Se trataba de aceptar en su totalidad, y no sólo de palabra o firma alguna, lo dicho por la Corte Penal Internacional (CPI). Pero no cumplió, y no sólo eso, operó políticamente para que ello no ocurriera.
Así, el gobierno de Peña Nieto, ante los ojos de la comunidad internacional, se muestra como aquel hombre de Estado que vela por el verdadero interés de sus gobernados, por prevenir y cuidar que no se viole lo más preciado: sus derechos humanos.
Pero ante los primeros afectados, los ciudadanos, les arroja el insulto de poder decirles en los hechos: “Para mí tus derechos humanos me vienen importando un comino, sólo te uso cuando te necesito”.
Sólo de esa manera se puede leer lo ocurrido en Ginebra y lo sucedido día a día en nuestro país, en donde se violentan los derechos humanos, se persigue a los defensores de éstos, como por ejemplo al padre Alejandro Solalinde, de Oaxaca.
Mientras Lía Limón se vanagloriaba en Ginebra de que el gobierno de Peña Nieto cumpliría con la recomendación formulada a México en octubre pasado, en nuestro país los diputados peñanietistas bloqueaban cualquier intento de permitir que autoridades, investigadores y fiscales de la Corte Penal Interamericana pusieran un pie en México para indagar, averiguar, sobre cualquiera de los cuatro delitos que persigue la CPI: crímenes de lesa humanidad, agresión a un Estado, genocidio y guerra.
Y es que la noche del miércoles 2, en la Comisión de Puntos Constitucionales y con el voto en contra de Movimiento Ciudadano, PT, PAN y PRD, el PRI y sus partidos “satélite”, PVEM y Panal, frenaban toda libertad de acción a la CPI en México.
Los diputados del PRI actuaron contra los derechos humanos de todo mundo, no sólo contra los de México porque, si por alguna razón, cualquier dictador de un país, genocida o quien haya cometido contra la población de su país un crimen de lesa humanidad, y decidiera refugiarse en México, no podría ser extraditado, aunque la Corte Penal Internacional lo pidiera, pues en la actualidad el Ejecutivo federal “puede”, si lo desea, desdeñar tal extradición.
En 1998 se creó la CPI para juzgar a personas que hayan cometido cualquiera de los cuatro delitos antes mencionados; México ratificó en 2005 su adhesión a la Corte, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que si una recomendación le resultaba “incómoda”, no la acataría.
Curiosamente, la recomendación de octubre de 2013, y que apenas el mes pasado Lía Limón dijo que el gobierno peñanietista acataría, y que para que ello ocurriera, incluso cambiaría la Constitución para que ya no fuera un tema de “posibilidad” sino de “obligatoriedad”, no se dio.
Los priistas evitaron que se modificara el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución. El acto de Lía Limón en Ginebra fue un acto de simulación.
Como la mayor parte de lo que se aprueba en la Cámara de Diputados, que no es votado sino impuesto.
Simulación lo fueron, por ejemplo, la reforma político electoral que terminó en el “acuerdo y distribución de cuotas” para los tres principales partidos de las posiciones del Instituto Nacional de Elecciones (INE).
Como simulación lo fue la reforma constitucional en telecomunicaciones y que hoy se echa atrás en sus leyes secundarias que se discuten en el Senado de la República.
Como simulación fue la elección presidencial de 2012 y que llevó a Peña Nieto a seguir con la burla desde el poder máximo.
En síntesis, México y sus principales instituciones se han convertido en una simulación, en la peor caricatura de la democracia y en el verdadero abuso del poder.
También los mexicanos, en su gran mayoría, simulan vivir bien y poco hacen por tratar de cambiar la crisis institucional, ética, económica y social. El resto de la población, los grandes “opinadores” del país, “simulan” informar, simulan luchar, simulan, siquiera, vivir.
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