internacional escaló, sumada al fusilamiento de algunos de los 22 jóvenes muertos en Tlatlaya, en el estado que él gobernó.

Otro elemento que obligó a su intervención, y que lo obligó a emitir un mensaje desde Palacio Nacional, el lunes 6, se produjo el sábado 4, cuando el perredista René Bejarano aseguró haber informado al procurador Jesús Murillo Karam y al secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, de los nexos con el crimen organizado del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, involucrado en la desaparición.

En el Consejo Nacional del PRD, que eligió a Carlos Navarrete como presidente, Bejarano aseguró haber presentado pruebas de que Abarca asesinó al perredista Arturo Hernández Cardona y que enteró de esos hechos a los dos funcionarios federales y a la dirigencia de su partido.

El gobierno de Peña trató de neutralizar lo afirmado por Bejarano a través de las opiniones de dos periodistas: El miércoles 8, la Secretaría de Gobernación emitió, como un comunicado oficial, “fragmento de mesa de análisis en el noticiero de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula”.

Estas opiniones de López Dóriga y José Fonseca, difundidas como comunicado oficial por la Secretaría de Gobernación, tenían una clara intención: Desacreditar la información de René Bejarano y encomiar a Osorio Chong y a Murillo Karam:

“José Fonseca: René Bejarano no aportó, ni ha aportado, pruebas que sustenten sus acusaciones contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

“Joaquín López-Dóriga: Lo dijo el procurador (Murillo Karam) que nunca presentó la denuncia en la PGR como dijo.

“Y como me dijo el secretario de Gobernación, Osorio Chong: ‘A mí René Bejarano jamás me trató el tema de Iguala’. O sea, el secretario Osorio Chong está desmintiendo el señalamiento de Bejarano, que también está jalando agua para su corriente”.

Pero toda esta estrategia de arropamiento a Peña y a los más altos funcionarios de su gobierno, exhibidos como cómplices al menos por omisión del gobernador y del alcalde fugitivo, se está viniendo abajo con la afirmación del padre Solalinde de que los 43 normalistas ya no viven.

“Desde el domingo a la fecha he tenido varios encuentros con testigos, algunos testigos presenciales, que sufrieron el primero y segundo ataque, estudiantes, pero hay otras fuentes, que no son estudiantes, que nos hablan de otro momento. Hablan de que algunos estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diesel. Eso se va a saber, dicen que hasta les pusieron madera, algunos de ellos estaban vivos, otros muertos”.

Quizá por eso al sacerdote, a quien no se tiene por mentiroso, nadie lo quiso recibir en la PGR, este lunes, para presentar una denuncia.

El teatro macabro de Peña ya empezó a derrumbarse…

Ayotzinapa, terror clasista

Carlos Fazio

Fue un crimen de Estado. Los hechos de Iguala, donde seis personas fueron asesinadas, tres de ellas estudiantes, hubo 20 lesionados −uno con muerte cerebral− y resultaron detenido-desaparecidos de manera forzosa 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, configuran crímenes de lesa humanidad.

Los ataques sucesivos de la policía municipal y un grupo de civiles armados contra estudiantes, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada tumultuaria y la tortura, desollamiento y muerte de Julio César Fuentes −a quien, con la modalidad propia de la guerra sucia le vaciaron la cuenca de los ojos y le arrancaron la piel de su rostro−, fue un acto de barbarie planificado, ordenado y ejecutado de manera deliberada. No se debió a la ausencia del Estado; tampoco fue un hecho aislado. Forma parte de la sistemática persecución, asedio y estigmatización clasista y racista de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), hacia los estudiantes normalistas.

En ejercicio de sus funciones −o con motivo de ellas−, agentes estatales actuaron con total desprecio por los derechos humanos, violando el derecho a la vida de tres de sus víctimas y una fue antes torturada de manera salvaje. Asimismo, los 43 desaparecidos fueron detenidos con violencia física por agentes del Estado y trasladados en patrullas oficiales, seguido de la negativa a reconocer el acto y del ocultamiento de su paradero, lo que configura el delito de desaparición forzosa.

De acuerdo con el artículo 149 bis del Código Penal Federal, también podría configurarse el delito de genocidio, dado que se procedió a la destrucción parcial de un grupo nacional (los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa), quienes han sido sometidos a un hostigamiento sistemático, continuado y prolongado a través de los medios de difusión masiva, con la participación directa de funcionarios públicos en la planeación y perpetración de los hechos.

Al respecto, cabe recordar que el 12 de diciembre de 2011, dos estudiantes de esa Normal Rural fueron ejecutados de manera sumaria extrajudicial en la Autopista del Sol, en Chilpancingo, Guerrero; cuatro más resultaron heridos y 24 fueron sometidos a torturas y tratos crueles y degradantes por funcionarios policiales. Capturado en el lugar de los hechos, el estudiante Gerardo Torres fue aislado, incomunicado y trasladado a una casa abandonada en Zupango, donde lo desnudaron y torturaron. Después, con la intención de fabricar un culpable o chivo expiatorio, le sembraron un arma AK- 47 de las llamadas cuernos de chivo y lo obligaron a disparar y tocar los casquillos percutidos para impregnar sus manos de pólvora, con la intención de imputarle la muerte de sus dos compañeros.

