Ronda cero…reprobados con cero

Javier Jiménez Espriú

La reforma energética, aprobada con procedimientos desaseados, en trashumantes búnkers parlamentarios, de espalda a los mexicanos, con modificaciones constitucionales cuyo objetivo único fue privatizar el sector energético, será –de consumarse las pretensiones de la clase gobernante– un verdadero atraco al pueblo de México, la entrega de una parte sustantiva de la renta petrolera a los ricos de aquí y de allá, la cancelación de la seguridad energética de la Nación, porque tratarán de llevarse lo más que puedan en el menor tiempo posible, y la vulneración de nuestra soberanía, porque con las trasnacionales petroleras vendrán las presiones y la injerencia de los gobiernos que las abanderan.

En uno de tantos foros de discusión sobre esta reforma en los que he participado, la doctora Miriam Grunstein, investigadora del CIDE, proclive a la apertura, citando a Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, señalaba que para una reforma de este calado, el país que la intentara debía cumplir con 5 requisitos: tener instituciones fuertes con alto grado de aceptación, capacidad reconocida del impulsor de las reformas para negociar con un espectro amplio de grupos sociales, una política consistente en el sector sobre el que recae el cambio, una cultura de cumplimiento voluntario del derecho y una cultura sólida de transparencia e inclusión. Yo estuve de acuerdo con ella en estos requisitos y ella estuvo de acuerdo conmigo en que en nuestro país no se cumple uno sólo de ellos, ni remotamente.

Véase tan sólo con detenimiento la reforma constitucional en la que permanece la exploración y la extracción de los hidrocarburos como área de exclusividad del Estado, para lo que no se darán concesiones y los transitorios en los que se señala cómo se darán las concesiones, disfrazadas de contratos de utilidades o de producción compartidas. Estos no son otra cosa que concesiones mondas y lirondas.

O véase igualmente la trampa de la ronda cero en la que en plazo perentorio, el gerente de Pemex, sumiso empleado del Presidente, hizo una solicitud conservadora –hasta Canacintra dixit–, lamentable y pusilánime, no en función de las capacidades de Pemex, sino para dejar a los privados las dos terceras partes de las reservas nacionales, atractivo inmejorable e inédito en el mundo, según la propaganda de la Subsecretaría de Hidrocarburos en sus declaraciones al Financial Times. Lo que puede hacer Pemex no cuenta, lo que diga la Constitución no tiene importancia y lo que pregona el Presidente no es sino otro más de los engaños con que se han presentado las reformas y se instrumenta la entrega de la Patria.

Y ya no digamos la transparencia y el estado de derecho. El caso Oceanografía, es sólo un botón de muestra de la urdimbre de connivencias, acuerdos vergonzantes, reparto de privilegios y canonjías, abusivo manejo de influencias, que trasciende sexenios y partidos políticos en un reparto asqueroso de los bienes de la nación entre políticos, funcionarios y ex funcionarios, parientes, amigos, empresarios inescrupulosos, solapados y protegidos con información reservada y confidencial, que han hecho millonarios negocios personales con Petróleos Mexicanos (Pemex) y que quieren ahora hacer del petróleo de los mexicanos, un negocio personal.

Ya empezó también la guerra entre los cárteles de esa delincuencia organizada, pero como siempre, no para poner orden y limpiar de corrupción, sino para eliminar a los corruptos descubiertos y apoderarse de los territorios. La acusación a Oceanografía y el chantaje del PAN al PRI de estorbar la aprobación de las leyes secundarias para que no se afecte a sus miembros involucrados en los fraudes, no son sino luchas intestinas en el PRI-PAN para los reacomodos, visto el enorme negocio que se avecina.

Si se consuma el atraco, el caso de Oceanografía, será el mar nuestro de cada día. La misma tragicomedia, pero con nuevos protagonistas y elenco trasnacional.

Ya aparecen en la prensa nacional los nombres de las empresas y de los socios de las mismas, que se aprestan para formar las nuevas castas de plutócratas petroleros. Igualmente, los nombres y apellidos de ex funcionarios y sus familias brillan con descaro inocultable en las marquesinas del nuevo teatro.

No debemos permitirlo, porque a diferencia del gobierno, que debiera ser del pueblo y para el pueblo y no lo es, el petróleo de México sí es del pueblo y para el pueblo y sólo para el pueblo debe ser.

Estamos en espera de la propuesta de leyes secundarias, en las que una vez resueltos los pleitos de familia entre PRI y PAN, acordado el reparto de utilidades, pretenderán dar la puntilla al sector petrolero público del país, lo que señalaremos implacablemente los hoy llamados conservadores –seguramente porque queremos conservar para la Nación lo que es de la Nación–, hasta detener o revertir el agravio.

Ha llegado a su límite el hartazgo del pueblo, de que unos pocos, mirando únicamente sus personales intereses políticos y económicos, tomen decisiones por todos, sin consultar a nadie.

Esperamos, eso sí, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea sensible a las circunstancias y a la necesidad de avanzar en la democracia y cumpla a cabalidad su responsabilidad de preservar el espíritu de la Constitución, que para eso está, sin complicidades ni subterfugios que impidan que la opinión de las mayorías sea considerada y prevalezca sobre los intereses de quienes atentan contra la propia Carta Magna que protestaron cumplir y hacer cumplir.