Estado sacrificial

Pedro Miguel

Para entender lo que ocurre en el México contemporáneo hay que remontarse a la presidencia de Miguel de la Madrid. En su gobierno, con Carlos Salinas en los controles de la extinta Secretaría de Programacion y Presupuesto, se puso fin al fin del estado de bienestar y se ensayó la aplicación generalizada de la ley de la jungla que habría de imponerse en toda regla en el sexenio siguiente y que todavía es paradigma económico y social del grupo en el poder. El último acto relevante del poder presidencial delamadridista fue el robo de la Presidencia, práctica que volvería a repetirse en 2006 y 2012.

Entre junio y noviembre de 1987 arribaron al país tres barcos procedentes de Irlanda que transportaban, en conjunto, cerca de 17 mil toneladas de leche en polvo irlandesa, contaminada por la radiación procedente del accidente de Chernobyl. La mayor parte de esos cargamentos fue distribuida entre la población por la también desaparecida Comisión Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) y consumida por un número indeterminado de niños y adultos. Hasta la fecha no se ha realizado una investigación seria sobre los impactos del cesio 137 y el estroncio 90 entre la población que consumió esa leche envenenada.

En su libro Caso Conasupo: la leche radioactiva (Planeta, 1997), Guillermo Zamora cuenta cómo distintas dependencias del gobierno federal –la Presidencia, las secretarías de Salud y Comercio, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, la propia Conasupo– intentaron ocultar la información. No se sabe a ciencia cierta quiénes fueron los funcionarios más beneficiados con esta transacción porque la comisión de la Cámara de Diputados creada en tiempos de Zedillo para investigar el asunto más bien lo sepultó con el mayoriteo priísta (los remanentes del cargamento tóxico fueron sepultados en un basurero de San Miguel de Allende), pero la lista de sospechosos de corrupción y/o encubrimiento empieza con el propio Miguel de la Madrid y los hermanos Carlos y Raúl Salinas (Zamora, p. 97) y culmina, como lo sostuvo el fallecido Adolfo Aguilar Zínzer, integrante de la Comisión Conasupo, en Ernesto Zedillo (id., p. 150).

Hace unos días se conmemoró el quinto aniversario del incendio de la Guardería ABC, en Heremosillo, en el que 49 niños murieron quemados y otros 70 sufrieron lesiones graves. El accidente fue la consecuencia de una cadena de descuidos y omisiones que sólo pueden explicarse por el afán de lucro de los propietarios del establecimiento, los del local y, presumiblemente, funcionarios que no supervisaron o que lo hicieron y omitieron en sus reportes las miserables condiciones de seguridad. Alguien se fue de juerga con lo que se ahorró al no comprar extinguidores. Entre los dueños había parientes políticos del entonces gobernador Eduardo Bours y de Felipe Calderón. El máximo responsable administrativo de esas guarderías subrogadas era Juan Molinar Horcasitas, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social. El procurador federal era Eduardo Medina Mora. El encubrimiento y la impunidad estaban garantizados.

Son muchos los ejemplos de este Estado que en tres décadas pasó de ser benefactor a sacrificial. De entre los que más laceran la memoria, la masacre de Acteal, la represión criminal en Atenco, el asesinato industrial de mineros en Pasta de Conchos, la negativa de Peña Nieto a reconocer la epidemia de feminicidios en el Estado de México. El cálculo electorero, el afán de lucro, las privatizaciones y subcontrataciones de todas las propiedades, potestades y funciones públicas imaginables, la corrupción a escala neoliberal –que hace palidecer la que había en el país hasta los años 80– se traducen, para la población, en pérdida de derechos, de garantías, de seguridad. Por tremendas que sean las pérdidas la impunidad está asegurada. Gobernantes y trasnacionales no se llevan tan mal con las organizaciones delictivas cuando hay de por medio negocios para compartir. El clima de zozobra y caos sangriento a la manera de Chihuahua, instaurado a ciencia y paciencia de las autoridades, puede ser funcional a una sucesiva entrada de trasnacionales que se aprovechan de la situación, señala Federico Mastrogiovanni, autor de Ni vivos ni muertos. La desaparición forzada en México como estrategia de terror.

Tal vez la regresión sea más profunda y larga de lo que tiende a pensarse y la oligarquía apátrida que se hizo descaradamente del poder desde 1988 no nos haya regresado al Porfiriato ni a la colonia sino a las épocas del sacrificio humano. Sólo que el Hutzilopochtli contemporáneo tiene la advocación de la rentabilidad y Tlazoltéotl se alimenta de comisiones.