Entonces de determinó que hubo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza coercitiva del Estado y de las armas de fuego −es decir, se actuó al margen de los protocolos antimotines y con armamento de alto poder−, con el objetivo de contener una manifestación pública. Dos agentes policiales sindicados como autores materiales de los homicidios están hoy en libertad.

A dos años y medio de aquellos hechos, existen evidencias testimoniales de que entre los policías, ministerios públicos y militares del estado de Guerrero existe un desprecio y odio criminal contra los estudiantes de Ayotzinapa. Y ahora como entonces, como tantas veces desde 1968 (cuando la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas), asistimos a una acción conjunta, coludida, de agentes del Estado y escuadrones de la muerte, cuya “misión” es desaparecer lo disfuncional al actual régimen de dominación.

Huelga decir que la figura de la desaparición forzada, como instrumento y modalidad represiva del poder instituido, no es un exceso de grupos fuera de control sino una tecnología represiva adoptada racional y centralizadamente, que entre otras funciones persigue la diseminación del terror.

Ante la gravedad de los hechos y el escrutinio mundial −el gobierno de Enrique Peña Nieto vive en la coyuntura una aguda crisis producto de las presiones a que está siendo sometido por la ONU, la OEA, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Comunidad Europea y distintas organizaciones humanitarias que demandan la aparición con vida de los 43 muchachos detenido-desaparecidos−, autoridades estatales y federales han venido posicionando mediáticamente la hipótesis del “crimen organizado y las fosas comunes”, coartada que de manera recurrente ha sido utilizada como estrategia de desgaste, disolución de evidencias y garantía de impunidad.

Se trata de una lógica perversa que, en el caso de Iguala, busca difuminar responsabilidades y encubrir complicidades oficiales, y juega con el dolor y la digna rabia de los familiares de las víctimas y sus compañeros. Como dicen las madres y los padres de los 43 desaparecidos, “las autoridades andan buscando muertos, cuando lo que queremos es encontrar a nuestros muchachos vivos”.

No es creíble que los hechos hayan respondido a una acción inconsulta de un grupo de efectivos policiales. Resulta en extremo sospechoso que desde un principio no se contemplara la cadena de mando en el marco del Operativo Guerrero Seguro donde participan diversas corporaciones de seguridad (Ejército, Marina, Policía Federal, Procuraduría General de la República), y que incluso se facilitaran las fugas del director de seguridad pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares y de su jefe, el alcalde con licencia José Luis Abarca, de quien ahora todos dicen que “sabían” que estaba vinculado al grupo delincuencial Guerreros Unidos.

Dieciséis de los 22 policías municipales procesados dieron positivo en la prueba de rodizonato de sodio −es decir, dispararon sus armas− y podrían ser los autores materiales de los asesinatos. Falta saber quiénes son los responsables intelectuales y cuál fue el verdadero móvil de los hechos, incluidas las 43 detenciones-desapariciones forzadas.

Según consignó Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, las autoridades ministeriales no procedieron a realizar un interrogatorio profesional y exhaustivo que diera elementos para localizar con prontitud a los jóvenes detenido-desaparecidos. Agentes del Ministerio Público actuaron con negligencia e insensibilidad y podrían resultar cómplices en la acción de manipular evidencias y enturbiar y enredar los hechos. Amnistía Internacional calificó la investigación judicial como “caótica y hostil” hacia los familiares y compañeros de las víctimas. Hostilidad que ha sido extensiva a las peritas del equipo técnico de forenses argentinas, en quien familiares y estudiantes han depositado su confianza y ven como único mecanismo de certeza en el caso de una eventual aparición de restos.

Cabe reiterar que una vez más hubo un uso desproporcionado de la fuerza coercitiva del Estado. Y hay que insistir en la cadena de mando. Los hechos ocurrieron en presencia de las policías estatal y federal, y de los agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, la policía política del régimen). Pero también de elementos del Batallón de Infantería Nro. 27, que depende de la 35 Zona Militar. En particular, del denominado Tercer Batallón, una unidad de fuerzas especiales a cargo, entre otras, de las tareas de inteligencia. Ambos batallones tienen sus cuarteles en Iguala. Además de que en ese estado existen Bases de Operación Mixtas (BOM), que suelen ser coordinadas por las fuerzas armadas (Ejército o Marina de Guerra).

Además, si como declaró públicamente el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, había informado con anterioridad a los hechos del 26 y 27 de septiembre a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Cisen y a la Procuraduría General de la República, de los presuntos nexos del edil de Iguala, José Luis Abarca, con el cártel de los Guerreros Unidos, se supone que la Subprocuraduría Especializada en Investigación Organizada (Seido) debía tener bajo la lupa ese municipio.

Entre las inconsistencias o lagunas del caso, es necesario decir que entre la primera y segunda balacera el Ejército dejó pasar tres horas. El por qué sigue siendo una incógnita. Como denunció el joven Omar García, representante del comité estudiantil de Ayotzinapa y quien estuvo esa noche en el lugar de los hechos, luego de ser agredidos a balazos por la policía municipal, “efectivos castrenses” sometieron a los normalistas. García narró que al hospital Cristina −adonde llevaron al estudiante Édgar Andrés Vargas herido con un balazo en la boca− “los soldados llegaron en minutos, cortando cartucho, insultando. Nos trataron con violencia y nos quitaron los celulares. Al médico de guardia le prohibieron que atendiera a Édgar”.

