Riesgos de la reforma energética: el primero

José Antonio Rojas Nieto

La celeridad con la que se aprobaron las leyes de la contrarreforma energética no deja de sorprender. Más la decisión presidencial de iniciar aceleradamente su aplicación. Es de temer –por decir lo menos– la primera resultante de este proceso. Se rige más por tiempos políticos. Se ignoran y desdeñan los plazos necesarios para la reorganización radical de lo petrolero y lo eléctrico. Hay aspectos muy pero muy delicados. Y riesgos enormes. 

Experiencias internacionales advierten. California entre ellas. Pero también las experiencias brasileña y ecuatoriana en petróleo. Y británica y española en electricidad. ¡Útil sería seguir la máxima del Evangelio! Astutos como serpientes. Prudentes como palomas. O, como dicen los estadunidenses. Esperar lo mejor.’

Prepararse para lo peor. Pierden la sociedad y las familias. Pero el ambiente no está para tomar precauciones. Una vez más la liturgia laudatoria y genuflexa domina. La ceremonia en Palacio Nacional es apenas un leve ejemplo. Nadie ve. Nadie oye. No obstante, intentemos señalar algunos de los principales riegos. Incluso so riesgo –válga la redundancia– de no ordenarlos por su importancia, empecemos ya. Uno de los principales, ligado a la nueva arquitectura institucional del sector energía en México, es el de la necesaria coordinación entre el mercado del gas y el mercado eléctrico. La impresionante tecnología de generación con base en ciclo combinado a gas natural, hace pensar –simplistamente– en sistemas eléctricos de alta concentra en esa tecnología y ese combustible. Hay tres razones iniciales para ello; 1) la enorme eficiencia de estas centrales, ya cercana al 60 por ciento, lo que significa sólo una pérdida de 40 por ciento de la energía primaria. En las tecnologías térmicas convencionales aún se pierde cerca de 60 por ciento; 2) la mayor disponibilidad de gas natural, por el momento en Estados Unidos (¿conviene depender de ellos en esto?) aunque muy probablemente también luego en México, donde el asunto de la facturación hidráulica requiere ser agudamente analizado; 3) el importante descenso del precio del gas natural, desde finales de 2008 desvinculado del precio del petróleo. Esta semana, por ejemplo, el precio de Texas, referencia para México, cerró en 3.90 dólares por millón de unidad térmica británica. En Europa en 7.18 dólares. Y en Corea y Japón con natural licuado (GNL), 10.83. Diferencia notable.

No obstante, mucho se debate sobre la evolución futura de estos tres precios. Hay opiniones que se orientan a pensar en la convergencia hacia el precio de Europa, una vez que Estados Unidos exporte gas natural a Europa para aligerar un poco la presión de las importaciones provenientes de Rusia. En cualquier caso habría que estar listos para identificar un ascenso importante del precio de referencia en Estados Unidos y, en consecuencia, del precio del gas natural en México. Incluso temporal pero drástico. Hay experiencias difíciles. Y prevenir su impacto en el precio de electricidad, próximamente determinado en una porción significativa en el mercado mayorista de electricidad. Si estas tres razones –eficiencia, disponibilidad y precio– no fueran suficientes para impulsar la instalación masiva de ciclos combinados, hay otras dos razones que parecieran abonar en el mismo sentido. Una es la menor emisión relativa de gases de efecto invernadero del gas natural en el proceso de generación de electricidad. Y otra, el importante papel de los ciclos combinados para atender –cuando no se tengan recursos hidroeléctricos disponibles– la intermitencia de las renovables y los problemas derivados de su creciente incorporación.

Ahora bien, en la medida que –por las cinco razones anteriores– los sistemas eléctricos tiendan –peligrosamente, insisto– a expandirse con una participación creciente de ciclos combinados y –en mi opinión– una excesiva dependencia de gas natural, surgen interrogantes fundamentales que, al menos por el momento, no se han respondido. Incluso, ni siquiera se han formulado en nuestro México de hoy, oficialmente extasiado por unas reformas que, justamente, no han contemplado, entre otros, el que comporta una excesiva concentración en una fuente de generación, cuya disponibilidad interna todavía no ha sido demostrada. Una de esas interrogantes es la de las formas, mecanismo, plazos y condiciones de coordinación entre la expansión eléctrica y la expansión de la red de gasoductos, lo que en un entorno de mercado loco es difícil. Y puede llevar a restricciones que no sólo elevarían el precio del gas natural, también el de la electricidad.  Tremendamente. Nunca olvidemos California. Otra de dichas interrogantes es el volumen de recursos que una expansión a gas natural exige, dados los déficits no sólo de gas natural sino de gasoductos y sistemas de compresión. No se han concluido las estimaciones sobre dichos requerimientos. Ni de los plazos y formas en que deban disponerse. Y los cambios en las formas e instrumentos de planeación, no ofrecen garantía de que se hará pronto.

Una tercera interrogante es la de los mecanismos y formas para garantizar la adecuada coordinación en tiempos de construcción, pruebas y operación de centrales eléctricas y gasoductos. De no darse, se pueden generar enormes problemas de abasto y cargas financieras. Y pueden encarecerse tremendamente en ciertas regiones los precios. De uno y de otra. O crear problemas muy delicados de transmisión y transporte de electricidad y gas natural, con graves efectos sobre los consumidores. Y también sobre los precios. Una interrogante más exige analizar las diferencias entre la agenda eléctrica y la de operación de gasoductos. Se abastecen demandas con formas y ritmos distintos. Uno más, al menos, es la ausencia de experiencia en la determinación de reglas de mercado de electricidad y de gas natural, reglas que atiendan y enfrentar los riesgos, dada la urgencia impresa a una transición que, para decir, lo menos, empieza sin ponderar con justeza no sólo los plazos que exigen los cambios –a decir de experiencias internacionales puede llevar años– sino el tratamiento profesional y laboral razonable y justo a obreros, técnicos y profesionistas que deberán afrontar esta problemática, esta transición tan compleja. Sin duda.