Grupo México, derrame y política criminal

Gerardo Peláez Ramos

Los lectores de diarios y revistas saben bien, desde hace rato, que el Grupo México que encabeza el conocido saqueador de los recursos de la nación, Germán Larrea, es una asociación que desde 2006 ha seguido y sigue una política laboral que ha buscado y busca, por todos los medios, liquidar al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, para imponer en las ramas de la minería y la siderurgia contratos colectivos de protección patronal con el apoyo de sindicatos charros, afiliados a la Confederación de Trabajadores de México y a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, o, de plano, a organismos integrantes de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, centro y cabeza del sindicalismo blanco en el país. La implantación de dicha política ha traído como consecuencia asesinatos de trabajadores, golpizas de decenas de compañeros y miles de despedidos y boletinados.

Sin embargo, no es todo. En fechas recientes, la ambición sin límites y la irresponsabilidad de Grupo México, han producido y producen graves accidentes que destruyen y perjudican la vida humana, animal y vegetal, contaminan ríos, arroyos, lagunas, lagos y mantos freáticos, deterioran el ambiente y, para completar el cuadro, son incapaces de reconocer sus atentados contra las riquezas naturales de la nación y el pueblo.

El derrame, responsabilidad de Grupo México

La última agresión contra la naturaleza y el bienestar de la población, se dio en el estado de Sonora con el famoso derrame que es objeto de comentarios en México, Perú, Estados Unidos y el mundo. El 6 de agosto del año en curso, en la mina Buenavista del Cobre, de Cananea, Sonora, el Grupo México derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, que afecta a los municipios de Cananea, Arizpe, Ures, San Felipe, Banámichi y Baviócara. Pese a la magnitud del accidente, el monopolio minero no avisó a la población sonorense y dio la callada por respuesta a la gravedad de la coyuntura. En consecuencia, los resultados comenzaron a manifestarse en la muerte de reses, la contaminación de tierras de cultivo y la afectación de la pesca, el ambiente y los bienes de los campesinos y pobladores en general, así como de la salud de los habitantes de la región.

A las sustancias tóxicas derramadas, hay que sumar el arsénico, cadmio, aluminio, hierro, manganeso, cromo, plomo, níquel y cobre que contaminan los ríos Bacanuchi y Sonora. Es una verdadera catástrofe.

El monopolio que encabeza Germán Larrea, segundo hombre más rico de la República Mexicana, es responsable de que los cuerpos de 63 mineros muertos en Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila, permanezcan en el fondo de la mina sin que sean rescatados para tener una sepultura digna. Para impedir el rescate, este consorcio arguye una serie de ideas propias de capitalistas trogloditas, sin responsabilidad social, al mismo tiempo que utiliza supuestos principios jurídicos… ¡para mantener en el socavón los restos de los mineros fallecidos! Es una política claramente criminal.

Propuestas adecuadas

En forma correcta, aunque tardía, el día 18, ante el Ministerio Público Federal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente presentó una denuncia penal por delito ambiental en contra del consorcio Grupo México y la empresa Buenavista del Cobre, filial de aquél, por su presunta responsabilidad en el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el río Bacanuchi en Cananea, Sonora.

Conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, podría y debería sancionarse al monopolio minero con 40 millones de pesos.

Mientras tanto, los municipios sonorenses de Arizpe, San Felipe, Banamichi, Aconchi, Baviácora y Ures preparan una demanda civil por daños causados por la mina Buenavista del Cobre, filial del Grupo México, que han detenido las actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras, debido a la contaminación de las agua fluviales.

El miércoles 20 de agosto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto al gobierno de la Federación para que mande cancelar la concesión otorgada sobre la mina Buenavista del Cobre al Grupo México, por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas en los cauces de los ríos Sonora y Bacanuchi. Se acordó, asimismo, pedir al gobierno estatal, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que ordenen la cancelación de labores de la mina Buenavista del Cobre mientras se estiman los estropicios causados. También se solicitó a estas instancias que eleven denuncias ante la Procuraduría General de la República con el objeto de que se ejerzan las sanciones pertinentes.

Contra la lógica y el sentido común, Buenavista del Cobre publicó una inserción pagada el 21 de agosto en Milenio, Excélsior y otros diarios, en la que “precisó”: “La información al día de hoy, después de los estudios técnicos realizados, nos indica que el 6 de agosto pasado como consecuencia de las lluvias por arriba de la media, durante el mes de julio y los primeros días de agosto, en la región de Cananea, Sonora se provocó un incremento notable en el volumen de agua y solución ácida de sulfato de cobre contenida en un represo del nuevo Sistema Tinajas 1 en proceso de construcción por el contratista TECOVIFESA que unos días antes estaba prácticamente vacío. La solución de sulfato de cobre es materia prima para la producción de cobre mas no se trata de un desecho o residuo peligroso”.

Y agregó muy oronda: “Buenavista del Cobre hace patente que estas acciones y las que seguirá instrumentando en los próximos días obedecen a su compromiso con el cuidado del medio ambiente y con las comunidades aledañas a las instalaciones mineras En este contexto rechazamos las acciones legales punitivas anunciadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dada la naturaleza fortuita del incidente y la pronta y completa respuesta de la empresa”.