En Guerrero, el control territorial lo tiene el Ejército. Un Ejército que actúa bajo la lógica de la contrainsurgencia −es decir, del “enemigo interno”− y vive obsesionado con la presencia de la guerrilla (cuatro de las cuales, por cierto, se han manifestado a raíz de los trágicos hechos: EPR, FAR-LP, Milicias Populares y ERPI). Más allá de ello, y de los fines políticos mezquinos de los partidos políticos con vista a los comicios intermedios de 2015 y los presidenciales de 2018, resulta obvio que por acción u omisión, los mandos castrenses de la zona tienen responsabilidad en los hechos protagonizados por policías y paramilitares de Iguala, además de que quedó demostrada, una vez más, la delegación parcial del monopolio de la fuerza del Estado en un grupo paramilitar y/o delincuencial.

Existen indicios que sugieren el montaje de una gran provocación. Pudo tratarse de un crimen mayor para ocultar otro: la ejecución extrajudicial de 22 personas por el Ejército en Tlatlaya, estado de México, y el encubrimiento de los responsables. Desde 2006 las fuerzas armadas han venido exterminando “enemigos” en el marco de un Estado de excepción permanente de facto. Los hechos de Iguala confirman la regla: fue un crimen de Estado. La Secretaría de la Defensa Nacional mintió en el caso Tlatlaya; todas las autoridades pueden estar mintiendo ahora.

En ese contexto, y en el de una conflictividad en aumento −los sucesos del lunes 13, cuando resultaron incendiadas las sedes del gobierno y la legislatura estatales y de la alcaldía de Chilpancingo−, cabe enfatizar el sentir de los padres y los estudiantes de Ayotzinapa: búsqueda con vida de los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos; castigo a los culpables, y apoyo a las normales rurales que quieren ser desaparecidas, también, por el gobierno federal en el marco de la contrarreforma educativa aprobada en 2013.
¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!

Ayotzinapa o la banalidad de la violencia

Arsinoé Orihuela

El hartazgo no es suficiente. La condenación ética –aunque legítima e irreprochable– tampoco basta. La indignación es sólo un primer paso, no el último ni definitivo. La exhortación a la unidad es un aullido cuyo eco se extravía en el vacío, en una trama nacional donde no existe un plan de acción ni un factor de  aglutinación  políticamente  eficaz  o perdurable.  Las movilizaciones multitudinarias  en  este  país cumplen un ciclo fatal e incurable: cuando llegan a un clímax, se desvanecen, y el huracán se degrada a depresión tropical. Nos gusta pensar en la siguiente analogía: es una especie de bola de nieve que una vez que alcanza su máximo volumen y toca tierra, se descongela sin efecto alguno.  La indignación ciudadana en torno a Ayotzinapa no debe correr la misma suerte.

El  asesinato selectivo,  el  secuestro y la desaparición forzada de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero,  caló hondo en el  ánimo popular.  Esta perturbación es la única noticia alentadora en el presente episodio de luto nacional. A pesar de la aparente inmovilidad de la sociedad mexicana, estos paréntesis de movilización remiten a una feliz conjetura: a saber, que la población no ha consentido ni claudicado ante la dominación, aún cuando el  enemigo es un régimen de terror escrupulosamente dirigido e impulsado.

Insistentemente se ha sostenido en este espacio que el origen de la violencia,  la desprotección e inseguridad, reside en la presencia del  Estado, no en su ausencia. El  diagnóstico de Comité Cerezo México comulga exactamente con esta lectura: “La ejecución extrajudicial, las desapariciones forzadas en contra de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, no son resultado de la ausencia del Estado, ni de un hecho aislado o producto de malos funcionarios” (Comité Cerezo México 6-X-2014).

La  violación a los derechos humanos, la represión, violencia e inseguridad, son fenómenos  que corresponden a una política sistemática, que en ciertas coyunturas alcanza niveles extraordinariamente insidiosos. Es preciso consignar, no obstante, que en la actualidad nacional se articulan los múltiples métodos discrecionales de control social que tienen raigambre histórica en México o que tienen un paralelo en otras épocas. El aspecto inédito  es  que  todos se expresan simultáneamente, y en proporciones exponenciales: asesinatos por motivos políticos, represión gubernamental, desahogo de conflictos con base en la actuación de escuadrones de muerte, criminalización de la protesta ciudadana, masacres estudiantiles,  intensificación del fenómeno de la tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, suspensión de facto de derechos sociales, ataques contra periodistas, activistas, defensores de derechos humanos etc. Atravesamos otro capítulo de la guerra sucia, con el agravante de que la persecución no comprende sólo a la disidencia política: se hizo extensiva a toda la población. Tierra Caliente en Michoacán, Tlatlaya e Iguala son casos paradigmáticos de esta realidad.

Estamos presenciando la convergencia al unísono de los  episodios más oscuros de la  historia  de México: 1891 (Tomóchic), 1962 (Xochicalco), 1968 (Tlatelolco), 1971 (Corpus Christi), la Guerra Sucia y un largo etc.

