Protestar es un derecho, reprimir es un delito

Las organizaciones de la Sociedad Civil firmantes, manifestamos nuestra preocupación al pueblo del estado de Chiapas; al Gobierno estatal, así como a las y los diputados integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de Chiapas por la aprobación el pasado 15 de mayo, a iniciativa del Gobernador Manuel Velasco Coello, del Código que establece el uso legítimo de la fuerza por las instituciones de seguridad pública, la cual criminaliza la protesta social y se perfila hacia un Estado represor.

El contexto de Chiapas, está marcado por noticias que dan cuenta de los efectos de la crisis económica, social y política que se vive. Reportes que aparecen de manera indistinta en medios de comunicación, redes sociales, revelan acontecimientos que expresan descontento de la sociedad con las políticas públicas, las decisiones y actuar de funcionarios públicos en complicidad con empresas privadas, instituciones de gobierno, cuerpos policíacos y militares; quienes regularmente están implicados en la ejecución unilateral de planes, políticas y reformas legales que afectan intereses comunes, deteriorando aún más la vigencia de un Estado democrático.

Le recordamos al Estado mexicano, y al gobierno y pueblo de Chiapas, que la protesta social surge cuando prevalece la impunidad, y no hay canales para resolver las inconformidades, o que estos canales se han agotado, son inoperantes o son ignorados por las instituciones federales, estatales o municipales que tienen que resolverlos, o cuando la violación a los derechos humanos es de gran magnitud que afectan a un gran numero de la población, como por ejemplo las llamadas reformas estructurales.

Con el Código aprobado, el gobierno de Chiapas, ve las protestas como un delito consumado o en vías de consumación, a las y los manifestantes como presuntos delincuentes y a su organización como enemiga y desestabilizadora de la paz social. El Código aprobado, saca de contexto los conflictos sociales y políticos, para llevar las protestas al campo judicial. Es leer el descontento social desde la óptica del código penal, y considerarla como una conducta delincuencial.

La criminalización de la protesta social se distingue por ser un mecanismo empleado por el Estado, no sólo para controlar sino para castigar expresiones de la ciudadanía en ejercicio y/o reivindicación de sus derechos.

Una de las características del gobierno de la República y del estado de Chiapas, es que la mayoría de las inconformidades sociales o políticas se llevan a la arena judicial. Se encarcela y somete a proceso penal a los líderes o participantes de movimientos y protestas sociales, quienes entonces deben concentrar sus energías en defenderse de dichas acusaciones.

Así como las y los legisladores, crean leyes y delitos para controlar a la sociedad, hay omisiones importantes en materia legislativa en cuanto a la participación ciudadana. El actual modelo de Estado no permite a la ciudadanía, la participación directa en la toma de decisiones que afectan intereses colectivos.

Las organizaciones firmantes, le manifestamos al pueblo de Chiapas, al gobernador del estado, así como a las y los integrantes del Congreso Local que la protesta social es un derecho y también un instrumento legítimo para la exigibilidad de derechos. La protesta es la forma que tienen los movimientos sociales para ser tomados en cuenta, esperar respuestas y ejercer derechos.

Lamentamos que a pesar de las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, los congresos locales, como el de Chiapas, legislen en contra de derechos consagrados en ésta, así como en otros instrumentos internacionales de derechos humanos, y que estas acciones legislativas vulneren y pongan en entredicho inalienables derechos fundamentales, como la libertad de expresión y de manifestación, así como el derecho de asociación, entre otros.

Recordamos también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha indicado que la criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de la represión directa de los manifestantes o a través de la investigación y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión.

Protestar es llevar la palabra y la acción a los lugares públicos: la calle, el parque, la carretera, un edificio público, una pared. La protesta es también un instrumento contra la impunidad y el olvido; fortalece la memoria colectiva de los pueblos y hacen contrapeso político al ejercicio del poder desmedido del Estado. Protestar es un Derecho, reprimir es un delito.

Atentamente:

Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT Francia)

The Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba)

Campaña Popular contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas

Casa de la Mujer Ixim Antsetic, A.C

Centro de Derechos de la Mujer Chiapas A.C

Centro de Derechos Humanos Fray Matias de Cordova y Ordoñez, AC (Fraymaco)

Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, AC (CEPAZDH)

Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, AC (DESMI)

Edupaz

Grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas, AC (Colem)

Maderas del Pueblo del Sureste, AC (MPS)

Melel Xojobal, AC

Red de Mujeres Chiapanecas en contra de la Violencia

Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna (MER)

Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC A.C)

Servicios Para la Asesoría y la Paz (SERAPAZ)

SYJAC

Radio Votán

Radio Zapatista

Radio Pozol

Tejemedios

Hijxs de la Madre Tierra

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT)