La doble moral de los “cascos azules” mexicanos

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F. (apro).- El anuncio presidencial de que las Fuerzas Armadas participarán en operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas echa por tierra el tradicional aislamiento internacional de los militares mexicanos. Pero en el fondo se trata de una medida que contradice la actuación de los soldados y marinos al interior del país.

Si el Ejército y la Marina quieren mostrar al mundo que están dispuestas a participar en acciones humanitarias, sumándose a los cascos azules de la ONU, antes tendrían que demostrar a los mexicanos que son capaces de respetar los derechos humanos.

Justo cuando el Ejército mexicano está en medio de una severo cuestionamiento por su probable responsabilidad en una ejecución sumaria de civiles en Tlatlaya, Estado de México, el presidente Enrique Peña Nieto anunció ante la 69 Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, que civiles y militares mexicanos participarán en misiones humanitarias cuando sea requerido por la ONU y esa intervención tenga el consentimiento del Estado afectado.

Sin posibilidades reales de conflicto militar con sus vecinos, pues es impensable una confrontación militar con el ejército más poderoso o con uno de los más pequeños del mundo, los militares mexicanos han desarrollado experiencia en la asistencia humanitaria ante desastres naturales.

Por eso se le vio en Centroamérica en el gobierno de Carlos Salinas, en Venezuela durante el gobierno de Ernesto Zedillo o sirviendo comida en Estados Unidos por la devastación del huracán Katrina en 2005, en el gobierno de Vicente Fox. Décadas atrás había participado en misiones en los Balcanes y Cachemira, según informó la presidencia de la República en la justificación de la medida.

Sin ninguna rendición de cuentas de su actuación en la llamada guerra sucia, durante el régimen del PRI del siglo XX, las Fuerzas Armadas mexicanas estaban enfocadas en la asistencia ante desastres naturales cuando, a fines del foxismo y sobre todo durante el sexenio de Felipe Calderón, fueron sacadas de sus cuarteles para hacerle “la guerra al narcotráfico”.

Sin la propaganda bélica del gobierno pasado, Peña Nieto los mantiene en las calles.

Acostumbrados a no rendir cuentas a nadie, los militares mexicanos han hecho de esa intervención un periodo de graves violaciones a los derechos humanos, constatado incluso por la oficiosa Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La probable ejecución extrajudicial de civiles en Tlatlaya, el 30 de junio pasado, sería sólo uno de los delitos de lesa humanidad cometidos por soldados y marinos en años recientes y ante el cual el gobierno de Peña había guardado un ominoso silencio hasta que la presión internacional obligó a comprometer una investigación “a fondo”, según lo dicho por el Ejército.

Aunque en este caso será difícil constatarlo, pues no hay ninguna posibilidad de una investigación independiente, estamos como país repitiendo el escenario de graves violaciones a la humanidad por parte de militares, que han costado fallos internacionales contra el Estado mexicano.

Con semejantes credenciales, la labor humanitaria ofrecida por Peña parece más un intento de mejorar la imagen de los militares, que ante las organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos –entre ellas el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la propia ONU– aparecen como responsables de graves delitos contra la humanidad en su propio país.