En el análisis de la crisis en Guerrero, la Editorial de La Jornada Veracruz arroja luz sobre un hecho acerca del cual urge cobrar absoluta conciencia: “La debilidad e incapacidad de las instituciones es un hecho mayúsculo y no mejorará.  Sobre esa base es que la sociedad debe tomar decisiones” (La Jornada  Veracruz  9-X-2014).  Luis Hernández extiende este dictamen  no oficial pero visiblemente preciso: “Las redes de complicidad [de autoridades públicas,  narcotraficantes, empresarios] obligan a desaparecer los poderes en la entidad [de Guerrero]. Con ellas no hay forma de que se haga justicia”. Entre las víctimas y el Estado no hay nada,  salvo más represión, y ocasionalmente la voluntad de ciertos medios de comunicación.

La trama jurídica alrededor de la desaparición forzada es un ejemplo lapidario de la inexistencia de protección y justicia en el país: de acuerdo con la ONG, Human Rights Watch , “[En México] no hay un sólo [criminal]  consignado por estos delitos [de desaparición forzada de personas]”  (La  Jornada 9-X-2014). El  número oficial de “personas no localizadas” en México es de 22 mil 322.  La cifra se antoja conservadora, y se sabe que el delito va en aumento.

Pero más lapidarias son las cifras que publica el suplemento semanal de La Jornada en la última edición dominical, con base en un par de estudios efectuados por la organización civil italiana Libera y el  semanario Zeta, en relación con la bancarrota total de la institucionalidad y la vida pública en este país: “La guerra iniciada por el entonces presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado el 8 de diciembre de 2006 provocó, desde esa fecha hasta el  último día de su gobierno… ‘la muerte de 53 personas al día, mil 620 al mes, 19 mil 442 al año, lo que nos da un total de 136 mil 100 muertos, de los cuales 116 mil (asesinatos) están  relacionados con la guerra contra el narcotráfico y 20 mil homicidios ligados a la delincuencia común’… Por lo menos desde diciembre de 2006, un millón 600 mil personas se han visto obligadas a abandonar sus estados de origen… Durante los primeros catorce meses del sexenio de Peña Nieto… se registraron alrededor de 23 mil 640 muertes relacionadas con la violencia en México. Mil 700 ejecutados cada mes. Guerrero ocupó el primer lugar con 2 mil  457; el segundo sitio fue para el Estado de México (lugar de nacimiento del actual presidente), con 2 mil 367 muertes violentas” (La Jornada Semanal 5-X-2014).

Lo que acá se quiere destacar es que los crímenes de Estado en Iguala, y el manto de impunidad que los rodea, no es una eventualidad única o extraordinaria: es la regla en México. Los antecedentes recientes y pretéritos conducen a esta conclusión inobjetable. En  este mismo tenor, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de HRW, añade: “El problema no es de Iguala, el problema es de México y el responsable  último por la suerte, la seguridad y la vida de esos estudiantes es el gobierno federal, son las máximas autoridades mexicanas” (La Jornada 9-X-2014).

La masacre en Iguala no es un “hecho aislado o producto de malos funcionarios [locales]”: es un crimen de Estado. Más  específicamente: de un narco-Estado con un avance significativo  de militarización. En Iguala actuó la narco-policía. Y en Tlatlaya el ejército. Con una actuación temiblemente análoga. El paralelismo no es accidental.

En este sentido cabe concluir que la violencia en México y la excepcionalidad jurídica-gubernativa responden a un momento instituyente, cuyas notas predominantes son la agresión y el abandono. No solo no son situaciones extraordinarias: son las principales pautas, las fuerzas activas, de un orden en gestación. Acá reside la peligrosidad y seriedad de la coyuntura que atraviesa el país.

Hannah Arendt inauguró una perspectiva acerca de la brutalidad de los regímenes modernos,  y la banalidad de la violencia. En desavenencia con la filosofía política clásica, Arendt no se preguntó cómo optimizar el funcionamiento de una forma de gobierno. Su preocupación consistía en responder por qué funciona tan óptimamente un orden político cuando es tan depredador y violento. Esta pregunta es la que cabe formular, y con base en el análisis  sucesivo establecer criterios para una resistencia políticamente efectiva. Sólo así se podrá evitar que “la bola de nieve se descongele sin efecto alguno”.

Debemos asumir la responsabilidad de sortear la impunidad del  Estado. La procuración de justicia no corre a cargo de la administración estatal. La impotencia es la ley natural de esta administración, que sumariamente ignora a la ciudadanía. La empresa criminal  no es un traumatismo excepcional: es el canon, y el modo predominante de “hacer negocios”.

Corresponde a la sociedad perseguir a los responsables de orquestar este estado de corrupción, crimen y terror. La organización social a gran escala es la condición de esta posibilidad.

La única solución para alcanzar la justicia y evitar la “gratuidad” de la masacre en Ayotzinapa es la transformación radical y efectiva de la esencia del Estado. Urge pensar en común la resistencia.

El crimen de Estado en Ayotzinapa no debe quedar impune. Una sociedad que perdona u olvida estos crímenes está condenada a la destrucción masiva.

Ayotzinapa, entre Figueroa y Hank

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros

La convicción libertaria del pueblo de Guerrero se yergue de pie frente a la ignominia de la clase política. Las luchas de ese valeroso pueblo que nos diera patria y Constitución han sido traicionadas a manos de un partido construido desde abajo y corrompido desde arriba: el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Se equivocan, sin embargo, quienes buscan en esa entelequia al culpable de la ignominiosa masacre de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

La  burocracia  perredista  no se  compone  sino  de  viles  operadores  de  los peores intereses neoliberales. Hoy los verdaderos dueños de las rentas políticas y económicas del estado se encuentran en el príismo caciquil y mafioso gestado durante  las décadas  de  los años 70 con la guerra  sucia  y hoy abiertamente coludido con el crimen organizado.

