Dentro de las interrogantes que no tienen respuesta se encuentra cuál es la vinculación entre el mayor peso que México busca en el panorama mundial de energía y la política exterior. Mucho se han mencionado “las mejores prácticas a nivel internacional” como un referente que ha inspirado la reforma energética y asegura sus beneficios. Pero nadie, al parecer, se ha preguntado sobre el papel de las cancillerías, u otras agencias del gobierno, en regular, orientar o determinar la relación con el exterior en materia de energía.
En Estados Unidos esa regulación es estricta. Ninguna
compañía petrolera puede decidir libremente a quién exporta petróleo.
Por su importancia estratégica, los hidrocarburos no son asuntos que se
dejen totalmente en manos de las empresas privadas. El gobierno tiene
sus objetivos prioritarios, relativos, entre otros aspectos, a la
seguridad nacional.
En el Departamento de Estado existe una Subsecretaría para
Desarrollo Económico, Energía y Medio Ambiente, de la cual forma parte
la Oficina de Asuntos Energéticos, uno de cuyos propósitos es manejar la
geopolítica de la energía en los tiempos recientes mediante una
diplomacia fortalecida con los principales importadores y consumidores.
En el caso de Brasil, durante la época del presidente Lula
se estableció al interior del poderoso ministerio de relaciones
exteriores conocido como Itamaraty una dirección especial para asuntos
de energía, que ha cumplido su responsabilidad de lograr una buena
coordinación con Petrobras. La posición de la cancillería y la empresa
estatal no siempre marchaban por los mismos canales. Por lo tanto, era
urgente coordinar los puntos de vista de ambas dependencias. Desde
entonces, Petrobras participa activamente en diversas actividades de
Itamaraty, incluyendo visitas de Estado al exterior y participación en
delegaciones para asuntos multilaterales.
Más allá de la relación institucional entre la cancillería
y las empresas petroleras, la importancia de los hidrocarburos en la
economía obliga a pensar en la conveniencia de participar en
instituciones significativas para la marcha de los mercados petroleros,
como es la Agencia Internacional de Energía. Uno de sus propósitos es
implementar medidas coordinadas de respuesta a emergencias, como la
racionalización del uso de combustibles o limitación de la producción.
Sería un error valorar a esta institución únicamente como
un freno eventual a la libertad para decidir sobre volúmenes de
producción. La ventaja es que supone aceptar y desempeñar un papel en la
gobernanza internacional en materia de energía. Objetivo que sería
necesario para quien, como ocurre con el gobierno de Peña Nieto, se
presenta como “actor con responsabilidad global”. Asimismo, permite
convivir con el conocimiento y las preocupaciones que tienen otros
Estados petroleros.
Desde la perspectiva de la congruencia entre política
exterior y política energética, el punto central es el del medio
ambiente. El año entrante es altamente probable que se logre un
documento jurídicamente vinculante sobre cambio climático. México, líder
en la política internacional sobre el tema, seguramente lo firmará.
Estas y otras preocupaciones a nivel mundial indican que el avance hacia
energías alternativas será prioritario en política internacional, a un
ritmo más acelerado de lo que se prevé en la reforma energética
mexicana, cuyo centro de gravedad son los hidrocarburos.
Finalmente, no se puede dejar de lado la reflexión sobre
los recursos energéticos como instrumento de política exterior. Mucho
puede contribuir a determinar el posicionamiento de México en las
relaciones de poder internacionales el factor energía. Es una riqueza
que puede apoyarnos en la diversificación de las relaciones exteriores
del país, o integrarnos, aún con mayor firmeza, a la región de América
del Norte. Puede ser un factor que contribuya a la mayor independencia
de México en materia de ciencia y tecnología, o que nos someta más al
saber de empresas extranjeras que sólo comparten parcialmente sus
conocimientos. Puede ser un factor que promueva la formación de capital
humano para ser líderes en el mundo del petróleo, o que nos deje como
actores de segunda línea en búsqueda de inversiones.
Ahora bien, hasta ahora nadie ha volteado los ojos a la
Secretaría de Relaciones Exteriores ni se ha referido al aspecto
político de la relación con el exterior en materia de energía; no se
encuentra, en ninguno de los dictámenes que apoyaron las leyes
secundarias, reflexión sobre el particular. Posiblemente ello indica que
los únicos líderes de la nueva etapa del México petrolero serán “las
fuerzas del mercado”. Frente a ellas, no existe proyecto para
orientarlas y contrarrestar sus limitaciones. Desde esa perspectiva, las
omisiones sobre la política exterior en la reforma energética son un
motivo más para verla con escepticismo.
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