Los estropicios contra el agua de Sonora, la población y los recursos naturales de la nación cometidos por Buenavista del Cobre, subsidiaria del Grupo México, han concitado, concitan y seguramente seguirán concitando un enorme descontento social, que, en parte, reflejan el sindicato minero, los medios de comunicación críticos y diversas organizaciones naturistas, considerando que es una entidad con un gran desierto. Las propuestas del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, para enfrentar la grave situación generada por el egoísmo empresarial, son las siguientes:

“1. Que se realice una investigación a fondo de los daños ecológicos en Sonora, por especialistas independientes e imparciales que sólo obedezcan las leyes, para que se castigue a los responsables, de modo ejemplar y rápido para satisfacción de la ciudadanía hoy en peligro.

“2. Que se aplique todo el peso de las leyes, incluso las penales, a los que cometieron este derrame , producto del afán desmedido de ganancias del Grupo México, lo cual los lleva a descuidar e ignorar totalmente las condiciones de trabajo, la ecología, la salud de los trabajadores y de las poblaciones del entorno. Lo más conveniente es que a Grupo México se le quite la concesión que tiene otorgada en Cananea o que suspendan la operación de la empresa hasta que se realicen las investigaciones a fondo”.

Por su parte, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, el 18 de agosto levantaron como demandas:

“Saneamiento de la Cuenca para que el agua pueda volver a utilizarse en todas las actividades tanto humanas como ecosistémicas.

“Remediación y reparación de los daños ambientales, de salud y socio-económicos ocasionados por esta fuga de contaminantes.


“Monitoreo mensual hecho por centros de investigación serios, basados en la mejor ciencia por al menos cinco años para la detección de metales pesados y otros contaminantes

“Un plan de contingencia ambiental y de salud para posibles afectaciones a mediano y largo plazo.

“Total transparencia y acceso público a las acciones que se lleven a cabo por parte de las autoridades y de la empresa.

“El cierre inmediato de la planta minera Buenavista por falta de responsabilidad”.

Unidad clasista de las organizaciones del capital

En solidaridad con el Grupo México, los principales líderes empresariales expresaron, el 22 de agosto, sus discrepancias con las propuestas de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, afirmando que el monopolio minero “se ha comprometido con México”. Con gran descaro, Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, sostuvo que dicho consorcio ha invertido mucho en seguridad para impedir derrames, por lo que no está de acuerdo en quitarle la concesión de la mina Buenavista del Cobre. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló a su vez que “Grupo México es una empresa muy seria, que invierte mucho en México, es muy comprometida y se necesita porque genera miles y miles de empleos”. Los capitalistas, pues, exigen que las cosas continúen como hasta ahora. Mayor descaro es difícil de encontrar.

Bajo la administración de Enrique Peña Nieto se han reformado el Artículo 27 constitucional y sus leyes r eglamentarias, que permiten la “ocupación temporal” --léase expropiación-- de tierras ejidales y comunales para ser entregadas a las compañías de Estados Unidos y otros países imperialistas, para explotar el petróleo y la electricidad. De conformidad con esta legislación, se avecinan graves y violentos atentados contra los campesinos, pueblos y comunidades. De lo que puede ocurrir, en tales condiciones, es un adelanto lo ocurrido en el estado de Sonora, donde el gran capital, para ahorrarse unos millones de pesos, ocultó información, buscó y busca desinformar a la opinión pública, se niega a resarcir los daños provocados y continúa agrediendo a los trabajadores mediante la imposición de representaciones sindicales a su servicio y bajo su control.

El sindicato minero, los pobladores de los municipios afectados por la irresponsabilidad de los capitalistas de Grupo México, las organizaciones ecologistas y el pueblo mexicano deben imponer las demandas ya antes citadas ante este atentado criminal de la gran burguesía minera. No sería correcto dejar hacer y pasar a vivales que sobreexplotan a los obreros del subsuelo, deterioran el ambiente y despojan a la nación de sus recursos naturales. La movilización es indispensable para resarcir los estropicios esparcidos por el gran capital.

Para concluir, unas palabras acerca de los saqueadores de las riquezas nacionales. No obstante formar parte por el monto de su enorme fortuna, de la gran burguesía mexicana, latinoamericana e internacional, Germán Larrea debe ser considerado como un jefe patronal que forma filas en el círculo de lumpen-burgueses que, pese a sus riquezas mal habidas, son, sin duda, miembros de la burguesía rascuache del país, por su política laboral, por su actitud ante sus connacionales, y, claro está, por su posición genuflexa ante los vecinos septentrionales. Todo su proceder así lo indica. Pensar algo diferente no sería conveniente y justificado.

Nota:
Este texto está apoyado en documentos del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, la empresa Buenavista del Cobre Grupo México, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, y artículos, editoriales y reportajes de La Jornada, Milenio, Excélsior y El Universal.