En Guerrero, los apellidos Figueroa, Aguirre, Ruiz Massieu, Juárez Cisneros y otros más evocan lo mismo que los apellidos Hank González,  Montiel Rojas, Peña Nieto, Del Mazo y Chuayffet en el estado de México. Ambos conjuntos de familias,  el  grupo “Atlacomulco”  y la  cofradía  de  los caciques  guerrerenses, nunca han respetado las reglas de la  democracia  y siempre  han mostrado un profundo desprecio para el pueblo mexicano. Ambos grupos son los verdaderos culpables de esta barbarie.

Los heroicos estudiantes  de  Ayotzinapa  representan  el  último  reducto  de quienes han defendido lo que consagra la Constitución: una educación pública, laica  y  gratuita.  Frente  al  neoliberalismo  y  la  privatización  devastadora,  los jóvenes  guerrerenses  han  representado  con  esmero  el  espíritu  de  lucha revolucionaria, cardenista y campesina, esa superioridad moral de la educación humanista que está siendo hoy hostigada con la represión y la muerte.

Son  risibles  las  cobardes  declaraciones  del “Presidente  de  la  República” delegando la responsabilidad en el gobernador,  y éste a su vez ofreciendo “un millón de pesos” para encontrar al alcalde de Iguala.  En el ridículo juego a la “papa  caliente”  que  Enrique  Peña  Nieto  y  Ángel  Aguirre  Rivero  están escenificando, ambos repiten como loros el famoso “¿y yo por qué?” foxista.

La pirámide de corrupción e irresponsabilidad parecería funcionar así: a. El “presidente priísta” le echa la culpa a b. el “gobernador perredista”, y éste a su vez responsabiliza a c., el “alcalde narcotraficante”. “Eureka”, parecen gritar los políticos corruptos:  la  casa  de la  corrupción pública  se  ha salvado porque la responsabilidad ha caído en el ámbito privado, en donde no habría necesidad alguna por rendir cuentas ni ofrecer justicia a nadie.

En eso consiste el verdadero proyecto neoliberal: el vaciamiento del Estado para  convertirlo  en  una  fábrica  de  empobrecimiento,  desempleo,  violencia  y convulsión  económica  y  social,  y  lo  mejor  de  todo  para  ellos,  sin  ninguna necesidad de rendir cuentas. La entrega de pedazos del territorio nacional a los narcotraficantes constituye la contracara del reparto de las reservas petroleras a las trasnacionales rapaces.

Quien  ya  se  frota  las  manos  para  recibir  la  corona  neoliberal  es  el desprestigiado saltimbanqui de  Armando Ríos Piter.  Este  antiguo funcionario foxista y ex asesor de Francisco Gil Díaz, a quien le encanta departir y convivir con Peña Nieto y Emilio Gamboa Patrón, tiene claros vínculos con los peores intereses del estado y una convicción neoliberal a prueba de todo. La llegada de una persona de este perfil a la gubernatura del estado solamente podría empeorar la situación.

El  estado  de  derecho  yace  masacrado  en  nuestro  país,  no  en  una  fosa clandestina, sino en la fosa común del neoliberalismo y el racismo. Es obligación de todos apoyar a los jóvenes de Ayotzinapa y al pueblo e Guerrero para exigir justicia y gritarle fuerte a este desgobierno entreguista: “¡Que se vayan todos!”

Ayotzinapa, crimen de Estado

Felipe Cuevas

El  gobierno del Estado de Guerrero desvió de su ruta de movilización a jóvenes normalistas de la combativa Ayotzinapa con toda intención de propiciar un altercado con los guerreros unidos e instigó el acto con el auxilio de sus fuerzas represivas. Por su parte el narco poder da muestras claras de entrar en una fase “precautoria” respecto de los golpes sufridos en el  estado de Michoacán de no permitir la movilización popular en las zonas bajo su control. Se trata de una celada al viejo estilo de la guerra sucia, una emboscada preparada por instancias políticas, de seguridad y del narco hoy enmarañadas en el deterioro de la antigua institucionalidad burguesa del Estado mexicano y el socavamiento de su condición como Estado-nación.

Un detonante colocado por gentes del poder (narco, político y económico) que no quieren hacerse responsables de sus actos de ningún modo, empeñadas en ponerlo como un acto de la delincuencia organizada restringiendo toda forma de manifestación social que irrumpa en sus escenarios, ya sea en las zonas donde gobierna el narco o en lo que los políticos creen sus estrictas áreas al margen de los derechos políticos. Así entonces, en este acto criminal  están coludidos esos entes con plena intención de generar la represión contra el pueblo pero por la naturaleza feroz de su agresión la situación se les escapó de control y del cerco mediático.

Al limitar las posibilidades de movimiento hacia Chilpancingo las instancias de seguridad, las fuerzas policiales y militares, el ejecutivo estatal y sus agentes crearon el marco “perfecto” para empujar a los estudiantes a Iguala para armar ese plan macabro entre dos fuegos. El presidente municipal de Iguala en la maraña de sus frivolidades poco importa a los más  poderosos, lo usarán como tonto útil independientemente de sus propias responsabilidades.

Definitivamente es un ensayo para aplicar este tipo de acciones a gran escala donde sea el narco quien golpee al movimiento popular, es un plan combinado con los intereses propios del narcopoder que una vez socavado el tejido social en importantes regiones del país cree tener las condiciones para ejercer funciones de dominación general sobre la población que  sólo sembrarán mayor caos y desmembramiento del país, ideales para otro tipo de intervenciones imperialistas. Se estará de acuerdo en que eso hace tiempo se practica a un nivel muy local en algunas regiones, pero este precedente es nuevo y sumamente peligroso para la lucha revolucionaria en un momento en que se incuban nuevos potenciales de movilización de las cuales el Estado gobernado por imperialistas, oligarquía financiera y carteles de la droga toma nota como puntos rojos que van encendiéndose intentando distintas acciones para apagarlos.

Peña Nieto en lugar de subrayar la responsabilidad de su investidura, simplemente se lava las manos, nos sale con una declaración oficial de consternación como si no fuese más que un simple espectador, pero para quien quiera ver en su discurso es notoria su intención retardataria de las investigaciones en el caso de Guerrero como lo fue mientras fungía de gobernador del Estado de México. Simplemente por el hecho de que en lugar de crear  alguna  herramienta institucional que atienda estos graves problemas, se apoya en las instituciones que se sabe carcomidas para que estas resuelvan lo que no les interesa resolver. A esos niveles de gobierno resultan absurdas sus declaraciones, sobre todo con su gabinete de seguridad que sabe y discute dónde y cómo usar la fuerza.

Los gobernantes juegan a la confusión, se hacen los desentendidos, demoran las investigaciones, están coludidos por diversos intereses; el pueblo debe movilizarse contra esta agresión de todas las fuerzas hostiles del poder político, económico, militar y narco,  exigimos castigo a los culpables, desenmascarando la múltiple condición de este crimen de Estado.

Gobierno de Peña encubre violaciones de derechos humanos para cuidar su imagen: HRW

Washington (proceso.com.mx).- El gobierno de Enrique Peña Nieto encubre las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y autoridades porque le preocupa mantener una buena imagen de México en el extranjero, denunció la organización Human Rights Watch (HRW).

“Hay tres soldados de bajo rango acusados de esta masacre (Tlatlaya). Da la impresión que el encubrimiento continúa, no es creíble que tres soldados hayan tomado la decisión por sí solos, sin haber consultado con nadie”, declaró en rueda de prensa José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de HRW.

Al referirse a la masacre de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, y a la desaparición de 43 jóvenes en Ayotzinapa, Guerrero, Vivanco recordó que en México los militares y policías de todos los niveles cuentan con la libertad y seguridad para cometer delitos atroces.

Respecto al caso de Iguala, Vivanco reprobó que la reacción del gobierno haya sido tardía:

“¿Saben dónde queda Iguala?, a menos de 200 kilómetros de la capital de México, a tres horas por carro, del Distrito Federal. No hay excusa, este no es un sitio remoto que queda en la selva, distante, de difícil acceso… parece que al gobierno de Peña Nieto le preocupa más su imagen que resolver la situación de los estudiantes secuestrados y probablemente salvar la vida de muchos de ellos”.

HRW dio a conocer que este miércoles envió una carta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al Procurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam, en la que le notifican que los esfuerzos del gobierno de Peña Nieto “han sido insuficientes” y “contradictorios”.

De los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, HRW considera incluso que es vergonzoso que fuera gracias a los medios de comunicación que se “desmoronara” la posición inicial y oficial de intentar encubrir la participación de militares y policías en estos crímenes.

Al hablar de la situación que sufren los habitantes de Guerrero por la desaparición de los 43 normalistas, la muerte de seis civiles y el descubrimiento de 28 cadáveres en fosas clandestinas, Vivanco no tuvo empacho en reprobar las reacciones de Peña Nieto:

“El 30 de septiembre (pasado) el presidente de México reacciona, y reacciona mal; reacciona sosteniendo que el problema es de Iguala, y el problema no es de Iguala, el problema es de México, y el responsable último por la suerte, la seguridad y la vida de esos estudiantes es el gobierno de México”.

La alternativa a esto, según HRW, hubiera sido que Peña Nieto hubiese dispuesto la presencia inmediata, que Murillo Karam hubiera acogido inmediatamente el caso.

Según Vivanco, el gobierno de Peña Nieto ante situación como la de Tlatlaya e Iguala tiende a improvisar porque para la administración los derechos humanos “es un tema secundario”, al que reacciona sólo por intentar mantener una imagen contraria a la realidad que se vive en México.

“Sólo reacciona frente a los escándalos mayores, cuando la opinión publica exige respuestas, cuando los medios – de comunicación- colocan estos datos, escándalos en las primeras planas”, reprobó Vivanco.

El representante de HRW insistió que el gobierno mexicano “adopta medidas de parche para abordar esa crisis como una crisis muy circunstancial, esperando; y me imagino que con la ilusión, de que estos temas van a desaparecer a las pocas horas o a los días de la preocupación nacional y van a poder darle vuelta a la hoja y enfocar la atención en otros temas”.

Respecto a la reacción del gobierno de Barack Obama ante los casos de Iguala y Tlatlaya, Vivanco agregó: “Me habría gustado, evidentemente, declaraciones mucho más contundentes por parte de la administración Obama, que en general ha sido bastante, yo diría silenciosa y mas bien ha evitado formular críticas al igual que la administración anterior, del presidente (George W. Bush, los derechos humanos en México”.

En la conclusión de su análisis y valoración de lo hecho por Peña Nieto en materia de derechos humanos, HRW puso en tela de juicio la posibilidad de que México aporte algo valioso a la comunidad internacional, ahora como participante en las misiones militares de paz de las Naciones Unidas (ONU).

El de México, según Vivanco, “es un ejército que no tiene la cultura de los derechos humanos y no cuenta con un record que pueda servir”, a los propósitos de las misiones de paz de la ONU.

¿Y quién imputa el delito del silencio?

Mayte Guzmán Mariscal

“Desgraciados los pueblos donde la juventud no haga temblar al mundo

y los estudiantes se mantengan sumisos ante el tirano”

Lucio Cabañas

Leyó en voz alta el  folleto que tenía entre manos con la frase “Resistir o morir” y su vena marxista salto de inmediato para desestimar  el  sentido de aquella propaganda.  Resistir  no -espetó tajanteporque la resistencia implica sumisión, implica que sigue habiendo un opresor, y en cierta manera, una fantasmal resignación ante esos mecanismos sistemáticos. La frase tendría que decir, “luchar o morir” -concluyó,  suscitando el  asentimiento de los allí  presentes-.  Le conozco poco, y aunque algunos lo tachan de radical sin sentido, en esa ocasión reconozco que también le di la razón.

Es verdad que  las connotaciones y  los marcos de  referencia los construimos nosotros y  nuestras circunstancias.  También  es  verdad  que  restituir  ciertas  connotaciones  o  resignificar ideas  tan arraigadas en nuestras versiones de la realidad, es un proceso largo y muy complicado.

De allí la recriminación y deslegitimación constante hacia los movimientos -no de resistencia- de lucha social que se han mantenido a contracorriente a lo largo de la historia de México, pues se sostienen en relaciones de dominación basadas en el  histórico criterio de la pobreza material, cal ificada bajo los parámetros de quienes ostentan el poder.

Y quienes se erigen como jueces, absueltos de la represión, resultan ser quienes temen volver a su pasado de pobreza material, o quienes nunca han padecido ciertas carencias y temen descender de su mediana escala económica. La denominada clase media, amante de la tecnocracia, el  esnobismo, pero sobre todo defensora del establishment apolítico, ascéptico.

“Lo que cambia es el modo de dominación que en lugar  de ser  políticamente por  la violencia se ejerce por  la  explotación  y  el  despojo  económico  en  razón  de  una  versión,  no  ya  política,  si no  sobre  todo económica y administrativa del «bien común» o «interés común»: el bienestar” 1

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Así  tenemos un sector mayoritario de la población que clama, como la historia se lo ha enseñado (y porque la historia se ha ensañado), por sus derechos más elementales consciente de la opresión y el expolio al  que ha sido sometido sistemáticamente.  Por  otro, una mínima parte de la población que tiene todo un “arsenal”  ideológico para salvaguardar  sus intereses económicos y políticos con ese argumento eufemístico del bienestar.

* * * *

La memoria clama a gritos no sólo atender ese presente que se diluye en nuestras manos en medio de hechos violentos que han hecho sangrar  a México durante décadas y de los que todas las personas mexicanas somos víctimas, clama también porque nos impliquemos y hagamos nuestras esas causas.

¿Cómo sensibilizar a toda esa masa expectante, apolítica y aséptica que no hace más que criminalizar a quienes luchan contra la exclusión,  la opresión y el  olvido? ¿Tan interiorizada tenemos esa inercia Lucio Cabañas absurda de que sólo ahogado el  niño, se tapa el  pozo? ¿O es entonces que hemos normalizado ya la violencia en nuestra cultura?¿Qué nos hace falta para razonar, reflexionar y reaccionar?

Con hechos tan deleznables como lo ocurrido en Ayotzinapa, no hacemos más que demostrar que la frase de que “el mal existe no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa” es una realidad evidente.

Aquí algunos retazos de nuestro presente desmesuradamente violento e impune, donde el  olvido teje a intervalos su telaraña:

1997, Acteal,  Chiapas. Masacre a manos de paramilitares de 45 indígenas tzotziles, varios niños y mujeres.

2006,  Atenco,  Estado  de  México.  Detención arbitraria de unos 200 manifestantes,  violaciones y vejaciones a 26 mujeres tras las protestas por la intención de despojarlos de sus tierras para construir el aeropuerto.

2006. Oaxaca. Rebelión de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) liderea una huelga de maestros que duró siete meses, con un saldo de 26 asesinatos, 500 detenidos y unos 380 casos de tortura.

2006.  San Luis  Potosí. Protestas por la violación de la sentencia que prohibía la instalación de la minera San Xavier en SLP. A estas alturas el daño ecológico es irreparable.

2008. San Juan Copala,  Oaxaca. Asesinato de dos locutoras indígenas triquis, Felicitas Martínez y Teresa Bautista, en San Juan Copala.

2010. San Juan Copala, Oaxaca. Asesinato de la activista Alberta Cariño y Jyri  Antero, cooperante finlandés tras una emboscada paramilitar.

2012.  Michoacán. Operativo simultáneo para desalojar las Normales Rurales de Cherán, Arteaga y Tiripetío que estaban ocupadas por los estudiantes. El saldo oficial es de 178 detenidos y un número de heridos sin cuantificar.

2012. Morelia, Michoacán. Policías federales y municipales irrumpen tres casas de estudiante de la UMSNH con un saldo oficial de siete estudiantes golpeados por las fuerzas policiales y 194 detenidos.

2014. Oaxaca. Durante una serie de protestas para exigir el  incremento de plazas en las normales, fueron detenidos 162 normalistas.

2014.  Ayotzinapa,  Guerrero.  Policías  municipales  abren  fuego  contra  autobuses  “tomados”  por normalistas. El saldo es de 6 muertos, 17 heridos y 43 normalistas desaparecidos. Las autoridades aún no  confirman  que  los  restos  de  las  fosas  de  Iguala,  el  lugar  del  enfrentamiento,  son de  los desaparecidos.

La lista es mucho más larga de lo que recordamos.

* * * *

Las normales rurales en México

México ocupa el  quinto lugar entre los países que peor pagan a sus profesores, según un estudio de 2012  de  la  OCDE.  Sin  embargo,  lo  más  preocupante  no  es  sólo  el  paupérrimo  salario  y  l a desproporcionada  distribución  de  los  ingresos  destinados  al  gremio  magisterial.  Lo  es  también  la reestructuración  educativa  que  al  día  de  hoy  ha tecnificado la educación  y  vaciado  de  contenido reflexivo, humanístico e histórico los programas formativos.

¿Cómo surgieron las normales rurales?

A principios del siglo pasado, una de las políticas vasconcelistas para alfabetizar l as zonas rurales fue la creación  de  este  tipo  de  escuelas  normales.  Desde  sus  inicios,  las  escuelas  normales ruralesfuncionaron no sólo para la enseñanza del  conocimiento tradicional  a indígenas y campesinos, sino también a la organización para su emancipación.

¿Quiénes estudian allí?

Especialmente personas oriundas del campo y comunidades indígenas.

¿Cómo se accede a estudiar a las normales rurales?

El  principal  requisito para ingresar a las normales rurales es no contar con recursos suficientes para estudiar en las universidades estatales. En otras palabras, “ser pobre”.

¿Por qué son limitadas las plazas para matricularse en las normales rurales?

El gobierno ha emprendido desde el sexenio ordacista el cierre sistemático y arbitrar io de las normales rurales por considerarse “semilleros de guerrilleros”.

¿Cuántas normales había y cuántas quedan?

De 46 normales rurales que había en el país en tiempos de Lázaro Cárdenas, quedan ahora 16 en todo el territorio nacional.

¿Cuáles son las reivindicaciones históricas de los normalistas?

Planes  formativos  orientados  a  la  transformación  social,  adaptados  a  las  circunstancias  de  cada comunidad, basados en los ejes político, cultural, productivo, deportivo y académico, más plazas y más recursos para mantenimiento y para los comedores estudiantiles.

¿Por qué murieron Genaro Vázquez y Lucio Cabañas?

El  primero líder  de la Unión Cívica Guerrerense,  el  segundo líder  de la Federación de  Estudiantes Campesinos Socialistas de México,  ambos asesinados bajo el  mandato de Luis Echeverría  Álvarez, víctimas de la Guerra Sucia en el país.

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Sin  duda,  la  represión  se  ha  agudizado  en  contra  de  los estudiantes  más  pobres,  los  de  origen proletario y campesino; en los últimos años, se han registrado un sinnúmero de agresiones en contra de los estudiantes de las Normales Rurales,  como ya se ha señalado anteriormente.  Con  miras a implementar el neoliberalismo en todas las esferas de la vida económica y política, se ha desarrollado una política de Estado destinada a legitimar el  asesinato y desaparición de estudiantes, así  como el descrédito a cualquier brote de inconformidad.

El odio, el exterminio, el desplazamiento, el destierro y la exclusión de los pobres sigue siendo política pública. Los gobiernos tienen interiorizado el  discurso del clasismo y el  racismo, por más progresistas que parezcan ante la mirada del resto de la población.

Reproduzco aquí las palabras de Mardonio Carballo que en su columna “Las Plumas de la Serpiente” ironiza la sentencia de la lidereza “vitalicia” del  magisterio, Elba Esther Gordillo,  cuando dijo que las normales rurales tenían que desaparecer,  porque “allí  se forman guerrilleros”.  A esa mujer  y a la población en general se nos olvida que es la desigualdad social la que forma guerrilleros.

NORMALES RURALES EN LA ACTUALIDAD

Aguilera, Durango

Amilcingo, Morelos

Atequiza, Jalisco

Ayotzinapa, Guerrero

Cañada Honda, Aguascalientes

El Cedral, San Luis Potosí

El Quinto, Sonora

Hecelchakán, Campeche

Mactumatzá, Chiapas

Panotla, Tlaxcala

San José de Tenería, Estado de México

San Marcos, Loreto Zacatecas

Saucillo, Chihuahua

Teteles, Puebla

Tiripetío, Michoacán

Villa de Tamazulapan, Oaxaca

Nota:

1 SÁNCHEZ Parga, José (2003)Razón de Estado, razón de Mercado. Revista Nueva Sociedad 188.